La detención de la activista de Derechos Humanos, Martha Lía Grajales, en Caracas, derivó en una condena de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hacia el régimen de Nicolás Maduro.

“Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición”, señaló el pronunciamiento, firmado el último 9 de agosto por María Adela Antokoletz, vicepresidenta de la asociación.

La abogada colombo-venezolana y exmilitante chavista fue detenida el viernes 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana tras participar en una protesta frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas.

La manifestación, integrada en su mayoría por madres de presos políticos, buscaba denunciar la agresión sufrida días antes durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto, los llamados “colectivos chavistas”, grupos parapoliciales armados, atacaron, golpearon y robaron a las manifestantes, entre ellas la propia Grajales.

De esta forma, por primera vez, tanto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como así también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y figuras del Frente de Izquierda expresaron públicamente su repudio a la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro.

Desde su detención, Grajales permanece desaparecida. Sus familiares y defensores intentaron presentar un hábeas corpus para conocer su paradero y estado de salud, pero la justicia venezolana rechazó el recurso.

La situación de Grajales fue calificada como “terrorismo de Estado” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto marcado por la represión tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor para un tercer mandato, resultado que no fue reconocido por ninguna democracia occidental.

Cinco jóvenes, miembros de la agrupación La Cámpora y con edades entre 20 y 30 años, fueron demorados el jueves por la noche en Paraná. El hecho se produjo luego de que fueran sorprendidos in fraganti realizando pintadas en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que inicialmente se reportó como un acto menor de vandalismo derivó en un operativo que incluyó el rastreo del vehículo por videovigilancia, la demora de los jóvenes y una requisa vehicular ordenada por la fiscalía. Este accionar ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la respuesta policial.

En este contexto APF dialogó con la referente de Derechos Humanos, quien aseguró que la consigna de la agrupación política era "hacer pintadas en favor de la democracia, el estado de derecho y pidiendo por la libertad de Cristina".

Piérola fue contundente al asegurar que la policía "fichó" a los jóvenes y consideró: "Hay que hacer una denuncia a la policía de Frigerio y a Roncaglia porque no es casual lo que está pasando. No puede ser que persigan a jóvenes que manifiestan su malestar ante lo que está pasando; es un amedrentamiento hacia las protestas sociales y la libre expresión".

La dirigente de la Multisectorial de Derechos Humanos señaló que "es un momento para tener cuidado porque esto se está volviendo cada vez más catastrófico" y citó a Cristina Fernández de Kirchner: "Esto tiene un período de vencimiento y en ese vencimiento pueden llevarse a muchos compañeros".

Además, remarcó que ya se expresó esta preocupación en un documento presentado ante la Justicia Federal, en el cual solicitaron que "se revean todas esas situaciones y que se termine la persecución política, no solo a Cristina, sino a todos los compañeros".

Piérola enfatizó la gravedad de la situación al comparar las acciones actuales con períodos oscuros de la historia argentina. "Estas son prácticas que vivenciamos en los 70", señaló, y añadió que "esta gente ya no tiene el aval de los votos de la gente porque hay un hartazgo".

La referente de DDHH amplió su crítica más allá del hecho puntual, indicando que "acá no solo estamos hablando de la persecución política hacia la figura de la líder de la oposición en todo esto, sino que hablamos del fin de los derechos de manera sistemática: hay hambre, desocupación, un Estado de bienestar inexistente, están regalando la Patria y es lo que todos tenemos que defender".

Ejercitar la memoria resulta imprescindible para aquellos pueblos que no quieren volver a sufrir sus tragedias. En Argentina, la última fue materializada por el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el más sangriento de nuestra historia.

Sobre todo, en momentos en que, desde el gobierno nacional, se busca imponer un discurso hegemónico que relativiza los crímenes de lesa humanidad, las torturas, los robos de bebes y las atrocidades cometidas por los usurpadores del poder, hace 49 años atrás.

En este marco, la literatura resulta un buen ejercicio para ejercitar esa memoria, resultado de procesos que trascienden las gestiones políticas y los intereses de coyuntura. Vamos, entonces, algunos títulos, que hablan de la tragedia vivida en nuestro país, sí, pero especialmente en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay.

“Trazos de vida”

En el 2013, desde el grupo de apoyo de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú se impulsó y publicó el libro “Trazos de vida”, que relata la historia de los 21 detenidos-desaparecidos de la ciudad. Aquí, un ejemplo concreto de cómo funciona la construcción de la memoria: hace 12 años, eran 21 las personas de Gualeguaychú reconocidas como detenidas-desaparecidas, pero años después, gracias a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el Estado nacional y acompañadas por la Municipalidad, que permitieron la creación del Museo de la Memoria Popular, se supo que los desaparecidos de la ciudad fueron 37, y no 21.

En este sentido, “Trazos de vida”, coordinado por el docente Osvaldo Delmonte -el Museo de la Memoria Popular, luego, iba a adoptar su nombre- y acompañado por integrantes del grupo de Madres, funciona como eslabón indispensable en la construcción de la memoria.

El material, que fue editado por el Gobierno de Entre Ríos y distribuido gratuitamente en colegios, se trata de una breve biografía, acompañada con fotos, de cada uno de los desaparecidos de Gualeguaychú, en el marco de la última dictadura.

“Aurora”

Cuando los militares secuestraron a su hijo, ella no dudó ni un segundo y, como pudo, viajó desde Gualeguaychú a La Plata para empezar lo que sería una búsqueda eterna. 37 años después, Darío Lonardi presentó el libro que cuenta parte de la vida de Aurora Fraccarolli.

"En su largo peregrinar no pudo saber qué ocurrió con su hijo, víctima de la dictadura militar; en su búsqueda Aurora lo encontró desde el amor y en su lucha incansable, ella tenía conciencia de que su hijo, que nunca se fue, siempre estuvo presente en su ausencia". Este fragmento es parte del prólogo que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió para el libro que relata parte de la vida de Aurora Molina de Fraccarolli, la mamá de Humberto, uno de los gualeguaychuenses detenidos desaparecidos.

Este material también fue parte de una política muy diferente a la actual respecto a los Derechos Humanos, ya que fue editado por el Senado de la Nación.

Según el autor de la obra, la fuerza que tiene la figura de Aurora Fraccarillo es la circunstancia de haber pasado de ser "una persona común" a conformar el primer grupo de 14 madres que, en la desesperada búsqueda de sus hijos, y para no infringir la prohibición de reunión en el espacio público establecida por los militares, comenzó a dar vueltas a la Pirámide de Mayo. Era el germen de las Madres de Plaza de Mayo.

El libro cuenta su vida, desde el momento de su nacimiento hasta los primeros años de su incansable lucha, luego de la desaparición de su único hijo. "Ella nunca lo dio por muerto, siempre exigió la aparición con vida de Humberto. Estuvo 29 años buscándolo, hasta su muerte en 2006. Tres años después encontraron los restos de él, a la orilla del Atlántico", expresó Lonardi, hace 12 años atrás.

"La vida de Aurora es interesantísima: casada con Máximo Fraccarolli, ella es Molina por adopción, sufre muchas peripecias hasta que lo conoce a su marido y tienen a Huberto, su único hijo, su gordito, como lo llamaba", recordó.

"Siempre Conmigo"

Este título es el más actual de los tres, fue presentado la semana pasada y cuenta las historias de las victimas de Concepción del Uruguay del terrorismo de Estado. Publicado por la editorial independiente El Miércoles, fue seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes.

“Hay muchas formas de abordar la construcción de la memoria colectiva. Ponerle nombres al horror es quizás una de las mejores. Contar la historia de quienes fueron víctimas es darle encarnadura a un hecho histórico”, escribe el periodista y doctor en Filosofía Américo Schvartzman, en la introducción del libro.

“Después de años de ocultamiento, silencios, negaciones y en algunos casos vergüenza, no fue tarea fácil reconstruir la historia de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay. Esa labor que el equipo de El Miércoles inició prácticamente con la 9 aparición del periódico —en marzo de 2000, más de dos décadas atrás— es un trabajo colectivo, en construcción permanente”, aclara Schvartzman, consciente de que el trabajo publicado la semana pasada es un significativo avance en la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nunca un punto de llegada o un resultado final.

Miles de personas marcharon este lunes en todo el país en el Día de la Memoria para reclamar por justicia a 49º aniversario del golpe de 1976. Las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones políticas leyeron un documento en el que repudiaron las políticas de ajuste y la represión del gobierno de Javier Milei.

En el acto central, los referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con dirigentes políticos y sindicales, cuestionaron el desmantelamiento del Estado que impulsa la gestión libertaria, los ataques constantes a los jubilados y al conjunto de los trabajadores, los despidos en el sector público y privado y la represión desatada por las fuerzas de seguridad que conduce Patricia Bullrich en cada manifestación en contra del gobierno.

"A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos: ¡Son 30 mil detenidos desaparecidos!. ¡Fue y es genocidio! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!", enfatizaron desde el escenario. Además reafirmaron la lucha "contra la injusticia y la desigualdad" y le hablaron al presidente Milei y la vice Victoria Villarruel: "¡El pueblo unido jamás será vencido!".

A continuación cuestionaron los despidos en el sector público y privado, y rechazaron "el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes". Asimismo, le exigieron al Gobierno "el aumento de las jubilaciones" y repudiaron "el brutal ataque a los jubilados y todos los que se manifestaron el miércoles 12 y el miércoles 19 en Congreso".

En ese sentido, recordaron el ataque sufrido por el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza y se recupera lentamente tras haber estado grave. "Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!", reclamaron.

Respecto al aniversario del golpe de Estado, refrendaron el pedido de "¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!". Además, exigieron conocer el paradero "de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan".

"Seguimos exigiendo que nos digan: ¿Dónde están? Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad", continuaron.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le exigió al Estado "garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas" y le pidió a la ciudadanía que tenga información para aportar sobre posibles nietos o nietas que se comuniquen con Abuelas. "Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. Nunca es tarde", señaló.

El acto central fue consensuado por primera vez en 19 años entre todas las organizaciones y partidos políticos. En el documento, exigieron también la "aparición de Jorge Julio López y el castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición en democracia", además del pedido por la libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos.

También se reclamó contra el fin del gatillo fácil, las razias policiales y "detenciones arbitrarias, las persecuciones, desapariciones y femicidios de uniforme" que tienen lugar desde el retorno de la democracia. Y pidieron por el cese de la militarización de los territorios indígenas.

Por otro lado, reclamaron "juicio y castigo" a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados Dario Santillán y Maximiliano Kosteki. Y exigieron "justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elias Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal".

Sobre el final del documento, los organismos de Derechos Humanos y las agrupaciones intervinientes en el acto recordaron que hace 48 años, el escritor y periodista Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares "en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado".

"Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martinéz de Hoz, entre tantos otros", denunciaron y aseguraron que "hoy, son esos mismos grupos económicos los que benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo".

Por eso reclamaron por la derogación del mega DNU 70/23 y "la corrupta Ley Bases" que incluyó las facultades delegadas para el Presidente y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Más adelante se criticó el nuevo acuerdo con el FMI al señalar que "la deuda es con el pueblo" y exigir "plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación". A las centrales obreras se les exigió paro general y plan de lucha "Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales".

Uno de los aspectos más impactantes de los documentos es la confirmación del funcionamiento de la Operación Cóndor, la red represiva coordinada entre las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay.

Según un informe de la CIA de 1977, los operativos de este escuadrón de la muerte tenían normas administrativas como horarios de oficina, viáticos y reportes de gastos, mientras seleccionaban a sus víctimas por voto mayoritario. La información desclasificada también demuestra que agentes estadounidenses estaban al tanto de estos asesinatos y, aunque algunos funcionarios expresaron preocupación, no intervinieron para detenerlos.

Entre los casos detallados en los archivos se encuentra el brutal asesinato de Marcos Osatinsky, un líder de Montoneros. El informe del FBI confirma que Osatinsky fue torturado y ejecutado por las fuerzas represivas argentinas, que luego ocultaron su cuerpo para evitar que se realizara una autopsia. "Es dudoso que el cuerpo de Osatinsky llegue a aparecer algún día", escribió en su informe el agente del FBI Robert S. Scherrer, revelando que Estados Unidos conocía en tiempo real la práctica de desaparición forzada.

Los documentos también arrojan luz sobre la desaparición de Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, empleados de la embajada de Cuba en Buenos Aires. En agosto de 1976, ambos fueron secuestrados al salir de su trabajo y trasladados a un centro clandestino de detención. Allí fueron torturados durante 48 horas antes de que sus cuerpos fueran arrojados al río Paraná. Inicialmente, la dictadura difundió una versión falsa asegurando que los diplomáticos habían desertado para "gozar de la libertad del mundo occidental".

Otro de los crímenes que salen a la luz en estos documentos es el asesinato de Héctor Hidalgo Solá, embajador argentino en Venezuela. En julio de 1977, Hidalgo Solá fue secuestrado en Buenos Aires en una operación ilegal llevada a cabo por agentes de inteligencia argentinos con el objetivo de extorsionar a su familia. La CIA tuvo conocimiento de este crimen y documentó cómo la dictadura operaba incluso fuera de sus propios límites.

Los archivos también revelan información sobre ciudadanos estadounidenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Entre ellos se encuentra Gwen Bottoli, una militante de la Alianza Socialista de Jóvenes que fue detenida en Rosario en abril de 1976 por distribuir panfletos políticos. En los registros del FBI aparece un documento escrito en español que sugiere que los propios funcionarios estadounidenses alertaron a las autoridades argentinas sobre su actividad antes de su arresto. Bottoli relató que, tras ser detenida, fue sometida a torturas con choques eléctricos mientras la interrogaban. "Realmente tenía mucho miedo de que me iban a desmembrar y que iba a ser todo tan doloroso", recordó Bottoli, quien hoy, a los 77 años, valora la desclasificación de los documentos como una oportunidad para que su historia no se repita.

Las revelaciones también refuerzan el compromiso de Argentina con la justicia. Desde el retorno de la democracia, el país ha impulsado más juicios y condenas contra responsables de crímenes de lesa humanidad que cualquier otra nación de la región. La fiscala federal María Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, destacó que estos documentos son una pieza clave para avanzar en las causas aún abiertas. "Estos documentos van a permitir sin lugar a dudas responder muchas de las preguntas que todavía están pendientes de respuesta", aseguró.

El proceso de desclasificación comenzó en 2016 bajo el gobierno de Barack Obama, con la intención de revisar el rol de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Sorprendentemente, la administración de Donald Trump no detuvo el proceso, a pesar de su política exterior más cercana a la Doctrina Monroe.

Peter Kornbluh, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, subrayó la importancia de estos documentos para evitar el revisionismo histórico. "Estos documentos nos recuerdan la desagradable realidad de los golpes militares y los regímenes que les siguieron", afirmó.

Con estas nuevas pruebas en sus manos, fiscales y organizaciones de derechos humanos esperan que el proceso judicial continúe y que, aunque con décadas de retraso, la verdad finalmente salga a la luz.

Un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria, encabezados por el santafecino Eduardo Toniolli, presentaron un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que rinda cuentas ante la Cámara baja sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de derechos humanos, y en relación a la denuncia judicial de actividades de inteligencia ilegal realizadas en la ex ESMA el pasado 27 de diciembre de 2024.

El texto extiende la citación al secretario de Derechos humanos, Alberto Julio Baños, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que “brinden información detallada y explicaciones verbales respecto de los despidos de trabajadores realizados en la Secretaria de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en relación a la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria de actividades de inteligencia ilegal durante el abrazo a la Ex ESMA realizado el viernes 27 de diciembre de 2024”.

La iniciativa contó con el respaldo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas. El candidato del oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema podría garantizarse así el apoyo del kirchnerismo a la hora de votar su pliego en el recinto del Senado.

En esta línea, el magistrado ordenó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.

Esta resolución se debió a la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Justicia de la Nación, y el secretario de Derechos Humanos realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, “por el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos”, según fundamentó la diputada porteña.

“La justicia le ordenó a la secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó en las redes Montenegro.

Además, el juez Lijo ordenó “preservar los acervos y los archivos generados hasta la fecha”, y pidió que continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas” en los espacios.

Entre los fundamentos, el diputado Toniolli señaló que “las políticas públicas de garantía de la vigencia de los Derechos Humanos están siendo reducidas a su mínima expresión, a través de su parálisis y falta de presupuesto. En particular, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, están siendo vaciadas y degradadas. No cabe otra interpretación cuando se analizan los datos referidos a la situación del personal en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al inicio de la gestión total había un total de 1050 trabajadores, mientras que al 8 de enero de 2025 solo quedan 540 trabajadores”.

Y agregó que “ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores. Dentro del conjunto de trabajadores despedidos encontramos personas con hasta 30 años de antigüedad, con diversas experiencias y niveles de formación importantes: administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos y psiquiatras, comunicadores, educadores y conservadores”.

El diputado de UP sostuvo que la política de derechos humanos atravesó los años de recuperación democrática en nuestro país. “Entre los mojones más altos en materia institucional cabe mencionar el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas militares (1985), la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos incorporada en la reforma de la Constitución Nacional (1994), la anulación de la ley 23492 de Punto final y de la ley 23521 de Obediencia debida (2003), la inconstitucionalidad de los Indultos declarada por la Corte Suprema de Justicia (2010) y el desarrollo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país”. (Fuente: Parlamentario)