La Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) invita a la comunidad a participar de la proyección del documental “Huellas de la última dictadura. Aprendizajes desde la democracia”, una producción audiovisual realizada por Canal UNER.

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 27 de octubre, a las 19, en la sede de la Facultad de Bromatología, ubicada en Presidente Perón 1154, en Gualeguaychú.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y propone recuperar la memoria histórica, promover el diálogo y reflexionar sobre la importancia de la democracia y los derechos humanos.

“A 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, queremos compartir un espacio de encuentro y reflexión colectiva sobre nuestra historia, la memoria, los derechos humanos y la democracia”, expresaron desde la Universidad.

El senador Flávio Bolsonaro dio la sorpresa en las elecciones de Brasil y se impuso este domingo sobre el presidente Lula da Silva. Sin embargo, el candidato del Partido Liberal no llegó al 50% de los votos válidos necesarios para evitar el balotaje, por lo que volverá a enfrentar al líder del Partido de los Trabajadores el próximo 25 de octubre.

Con el 98,36% del censo escrutado, Bolsonaro obtenía el 47,31% de los votos, mientras que Lula alcanzaba el 44,83%, según los datos del Tribunal Superior Electoral. La definición quedó abierta después de una campaña marcada por una disputa ajustada, que ya había tenido a ambos candidatos como protagonistas en el cierre de campaña en San Pablo.

Bolsonaro no evitó el balotaje

Bolsonaro estuvo cerca de resolver la elección en primera vuelta, aunque perdió impulso cuando comenzaron a computarse los votos del noreste, principal bastión político de la izquierda brasileña. Detrás de los dos candidatos más votados quedaron otros diez aspirantes, ya fuera de la contienda presidencial.

Entre ellos figuraron el psiquiatra y escritor Augusto Cury, con el 2,90%; el dirigente Renan Santos, con el 2,26%; el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20%; y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, con el 0,28%.

El senador, de 45 años, sumó más de 55,5 millones de votos, alrededor de tres millones más que Lula y unos dos millones por encima de los obtenidos por su padre, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022. El resultado de Lula quedó por debajo del 48,4% alcanzado en aquella elección.

Segunda vuelta: el 25 de octubre

Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, buscará capitalizar el avance de la derecha en la región. Lula, en tanto, intentará sostener sus posibilidades de alcanzar un cuarto mandato no consecutivo a los 80 años.

La elección de este domingo llegó después de una serie de triunfos de fuerzas de derecha y centroderecha en América Latina. Ese escenario regional aparece como uno de los elementos políticos de fondo de una segunda vuelta que promete concentrar la atención de todo el continente.

Durante la jornada, Brasil había cerrado una votación clave con más de 158 millones de personas habilitadas para participar. En la previa del conteo definitivo, el país aguardaba los primeros resultados oficiales en medio de una alta expectativa política, como se reflejó en el cierre de la jornada electoral en Brasil.

Mediante el Decreto N° 1.935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de "resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad" y "por todas las vías correspondientes".

En el escrito, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en "una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional". No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta "de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia".

"Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", advirtió el mandatario provincial en sus redes.

Como conclusión general, Passalacqua sostuvo que la necesidad de cuidar la tierra misionera es "un deber irrenunciable" con la gente y la soberanía de Misiones.

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

En una aclaración dirigida a la opinión pública, la Corte manifestó que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” del máximo tribunal y no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.

Además, señaló que el fallo tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras solicite una medida cautelar, cuya procedencia deberá ser resuelta por el juez competente.

“Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, sostuvo la Corte.

Fuente: Noticias Argentinas.

El sábado pasado, Milei hizo una aparición exprés en el lanzamiento de campaña de Bolsonaro. Lejos de dar la imagen institucional que comprende su investidura como máximo representante de un país, el presidente argentino no solo participó en un acto electoral en un país vecino, sino que, además, agravió al jefe de Estado local. "Corrupto", fue uno de los agravios a Lula, mientras que también tildó de "basura calva" al juez Alexandre de Moraes, que condenó a Jair Bolsonaro.

Días después de los sucesos —que generaron tensiones diplomáticas entre ambos países, con el gobierno de Lula convocando al embajador argentino para que diera explicaciones—, el Frente Amplio emitió un comunicado en respaldo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), y expresó "su solidaridad" tanto con el mandatario como con "los pueblos de Brasil y Argentina".

El Frente Amplio expresa su solidaridad con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con los pueblos de Brasil y Argentina, y reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

En el comunicado, la fuerza política del actual gobierno uruguayo sostuvo que "es inaceptable que un jefe de Estado tenga este tipo de actitudes de intromisión en asuntos internos de otro Estado con descalificaciones e insultos a las instituciones y a un presidente electo democráticamente".

En ese sentido, insistieron en que las expresiones de Milei son "incompatibles" con los principios que deben darse y respetarse entre "Estados hermanos y socios en el Mercosur", ya que "revisten una agresión al gobierno democrático de un país". Además, apuntaron a los efectos negativos que estas situaciones tienen en las relaciones bilaterales.

Ante estas circunstancias, el Frente Amplio incluyó en el texto "un llamado a defender la democracia frente a los embates de proyectos políticos que buscar dividir a las sociedades, debilitar las instituciones y atacar la convivencia pacífica”.

(APFDigital)

En enero de 2024, mientras el Congreso debatía la llamada Ley Ómnibus, Javier Milei lanzó una amenaza que ocupó los titulares: si los legisladores bloqueaban sus reformas, apelaría a una consulta popular. Nunca ocurrió.

No era la primera vez. Carlos Menem también amagó con consultar a la ciudadanía. Esta votación tampoco pasó, pero el decreto de convocatoria incentivó la negociación que derivó en el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución de 1994. El acuerdo impulsado por el ex presidente Raúl Alfonsin buscó evitar el divorcio entre el apoyo a un líder popular y una legalidad que impedía la reelección que buscaba Menem.

Diez años antes se había producido la única consulta de la historia democrática del país, cuando Alfonsín convocó el plebiscito por el Tratado del Beagle (el conflicto de límites que estuvo al borde de conducirnos a la guerra con Chile). Mucho más atrás en el tiempo, el primer gran plebiscito de la argentina acompañó la concentración de poder de Juan Manuel de Rosas en 1835, dejando una huella profunda en los arquitectos de la futura república, Juan Baustista Alberdi y Domingo Sarmiento. Esta es casi toda la historia nacional de los plebiscitos y referendos.

Las provincias tienen mucho más para contar: Corrientes (1913) y Mendoza (1916) fueron las primeras en incorporar mecanismos de democracia directa, seguidas por Córdoba (1923), Santa Fe (1921, pero entró en vigor en 1932), Entre Ríos (1933) y la provincia de Buenos Aires (1934). Más tarde, después del golpe de 1955, una nueva ola de elaboraciones constitucionales los introdujo en los territorios nacionales provincializados. La tercera ola se inició con la última transición a la democracia.

En nuestra provincia, Entre Ríos, el proceso constituyente que incorporó estos mecanismos fue impulsado por el gobierno del radical Luis Lorenzo Etchevehere (1932-1935) en un contexto de fuerte conflicto con la Iglesia católica. No es un detalle menor que en 1915 se judicializó un conflicto porque la Iglesia se resistía a entregar al gobierno copias de los libros de bautismo y defunción para depurar los padrones electorales. La nueva constitución buscaba la modernización institucional e introdujo herramientas inéditas para la época, como la iniciativa, el referéndum y la revocatoria de mandato. Para algunos constituyentes aquello era "demasiado futurista". Visto desde la actualidad, la observación resulta llamativa: muchas de esas herramientas permanecieron sin uso.

Para 2026, 18 provincias regulan el referéndum obligatorio; 22 las consultas populares y 15 la revocatoria de mandato. Pero entonces, si existen, ¿por qué apenas los vemos funcionar? La cuestión debe ser matizada. Se han registrado al menos 24 intentos de activación desde 1987 (a los que se suman decenas de votaciones locales, con decenas de prácticas de la revocatoria en Córdoba).

Mirar la historia argentina desde esta perspectiva permite descubrir episodios poco conocidos. Fueron provincias gobernadas por sectores conservadores las primeras en incorporar mecanismos de democracia directa. No fue el peronismo sino los gobiernos de intervención posgolpe del 55 los que los incorporaron en Chaco, Neuquén y Misiones. Santa Cruz habilitó la reelección indefinida de Néstor Kirchner mediante una consulta convocada sin base legal expresa un año antes de que Hugo Chávez reformara la constitución venezolana por esta vía. Hubo consultas ambientales impulsadas por vecinos en distintos puntos del país, en general con escaso éxito. La mayoría de las iniciativas ciudadanas terminan archivadas sin siquiera ser discutidas.

En las prácticas recientes, lejos del ideal participativo, los protagonistas fueron los gobernadores que buscaban la reelección (pero no todos tuvieron éxito), mientras que las iniciativas ciudadanas se convierten en el ejemplo más flagrante de su fracaso.

El problema más que jurídico es político. Durante décadas convivieron en Argentina dos formas distintas de limitar la participación ciudadana. Una, heredera del republicanismo conservador, desconfía de la intervención popular y prefiere dejar las grandes decisiones en manos de las élites. La otra habla en nombre del pueblo, pero reserva la capacidad de decidir a líderes fuertes o estructuras partidarias jerárquicas y rígidas.

“De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina”, un libro escrito junto con María Laura Eberhardt (Editorial Prometeo, 2026) reconstruye, por primera vez de manera sistemática, más de un siglo de debates y experiencias con la democracia directa. La obra revela las formas en que se disputa y redefine el poder político en la Argentina. No idealiza estos instrumentos. La experiencia internacional muestra que pueden fortalecer la democracia, pero también ser utilizados por líderes autoritarios o populistas para concentrar poder. Los ejemplos abundan, desde Napoleón hasta Hugo Chávez.

Detrás de esos casos aparece un patrón más amplio. La democracia directa funciona como un espejo de la representación política. Allí donde existen instituciones sólidas y reglas claras, puede ampliar la capacidad de decisión ciudadana, como ocurre en Suiza o en nuestro vecino Uruguay. Allí donde predominan el personalismo y la concentración del poder, suele transformarse en un instrumento más de la disputa entre dirigentes o en papel mojado.

Hoy Argentina atraviesa una nueva etapa de incertidumbre política. Cada vez que la representación entra en crisis reaparece la idea de consultar directamente a la ciudadanía. Ocurrió con Menem, con Milei y probablemente volverá a ocurrir. La pregunta no es si habrá nuevos referéndums o consultas populares. La pregunta es quién decide, cómo decide y cuánto puede intervenir la ciudadanía en la toma de decisiones.

“De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina” se presentará en la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú el 25 de julio, a las 15.30 horas.

Yanina Welp

Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

Por Sara Kesselman*

El calendario nos vuelve a situar frente a una fecha que se siente como una herida abierta en el cuerpo y en el alma de nuestra nación: el 18 de julio. Han transcurrido ya 32 años desde aquel fatídico lunes de 1994 en el que la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires fue destruida por un brutal ataque de un coche bomba. Tres décadas y dos años de un silencio judicial ensordecedor, de preguntas sin respuestas definitivas y de una impunidad que, lejos de diluirse con el tiempo, se consolida como una de las deudas más dolorosas y flagrantes de la democracia.

Desde la Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú, participamos una vez más con el más hondo pesar de este doloroso aniversario. Pero este pesar no es un ejercicio de melancolía pasiva; es un grito activo, una demanda innegociable de justicia que se renueva con cada amanecer del mes de julio.

A menudo se tiende a centralizar las tragedias nacionales, como si el horror vivido en la calle Pasteur de la Capital Federal no nos incumbiera de manera directa a quienes habitamos el interior de la patria. Nada más alejado de la realidad. El terrorismo no atacó únicamente a un edificio o a una comunidad específica: atacó la soberanía, la paz y la convivencia de toda la ciudadanía argentina.

Por eso, como vecina y como parte activa de nuestra comunidad, convoco de corazón a todos mis copoblanos a reflexionar, a detener la marcha cotidiana y a recordar junto a nosotros.

Quienes formamos parte de la comunidad judía local nos sentimos víctimas directas de esta barbarie y nos reconocemos en la obligación ineludible de custodiar la memoria colectiva. Pero esta no es una tarea solitaria. La memoria es un ejercicio comunitario, un lazo social que nos une a todos los ciudadanos que aspiramos a vivir en un país donde la vida sea sagrada y el crimen no quede impune.

¿Cómo se construye el futuro de una nación cuando sus cimientos toleran más de tres décadas de injusticia? Una democracia real, fuerte y saludable no se mide únicamente por la periodicidad de sus elecciones o el correcto funcionamiento de sus mercados. Se mide, fundamentalmente, por la solidez de sus instituciones y su capacidad para garantizar la verdad.

La impunidad persistente en el caso AMIA es un mensaje peligroso: es la dolorosa admisión de que el Estado ha fallado en su deber más básico de proteger a sus ciudadanos y de castigar a los culpables. Para edificar una República verdaderamente robusta, debemos entender que las instituciones no pueden permitirse el lujo del olvido. Cuando una sociedad olvida, o cuando decide mirar hacia otro lado para evitar la incomodidad del reclamo, se debilita colectivamente y queda expuesta a que la historia más oscura vuelva a repetirse.

Como bien ha manifestado recientemente Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA: “La memoria necesita instituciones y personas dispuestas a sostenerla en el tiempo. Cada aniversario del atentado nos vuelve a poner frente al paso de los días, la impunidad que persiste, la ausencia que no se llena. 85 víctimas fatales y 300 heridos son la marca de ese 18 de julio de 1994 y también la razón por la que seguimos año tras año exigiendo justicia”.

Estas palabras resuenan con fuerza en cada rincón del país y cobran especial relevancia en comunidades como la nuestra. Sostener la memoria en el tiempo requiere un esfuerzo deliberado. Implica:

A 32 años del brutal atentado a la AMIA, desde Gualeguaychú alzamos nuestra voz. Por las ochenta y cinco vidas truncadas, por los cientos de heridos cuyas secuelas físicas y emocionales perduran, por nuestro derecho a vivir en paz y por la salud de nuestra democracia: hoy más que nunca, prohibido olvidar y no dejar de perseguir justicia.

*Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú

Comunicado completo de la UCR Activa: "El radicalismo no puede ser socio y encubridor de la corrupcion”. La UCR debe recuperar su identidad.

La historia es implacable con quienes traicionan sus ideales en el altar de la conveniencia o de inconfesables intereses personales.

Miles de mujeres y hombres que profesaron y profesan el ideario de nuestro centenario partido, han dado todo por un país que construya instituciones republicanas fuertes y estables y, con ellas, edificar una democracia virtuosa donde los mejores ciudadanos y ciudadanas administren la Nación.

Estamos asistiendo, con estupor y vergüenza, a la declinación y práctica de aquellos principios que nos dieron y dan sentido a nuestra lucha y actividad política.

Acuerdo tras acuerdo de mera conveniencia electoral, fueron llevando al poder a una dirigencia genuflexa que cambió conductas por migajas de poder.

El límite de la tolerancia se ha sobrepasado. Es más, se ha puesto al servicio de la impunidad y de la corrupción del gobierno nacional.

El caso Adorni es la punta de un iceberg que también roza a Entre Ríos.

Hace menos de un año que advertimos, ante la pasividad de la mayoría radical, que aliarnos con los libertarios era un grave error.

Los resultados están a la vista, el radicalismo acompaña el escudo protector para funcionarios delincuentes. El único diputado entrerriano es un libertario más, sin poder ejercer sin condiciones su libertad de opinión, obediencia ciega a cambio de qué intereses? Sumado a ello, sin Senadores nacionales, producto del acuerdo más ignominioso firmado por las autoridades del partido.

Desde UCR Activa advertimos este negocio para pocos y que vacía al radicalismo de representación.

No se puede usar ningún sinónimo: aquí hay traición, hay responsables con nombre y apellido. Es urgente e imperioso que, a nivel provincial, se reúna el Congreso partidario, no para acortar los mandatos o cambiar los mascarones de proa. Y, a nivel nacional, la Convención, para debatir el rol institucional e ideológico que dé sustento y vigor a la Unión Cívica Radical y colocarla del lado de los sectores populares, lugar que nunca debió abandonar.

Esta espurea alianza de la que formamos parte ha demostrado ser el error estratégico más grande de nuestra centenaria historia.

La importancia de nuestro partido para la democracia argentina es invalorable e innegociable a cambio de ser parte de un gobierno corrupto y antipopular.

APFDigital

Villarruel reavivó la fractura que mantiene con el Poder Ejecutivo y volvió a distanciarse del Gobierno. Desde Rosario, la funcionaria manifestó su rechazo por no haber recibido la invitación formal y señaló que "no está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada".

"Estamos en democracia, esto representa la bandera para todos los argentinos. Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación y que haya esta segregación", dijo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, la titular del Senado se diferenció de la trama política y mostró su compromiso con la fecha patria: "No quiero hacer de esto un acto político y no quiero tener alguna otra declaración que no sea la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Manuel Belgrano".

Consultada sobre la presencia de Adorni en el acto, la cual se tradujo como un nuevo apoyo de Milei a su funcionario —investigado por presuntas irregularidades en su patrimonio—, Villarruel remarcó la importancia de la festividad y cargó contra el jefe de ministros.

"Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni", precisó.

Por último, finalizó: "Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más".

Este domingo 7 de junio de 2026, Perú celebró la Segunda Elección Presidencial 2026, en un balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Quien resulte electo gobernará el país entre 2026 y 2031 y se convertirá en el décimo presidente de Perú en una década, periodo en el que hubo ocho mandatarios por una sucesión de destituciones, renuncias y golpes, marcando un escenario de inestabilidad constante en el sistema político.

El flash electoral de Ipsos 2026 mostró solo décimas de diferencia en los resultados a boca de urna, lo que supone un empate estadístico, según Alfredo Torres, presidente de Ipsos: Keiko Fujimori obtuvo 50,7% y Roberto Sánchez 49,3%. Por su parte, el flash electoral de Datum indicó que Fujimori alcanzó 50,53% y Sánchez 49,47%. Estos resultados, difundidos a las 17:00 al cierre de mesas, reflejan una diferencia muy corta, por lo que se habla de un empate técnico.

La encuesta a boca de urna para la segunda vuelta presidencial en Perú, realizada por Ipsos Perú para Perú 21 y Latina, muestra un empate técnico a nivel nacional entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El sondeo se aplicó a 18,000 personas a la salida de los centros de votación el 7 de junio de 2026.

La disputa enfrentó a dos proyectos políticos completamente distintos. Por un lado, Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, llegó al balotaje con una propuesta centrada en la seguridad, el fortalecimiento del modelo económico de libre mercado y la continuidad de las políticas económicas vigentes. Se trata además de su cuarto intento por alcanzar la presidencia peruana.

Del otro lado apareció Roberto Sánchez, exministro y dirigente de izquierda vinculado al espacio político del expresidente Pedro Castillo. Durante la campaña propuso reformas estructurales, una nueva Constitución y una mayor participación del Estado en la economía, obteniendo un importante respaldo en regiones rurales y sectores populares.

Sigue EN VIVO la cobertura especial de la Segunda Vuelta Presidencial 2026

Este domingo 7 de junio, el Perú celebra la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Quien resulte electo gobernará el país entre 2026 y 2031, convirtiéndose en el décimo presidente en una década marcada por la inestabilidad política, con ocho mandatarios sucesivos entre destituciones, renuncias y crisis institucionales.

La jornada electoral comenzó en el exterior, donde los peruanos residentes en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. Las actividades se desarrollaron en oficinas consulares y locales habilitados por el Estado peruano para garantizar el derecho al sufragio de los connacionales en esas regiones.

En el territorio nacional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que están habilitadas 90.223 mesas de votación y que 28.772 fiscalizadores supervisan el proceso en todo el país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordina el despliegue logístico y la recepción de actas, mientras que las fuerzas de seguridad custodian los locales para asegurar una jornada pacífica.

La elección se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y expectativa ciudadana. Fujimori, quien busca llegar por tercera vez a la presidencia, propone continuidad en políticas de mercado y seguridad, mientras Sánchez, actual congresista y exministro de Estado, impulsa un modelo de desarrollo con enfoque social y ambiental.

El proceso electoral concluirá esta tarde y el conteo oficial comenzará inmediatamente después del cierre de urnas. Los primeros resultados se conocerán en las próximas horas, aunque el JNE recordó que los datos preliminares no constituyen resultados oficiales hasta su validación final.

La segunda vuelta de 2026 representa un nuevo capítulo en la historia reciente del Perú, donde la ciudadanía vuelve a decidir entre dos proyectos políticos opuestos en medio de una democracia que busca estabilidad y confianza institucional.

El Día del Periodista tiene su origen en un hecho fundacional de la historia argentina: la creación de La Gazeta de Buenos Ayres por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. Aquel periódico fue concebido como herramienta de difusión de las ideas revolucionarias y como puente entre la Junta de Gobierno y el pueblo. La efeméride, instituida en 1938 durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, se transformó en un reconocimiento a quienes ejercen la profesión con vocación de servicio y compromiso democrático.

El periodismo, desde sus inicios, ha sido un espacio de debate y construcción ciudadana. En tiempos de la independencia, la palabra escrita se convirtió en arma política y cultural. Moreno entendía que la libertad de prensa era indispensable para consolidar la soberanía y garantizar que las decisiones de los gobernantes fueran conocidas y discutidas por la sociedad.

La prensa en Gualeguaychú nació en un contexto de disputas políticas y transformaciones sociales de mediados del siglo XIX. El primer periódico local, El Progreso de Entre-Ríos, apareció en 1849 impulsado por Justo José de Urquiza y redactado por Isidoro de María, un periodista uruguayo que se convirtió en figura clave de la vida cultural de la ciudad. Desde entonces, las publicaciones reflejaron tanto las tensiones nacionales como las aspiraciones de una comunidad que comenzaba a reconocerse en sus propias páginas.

A lo largo de las décadas, surgieron cabeceras diversas: algunas oficialistas, otras opositoras, y hasta periódicos satíricos que dieron voz a la crítica política. Figuras como Olegario Víctor Andrade marcaron un cambio de identidad, aportando una mirada genuinamente gualeguaychuense. Hoy, gracias al trabajo del Centro Documental Gualeguaychú y la digitalización de miles de ejemplares, es posible recuperar ese pasado y comprender cómo la ciudad aprendió a contarse a sí misma a través de la palabra impresa

En la actualidad, en un escenario marcado por la inmediatez y la sobreabundancia de datos, el periodismo enfrenta nuevos retos: la verificación de la información, la lucha contra las noticias falsas y la necesidad de sostener la credibilidad frente a audiencias cada vez más exigentes.

El Día del Periodista es, entonces, una oportunidad para reconocer la labor de quienes, desde la palabra, construyen ciudadanía. La efeméride recuerda que la prensa no es solo un oficio, sino un compromiso con la verdad, la libertad y la democracia. En Gualeguaychú, como en todo el país, el periodismo sigue siendo un espacio de encuentro y reflexión, capaz de iluminar los desafíos del presente y proyectar un futuro más participativo.

El opositor de signo conservador Abelardo de la Espriella lidera el recuento, seguido de cerca por el candidato oficialista Iván Cepeda. Ambos definirán en segunda vuelta el 21 de junio quién será el próximo presidente de Colombia.

La Registraduría General de la Nación comenzó a difundir los primeros boletines minutos después del cierre de las urnas. En el arranque, los datos correspondieron principalmente a votos emitidos en el extranjero. El primer informe ubicó al candidato oficialista Iván Cepeda en la cabeza con 252 sufragios, seguido por el opositor Abelardo de la Espriella con 193 y Paloma Valencia con 32.

La jornada electoral transcurrió con algunos incidentes reportados. El Ministerio del Interior informó que se registraron 660 quejas, la mayoría en Bogotá, vinculadas a presunta participación indebida de funcionarios locales en la campaña. Pese a ello, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, destacó que el balance general fue “muy positivo”, aunque instó a testigos y jurados a evitar el uso de distintivos políticos en los puestos de votación.

El proceso de conteo continuará durante la noche, con boletines oficiales que se publican cada pocos minutos y que van delineando el resultado final. Se espera que hacia las 20 horas (hora argentina) se conozcan cifras más completas y que en aproximadamente dos horas y media se difundan resultados definitivos.

La elección presidencial de 2026 en Colombia se presenta como una de las más disputadas de los últimos años, con tres candidatos principales: el oficialista Iván Cepeda, y los opositores de signo conservador Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. El desenlace marcará el rumbo político del país para los próximos cuatro años y definirá el mapa de alianzas en la región.

El hallazgo de restos humanos en los terrenos aledaños al ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, volvió a conmover a familiares de desaparecidos y a organizaciones de derechos humanos. Tras décadas de búsqueda, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar nuevas víctimas, en un proceso que combina ciencia, memoria y justicia.

Entre los casos confirmados se encuentra el de Ester Felipe y Luis Mónaco, secuestrados en enero de 1978. Su hija, Paula Mónaco Felipe, recibió la noticia desde México, donde vive desde 2004. “Pese al esfuerzo miserable que hicieron por esconderlos, los encontramos. Mi familia se quita una capa gris y vuelve a vivir en colores”, expresó emocionada. Paula tenía apenas 25 días cuando sus padres fueron secuestrados; se crió con sus abuelos y desde joven se sumó a la militancia en organismos de derechos humanos.

Otro de los nombres identificados fue el de Graciela Doldán, abogada laboralista y militante de Montoneros, secuestrada en abril de 1976. Su hermano Roberto celebró el hallazgo: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”. La familia Doldán, como tantas otras, sostuvo la búsqueda durante décadas, convencida de que la desaparición es también una forma de tortura para los allegados.

La militante Graciela Geuna, sobreviviente de La Perla y compañera de cautiverio de Doldán, también participó de la jornada. Su marido, Jorge Omar Cazorla, continúa desaparecido. “Nuestros desaparecidos son un colectivo bajo tierra, pero también estuvieron juntos en ideales. Necesitamos más recursos para acelerar las excavaciones porque se nos va la vida”, reclamó.

El EAAF recogió más de 1200 piezas óseas en las excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre del año pasado. Ya hubo dos tandas de identificaciones, y el juez federal Hugo Vaca Narvaja anunciará oficialmente los nuevos nombres en conferencia de prensa.

La magnitud del hallazgo recuerda la operación de encubrimiento que realizaron los represores en 1979, cuando levantaron cuerpos con maquinaria pesada para ocultar pruebas ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la tierra guardó fragmentos suficientes para que hoy puedan ser identificados.

Los familiares insisten en que el Estado argentino debe redoblar esfuerzos: “No se puede construir una democracia sólida con miles de hombres y mujeres insepultos. La reparación tiene que ser ya”, señaló el abogado Ramiro Fresneda, hijo de desaparecidos. También reclaman que los militares condenados y quienes aún guardan información digan dónde están los cuerpos.

El hallazgo de Ester, Luis y Graciela es un paso más en la larga lucha por memoria, verdad y justicia. Para las familias, significa transformar la ausencia en presencia, la tristeza en impulso y la búsqueda en encuentro. Como dijo Paula: “Ahora estoy empezando a entender todo lo que cabe en el verbo encontrar”.

Fuente: Página 12

La participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia y, cuando se promueve desde edades tempranas, se convierte en una herramienta poderosa para formar ciudadanos críticos y comprometidos. En Gualeguaychú, esta convicción se traduce en políticas que buscan dar voz a los jóvenes y acercarlos a la práctica legislativa.

Este viernes por la mañana, el salón del Honorable Concejo Deliberante fue escenario del lanzamiento oficial de una nueva edición del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE). El acto contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza; la responsable del Área de Juventud, Ana Severín; concejales de todos los bloques, directivos docentes y alumnos que representarán a sus instituciones educativas durante el presente ciclo legislativo.

El programa, creado bajo la Ordenanza Nº 11.141/2008, tiene como objetivo principal que los adolescentes se involucren como artífices de cambios positivos para la comunidad. A través de este espacio, los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año de secundaria acceden a una instancia de aprendizaje sobre técnica legislativa, debate de ideas y construcción de consensos sin lineamientos partidarios.

A partir de este lanzamiento, los estudiantes tendrán tiempo de inscribirse hasta el 12 de junio para luego presentar sus proyectos. Una vez enviados, se realizará la primera sesión donde se conformarán las comisiones. Vale destacar que contarán de forma permanente con el asesoramiento de concejales, docentes y miembros del Área de Juventud.

El Concejo Deliberante Estudiantil se consolida así como un espacio de formación democrática y participación activa, que permite a los jóvenes experimentar de manera directa cómo se construyen consensos y se elaboran políticas públicas. Con esta nueva edición, Gualeguaychú reafirma su compromiso con la educación cívica y la inclusión de las voces juveniles en la vida institucional de la ciudad.

Comenzaron los comicios en Perú. Más de 27,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en una de las elecciones más complejas de la historia republicana. La jornada se desarrolla en medio de una profunda crisis de confianza institucional y con una oferta electoral inédita: 35 candidatos a la presidencia, la renovación total del Congreso ahora bicameral y la elección de representantes para el Parlamento Andino.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los locales de votación abrieron sus puertas a las 7 de la mañana y permanecerán habilitados hasta las 17 horas. El voto es obligatorio hasta los 70 años y voluntario a partir de esa edad. La boleta de sufragio, de más de 40 centímetros de largo, es la más extensa en la historia del país, con cinco columnas dedicadas a cada cargo: presidente, vicepresidentes, diputados, senadores y parlamentarios andinos.

La elección se produce en un contexto de inestabilidad política sin precedentes. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes en diez años, cuatro destituidos por el Congreso, dos que renunciaron y otros dos que completaron mandatos de transición. La confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en mínimos históricos: apenas un 5% aprueba al Congreso y un 3% a la presidencia, según el Instituto de Estudios Peruanos.

La reforma que restablece el sistema bicameral busca fortalecer los contrapesos y limitar el uso recurrente de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, mecanismo que ha minado la estabilidad del Ejecutivo. El nuevo Congreso estará compuesto por 130 diputados y 60 senadores, además de cinco parlamentarios andinos que representarán al país en el órgano regional.

La oferta electoral refleja la fragmentación y el desencanto ciudadano. Entre los 35 postulantes figuran nombres tradicionales como Keiko Fujimori, que compite por cuarta vez, y empresarios como Rafael López Aliaga y César Acuña. También irrumpen outsiders como el comediante Carlos Álvarez, con propuestas de “mano dura” y pena de muerte para sicarios, y figuras veteranas como Ricardo Belmont, que busca regresar a la política nacional a los 80 años. Otros candidatos relevantes son Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra; Rafael Belaúnde, nieto de Fernando Belaúnde Terry; y Vladimir Cerrón, líder marxista y prófugo de la justicia.

Las encuestas previas muestran un electorado dividido: ningún candidato supera el 15% de intención de voto y más del 40% de los ciudadanos se declara indeciso. El descontento alcanza niveles históricos, con el 90% manifestando poca o ninguna confianza en las instituciones, según Latinobarómetro. El politólogo Alberto Vergara sostiene que “el ánimo oscila entre la apatía y la resignación”, mientras la socióloga Lucía Nuevo advierte sobre la “desconexión total entre políticos y ciudadanos”.

La jornada democrática también se vive fuera de las fronteras. En Buenos Aires, la comunidad peruana residente en la Argentina participa activamente de las Elecciones Generales 2026. Según informó el Consulado General del Perú, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad y hasta los 70 años, mientras que para los mayores de esa edad el sufragio es voluntario.

Para garantizar la participación, se dispusieron seis centros de votación estratégicamente distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda a cada elector verificar previamente su mesa de sufragio en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), utilizando únicamente su número de DNI.

Consultá acá donde votas: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Fuente: Infobae

La jornada de ayer en Estados Unidos dejó una imagen potente: millones de ciudadanos en las calles, unidos bajo la consigna “No Kings”, reclamando democracia y rechazando lo que consideran un avance autoritario del presidente Donald Trump. Con más de 3.000 eventos desplegados en todo el país, la movilización se convirtió en una expresión masiva de descontento social y político, que no sólo cuestiona la concentración de poder, sino también la crisis económica y la política exterior marcada por la ofensiva militar en Irán.

La protesta, que tuvo sus epicentros en Washington D.C. y St. Paul, Minnesota, se inscribe en una serie de manifestaciones que, en menos de un año, han consolidado al movimiento “No Kings” como un actor central de oposición. La diversidad de participantes —sindicatos, organizaciones sociales, colectivos juveniles y religiosos— reflejó la amplitud del malestar y la necesidad de visibilizar un reclamo que atraviesa distintos sectores de la sociedad estadounidense.

La movilización de ayer en Estados Unidos quedará registrada como una de las más grandes de la historia reciente. Bajo la consigna “No Kings”, millones de ciudadanos salieron a las calles en más de 3.000 eventos simultáneos, desde pequeñas localidades hasta grandes ciudades. Washington D.C. y St. Paul, Minnesota, fueron los epicentros de una protesta que combinó marchas multitudinarias, discursos públicos y expresiones artísticas.

La diversidad de participantes fue notable: sindicatos, organizaciones sociales, colectivos juveniles y grupos religiosos se sumaron a una convocatoria que buscó visibilizar el descontento frente al gobierno de Donald Trump. La consigna central fue clara: rechazar cualquier intento de concentración de poder y exigir un rumbo democrático en medio de un clima político cada vez más polarizado.

Los manifestantes denunciaron el autoritarismo y la lógica de costo-beneficio que, según ellos, domina la gestión actual. También señalaron la crisis social marcada por el aumento del costo de vida y la falta de respuestas frente a la desigualdad. La ofensiva militar en Irán fue otro de los motivos de indignación, sumando un componente internacional a la protesta.

Analistas políticos destacaron que esta es la tercera gran movilización en menos de un año, lo que refleja la persistencia del descontento social y la consolidación del movimiento “No Kings” como actor central de oposición. La magnitud de la jornada podría marcar un punto de inflexión en la política estadounidense, con impacto en la agenda electoral y en la percepción internacional del país.

Fuente: El País / CNN Español

En ese contexto se inscribe Golpe militar y dictadura en Argentina (1976–1983). Sur, paredón y después…, de Carlos Malamud (Ediciones Catarata, 2026).

El libro ofrece una reconstrucción amplia y ordenada del período. A lo largo de trece capítulos, Malamud recorre el contexto histórico, los principales actores y una diversidad de dimensiones —la economía, el fútbol, la guerra de Malvinas— que permiten comprender la complejidad del proceso. El resultado es una panorámica accesible tanto para lectores no especializados como para quienes buscan revisar críticamente interpretaciones consolidadas.

Uno de los méritos de la obra es moverse con solvencia en un terreno delicado: el cruce entre memoria, historia y usos políticos del pasado. En ese sentido, el aporte de Malamud no es solo descriptivo, sino también interpretativo: desarma lecturas simplificadoras. A continuación, me detengo en algunos.

La influencia externa. La revolución cubana pesaba en los imaginarios de la época y funcionó como referencia para algunos grupos armados argentinos. En ese marco, el golpe debe inscribirse en la lógica más amplia de la Guerra Fría. No obstante, Malamud relativiza el papel de Estados Unidos en el caso argentino, señalando que su apoyo e intervención fueron menores que en otros países de la región, como Chile. Esta lectura matiza una narrativa extendida y obliga a pensar el caso argentino también desde sus dinámicas internas.

La excepcionalidad del golpe. El del 76 fue uno más en una larga serie de interrupciones militares del orden constitucional durante el siglo XX argentino. Sin embargo, también presentó rasgos distintivos. Por un lado, la escala y sistematicidad de la violencia estatal; por otro, la intención de establecer un régimen colegiado que permitiera gestionar las tensiones internas entre las Fuerzas Armadas (a diferencia de lo que ocurrió en Chile bajo el férreo liderazgo de Pinochet).

Como señala el autor, el único acuerdo sólido en los primeros años de la dictadura fue el objetivo y los métodos de combate a las organizaciones armadas (destruirlos a cualquier precio) , que ya se encontraban en declive al momento de la interrupción constitucional.

El plan del ‘Proceso’. El golpe fue acompañado de un sentimiento mesiánico que buscaba cambiar de forma irreversible la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, junto a partidos políticos y sindicatos. Nada de eso funcionó. Divisiones internas, diferencias de visión y cálculos equivocados, y también el hecho de que los militares privilegiaran su propia supervivencia y los objetivos políticos por sobre los económicos condujo a la catástrofe de Malvinas, la crisis económica, el enorme endeudamiento del estado y, al fin, el vacío de poder que abrió una nueva oportunidad para la democracia.

La violencia. Un tema sensible es el del origen, la temporalidad y el tipo de violencia. Aquí el libro se adentra en un terreno controvertido, donde se cruzan debates históricos, jurídicos y políticos. Por un lado, persisten sectores que reivindican a organizaciones armadas como Montoneros o el ERP; por otro, han ganado visibilidad —aunque sigan siendo minoritarios— discursos que justifican la llamada “guerra antisubversiva”. Frente a estas posiciones, Malamud propone una lectura que evita tanto la idealización como la equiparación: sin héroes, pero con villanos.

El peronismo. En este punto, el libro también abre interrogantes incómodos. Entre ellos, el papel del peronismo en el inicio de la violencia paraestatal. Bajo el gobierno de Perón comenzó a actuar la Triple A, y la pregunta sobre su grado de responsabilidad –si fue una estrategia deliberada o una dinámica tolerada bajo la influencia de López Rega– sigue siendo objeto de debate (p. 48).

La democracia. Otro aspecto que destaca es la constatación de la escasa defensa de la democracia en el período previo al golpe. Lejos de ser una sorpresa, la irrupción militar era esperada. Distintos actores, incluidos sectores de las propias organizaciones armadas, anticipaban el golpe como una oportunidad para reconfigurar el escenario político. Para Montoneros y el ERP el nuevo contexto podría habilitar una “guerra civil abierta” y un salto cualitativo en la lucha revolucionaria (p. 41). Esta mirada obliga a revisar retrospectivamente la debilidad de la cultura democrática en ese momento.

La verdad y el relato. Malamud también aborda las narrativas que más controversia han generado en la Argentina contemporánea, como la “teoría de los dos demonios” y la cifra de desaparecidos. El informe Nunca Más (1984), elaborado por la CONADEP por encargo del presidente Raúl Alfonsín, reconocía tanto la violencia de las organizaciones armadas como la violencia represiva, “infinitamente peor”, ejercida por el Estado. Sin embargo, esa formulación fue pronto cuestionada por sectores que la interpretaron como una equiparación inaceptable.

Con el tiempo, estas disputas se profundizaron. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una reescritura del prólogo del Nunca Más, proponiendo un encuadre diferente: una confrontación entre proyectos de país, donde de un lado se ubicaban los “héroes” y del otro los responsables de un plan represivo vinculado a intereses más amplios. Malamud reconstruye estas tensiones sin eludir su carga política, mostrando cómo el pasado sigue siendo un campo de batalla simbólico, ahora reeditado por el gobierno de Javier Milei y su slogan de “Memoria, verdad y justicia completa”.

A cincuenta años del golpe, no hay dudas sobre un punto: “Los jefes de la dictadura más sangrienta que conoció el país tuvieron la capacidad de destruir cuanto se puso a su alcance, pero fueron incapaces de construir nada nuevo en su lugar” (p. 15). Por eso el lema de 1983 —Nunca Más— sigue vigente. Pero no como un consenso definitivo, sino como un principio que debe ser defendido, reinterpretado y, sobre todo, sostenido frente a nuevas disputas sobre el pasado y el presente. En ese terreno, la obra de Carlos Malamud ofrece una contribución valiosa: no clausura el debate, pero sí lo vuelve más exigente.

*(Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

Este viernes 6 de marzo, desde las 18 horas, la Plaza San Martín será escenario de una actividad abierta organizada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú. La propuesta invita a la comunidad a participar de una jornada de bordado colectivo de pañuelos, en el marco de las acciones conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en construir memoria desde el arte y la participación. “Traé tu reposera, mantita y el material que quieras para bordar, pintar, dibujar o escribir en los pañuelos y telas que se distribuirán allí”, expresaron desde la organización en el comunicado difundido.

Los pañuelos, símbolo de lucha y resistencia, podrán retirarse previamente en Puente Naranja Libros (San Martín 1133) o en el estudio de Fernández Vespa (25 de Mayo 1549). La actividad busca generar un espacio de encuentro intergeneracional, donde la memoria, la verdad y la justicia se borden colectivamente como parte de un legado que sigue vigente.

“Te esperamos para seguir construyendo Memoria, Verdad y Justicia”, concluye la invitación. Esta jornada es una de las tantas expresiones que, rumbo al 24M, recuerdan que el Nunca Más debe atravesar todas las instituciones: estatales, privadas y sociales, como desafío permanente para sostener la democracia.

Este viernes se realizará una charla abierta en la filial Gualeguaychú del Banco Credicoop (25 de Mayo 860), con motivo de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que interrumpió el orden democrático en Argentina. La actividad está dirigida al público en general y a todas las personas interesadas en pensar colectivamente el presente y el futuro democrático del país.

La iniciativa es impulsada por instituciones de la sociedad civil, como La Lupa en la Memoria, junto a la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, que propone un espacio de reflexión sobre el rol de las organizaciones estatales, privadas y comunitarias en la construcción de una democracia sostenible. “Nunca Más debe atravesar todas las instituciones, es un desafío intergeneracional para lograr un desarrollo democrático que se sostenga en el tiempo”, expresaron desde la organización.

La exposición estará a cargo del sociólogo Roberto Baschetti, quien recorrerá las décadas previas y posteriores al golpe, con énfasis en los avances del campo nacional y popular y en los derechos conquistados por los grupos sociales históricamente postergados. Se abordará cómo la memoria, la verdad y la justicia se vinculan con la ampliación de derechos y con la participación activa de la ciudadanía.

La charla busca generar un espacio de encuentro, escucha y debate, en el que se pueda pensar el presente desde una mirada crítica y comprometida. “La democracia no es solo votar cada dos años, es construir todos los días un país más justo, más plural y más inclusivo”, señalaron los organizadores.

La cita es este viernes en la sede del Banco Credicoop, con entrada libre y gratuita a las 20:00 horas. Se invita a toda la comunidad a participar y a sumar su voz en esta jornada de reflexión colectiva.

La discusión sobre los alcances de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) vuelve a instalarse en la agenda política nacional. En esta ocasión, el foco está puesto en la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU que otorga facultades ampliadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, cuestionada por juristas, organizaciones sociales y sindicatos, abre un debate profundo sobre la división de poderes, las garantías constitucionales y el impacto que puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En diálogo con EL ARGENTINO, Fabián Peccín, prosecretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), analizó los alcances del decreto y sus implicancias. Sus declaraciones ponen en evidencia la preocupación de los sindicatos docentes y de la sociedad civil frente a un escenario que, según advierten, habilita la persecución y la detención arbitraria.

Consultado sobre los fundamentos constitucionales que se ven afectados por este DNU, Peccín fue categórico: “En primer lugar, no se dan los extremos que marca la Ley para firmar un decreto de necesidad y urgencia; es decir, no hay una argumentación de peso respecto de la necesidad inminente que justificaría tal medida. En este caso, lo que se está haciendo es violar la división de poderes. Esto está contemplado en la Constitución Nacional, artículos 18 y 19”.

El dirigente explicó que el decreto vulnera estos artículos al otorgar a los agentes de la SIDE facultades para detener a personas sin orden judicial. “Se está violando el debido proceso y corriendo las funciones de las fuerzas de seguridad, otorgando esas facultades por encima de las mismas. Éstas serían las que tendrían que hacer esa detención por medio de una orden judicial cuando una persona se encuentra en flagrancia. Sin estos resguardos constitucionales pueden detener a las personas que ellos señalen, que les ‘molesten’ para el logro de sus objetivos”, comentó a EL ARGENTINO.

La ampliación de facultades a la SIDE, según Peccín, implica un desconocimiento de la división de poderes. “Con las facultades ampliadas que el decreto otorga a la SIDE no se respeta la división de poderes ni las facultades de los mismos expresadas en la Constitución Nacional”, dijo.

El referente de Ctera recordó que en un ámbito democrático las cuestiones de inteligencia deben discutirse en comisiones parlamentarias. “No se puede obviar el debate en el Congreso, órgano democrático por excelencia, cuando se trata de discutir temas de inteligencia, o sea cuestiones de seguridad para el país. La función de la SIDE es brindar información al gobierno, con esa información se instrumentan los procedimientos establecidos en la Constitución que regula y dictamina las formas para la detención de las personas. Este decreto vulnera estos procedimientos”, señaló.

Para Peccín, la medida se interpreta como “una acción de persecución y amedrentamiento, violando las garantías constitucionales, las garantías individuales de todas aquellas personas que se expresen en contra de las políticas llevadas adelante por el gobierno o denuncien la violación de normativa, o la entrega de recursos naturales y todas aquellas acciones que el gobierno crea que ponen en riesgo las políticas que están aplicando”.

El entrevistado también vinculó la medida con el actual modelo económico y social. “En un contexto de crisis, ajuste y creciente conflictividad, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”, reflexionó en diálogo con EL ARGENTINO.

La preocupación sindical se centra en que la inteligencia estatal pueda utilizar estas facultades para intervenir en la organización gremial, restringiendo la libertad sindical y el derecho a la protesta.

El entrevistado fue claro al enumerar los riesgos concretos que enfrentan los ciudadanos: “Los riesgos son la detención arbitraria de cualquier persona que hoy tiene garantías constitucionales y que ya no las tendría con este decreto. Detención, persecución o investigación que se daría sin un argumento amparado en la ley en términos de lo que se debe resguardar en nuestro país en cuanto a los derechos de todos y todas”.

Peccín agregó que esto afectaría directamente la vida cotidiana: “La vida que uno desarrolla en un ámbito social, sindical o político se vería restringida por este tipo de instrumentos que le da absoluta discrecionalidad al Poder Ejecutivo para ejecutar en beneficio de sus intereses”.

En este punto, recordó el alcance de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional: El artículo 18 prohíbe la prisión sin juicio previo, la condena por leyes anteriores al hecho (principio de legalidad) y asegura el debido proceso. El artículo 19 declara que las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden, la moral pública o perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados (principio de autonomía de la voluntad), limitando el poder estatal a lo que es público y perjudicial.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la postura es contundente. “Repudiamos enérgicamente el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. ¡Decimos que esta medida no tiene ni necesidad ni urgencia! ¡Es inconstitucional!”, expresó Peccín como prosecretario gremial de la entidad.

“Otorgar facultades ilimitadas al Gobierno Nacional es avanzar sobre los derechos y garantías democráticas. Es un grave retroceso democrático y un avance peligroso sobre las libertades individuales que habilita a la inteligencia estatal a actuar sin el control efectivo del Congreso de la Nación. Por todo lo expuesto, exigimos su inmediata derogación por antidemocrático”, concluyó en diálogo con EL ARGENTINO.

En tiempos de crisis económica y social, la ampliación de facultades a la inteligencia estatal no aparece como una respuesta a las necesidades urgentes de la población, sino como un mecanismo de control y disciplinamiento. La voz de CTERA y de referentes como Fabián Peccín refleja la alarma de un sector que advierte sobre el riesgo de que las libertades individuales y colectivas se vean seriamente comprometidas.