La norma centraliza la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y redefine competencias en materia de contrainteligencia, ciberinteligencia y control presupuestario.

El decreto fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”, en razón de su sensibilidad y con el objetivo de reducir riesgos estratégicos para el Estado. Esta definición se incorpora como principio general y modifica el marco conceptual vigente hasta ahora.

Entre los cambios más relevantes, la SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con atribuciones para aprobar y supervisar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y requerir información a organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La normativa también habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes. Asimismo, se les reconoce la facultad de proteger instalaciones y operaciones propias y de repeler agresiones.

En el plano organizativo, el decreto transforma la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá a su cargo la prevención de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencias externas y operaciones de influencia que afecten el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las acciones de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.

En materia digital, se dispuso la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con funciones específicas en el ciberespacio.

Otro de los cambios es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, la inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y simplificar la estructura del sistema.

El decreto también modifica el régimen de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE, que dejarán de depender del Poder Ejecutivo Nacional y pasarán a ser una atribución directa del secretario de Inteligencia, con excepción del Inspector General, que continuará siendo designado por el PEN por su rol de control.

Además, se crean dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a áreas como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y sectores estratégicos vinculados a energía, lo nuclear y el espacio.

Desde el Gobierno señalaron que la reforma apunta a hacer más eficiente el sistema, eliminar superposiciones, adaptar la inteligencia a amenazas contemporáneas y fortalecer los mecanismos de coordinación y control.

El decreto quedó vigente con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, en un contexto de debate por el alcance de las nuevas facultades y el uso del DNU para modificar una ley considerada sensible.

El presidente Javier Milei firmará este martes un aumento de sueldos para sus funcionarios, tras dos años de congelamiento en los haberes. La decisión del mandatario se publicará en el Boletín Oficial (BO) en las primeras horas del viernes 2, cuando se retome la actividad tras el feriado por las fiestas de fin de año.

Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios desde que asumió el poder en diciembre de 2023. Y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por lo desactualizados que fueron quedando sus sueldos.

Tras la publicación de la nota de LA NACION, el presidente Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintieron que el incremento salarial incluya al jefe de Estado. “Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”, dijo Adorni.

El propio Milei hizo esta noche una publicación en sus redes sociales luego del posteo de Adorni. “PERIODISMO”, escribió el mandatario en mayúsculas. “Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin”, cerró.

Más temprano, a primera hora de la tarde, una alta fuente de la Casa Rosada había informado que el presidente Milei firmará este martes el decreto por el cual aumentará los sueldos de los funcionarios e incluyó en la medida la remuneración del propio mandatario, como consignó LA NACION en su primera nota de la jornada.

Pero finalmente el Gobierno desmintió que el propio Milei quede incluido en la mejora salarial.

En el Gobierno se enfrentaban a la competencia de sueldos con el sector privado, que ofrece mejores retribuciones y que en muchos casos hacía que los funcionarios evaluaran un regreso a las empresas, por las remuneraciones y el menor grado de presiones que las que experimentan en el Estado.

“En el sector privado son mejores sueldos y no tienen la presión de la función pública y las responsabilidades que eso genera”, afirmaron en el oficialismo. La disparidad de números con el sector de donde proviene la mayoría de los funcionaros también complica a Milei para sumar cuadros operativos al Gobierno. No solo para conservar los que ya están en funciones.

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 926/2025, que introduce cambios en la administración de los Fondos Rotatorios del Estado, un mecanismo clave para afrontar gastos operativos inmediatos en la administración pública. La medida fue firmada el 29 de diciembre y modifica el Decreto 1344/2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera.

La norma apunta a ordenar el manejo del dinero público, evitar fondos ociosos y adaptar el sistema a las reestructuraciones internas que se producen cuando se transfieren programas entre distintos organismos del Poder Ejecutivo.

La novedad es que, cuando un organismo reciba nuevos programas presupuestarios durante el año, podrá ampliar su Fondo Rotatorio en hasta otro 3 % del presupuesto transferido. Al mismo tiempo, el organismo que cede esos programas deberá reducir su fondo en la misma proporción.

El decreto también otorga más poder a la Secretaría de Hacienda, que podrá fijar límites por debajo del 3 % si detecta que un organismo no utiliza plenamente los fondos asignados. El objetivo es evitar que el dinero quede inmovilizado en cuentas bancarias sin uso efectivo.

Según el texto oficial, esta medida busca mejorar la eficiencia del gasto y reforzar los mecanismos de control, en línea con la política de reducción del gasto y ordenamiento de las cuentas públicas que impulsa el Ejecutivo.

Los fondos que estén por debajo de ese monto deberán adecuarse, lo que simplifica la operatoria administrativa y reduce la cantidad de cuentas bancarias que manejan los organismos del Estado.

La decisión se apoya en el avance del uso de medios de pago electrónicos, como las tarjetas corporativas, que vienen reemplazando al efectivo y a los cheques desde hace varios años en la administración pública.

De esta manera, el Gobierno busca modernizar la gestión financiera, reducir trámites innecesarios y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. El decreto entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

La publicación del Decreto Nº 3817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno Manuel Troncoso, encendió señales de alarma en sectores del Estado provincial. La norma prevé la renovación de contratos temporarios para 833 agentes, pero dejó fuera a otros trabajadores que, por estas horas, viven con incertidumbre su situación laboral.

El anexo del decreto contiene la nómina de quienes continuarán vinculados al Estado durante 2026. La revisión minuciosa de ese listado se volvió una práctica extendida en oficinas y dependencias, donde la preocupación crece entre quienes no aparecen incluidos y no recibieron comunicación formal sobre una eventual desvinculación.

La inquietud se manifiesta con especial fuerza en áreas como Producción, Desarrollo Social y en sectores del Ministerio de Gobierno, particularmente en Derechos Humanos. A diferencia de lo ocurrido en la Legislatura, donde hubo avisos previos, en estos organismos muchos agentes no fueron notificados y permanecen a la espera de definiciones, tras años —en algunos casos más de una década— de continuidad laboral bajo contratos temporarios.

La norma justifica las renovaciones en la necesidad de garantizar la operatividad y el normal funcionamiento de las dependencias estatales. El texto señala que se cumplió con la intervención de las áreas técnicas correspondientes, la verificación de encasillamientos, la inexistencia de incompatibilidades y la previsión presupuestaria para afrontar los contratos durante 2026.

El artículo primero autoriza la contratación del personal temporario en organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo Provincial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, conforme a los anexos del decreto. El segundo artículo faculta a ministros y autoridades superiores a suscribir los contratos, que deberán firmarse antes del 28 de febrero próximo.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene entre los trabajadores que no figuran en el listado oficial. Consultas a gremios, intercambios entre compañeros y la expectativa de una eventual ampliación del decreto marcan el clima en la administración pública, donde la continuidad laboral de numerosos agentes sigue sin definiciones claras.

La decisión se dio a conocer a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde también se informó que será reemplazado por Andrés Vázquez, quien hasta el momento se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI).

Según el decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y ministro de Economía, Luis Caputo, los cambios entrarán en vigencia este jueves 18 de diciembre. A partir de ese día, Vázquez quedará al frente del organismo recaudador.

La norma agradece a los funcionarios renunciantes (Pazo y Vázquez, quien dejó supuesto en la DGI) por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos.

La medida había sido anunciada esta medianoche, mediante un comunicado del Ministerio de Economía. Allí se explicó que Pazo le comunicó a Caputo “su decisión de renunciar al cargo que asumió el 11 de diciembre de 2024″ y se detalló que el ahora exfuncionario “volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual desarrolló exitosamente toda su vida profesional”.

Asimismo, se remarcó que Pazo “seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

En el texto oficial se resaltaron las “grandes y profundas transformaciones” que llevó a cabo durante su gestión, como “la simplificación de regímentes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal”.

ARCA es el ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP.

El recambio en la conducción del organismo recaudador se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, período de alta actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.

El Gobierno nacional, mediante el Decreto 848/2025, dispuso el otorgamiento del último bono extraordinario de 70.000 pesos destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones del sistema de seguridad social, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo en los haberes mínimos.

El decreto se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, establecieron, como en ocasiones anteriores, que el beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También resultarán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, los que reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales.

La normativa detalló que para acceder al bono extraordinario, los beneficiarios “deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, teniendo en cuenta que en diciembre también se paga el aguinaldo. En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines de la percepción, señala el texto oficial.

De acuerdo con la reglamentación, quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, recibirán el monto total del bono extraordinario. Para los titulares que superen ese umbral, el refuerzo se ajustará para que la suma de haberes y bono no exceda el mínimo más el máximo previsto en el decreto. El monto será abonado en el corriente mes, tal como se viene otorgando desde hace más de un año.

“La referida Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta noviembre de 2025, inclusive”, según expuso el decreto.

A su vez, indicaron que ANSES quedará facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el pago, administrar, supervisar y eventualmente recuperar percepciones indebidas vinculadas al bono extraordinario. La vigencia de la medida se establece desde el día de su publicación oficial y será implementada en el mensual de diciembre.

El jueves de la semana pasada, el Gobierno oficializó el último ajuste del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial. La medida, que entra en vigencia este mes, responde al mecanismo de actualización mensual vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado por el INDEC.

El nuevo incremento aplicado es del 2,34% sobre los valores vigentes y corresponde a la inflación registrada en octubre, según detallaron desde ANSES. A partir de esta actualización, el haber mínimo garantizado para las jubilaciones quedó establecido en $340.879,59, mientras que el haber máximo será de $2.293.796,92. La base imponible mínima utilizada para el cálculo de aportes se fijó en $114.808,17 y la máxima, en $3.731.212,01. A estos valores, se le sumará el monto del bono. De esta manera, quienes cobren la mínima percibirán $410.879,59.

Los aumentos no solo abarcan a los haberes jubilatorios regulares, sino también a las prestaciones básicas del sistema previsional. Así, la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $272.703,67 desde diciembre, detallaron fuentes oficiales.

Para los ingresos de las asignaciones familiares que otorga el Estado nacional, el incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

Argentina comienza a discutir los términos de la “modernización laboral” que el gobierno de Javier Milei volvió a impulsar tras el triunfo en las elecciones del 26 de octubre. Muchos sostienen que, más allá del nombre con que se la presente, se trata de cambios en la relación entre empleados y empleadores que ya se experimentaron en el país y que, siempre, tuvieron consecuencias negativas para las grandes mayorías.

El momento elegido para avanzar en estos cambios evidencia mayor fortaleza en términos políticos por parte del oficialismo, pero, en el plano económico el panorama muestra recesión, caída sostenida del consumo, pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en todo el territorio nacional. Entre Ríos, claro, no es la excepción.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la provincia registró una pérdida neta de 658 empleadores, lo que representa una contracción del 3,8% en la cantidad de empresas.

En el mismo período, se destruyeron 9.992 puestos de trabajo registrados, una caída del 3,6%. El sector más afectado en términos de cierre de empresas fue el Comercio (con 161 empleadores menos), mientras que, en términos porcentuales, los Servicios Artísticos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento lideraron la caída (-15,4%).

Del empleo privado al trabajo informal

EL ARGENTINO dialogó con distintos actores del mundo del trabajo, que pusieron el foco en la realidad entrerriana. Irina Asrilevich es licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA) y titular de Laboroscopio, desde donde remarcó la falta de datos estadísticos recolectados por organismos provinciales, aunque apeló a los datos del Indec, de donde se desprende, por ejemplo, que “en el Gran Paraná hubo un incremento del desempleo al comparar los segundos trimestres de 2024 y 2025. Pasando de 3,7 a 5,6 puntos porcentuales en la última medición”.

“Empleo hay, pero en condiciones cada vez más precarias. Salarios que no alcanzan, derechos que no se ejercen, protección de la seguridad social que brilla por su ausencia. Lo que se ve es que hay una mutación de empleo privado a trabajos independientes o informales”, indicó la profesional.

“El mercado tiene expectativas de que el ordenamiento de la macroeconomía va a empezar a encontrar un puente con la economía cotidiana, que será más fácil acceder al crédito para la inversión productiva y eso repercutirá en un incremento de la actividad económica y por lo tanto en nuevos puestos de trabajo”, opinó Asrilevich. Y cerró: “la duda que nos queda es si el modelo económico en el que está pensando el gobierno es uno basado en la producción y el trabajo o, más bien, en la especulación financiera cuya demanda de trabajadores dista de ser intensiva”.

Ley Bases y DNU 70

Un repaso por la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y del Decreto 70/2023 vislumbra los ejes sobre los cuales busca avanzar la gestión libertaria.

El Gobierno nacional había impulsado su primer intento de modificación de la legislación laboral mediante el Decreto 70/2023, pero su capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Justicia. Luego, el Congreso aprobó (con el apoyo de los legisladores que responden al gobernador Rogelio Frigerio) la Ley Bases, que incluyó algunos cambios al régimen laboral. Por ejemplo, modificaciones al período de prueba (de 3 a 8 meses), la creación de un fondo de cese laboral y la habilitación a un trabajador independiente a contratar a otros trabajadores independientes, sin generar una relación de dependencia.

Ya el DNU 70 planteaba una fuerte flexibilización, derogando las indemnizaciones dobles en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente y la restricción al derecho de huelga, al considerar "servicios esenciales" o "actividades de importancia trascendental", a diversos rubros.

“La sanción de leyes laborales no genera trabajo”

José Ruiz es director del Instituto del Trabajo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER). En diálogo con este medio, hizo referencia a sus palabras en la apertura del “Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos”, realizado el mes pasado en Paraná.

“A pesar que es un hecho científicamente comprobado que la sanción de leyes laborales no genera trabajo, sino que ello depende de las condiciones de desarrollo de una sociedad y su economía, la variable de ajuste ha sido constantemente la precarización del trabajador y la trabajadora mediante la imposición de reformas regresivas”, expuso en ese momento. Asimismo, no se mostró en contra de una reforma laboral que considere los nuevos trabajos, “pero también que haga foco en el trabajo como actividad creadora y no como mercancía, el dilema ético de la inteligencia artificial en el trabajo, la discusión de la jornada de trabajo y el derecho a la recreación, el derecho a la desconexión”, entre otros puntos.

Ya el año pasado el Instituto de Derecho del Trabajo del CAER había emitido un duro dictamen contra la Ley Bases, considerada “una reforma regresiva que se destaca por retrotraer la cosmovisión del trabajo a siglos anteriores”.

“Eliminar la protección contra el despido arbitrario es eliminar la principal protección que tiene el trabajador. ¿Qué posibilidad alberga el trabajador de reclamar horas extras, o que se consigne la real fecha de ingreso, o solicitar una licencia por enfermedad si se elimina la protección contra el despido arbitrario? Peor aún, cuando el trabajador no está registrado ¿qué resguardo tiene contra un accionar abusivo del empleador?”, se pregunta el dictamen.

Por otro lado, respecto al Fondo de cese laboral (que sustituiría a las actuales indemnizaciones) el documento sostiene que es un “impuesto al buen empleador”, quien “se ve obligado a aportar un porcentaje del salario del trabajador independientemente que en un futuro decida despedirlo o no. Los empleadores que intentan aumentar su productividad no contratan trabajadores y trabajadoras previendo despedirlos”.

En este sentido, Rubén Seijo, profesor de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes, ofreció un claro ejemplo a EL ARGENTINO: “Con la cuota mensual a pagar, cada empresa tendrá un costo adicional a los descuentos de la seguridad social que ya se realizan; alternativa que en la mayoría puede resultar mucho más costosa que el actual sistema de indemnizaciones. Para tener una idea, una empresa puede tener treinta empleados y planear despedir solo a dos, pero la cuota del Fondo de Cese la paga por los treinta durante los 12 meses del año. Esto representa un claro aumento de costos y un fuerte desincentivo para la creación de empleos y emprendimientos”.

La posición del gobierno entrerriano

Días pasados, el gobernador Rogelio Frigerio se volvió a mostrar en favor de la reforma laboral. “La política hace rato que viene pateando para adelante una serie de reformas y creo que llegó el momento de concretarlas”, indicó en este sentido. “Tenemos prácticamente la misma cantidad de trabajadores informales que formales, y eso me parece una vergüenza”, aseguró, abonando a la idea de la flexibilización ayudaría a la creación de empleo registrado.

“Debemos cambiar las normas para que todos los argentinos puedan acceder a un trabajo normal, en blanco y moderno. Hay que ajustar las normas laborales a estos tiempos, ya que los trabajos no son los mismos que hace 50 años”, indicó, en este sentido.

Respecto a las discusiones que se vienen en el Congreso (las reformas se tratarán durante el verano, en sesiones extraordinarias), se descarta que los dos senadores entrerrianos por la Alianza Libertad Avanza (Benegas Lynch y Almeida) y los tres diputados electos (Laumann, Fregonese, Schneider) aportarán sus votos a la reforma del gobierno. De hecho, quienes encabezan las listas responden directamente al espacio del presidente Mieli, lo que deja reducida la capacidad de negociación del Gobernador entrerriano.

Tanto Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, senadores electos, como el diputado electo Andrés Laumann vienen del sector empresarial. Benegas Lynch se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y se dedica al negocio agropecuario. Desde el 2007 tiene residencia en La Paz y fue quién quedó en el foco de la polémica luego de expresar la idea de privatizar la empresa binacional Salto Grande, aunque luego se retractó.

Por su parte, Romina Almeida nació en Gualeguay y vive en Paraná hace mucho tiempo. Durante 15 años estuvo a cargo de la pyme familiar Leitis, una fábrica de galletitas, y hace siete que dirige su propio estudio de arquitectura. Esta es su primera incursión en la política partidaria y, dato no menor, es esposa de Hernán Viola, el apoderado legal del partido en la provincia.

Andrés Laumann, en tanto, se dedica a la importación y comercialización de productos de movilidad eléctrica y, también, cuenta con máquinas viales en alquiler. Integra el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Polo y, en la campaña 2023, de la que fue parte como candidato a intendente de Paraná, se hizo conocido por dar entrevistas con una máscara de Batman.

Ambos senadores como el diputado libertario poseen un perfil marcadamente empresarial, dato no menor si se considera que son quienes definirán, en el marco de la reforma laboral, el futuro de miles de trabajadores.

La falacia de la industria de los juicios

Uno de los argumentos más fuertes para avanzar sobre los derechos laborales es el de “la industria de los juicios”. Son muchas las voces que han argumentado en contra de esta idea, una de las más autorizadas es la de Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, quien aseguró que “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”.

“El problema es otro: muchas empresas, sobre todo PyMES, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores: tipo de cambio, infraestructura deficiente, mercado interno cada vez más pequeño, etc”. Por lo que “al no poder reducir costos por esta vía, muchos empleadores recurren a incumplir con la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Todos los trabajadores priorizan mantener su puesto de trabajo”.

En esta línea, José Ruiz diferenció a Entre Ríos del mapa nacional: “Hay que tener en cuenta que por el tipo de economía que se desarrolla en la provincia el porcentaje (de juicios) es menor. Existe mayor informalidad por tipo de actividad (actividades agropecuarias o de zafra) y por tamaño de empresas. No hay grandes empresas (salvo frigoríficos de pollo o algún molino) como en la provincia de Buenos Aires o en CABA, donde tenés industria fabril y manufacturera”. Además, “hay menos litigiosidad cultural y el porcentaje de conciliaciones (sin llegar a juicio) es altísimo”.

“Hay una reforma laboral que es de hecho”

“Lo primero que hay que decir es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto fue impuesto en la dictadura militar, aprobado en la década del 90 y hubo un intento del macrismo”, sostuvo el abogado laboralista Andrés Ocampo. “Pero hay una reforma laboral que ya están llevando a cabo las empresas. Acá, en Gualeguaychú, la empresa Baggio estableció cuatro días de doce horas con cuatro días de descanso. Sin fines de semana, sin horas extras…es la misma lógica de las bolsas de horas, de la Ley de bases y el Decreto 70/2023, que ya había sido propuesta por el presidente Macri”.

“Estas reformas no sólo no crean empleo, sino que destruyen las condiciones del empleo registrado vigente. Lo que genera mayor rotación y, por lo tanto, más desempleo. Y, por otro lado, una mayor concentración de la tasa de ganancias de los empleadores y la pérdida de derechos de los trabajadores”, cuestionó Ocampo.

En esta línea, Rubén Seijo referenció una investigación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Tendencias Mundiales del Empleo 2014”, sobre reformas realizadas en 110 economías del mundo entre 2008 y 2014, que evidenció que “no existe un vínculo directo entre el grado de rigor de la legislación protectora del empleo y la tasa de empleo agregada” y que “las reformas desregulatorias de la legislación protectora del empleo aumentan el desempleo a corto plazo si se ejecutan durante periodos de crisis”.

Si bien resta la presentación formal del proyecto de reforma en el Congreso de la Nación, los principales puntos puestos en la discusión pública hasta ahora evidencian condiciones desfavorables para el grueso de los trabajadores y una reforma que se está llevando a cabo de hecho, en Entre Ríos y en todo el país. Más allá de los matices de los cambios que se negocien en Diputados y Senadores, se impone una realidad inexorable: sin crecimiento económico no habrá cambios legislativos ni leyes que favorezcan la creación de empleo.

El proceso sumarial, iniciado tras inspecciones realizadas por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, reveló dos causas principales que culminaron con la máxima sanción disciplinaria y fueron publicadas en el Boletín Oficial Nº 28.204.

La primera causa se originó por el Protocolo del año 2016 del Escribano Mamone. Se detectó que la escritura Nº1 fue fechada el 1 de marzo de 2016, pero se extendió sin los certificados de dominio e inhibiciones correspondientes, que se adjuntaron recién en enero de 2017.

Además, se advirtió un testado en la fecha del acta notarial (cambio de 2017 a 2016) y el uso de folios protocolares del año 2016 para una escritura que, según los indicios, fue extendida en 2017, lo cual violenta las Leyes Nº17.801 y Nº6.200. Asimismo, se observó que la escritura Nº2 se otorgó con certificados registrales vencidos.

La segunda causa se abrió tras detectarse irregularidades en un Poder Especial de fecha 17 de noviembre de 2018, autorizado por Mamone. Se comprobó que, a la fecha de la autorización, el Escribano no había adquirido cuadernos de protocolo ni folios de actuación notarial desde 2016 debido a deudas con la Caja Notarial.

Para expedir la primera copia de dicho poder, Mamone utilizó un folio de actuación notarial que fue prestado por la Escribana Ivana Rosalía Ladner, titular del Registro Notarial Nº168 de Paraná, quien, en su descargo, declaró haber sido "víctima de un abuso de confianza" y que el folio fue utilizado en forma "defraudatoria" por Mamone.

Tras la elevación de las actuaciones al Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Rogelio Frigerio procedió a firmar el decreto que hace ejecutoria la medida disciplinaria, ratificando la destitución y la prohibición de ejercer la profesión notarial en el ámbito de la provincia. La Dirección General del Notariado, Registros y Archivos deberá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto. (Fuente: APFDigital)

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso un freno a las incorporaciones y modificaciones de personal en toda la estructura estatal. Según el decreto N° 2817, firmado el 13 de octubre, cualquier contratación, renovación de vínculo, designación, recategorización o reconocimiento de adicionales deberá contar con la autorización previa y expresa del ministro de Hacienda y Finanzas.

La resolución alcanza no solo a la administración central, sino también a organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado, entre ellos la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Dirección Provincial de Vialidad, el Consejo General de Educación, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y las empresas provinciales de energía, gas y salud, entre otras.

El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “fortalecer los mecanismos de autorización, supervisión y control de las contrataciones y designaciones de personal en el sector público provincial”, con el objetivo de “contener el gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal”. También señala que busca “garantizar la continuidad de las funciones prioritarias del Estado y atender las obligaciones esenciales”.

El decreto enfatiza que el Estado provincial “constituye una única organización jurídica”, bajo la jefatura del gobernador, quien tiene la potestad de adoptar medidas para asegurar la coordinación y coherencia del accionar estatal. Por eso, la disposición se extiende a todos los organismos, incluyendo los órganos de control como la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas.

El Gobierno nacional decidió volver a diferir la aplicación de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida quedó oficializada este martes 30 de septiembre a través del Decreto 699/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

El decreto modifica lo dispuesto en la norma 617/2025 y establece que los incrementos pendientes en las cargas impositivas para naftas y gasoil entrarán en vigencia recién el 1° de noviembre. Originalmente, la suba debía aplicarse desde el 1° de octubre.

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, argumentando que la postergación contribuye a morigerar el impacto inflacionario en los precios de los combustibles.

El conflicto central que atraviesa la medida es el equilibrio entre la actualización automática de los impuestos —que, por ley, deben ajustarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)— y la decisión política de postergar esos incrementos para evitar un mayor impacto en los precios de los combustibles y, por extensión, en la inflación general.

La normativa vigente, establecida en la Ley 23.966 y sus modificaciones, determina que los montos fijos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono deben actualizarse cada tres meses, tomando como referencia la evolución del IPC desde enero de 2018.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo dependiente del Ministerio de Economía, es la encargada de aplicar estos ajustes en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, desde hace varios años, distintos gobiernos optaron por diferir la aplicación efectiva de los aumentos, utilizando decretos sucesivos para postergar su entrada en vigencia.

De esta forma, los aumentos acumulados correspondientes a las actualizaciones del año calendario 2024 y los dos primeros trimestres de 2025 seguirán en suspenso hasta la nueva fecha establecida.

La Justicia ordenó a al Ministerio de Economía a entregar en el término de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La orden judicial fue dictada por el juez federal de Dolores Martín Bava en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, advirtió el juez en la resolución.

El 27 de junio de 2025 se presentó el abogado en causa propia e integrante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), Francisco Verbic, conjuntamente con el patrocinio letrado de los integrantes del CELS Leonel Bazán y Diego Morales.

Interpusieron acción de amparo contra el Estado Nacional -Ministerio de Economía de la Nación con el objeto de que se declare la ilegalidad de la conducta desplegada por la demandada en sede administrativa y se le ordene a brindar la información pública sobre todo el expediente completo relacionado al decreto que aprobó las operaciones con el Fondo.

“Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Francisco Verbic, ordenando al Ministerio de Economía de la Nación a que, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública procedan, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo “EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”, dice la resolución.

Para los organismos, el Ministerio de Economía a cargo Luis Caputo violó la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero además, buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado.

El Ministerio le dio trámite al pedido a través de la Ley 27.275, incluso pidió prórroga para entregar el expediente del préstamo, pero decidió desconocer su aplicación y derivar el pedido a un procedimiento administrativo.

Ante eso, el juez sostuvo que el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto.

La decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales.

Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI.

“En nuestro sistema jurídico, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, ni que acredite poseer un derecho subjetivo o un interés legítimo (art. 4 de la Ley 27.275)”, aclaró el juez en su resolución.

El fallo remarcó que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, es una norma especial y posterior y, por lo tanto, prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos.

Consideró que la conducta del Ministerio va en contra del derecho a conocer información que va a repercutir en la vida de la sociedad. De hecho, el DNU tampoco contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito.

La propia Corte Suprema de Justicia estableció que “el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

El fallo incorpora argumentos centrales de la Corte Suprema. La información pública es de la sociedad.

Según la CSJN, “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”.

Ese derecho “corresponde a toda persona”. Es decir, para acceder a la información generada por el Estado no es necesario acreditar un interés especial y mucho menos enfrentar trabas burocráticas: es un derecho humano fundamental y como tal, protegido. (Fuente: Ámbito)

El Ministerio de Economía oficializó este viernes la resolución 1240/2025 mediante la cual se establece la situación de disponibilidad del personal de planta permanente con estabilidad adquirida perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La medida se dicta como consecuencia de la disolución del INASE, la transformación del INV en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el cambio de estatus del INTA, que dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en uno desconcentrado bajo la órbita de esa Secretaría.

De acuerdo con la normativa, el personal alcanzado será notificado de manera individual y permanecerá en situación de disponibilidad por reestructuraciones hasta por 12 meses.

Además, la resolución limita toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones previamente otorgada al personal de los tres institutos, a partir del dictado de la medida.

El Ministerio de Economía comunicó la decisión a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en línea con el procedimiento vigente.

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, entró en vigencia desde el 21 de agosto y establece que los anexos con el detalle del personal alcanzado pueden consultarse en la edición web del Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año el plazo para que organismos y empresas públicas concreten la finalización de contratos con compañías en las que el Estado posea participación accionaria o que hayan gozado de beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios. La decisión se formalizó a través del Decreto 591/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma extiende lo dispuesto en el Decreto 747/2024, que vencía el próximo 22 de agosto. Ese decreto había dejado sin efecto obligaciones previas que imponían a los organismos nacionales contratar únicamente con determinadas firmas estatales.

En este escenario, por ejemplo, se eliminó la exclusividad que tenía el Banco Nación para el pago de haberes de empleados públicos, vigente desde 2012. En abril pasado, el Gobierno adjudicó a once bancos privados y públicos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo, mediante la Decisión Administrativa 9/2025.

La nómina de entidades habilitadas incluye al Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, ICBC, Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle, entre otros. El Ejecutivo instruyó a estas instituciones a elaborar planes de trabajo que prioricen beneficios concretos para el personal estatal, en especial préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.

La normativa original - ahora extendida - también derogó el Decreto 1189/2012, que obligaba a comprar combustibles y lubricantes únicamente en YPF; el 1191/2012, que establecía contratar vuelos solo con Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar; y el Decreto 823/2021, que imponía la contratación de seguros exclusivamente con Nación Seguros. Este último derivó en un escándalo judicial que involucra al expresidente Alberto Fernández, acusado de haber intervenido en un esquema de corrupción junto al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria de confianza, María Cantero. La causa está en trámite en la Cámara Federal de Comodoro Py.

El Gobierno calificó de “nefastos” los decretos dejados sin efecto y aseguró que generaban una “transferencia de recursos del contribuyente a determinadas empresas”. En ese sentido, desde Casa Rosada agregaron: “Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un broker para realizar operaciones que ya eran obligatorias por ley”.

La base de la política actual se remonta al Decreto 70/2023, que estableció que las empresas con participación estatal no tendrían más privilegios ni prioridad en contrataciones, compras ni vínculos jurídicos con la administración pública. La extensión de los plazos hasta diciembre busca facilitar la transición hacia nuevas licitaciones nacionales y dar tiempo a cada jurisdicción a readecuar sus contratos. Según el Decreto 591/2025, las autoridades competentes podrán ampliar o prorrogar los convenios alcanzados por las normas derogadas hasta fin de año, en los casos que lo consideren conveniente.

El Gobierno nacional continúa impulsando su plan de reformas en organismos públicos, incluso después del reciente revés legislativo. Si bien la oposición logró rechazar en la Cámara de Diputados cinco decretos delegados, entre ellos el 462/25, que alteraba la estructura de organismos técnicos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI, el Ejecutivo sigue firme en su agenda de transformación estatal.

Este martes, a través de la publicación del Decreto 571/2025 en el Boletín Oficial, se confirmó la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, transfiriendo sus funciones directamente a la Presidencia del Instituto. La medida modifica la estructura organizativa de primer nivel operativo de uno de los organismos más relevantes en materia de investigación y desarrollo agropecuario en el país.

La decisión llega tan solo días después de la intensa sesión especial en Diputados donde, con la mayoría opositora, se votó en contra de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. A pesar de ello, desde el Gobierno ya habían anticipado que mantendrían el rumbo. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizas la delegación, es como una cosa medio ilógica”, manifestó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, al día siguiente de la votación.

Francos defendió los cambios y recordó que muchas de las reformas ya estaban en curso. Según explicó, “no cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, dijo, y agregó: “El INTA contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?”.

El Decreto 571/2025 se inscribe dentro de esa lógica. Establece que todas las funciones que la Resolución INTA N° 513/2019 atribuía a la Dirección Nacional, pasarán ahora a estar bajo la órbita del Presidente del Instituto. “Suprímese la Dirección Nacional de la estructura organizativa del primer nivel operativo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía”, señala el decreto.

Cabe recordar que esta reconfiguración se inició con el Decreto 462/2025, que modificó el estatus legal del INTA, pasando de ser un organismo descentralizado a uno desconcentrado, dependiente de manera directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La conducción ahora recae en un Presidente asistido por un Consejo Técnico, encargado de los lineamientos científicos y técnicos del Instituto.

El Ejecutivo argumentó que la estructura previa generaba superposición de funciones entre la Dirección Nacional y la Presidencia del INTA. En ese sentido, el nuevo decreto explica que “las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido”.

La medida fue evaluada por distintos organismos estatales, incluyendo la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como por la Oficina Nacional de Presupuesto, perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Asimismo, el servicio jurídico correspondiente intervino en el análisis y validación del acto administrativo.

Por último, el texto del decreto aclara que “hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de primer nivel operativo y aperturas de nivel inferior de la Dirección Nacional suprimida por el presente acto, las que mantendrán las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes a la fecha”. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El gobierno sufrió una fuerte derrota en la Cámara de Diputados donde una oposición unida logró sancionar aumentos para Universidades Nacionales, la declaración de emergencia del hospital Garrahan, y la derogación de decretos claves para el Gobierno vinculados con Vialidad, el INTI, el INTA, y los institutos culturales.

El oficialismo viene perdiendo la iniciativa desde principios de marzo cuando logró aprobar el acuerdo con el FMI, pero hoy tuvo su principal golpe ya que la oposición no solo logró dar media sanción a los proyectos de aumentos a las Universidades y para el Garrahan, sino que además anuló decretos sobre los cambios instrumentado en organismos claves del ministerio de Economía.

A lo largo de las doce horas de sesión fracasó en su intento de dejar la sesión sin quórum con lo cual no pudo evitar que se deroguen los decretos que utilizó en base a las facultades delegadas que consiguió en la ley Bases, donde disolvía Vialidad, y quería hacer una profunda transformación en el INTI e INTA, para que pierdan su autonomía.

Ahora la decisión de la Cámara de Diputados deberá ser confirmado por el Senado para que quede firme la derogación de los decretos delegados y el DNU sobre la Marina Mercante.

Rechazo a cinco DNU

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó un durísimo revés político al gobierno de Javier Milei, al unirse para rechazar cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que disponían la disolución y reorganización de diversos organismos del Estado.

Según supo Noticias Argentinas, la caída de los decretos, que ahora deberán ser tratados por el Senado, se produjo en el marco de la misma sesión maratónica en la que la oposición ya había impuesto su agenda al darle media sanción a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para el Hospital Garrahan.

Uno por uno: los cinco DNU que volteó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

-Organismos de Economía (DNU 462/25): Fue rechazado por 141 votos a 65. Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía.

-Organismos de Transporte (DNU 461/25): Cayó por 138 votos a 65. Proponía la disolución, transformación y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte.

-Organismos de Cultura (DNU 345/25): Fue rechazado por 134 votos a 68. La norma afectaba a distintos organismos de la Secretaría de Cultura.

-Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25): La Cámara lo rechazó por 133 votos a 69. El decreto disponía la "transformación" del BNDG, una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos.

-Marina Mercante (DNU 340/25): Fue rechazado por 118 votos a 77. Aprobaba el "Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional".

Empleados de Vialidad Nacional realizaron este lunes una jornada de lucha en todo el país. En Entre Ríos, la concentración tuvo lugar en la sede del organismo en Paraná, donde se denunció el intento de disolución total de la repartición mediante un decreto presidencial firmado el 8 de julio.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Empleados Viales de Entre Ríos, Raúl Meza, afirmó que el decreto implica “desarmar íntegramente el organismo” y convertirlo en un eventual “negocio inmobiliario”.

Desde la Federación del gremio presentaron una medida judicial de “no innovar”, que suspende por seis meses cualquier acto administrativo vinculado al cierre de Vialidad. “Sin esa medida, hoy estaríamos desocupando el edificio”, señaló Meza.

En la oportunidad, el dirigente sindical agregó que existen contactos con funcionarios provinciales, pero subrayó que “nadie puede desconocer una situación de esta magnitud”.

El sindicalista remarcó que Vialidad Nacional cuenta con más de 5.000 trabajadores en todo el país, de los cuales 160 están en Entre Ríos. “La disolución implica la pérdida directa de puestos de trabajo y el desmantelamiento de una estructura clave para la producción, el turismo y la salud”, advirtió.

Actualmente, Vialidad Nacional en Entre Ríos tiene a su cargo la conservación por administración de unos 2.100 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas tramos de la 12, 18, 127, 130 y 131. La jurisdicción abarca nueve corredores viales que constituyen la red troncal provincial.

Meza advirtió que la falta de mantenimiento vial puede derivar en siniestros fatales: “Cuando Vialidad no está o no tiene recursos, se termina pagando con vidas. No todo accidente se informa si no hay muertes, pero muchas personas quedan lesionadas o con secuelas graves”.

Finalmente, recordó que el desarrollo económico de la provincia ha estado históricamente ligado a la inversión estatal en rutas. “El cierre del organismo significaría abandonar a los argentinos, y principalmente, a los entrerrianos que transitan a diario”, concluyó. (Fuente: Elonce)

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, con el que el Gobierno había intentado regular el derecho de huelga en sectores clave como transporte, educación y salud. El fallo representa un nuevo golpe judicial para el presidente Javier Milei, que ya había recibido un revés en primera instancia a través de la jueza Moira Fullana.

La sentencia, firmada por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, convalidó los argumentos centrales del fallo original: el DNU fue dictado sin cumplir las condiciones excepcionales que exige la Constitución para este tipo de medidas. En particular, los magistrados subrayaron que el Congreso se encontraba en funciones al momento de su emisión y que no existía urgencia real que justificara evitar el trámite legislativo ordinario.

El fallo citó el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, que impide al Poder Ejecutivo legislar por decreto salvo que haya circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento normal del Congreso. A criterio de la Cámara, esto no ocurrió: el Parlamento estaba sesionando con normalidad y no se acreditaron motivos que impidieran el debate legislativo.

El DNU 340 había sido dictado el 21 de mayo con el objetivo de establecer servicios mínimos obligatorios en sectores considerados esenciales. La norma imponía la prestación mínima del 75% en salud y educación, y del 50% en el transporte durante medidas de fuerza sindicales. Para la Justicia, esa regulación excedió su alcance y utilizó un instrumento excepcional para modificar la Ley 25.877 de manera inconstitucional.

Además, el tribunal destacó que el decreto incorporaba como “actividades trascendentes” a sectores que no estaban incluidos en la legislación original, ampliando los límites de la ley sin fundamento ni urgencia. También alertó sobre un intento reiterado del Ejecutivo de avanzar por la vía del DNU: ya lo había intentado con el artículo 24 de esa ley mediante el DNU 70/2023, también declarado inconstitucional.

La Cámara fue tajante: no se puede alterar una ley vigente sin que exista una emergencia concreta, comprobable y vinculada directamente con la norma modificada. En ese sentido, recordó el precedente de la Corte Suprema en el fallo Consumidores Argentinos, que estableció límites estrictos al uso de decretos legislativos.

La resolución reafirma la división de poderes y coloca un freno a la avanzada presidencial por sobre el Congreso. La pulseada judicial por los DNU sigue abierta, pero esta nueva decisión deja al Gobierno con menos margen para seguir apelando a decretos sin consenso parlamentario.

Delegados de la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) expusieron que a días del decreto que dispuso la eliminación del organismo, la situación de los trabajadores, indistintamente de ser considerado como personal de planta o como contratado, es de incertidumbre.

En aquel sentido se sostuvo que “en general hoy nos encontramos en un limbo administrativo a la espera de lineamentos claros en lo referente a la situación de revista de los agentes de la institución, tanto sean personal de planta permanente como contratados por el artículo 9”. En esa línea se añadió que “a la fecha, nuestros convenios colectivos de trabajo se encuentran sin efecto y estamos solamente amparados por lo dictaminado en la Ley de Bases para empleados públicos”.

Acerca de cómo se va a continuar con la defensa del organismo y de las fuentes de trabajo, se sostuvo que “se está materializando con presentaciones legales en contra del Decreto 461/2025, además de diversas movilizaciones y exposiciones públicas de las tareas del organismo en el territorio nacional dando a conocer las diversas tareas y responsabilidades del organismo y las realidades de nuestros trabajadores”.

Respecto de si hubo contactos con legisladores provinciales o nacionales para abordar la situación, se indicó que sí los hubo. Además, se añadió que “en todas las dependencias del Estado Nacional se han realizado contactos con diferentes referentes políticos y legislativos convencidos que la disolución del organismo es un error catastrófico para las políticas de crecimiento nacional. En consecuencia, se han generado cerca de una decena de proyectos de ley en contra de la disolución de Vialidad Nacional”.

Finalmente se informó que la presentación llevó adjunta una copia de una nota del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina a los senadores y senadoras y diputados y diputadas, en que se solicitó que se le dé al tratamiento del Decreto dictado por Presidencia de la Nación, el status de Urgente Intervención Legislativa. (APFDigital)

El anuncio oficial del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), formalizado a través de un decreto, provocó un fuerte impacto a nivel nacional. En Entre Ríos, la medida alcanzaría directamente a 160 trabajadores, según confirmó el secretario gremial vial Sebastián Beber, quien expresó su preocupación por las consecuencias laborales y sociales que generaría esta decisión.

“Si bien era algo que veníamos masticando desde febrero, no deja de ser un shock. Primero se hablaba de una reestructuración, de una nueva organización. Y si bien se mencionaban despidos, ahora directamente hablan de disolución”, manifestó Beber.

El dirigente gremial explicó que la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con alrededor de 5.400 empleados en todo el país, responsables del mantenimiento de la red vial nacional. “No nos alcanza para mantener todos los kilómetros de rutas nacionales, y ahora quieren cerrar un organismo de 90 años y tildar de corruptos a trabajadores que nunca tuvieron nada que ver”, cuestionó.

Beber advirtió que la medida no solo representa un golpe directo a los empleados y sus familias, sino que también podría afectar seriamente la logística nacional. “Disolver una entidad que traza caminos, que permite que los productores retiren su cosecha o que se transporten alimentos en un país sin ferrocarril, es muy complicado. No afecta solo a las familias que se quedan en la calle, sino también al resto de los argentinos”, sostuvo.

En relación con la situación en la provincia, detalló: “Somos unos 160 trabajadores en Entre Ríos, encargados del mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia”.

Con incertidumbre y resignación, agregó: “No sabemos nada. Seguramente nos van a despedir a todos. Desde septiembre del año pasado no tenemos actualización de sueldo, así que probablemente nos paguen la indemnización acorde a los valores del año pasado”.

Desde el gremio informaron que este martes se realizará una conferencia de prensa en la sede central de Vialidad Nacional, en Buenos Aires, donde se darán a conocer las medidas que tomarán los trabajadores en todo el país. “Por supuesto que nosotros vamos a acompañar”, confirmó Beber.

Esta resolución del Gobierno nacional se enmarca en un proceso de reestructuración profunda del Estado, que ya implicó el cierre de múltiples organismos. La disolución de Vialidad generó un rechazo amplio, tanto por su impacto en el empleo como por sus efectos logísticos y productivos en las provincias. (Con información de Elonce)

Este lunes, el Gobierno nacional oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que reemplazará al ENARGAS y al ENRE, los organismos encargados hasta ahora del control de los servicios públicos energéticos. La medida fue formalizada mediante el Decreto 452/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

La nueva estructura funcionará dentro de la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, y deberá comenzar a operar en un plazo máximo de 180 días. En ese período se completará el proceso de traspaso de funciones, personal y patrimonio desde los entes actuales al nuevo organismo.

La decisión implica una profunda reestructuración de los entes reguladores actuales, que impacta en sus trabajadores, en las empresas prestatarias y en los usuarios de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad bajo jurisdicción federal.

El decreto establece que el nuevo ente gozará de autarquía, independencia funcional y presupuestaria, y plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Tendrá sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el proceso de transición, seguirán funcionando las estructuras vigentes del ENARGAS y del ENRE, y el personal mantendrá sus condiciones laborales hasta la reubicación definitiva.

El directorio del nuevo organismo estará integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, seleccionados entre profesionales con antecedentes técnicos y experiencia en el sector energético. Sus mandatos durarán cinco años, renovables de forma indefinida, y se renovarán de manera escalonada para garantizar la continuidad institucional.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la selección de los candidatos y deberá elevar una propuesta al Ejecutivo dentro de los primeros 15 días. Antes de cada designación o remoción, el Gobierno deberá informar a una comisión del Congreso que tendrá 30 días para emitir una opinión, aunque sin carácter vinculante.

El nuevo ente tendrá funciones de fiscalización y aplicación de normas, asesoramiento al Poder Ejecutivo, formulación del presupuesto anual, confección de memoria y balance, contratación de personal y aplicación de sanciones.

Su financiamiento provendrá de:

-La tasa de inspección y control (Ley 24.076 y 24.065)

-Transferencias, subsidios y donaciones

-Ingresos por venta de obleas para Gas Natural Vehicular

-Intereses y beneficios de fondos propios

El presupuesto anual deberá publicarse en su sitio web antes de ser elevado al Ejecutivo, permitiendo observaciones por parte de los actores del sector.

En cuanto al régimen laboral, los trabajadores quedarán excluidos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo. El control externo del ente quedará en manos del sistema de contralor público.

La creación del ente unificado responde al artículo 161 de la Ley 27.742, que habilita al Poder Ejecutivo a avanzar en esta reorganización, y se enmarca en los objetivos del Gobierno de simplificación administrativa, eficiencia en el gasto público y alineamiento con los estándares regulatorios de la OCDE, tal como establece el Decreto 70/2023. (Fuente: Boletín Oficial e Infoabe)