Este miércoles 5 de noviembre se reunió la Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos para tratar el retraso de los pagos de OSER.

Concretamente, al 31 de octubre la obra social provincial abonó solo la mitad de las prestaciones médicas realizadas en agosto.

En este sentido, las autoridades de la entidad que nuclea a los médicos manifestaron su gran preocupación por la demora en los pagos, por lo que enviarán una nota a las autoridades de la obra social solicitándoles que salden lo adeudado para evitar inconvenientes en las prestaciones médicas.

Asimismo, ya anticiparon que ante esta grave situación, y de no tener respuesta en lo inmediato, podrían resentirse los servicios médicos para los afiliados de OSER. (APF)

Los reclamos por el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) se extienden a lo largo y a lo ancho de la provincia. Las delegaciones, sobre todo las que antes contaban con médicos auditores, muestran largas colas de espera todos los días y, en los últimos meses, los reclamos por las demoras en las autorizaciones, la falta de respuesta en los pedidos de cobertura y los recortes en las mismas, empezaron a ser moneda corriente.

Se había prometido, a través de las redes sociales, comenzar “una nueva etapa en la gestión de la obra social provincial: más transparencia, eficiencia y eficacia para garantizar mejores prestaciones a más de 300.000 afiliados". Pero, justamente la falta de eficiencia y eficacia es marcada por miles de usuarios a lo largo y ancho de la provincia.

En este marco, EL ARGENTINO dialogó con diferentes actores del sistema de prestaciones para conocer en detalle la realidad de la obra social de las y los empleados estatales entrerrianos, tanto en actividad como jubilados.

Las demoras del cambio de sistema

En septiembre, se habilitaron las nuevas oficinas de Paraná de la obra social. Al respecto, el gerente general de la OSER, Raúl Sánchez, explicó que esta inauguración marca "el puntapié inicial para darle la posibilidad a los afiliados de que tengan todo el proceso de autorización en forma mucho más ágil, dinámica y transparente".

Uno de los trabajadores con capacidad de toma de decisiones, que solicitó mantener el anonimato para no tener represalias internas, explicó a EL ARGENTINO: “Los cambios más importantes fueron la forma de autorización y el retiro de la medicación crónica y de tratamientos específicos. También, desde octubre, se implementó una nueva modalidad para las auditorias de prácticas ambulatorias. Lo cierto es que hay más espera en las delegaciones que tenían auditor presencial, en las otras no”.

“Tramitar la auditoria online implica ir a la delegación a presentar la solicitud del médico y tener que volver para sacar la orden cuando se le avise vía mail que está autorizada; el trámite inicial debe realizarlo un empleado que debe subir la documentación a un sistema para que sea verificada y autorizada por un auditor”, indicó.

“Se demora más en realizar ese trámite, que antes no se hacía, pero queda todo registrado y se puede usar la app (mi.oser.gov.ar) para adelantar el primer paso del trámite. Las auditorias deben realizarse dentro de las 48 horas de presentado el mismo. También puede haber más demora en las otras áreas porque hay que explicar las nuevas metodologías a los afiliados”, argumentó el empleado consultado.

Asimismo, respecto a la nueva metodología de autorizaciones, resistida por buena parte de los afiliados, indicó: “Ya no pueden ir con un solo troquel de autorización mensual a la farmacia, sino que cada medicación autorizada tiene su frecuencia para retirar y deben realizar copias de la planilla original para las distintas ocasiones. Los tiempos de auditoria son de 10 días hábiles, son los mismos que antes, y ante la demora se puede iniciar reclamo”.

En esta línea, Estela, una afiliada de 72 años de Gualeguaychú que tiene tres operaciones del corazón y un estén, expuso su malestar. “A la planilla que te da el médico tenés que presentarla y volver a los diez días para ver si está autorizada; tenés que sacarle fotocopias, ir a la farmacia, dejar la fotocopia y comprar la medicación. La última autorización me demoró un mes”, se quejó la mujer que, por su insuficiencia cardíaca, toma cuatro pastillas por la mañana, una a la tarde y otra a la noche.

“Si bien son $200 por mes en fotocopias, para la economía de una jubilada es un costo, en dinero y en tiempo. Son más trámites a cargo del afiliado, antes eso era responsabilidad de la obra social”, agregó.

Recursos de amparos y el rol de la justicia

Emmanuel Almirón es un abogado concordiense, especialista en discapacidad, que hace aproximadamente cinco años realiza reclamos de afiliados del ex Iopser. En diálogo con EL ARGENTINO, aseguró que “este último tiempo tenemos un crecimiento importante de amparos por incumplimiento en la cobertura”.

“A esta altura del año lo que más recibimos son solicitudes por a falta de cobertura de los medicamentos para la diabetes. Digo a esta altura del año, porque ya se solicitó, a principio de año, todo lo que son solicitudes para que los chicos con discapacidad puedan comenzar la escuela, lo que es maestra integradora, transporte y todo tipo de terapias”, contó.

Respecto a la falta de cobertura sufrida por afiliados diabéticos, relató: “Generalmente, el médico solicita una o dos tiras reactivas por día, pero la OSER autoriza sólo 50 o 60 para seis meses. Hay otras medicaciones e inyecciones, como la Dapagliflozina y la Temasglutida, que son rechazadas de entrada directamente y, desde la obra social les ofrecen otra medicación, algo que es completamente arbitrario porque no pueden incumplir lo que el profesional de la salud receta”, indicó Almirón.

Además, “en los análisis, que deben tener la cobertura al 100%, le cobran coseguro a los afiliados”, cuestionó el profesional que, en todos los casos, primero envía un pedido a la obra social para que se apruebe la cobertura solicitada por el médico y, si no hay respuesta, avanza con el recurso de amparo. “La mayoría de las veces ni siquiera contestan, pero luego el juez dicta sentencia, generalmente entre los siete y diez días, dependiendo lo urgencia, y los obliga a que entreguen los medicamentos”.

Hay muchos casos en que, ante el incumplimiento sostenido, la Justicia llega a embargar las cuestas de la OSER. “Nosotros armamos un presupuesto del medicamento y el juez saca directamente el dinero de la obra social y lo envía a la farmacia correspondiente. Esto es algo que sucede mucho, es muy común”, aseguró el abogado que recibe consultas de toda la provincia.

Discapacidad y oncológicos

“Está pasando mucho que no se cumple con lo que se aprobó a principio de año. Por ejemplo: una maestra integradora para un chico que fue aprobada de marzo a diciembre, la docente va presentando la factura todos los meses, pero no cobra. Formalmente está todo aprobado, pero la realidad es que no les pagan a los prestadores”, cuestionó Almirón.

Por otro lado, el letrado concordiense se refirió al incumplimiento de los estudios para pacientes oncológicos: “después de los rayos o de las quimioterapias a los pacientes les solicitan resonancias, para saber en qué estado quedó el cuerpo. Y eso se les cobra a los afiliados, cosa que no corresponde. Lo que sucede es que, ante la necesidad y la urgencia, la persona lo abona. Se juega mucho con la necesidad y con el cansancio de las personas”.

La demora en la aprobación de los medicamentos oncológicos es otro de los problemas que padece este universo de pacientes. “Atento a que son drogas caras que se reciben de la droguería, lo esperable es que demoren una semana en la entrega. Pero tenemos esperas de 20 o 30 días. Lo mismo pasa en discapacidad con los elementos ortopédicos, las sillas de rueda, las camas”, detalló Almirón.

Sin anteojos para adultos mayores

Mario Huss es vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, desde donde fueron muy críticos respecto a la actualidad de la OSER. En diálogo con EL ARGENTINO, expresó: “en la gestión anterior se daban los anteojos gratis, ahora eso se cortó y solamente se les dan a los menores de 15 años o a discapacitados, y los que más necesitan anteojos somos los adultos mayores”.

“Por eso nosotros hemos hecho un convenio con una óptica de Paraná, a través del cual nos hacemos cargo del 50% del costo de los anteojos”, contó, sobre el acuerdo que beneficia a cerca de 6 mil socios del centro de jubilados. Y, en esta línea, remarcó que “sobre los medicamentos crónicos antes se otorgaba el 70% de descuento, eso ahora se redujo al 40%”.

Por último, Huss cuestionó la falta de médicos auditores: “Se forman distintas colas porque en todas las sucursales de Paraná había auditores que autorizaban distintos medicamentos y prácticas médicas, pero ahora sacaron a todos los médicos auditores y los llevaron a la casa central. Cuando vas a hacer un trámite o llevas un estudio que tenés que realizarte te lo reciben las sucursales, pero de ahí la giran al nivel central para autorizar o no el trámite”.

“Se forman largas colas, son muchos los jubilados que tienen que ir a la central de la calle Andrés Paso. Antes era más más ágil la situación porque iban a las distintas sucursales y los trámites lo hacían ahí”, agregó la autoridad del Centro de Jubilados y Pensionados ubicado en Pellegrini 454 de la capital entrerriana.

La obra social atraviesa una etapa de transición. Más allá de las declaraciones rimbombantes de los nuevos funcionarios, lo cierto es que las promesas de mayor eficiencia, hasta el momento, son sólo eso. Promesas. El malestar de los empleados, que son menos y cuentan con menos recursos para atender a una demanda creciente, es evidente, igual que el de las y los afiliados a los que se le recortaron servicios y cobertura, al tiempo que se delegaron en ellos trámites que antes resolvía la obra social.

La causa se declaró abstracta luego de que el Ministerio informara la aprobación del trámite, pero el magistrado determinó que la cartera sanitaria debía asumir los gastos judiciales “por la demora injustificada que forzó al amparista a recurrir ante los estrados judiciales”. Los honorarios de los abogados del demandante fueron fijados en 3.089.160 pesos.

El fallo precisó que “existía obligación de resolver y, a la fecha, tal obligación se ha satisfecho”. No obstante, Alonso advirtió que el caso “ha quedado vaciado de contenido por sustracción de su objeto”, aunque subrayó que las costas corresponden a la parte demandada por haber motivado el proceso.

El amparista había denunciado la falta de respuesta del Reprocann a su solicitud de inscripción, presentada con el aval de un profesional de la salud y toda la documentación exigida. Argumentó que su trámite permanecía “pendiente de evaluación” más allá de los plazos establecidos en la normativa, configurando así “silencio administrativo”, que la ley de procedimientos considera una negativa.

Frente al amparo, el Ministerio presentó su informe y comunicó la aprobación del trámite, solicitando que las costas se impusieran por su orden, es decir, que cada parte asumiera sus gastos. Sin embargo, el juez hizo lugar al reclamo del actor, destacando que “la Administración generó la necesidad del reclamo judicial al no responder en tiempo y forma”.

El fallo se inscribe en un contexto de creciente judicialización de los reclamos por demoras en el Reprocann, el registro que autoriza el autocultivo o cultivo delegado de cannabis medicinal para pacientes con prescripción médica. La sentencia marca un antecedente sobre la responsabilidad del Estado frente a la mora administrativa en estos procedimientos.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación informaron que “ya se encuentra al día la entrega de chapas patente 0km en todo el país, garantizando que los vehículos nuevos inscriptos en los Registros Automotores puedan circular con su documentación completa y en regla”. La iniciativa depende de la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio.

“El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones, acompañando el récord en la venta de automóviles 0 km, que alcanza los mejores niveles desde 2018 y refleja un crecimiento sostenido del sector”, indicó Amerio.

Asimismo, el funcionario resaltó que el sistema había colapsado en 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal. Pero enfatizó que finalmente la situación fue normalizada.

En el mismo sentido, Amerio sostuvo: “Esta gestión resolvió el problema con una reforma estructural: habilitamos proveedores privados por medio de licitaciones públicas, reforzamos la logística y desarrollamos un esquema de distribución para terminar con el desabastecimiento”.

“Ahora habrá disponibilidad asegurada en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos: en el primer semestre de 2025 registramos ventas récord de unidades 0 km, algo que no ocurría desde 2018”, cerró el funcionario.

En julio de este año, el Ministerio de Justicia de la Nación ya estimaba normalizar el sistema de entrega de chapas patentes en todo el país. Además, desde dicha cartera indicaron que ya se entregaron casi 500 mil chapas entre mayo y julio, mientras que en agosto la entrega fue de 432 mil unidades aproximadas.

Otro punto es que, desde el 28 de julio, los registros deben informar, en un plazo máximo de 48 horas, cuándo están disponibles las patentes. Además, desde esa fecha los ciudadanos pueden consultar el estado de su chapa en la web oficial de la DNRPA, indica Infobae.

Vale recordar que el Ministerio de Justicia lanzó un sistema digital para verificar si tu chapa ya está disponible. En el marco de esta normalización, está disponible un servicio digital para consultar el estado de trámite de tu patente.

El sistema, habilitado en el sitio web de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), permite a los usuarios conocer si su chapa ya fue asignada. Para ello, se debe ingresar a la sección “Disponibilidad de Chapas” en el portal oficial (www.dnrpa.gov.ar) y completar el número de patente o los datos del vehículo.

La plataforma indicará si la identificación se encuentra disponible para su retiro en el registro correspondiente, evitando trámites presenciales innecesarios y reduciendo tiempos de espera.

El pago por prolongación de jornada al personal de enfermería se encuentra demorado y con serias dificultades administrativas, según denunció UPCN. La dirigente Patricia Sanabria, integrante de la comisión directiva del sindicato y referente del sector, adelantó que en una reunión prevista para el 22 de julio con autoridades del Ministerio de Salud, el gremio presentará una propuesta para corregir el mecanismo de liquidación.

“Propondremos que se liquide en forma casi automática, a mes vencido, como ocurre con otros códigos salariales”, señaló Sanabria. La bonificación por prolongación de jornada fue establecida en el marco de la paritaria sectorial de salud y alcanza a quienes cumplen más de ocho horas diarias de trabajo, como forma de evitar la acumulación de francos imposibles de devolver por falta de personal.

Sin embargo, el procedimiento actual, instrumentado por el propio Ministerio, presenta trabas formales que están generando importantes atrasos. “Se trata de un concepto que debe pagarse en tiempo y forma. Si no se liquida cuando corresponde, no cumple con su finalidad”, advirtió Sanabria.

La dirigente explicó que uno de los mayores conflictos se da en el hospital San Martín de Paraná, donde desde junio del año pasado sólo se abonó el mes de marzo de 2025. El resto de los expedientes sigue en trámite, con numerosas idas y vueltas entre el hospital y el Ministerio por errores administrativos. Esto afecta a un número significativo de enfermeros de esa institución, mientras que en otros hospitales no se han recibido reclamos formales, aunque se desconoce el estado real de los pagos.

Desde UPCN señalan que el problema tiene origen en fallas de planificación y errores reiterados en el manejo de la carga administrativa. Por ello, también se pedirá mayor capacitación para quienes intervienen en el circuito de liquidación. La Dirección de Enfermería, por su parte, trabaja en el diseño de un sistema informático para la planificación descentralizada de las jornadas, con controles centralizados desde el Ministerio que garanticen equidad, eviten excesos de horas y permitan detectar irregularidades.

Sanabria respaldó esa idea, que permitiría además generar estadísticas actualizadas sobre la situación del recurso humano en el sector. “Va a permitir ordenar, corregir errores en la planificación de horarios y transparentar la gestión”, afirmó.

Finalmente, advirtió que, de no resolverse los pagos adeudados, muchos trabajadores se verán forzados a rechazar nuevas prolongaciones. “Si no hay reconocimiento económico ni cumplimiento de la normativa, los enfermeros van a dejar de cubrir guardias. No queremos llegar a ese punto”, concluyó.

Un camión marca Iveco, que circulaba de sur a norte, perdió el control frente a la concesionaria de Haimovich y colisionó contra el divisorio de los carriles, quedando atravesado en la autovía.

El camión con acoplado bloqueó parcialmente la ruta, ya que el vehículo quedó con la cabina sobre el carril norte-sur y el acoplado sobre el carril sur-norte.

Afortunadamente, el conductor del camión, un hombre de 47 años, oriundo de Buenos Aires, no sufrió lesiones y a pesar del fuerte impacto se encuentra en buen estado de salud.

El incidente provocó la obstrucción parcial de la ruta, lo que generó demoras en el tránsito. Personal de la Comisaría Cuarta de Concepción del Uruguay intervino en el lugar y según se informó desde la Jefatura Departamental no se reportaron más vehículos involucrados en el accidente y ni otros heridos.

Un avión de Aerolíneas Argentinas que operaba un vuelo hacia el Aeropuerto de Sauce Viejo, proveniente de la ciudad de Buenos Aires, estuvo durante 53 minutos dando vueltas sobre la zona debido a un posible error humano. Si bien se investigan las causas de las demoras, una de las versiones indica que el incidente se produjo porque el controlador aéreo -encargado de la torre del aeropuerto- se quedó dormido y no brindó las instrucciones necesarias para el aterrizaje de la aeronave.

El vuelo AR 1724, que se encontraba en su fase final de aproximación a Sauce Viejo, se vio forzado a realizar círculos en el aire a la espera de indicaciones, lo que generó gran preocupación entre los pasajeros y tripulación.

Tras doblar por arriba de la capital santafesina para tomar la pista de Sauce Viejo, comenzó una serie de giros sobre la región a unos 4.650 metros de altura, subiendo y bajando la velocidad de la nave entre 524 km/h y 414 km/h.

Además, llamó la atención "el dibujo" que el avión hizo en el aire mientras esperaba la indicación pertinente para poder aterrizar: sobrevoló sobre Santa Fe y hasta Paraná y San Benito, y demás zonas aledañas.

A pesar de la demora, no se registraron incidentes ni problemas mayores, aunque ahora se investiga qué falló en los protocolos de seguridad aérea.

Los hechos se conocieron debido a que pasajeros que esperaban partir a Buenos Aires vieron que el avión no llegaba a Sauce Viejo.

Finalmente, el avión pudo aterrizar de manera segura tras la reactivación de la comunicación con la torre de control, aunque la demora afectó los horarios del otro vuelo previsto en el aeropuerto.

Según fuentes del gobierno de la provincia de Santa Fe consultadas por Aire, la torre de control estuvo fuera de servicio hasta las 9 de este jueves por cuestiones internas de la EANA (Empresa Argentina de la Navegación Aérea, una sociedad del Estado que se encarga de la navegación aérea).

Las mismas fuentes aseguraron que el organismo nacional aún no especificó lo que sucedió. Lo cierto es que los hechos llevaron a que el vuelo AR 1724, que partió de Buenos Aires a las 7 y debía llegar a las 8.10, aterrizó después de las 9. Mientras que el vuelo AR 1725, que debía despegar desde Sauce Viejo hacia Buenos Aires, a las 8.40, también vio demorada de forma significativa su partida.