El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y también del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, además del director de la entidad, Juan Curutchet, debido a las operaciones con derivados de oro que la institución llevó adelante en 2025.

"Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba", precisó el letrado en declaraciones televisivas.

E indicó: "Por ejemplo la asociación Ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables".

Acerca de a dónde se encuentra el oro, Dalbón respondió: "Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar" y agregó: "Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio".

Aclaró que "si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruído a la Justicia en base a lo que fue en base al exámen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que minitieron en la auditoría".

Acorde con el abogado, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas.

Agregó que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al final de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

El escrito detalla que el resultado se conforma de $1.400.793 millones o 960,2 millones de dólares, anotados como resultado negativo por opciones, y de $68.362 millones, equivalentes a 62,8 millones de dólares en primas de opciones.

A su vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, acorde con la información contable precisada en la denuncia.

¿Cuáles son los posibles delitos que Dalbón les atribuye a los funcionarios? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Además de los pedidos de detención, el letrado pidió: la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde haya documentación relacionada con la investigación y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

Y añadió: "La respuesta del Presidente del Banco Central? 'En algún lado están'".

La legisladora dejó en claro que esa contestación "no alcanza" e hizo hincapié en que la "plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra".

Por lo tanto, "ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició " y sentenció: "SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS".

Agencia NA

La Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe avanza en la instrucción de la causa iniciada a partir del hecho registrado en la ciudad de Santo Tomé, donde falleció Omar Bonacci, comerciante de la capital provincial y exintegrante de la comisión directiva del Club Atlético Colón.

Las actuaciones judiciales buscan determinar con precisión la mecánica de los acontecimientos ocurridos durante la noche del lunes en la intersección de la avenida 7 de Marzo y la calle Moreno, en cercanías de la zona conocida como Cinco Esquinas, luego de una contienda física derivada de un incidente entre dos vehículos.

De acuerdo con los datos volcados en las primeras actuaciones del expediente, el suceso se desencadenó alrededor de las 21 cuando la víctima circulaba a bordo de un automóvil Toyota Yaris y entabló una discusión en la vía pública con el conductor de una motocicleta Motomel Blitz. Tras detener sus marchas, ambos involucrados descendieron en plena calzada, instante en el que se produjo una agresión que culminó con el automovilista tendido sobre el asfalto. Pese a las maniobras de reanimación iniciadas por transeúntes y al posterior traslado de urgencia en ambulancia hacia el Servicio de Atención Médica Comunitario (SAMCo) local, el hombre ingresó sin signos vitales.

En el marco del proceso de recolección de pruebas, la fiscalía a cargo de Gonzalo Iglesias incorporó la declaración testimonial de un comerciante con actividad en el sector del hecho. El testigo presencial detalló que el altercado verbal se inició por maniobras de circulación y sostuvo que el desenlace ocurrió tras el impacto de un único golpe de puño a la altura del rostro, desestimando las versiones iniciales consignadas en los primeros partes policiales que hacían referencia al uso de una patada. El testimonio precisó además que, producto de la fuerza del golpe recibida en el intercambio, la víctima perdió la estabilidad y cayó de manera inmediata al suelo sin posibilidad de reaccionar.

El motociclista involucrado, un hombre de 35 años identificado formalmente como Marcelo A., fue aprehendido en el lugar por el personal policial actuante y permanece bajo custodia a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. El fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia por parte de los profesionales del Cuerpo Médico Forense, examen cuyo resultado resulta indispensable para establecer si el deceso se produjo a causa del impacto directo del golpe o bien por las lesiones craneales provocadas por el choque contra la cinta asfáltica.

Entre las hipótesis jurídicas en análisis por parte del Ministerio Público se evalúa encuadrar la conducta bajo la tipificación de homicidio preterintencional, supuesto que contempla aquellos casos donde la intención original de infligir un daño físico deriva en un resultado mortal no previsto de manera directa por el agresor. En paralelo a la pericia médica, las autoridades dispusieron la toma de declaraciones adicionales a otros transeúntes y el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del municipio para reconstruir de forma fehaciente la secuencia cronológica del evento.

La Justicia confirmó a los jueces que llevarán adelante el juicio contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por hechos de violencia previos al atentado contra la ex presidenta Cristina Fernandez.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 serán los encargados a cargo del debate, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los cinco procesados en la causa son Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano, acusados de incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y hostigamiento.

En septiembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi presentó el pedido de elevación a juicio contra los miembros de la organización por hechos que incluyeron amenazas, llamados a agresión a través de redes sociales y movilizaciones con antorchas y una guillotina, entre otros.

El magistrado consideró que la organización organizó marchas entre mayo y octubre de 2022 para “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, en donde realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas” en contra de las autoridades del entonces gobierno de Alberto Fernández.

Los hechos que serán juzgados son previos al atentado contra Cristina Kirchner, que tuvo entre sus condenados a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes estaban relacionados con Revolución Federal.

La causa también tuvo entre los involucrados a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes eran investigados por haber presuntamente financiado a la entidad. Sin embargo, el juez los sobreseyó.

Ahora, la Justicia continúa con los pasos previos hacia el juicio oral, que aún no tiene fecha para su comienzo.

Fuente: Agencia NA

Más de 1.200 empleados públicos entrerrianos se postularon para acceder a la nueva línea de créditos hipotecarios impulsada por el IAPV y el Banco Entre Ríos. Así lo informó el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini, quien señaló que la demanda volvió a superar las previsiones oficiales.

En declaraciones al programa Viendo Qué Pasa, de Canal 9 Stream, Omarini explicó que las inscripciones recibidas deben atravesar ahora una instancia de precalificación antes de que los postulantes sean contactados por el banco.

“Nos vimos sorprendidos por la enorme demanda”, sostuvo el funcionario, y aclaró que la cantidad de inscriptos no implica que todos accederán al crédito. El IAPV debe verificar previamente el cumplimiento de los requisitos y enviar al banco la primera tanda de personas precalificadas.

La línea fue presentada en agosto y contempla en esta primera etapa un fondeo de $20.000 millones, con capacidad estimada para otorgar unos 300 créditos hipotecarios. El Banco Entre Ríos es el encargado de realizar la calificación crediticia y otorgar los préstamos, mientras que la Provincia subsidia dos puntos de la tasa, que queda en el 6% anual.

Omarini explicó que, una vez enviada la precalificación, el banco se comunicará individualmente con cada postulante para continuar el trámite. El IAPV, en tanto, conformará una mesa de seguimiento semanal para analizar el avance de cada operación.

Buscan ampliar el financiamiento

Ante la cantidad de postulaciones, el vicepresidente del IAPV adelantó que la intención es renovar el convenio con el Banco Entre Ríos para conseguir un mayor fondeo. “Es probable que alguno de los postulantes quede afuera por una cuestión de cumplimiento de requisitos”, explicó Omarini. En ese sentido, señaló que el objetivo es que, si el acuerdo funciona, pueda ampliarse el financiamiento para alcanzar a una mayor cantidad de familias.

La herramienta está destinada actualmente a empleados públicos provinciales de planta permanente que no tengan una vivienda propia. Los préstamos pueden utilizarse para la compra de una vivienda única y permanente y tienen un monto máximo de hasta $100 millones, con financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad.

Analizan una línea para trabajadores privados

Omarini también adelantó que el IAPV trabaja en alternativas para extender este tipo de financiamiento a trabajadores del sector privado, incluidos monotributistas y empleados en relación de dependencia.

El funcionario explicó que el organismo está estudiando cuáles son las principales barreras que actualmente dificultan el acceso al crédito hipotecario. Entre ellas mencionó los ingresos mínimos exigidos por los bancos y la necesidad de contar con un ahorro previo, ya que los créditos habitualmente no cubren el 100% del valor de una propiedad. “Estamos buscando la alternativa para ayudar a esas familias que puedan financiar el 100% de su crédito hipotecario”, señaló.

Viviendas aptas para crédito

Otro de los problemas detectados por el IAPV está relacionado con las condiciones de las viviendas que se ofrecen en el mercado. Omarini explicó que los bancos verifican que la propiedad tenga los títulos en regla y que la superficie y los planos declarados coincidan con la construcción existente. Las ampliaciones o modificaciones no declaradas pueden impedir que una vivienda sea considerada apta para acceder al crédito.

Por eso, el IAPV trabaja junto al Colegio de Corredores Inmobiliarios en una herramienta que permita identificar y publicitar propiedades que sean “aptas crédito”, para que quienes busquen una vivienda puedan conocer de antemano si cumplen las condiciones necesarias.

El IAPV y la morosidad

Durante la entrevista, Omarini también se refirió a la situación financiera del IAPV y reconoció que el organismo mantiene una mora estructural cercana al 40%. Explicó que el instituto tiene vigente hasta fin de año un régimen extraordinario de cancelación y moratoria que está teniendo respuesta positiva, aunque el atraso en el pago de las cuotas continúa generando un efecto que dificulta reducir el nivel general de morosidad.

El funcionario remarcó que el recupero de las cuotas es una fuente fundamental para sostener la construcción de nuevas viviendas. El IAPV también informó recientemente que continúa trabajando con planes de pago, cancelaciones y recupero de deuda, mientras sostiene las líneas de créditos y la construcción de unidades habitacionales en distintas localidades entrerrianas.

Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, reconoció que algunos habitantes pidieron impedir la llegada de ciudadanos argentinos. Sin embargo, aclaró que las autoridades deben evaluar cualquier decisión dentro del marco legal vigente.

Según publicó el diario británico Daily Express, los episodios se habrían multiplicado durante las últimas semanas. Goss afirmó que la Asamblea analiza alternativas, aunque admitió que actualmente no puede bloquear de manera directa el ingreso.

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, expresó Goss. Sus declaraciones describen el reclamo de una parte de los residentes y no una medida ya adoptada.

Goss sostuvo que buscan una postura más firme frente a quienes, según su interpretación, utilizan una visita a Malvinas para promover una agenda política. “No es aceptable”, manifestó al cuestionar esas acciones.

Los permisos de visitante otorgados al arribar tienen, en general, una vigencia máxima de un mes. El planteo de algunos residentes no equivale, hasta ahora, a una modificación anunciada de esas condiciones.

Las autoridades también solicitan a los turistas no exhibir públicamente banderas argentinas ni utilizar uniformes militares argentinos, al considerar que pueden generar malestar relacionado con la guerra de 1982. Esa indicación no constituye una prohibición general de portar la bandera.

El 28 de septiembre, la Casa Rosada anunció que instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La Constitución Nacional establece que recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo “permanente e irrenunciable”. Ese compromiso contempla el respeto por el modo de vida de sus habitantes y los principios del derecho internacional.

Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia las explicaciones requeridas sobre su patrimonio en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La defensa respondió los 20 puntos que habían sido señalados como inconsistencias por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La presentación consta de 78 carillas y fue acompañada por documentación contable y técnica, según informó Infobae. La defensa sostuvo que la evolución patrimonial analizada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 cuenta, según su posición, con respaldo suficiente y afirmó que no existe un incremento patrimonial que carezca de explicación.

El escrito fue presentado por el abogado Matías Ledesma antes del vencimiento de la prórroga concedida por el juez federal Ariel Lijo. El magistrado había otorgado 15 días adicionales después de que la defensa solicitara más tiempo para acceder a documentación utilizada en el requerimiento fiscal.

Las explicaciones presentadas por la defensa

Uno de los puntos analizados corresponde a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá. De acuerdo con la explicación atribuida a Manuel Adorni por Infobae, la operación por USD 120.000 habría sido financiada con un préstamo hipotecario de USD 100.000 y otros USD 20.000 en efectivo.

La defensa también respondió sobre los gastos realizados para refaccionar ese inmueble. Mientras que el contratista Matías Tabar había declarado un monto de USD 245.000, la presentación de Adorni cuestionó esa cifra y sostuvo que el desembolso efectuado fue de USD 175.000, proveniente de una cuenta bancaria y de ahorros.

Además, el escrito objetó diferencias entre las cifras consignadas en documentación atribuida al contratista y las que posteriormente fueron declaradas en la causa. Esos planteos forman parte de la respuesta de la defensa y deberán ser evaluados ahora por la Fiscalía junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Los 20 puntos que había señalado la Fiscalía

El requerimiento de justificación patrimonial fue firmado por Pollicita el 10 de agosto. La Fiscalía había identificado 20 cuestiones que consideró necesario esclarecer y calculó diferencias por aproximadamente $43 millones y USD 402.578,12 a partir del análisis de ingresos, gastos, adquisiciones y movimientos patrimoniales.

Entre los aspectos incluidos se encuentran el origen de fondos utilizados para propiedades, refacciones y mobiliario, además de movimientos en moneda extranjera y la procedencia de dólares declarados bajo el concepto de “venta de activos”. También se solicitaron precisiones sobre determinados préstamos, operaciones con criptoactivos y otros movimientos financieros.

Esas cifras corresponden al análisis realizado por la Fiscalía y forman parte de una investigación todavía en trámite. La presentación efectuada este lunes constituye la respuesta formal de Manuel Adorni a esos señalamientos y no implica, por sí misma, una resolución judicial sobre el origen de su patrimonio.

Qué puede ocurrir ahora en la causa

A partir de la documentación presentada, el fiscal deberá analizar si las explicaciones y los respaldos aportados permiten responder a las inconsistencias que había identificado. La defensa manifestó que considera cumplido el requerimiento y sostuvo que cada uno de los 20 puntos fue contestado con documentación.

La etapa de justificación patrimonial es previa a una eventual declaración indagatoria. De acuerdo con lo informado anteriormente en la causa, si la Fiscalía considera que las respuestas no resultan suficientes, podrá solicitar al juez Ariel Lijo que cite al ex funcionario a esa instancia procesal.

Por el momento, no existe una decisión judicial sobre las explicaciones entregadas por Manuel Adorni. La presentación será incorporada al expediente y deberá ser confrontada con los informes contables, declaraciones juradas y demás pruebas reunidas durante la investigación para definir los próximos pasos del proceso.

La Casa Blanca inició una revisión formal de las metas de inversión en defensa fijadas para los miembros de la OTAN. En ese marco, el gobierno estadounidense analiza los compromisos estratégicos asumidos con sus aliados del Atlántico Norte, incluyendo las discusiones vinculadas a la administración de territorios británicos de ultramar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en el Despacho Oval al proceso de evaluación que lleva adelante su administración respecto del gasto militar de los países integrados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante un encuentro con la prensa, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de revisar el posicionamiento estadounidense ante la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas. Al respecto, señaló que se trata de un aspecto en análisis dentro del marco general de relaciones con los aliados estratégicos.

Las expresiones coinciden con la difusión de análisis periodísticos que dan cuenta de una auditoría promovida por Washington sobre el cumplimiento del objetivo presupuestario de las naciones miembro de la alianza defensiva. La administración norteamericana impulsa que los Estados parte incrementen su inversión hasta alcanzar el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado al área de defensa. En ese contexto, los informes señalan que las autoridades de Washington consideran insuficiente la hoja de ruta presentada hasta el momento por el gobierno británico conducido por el primer ministro Andy Burnham.

Históricamente, la diplomacia estadounidense ha mantenido una postura de neutralidad formal en la disputa territorial entre la República Argentina y el Reino Unido. No obstante, los trascendidos diplomáticos indican que las alternativas bajo análisis buscan exigir mayores compromisos presupuestarios dentro de la estructura de la OTAN.

Frente a este escenario, las autoridades argentinas monitorean la evolución de las declaraciones bajo un criterio de prudencia técnica. El diplomático estadounidense asignado en Argentina, Peter Lamelas, ratificó oportunamente que las líneas directrices de la política exterior de su país no registran modificaciones oficiales respecto del estatus de neutralidad en el conflicto del Atlántico Sur.

(Fuente: TN)

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Capital Federal dispuso no hacer lugar a las peticiones planteadas por la representación legal de Cristian Gabriel Álvarez Congiu, en la causa donde se investiga el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.

Durante el desarrollo de la jornada judicial, el equipo letrado integrado por los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro fundamentó dos solicitudes principales: por un lado, la nulidad del debate y la consecuente suspensión de las actuaciones bajo el argumento de que el imputado no se encuentra en condiciones cognitivas ni psíquicas para afrontar el juzgamiento; por otro lado, el cambio de modalidad procesal para habilitar la realización de un juicio por jurados populares.

Los jueces integrantes del tribunal, Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, resolvieron desestimar ambos requerimientos. Ante este pronunciamiento, la defensa del acusado ratificó que presentará un recurso ante la Cámara de Casación Penal y promoverá una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De igual modo, los profesionales confirmaron la presentación de un planteo en la justicia federal en base a presuntas irregularidades vinculadas a la validez del procedimiento.

La representación técnica del imputado sostuvo sus argumentos citando informes emitidos con anterioridad por el Cuerpo Médico Forense, los cuales aludían a un deterioro psico-orgánico de carácter grave. En esa línea, la defensa insistió en la necesidad de incorporar estudios médicos de alta complejidad al expediente para verificar el estado de salud actual del procesado.

Pese a los reclamos formulados por la parte defensora y las incidencias surgidas durante la audiencia presencial, la magistratura resolvió dar continuidad al cronograma establecido para el debate oral. La jornada continuó según lo previsto con la toma de declaraciones a los integrantes de las fuerzas de seguridad convocados en calidad de testigos para aportar precisiones sobre las actuaciones iniciales llevadas a cabo en la escena del hecho.

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando el Gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió”, aseguró el mandatario durante su discurso en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Luego se preguntó: “¿Ustedes recuerdan todas las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Ahora entramos como imbéciles nuevamente diciendo: ‘No, el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos”.

Y continuó: “La discusión pasó a si las tasas eran de mercado o usurarias. Ahí apareció la figura del usurero. ¿Quién es el usurero? Aquel que cobra tasas por encima de lo que sería la tasa normal. ¿Y quién define qué es la tasa normal? ¿Alguien se puso a pensar por qué el usurero puede hacer ese tipo de operaciones? ¿No será que hay individuos que no califican en el mercado formal y terminan yendo a un mercado que está dispuesto a tomar más riesgos? Si yo voy a tomar más riesgo, ¿no sería normal que pida más retorno? Obviamente que una transacción más riesgosa va a tener incluida más tasa de interés".

Las declaraciones presidenciales giraron en torno al riesgo país y la morosidad tras conocerse el dato de irregularidad correspondiente a junio. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incumplimiento de pagos del sector privado a bancos tuvo una leve caída a 7,6%, mientras que enel financiamiento destinado a familias se mantuvo sin cambios en 12,8%, cortando 19 meses de subas consecutivas.

La entidad destacó que el nivel de mora varió según el tipo de financiamiento. En el caso de las tarjetas de crédito, se observó una baja en la tasa de morosidad, que se ubicó en 12,6%, aportando así cierta moderación al promedio general correspondiente a familias.

Respecto al financiamiento destinado a hogares, el índice de morosidad experimentó un aumento superior al doble en comparación interanual. Mientras que en junio de 2025 era de 5,2%, en el mismo mes de este año alcanzó 12,8 por ciento.

El informe oficial también señaló que tanto los préstamos personales como los prendarios registraron subas en sus indicadores de mora, alcanzando 16,4% y 7,9%, respectivamente. En contraste, los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en 1,6%, sin variaciones relevantes.

“El desempeño verificado en junio por el ratio de irregularidad del financiamiento al sector privado (y a las familias) estuvo explicado por una desaceleración en el ritmo de crecimiento real de la cartera irregular (numerador del ratio; en parte derivado del envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular) y un aumento real del financiamiento total (denominador del ratio)”, precisó la autoridad monetaria.

(Fuente: Info Bae)

El senador nacional por Entre Ríos de La Libertad Avanza (LLA), Joaquín Benegas Lynch, quedó en el centro de una polémica por una casa sin declarar. La controversia estalló luego de que se difundieran imágenes de una lujosa propiedad, donde el legislador celebró su cumpleaños número 50 con una fiesta que duró tres días.

Según trascendió, el inmueble ubicado frente al río Paraná, en La Paz, es una estancia de estilo colonial cuyo valor rondaría los US$250.000. El caso volvió a poner bajo la lupa el patrimonio del legislador, quien ya tuvo que realizar rectificaciones en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con las explicaciones que habría dado Benegas Lynch, durante el año pasado solo había abonado el 10% del valor de la propiedad y completó la escrituración en julio de este año.

“Eran las 7 de la mañana y no paraban, tres días estuvieron”, relató una vecina al referirse al festejo. Los residentes también cuestionaron las obras en el lugar y señalaron problemas vinculados con el desvío de agua hacia viviendas ubicadas en otros sectores.

La controversia sobre la lujosa propiedad de Benegas Lynch se suma a otro cuestionamiento relacionado con los negocios privados del senador. Incluso, algunos aliados del bloque de LLA en el Senado ya rumorean que es el “nuevo Adorni”.

El vínculo entre su actividad empresarial y su función legislativa generó críticas porque el senador participó de las sesiones en las que se debatió la Ley de Tierras, una normativa vinculada con el sector en el que desarrolla parte de sus negocios, publicó Tn.

Benegas Lynch niega que exista un conflicto de intereses. Sin embargo, dirigentes de la oposición y algunos sectores aliados cuestionaron su participación en el debate y plantearon que debería haberse abstenido.

El crédito se incorporó a los cuestionamientos que surgieron en torno a sus bienes y actividades económicas. Ante la repercusión de las denuncias, Benegas Lynch habría mantenido conversaciones con integrantes del Gobierno nacional para explicar su situación.

Por ahora, la lujosa casa del senador quedó como el principal foco de una polémica. Aunque también alcanza sus declaraciones patrimoniales, sus negocios privados y el millonario préstamo que recibió de la entidad bancaria.

El caso vuelve a poner bajo discusión la transparencia patrimonial de los funcionarios de La Libertad Avanza, un espacio que construyó buena parte de su discurso político sobre la crítica a la denominada “casta” y a los privilegios de la dirigencia tradicional.

APFDigital

En medio de un creciente escenario de fricción bilateral entre las principales economías de América del Sur, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, desembarcó de urgencia en la ciudad de Buenos Aires para encabezar una reunión de evaluación en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno. La convocatoria del representante diplomático busca analizar el curso de acción institucional a seguir tras la decisión del Palacio de Itamaraty de retirar a su embajador y bajar el nivel de la representación política en Buenos Aires, una medida adoptada como respuesta directa a los continuos agravios del presidente Javier Milei hacia el mandatario brasileño, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

La determinación de la administración del gobierno brasileño implicó reconfigurar de manera inmediata las cúpulas operativas en ambas sedes diplomáticas. En Brasilia, la embajada argentina quedó temporalmente bajo la gestión operativa de la encargada de negocios María Emilia Cortés, mientras que en la capital argentina la legación del país vecino atraviesa un esquema similar con Julio Bitelli apartado del diálogo de jerarquía política y abocado únicamente a cuestiones de índole técnico-administrativa. Aunque formalmente ambos funcionarios conservan sus credenciales y el estatus diplomático correspondiente, los canales de negociación de alto nivel de las dos naciones han ingresado en una fase de enfriamiento sin antecedentes inmediatos.

El quiebre de la fluidez política generó preocupación inmediata en los sectores industriales, exportadores y en el ámbito del comercio exterior. Brasil constituye el principal socio comercial y estratégico de la República Argentina, habiendo registrado un intercambio bilateral cercano a los 31.000 millones de dólares en el último ejercicio anual. La falta de comunicación directa entre los ejecutivos amenaza con ralentizar no solo los acuerdos bilaterales prioritarios, sino también el funcionamiento administrativo del Mercosur, afectando de manera directa el flujo de sectores claves como la industria automotriz, la agroindustria, el rubro energético y la minería.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus declaraciones sobre el presidente Javier Milei.

“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó Santilli en declaraciones radiales.

Ayer, Villarruel volvió a criticar a Milei al sostener que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó en un mensaje en su cuenta de X.

Al respecto, agregó: "El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

"Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.

(Fuente: Agencia NA)

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley del Libro abrió una fuerte discusión en el sector editorial. Cámaras empresarias, libreros y editoriales independientes advierten que los cambios podrían afectar la producción y comercialización de libros en Argentina, mientras que el oficialismo sostiene que la iniciativa busca modernizar el mercado y eliminar regulaciones.

La iniciativa se enmarca en un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la modificación y derogación de decenas de leyes. Ante este panorama, representantes de librerías, editoriales y cámaras del sector cuestionaron la medida. Según enfatizaron las entidades, estas leyes garantizan la supervivencia de las librerías independientes en el país.

En declaraciones a Radio 750, el presidente de la CAL, Juan Manuel Pampín, sostuvo que la desregulación propuesta podría concentrar la actividad comercial en pocas empresas.

"La Ley del Libro se sancionó en 2001 por pedido del gremio todo: libreros pequeños y grandes, cadenas incluidas, editoriales pequeñas y grandes, autores e ilustradores", repasó Pampín.

Asimismo, el dirigente explicó el funcionamiento del sistema actual: "La ley dice que el libro tiene un precio único determinado por el editor o el importador. Ese precio es el que regula los derechos de autor y los descuentos de la cadena. Estamos todos de acuerdo con que es justo. Se establece que cualquier libro en todo el país tiene que tener el mismo valor".

Respecto a un escenario de desregulación, el titular de la CAL remarcó que los actores más vulnerables de la cadena serían los principales perjudicados. "Argentina tiene un gran número de librerías y editoriales que son garantes y puntos de encuentro de la diversidad. Si las grandes superficies y las plataformas se meten en precios, van a hacer dumping, trabajar a pérdida y romper algo que hoy funciona", concluyó.

Mientras tanto, el intercambio de posiciones continúa creciendo y pone nuevamente sobre la mesa una discusión de fondo: cómo actualizar el funcionamiento del mercado del libro sin afectar la diversidad editorial ni el acceso de los lectores a una oferta amplia y federal.

La Oficina Anticorrupción (OA) postergó hasta el 31 de agosto el plazo que tienen los funcionarios públicos para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales anuales debido a la extensión del plazo hasta el 27 de julio del plazo para la presentación de declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

"La Oficina Anticorrupción extiende el plazo a fin de brindar a los funcionarios alcanzados por la Ley 25188, un período razonable para cumplimentar la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial Integral anual 2025", explicó un comunicado oficial del Gobierno.

Dicha obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales ante el organismo recaudador está estipulada en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188.

El deadline para presentar las declaraciones juradas de funcionarios publicos era el 31 de julio, pero la OA extendió el plazo hasta el 31 de agosto, ya que entre el 27 de julio y el 31 de julio habían apenas cuatro días hábiles para cumplimentar la obligación.

La presentación se realiza a través del formulario F-1245 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cual integra, cuando corresponda, la información proveniente de las declaraciones juradas impositivas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

"En los casos en que dichas presentaciones no se encuentren realizadas, los datos deberán ser completados de manera manual", se aclaró.

Fuente: Agencia NA

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe técnico pericial que refleja marcadas inconsistencias en la evolución patrimonial del exfuncionario, por lo que los investigadores no descartan que sea citado a brindar explicaciones formales durante los primeros días del próximo mes de agosto.

El documento clave que llegó a los escritorios de la fiscalía fue elaborado de manera minuciosa por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. El análisis pericial se centró en radiografiar el comportamiento económico y financiero tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

El trabajo de los peritajes consistió en reconstruir de forma detallada la estructura de los bienes, las deudas y las disponibilidades de la familia al inicio y al cierre de cada año. Los especialistas cruzaron los datos de ingresos y egresos respaldados por documentos con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control. La investigación puso un foco especial en los movimientos bancarios habituales, los rescates de inversiones y un mercado poco tradicional: las operaciones con activos virtuales y plataformas de criptomonedas.

En este sentido, el análisis de las billeteras virtuales incluyó el desglose de depósitos, retiros y transferencias de fondos que no guardan una correlación directa con los ingresos declarados por el núcleo familiar. Al tratarse de un informe estrictamente técnico, el texto no detalla cifras específicas, pero resulta concluyente al señalar despasajes que habilitan al fiscal a estructurar un requerimiento formal de justificación de bienes.

Si los argumentos y la documentación que presente el exjefe de Gabinete al ser intimado resultan insuficientes para la fiscalía, el escenario decantará en un pedido formal de declaración indagatoria, cuya decisión final quedará en manos del juez a cargo del caso, Ariel Lijo.

El capitán argentino calificó lo vivido como “una locura” y destacó el carácter del grupo que, pese a las dificultades, logró imponerse 2-1 y meterse en una nueva final del Mundial. “Sabíamos que no era una victoria más. Este grupo es increíble, hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea”, resumió.

Messi subrayó el significado especial de enfrentar a Inglaterra en una semifinal, por la historia y la rivalidad entre ambos seleccionados. “Nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra. Queríamos ganar para darle una alegría a la gente y meternos en la final”, expresó.

El rosarino también puso el foco en la confianza que siempre tuvo en el equipo, incluso cuando había dudas sobre el estado físico de algunos jugadores. “Desde que empezó el Mundial confiaba en este grupo. Nos metimos en una nueva final, son cinco seguidas. Es impresionante”, aseguró.

Más allá de lo deportivo, Messi compartió la emoción de vivir otra final y el orgullo de hacerlo junto a sus compañeros. “Todas las finales son especiales. Muy lindo poder vivirlo otra vez. Es una locura lo que consiguió este grupo, dos finales del mundo seguidas”, dijo.

El capitán cerró con un mensaje para los hinchas y un recuerdo para Diego Maradona: “Seguramente el Diego, desde arriba, lo está disfrutando muchísimo. Para él era un día muy especial”.

El mensaje de Messi para los hinchas argentinos: "SOMOS LOS MEJORES ESTOS CUATRO AÑOS, DUELA A QUIEN LE DUELA. NADIE NOS REGALÓ NADA. CONSEGUIR DOS FINALES SEGUIDAS ES PARA POCOS". pic.twitter.com/zraNCQsZjp

— TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

El peronismo de Entre Ríos unificó su postura en un rechazo absoluto al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, cuyo dictamen de mayoría ya cuenta con el aval de la Cámara de Senadores. A través de un duro documento firmado por el Consejo Provincial del PJ, bloques legislativos, intendentes y legisladores nacionales, el partido apuntó contra el oficialismo como el "único responsable" de una iniciativa que consideran un retroceso histórico en materia de derechos sociales.

El PJ vinculó la reforma de manera directa con las políticas de ajuste fiscal aplicadas por el presidente Javier Milei. Desde el justicialismo acusaron a Frigerio de alinearse incondicionalmente a la premisa nacional del "déficit cero" y de claudicar en el reclamo federal por los fondos que la Nación le adeuda a la Caja de Jubilaciones de la provincia.

La cúpula partidaria detalló graves vicios de inconstitucionalidad en el texto del proyecto:

Finalmente, el peronismo entrerriano alertó que el camino elegido por la gobernación de Cambiemos no resolverá el déficit de la Caja, sino que abrirá la puerta a un escenario de litigiosidad masiva. Afirman que la provincia enfrentará un pasivo económico mucho mayor debido a las demandas judiciales que generará la vulneración de los derechos adquiridos de docentes, enfermeros, policías y empleados públicos.

El fantasma de una guerra de alcance global volvió a instalarse con fuerza en la agenda internacional. La histórica disputa entre Estados Unidos e Irán ingresó en una fase de máxima hostilidad tras una jornada de amenazas cruzadas de destrucción mutua, ofensivas armadas en puntos estratégicos de Medio Oriente y el virtual bloqueo del estrecho de Ormuz, la principal arteria del comercio petrolero mundial.

El detonante del nuevo pico de tensión fueron las declaraciones de Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei. El dirigente aseguró que la venganza por la muerte de su padre —ocurrida el pasado 28 de febrero— es "inevitable" y lanzó una dura advertencia: "Los responsables ya están identificados y no tendrán una muerte tranquila". En sintonía, un periódico conservador de Teherán difundió una lista con los rostros de 13 líderes extranjeros señalados como objetivos, entre ellos el presidente norteamericano, autoridades israelíes y altos mandos europeos.

La respuesta de Washington no tardó en llegar. Donald Trump acusó abiertamente a la República Islámica de haber intentado asesinarlo y aseguró que su administración está lista para "diezmar y destruir por completo" a Irán si es necesario. El jefe de Estado norteamericano subió la apuesta al revelar detalles del despliegue bélico: afirmó que el Pentágono mantiene unos 1.000 misiles apuntando directamente hacia territorio iraní, respaldados por miles de ojivas adicionales en reserva.

"El estrecho de Ormuz es más importante para nosotros que decenas de bombas atómicas", advirtió Mohsen Rezaee, asesor del liderazgo supremo iraní, al ratificar las restricciones a la navegación.

Esta última ofensiva contra el territorio de Omán y Catar paralizó las gestiones de paz. Ambos países del Golfo venían actuando como intermediarios históricos clave para reabrir canales diplomáticos entre Washington y Teherán, pero los recientes impactos en sus fronteras complicaron la viabilidad de una tregua en el corto plazo.

El foco de mayor preocupación global se concentra en el estrecho de Ormuz, vía navegable por donde transita la mayor parte del crudo y el gas del planeta. Irán mantiene restringido el paso y obliga a los buques comerciales a navegar únicamente por un estrecho corredor pegado a sus costas. Los peligros de esta política quedaron en evidencia tras el ataque al buque de carga GFS Galaxy frente a las costas omaníes. El Comando Central de Estados Unidos responsabilizó a Teherán por la agresión, que dejó el barco inutilizado por un incendio en la sala de máquinas y obligó al rescate de urgencia de diez tripulantes de nacionalidad india, mientras uno permanece desaparecido.

Fuente: Agencia NA

El presidente Javier Milei confirmó su agenda de viajes por la región, que incluye paradas en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, al tiempo que lanzó duras críticas contra la oposición en el Congreso, a la que acusó de querer efectuar "un golpe de Estado".

"Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vota gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de estado, y no dice de dónde se va a financiar", arremetió el mandatario en declaraciones a Radio Now. En ese marco, defendió los hitos de su gestión y afirmó que se logró reactivar la economía "a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo y de los economistas que llamaban al fin del mundo".

En cuanto a su agenda internacional, Milei detalló que viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, quien competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva el 4 de octubre. "Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", anticipó. Por este viaje, reveló que le pidió al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, postergar para el 26 de julio su presencia en la inauguración de la Exposición Rural 2026.

Finalmente, reconfirmó que el 28 de julio visitará Perú para la asunción de Keiko Fujimori y el 7 de agosto irá a Colombia para la jura de Abelardo de la Espriella, periplo en el que también visitará a Daniel Noboa en Ecuador.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo de alta tensión en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Durante la séptima audiencia del debate, el tribunal autorizado hizo lugar a un pedido de Laudelina Peña, quien solicitó entrevistarse de urgencia con su hija, Macarena Peña. El encuentro se produjo en un cuarto contiguo a la sala de audiencias luego de que la joven prestara un testimonio clave ante los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch.

Pese a la ausencia momentánea de la imputada en el recinto, la abogada defensora Mónica Chirivín aceptó que la jornada continuara vía Zoom. La ronda de declaraciones de este jueves estuvo marcada por las revelaciones sobre presuntos aprietes y la reconstrucción minuciosa de las horas previas y posteriores al 13 de junio de 2024, momento en que el menor fue visto por última vez.

"Patricia Bullrich se las va a llevar", habría sido la frase intimidatoria utilizada por el abogado defensor según la declaración de la joven. Macarena afirmó que ella se negó desde un principio a participar de la maniobra de encubrimiento y que, días más tarde, acudió a la asesoría de Elizabeth Cutaia para formalizar la denuncia por amenazas ante las autoridades judiciales.

Previamente, la audiencia había sufrido interrupciones debido a las descompensaciones de los involucrados. El imputado Antonio Benítez debió recibir asistencia médica urgente al registrar una presión arterial máxima de 18, lo que obligó a dictar un cuarto intermedio. Posteriormente, la testigo Camila Núñez rompió en llanto tras un cruce con el defensor Enzo Di Tella por aparentes contradicciones sobre el trayecto hacia el naranjal, obligando a reproducir registros de video para refrescar su memoria.

Por último, los tíos maternos del menor, Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, completaron la grilla de testigos. Este último relató que, al dirigirse a la casa de la abuela tras enterarse de la desaparición, cruzó en la ruta a Benítez acompañado por un hombre encapuchado no identificado. El Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio extendido y determinó que el debate presencial se reanudará el próximo martes.

[Con información de Infobae]