La justicia de Salta ordenó este viernes el secuestro de los celulares del concejal Pablo López, perteneciente a La Libertad Avanza, en el marco de una causa en curso que apunta a esclarecer hechos graves, entre ellos amenazas, acoso, manipulación de pruebas y posibles actos de encubrimiento. La decisión judicial surgió tras la presentación de nuevas pruebas por parte de la víctima, las cuales no sólo comprometerían al edil, sino que también involucrarían a la diputada nacional Emilia Orozco.

De acuerdo con fuentes judiciales cercanas a la investigación, el caso cobró mayor complejidad al quedar mencionada Orozco, quien, según trascendidos, habría conocido previamente los hechos denunciados. Además, las sospechas apuntan a que pudo haber actuado en complicidad o, al menos, omitido denunciarlos.

La medida de secuestro de los teléfonos busca preservar pruebas clave para avanzar con las pericias correspondientes, mientras los investigadores analizan las comunicaciones entre los implicados y el posible rol que ambos habrían desempeñado en la maniobra.

Mientras la causa avanza, el concejal Pablo López fue expulsado de manera unánime del espacio La Libertad Avanza. La resolución fue firmada por el presidente del partido, Eduardo Virgili, quien manifestó un “absoluto rechazo a los aberrantes hechos que son de público conocimiento”.

En línea con el posicionamiento del espacio oficialista, Virgili reafirmó la consigna que repite el presidente Javier Milei: “El que las hace, las paga”. Esta línea motivó la expulsión del concejal salteño.

El expediente judicial continúa en pleno desarrollo y, según dejaron trascender desde el entorno del tribunal, no se descartan nuevas medidas en los próximos días, tanto en relación con López como con otros posibles involucrados.

Los investigadores mantienen bajo reserva el contenido de las pruebas ya incorporadas, mientras avanza la recolección de elementos que permitan determinar responsabilidades y delimitar el alcance de los hechos denunciados.

El escándalo estalló luego de que se filtrara un audio entre el concejal Pablo Emanuel López y una militante de su espacio político, en el que se lo escucha hablando de descuentos de sueldo y ofreciendo beneficios económicos a cambio de sexo oral.

La denunciante, que además fue electa como convencional municipal por la capital salteña, afirmó en el audio que López retenía parte de su salario: “Querés hacer caja con "500 mil al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”, le reclama. Ante esto, el concejal responde: “No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar”.

El fragmento más delicado se produce segundos después, cuando López insinúa que podría reducirle los descuentos si accedía a mantener relaciones sexuales con él.

“Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba $10 mil”, se lo escucha decir. “¡¿Creés que soy una puta?!”, reacciona la mujer.

La mujer ya radicó una denuncia penal y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual Número 3, que inició una investigación preliminar. El caso amenaza con desatar una nueva crisis interna dentro del oficialismo libertario a pocas semanas del cierre de listas. Por lo pronto, la denunciante ya recibió un botón antipánico.

Un grupo de dirigentes políticos, entre ellos gremiales, denunció penalmente a los interventores del Iosper que, en esta semana, se convertirá en OSER (Obra Social de Entre Ríos). Quienes se presentaron en Fiscalía enumeraron una serie de hechos de los que sospechan que se encuadran en delitos de corrupción.

Los firmantes de la denuncia son Rubén Darío Albarenque, Graciela Susana Benavidez, José Reinaldo Colli, Sergio Daniel Fragazzini y María Angélica Pérez. Con el patrocinio de Rafael Mariano Giampaolo y Rubén Pagliotto. Éste último; enrolado en un sector interno de la UCR crítico de la gestión provincial; había anunciado en una entrevista con este medio que no le temblaría el pulso en denunciar a la actual administración, a la que votó.

La denuncia penal recayó contra el interventor Mariano Gallegos; el subinterventor Ricardo García; y el director general de la intervención Raúl Matías Sánchez.

Los supuestos delitos que pretenden que se investiguen -según la presentación a la que tuvo acceso Página Política en exclusiva- son administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona.

Entre las irregularidades -según los peticionantes- “se ha verificado —con base en documentos públicos y observaciones técnicas calificadas— que convenios, suscriptos durante la intervención del Iosper, presentan graves y patentes irregularidades, a saber:

Ausencia de licitación pública como modo de selección de contratistas, pese a que los montos involucrados en los mismos superan ampliamente los umbrales previstos en el Decreto 795/96 MEOSP y sus modificatorias”; “contratación en dólares estadounidenses sin justificación legal ni base reglamentaria, a pesar de tratarse de insumos en su mayoría nacionales, estando ello prohibido por las normas vigentes en la materia, sometiendo los recursos del Iosper, que son de los afiliados y aportados por ellos, a las turbulencias macroeconómicas propias de un país con inflación y variabilidad cambiaria”.

También mencionan la existencia de “proveedores no inscriptos en el padrón oficial provincial, sin domicilio legal en Entre Ríos ni cumplimiento de la Ley 9353 de Compre Provincial. Este incumplimiento flagrante se visualiza sin ningún esfuerzo, toda vez que la ley citada obliga a los organismos que ingresan a procesos de selección de contratistas que, a precios iguales, incluso que superen los de otras provincias hasta un tope de un 5%, se preferirá (derecho de preferencia) al oferente local, pues se privilegian las fuerzas productivas locales, como factores dinamizadores de la economía, generadores de trabajo y contribuyentes al erario provincial”.

En este último ítems -según escribieron los abogados patrocinantes- “lo más grosero, sin dudas, lo constituye el hecho irregular de que ninguno de los cuatro proveedores de prótesis de CABA siquiera constituyó domicilio en Entre Ríos, más allá de no estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, careciendo absolutamente de antecedentes y, peor aún, ignorando por qué razón o motivos de un universo tan numeroso de proveedores de prótesis u ortopedias en la República Argentina, resultaron beneficiadas estas cuatro firmas de CABA, de donde casualmente (o causalmente) provienen el Sr. Interventor y el Director/Gerente Raúl Sánchez, quien en los hechos funge de súper gerente, siendo de hecho un director más de la entidad”.

Las firmas no están inscriptas en la ATER en relación al impuesto a los Ingresos Brutos, por lo tanto -argumentan- deberían tener el alta en la Jurisdicción 908 en su formulario de Convenio Multilateral, con lo cual se incumple, además, con la presentación del certificado de libre deuda para poder percibir un cobro por parte de un organismo autárquico como lo es el Iosper.

En el caso de García, el subinterventor, lo denuncian por haber autorizado una contratación directa por vía de excepción a Hugo Moisés Hillairet, por $980.000, “por servicios de sonido, iluminación y streaming” de un evento que habría tenido lugar el 28 de abril de 2025, haciéndolo además a través del dictado de una resolución que ordena el pago anticipado de la factura N.º 00003-000000369, sin orden de compra previa.

La denuncia llega en el medio de un conflicto en el que el Poder Ejecutivo se apresta a sacar la ley por la cual el Iosper dejará de existir, para convertirse en OSER. Antes se inició – en diciembre- el proceso de intervención de la obra social estatal. Fuente: Página Política

La mujer de 65 años murió el 8 de noviembre de 2023 en el Hospital Centenario y tres meses después de su fallecimiento una enfermera presentó una nota a las autoridades hospitalarias denunciando el proceder de una colega que atendió a Santana en sus últimas horas en la Terapia Intensiva, informando que le habría suministrado cloruro de potasio y que ello habría originado el deceso.

Las autoridades del Hospital Centenario efectuaron la denuncia penal en febrero y a partir de ese momento la causa pasó a manos del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, que inició la investigación para tratar de determinar el hecho.

En aquel primer momento, y al realizarse la denuncia tres meses después del deceso, el fiscal coordinador del Ministerio Público, Lisandro Beherán, contó a EL ARGENTINO que “se investigó, se tomó declaración a médicos y enfermeras, se revisó la historia clínica de la paciente y se remitió todo a médicos forenses de otra jurisdicción”.

Luego de idas y vueltas, el cuerpo de Santana fue exhumado y trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde en Paraná el viernes 24 de mayo por la tarde, pero fue recién a la semana siguiente que se pudo hacer la autopsia. Del informe preliminar no surgió evidencia sobre la existencia del cloruro de potasio en el cuerpo, porque habían pasado casi siete meses, por lo cual el fiscal Jorge Gutiérrez requirió la realización de estudios anatomopatológicos para tener mayores precisiones.

Los resultados de esos estudios complementarios se conocieron poco tiempo atrás y la conclusión fue la misma: “no hay conducta típica a investigar”. Gutiérrez consideró en su archivo de la causa que el fallecimiento de Santana se produjo por causas naturales, no violentas, conforme lo afirman los médicos forenses.

Tres de los cuatro médicos que analizaron la historia clínica y el cuerpo de Santana, concluyeron que la forma de muerte fue de tipo natural. Y el informe de anatomía patológico no informa hallazgo que contradiga la hipótesis de una muerte natural.

Los médicos que atendieron a Santana afirmaron que "la causa de la muerte fue una falla en el corazón, no podía hacer su función. Era una paciente que estaba en estado crítico. Esta paciente tenía Epoc, era ex fumadora, venía con problemas serios de salud. La paciente, antes del paro cardiorrespiratorio, había estado con el respirador artificial conectado”.

El médico cardiólogo Iván Gómez, quien atendió más de una vez en la guardia a Santana, explicó que "la paciente estaba por un cuadro de insuficiencia respiratoria y una neumonía, en el contexto de una paciente de EPOC, y ACV (accidente cerebrovascular)”.

Los dichos de la enfermera denunciante, sobre la colocación de cloruro de potasio en exceso y por una vía no adecuada, “quedan huérfanos, no tienen apoyo en lo que analizaron los médicos forenses, no tienen andamiaje en el estado crítico que presentaba Santana previo al deceso y que era conocido por la mayoría de quienes han sido entrevistados en la investigación, no tienen apoyo científico alguno porque si Santana hubiera muerto por la inyección del elemento, los peritos médicos no hablarían de muerte natural sino violenta”, consideró el fiscal Gutiérrez en el descargo al que accedió EL ARGENTINO.

Para la Fiscalía, “la hipótesis plausible es que Santana murió de una muerte natural, porque era una paciente de riesgo como dicen los médicos, y más allá de que en su último tramo de vida resultó tener una bacteria que luego se pudo confirmar por análisis de laboratorio, se infiere que no hubiera sobrevivido por la situación de mala salud que presentaba. La atención médica, como lo analizó una perito, fue la correcta. Es decir, el deceso tampoco se produjo por una desatención ni de enfermeras ni de médicos, como afirma en su escrito la abogada querellante Amelia Angerosa”.

Será ahora potestad de la querella continuar con esta causa. Retirado el Ministerio Público Fiscal de la investigación, por considerar que no existen elementos que puedan sostener una posible y futura imputación, será decisión de la querella si se prosigue con la producción de pruebas que permitan llevar el caso a juicio.

La Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por "violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria", en referencia asus dichos en el acto conmemorativo por el 2 de Abril, cuando aseguró: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros".

"Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, completó el mandatario durante la ceremonia que encabezó este miércoles en el cenotafio de la Plaza de San Martín del barrio de Retiro, donde se encuentra el monumento a los caídos.

La frase no solo le valió a Milei duras críticas por parte de veteranos y dirigentes políticos. Ahora se sumó también una presentación judicial realizada por la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas, a cargo de su presidente, Ramón Robles, quien acusó al mandatario por "violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria". La misma recayó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos.

En la denuncia, que lleva la firma de Robles y del abogado del colectivo, Walter Di Giuseppe, se plantea que el primer magistrado "dio un discurso fijando una posición política históricamente contraria a la que mantiene la República Argentina a lo largo de los años y contraria a nuestra propia Constitución Nacional". A la par, se detalla que los intereses de los isleños "son tenidos en cuenta, pero no son parte del diálogo de resolución del conflicto" y aclara que, más allá de lo que deseen, "son argentinos".

Concretamente, el escrito aduce que el Presidente vulneró una cuestión internacional identificada como el "derecho de autodeterminación" de los pueblos, el cual no se encuentra reconocido para los malvinenses. "Este argumento se debate cada año en las sesiones del Comité de Descolonización de la ONU, quien llama al diálogo pacífico entre las partes -Argentina e Inglaterra- para resolver su disputa de soberanía", aseguran.

Recordaron, además, que la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina ya había denunciado por delitos de acción pública, con fecha 01/10/2024, a la excanciller Diana Mondino, integrante del Poder Ejecutivo Nacional, por similares delitos conforme arts. 248 y ss. y 214 ss. y concordantes del Código Penal.

Por otra parte, al trazar un recorrido histórico sobre las distintas etapas del conflicto diplomático, se advierte que "ninguno de los gobiernos nacionales de posguerra tuvieron una auténtica política de Estado para recuperar nuestras Islas Malvinas, y todos se sometieron -por acción u omisión- a la estrategia británica para ampliar y consolidar su ocupación colonial en nuestros territorios".

El discurso de Milei, además, tuvo eco en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde distintos dirigentes respondieron en duros términos. El gobernador local, Gustavo Melella, quien compartió acto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, mencionó en diálogo con la prensa: "Increíble. La verdad que lo que dijo el Presidente... yo no se quién lo que asesora en términos internacionales. Acá no cabe la discusión de que los isleños, que viven ilegal e ilegítimamente, puedan decidir su futuro", dijo el patagónico.

Previamente, durante su discurso en la conmemoración, comentó, sin nombrar a Milei, comentó que "alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales e ilegítimos de las Islas quisieran ser argentinos". "Yo no sueño eso: yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria. Fueron implantados", lanzó en duros términos.

Lo propio había hecho antes en la misma ceremonia el Presidente del Centro de exCombatientes de Ushuaia, Juan Carlos Parodi, quien consideró que "la autodeterminación de los pueblos no corresponde en este caso para nada, porque no es un pueblo originario para nada, todos los sabemos". "Milei dijo "que ningún Gobierno ha hecho por lo que Malvinas lo que hizo en tres meses". "Puede ser, pero yo no he visto nada", recordó.

Más fuerte salió el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien aseguró que hasta hoy "ningún gobierno, de ningún color político, en 192 años había consentido la posición británica y siempre había protestado por la usurpación ilegal y colonial del Reino Unido".

"Por primera vez en la historia de nuestro país un presidente de la Nación, la persona que representa y obliga al Estado en la órbita internacional, ha pretendido reconocer implícitamente la posición británica", lanzó el funcionario fueguino.

Dachary consideró que "el presidente de la República Argentina ha dicho en el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que el deseo de los isleños es un factor fundamental para la solución de la disputa de soberanía". Sobre este punto, el dirigente indicó que los malvinenses nacidos en nuestras Malvinas son argentinos y que "ellos, y los venidos del Reino Unido, no tienen el derecho de decidir sobre el territorio nacional".

"¿Qué duda cabe de que la bancamos?”. En la Casa Rosada responden así cuando se pregunta si el Gobierno va a sostener a Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad tras la represión policial de ayer, el cuestionamiento de la Justicia al accionar judicial y los pedidos de parte de la oposición para que ella sea apartada. Muy lejos de cuestionar a la ministra, la gestión de Javier Milei cerró filas con ella y la levantó como una portavoz y un cuadro político del oficialismo.

Bullrich encabezó ayer una conferencia de prensa para informar sobre los operativos de Bahía Blanca, pero terminó hablando sobre los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la marcha convocada en defensa de los jubilados. La ministra, así, fue cara visible y vocera de la administración nacional el día después de los incidentes y la represión, pese a que la Justicia sindicó serios déficits en el accionar policial con los detenidos.

En la conferencia de prensa, Bullrich apuntó contra Leandro Capriotti como “el máximo organizador de la marcha” y lo calificó como un “protegido de Luis Barrionuevo”. Apuntó a las gestiones de La Matanza y de Lomas de Zamora y dijo que va a presentar una denuncia penal junto con la Ciudad de Buenos Aires. Además, salió a cruzar a la jueza Karina Andrade que liberó a 114 detenidos ayer por la falta de información que aportaron las fuerzas de seguridad sobre las razones de sus arrestos, además de destacar que estuvo en juego el derecho constitucional a manifestarse.

Según pudo reconstruir La Nación, Bullrich y Milei se pusieron en contacto bien entrada la noche del jueves y ella le informó los datos que finalmente hizo públicos hoy. La ministra había estado durante la tarde en un centro de monitoreo policial supervisando los operativos. Luego dijo públicamente que tenía evidencia que indicaría que los desmanes estuvieron “premeditados” y que habría barras bravas que “venían preparados para matar”. El Presidente y la ministra coinciden en la narrativa del “orden” y reivindican la aplicación del protocolo antipiquetes con todo el uso de la fuerza desde el Estado.

Milei viene compartiendo en su cuenta de X mensajes en este sentido. En las últimas horas, compartió un tuit del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en relación a la jueza Andrade. “Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”, dijo el ministro.

El único que dio una explicación relativamente distinta a la línea que venía exponiendo Bullrich fue el ministro de Interior, Guillermo Francos, con respecto a la situación de Pablo Grillo, el fotorreportero que fue herido de gravedad en el cráneo con un proyectil de gas lacrimógeno que fue lanzado con trayectoria horizontal y que ahora se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Ramos Mejía. Cuando todavía la violencia estaba desatada en las calles, Bullrich dijo que Grillo estaba “detenido” y lo señaló como “un militante kirchnerista vinculado a la Municipalidad de Lanús”.

Según pudo saber La Nación de fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad no van a abrir un sumario interno para investigar el lanzamiento del proyectil a Grillo. El argumento es que “la operación fue en el marco de ataques violentos contra las Fuerzas”.

Francos dijo que lo de Grillo fue “un accidente no previsto” y una “lamentable consecuencia” de un “episodio violento”. De todas maneras, el ministro coordinador enmarcó los hechos como “una especie de golpe de Estado” y justificó el accionar policial para restablecer el “orden”.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se declaró competente para investigar el escándalo de la cripto $Libra. Es que se sospecha que el presidente Javier Milei efectuó el posteo en su cuenta de X desde la quinta de Olivos, jurisdicción de la magistrada.

Arroyo Salgado tiene a su cargo una causa originada en la denuncia que hizo en su juzgado el dirigente político Ricardo Mussa en el entendimiento de que el hecho investigado ocurrió en Olivos.

El viernes 14 de febrero el mandatario realizó un posteo en X a las 7:01 pm, en el que promocionaba la moneda virtual a través de la plataforma “Viva la Libertad Carajo Project”, apenas un minuto después que estuviera disponible en internet. Ahora se abre una disputa de competencia con los tribunales de Comodoro Py de CABA.

La jueza Arroyo Salgado, ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, deberá pelearle el caso al juzgado federal 1 a cargo de la colega María Servini quien delegó la causa en el fiscal Eduardo Taiano. Entrarán en juego la jurisdicción por el lugar donde se cometió el supuesto delito vs el expediente más avanzado, que parece ser el de Taiano.

En caso de que ambas magistradas insistan en quedarse con la causa, deberá definir la Cámara Federal y la última palabra la tendrá Casación.

En tanto, los referentes de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron esta semana una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, a quien acusan de coordinar las reuniones del Presidente con los impulsores de la criptomoneda. Esa denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi, quien estuvo de licencia y retoma tareas el lunes.

¿Qué hará el juez? El magistrado analizará la denuncia y determinará si “da vista” y pide la opinión al fiscal –que casualmente es Taiano- para avanzar en el caso o si remite la presentación al juzgado federal de Servini para que ambas causas tramiten juntas.

Los diputados nacionales Frade y Ferraro presentaron una denuncia penal contra Karina Milei, por la posible comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública. En la causa judicial que hay en curso en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Taiano, excluyó por ahora a la secretaria general de la Presidencia.

Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa para responderle a Javier Milei, quien dijo este viernes que, por los crecientes casos de inseguridad, analizaba intervenir la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense ensayó una dura réplica, acusándolo de autoritario y de querer tapar las recientes polémicas a las que se vio envuelto el Presidente, como el caso de la criptomoneda $LIBRA.

“Milei tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia con sus autoridades democráticamente electas”, sentenció Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

Además, adelantó que lo denunciará penalmente: “Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia”.

El gobernador estuvo acompañado por referentes peronistas de toda la provincia, entre intendentes, funcionarios y legisladores. Durante su discurso repasó los hechos sucedidos desde el crimen de la nena de 7 años, donde recordó que la Policía había detenido al asesino en otra oportunidad: “La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo hanía apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó”.

Kicillof releyó el tuit de Milei y reflexionó: “Lo que ha dicho es que no va a colaborar de ninguna manera. Pero dio un paso más: Milei por primera vez avanza con su sueño autoritario de intervenir una provincia. Viene de nombrar jueces por decreto y gobernar por decreto. Ahora quiere intervenir una provincia donde perdió las elecciones”.

Por Carlos Riera

La mujer de 65 años murió el 8 de noviembre de 2023 en el Hospital Centenario y tres meses después de su fallecimiento una enfermera presentó una nota a las autoridades hospitalarias denunciando el proceder de una colega que atendió a Santana en sus últimas horas en la Terapia Intensiva, informando que le habría suministrado cloruro de potasio y que ello habría originado el deceso.

Las autoridades del Hospital Centenario efectuaron la denuncia penal en febrero y a partir de ese momento la causa pasó a manos del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, que inició la investigación para tratar de determinar el hecho.

En aquel primer momento, y al realizarse la denuncia tres meses después del deceso, el fiscal coordinador del Ministerio Público, Lisandro Beherán, contó a EL ARGENTINO que “se investigó, se tomó declaración a médicos y enfermeras, se revisó la historia clínica de la paciente y se remitió todo a médicos forenses de otra jurisdicción, ya que por tratarse de un supuesto caso de mala praxis no intervienen los que actúan en esta jurisdicción, y se resolvió que no había elementos para formular una imputación y por ello se procedió a la desestimación de la denuncia”.

Incluso señaló que cuando se requirió la realización de la autopsia, los médicos establecieron que por el tiempo transcurrido era imposible encontrar la sustancia que supuestamente se había aplicado en exceso en el cuerpo, por lo cual no tenía sentido la exhumación, e incluso que por el estado en el que se encontraba la paciente previo a su defunción lo más probable era que su muerte fuera consecuencia de la condición de salud que presentaba, ya que era una persona grande que estaba en Terapia Intensiva, con lo cual la causa de la muerte se estableció como muerte natural.

Básicamente no había elementos probatorios para formular una imputación a una persona por homicidio. Sin embargo, al trascender la noticia a través del Gobierno de Entre Ríos que daba cuenta de una resolución administrativa sobre la enfermera sospechada y por la insistencia de los familiares de la mujer víctima, se decidió realizar igualmente la autopsia.

Desde el Ministerio Público Fiscal se tomó contacto con el jefe del Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Luis Moyano, para la realización de la autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde, porque al tratarse de un supuesto caso de mala praxis médica, deben intervenir profesionales que no pertenezcan – en este caso – a la jurisdicción de Gualeguaychú. Es para brindar mayor transparencia y objetividad.

El cuerpo de Santana fue exhumado y trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde en Paraná el viernes 24 de mayo por la tarde, pero fue recién a la semana siguiente que se pudo hacer la autopsia. En ese examen, los informes preliminares fueron los esperados y por ello el fiscal Jorge Gutiérrez requirió la realización de estudios anatomopatológicos para tener mayores precisiones.

El funcionario judicial intenta determinar si Santana murió como consecuencia de una falla cardíaca aguda y sepsis como punto de partida respiratorio, ya que la mujer había ingresado al Hospital Centenario a consecuencia de una neumonía y con insuficiencia respiratoria a causa de un EPOC; o si su fallecimiento obedeció a otra causal, pudiendo ser ella la supuesta aplicación de cuatro jeringas de 20 ml de cloruro de potasio, y en ese caso poder confirmar si ello fue causa exclusiva o bien aceleró el resultado de muerte dada las circunstancias que padecía Santana.

Para esos estudios anatomopatológicos se extrajeron muestras cadavéricas de cerebro, pulmón, hígado, bazo, riñón y corazón completo, que quedaron en el Centro Médico Forense de Oro Verde y tras largos meses de espera la semana próxima estarían por conocerse y luego con ello se deben elaborar el informe forense final.

Por otro lado, el trabajo judicial se centró también en investigar a la persona sospechada, como ser si en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, en día y hora en que la enfermera sospechada prestó funciones, sucedieron decesos de pacientes que suscitaran dudas en cuanto a la causal de muerte, pero no surgieron datos que comprometieran a la mujer.

En la presentación judicial, la ANSES acusó a la ex mandataria por presunta defraudación y falsedad ideológica. Cobraba 6 millones de pesos mensuales por ese beneficio, aunque residía en la Ciudad de Buenos Aires durante sus mandatos.

El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó esta mañana una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la presunta comisión de los delitos de “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.

Según el documento al que accedió Infobae, el cuestionamiento se centra en la percepción de bonificaciones por “Zona Austral” en dos beneficios previsionales, a pesar de que la residencia de Fernández de Kirchner no se encontró en las áreas geográficas que justifican dicho adicional.

Según el texto -que será sorteado en las próximas horas para determinar el juzgado actuante- la también ex vicepresidenta “insertó o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; o haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la Provincia de Buenos Aires ante el Senado de la Nación (10/12/2017 – 10/12/2019) y Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023), todo ello cometido en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.

El “perjuicio patrimonial a la ANSES”, aclara el texto, “quedará determinado con exactitud a partir de las tareas investigativas que llevará adelante su señoría y que, finalmente, surjan de las pericias a realizarse en la etapa procesal oportuna”.

El 17 de noviembre de 2024, después del anuncio del Gobierno de que revocaría la asignación mensual vitalicia, así como la pensión que cobra la ex presidenta, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión, pero también el beneficio, denunciado como irregular, que cobraba la ex mandataria por residir en zona austral.

“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, indicó el funcionario y agregó: “Las condiciones que dieron origen a ese derecho son la honestidad y la credibilidad, que perdieron cuando fueron condenados”.

En ese momento De los Heros, habló sobre la “indignidad” de Cristina Fernández al ser encontrada culpable e informó: “Cristina cobró $35.255.297 en noviembre (de 2024). Es más, presentó un certificado de domicilio y por vivir en Río Gallegos se le paga un suplemento de zona austral que, entre ambas percepciones, es de $6.354.523. Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 AUH y a 21 jubilaciones máximas”, dijo.

Luego de su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, en el que apuntó contra la comunidad LGTB y “la izquierda”, el presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por amenazas, incitación a la violencia y abuso de autoridad, entre otros delitos.

La denuncia fue presentada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. Pero esta no es la única presentación en contra del jefe de Estado por su exposición en los Alpes suizos: también fue denunciado por el abogado Gregorio Dalbón; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, y la exdiputada Myriam Bregman.

Esta vez fue presentada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en referencia al discurso que realizó Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

Es la primera vez que FALGBT denuncia penalmente a un presidente de la Nación. El escrito presentado sostiene que, desde su llegada al Gobierno, “Javier Gerardo Milei ha iniciado una escalada de violencia hacia diversos colectivos y grupos sociales, so pretexto de encarnar una ‘batalla cultural’”. Y advierte: “Sin embargo, con el correr de los meses, esa actitud agresiva se ha ido radicalizando hasta llegar a convertirse en amenazas concretas que configurarían acciones de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, incitación al odio y discriminación”.

La presidenta de la FALGBT, María Rachid, explicó: “Todo el discurso del presidente Milei es un compilado de amenazas, intimidación, violencia y discriminación". "Poner como ejemplo a una pareja gay que cometió abusos para decir que quienes defendemos los derechos LGTB —que él llama "ideología de género"— somos pedófilos, es como decir que quienes defienden los derechos de los heterosexuales son pedófilos por un caso de abuso sexual de una persona o pareja heterosexual, como lo son la mayoría de los casos. Ni teniendo en cuenta ese dato sería lógico decirlo”, agregó.

En sintonía con los últimos planteos del filósofo Franco "Bifo" Berardi, la socióloga especializada en género Ana Clara Benavente, al analizar el discurso en Davos, llegó a la conclusión de que Milei, al igual que la ultraderecha, busca romper el pacto de 1948 alcanzado después del holocausto. “Milei está diciendo ‘la paz nos hace débiles’, lo que se traduce en ‘no hay que adherir más a ese pacto’”, señaló Benavente.

"Le declara la guerra a la educación cívica occidental, que ha enseñado durante más de 70 años que no está bien discriminar, que la desigualdad existe y es necesario combatirla, que la inmigración no es sinónimo de delito, que la educación, la vivienda, la salud, la alimentación y la dignidad son derechos básicos”, concluyó Benavente.

La publicación de Javier Milei defendiendo el saludo nazi de Elon Musk continúa generando polémica entre los críticos. Tras el repudio que se dio en el Congreso, el secretario general del gremio ATE Capital, Daniel Catalano, le realizó una denuncia penal al presidente de la Nación.

La denuncia cita el artículo 209 del Código Penal. La misma apunta a la “instigación a cometer un delito”, que contempla penas de entre dos a seis años de prisión.

En ese planteo, argumenta que el presidente “incita a ‘perseguir’ a un grupo determinado de personas que el sujeto activo denomina ‘zurdos hijos de puta’”, “la instigación se hizo a través de un medio público” y “es realizada con conocimiento y voluntad de hacerlo”.

“Te denunciamos penalmente Milei, porque andar defendiendo a apologistas del nazismo no puede ser gratuito. Más allá de que vos y tus amigos se crean los dueños de la libertad. Acá seguimos, no nos vamos a esconder, seguimos en las calles”, detalló el dirigente sindical.

La denuncia que realizo Esteban Paulón, Diputado Nacional de Santa Fe por el Partido Socialista por sus comentarios donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia se sumó a la del secretario general del gremio ATE Capital, Daniel Catalano, por supuesta instigación a cometer delitos por sus expresiones sobre ciudadanos apuntados como “zurdos”.

Esteban Paulón, Diputado Nacional de Santa Fe por el Partido Socialista denunció a Javier Milei por sus comentarios en el discurso del Foro Económico Mundial de Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia y, además, se pronunció contra el feminismo.

Así lo comunicaba Esteban Paulón (Encuentro Federal) en X, el funcionario afirmó que “denunció penalmente al presidente de la Nación por la posible comisión de los delitos de incitación al odio, amenazas, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y contravención por discriminación.”

En la publicación, el diputado santafesino agregó: “Porque nuestras vidas importan y nuestras familias merecen respeto, porque el poder no debe usarse para sembrar odio, porque no vamos a retroceder ni un paso más decimos basta a los discursos que generan violencia”.

Según informó el portal parlamentario.com, la denuncia cita el artículo 209 del Código Penal que apunta a la "instigación a cometer un delito", que contempla penas de entre dos a seis años de prisión. En ese planteo, argumenta que el Presidente "incita a 'perseguir' a un grupo determinado de personas que el sujeto activo denomina 'zurdos hijos de puta'", "la instigación se hizo a través de un medio público" y "es realizada con conocimiento y voluntad de hacerlo".

La denuncia de Paulón se sumó a la que presentó también este jueves el secretario general del gremio ATE Capital, Daniel Catalano, que le realizó una denuncia penal por la publicación del presidente Javier Milei defendiendo el saludo nazi de Elon Musk.