Personal policial dependiente del Comando Radioeléctrico intervino de manera formal durante la tarde del pasado sábado, alrededor de las 19:10 horas, en un procedimiento concretado en la intersección de las calles 1.º de Mayo y Urquiza de nuestra ciudad, en el marco de una causa instruida por el supuesto delito de tentativa de estafa. El despliegue de los efectivos de seguridad se originó de forma inmediata a raíz de una denuncia formal radicar por una vecina de la localidad, de 43 años de edad, quien se desempeña como propietaria y comerciante en un establecimiento mercantil de la zona urbana.

De acuerdo con los datos recabados en el parte oficial elaborado por las autoridades intervinientes, la damnificada manifestó ante los agentes que, durante el transcurso de la jornada comercial, dos personas desconocidas se presentaron en su local comercial e intentaron efectuar diversas transacciones de compraventa utilizando para ello comprobantes de pago apócrifos o falsificados. La rápida advertencia de la maniobra irregular por parte de la comerciante permitió dar aviso a las fuerzas de seguridad pública mediante una llamada de alerta al sistema de emergencias, facilitando la pronta respuesta de los móviles policiales que patrullaban el área jurisdiccional.

Ante esta situación de flagrancia, los efectivos policiales se hicieron presentes de manera inmediata en el lugar de los hechos y procedieron a constatar la presencia de los sospechosos descriptos por la denunciante. Seguidamente, y conforme a los protocolos legales vigentes para este tipo de actuaciones preventivas, el personal actuante mantuvo una comunicación telefónica directa con el Fiscal Auxiliar de Propiedad en turno, quien interiorizado de los pormenores del suceso dispuesto formalmente la aprehensión preventiva de los sospechosos, además de ordenar la realización inmediata de las diligencias procesales correspondientes y el secuestro de los elementos de interés para la causa judicial en curso.

Como resultado del procedimiento operativo, los uniformados identificaron a los involucrados tratándose de un hombre de 61 años de edad y una mujer de 41 años, ambos domiciliados legalmente en la localidad de Esteban Echeverría, ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Finalizadas las primeras actuaciones de rigor en el lugar del hecho, ambas personas fueron trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad hacia las dependencias policiales correspondientes.

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y también del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, además del director de la entidad, Juan Curutchet, debido a las operaciones con derivados de oro que la institución llevó adelante en 2025.

"Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba", precisó el letrado en declaraciones televisivas.

E indicó: "Por ejemplo la asociación Ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables".

Acerca de a dónde se encuentra el oro, Dalbón respondió: "Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar" y agregó: "Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio".

Aclaró que "si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruído a la Justicia en base a lo que fue en base al exámen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que minitieron en la auditoría".

Acorde con el abogado, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas.

Agregó que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al final de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

El escrito detalla que el resultado se conforma de $1.400.793 millones o 960,2 millones de dólares, anotados como resultado negativo por opciones, y de $68.362 millones, equivalentes a 62,8 millones de dólares en primas de opciones.

A su vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, acorde con la información contable precisada en la denuncia.

¿Cuáles son los posibles delitos que Dalbón les atribuye a los funcionarios? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Además de los pedidos de detención, el letrado pidió: la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde haya documentación relacionada con la investigación y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

Y añadió: "La respuesta del Presidente del Banco Central? 'En algún lado están'".

La legisladora dejó en claro que esa contestación "no alcanza" e hizo hincapié en que la "plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra".

Por lo tanto, "ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició " y sentenció: "SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS".

Agencia NA

El cuerpo sin vida de Bárbara Camila Aragón, de 26 años de edad, fue localizado durante la jornada del domingo en el interior de un inmueble que funciona como pensión, ubicado en la calle Juan José Paso al 6200, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. A partir de los hallazgos en la escena y los testimonios recolectados por las fuerzas de seguridad, la Justicia dispuso la detención preventiva de un hombre de 37 años e inició las actuaciones pertinentes bajo la figura legal de homicidio calificado por femicidio.

El procedimiento policial se desencadenó tras la denuncia efectuada por los familiares de la víctima, quienes reportaron la interrupción del contacto con la joven desde la jornada del sábado. En el marco de las primeras tareas de rastreo, la declaración brindada por un chofer de servicio de remis resultó determinante para reconstruir el trayecto final de Aragón. El trabajador al volante confirmó haber trasladado a la joven hasta la dirección mencionada e informó que, minutos después de dejarla en el lugar, recibió un mensaje de mensajería instantánea en el cual la joven le solicitaba que retornara a buscarla. De acuerdo con el testimonio incorporado a la causa, el conductor regresó al domicilio y dio señales sonoras, pero al no recibir respuesta optó por retirarse del sector.

Frente a la persistencia de la incomunicación, los familiares dieron aviso formal a la policía. Con la autorización expresa de la administración del complejo de viviendas, los efectivos policiales ingresaron al predio para inspeccionar los sectores comunes y privados. En la planta alta de la propiedad se identificó la presencia del sospechoso, mientras que en el sector destinado a la cocina los agentes hallaron una valija que contenía el cuerpo de la víctima envuelto en una frazada.

El imputado fue identificado por las autoridades como Eliel S., de 37 años, quien anteriormente formó parte de la Policía de Santa Fe hasta su exoneración institucional. Según los registros judiciales, el individuo contaba con antecedentes penales, entre ellos una condena dictada en 2021 a seis años de prisión por infracción a la ley de estupefacientes en el marco de una causa por traslado de sustancias ilícitas. Asimismo, en julio de 2024 había sido demorado durante un control preventivo al circular con indumentaria con insignias oficiales, una réplica de arma de fuego y un vehículo con numeración adulterada, instancia tras la cual recuperó la libertad.

La causa se encuentra radicada en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la dirección de la fiscal Bertolotti, quien formalizó la detención del sospechoso en calidad de presunto autor.

Un joven de 20 años fue detenido en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás en un local ubicado sobre calle Alsina, en Gualeguaychú.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando la víctima denunció que había sido abordada por un hombre que le sustrajo dinero en efectivo.

A partir de la denuncia, personal de Comisaría Cuarta inició una serie de tareas investigativas que derivaron en una medida judicial sobre una vivienda ubicada en la zona de Federación y Schachtel.

Con autorización de la Justicia, los efectivos realizaron un allanamiento y registro del domicilio, donde secuestraron prendas de vestir que, según informó la Policía, estarían relacionadas con el hecho, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Durante el mismo procedimiento se concretó la detención del joven de 20 años señalado como presunto autor del robo.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación de la causa.

Personal de la Comisaría Tercera recuperó una bicicleta rodado 29 que había sido denunciada como sustraída el miércoles 16 de septiembre en Gualeguaychú.

En el marco de la investigación, alrededor de las 11:25, efectivos fueron comisionados a la intersección de Santiago Díaz y La Rioja, donde personal del Comando Radioeléctrico había demorado a un hombre señalado como posible autor de la sustracción.

En el lugar fue identificado un joven de 28 años, cuya vestimenta coincidía con la descripción aportada sobre el presunto autor del hecho. Tras informar la situación al fiscal de Propiedad en turno, se dispuso su correcta identificación y posterior traslado a la Jefatura Departamental.

Allí fue examinado por el médico policial y se realizó el correspondiente control de antecedentes. Cumplidas las diligencias, recuperó la libertad.

La investigación continuó y permitió establecer que la bicicleta habría sido vendida en un domicilio ubicado en inmediaciones de República Oriental y Clavarino.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 34 años, quien manifestó que su hijo menor de edad había comprado de buena fe una bicicleta rodado 29, de características similares a la denunciada como sustraída. Según indicó, el rodado había sido adquirido a dos hombres por 40.000 pesos.

La mujer entregó voluntariamente la bicicleta a los efectivos. Informado nuevamente el fiscal interviniente, ordenó su formal secuestro y que permaneciera alojada en dependencia policial a disposición de la Fiscalía.

Además, se dispuso tomar declaración a la madre del comprador. El rodado será posteriormente restituido a la mujer de 33 años que había denunciado su sustracción.

La Policía Federal Argentina logró esclarecer un falso secuestro extorsivo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a través de un procedimiento conjunto llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná, ambas dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada mediante un llamado al 911 por parte de una mujer, quien reportó haber recibido mensajes por la aplicación WhatsApp en los que se le informaba que su pareja estaba supuestamente privada de la libertad y se exigía el pago de una importante suma de dinero. Al tomar conocimiento del hecho, las dependencias policiales realizaron tareas de inteligencia, recorridas preventivas, vigilancia sobre un vehículo señalado en las inmediaciones del supermercado ChangoMás y diversas acciones tendientes a comprobar los datos aportados.

Como resultado del operativo, los efectivos localizaron el rodado en cuestión e identificaron a un hombre que intentaba retirarse del lugar en un vehículo de alquiler. Rápidamente, se procedió a su interceptación y detención, efectuándose además el secuestro del automóvil, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación relevante para el avance de la causa. El principal sospechoso quedó a disposición del Juzgado interviniente.

La Policía Federal Argentina ratifica su compromiso con la investigación y prevención del delito, resaltando la importancia del trabajo articulado, profesional y coordinado para brindar respuestas inmediatas y efectivas en pos de la seguridad y protección de la ciudadanía.

Una investigación interna en la Armada Argentina terminó en una denuncia ante la Justicia Federal por un presunto esquema de corrupción vinculado con la liquidación de haberes y viáticos del personal. Según los testimonios que dieron origen al expediente, la maniobra habría funcionado desde 2022 y podría haber provocado un perjuicio cercano a $1.600 millones.

El caso involucra, de acuerdo con la información aportada a la investigación, a alrededor de 25 personas entre oficiales y empleados civiles. La sospecha es que desde el área encargada de las liquidaciones se habrían generado pagos que no correspondían, tanto mediante suplementos salariales como a través de fondos destinados a personas que ya no pertenecían a la fuerza.

La denuncia comenzó a tomar forma cuando al menos siete integrantes de la Armada se negaron a participar de las maniobras y comunicaron las irregularidades a sus superiores. A partir de esos testimonios, el servicio contable de la fuerza elevó la información y se inició una actuación administrativa para revisar las acreditaciones realizadas durante los últimos años.

Uno de los mecanismos bajo investigación está relacionado con los suplementos que se incorporaban a los salarios. Según los denunciantes, algunos agentes recibían montos adicionales y luego se les reclamaba que devolvieran una parte del dinero. Esa diferencia habría sido distribuida entre integrantes del área que intervenía en las liquidaciones.

La investigación también puso bajo la lupa pagos que se habrían realizado utilizando información de personal retirado o que ya había sido dado de baja. La sospecha es que esos datos permitían solicitar fondos para salarios que finalmente no debían ser abonados. De confirmarse, parte del dinero obtenido de esa manera habría quedado fuera del circuito correspondiente.

Los viáticos vinculados con viajes al exterior también forman parte de las irregularidades denunciadas. En esos casos, los testimonios mencionan la posible adulteración de comprobantes y la incorporación de gastos que no se habrían realizado. La documentación contable será uno de los elementos que deberá analizar la Justicia para determinar el alcance de la maniobra.

El expediente también alcanza al funcionamiento del área administrativa encargada de procesar los haberes. Según los testimonios incorporados a la denuncia, personal civil intervenía en la carga de los suplementos mientras oficiales tenían responsabilidades de control y firma, por lo que la investigación deberá establecer qué grado de participación tuvo cada persona y si existió una estructura coordinada para desviar fondos.

La respuesta del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa confirmó la existencia de una investigación administrativa y señaló que las autoridades detectaron inconsistencias en las acreditaciones de sueldos. Una vez constatadas esas irregularidades, la cartera informó que presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 para que se investiguen los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades.

“Se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos”, indicó Defensa. El Ministerio explicó que, luego de verificar esas irregularidades, decidió recurrir a la Justicia para que avance la investigación, con la garantía del debido proceso.

La cartera que conduce Luis Petri remarcó además que la administración de los recursos públicos constituye una obligación central del área y aseguró que existe “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad en su manejo. En ese sentido, señaló que se adoptarán las medidas que correspondan a medida que avance la investigación.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar cómo funcionaba el mecanismo, desde cuándo operaba, cuál fue el monto efectivamente desviado y quiénes participaron. La cifra de $1.600 millones surge de los testimonios que dieron origen a la denuncia y deberá ser corroborada mediante el análisis de las liquidaciones, los movimientos de fondos y el resto de la documentación administrativa.

La investigación se produce además en un momento en que la administración de los recursos de las Fuerzas Armadas se encuentra bajo revisión dentro del Ministerio de Defensa. En este caso, sin embargo, las responsabilidades individuales y el eventual perjuicio al Estado todavía deberán ser establecidos a partir de la investigación judicial.

El fiscal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba contra Claudio Chiqui Tapia, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes judiciales.

Luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones definió que el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo quedara a cargo de la causa, la Fiscalía solicitó medidas para avanzar en la investigación.

Entre los puntos más importantes del escrito, se encuentra el pedido para que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir su situación económica y saber si hubo un incremento desmedido en su patrimonio.

Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por su función como funcionario público en el CEAMSE, a raíz de una denuncia de Guillermo Tofoni.

Pollicita busca determinar si entre 2016 y la actualidad, el mandamás del fútbol argentino tuvo un incremento patrimonial “apreciable” por sí mismo o mediante otra persona durante su cargo.

Qué dice la denuncia

En su presentación, Tofoni apuntó que el presidente de la AFA habría tenido un aumento en su patrimonio “injustificado” durante los años que integró la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), entre 2016 y 2025.

Mencionó que en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo, y activos líquidos inferiores a $1,5 millones de pesos, equivalente en ese entonces a aproximadamente US$ 43.000, lo que consideró un “patrimonio acotado”.

Sin embargo, en 2019 incluyó cuatro propiedades: una casa en San Isidro de 315 m2 por un valor de $15 millones, que fue adquirida mediante una “venta de activos”; un departamento en Caballito de 291 m2; una casona en Ingeniero Maschwitz de 280 m2 por un valor de $12.000.000; y un terreno de 2.430 m2 en Campana por un valor de $10.918.214.

Para 2024, advierte la denuncia, Tapia admitió en sus declaraciones juradas que tendría más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro a valor oficial.

Sin embargo, al año siguiente mostró una liquidez de “cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación” e incluyó vehículos y siete propiedades. Entre estas hay dos inmuebles en San Juan con una “doble anomalía” ya que sus valores fiscales “decrecieron en lugar de actualizarse”, además de que pasaron de ser bienes propios a “integrar el conjunto ganancial”.

Para ese año, Tapia asumió que tenía tres relaciones laborales: al CEAMSE y la AFA se suma su rol como vicepresidente segundo en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con un ingreso total declarado de más de $818 millones anuales, a los que se sumaron otros más de $200 millones adicionales.

Según Tofoni las declaraciones “son falsas” ya que sus ingreso no explican el incremento patrimonial de alrededor del 1.000% en ocho años, e incluso acusó que tendría bienes “no declarados”.

Las medidas de prueba

Ante este escenario, Pollicita solicitó en primer lugar que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero, como también acceder a todas las declaraciones juradas de Chiqui Tapia durante el período investigado.

Por otro lado, pidió al CEAMSE informes sobre los ingresos que recibió desde su ingreso al organismo hasta la actualidad; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre sus cuentas y operaciones bancarias.

El fiscal indaga además si realizó envíos de dinero o recibió dinero del exterior, y si hizo operaciones con criptoactivos, como también información de sus bienes.

Pollicita exhortó a la Conmebol a entregar informes con los cargos que tuvo Tapia en la entidad junto con los montos y rubros abonados.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.

Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.

Según su denuncia, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.

La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

(Fuente: Agencia NA)

Rosatelli permanece con prisión preventiva en la unidad penal y está corriendo el plazo para que el magistrado resuelva si lo procesa, le dicta el sobreseimiento o va por el camino intermedio de la falta de mérito.

Rosatelli se abstuvo de declarar, pero sus defensores Damián Petenatti, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen emitieron un comunicado en el que calificaron la detención del comisario y abogado como una “venganza” por haber impulsado una denuncia contra la cúpula de la División 911 de la Policía de Entre Ríos por presunta malversación de fondos en la administración de adicionales.

El primero en hablar públicamente del tema había sido el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien tildó de “absurdo” que la detención obedeciera a una venganza policial.

Según dijeron los defensores, en la causa no aparecen escuchas, filmaciones ni comunicaciones que relacionen al comisario con el resto de las personas investigadas por el cargamento de marihuana ni conoce a quien está sindicado como líder del grupo operativo, que sería Martín Reynaldo Pelizzari. También cuestionaron los informes policiales incorporados al expediente, a los que calificaron de “ridículos” y que “carecen de seriedad”, a la vez que pusieron en duda los elementos de prueba utilizados para sostener la imputación contra el comisario y abogado.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso, con la producción de distintas medidas de prueba y declaraciones de testigos, en su mayoría policías que participaron de la investigación preliminar, consignó Página Judicial.

Del mismo modo, el juez rechazó la excarcelación de los otros cuatro detenidos: Martín Reynaldo Pelizzari, con múltiples antecedentes por estafas y una condena reciente, que sería el líder del grupo operativo; Claudio David Luna, hijo de un integrante de la organización que había montado una cocina de cocaína en un campo en el acceso norte de Paraná en 2011; y los hermanos Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, que cargan condenas por delitos de narcomenudeo.

En tanto, hay un prófugo, Juan Esteban Siebenlist Bustos, de 40 años, domiciliado en Paraná, registrado como monotributista en actividades de cría de ganado bovino y con antecedentes por delitos rurales y amenazas.

El origen

La investigación se inició el 13 de febrero, cuando policías de la brigada de delitos rurales de La Paz interceptaron una furgoneta que circulaba en un camino vecinal. El vehículo, un Citroën Jumper de color blanco, cargado con 1.345 kilos de marihuana y llevaba colocada una chapa patente que pertenecía a una furgoneta similar, pero que tenía pedido de secuestro desde noviembre de 2023.

En el procedimiento fue detenido el conductor del vehículo, César Leonel Ramírez, un albañil de 34 años, y otras dos personas lograron fugarse; pero los investigadores comenzaron a tirar del hilo hasta reconstruir la logística del operativo y surgió la sospecha de que la furgoneta utilizada para transportar la marihuana habría sido provista por el comisario Rosatelli.

Rosatelli está acusado de haber organizado y ejecutado el transporte del cargamento de marihuana, en forma conjunta y coordinada con Pelizzari, Luna, Siebenlist Bustos –que continúa prófugo– y otras dos personas no identificadas.

También se le atribuyen las lesiones un hombre que habría oficiado de nexo con el vendedor de la camioneta utilizada para transportar la droga, a quien golpeó violentamente en la cabeza en una oficina de la sede de la asociación civil Suma de Voluntades, tres meses antes.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó las quejas presentadas por las defensas técnicas y ratificó la continuidad de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras de dragado gestionadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El expediente judicial tiene su origen en 2019 tras una denuncia promovida por Carlos Jaime Hartwig sobre presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y abuso de autoridad. El foco de la pesquisa se sitúa en el Concurso de Precios 009/2017 para tareas de dragado y mantenimiento del río, adjudicado a la empresa Jan de Nul por USD 39.998.920, cifra calificada en la causa como un monto "superior a los valores existentes en el mercado, antieconómico y carente de justificación técnica".

En el marco del proceso se encuentran imputados los exdelegados argentinos Mauro Héctor Vazón, Juan Enrique Ruiz Orrico y Jorge Diego Satto, junto a Pieter Jan de Nul. Las defensas habían planteado excepciones de falta de acción e incompetencia territorial invocando la inmunidad de jurisdicción del organismo binacional para apartar a los tribunales locales del caso.

Sin embargo, tras las resoluciones del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Casación concluyó que las presentaciones no se dirigen contra una sentencia definitiva ni acreditaron un perjuicio irreparable. Con esta resolución, la causa permanecerá en trámite en el fuero federal para la producción de nuevas medidas de prueba.

(Fuente: Análisis Digital)

Un camionero quedó detenido después de reconocer que había inventado un asalto y el robo de su camión en la Autovía 18, a la altura del kilómetro 231, en jurisdicción de la Jefatura Departamental Concordia, Estación Yeruá. El hombre había denunciado el hecho el 14 de agosto para cobrar el seguro, pero las inconsistencias de su relato lo delataron.

Según la denuncia inicial, alrededor de las 19:30 circulaba en un camión Fiat Iveco Cursor 330, de color azul y con batea blanca, que transportaba una cisterna con 609 litros de gasoil, desde Buenos Aires hacia la Colonia Oficial 5, de la Compañía Forestal del Sur. Dijo que se detuvo a orinar y que allí fue abordado por un hombre que lo apuntó con un arma y le cubrió la cabeza, para luego ser trasladado algunos kilómetros sin poder ver hacia dónde se llevaban el camión. La zona ya había registrado el peligroso despiste de un camión en medio de la lluvia.

Además del camión, denunció el robo de un teléfono Samsung A04, una billetera con 5.000 pesos y un bolso negro con 1.500.000 pesos que, según aseguró, correspondía a su sueldo. El hombre fue trasladado a los servicios médicos porque presentaba golpes.

Personal de la Comisaría Pedernal, de la División Drogas Peligrosas y de Caminera, Puesto Concordia, se constituyó en el lugar. Los efectivos corroboraron mediante la patente que el camión no había pasado por el peaje de Yeruá, situación que fue puesta en conocimiento del fiscal de turno, Mario Figueroa. Los incidentes con camiones en la zona no son aislados: hace poco uno volcó en la Ruta 14 tras ser “encerrado” por otro transporte de carga.

La falsa denuncia

Al ser entrevistado nuevamente para determinar la veracidad del hecho, el hombre terminó reconociendo que la denuncia era falsa. Manifestó que hacía bastante tiempo que no tenía el camión, que todo había sido inventado con el objetivo de cobrar el seguro y que había realizado la maniobra para hacerle un favor a sus patrones. También admitió que había arrojado el teléfono y la billetera a la vera de la Ruta 18 y que el dinero estaba en poder de su padre.

La División Policía Científica, que había intervenido en el lugar señalado por el supuesto damnificado, no observó ningún indicio de que se hubiera cometido un delito. El fiscal dispuso que, una vez encontrados los elementos, el hombre fuera aprehendido por el delito de falsa denuncia. La causa se suma a otras investigaciones que tramitan en la Fiscalía de Concordia, como el secuestro de un autoelevador comprado mediante cheques sin fondos.

En un rastrillaje dispuesto por la fiscalía, la Policía logró localizar el teléfono y la billetera en el cantero central del segundo retorno, a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, sentido Este-Oeste. Los elementos fueron secuestrados y se dispuso la correcta identificación del denunciante. Ahora

El conflicto laboral en la planta fabril de Unionbat en Gualeguaychú alcanzó un desenlace definitivo tras la finalización del periodo de conciliación obligatoria sin acuerdo entre las partes. La medida dictada por la autoridad laboral concluyó formalmente este martes a las 14:00 sin que la representación patronal presentara alternativas para revertir los cesantes ni garantizar el sostenimiento de las fuentes de trabajo en el predio industrial local.

Desde la conducción del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas confirmaron que durante los 21 días en los que se extendió la instancia legal, la dirección de la firma no acercó propuestas concretas para reincorporar al personal o reestructurar el esquema operativo. Según detallaron desde la entidad gremial, las audiencias transcurrieron sin negociaciones efectivas respecto a la continuidad de las líneas de producción, ratificando la empresa su postura inicial de desafectar a un total de 100 operarios.

Con la conclusión del plazo preventivo, la situación entra en una etapa orientada al reclamo de las obligaciones legales pendientes. La representación de los trabajadores indicó que se mantendrán a la espera del transcurso de los cuatro días hábiles previstos por la normativa vigente para que la compañía efectivice el pago total de las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los despedidos.

A la par de las indemnizaciones por despido, la entidad sindical reclama la liquidación inmediata de haberes vencidos y prestaciones de la seguridad social que registran demoras. Entre los montos exigidos se encuentran las quincenas correspondientes al 20 y al 5 del mes en curso, además de la regularización de los aportes destinados a la obra social del sector, los cuales sufrieron interrupciones en los meses previos.

El referente de la organización gremial, Martín Gómez, expresó que la pérdida de este volumen de empleos representa un fuerte impacto para la estructura productiva y la economía local. El dirigente enfatizó que el resultado era evitable si hubiese existido disposición negociadora por parte del sector empresarial para buscar mecanismos alternativos que permitieran mantener activa la fábrica en la ciudad.

El gremio también dirigió duras críticas al desempeño de la Secretaría de Trabajo provincial durante el desarrollo del diferendo. Desde el sindicato señalaron que el organismo gubernamental no ejerció un rol activo de mediación ni aplicó las sanciones o multas previstas para los casos en que las partes no muestran voluntad de acordar durante la conciliación obligatoria. Según la postura gremial, las dilaciones en los plazos administrativos terminan perjudicando la estabilidad financiera de los asalariados mientras transcurre el conflicto.

El cierre de la vía administrativa habilita a las partes a adoptar los pasos legales o gremiales que consideren pertinentes. Mientras corre el lapso legal para el cumplimiento de los pagos por cese y la cancelación de salarios adeudados, los trabajadores despedidos y el sindicato evalúan las medidas a seguir para garantizar la cobertura médica y la liquidación integra de los conceptos estipulados por la ley de contrato de trabajo.

La comunidad educativa de la Escuela Pablo G. Haedo atraviesa momentos de profunda angustia e indignación tras ser víctima de dos episodios de vandalismo en lo que va del año.

El hecho de mayor gravedad ocurrió durante el fin de semana del 25 y 26 de julio, cuando personas no identificadas ingresaron por la parte trasera del predio, provocaron daños en la mampostería, rompieron cadenas y candados, y sustrajeron una garrafa de 10 kilos destinada fundamentalmente a calentar la merienda de los alumnos. "Este ilícito se suma a un intento previo de ingreso en el que dañaron los marcos y vidrios de la ventana del sector de portería", describieron desde la Escuela Haedo.

A pesar del dolor que causan estas situaciones reiteradas, la institución destacó la rápida respuesta de la comunidad para mitigar la emergencia. "Gracias al trabajo conjunto del presidente de la cooperadora, Oscar Angeramo, el ordenanza Santiago Benedetti, y la asistencia de la Dirección Departamental junto al área de Desarrollo Humano —quienes proveyeron los arreglos y una nueva carga de gas—, se logró garantizar el servicio alimentario de los estudiantes", informaron desde el establecimiento educativo.

"La denuncia formal ya fue radicada en la Comisaría 4° y las autoridades de la escuela solicitan a cualquier vecino que pueda aportar datos o información sobre lo sucedido que se acerque a la sede policial o al establecimiento", concluyeron los referentes escolares.

La ciudad de Mar del Plata se encuentra conmocionada tras el trágico desenlace en la búsqueda de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años que permanecía desaparecida desde el pasado viernes. El cadáver de la víctima fue hallado durante la madrugada de este domingo en una playa del sector sur, oculto debajo de un contenedor de basura y envuelto en una sábana, confirmando que fue atraída hacia el lugar mediante una oferta de empleo falsa.

La reconstrucción realizada por la familia determinó que Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, había sido contactada a través de la red social Facebook para una supuesta oportunidad laboral en la zona de Punta Mogotes. Para concretar el encuentro, los engañadores le solicitaron el envío de una fotografía personal destinada a la confección de un presunto carnet de acceso y le indicaron una dirección que resultó ser inexistente, bajo la denominación de "Balneario Punta Mogotes Cero". La joven abordó un remis contratado por los organizadores de la trampa y a partir de ese momento se perdió todo rastro.

Frente a la falta de respuestas y el paso de las horas, los allegados se presentaron en la Comisaría 16° para radicar la denuncia por paradero, pero denunciaron que el personal policial se negó a tomar la exposición bajo el pretexto de que debían aguardar más tiempo. Ante la inacción de la fuerza de seguridad, una amiga de la víctima logró ingresar al perfil de Facebook de Juana para revisar los chats, obteniendo los datos clave de la falsa convocatoria que orientaron el rastreo de forma particular hacia la zona costera.

La búsqueda concluyó de la peor manera cuando el hermano de Juana localizó el cuerpo en la playa. El macabro hallazgo derivó en la intervención de la Justicia para determinar la causa de muerte e identificar tanto al conductor del vehículo que realizó el traslado como a los autores del engaño digital. La comunidad marplatense manifiesta un profundo repudio ante la peligrosidad de estas modalidades delictivas y la falta de respuesta institucional previa.

Cepeda tuvo la idea, o encontró como único camino posible en su reclamo, de encadenarse a una silla y posicionarse justo al lado de la puerta principal de los Tribunales de Gualeguaychú, sobre calle Sáenz Peña, para que toda persona que pasara lo viera y se enterara de su situación.

Obviamente no pasó desapercibido. Desde las 7 de este miércoles concentra las miradas de los funcionarios judiciales, peatones y automovilistas que bordean la plaza San Martín. Sobre las escalinatas, un hombre sentado sosteniendo un cartel que dice: “Justicia lenta no es justicia. 482 días sin ver a mis hijos”.

En diálogo con EL ARGENTINO, Cepeda contó que pide justicia “porque hace 2 años y 5 meses me hicieron una falsa denuncia, mi ex, en contra de mis hijos y desde ese momento no los puedo ver y la Justicia no avanza en nada y no tengo respuesta”.

Al indagar un poco más sobre su problemática relató que existe una orden judicial de prohibición de acercamiento y que incluso ha estado preso en al menos una ocasión por violar esa restricción.

“Me dicen que acá no es el lugar para reclamar (en la puerta de Tribunales), pero ya he ido al Juzgado de Familia y me mandan de un lado para el otro y no sé qué hacer para que alguien me escuche”, indicó.

Sus hijos tienen 8 y 6 años y aseguró que está ahí por ellos, porque quiere verlos. “Voy a estar hasta que alguien me atienda. Para mí el caso está archivado. No puede ser que hayan pasado 2 años y medio y que no pase nada, tengo derecho de ver a mis hijos, como ellos tienen derecho de ver a su papá. Espero una respuesta favorable”, sentenció.

El estado de sus causas

Cepeda es protagonista en varias causas judiciales, que se reparten entre diferentes fiscalías, juzgados y Ministerio Pupilar. Las investigaciones abiertas en su contra van desde abuso sexual hasta violencia de género y extorsión. Todas ellas tienen como responsables a las fiscales Natalia Bartolo y Alejandra Montiel, cada una en su competencia.

La que involucra a sus hijos se inició el 1 de abril de 2024 y esa está bajo la órbita de Bartolo, mientras que Montiel tiene bajo su responsabilidad las seis denuncias que su ex pareja le realizó por violencia de género.

Respecto al reclamo que lleva adelante y el estado de esa causa que manifestó que cree que se encuentra cerrada o archivada, la investigación está en pleno proceso y a la espera de la recomendación de los y las psicólogas del Poder Judicial intervinientes para realizar la Cámara Gesell. Esta medida se llevó a cabo hace un tiempo atrás, pero los dos niños entraron en un estado de angustia que obligó a no terminarla.

Luego de un tiempo uno de los niños pudo hacer la pericia y en ella habría dado indicios sobre la veracidad de la denuncia, pero aún se espera que el segundo menor pueda brindar su testimonio en Cámara Gesell cuando las profesionales lo indiquen.

Un hecho delictivo con características poco habituales movilizó al personal de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú durante la noche del pasado sábado en la zona de Costanera Sur. La intervención policial se inició a raíz de un alerta por la sustracción de elementos sanitarios en el sector, lo que derivó en el envío inmediato de una patrulla hacia la zona ribereña para verificar la denuncia presentada.

Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos fueron recibidos por personas vinculadas al Club Pueblo Nuevo, quienes ya tenían demorado a un hombre de 38 años de edad. El individuo llevaba en su poder un inodoro completo que acababa de ser sustraído del predio, acción que fue advertida a tiempo por los allegados a la institución deportiva antes de que el sospechoso lograra darse a la fuga.

Tras controlar la situación en el lugar, el personal actuante entabló comunicación directa con la Fiscalía en turno para informar los detalles del procedimiento. La magistratura interviniente dispuso el secuestro preventivo del artefacto sanitario con el objetivo de tramitar su posterior restitución a la damnificada. En tanto, el hombre demorado fue trasladado para su correcta identificación formal, quedando supeditado a las actuaciones judiciales que se instruyen por el delito en grado de tentativa.

Un hombre de 33 años fue detenido este viernes por la tarde tras un operativo policial montado en el marco de una causa que investiga un robo violento en la vía pública. Los procedimientos se concentraron alrededor de las 15:30 horas y contaron con la participación coordinada de distintas dependencias de seguridad locales.

La causa penal se inició a partir de la denuncia de un vecino de 39 años. Según su testimonio, el jueves por la noche caminaba por las inmediaciones de Boulevard Pedro Jurado cuando dos delincuentes lo cruzaron en el camino. Tras agredirlo físicamente para vencer su resistencia, los asaltantes le robaron una mochila en la que llevaba varios efectos personales y pertenencias de valor.

A partir de los datos recabados en las primeras tareas de investigación, la Justicia autorizó una orden de allanamiento y registro para una vivienda sospechosa. El operativo arrojó resultado positivo: los uniformados lograron el secuestro de diferentes elementos que son de directo interés para el expediente y que comprometen al sospechoso.

Un hombre de 29 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en el marco de una investigación por un presunto hecho de violencia de género, luego de que una mujer ingresara al Hospital Centenario con una lesión de consideración en la cabeza.

El procedimiento se inició alrededor de las 3, cuando personal de la Comisaría de Minoridad tomó intervención tras ser notificado por efectivos que cumplían funciones de guardia en el nosocomio sobre el ingreso de una mujer con una herida en el cuero cabelludo.

Según las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, la lesión se habría producido durante un episodio de violencia ocurrido con su pareja. En un primer momento, la mujer manifestó que no tenía intenciones de radicar una denuncia formal.

Sin embargo, el médico de guardia constató que presentaba una herida profunda que requirió la aplicación de puntos de sutura, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Género.

Ante la gravedad del caso, la fiscalía dispuso la inmediata aprehensión del presunto agresor y la realización de las diligencias correspondientes. El hombre quedó alojado en una

Un nuevo episodio de violencia de género requirió la intervención de las fuerzas de seguridad en la zona de la Costanera local. Durante la madrugada de este domingo, agentes de la Policía de Entre Ríos detuvieron a un hombre de 25 años tras ser acusado de golpear a una joven en el interior de un reconocido establecimiento nocturno.

El operativo se inició cuando la víctima, una mujer de 18 años, logró salir del local y se dirigió hacia los efectivos policiales que se encontraban apostados en el ingreso cumpliendo funciones de servicio adicional. Visiblemente afectada, la joven relató que momentos antes había sido agredida físicamente por el sospechoso dentro de la pista y lo señaló directamente ante las autoridades.

El procedimiento de detención y traslado estuvo a cargo del personal de la Sección Comando Radioeléctrico, quienes trasladaron al detenido hacia la Alcaidía de la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, las autoridades confirmaron que la joven agredida recibió la asistencia correspondiente en el momento y manifestó a los uniformados que se presentaría en las horas posteriores por sus propios medios ante la Comisaría de la Minoridad y la Familia para formalizar la denuncia penal del hecho.