El Palacio de Hacienda interrumpió su tendencia favorable y cerró el primer semestre del año con un traspié en sus cuentas públicas. Tras conocerse el resultado deficitario de junio, quedó confirmado que no se logró alcanzar la meta fiscal que se había pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el período enero-junio, la cual estaba fijada en un superávit de 6,9 billones de pesos.

Con el último balance del Sector Público Nacional (SPN), el Estado registró un déficit mensual de 1.024.891 millones de pesos. El bache financiero se originó principalmente por menores ingresos tributarios, la postergación en el cobro del Impuesto a las Ganancias y el impacto estacional del pago del medio aguinaldo a los empleados estatales.

De esta manera, el acumulado de recaudación en lo que va del año se situó en 6,3 billones de pesos, arrojando un incumplimiento aproximado de 570.000 millones de pesos respecto a lo comprometido con el organismo multilateral.

Desde el sector privado, diversos analistas señalaron que la caída de los ingresos reales interanuales superó el 10% en junio, exponiendo una dificultad creciente para sostener el equilibrio solo mediante el recorte de partidas. Las proyecciones de las consultoras sugieren que el margen de maniobra para la segunda mitad del año es menor y que la sostenibilidad de las cuentas públicas dependerá de forma directa de una pronta recuperación de la actividad económica que dinamice la recaudación impositiva general.

En julio de 2025, el déficit financiero del Estado ascendió a $168.515 millones, un aumento del 41% en términos reales respecto al mismo mes de 2024, a pesar de que el superávit primario fue de $1,7 billones. La brecha se explica principalmente por los pagos de intereses de la deuda, que no se incluyen en el cálculo primario y representan la denominada “emisión silenciosa”.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, señaló que los pagos extraordinarios se debieron a los vencimientos semestrales de los títulos Bonares y Globales, además del medio aguinaldo del personal público. Estos intereses netos sumaron $1,9 billones, más del doble del promedio mensual de febrero a junio.

El aumento del déficit se produce en un contexto de fuerte crecimiento de los ingresos públicos: retenciones (+106%), derechos de importación (+80%), aportes y contribuciones a la seguridad social (+54%) y bienes personales (+36%). El gasto primario creció 35%, menos que los ingresos, pero las prestaciones sociales subieron 44% por la fórmula de movilidad y las remuneraciones del sector público aumentaron 23%.

La base monetaria creció 97% en un año y la deuda flotante saltó a $3,8 billones en junio, más del triple que en mayo, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y plantea interrogantes sobre la “emisión cero” prometida por el gobierno de Milei.

El impacto del déficit financiero se suma a la tensión por la deuda, afectando la percepción de estabilidad económica y la capacidad de financiamiento del Estado. Analistas advierten que, aunque el superávit primario es un logro del gobierno, la carga de intereses puede condicionar futuras políticas fiscales y monetarias.