La lucha contra el abigeato y otros delitos que afectan a los establecimientos rurales volvió a reunir a representantes del sector agropecuario y de la Policía de Entre Ríos. El miércoles se realizó en la sede de la Brigada de Delitos Rurales de La Paz un nuevo encuentro de trabajo de la Mesa de Enlace provincial, en el que se presentó un balance de los operativos y se plantearon medidas para fortalecer la prevención y mejorar las investigaciones.

Se trató de la tercera reunión bajo esta agenda de articulación, luego de los encuentros realizados en Bovril y Paraná. La convocatoria reunió a dirigentes de entidades agropecuarias y autoridades de la fuerza provincial, con el objetivo de abordar de manera integral la seguridad en el campo y coordinar respuestas frente a los delitos rurales.

Durante la jornada se informó que Entre Ríos cuenta con 32 destacamentos de Abigeato Rural en funcionamiento. También se contabilizaron 49 denuncias por faenas desde el inicio del año y el secuestro de aproximadamente 40 armas de fuego en procedimientos preventivos y contravencionales.

Otro de los datos expuestos estuvo relacionado con los controles sobre la comercialización de carne. Según el balance presentado, los operativos realizados en Bovril incluyeron el despliegue de más de 120 efectivos, mientras que las inspecciones en carnicerías por faena clandestina e infracciones sanitarias graves permitieron decomisar más de 1.000 kilos de carne.

Además, durante el encuentro se analizaron avances en investigaciones que buscan establecer posibles vinculaciones entre el abigeato y otros delitos. La intención es ampliar la mirada sobre estas maniobras y evitar que las pesquisas queden limitadas a hechos aislados.

Más allá del repaso de las intervenciones realizadas, las entidades de la Mesa de Enlace plantearon una serie de propuestas para sostener las acciones preventivas y evitar que el delito se traslade o se naturalice en el ámbito rural.

Una de las iniciativas consiste en implementar una red de monitoreo durante las 24 horas, mediante la incorporación de cámaras públicas y particulares en caminos primarios, secundarios y terciarios. La propuesta apunta a fortalecer la vigilancia en los corredores rurales y mejorar la disponibilidad de información para prevenir hechos y orientar las investigaciones.

También se propuso gestionar la creación de fiscalías rurales o la designación de fiscales especializados dentro de las estructuras judiciales existentes. Según el planteo, una mayor especialización permitiría abordar los casos de manera integral, facilitar el seguimiento de las causas y evitar que información relevante quede dispersa entre distintas investigaciones. Entre las alternativas mencionadas figura impulsar en la Legislatura el proyecto conocido como Maneiro u otra iniciativa similar.

Por el sector agropecuario participaron representantes de la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y la Federación Entrerriana de Cooperativas. Por la Policía de Entre Ríos estuvieron presentes el jefe de Policía provincial, Claudio González; el director general de Delitos Rurales, comisario Cristian Allegrini; y el subdirector general de Prevención de Delitos Rurales, comisario inspector Horacio Raúl Ludi.

Desde la Mesa de Enlace destacaron la necesidad de sostener en el tiempo la coordinación entre el sector productivo, las fuerzas de seguridad, la Legislatura y el Poder Judicial. El objetivo, señalaron, es fortalecer la prevención, mejorar el esclarecimiento de los hechos y brindar mayor seguridad a las familias rurales entrerrianas.

Personal del Comando Radioeléctrico de Concordia se encontraba de patrulla preventiva por calles San Juan y Coldaroli cuando observaron a dos hombres que hablaban por teléfono caminando de manera acelerada. Al identificarlos y realizar el palpado preventivo encima de sus prendas, advirtieron que uno de ellos llevaba un bulto de gran tamaño. Al exhibir su contenido se constató que transportaban dinero en efectivo, dólares y joyas de oro. Consultados sobre la procedencia, no lograron brindar una explicación que permitiera acreditar su origen.

La Fiscal en turno, Julia Rivoira, dispuso la detención de ambos sujetos, de 26 y 36 años, y el secuestro de lo que llevaban: $5.240.000, 500 dólares en efectivo, dos celulares, cinco alejas de oro (anillo, medallas) un reloj e indumentaria.

Cabe destacar que los sospechosos son oriundos de Misiones y cuentan con antecedentes por estafas bajo la modalidad “cuento del tío” en todo el país. Hasta el momento en la ciudad de Concordia no se han registrado denuncias relacionadas con la sustracción de los elementos secuestrados. Se continúa trabajando para determinar su procedencia y establecer si podrían están vinculados con hechos denunciados en otras localidades de la Provincia o del país.

Durante la madrugada del domingo, aproximadamente a las 04:30 horas, personal de la Comisaría Octava, en colaboración con efectivos a cargo del jefe de la DOSP, llevó a cabo un procedimiento de control en la intersección de las calles Goldaracena y Aguirre, en la zona sur de la ciudad.

En el lugar, los uniformados procedieron a la identificación de un hombre de 40 años que transitaba a pie por la vía pública. Al momento de la intervención policial, el ciudadano llevaba consigo una serie de objetos de valor, entre los que se destacaban diversos adornos de bronce, tales como un atizador, palas y varios portaobjetos.

Al ser interrogado por los efectivos sobre el origen de los elementos, el sujeto no pudo justificar su propiedad ni brindar explicaciones coherentes sobre la procedencia de los mismos, lo que encendió las alarmas de la fuerza de seguridad sobre un posible ilícito acontecido en las inmediaciones.

Ante esta situación, el personal interviniente dio aviso de inmediato al fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú. El agente fiscal dispuso la inmediata aprehensión del ciudadano de 40 años y ordenó el secuestro preventivo de la totalidad de las piezas halladas en su poder.

El aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia local, mientras la Policía trabaja en el peritaje de los objetos y en el relevamiento de denuncias recientes en la zona para establecer la verdadera propiedad de los adornos recuperados.

La plataforma digital Mi Entre Ríos incorporó cinco nuevos trámites orientados al transporte público de pasajeros, desarrollados en conjunto por la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos provincial. La iniciativa busca simplificar las gestiones administrativas para los ciudadanos y optimizar los procesos operativos de las empresas prestadoras del servicio en todo el territorio de Entre Ríos.

Entre las principales novedades para la comunidad, la herramienta habilita un canal totalmente digital para que las y los usuarios de las líneas interurbanas y metropolitanas puedan formalizar denuncias o reclamos ante eventuales irregularidades en los recorridos, frecuencias o condiciones del servicio. Este sistema permitirá contar con registros en tiempo real para mejorar la fiscalización y el control en zonas donde el monitoreo presencial resulta complejo.

Por su parte, los prestadores del servicio de transporte público contarán con la posibilidad de gestionar de forma remota tanto las altas como las bajas del parque móvil de colectivos y la nómina de choferes. La digitalización de estos procedimientos elimina la necesidad de presentar planillas en formato físico y reduce la carga presencial en las mesas de entrada administrativas, garantizando mayor celeridad en la actualización de los datos operativos.

El acceso a estos nuevos servicios se realiza ingresando a la plataforma web oficial o mediante la aplicación móvil disponible para sistemas Android e iOS, requiriendo el inicio de sesión con el CUIT del usuario. Estas funciones se suman a los servicios previamente integrados en el portal, entre los que se destacan la verificación técnica vehicular y la tramitación de franquicias de la tarjeta SUBE. En ese sentido, las autoridades proyectan que para el próximo ciclo lectivo los estudiantes de todos los niveles educativos y los docentes del área metropolitana puedan gestionar sus beneficios tarifarios íntegramente a través de este sistema digital.

El Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) dio a conocer el informe estadístico correspondiente al seguimiento de casos de violencia de género en el ámbito provincial. Según el reporte acumulado entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026, la provincia de Entre Ríos contabilizó un total de 73 femicidios. Este indicador representa una tasa acumulada de 0,8 casos por cada 100.000 mujeres y disidencias, situándose cercana al promedio registrado en el territorio nacional.

En lo que respecta al período transcurrido durante el año 2026, las mediciones territoriales registraron 3 hechos concretados en el ámbito provincial, en el marco de los 105 casos asentados a nivel federal durante los primeros cinco meses del año. Los datos fueron articulados por el equipo de seguimiento que coordina la referente regional Silvana Lagraña, responsable del relevamiento de indicadores para las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

La caracterización de los datos estadísticos señala que el espacio privado constituye el principal ámbito de ocurrencia de estos hechos. El 65% de los episodios relevados tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Asimismo, con relación al vínculo entre las partes, el 69% de los victimarios integraba el entorno íntimo, revistiendo la condición de parejas, exparejas o familiares directos. Por otra parte, el informe detalla que un 8% de los agresores pertenecía a fuerzas de seguridad, habiéndose utilizado el arma reglamentaria en el 52% de dichas situaciones.

Un elemento destacado en el informe del observatorio refiere a la fluctuación en el registro de denuncias previas ante las dependencias correspondientes. Mientras que la media histórica del último decenio ubicaba la presentación de denuncias formales en un 17%, en el transcurso de 2026 dicho porcentaje descendió al 9% de los casos analizados.

Frente a este escenario y el estado de la infraestructura institucional de atención, diversas organizaciones sociales sostienen el pedido para la promulgación de la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, promoviendo el sostenimiento de los programas de acompañamiento, asistencia técnica y protección integral en los distintos municipios de la provincia.

Comunicaron el procedimiento oficial para la radicación de denuncias vinculadas a la emisión de ruidos molestos y perturbaciones a la convivencia urbana. Las presentaciones deberán dirigirse de manera exclusiva a la Dirección de Inspección General, organismo que ostenta la competencia legal y operativa para intervenir en esta clase de contravenciones dentro del ejido municipal.

Para formalizar los reclamos, la administración local mantiene operativa la línea telefónica fija 423399 durante las 24 horas del día. La centralización de los avisos en este canal específico permite la derivación directa hacia los inspectores de guardia, facilitando la planificación de inspecciones en el territorio y optimizando los tiempos de respuesta ante las solicitudes ciudadanas.

En forma paralela, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria aclaró la delimitación de funciones de sus dependencias con el objetivo de evitar superposiciones administrativas. En este sentido, la Guardia Ambiental continuará abocada de manera restrictiva a la atención de contingencias ecológicas, la fiscalización del patrimonio natural y la protección del entorno biológico, por lo que no tramitará reclamos de índole sonora o vinculados a ruidos generados en la vía pública o inmuebles privados.

Sobre la organización de los servicios, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, señaló: “Es importante que cada situación llegue al área que tiene competencia para intervenir. De esta manera, podemos ordenar la respuesta de la Municipalidad, evitar demoras y brindar una atención más efectiva a los vecinos. La Guardia Ambiental debe quedar reservada para las denuncias estrictamente ambientales”.

La delimitación funcional busca optimizar el uso de los recursos logísticos del Municipio, asegurando que las cuadrillas de inspección y los equipos técnicos actúen dentro de su marco regulatorio específico. La correcta utilización de los números de contacto operativos garantiza una gestión eficiente de los reclamos comunitarios y agiliza los mecanismos de fiscalización en la ciudad.

El senador nacional por Entre Ríos de La Libertad Avanza (LLA), Joaquín Benegas Lynch, quedó en el centro de una polémica por una casa sin declarar. La controversia estalló luego de que se difundieran imágenes de una lujosa propiedad, donde el legislador celebró su cumpleaños número 50 con una fiesta que duró tres días.

Según trascendió, el inmueble ubicado frente al río Paraná, en La Paz, es una estancia de estilo colonial cuyo valor rondaría los US$250.000. El caso volvió a poner bajo la lupa el patrimonio del legislador, quien ya tuvo que realizar rectificaciones en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con las explicaciones que habría dado Benegas Lynch, durante el año pasado solo había abonado el 10% del valor de la propiedad y completó la escrituración en julio de este año.

“Eran las 7 de la mañana y no paraban, tres días estuvieron”, relató una vecina al referirse al festejo. Los residentes también cuestionaron las obras en el lugar y señalaron problemas vinculados con el desvío de agua hacia viviendas ubicadas en otros sectores.

La controversia sobre la lujosa propiedad de Benegas Lynch se suma a otro cuestionamiento relacionado con los negocios privados del senador. Incluso, algunos aliados del bloque de LLA en el Senado ya rumorean que es el “nuevo Adorni”.

El vínculo entre su actividad empresarial y su función legislativa generó críticas porque el senador participó de las sesiones en las que se debatió la Ley de Tierras, una normativa vinculada con el sector en el que desarrolla parte de sus negocios, publicó Tn.

Benegas Lynch niega que exista un conflicto de intereses. Sin embargo, dirigentes de la oposición y algunos sectores aliados cuestionaron su participación en el debate y plantearon que debería haberse abstenido.

El crédito se incorporó a los cuestionamientos que surgieron en torno a sus bienes y actividades económicas. Ante la repercusión de las denuncias, Benegas Lynch habría mantenido conversaciones con integrantes del Gobierno nacional para explicar su situación.

Por ahora, la lujosa casa del senador quedó como el principal foco de una polémica. Aunque también alcanza sus declaraciones patrimoniales, sus negocios privados y el millonario préstamo que recibió de la entidad bancaria.

El caso vuelve a poner bajo discusión la transparencia patrimonial de los funcionarios de La Libertad Avanza, un espacio que construyó buena parte de su discurso político sobre la crítica a la denominada “casta” y a los privilegios de la dirigencia tradicional.

APFDigital

El plan del Gobierno nacional para deshacerse del patrimonio inmobiliario del Estado avanza a ritmo acelerado. Bajo la premisa de liquidar bienes considerados “ociosos” para reducir gastos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) encabeza una ofensiva que busca rematar más de 400 propiedades públicas para 2028. Sin embargo, los cuestionamientos legales, las denuncias por irregularidades y las pérdidas patrimoniales irrecuperables comenzaron a generar fuertes tensiones políticas y judiciales.

Hasta el momento, la venta de apenas 32 inmuebles generó ingresos por más de 351 millones de dólares. Entre las subastas más destacadas figuran cotizadas hectáreas del Ejército en el barrio porteño de Palermo —adquiridas por el desarrollador Eduardo Costantini por 127 millones de dólares— y la histórica sede del INTA sobre la calle Cerviño, adjudicada por 81 millones de dólares. El destino de esos fondos desmiente los argumentos oficiales de "auxilio financiero" a las reparticiones: en el caso del INTA, menos del 10 por ciento de lo recaudado regresó al organismo, mientras que el resto fue absorbido de forma directa por el Tesoro Nacional.

El paquete de remates abarca desde el Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero hasta predios estratégicos de la Armada en Ushuaia, clave para el control del Atlántico Sur y la geopolítica antártica. Asimismo, el desprendimiento de tierras alcanza a campos del INTA, centros de asistencia y farmacias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, y terrenos vinculados al desmantelado programa Procrear, como el predio “Paraná” en Entre Ríos.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad aducen que las enajenaciones ejecutadas mediante los decretos 950/2024 y 322/2026 violan el artículo 75 de la Constitución Nacional, dado que la atribución de disponer de las tierras públicas recae exclusivamente en el Congreso. Además, remarcan que un predio por el que el mercado paga cifras millonarias dista de ser un bien "sin uso", advirtiendo que se financian gastos corrientes sacrificando soberanía territorial.

Por su parte, el rol del Ministerio de Defensa suma un capítulo opaco a la controversia. Frente a pedidos formales de acceso a la información pública sobre el estado patrimonial, equipamiento y personal de las unidades del Ejército y la II Brigada Aérea en la provincia de Entre Ríos, la cartera resolvió denegar los datos invocando la clasificación de "secreto militar" mediante normas dictadas en 1963. Paradójicamente, mientras la ciudadanía y los legisladores no pueden acceder a los registros oficiales de Defensa, el predio entrerriano de 250 hectáreas correspondiente a la brigada aérea ya fue inventariado en la base de datos de la AABE a la espera de su remate.

(Fuente: Analísis)

El delito de la trata de personas dejó de ser una problemática anclada únicamente al terreno físico. Tras la pandemia, las redes de explotación trasladaron gran parte de su estructura al entorno virtual, mutando sus estrategias hacia el uso de redes sociales, plataformas de contenido pago y videojuegos en línea. Así lo advirtió la Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, Silvina Calveyra, quien analizó el panorama actual de la provincia de Entre Ríos frente a estos delitos complejos.

"Venimos trabajando incluso con entidades educativas, alertando sobre estas nuevas modalidades que tienen que ver con las primeras fases en el delito de trata: el ofrecimiento y la captación. Hablamos de un delito que es totalmente dinámico, que no es estático y que va mutando", explicó Calveyra en diálogo con APFDigital.

Según la funcionaria, la captación digital se vale del engaño, falsas promesas laborales y el "falso noviazgo virtual" a través de sitios como OnlyFans, Sugar Daddy o Sweet Lady, e incluso mediante plataformas de juego donde se busca endeudar a niños y niñas. "Estamos hablando de delitos muy complejos que se vinculan con otros como el narcotráfico, donde las víctimas son utilizadas como soldaditos o como mulas", alertó.

Sin embargo, el entorno digital plantea desafíos legales. En ese sentido, la funcionaria destacó la adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia contra la violencia digital como un paso positivo para contrarrestar plataformas creadas con "cero perspectiva de género" y basadas en asimetrías de poder. Asimismo, adelantó que en el último Consejo Federal de Trata se debatió una reforma profunda para que la Ley de Trata considere estas nuevas modalidades virtuales.

Por otra parte, ligó estrechamente la problemática del grooming como la antesala de la trata, mencionando que a través de la campaña provincial "En Internet no todo es lo que parece" se constató el aumento de denuncias en los talleres escolares: "La mayoría de los niños y adolescentes atravesó alguna situación".

"Hoy estamos frente a una realidad donde la explotación es en línea a través de estos sitios. Incluso es mucho más grave y riesgosa porque, por este abuso de poder y el funcionamiento de estas plataformas, las personas explotadas muchas veces ni siquiera ven el rostro del prostituyente", detalló la coordinadora.

Calveyra describió que las personas rescatadas presentan secuelas muy graves con daños profundos, intentos de autolesión y de suicidio. La funcionaria ejemplificó el nivel de vulneración con casos de resonancia nacional donde las víctimas eran obligadas mediante streaming a autolesionarse o a registrar situaciones extremas bajo extorsión y chantaje emocional.

Respecto al protocolo de asistencia, se precisó que el abordaje inicial y la declaración testimonial se coordinan con los ministerios públicos fiscales, la Protex y el Programa Nacional de Rescate. Posteriormente, el seguimiento y acompañamiento a largo plazo quedan a cargo de los puntos focales provinciales, rol que en el territorio entrerriano desempeña el Consejo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El conflicto laboral en la planta de baterías Unionbat S.A. sumará este lunes un nuevo e intenso capítulo que promete paralizar el normal funcionamiento del Parque Industrial de Gualeguaychú. Los trabajadores de la firma, respaldados por su representación gremial, convocaron de manera urgente a una jornada de protesta y visibilización a partir de las 13:00 horas en la rotonda de acceso al complejo industrial, en respuesta directa al despido de alrededor de un centenar de operarios.

La movilización se concretará en un contexto de extrema complejidad legal y gremial, dado que actualmente se encuentra plenamente vigente la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos. La resolución del organismo gubernamental había ordenado formalmente retrotraer el escenario al estado previo al estallido del conflicto, obligando a la empresa a reincorporar de inmediato al centenar de empleados afectados por las cartas documento emitidas el pasado 26 de junio, prohibiendo además cualquier medida que altere las condiciones de trabajo por un lapso de 15 días hábiles.

Sin embargo, el clima de paz social se rompió a mediados de la semana pasada. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas denunciaron públicamente que la conducción de Unionbat impidió de manera sistemática el ingreso de los trabajadores despedidos a las instalaciones de la planta. Según el gremio, esta actitud representa un abierto desacato a la normativa dispuesta por las autoridades laborales de la provincia, profundizando el malestar familiar de los afectados y empujando a las bases a tomar medidas de fuerza en la vía pública.

Pese a las notables diferencias, los canales de diálogo institucionales intentarán mantenerse activos en las próximas horas. El secretario gremial de la entidad química, Martín Gómez, adelantó que entre las jornadas de este lunes y martes se buscará concretar una serie de reuniones informales de carácter urgente. El objetivo de estos encuentros técnicos será explorar la verdadera postura económica de la empresa y comenzar a delinear alguna propuesta de salida viable antes de la fecha clave: el próximo miércoles 15 de julio, día en que la Secretaría de Trabajo fijó la realización de una nueva audiencia oficial, esta vez bajo una modalidad estrictamente presencial.

En Gualeguaychú se mantienen las tareas de control y retiro de caballos sueltos o atados en la vía pública en distintos sectores de la ciudad en el marco de lo establecido por la ordenanza vigente que apunta a fortalecer la seguridad, reducir riesgos sanitarios y preservar el ambiente en sectores densamente poblados.

Vale recordar que el ejido urbano está delimitado: al norte por boulevard Nicolás Montana y 2 de Abril; al sur por avenida Parque Cándido Irazusta y General Artigas; al este por el río Gualeguaychú —incluyendo Camino de la Costa—; y al oeste por boulevard Antonio Daneri y Pedro Jurado.

Los operativos se ejecutan diariamente con el fin de evitar accidentes viales y garantizar la libre circulación de los vecinos en base a recorridas programadas por las cuadrillas municipales y a partir de las alertas que envían los propios ciudadanos. Una vez que se detecta un equino en infracción, se procede al labrado de las actas correspondientes, el retiro de la vía pública y su posterior traslado a los predios designados para su resguardo y atención veterinaria.

Desde la administración municipal recordaron a los propietarios de equinos la obligación de mantener a los animales dentro de predios cerrados y debidamente delimitados. El incumplimiento de la normativa puede derivar en el retiro de los animales tanto en espacios públicos como privados, además de la aplicación de multas.

Para más información o para denunciar la presencia de equinos sueltos, se encuentra disponible la línea telefónica 3446-332264.

La psicóloga y escritora Cecilia Ce, reconocida popularmente por sus trabajos sobre sexualidad y relaciones afectivas, utilizó sus canales oficiales de comunicación para confirmar de manera indirecta su separación del periodista y referente de la organización social La Poderosa, Nacho Levy, exponiendo un trasfondo de hostigamiento.

La revelación de la escritora desarmó por completo el perfil privado, que ambos protagonistas intentaban sostener en los medios de comunicación. En su descargo la licenciada Cecilia Ce describió los mecanismos de acoso que experimentaba de forma cotidiana: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

Así, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia Ce detalló las conductas de control en redes y la privación del descanso que habría debido afrontar en el último tramo de la relación. La publicación, que cerró con un mensaje de alivio, se viralizó de inmediato en la red social X y generó una ola de repercusiones y debates sobre la violencia psicológica en los vínculos contemporáneos, muy cercano a los análisis sobre las dinámicas de poder que la propia profesional aborda en sus conferencias.

Por el momento, no existen denuncias judiciales públicas ni una respuesta de Nacho Levy, quien tampoco fue mencionado directamente en esos posteos.

Hasta hace pocas semanas, la pareja mostraba una imagen de estabilidad en redes sociales. Habían oficializado el vínculo públicamente hacia fines de 2025 y compartían fotos familiares, mensajes y apariciones públicas juntos. Incluso en mayo, Levy había publicado imágenes junto a Cecilia y la hija de ella acompañadas por mensajes de amor.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Cecilia Ce publicó contenidos sobre dinámicas de abuso psicológico. Primero compartió materiales titulados “Por qué los psicópatas casi no duermen” y “La verdad oscura detrás de la madrugada”. Luego escribió una reflexión en la que describió mecanismos de control vinculados a la privación del sueño y las discusiones nocturnas.

Fuente: Página12

Keiko Fujimori se encamina a convertirse en la próxima presidenta de Perú luego de ampliar su ventaja sobre Roberto Sánchez en el tramo final del escrutinio del balotaje celebrado el pasado 7 de junio.

De acuerdo con el último reporte difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata obtuvo 9.207.625 votos, equivalentes al 50,12% del total, frente a los 9.163.516 sufragios alcanzados por Sánchez, que representan el 49,88%. La diferencia entre ambos asciende a 44.109 votos.

Con el 99,87% de las actas contabilizadas y apenas 121 pendientes de procesamiento, la tendencia se mantiene estable y acerca a Fujimori a una nueva victoria electoral, que de confirmarse le permitirá asumir la Presidencia el próximo 28 de julio por un período de cinco años.

La elección se desarrolló en un contexto de fuerte polarización política y en medio de una prolongada inestabilidad institucional. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes, reflejo de una crisis política que atraviesa al país desde hace varios años.

Mientras tanto, la ONPE informó que aún aguarda resoluciones de los Jurados Electorales Especiales sobre algunas actas observadas para completar el cómputo definitivo y alcanzar el 100% del escrutinio.

Por su parte, Roberto Sánchez endureció su postura frente al proceso electoral y denunció la existencia de un supuesto “fraude en desarrollo”, aunque hasta el momento no presentó pruebas públicas que respalden esa afirmación.

El dirigente cuestionó especialmente el tratamiento de las actas provenientes del exterior y anunció que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Fujimori. Además, convocó a movilizaciones para los próximos días.

Sin embargo, una de las presentaciones realizadas por su espacio político para anular votos emitidos fuera del país fue rechazada por la Justicia Electoral debido a cuestiones formales.

Desde el fujimorismo, las acusaciones fueron desestimadas. Keiko Fujimori calificó los cuestionamientos como denuncias sin pruebas y sostuvo que buscan generar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.

La definición formal quedará ahora en manos de las autoridades electorales peruanas, que deberán resolver las actas pendientes antes de proclamar oficialmente al ganador de una de las elecciones más ajustadas de los últimos años en el país andino.

Fuente: Agencia NA

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propuso endurecer las penas contra los violadores seriales de niños para que enfrenten cadena perpetua frente al máximo de 20 años de prisión actuales y que se establezca un plazo de hasta tres meses para las investigaciones en materia de violencia contra menores.

Lecornu formuló estas iniciativas al cabo de una reunión de crisis con varios ministros, convocada después del impacto del caso Lyhanna, la niña de 11 años asesinada presuntamente por un pedófilo acusado en varias oportunidades de violaciones de menores, que desató una ola de indignación en el país y una tormenta política.

“La primera cuestión es, por supuesto, el endurecimiento de las penas”, declaró Lecornu, quien propone agravar las penas para los violadores en serie de menores y que enfrenten reclusión criminal a perpetuidad, en lugar de los 20 años de prisión actuales, reportó el sitio RFI y supo la Agencia Noticias Argentinas.

También abogó por que los actos de investigación se lleven a cabo en un plazo máximo de tres meses.

Las propuestas del jefe de gobierno francés recibieron el respaldo de la diputada centrista Perrine Goulet, comprometida con la protección de la infancia: “¿Cómo vamos a poder decirle a la gente ‘han sido condenados por uno, pero cometen 40, de todas formas tendrán la misma pena. En algún momento, hay que decir no más”.

En el espacio de la derecha y centroderecha, la Agrupación Nacional y su líder, Marine Le Pen, votarán la medida, no sin criticar al gobierno. “¡Me alegra que el primer ministro retome una propuesta de Marine Le Pen! Estamos llegando al final del quinquenio de Emmanuel Macron. Constato que Francia es un campo de ruinas en el ámbito soberano”, declaró Michaël Taverne, diputado del norte.

La izquierda reclamó medios antes de hablar una vez más de agravamiento de las penas. La cadena perpetua no es la prioridad, según la diputada insumisa Gabrielle Cathala, del Val-d’Oise: “Deberíamos poner medios para que, primero, las denuncias se tramiten correctamente, antes de volver a hablar de agravamiento de las penas”.

“La sola cuestión penal no permitirá resolver el problema de la violencia sexual contra los niños”, añade Marceau Beauvois, de la asociación Face à l’Inceste, quien recuerda que solo el 3 % de los agresores de niños son condenados en casos de violación.

Fuente: AgenciaNA

El Programa provincial “La Justicia va a los barrios” llegará a Gualeguaychú con una jornada de atención destinada a acercar servicios judiciales a la comunidad, especialmente a quienes necesitan orientación o realizar trámites en un espacio cercano a su lugar de residencia.

La actividad se realizará el viernes 12 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en la Escuela nº 94 Francisco Ramirez del Barrio Pereda, en Suburbio Sur. En esta oportunidad, la coordinación estará a cargo de la jueza de Paz de Gualeguaychú, Dra. Carina Denis. La atención será por orden de llegada.

Impulsado por el Poder Judicial de Entre Ríos, a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, el programa permite acceder a consultas, denuncias, asesoramiento y distintos trámites sin concurrir a los Tribunales de la localidad.

Durante la jornada se podrán realizar consultas vinculadas a cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad, divorcio, delitos y seguimiento de denuncias en trámite. También se podrán efectuar denuncias por violencia familiar, intrafamiliar o de género.

Además, ante integrantes del Juzgado de Paz, se podrán gestionar certificaciones de firmas para trámites previsionales, poderes, seguros de vida y formularios de becas; declaraciones juradas para asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social; informaciones sumarias y certificados de supervivencia.

El Programa se desarrolla en escuelas, clubes, centros de salud y otros espacios comunitarios, con el objetivo de facilitar el acceso a derechos y brindar respuestas más ágiles a la comunidad.

En el departamento Gualeguaychú, la X Jornada Provincial de Acceso a Justicia también se realizará en Urdinarrain, de 9:00 a 12:00 hora, en el Centro de Salud, con coordinación de la Dra. Silvina Martínez Lort; y en Irazusta, de 9:00 a 12:00 horas, en el Salón Comunal, bajo la coordinación del Dr. Ricardo Chaia.

La tarde del miércoles 3 de junio, Gualeguaychú volvió a ser escenario de una multitudinaria movilización en el marco de un nuevo “Ni Una Menos”. Desde las 17 horas, una extensa columna de agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas partió desde Rocamora y 25 de Mayo, recorrió el centro de la ciudad y finalizó en Tribunales, donde se realizó una performance artística y se leyó una proclama cargada de denuncias y reclamos.

El contexto estuvo atravesado por el reciente femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y por el recuerdo de otras víctimas en Entre Ríos y el país. Las manifestantes exigieron la declaración de la emergencia en violencia de género y políticas públicas efectivas de prevención y protección.

Frente a Tribunales, la proclama resonó con fuerza: “Nos convoca hoy el peso de una ausencia que se multiplica, pero también la certeza inquebrantable de que el único lugar posible frente al horror es la vereda de la dignidad, la memoria y el encuentro. Hoy volvemos a decir con la misma urgencia, con más rabia pero con un amor infinito por las que nos faltan: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres, sin miedo y desendeudadas nos queremos!”

El texto denunció que en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas y que la violencia golpea con mayor crudeza a las identidades históricamente vulneradas: “La violencia machista se encarniza con nuestras mujeres marronas, con nuestras identidades indígenas y travestis. Ahí está el dolor punzante por el femicidio de Agostina, una gurisa de apenas 14 años. Con ella se demostró, una vez más, la matriz selectiva de la desidia.”

La proclama también apuntó contra las políticas nacionales: “El ajuste feroz, la política de hambre y la motosierra aplicada por el Gobierno Nacional atacan directamente la línea de flotación de nuestra supervivencia. Han desfinanciado programas vitales como el Acompañar, el Igualar y el ENIA. Pretenden empujar el infame proyecto de ley de falsas denuncias, una trampa jurídica diseñada para amordazar a las víctimas.”

El documento recordó casos emblemáticos como el triple lesbicidio de Barracas y el triple crimen de Florencio Varela, y exigió justicia por Pamela, Andrea, Mercedes, Lara, Morena y Brenda. También se mencionaron los travesticidios de Gualeguaychú ocurridos en 2009, reclamando memoria y verdad: “La brutalidad de sus muertes no puede resolverse con el archivo de sus causas ni el silencio social. Exigimos justicia real que entienda que las vidas travestis y trans importan.”

El cierre fue un llamado a la acción colectiva: “A las víctimas directas de la violencia machista queremos decirles: no están solas. Frente a un Estado que ignora, hay un movimiento que abraza. Frente a una (IN)-justicia que es cómplice, hay una comunidad que sostiene. No nos van a quitar la esperanza, porque la esperanza es un acto de resistencia política. Seguiremos marchando. Sosteniendo en alto la memoria de cada una de nuestras víctimas y sobrevivientes. ¡Ni Una Menos!”

La jornada del 3J en Gualeguaychú se inscribió así en el undécimo aniversario del movimiento que nació en 2015 y que, año tras año, sigue movilizando a miles en todo el país para exigir un futuro libre de violencias.

Se cumplen once años de la primera marcha. Fue el 3 de junio de 2015 cuando, bajo la consigna “Ni Una Menos”, miles de mujeres se movilizaron en todo el territorio nacional para exigir el fin de la violencia de género. En ese momento el detonante fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe.

Hoy, a más de una década de la histórica movilización, las cifras de la Fiscalía de Género de Gualeguaychú evidencian que la violencia hacia las mujeres sigue siendo un fenómeno persistente: fueron 416 las denuncias ingresadas en lo que va de 2026; 323 las medidas de protección; 52 las imputaciones y 16 las condenas.

El Argentino dialogó con las fiscales Carolina Costa, Eliana Ghiglione y Alejandra Montiel, quienes reflexionaron sobre el impacto del 3J, los desafíos de la Justicia y los cambios necesarios para fortalecer la lucha contra la violencia de género. “El 3J fue un hito en la historia del feminismo, desde lo institucional, las políticas públicas, y desde la forma de ver la educación sexual. Expuso la gravedad de un hecho que ya estaba instalado”, afirmó Ghiglione, quien subrayó la importancia de la creación de la Fiscalía Especializada en Género en Gualeguaychú a fines del 2022.

Para Costa, la fecha “no es solamente simbólica, en estos tiempos en que pareciera que la violencia de género ha disminuido, no es así. Lamentablemente, la violencia de género y contra las diversidades sigue plenamente vigente. El sistema machista no ha cambiado, la sociedad sigue siendo mayormente patriarcal y requiere de respuestas concretas del Estado y de la sociedad en su conjunto”.

En esta línea, la funcionaria dijo que “la violencia de género es un problema de Estado” y señaló que una vez hecha la denuncia “la fiscal tiene el deber de actuar y proteger a esa mujer”. Este trabajo se hace siguiendo los protocolos de la Procuración y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que permiten identificar factores de riesgo.

“Hay una mayor conciencia social desde las luchas”, aseguró, por su parte, Montiel. “La mujer se siente un poquito más protegida, pero nos encontramos con muchas mujeres que no se animan a denunciar o casos donde la denuncia llega tarde”.

Dificultades y desafíos

Las fiscales coincidieron en que los obstáculos son multifactoriales. Ghiglione explicó: “En una casa en la que coexisten patrones de violencia, una situación económica complicada, problemas de salud mental y de consumo se hace un combo para que se complique la protección de la víctima, y también para que se pueda llegar a un juicio”.

Montiel, en tanto, detalló el proceso de medidas: “Lo primero que hacemos son medidas inhibitorias, provisión de contacto y de acercamiento en un determinado radio. Además, el Botón de Alerta Personal (BAP) en el teléfono celular, que algunas tienen y otras no”.

Las fiscales compartieron también historias de resiliencia. Gracias al seguimiento constante de cada caso, el vínculo con las víctimas se sostiene en el tiempo, hasta que logran sentirse empoderadas. “En un caso de violencia, el hombre se quedó detenido. Ella –la víctima– comentó que a partir de esa medida y el proceso iniciado había empezado a tener otra vida. Su hijo había empezado a hablar y ella había conseguido trabajo”, contó Costa.

Consultadas sobre los cambios necesarios, Ghiglione señaló: “La falta de recursos hace que los turnos de asistencia psicológica sean muy a largo plazo. Necesitamos que las situaciones puedan ser abordadas en el momento”. En este sentido, Montiel aportó: “La violencia de género está atravesada por muchos factores. Los cambios se tienen que dar también desde lo institucional, la política y la educación”.

“Buscamos la aplicación de la ley, y que se sancione la conducta del agresor”, indicó Costa, y además aclaró “nosotros no hacemos prevención”.

Por último, las fiscales remarcaron la necesidad de incluir a los varones en el proceso. “Entendemos que también los hombres son víctimas del sistema patriarcal, entonces hay que tratarlos a ellos”, dijo Ghiglione, quien destacó la importancia de la Educación sexual Integral (ESI): “Es fundamental para entender un montón de cosas desde edades tempranas”.

“La violencia de género tiene que estar en las agendas políticas y tiene que estar en los medios de comunicación. Pese a la realidad de los números, se debe seguir luchando, para que la mujer pueda salir de esa situación de violencia, que el agresor sienta que la ley es un freno”, indicaron las funcionarias.

Un niño de 11 años dejó de asistir a la Escuela Nº6 “Florentino Ameghino”, ubicada en la zona del Quinto Cuartel, en la ciudad de Victoria, tras sufrir presuntos hechos de bullying, hostigamiento y amenazas reiteradas. La madre del menor, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal luego de haber recurrido previamente a distintas instituciones sin obtener respuestas favorables, según afirmó.

La escuela primaria comparte edificio y horario con la Escuela Secundaria Nº7 “Mariano Moreno”. De acuerdo con el relato de la familia, los episodios de violencia se habrían intensificado durante este año y habrían incluido amenazas de muerte escritas en un paredón cercano al ingreso del establecimiento educativo.

La mujer aseguró que realizó denuncias ante autoridades escolares, la Policía, la Comisaría del Quinto Cuartel, la Jefatura Departamental y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Sin embargo, sostuvo que no recibió soluciones concretas para garantizar la seguridad de su hijo.

“No estamos frente a un hecho aislado”

El abogado de la familia, Agustín Greco, sostuvo que la situación denunciada “ha afectado profundamente su vida cotidiana, su tranquilidad y su derecho fundamental a crecer en un entorno seguro”.

Asimismo, remarcó que “las actuaciones realizadas demuestran que no estamos frente a un hecho aislado. Existen antecedentes, intervenciones previas y denuncias reiteradas que serán oportunamente acreditadas en las actuaciones judiciales y administrativas en trámite”.

El letrado también manifestó que lo que “preocupa no es solamente el último episodio denunciado, sino la sensación de desprotección que experimenta una familia que lleva años solicitando respuestas concretas para resguardar a un niño de apenas 11 años”.

Amenazas dentro y fuera de la escuela

La madre del menor relató el impacto que la situación tuvo en la vida cotidiana de su hijo y de toda la familia. “Es muy duro, muy difícil”, expresó al describir el cuadro que atraviesan desde hace más de dos años.

“Yo ya he agotado todas las instancias. Hace dos años que vengo haciendo denuncias. Los hechos no solo pasan dentro de la escuela, sino también afuera. Los agresores son vecinos. Mi hijo ni siquiera puede ir a la despensa”, afirmó.

Además, señaló que el niño dejó de realizar actividades habituales por temor. “Hace unos ocho meses que mi hijo no sabe lo que es ir a jugar a la pelota con los amigos, no puede compartir con sus vecinos, en el Quinto Cuartel. Ni siquiera puede cruzar la calle. También hay amenazas contra mí, porque ahora últimamente se la han agarrado conmigo y con mi esposo, que es una persona mayor, de 68 años”, contó.

La posibilidad de cambiar de escuela

La madre explicó que actualmente el menor no asiste a clases por recomendación legal, mientras evalúan cómo continuar. “Nadie me ha dado respuesta. Toman estos hechos como si fuera algo natural, que no es para tanto. Ahora, no estoy mandando a mi hijo a la escuela por consejo de mi abogado, hasta tanto esto se resuelva. Tengo miedo de que le hagan algo, porque han escrito una amenaza en una pared de la escuela. Quiero resguardar la integridad física de mi hijo”, manifestó.

Según indicó, desde la institución educativa le comunicaron que adoptarían medidas preventivas, aunque sostuvo que “no han hecho nada”. También señaló que en el Copnaf le informaron que intervendrían en el caso, pero afirmó que hasta el momento no recibió nuevos contactos ni respuestas oficiales.

La mujer explicó que analiza cambiar a su hijo de establecimiento educativo pese al dolor que eso le provoca, ya que el niño cursa el último año de primaria y desea finalizar el ciclo junto a sus compañeros y participar del viaje de egresados, señala Entre Ríos Ahora.

Finalmente, la mujer reveló que el episodio más reciente ocurrió la semana pasada y estaría relacionado con una amenaza directa. “Uno de los agresores se encontró en el baño con un compañero de mi hijo, tenía una navaja, se la mostró y le dijo que era para mi hijo”, denunció.

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, eje estratégico para el comercio exterior argentino y regional, continuará su curso pese a las denuncias por presuntas irregularidades. El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves las medidas cautelares solicitadas para suspender el proceso, en una resolución de 15 páginas que se alinea con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan.

El magistrado recordó que las medidas cautelares contra el Estado deben aplicarse con “máximo grado de prudencia” para evitar excesos jurisdiccionales que menoscaben las funciones administrativas. Por ello, resolvió “no hacer lugar” a las cautelares pedidas y ordenó remitir nuevamente el expediente a la Fiscalía Federal para que continúe la investigación.

La causa se inició el 11 de mayo con la denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien afirmó que la licitación habría sido direccionada para favorecer a un grupo de beneficiarios. Entre sus acusaciones, señaló que el pliego estaría confeccionado “a medida” para excluir a empresas chinas, que existirían socios ocultos detrás de la empresa belga Jan de Nul y que incluso se habría incorporado documentación falsificada atribuida a la ONU.

Pagano denunció posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y asociación ilícita. A su presentación se sumó la de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien advirtió que la maniobra implicaría un perjuicio proyectado de 7.000 millones de dólares a lo largo de la concesión. También apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios vinculados al área portuaria.

Rafecas terminó alineándose con ese criterio, reforzando la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la aplicación restrictiva de medidas cautelares contra el Estado.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior. Su licitación, que involucra a empresas internacionales y despierta fuertes intereses económicos, se encuentra atravesada por cuestionamientos políticos y judiciales.

La decisión de Rafecas garantiza la continuidad del proceso, aunque las denuncias seguirán siendo investigadas por la Fiscalía. El desenlace de esta causa será clave para definir el futuro de una infraestructura estratégica para la región y para la economía nacional.

En un nuevo giro judicial, Pablo Daniel Rodríguez Laurta, ciudadano uruguayo acusado de un triple homicidio y señalado como fundador de la agrupación misógina “Varones Unidos”, formalizó la designación de su defensa técnica mientras enfrenta graves denuncias por intimidación desde el servicio penitenciario.

Este jueves 21 de mayo, a las 12, se labró un acta en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde el interno compareció ante la División Tratamiento Correccional. Allí manifestó su voluntad de designar como abogado defensor a Augusto Lafferriere, conocido por haber representado legalmente a Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú que cumple condena por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017.

La diligencia contó con la presencia de funcionarios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, quienes actuaron como testigos ante la imposibilidad de contar con civiles por la emergencia del caso. La decisión ocurre en un contexto de máxima tensión, ya que Laurta fue denunciado recientemente por amenazar a familiares de su ex pareja, Luna Giardina, mediante mensajes telefónicos enviados desde la cárcel de Gualeguaychú, antes de ser trasladado a Paraná.

Según la abogada de las víctimas, Marina Romano, el acusado envió frases intimidatorias como: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”. La querella solicitó medidas urgentes para prohibir cualquier contacto del detenido con los afectados.

Laurta espera un juicio oral ante un jurado popular en Córdoba, donde podría recibir prisión perpetua. Se lo acusa del femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, del asesinato de su ex suegra, Mariel Zamudio, y del homicidio del remisero Martín Palacio, cuyos restos fueron hallados desmembrados tras el robo e incendio de su vehículo. Todos los crímenes ocurrieron en octubre de 2025.

La causa también incluye la captura de su hijo de 5 años, con quien huyó antes de ser detenido en un hotel de Gualeguaychú. Además, pericias a su teléfono revelaron material de abuso sexual infantil y la planificación de un intento de fuga.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la realización del juicio por jurados, lo que marca el inicio de la etapa final para determinar la responsabilidad de quien es considerado uno de los criminales más peligrosos de los últimos tiempos. Ahora, bajo el patrocinio legal de Lafferriere, Laurta encara un proceso que mantiene en vilo a la justicia y a la sociedad.