La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), ante la persistente quema de pastizales en la zona de islas frente a Rosario y Victoria.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Piecas-DP —acuerdo interjurisdiccional vigente desde 2008— es el ámbito adecuado para coordinar políticas de prevención y control del fuego entre Nación y provincias. Entre enero y septiembre de 2020 se quemaron 328.995 hectáreas, equivalentes al 14 % del territorio comprendido por el plan.

La demanda fue impulsada por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que reclamó medidas urgentes para frenar los incendios y erradicar la quema indiscriminada. La organización advirtió que el humo y el hollín afectaron gravemente la salud y el ambiente de Rosario, y recordó que la mayoría de las islas involucradas pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos, particularmente a Victoria.

En agosto de 2020, la Corte ya había intervenido: declaró su competencia originaria, citó a Buenos Aires como tercero y ordenó conformar un Comité de Emergencia Ambiental (CEA) dentro del Piecas-DP para adoptar medidas inmediatas de prevención y control.

Durante el proceso, las jurisdicciones presentaron sus defensas. Nación sostuvo que la responsabilidad primaria sobre los recursos naturales recae en las provincias. Entre Ríos afirmó que la cuestión se había tornado abstracta por la ausencia de focos activos y atribuyó lo ocurrido a un “estrés hídrico regional”. Santa Fe remarcó que, aunque los incendios ocurren fuera de su territorio, sus efectos la afectan directamente. Buenos Aires negó haber actuado de manera arbitraria y destacó la elaboración de un plan técnico de prevención. Rosario cuestionó su inclusión en la demanda y Victoria reconoció que las islas están bajo su jurisdicción, pero señaló que carece de facultades para intervenir en la extinción.

Finalmente, el máximo tribunal resolvió condenar a todas las jurisdicciones involucradas a ejecutar plenamente el Piecas-DP, incluyendo la instalación de sistemas de alerta temprana, la red de Faros de Conservación, un plan sistemático de control y un plan de manejo del fuego para el Delta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a ejecutar de manera efectiva el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP), tras verificar la continuidad de quemas de pastizales y la falta de avances en las políticas preventivas acordadas.

El fallo —firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— señala que los incendios se originan mayormente en jurisdicción de Victoria y que las acciones implementadas hasta ahora resultan insuficientes frente al daño ambiental y sanitario denunciado. La causa se inició en 2020, cuando la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente reclamó medidas urgentes debido al humo y el hollín que afectaban a Rosario durante los picos de incendios.

El Tribunal reiteró que el PIECAS-DP es el ámbito institucional adecuado para coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios, y remarcó que el monitoreo de su cumplimiento corresponde a las autoridades políticas, no al Poder Judicial. No obstante, ordenó a los demandados instalar sistemas de alerta temprana, avanzar con la red de Faros de Conservación y aplicar planes de control y manejo del fuego en el Delta, con costas a su cargo.

La sentencia vuelve a poner en el centro de la agenda la necesidad de una intervención articulada y sostenida frente a un problema ambiental que se repite año tras año y que sigue afectando a las comunidades del litoral.

El miércoles por la mañana se volvieron a divisar columnas de humo por incendios en las islas entrerrianas del Delta, frente a Rosario. El reclamo por parte de los ciudadanos santafesinos a través de las redes sociales no se hizo esperar.

La densa cortina obedece a focos activos de incendio que se registraron en el Delta del Paraná, en las islas ubicadas frente a Victoria. Según confirmó Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, este miércoles el principal foco se registró en las islas de Entre Ríos, a unos 9,5 kilómetros de la costa rosarina, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. "Ya ayer había un foco en el mismo lugar, pero recién se sintió hoy porque cambió el viento", explicó el funcionario a La Capital. El humo llegó desde la costa de Villa Gobernador Gálvez y se extendió hasta San Lorenzo.

Al respecto, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Óscar Díaz Bertozzi, explicó que los focos se detectaron en sectores de difícil acceso. “Se trató de algunos focos nuevos, no de mucha relevancia, a la altura de Ramallo y otro próximo a Rosario, en territorio inaccesible”, indicó.

Según el funcionario, las condiciones del viento fueron determinantes para que el humo llegara hasta el Gran Rosario. “Al estar rotando el viento del sector sur al este, el humo se desplaza hacia la ciudad de Rosario. Es una zona anegadiza, muy complicada para acceder para personal de Prefectura que monitorea la situación”, agregó.

“El viento se va a sostener hasta el viernes y rotará al noreste. Si se observa la imagen satelital, los focos están rodeados por masas de agua, lo cual no ayuda a evitar la formación de columnas de humo; ahí está el agravante”, explicó Díaz Bertozzi.

Sobre el origen del fuego, Díaz Bertozzi señaló que la bajante del río favorece la aparición de focos de incendio, aunque aclaró que no tienen la magnitud de años anteriores. “Estos son focos pequeños en algunos casos moderados, pero nada que ver con lo ocurrido en años anteriores en el Delta”, afirmó.

Los incendios están siendo monitoreados por brigadistas del sistema provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Bomberos Forestales de Policía de Entre Ríos. Además, hay coordinación con Defensa Civil de Santa Fe y patrullajes constantes en la zona ribereña.

En caso de que los incendios se intensifiquen, está previsto el uso de medios aéreos a través del Sistema Nacional de Emergencias. “Contamos con los medios aéreos para el caso de ser necesario, según la magnitud del evento”, confirmó Díaz Bertozzi.

El funcionario pidió tranquilidad y destacó que por el momento no se registraron daños a la fauna ni afectación a poblaciones cercanas. “Es una zona alejada, no hay poblaciones en riesgo. Por ahora, el humo es lo que más afecta a Rosario”, puntualizó. (Con información de Elonce y APF)

El Tribunal Oral Federal de Paraná que integra la jueza Noemí Berros emitió una sentencia histórica al encontrar responsables de “incendio o estragos” a los tres acusados de causar la quema dolosa de 6.000 hectáreas de humedales en un sector de Islas de las Lechiguanas en el Delta entrerriano.

A Oscar Alberto y Jesús Alberto Magallanes se les impuso penas de prisión por el término de 3 años y seis meses, en tanto a Miguel Ramón Morales, de 3 años y dos meses. El fiscal General Federal José Ignacio Candioti fundó su alegato en pruebas documentales y testimoniales que dieron cuenta del grave daño a la salud y el ecosistema del hecho.

Valoró que este tipo condenas puede sentar precedentes para la prevención de estos delitos y consecuentemente genere efectos disuasorios.

Los hechos y la condena

Este 28 de julio se conoció la decisión del Tribunal Oral Federal de Paraná por la cual se resolvió la prisión efectiva de tres puesteros oriundos de San Pedro, provincia de Buenos Aires, con colmenas instaladas en Islas de las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, frente a la localidad bonaerense.

En ese sector de humedales del Delta, el 23 de agosto de 2023, estos individuos iniciaron un incendio que, por acción de viento, arrasó unas 6 mil hectáreas, arrasando con todo a su paso y llegando las cenizas hasta Rosario y Buenos Aires, por lo cual fueron acusados de estrago doloso.

Los involucrados recibieron penas de cumplimiento efectivo, de más de 3 años. Se trata de las primeras de este tipo en Entre Ríos dentro del a Justicia Federal que podrán quedar firme luego de los diez días posteriores a que se den a conocer los fundamentos el próximo 5 de agosto y si no se abre un recurso de casación.

Hasta ahora, el único antecedente similar obrante se remonta a diciembre de 2020, cuando se condenó por contaminación ambiental al dueño de fábrica de harinas y jabones de origen animal ubicada en sobre la Ruta 11, a poca distancia del ingreso de Aldea Brasilera, en el departamento Diamante. Aquella sentencia, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2022, fue de 3 años de prisión de cumplimiento condicional, una multa de 50 mil pesos y tareas comunitarias.

Caso de “elevada magnitud”

En este proceso por el incendio en el Delta, el Tribunal a cargo de Noemí Berros ya había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa de los tres albañiles apicultores.

Entonces, el fiscal general Candioti apuntó que se trataba de un caso de “elevada magnitud del injusto” debido al grave daño ecológico producido, con cenizas que llegaron hasta la atmósfera de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, afectando la salud de la población.

Asimismo, expresó “que los incendios producidos en la zona del Delta del Paraná constituyeron –debido al grave daño que causaron– un caso de elevada magnitud del injusto perpetrado”, lo cual demandaba un juicio oral y público.

Los daños causados

Durante el debate, presentaron informes técnicos e investigaciones que dieron cuenta del daño a la flora, la fauna, el suelo y la salud de las personas. De los 15 citados a brindar testimonio, fueron sólidos y detallados los que brindaron el abogado especialista y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, así como el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, Damián Verzeñassi.

En el alegato de Candioti se sostuvo en merituada pruebas testimonial y documental, así como apuntó su expectativa de una pena que permitiera que este tipo de delitos no quede impune.

En declaraciones al portal ERA Verde, el fiscal explicó que sus fundamentos a los pedidos de sanción además apuntaron, tal como prevé el derecho penal, a que se establezcan parámetros de prevención, que se advierta sobre estas conductas delictuales y valgan como efecto disuasorio para evitar incendios de esta magnitud.

Se aguarda ahora que la condena quede firme, tras lo cual los tres acusados deberán cumplir prisión efectiva dado que no se encuentran motivos para un confinamiento domiciliario.

Los acusados son Jesús Alberto Magallanes, Oscar Alberto Magallanes y Miguel Ramón Morales, juzgados en la ciudad de Victoria por un foco ígneo ocurrido en agosto de 2022 en la zona del arroyo El Tigre, Islas Lechiguanas.

La causa judicial se originó tras un incendio que afectó más de seis mil hectáreas de humedales. Según la fiscalía, los acusados actuaron con dolo al realizar una quema con el supuesto fin de proteger colmenas, pero que se habría desarrollado de manera ilegal, sin autorización y contraviniendo normativas provinciales y nacionales. Candioti afirmó que se trató de un accionar “arriesgado e imprudente”, con conocimiento de las posibles consecuencias, lo cual fue respaldado por 14 informes técnicos, así como por mensajes de texto presentados como prueba.

El juicio es presidido por la jueza federal Noemí Berros, integrante del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, quien dará a conocer la sentencia el próximo 25 de julio. Por su parte, la defensa de los imputados solicitó la absolución o, en su defecto, la aplicación de una figura culposa. El fiscal anticipó que presentará un recurso de Casación si no se logra una condena.

Los tres apicultores enfrentan cargos por “estrago doloso”, contemplado en el artículo 186 del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión. Este es el segundo juicio relevante por incendios en el Delta. El primero, en noviembre de 2023, concluyó con dos condenas y una absolución. La causa actual vuelve a poner en foco la crítica situación del ecosistema del Delta, que sufre una alarmante degradación.

El fiscal federal Candioti argumentó a un medio provincial que la acción de los imputados de realizar un contrafuego fue ilegal y arriesgada, contraviniendo normativas provinciales y nacionales. Además, remarcó que basó sus alegatos en 14 informes técnicos realizados por expertos. Y enfatizó que existía conocimiento de las posibles consecuencias por parte de los acusados, como lo demuestran mensajes de texto, y que los daños al ecosistema y la salud pública fueron extensos y probados por informes técnicos.

El incendio tuvo consecuencias ambientales y sanitarias significativas. La nube de humo generada atravesó el río Paraná y afectó al sur de Santa Fe, incluyendo a Rosario, donde se registraron días con baja visibilidad, molestias respiratorias y protestas ciudadanas en reclamo de acciones para frenar las quemas.