Las instituciones y organizaciones sociales de la ciudad dieron a conocer el cronograma de actividades que se llevará a cabo durante la última semana de octubre con el propósito de visibilizar la importancia de la salud mental y promover el acceso universal a la atención sanitaria.

El programa de propuestas, según supo El Argentino, se extenderá entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre, contempla intervenciones pedagógicas, expresiones artísticas, espacios de debate y una movilización comunitaria en el centro de la localidad.

La apertura del itinerario está programada para el martes 27 de octubre en la Plaza Urquiza, donde se instalará la Escuela Itinerante Entrerriana en el horario de 9:00 a 15:00. Esta jornada abordará temáticas vinculadas al derecho a la salud, la prevención y la erradicación de estigmas sociales, mediante dinámicas informativas orientadas a la participación de delegaciones escolares, profesionales y vecinos en general.

Posteriormente, las acciones continuarán el jueves 29 de octubre en el espacio cultural Sinergia, ubicado en la calle Alem 367. A partir de las 19:30 se proyectará la producción audiovisual El temblor, propuesta que estará acompañada por un servicio de cantina. Hacia las 21:00, la jornada se complementará con una intervención teatral a cargo de los actores Melina Guigou y Mauricio Viviane, orientada a generar un ámbito de reflexión colectiva sobre los condicionantes sociales del bienestar emocional.

El cierre de la agenda semanal tendrá lugar la misma noche del viernes, a las 21:00, en el Centro Cultural Musicante, donde se presentará una obra teatral centrada en el eje de la identidad y la contención comunitaria.

Desde la organización destacaron que el abordaje de la salud mental requiere un enfoque integral, ligado a las condiciones de vida, la equidad socioeconómica y el fortalecimiento de los dispositivos públicos de atención. El cronograma busca consolidar la participación ciudadana y concientizar sobre el derecho al acompañamiento profesional en entornos comunitarios.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, estableció formalmente que los días 10 y 11 de noviembre se llevarán a cabo las audiencias orales correspondientes al diferendo presentado sobre la actividad hidrocarburífera en torno a las Islas Malvinas. La resolución, emitida por la presidencia del organismo, fija el calendario para evaluar el pedido de suspensión del proyecto de producción denominado Sea Lion.

El procedimiento se encuadra en los mecanismos previstos por el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Tras el intercambio formal de notificaciones entre las diplomacias involucradas durante las semanas previas, la representación argentina formalizó la presentación ante el ITLOS mediante un escrito técnico supervisado por la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica.

El marco normativo bajo el cual operan las empresas fue extendido recientemente por las autoridades locales de las islas, renovando por un período de cinco años las licencias de producción de hidrocarburos asignadas a las firmas operadoras de la zona.

La argumentación jurídica planteada ante el tribunal enfoca su eje en la preservación del medio ambiente marino, materia que faculta la intervención del órgano arbitral en el marco del derecho internacional aplicable a todos los Estados signatarios de la Convemar. La presentación incluye estudios de impacto ambiental y planes de contingencia para evaluar eventuales riesgos operacionales en el Atlántico Sur.

Por su parte, las autoridades del Reino Unido confirmaron su comparecencia ante el tribunal de Hamburgo y señalaron que consideran vinculantes las determinaciones que adopte el cuerpo judicial, al tiempo que sostienen la validez de los esquemas de licencias vigentes y los mecanismos de protección de las inversiones comerciales vinculadas al desarrollo energético.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, resolvió conceder un recurso de casación impulsado por la representación legal de Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Sebastián José Sánchez, este último en calidad de director de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. La medida habilita una nueva instancia de revisión orientada a expedirse sobre la vigencia y ejecución de las medidas cautelares que pesan sobre diversos inmuebles vinculados a la causa judicial.

La representación técnica, a cargo del abogado Luis Joel Goldin, había elevado la apelación luego de que el tribunal de primera instancia rechazara los planteos iniciales. En la fundamentación del recurso, la defensa sostuvo que la decisión recurrida generaba un gravamen de imposible reparación ulterior al avanzar con actuaciones preparatorias referentes al patrimonio. Asimismo, se argumentó que existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente a la cuantificación y procedencia de las disposiciones patrimoniales, invocando la necesidad de evitar situaciones irreversibles previas a la intervención del máximo tribunal.

Paralelamente, la defensa de las personas jurídicas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. fundamentó la presentación señalando que el mantenimiento de cautelares sobre bienes titularidad de las sociedades vulnera la autonomía patrimonial y la personalidad jurídica diferenciada de ambas entidades. Según la postura volcada en el expediente, la postergación del tratamiento formal de la situación de las empresas mientras persisten las restricciones cautelares afectaría el derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio.

Con la apertura de esta vía apelativa, la Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar los alcances del dictamen originario, el cual involucra propiedades ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —entre ellas un departamento situado en la calle San José al 1111 y unidades en el complejo Madero Center— así como otros inmuebles localizados en la provincia de Santa Cruz.

La resolución de fondo sobre estos activos se enmarca en la etapa posterior al fallo dictado en la denominada causa Vialidad, en la cual el TOF N° 2 había establecido a fines de agosto un embargo preventivo sobre los bienes alcanzados por el proceso por un monto total de $684.990.350.139,86, resguardo dispuesto con el objeto de preservar los activos de manera previa a la resolución definitiva sobre su destino legal.

Los contribuyentes que mantengan deudas alcanzadas por la Moratoria 2026 todavía pueden acceder al régimen impulsado por el Gobierno de Gualeguaychú para regularizar sus obligaciones. Restan 3 días para que finalice el plazo de adhesión.

La moratoria comprende deudas de la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, correspondientes a períodos vencidos hasta el 31 de diciembre de 2025. La Tasa de Comercio no se encuentra incluida.

El régimen contempla distintas alternativas según la modalidad elegida. Quienes realicen el pago de contado acceden a una quita del 100 % de multas e intereses. Para planes de tres cuotas, el beneficio alcanza el 90 % en ambos conceptos, con un anticipo del 10 % y sin interés de financiación.

En seis cuotas se aplica una reducción del 80 % en multas y del 70 % en intereses, con un anticipo del 20 % y sin interés de financiación. También existen opciones de 12 cuotas, con una quita del 70 % de las multas y del 60 % de los intereses, y de 18 cuotas, con reducciones del 60 % y 50 %, respectivamente. En estos dos últimos casos se requiere un anticipo del 20 % y se aplica la tasa de financiación vigente al momento de la adhesión.

Para ingresar al régimen es requisito tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 correspondientes a la tasa, derecho o contribución que se pretenda regularizar.

La adhesión puede realizarse a través de GualeActiva. En los casos que requieran atención presencial, los contribuyentes pueden acercarse a la Dirección de Rentas, ubicada en Yrigoyen 75, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

El miércoles 30 de septiembre será el último día para acceder a los beneficios previstos por la Moratoria 2026.

En los barrios de Gualeguaychú decenas de hombres y mujeres asumen de manera voluntaria el compromiso de sostener platos de comida, meriendas calentitas y espacios de recreación para cientos de niños y niñas golpeados por la vulnerabilidad social. Al aproximarse la celebración del Día del Niño, la labor de estos espacios de contención se multiplica.

Las experiencias de cinco referentes de comedores gualeguaychenses reflejan el mapa de festejos solidarios y de este trabajo muchas veces invisible. Con sus realidades particulares, en barrios como el CGT, Franco, Trinidad y Pueblo Nuevo, los comedores y merenderos coinciden: el derecho a sonreír de los niños es innegociable.

Su festejo está programado para el domingo 23 de agosto en la plazoleta del barrio y la logística para organizar la jornada exige un gran esfuerzo. “Vamos a comenzar el trabajo operativo a las 7 de la mañana y lo vamos a extender de manera ininterrumpida hasta las 18. Tenemos un equipo mínimo de seis voluntarios fijos que se encargarán de la cocina, el armado de los puestos y la coordinación recreativa”, describió el referente barrial.

Para esta edición, calculan recibir a más de 100 personas, entre niños, niñas y sus familias. El programa gastronómico y recreativo diseñado de forma autogestionada es variado: “El menú incluye panchos, tortas fritas, bolas de fraile, rosquitas, golosinas y la clásica chocolatada caliente. La jornada contará con un inflable pelotero, equipos de música, karaoke y actividades de animación. Además, la comisión de adultos del conjunto carnavalesco Viejas Fantasías ofrecerá un show musical en vivo”.

La escasez de recursos no es un factor menor y se hace sentir de manera preocupante en la previa del evento. “Por el momento no hemos recibido aportes de ningún tipo de instituciones. Por eso necesitamos que la gente pueda donar juguetes en buen estado”, sostuvo, en este sentido, el director del comedor.

Por otro lado, en el corazón del Barrio Franco, el comedor y merendero “Estrellita Roja” representa una trinchera de contención social e identidad comunitaria. Luciana y Agustina, junto a otras personas, coordinan las tareas para las infancias del barrio y la zona.

“Nosotros siempre nos preparamos con 100 porciones, 100 regalos y 100 bolsitas de golosina. Quizás no van 100 exactos, pero siempre esperamos esa cantidad entre niños, niñas y adultos que se acercan a buscar su vasito de chocolate caliente”, relató Luciana, al referirse al festejo que tendrá lugar el domingo 16 de agosto a partir del mediodía.

Uno de los momentos más esperados de la tarde es la tradicional entrega de juguetes mediante un sistema de sorteo inclusivo: “Es el broche de oro, a medida que salen los números cada chico pasa y elige el regalo que quiere. Todos los nenes y nenas se van con un regalito en la mano, ninguno se queda con las manos vacías”, destacó.

Ante la falta de recursos económicos y el recorte de asistencia oficial hacia los comedores populares, en “Estrellita Roja” la autogestión y la solidaridad son los motores para sostener la fiesta: “Para financiar el alquiler de inflables, piñatas y elementos de animación artística, organizamos una venta masiva de ravioles caseros. A su vez, un grupo de tejedoras voluntarias trabaja tejiendo prendas y juguetes artesanales para sumar a la mesa de sorteos, mientras que vecinos particulares aportan leche y cacao para la chocolatada”.

“Este año nos está costando juntar los recursos. La situación económica está muy difícil para todos. Quienes antes colaboraban económicamente hoy quizás no pueden hacerlo, aunque nos ayudan sumando su tiempo, que es super válido. No contamos con la ayuda del Municipio que en otro momento sí estuvo. Seguimos adelante porque para nosotros es la fiesta más importante del año junto con Navidad o Reyes”, enfatizaron desde el espacio.

La gran celebración comunitaria de “Las Tres Hermanas” se llevará a cabo el domingo 23 de agosto en la placita del Barrio Trinidad, ubicada en la calle Hermana Rodríguez, entre Alberdi y Zubiaur.

“Todos los años aumentamos un poco más la cantidad de chicos. El año pasado metimos 800 chicos sin contar la familia. Vienen de todos lados: Barrio Trinidad, Yapeyú, Esperanza, Pueblo Nuevo, Villa María, Sabalé y La Cantera. Acá no hay distinción para nadie. El que quiera venir, puede venir y las puertas están abiertas para el que quiera colaborar”, sostuvo Silvia Benedetti.

Para la celebración se desplegará un festival artístico sin precedentes: “La grilla incluye inflables, grupos de danza, la participación especial de la agrupación musical Impacto y la Banda de Pichón. También emprendedores locales se han sumado de manera desinteresada, como es el caso del joven Matías Salva, quien recientemente inició su emprendimiento de barbería y donó vouchers de cortes de pelo gratuito”.

En el plano logístico, la institución solicitó al Municipio el escenario y a la Cooperativa Electrotecnia la bajada de luz. Todos los alimentos, bebidas e insumos son producto del aporte solidario de la comunidad, los comercios y verdulerías de la ciudad. “Esto representa mucha emoción y alegría. Yo siempre digo: El sol tiene que salir para todos. Esta fiesta es para los chicos, para que ellos se vayan con la pancita llena y la alegría en el corazón”, sintetizó Benedetti.

“Estamos juntando donaciones y organizando. No sabemos con precisión la fecha exacta. Queremos evitar coincidir con el mismo día que los otros merenderos de la Zona Norte, así los chicos pueden participar de varias fiestitas”, explicó Odriozola.

El programa contemplado incluye el reparto de chocolate caliente, golosinas y juguetes, además de la presentación de conjuntos musicales. El referente enfatizó el valor humano que posee la jornada en el contexto de crisis económica y social actual: “Vivimos esta previa con mucho compromiso porque le podemos brindar a los chicos un juguete, compartir una chocolatada y festejar con música. Con tanta necesidad que hay hoy en día, queremos brindarle esa alegría a los gurises y a las familias, para que por lo menos durante unas horas cambien la rutina”.

“La Victoria” mantiene abierta la convocatoria a toda la comunidad de Gualeguaychú para recibir donaciones de juguetes, calzado, zapatillas en buen estado, ropa y alimentos no perecederos para continuar sosteniendo las meriendas del barrio.

Emilce Jara, referente de “Los Troperitos” de Pueblo Nuevo, también compartió su sentir en relación a la fiestita. “Para mí, esto es darle vida a la plazoleta y al espacio barrial. Es un punto de encuentro entre vecinos para festejar en familia y junto a los gurises. Desde el año 2019 me comprometí a llevar adelante este proyecto vecinal, en el que soy referente del grupo de la calle Los Troperos, y hemos logrado muchas cosas, y cada logro es de todos. Hoy, en este 2026, sigo en pie con mi promesa”.

La celebración del Día del Niño la realizan en conjunto con la agrupación “Los Soñadores”. En este sentido, Jara indicó: “Es el segundo año consecutivo que participa la agrupación. El año pasado nos visitaron alrededor de 350 personas en total. Vienen de todos lados, no solo de Pueblo Nuevo, sino también de barrios como Zabalet, Yapeyú, Trinidad, Villa María y otros sectores de la ciudad. Los chicos están a la espera de estos festejos porque les encantan los peloteros, la música y los juegos”.

“Al frente de la organización somos tres personas, Silvana Berón, su esposo, Gastón y yo, aunque el día de la fiesta se suman muchos vecinos a colaborar junto a la gente de la agrupación”, remarcó la referente social. La fiestita se realizará el domingo 23 de agosto y, como el año pasado, “va a haber batucada, pintacaras, cantantes y bandas locales que nos van a estar acompañando”.

A pesar de las diferencias geográficas y organizativas, el testimonio cruzado de los cinco comedores comunitarios de Gualeguaychú refleja que el festejo del Día del Niño trasciende a la entrega de un regalo material. Las sonrisas de los más de mil niños y niñas que participarán de estas jornadas organizadas en el Barrio CGT, el Barrio Franco, el Barrio Trinidad y El Luchador serán el resultado de semanas de trabajo invisible y de solidaridad barrial.

Por Sara Kesselman*

El calendario nos vuelve a situar frente a una fecha que se siente como una herida abierta en el cuerpo y en el alma de nuestra nación: el 18 de julio. Han transcurrido ya 32 años desde aquel fatídico lunes de 1994 en el que la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires fue destruida por un brutal ataque de un coche bomba. Tres décadas y dos años de un silencio judicial ensordecedor, de preguntas sin respuestas definitivas y de una impunidad que, lejos de diluirse con el tiempo, se consolida como una de las deudas más dolorosas y flagrantes de la democracia.

Desde la Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú, participamos una vez más con el más hondo pesar de este doloroso aniversario. Pero este pesar no es un ejercicio de melancolía pasiva; es un grito activo, una demanda innegociable de justicia que se renueva con cada amanecer del mes de julio.

A menudo se tiende a centralizar las tragedias nacionales, como si el horror vivido en la calle Pasteur de la Capital Federal no nos incumbiera de manera directa a quienes habitamos el interior de la patria. Nada más alejado de la realidad. El terrorismo no atacó únicamente a un edificio o a una comunidad específica: atacó la soberanía, la paz y la convivencia de toda la ciudadanía argentina.

Por eso, como vecina y como parte activa de nuestra comunidad, convoco de corazón a todos mis copoblanos a reflexionar, a detener la marcha cotidiana y a recordar junto a nosotros.

Quienes formamos parte de la comunidad judía local nos sentimos víctimas directas de esta barbarie y nos reconocemos en la obligación ineludible de custodiar la memoria colectiva. Pero esta no es una tarea solitaria. La memoria es un ejercicio comunitario, un lazo social que nos une a todos los ciudadanos que aspiramos a vivir en un país donde la vida sea sagrada y el crimen no quede impune.

¿Cómo se construye el futuro de una nación cuando sus cimientos toleran más de tres décadas de injusticia? Una democracia real, fuerte y saludable no se mide únicamente por la periodicidad de sus elecciones o el correcto funcionamiento de sus mercados. Se mide, fundamentalmente, por la solidez de sus instituciones y su capacidad para garantizar la verdad.

La impunidad persistente en el caso AMIA es un mensaje peligroso: es la dolorosa admisión de que el Estado ha fallado en su deber más básico de proteger a sus ciudadanos y de castigar a los culpables. Para edificar una República verdaderamente robusta, debemos entender que las instituciones no pueden permitirse el lujo del olvido. Cuando una sociedad olvida, o cuando decide mirar hacia otro lado para evitar la incomodidad del reclamo, se debilita colectivamente y queda expuesta a que la historia más oscura vuelva a repetirse.

Como bien ha manifestado recientemente Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA: “La memoria necesita instituciones y personas dispuestas a sostenerla en el tiempo. Cada aniversario del atentado nos vuelve a poner frente al paso de los días, la impunidad que persiste, la ausencia que no se llena. 85 víctimas fatales y 300 heridos son la marca de ese 18 de julio de 1994 y también la razón por la que seguimos año tras año exigiendo justicia”.

Estas palabras resuenan con fuerza en cada rincón del país y cobran especial relevancia en comunidades como la nuestra. Sostener la memoria en el tiempo requiere un esfuerzo deliberado. Implica:

A 32 años del brutal atentado a la AMIA, desde Gualeguaychú alzamos nuestra voz. Por las ochenta y cinco vidas truncadas, por los cientos de heridos cuyas secuelas físicas y emocionales perduran, por nuestro derecho a vivir en paz y por la salud de nuestra democracia: hoy más que nunca, prohibido olvidar y no dejar de perseguir justicia.

*Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú

Este domingo 7 de junio, el Perú celebra la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Quien resulte electo gobernará el país entre 2026 y 2031, convirtiéndose en el décimo presidente en una década marcada por la inestabilidad política, con ocho mandatarios sucesivos entre destituciones, renuncias y crisis institucionales.

La jornada electoral comenzó en el exterior, donde los peruanos residentes en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. Las actividades se desarrollaron en oficinas consulares y locales habilitados por el Estado peruano para garantizar el derecho al sufragio de los connacionales en esas regiones.

En el territorio nacional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que están habilitadas 90.223 mesas de votación y que 28.772 fiscalizadores supervisan el proceso en todo el país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordina el despliegue logístico y la recepción de actas, mientras que las fuerzas de seguridad custodian los locales para asegurar una jornada pacífica.

La elección se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y expectativa ciudadana. Fujimori, quien busca llegar por tercera vez a la presidencia, propone continuidad en políticas de mercado y seguridad, mientras Sánchez, actual congresista y exministro de Estado, impulsa un modelo de desarrollo con enfoque social y ambiental.

El proceso electoral concluirá esta tarde y el conteo oficial comenzará inmediatamente después del cierre de urnas. Los primeros resultados se conocerán en las próximas horas, aunque el JNE recordó que los datos preliminares no constituyen resultados oficiales hasta su validación final.

La segunda vuelta de 2026 representa un nuevo capítulo en la historia reciente del Perú, donde la ciudadanía vuelve a decidir entre dos proyectos políticos opuestos en medio de una democracia que busca estabilidad y confianza institucional.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos comenzará el próximo lunes 4 de mayo un ciclo de programas en el canal de streaming Aula A, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La iniciativa, denominada “Derecho a Tener Derechos” (DTD), se emitirá todos los lunes a las 15 horas y busca contribuir a la promoción de los derechos humanos, además de ampliar la difusión de las actividades y funciones específicas de la Defensa Pública.

La propuesta surge de un convenio firmado entre el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, mediante el cual ambas instituciones se comprometieron a intercambiar colaboración y apoyos para el desarrollo de proyectos de interés común. La producción y realización del ciclo está a cargo de integrantes del MPD, con la colaboración de personal de la Facultad.

El programa abordará ejes temáticos vinculados a las incumbencias de la Defensa Pública, centrados en la facilitación del acceso a la justicia y en las garantías de protección de las personas en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. El primer invitado será el propio Defensor General, quien abrirá el ciclo con una entrevista sobre los desafíos actuales de la institución.

Los primeros capítulos estarán dedicados al instituto de la adopción, una de las políticas específicas del MPD a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER). Se incluirán entrevistas a personas que han transitado la experiencia de la adopción y a especialistas en la materia.

Otros temas que se tratarán en el ciclo serán la salud mental, las infancias y adolescencias, la violencia institucional y, de manera transversal, la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

El canal Aula A transmite desde la sala ubicada en el Laboratorio de Audio de la Facultad, en Alameda de la Federación 105, primer piso, en Paraná. Su diseño y puesta a punto estuvo a cargo de la Coordinación Técnica del Centro de Producción en Comunicación y Educación (CePCE), junto con el equipo de gestión de la Facultad y un colectivo de personas que aportó desde distintas áreas de la institución.

Para acceder a las emisiones, los interesados podrán ingresar al canal de YouTube de Aula A en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCJ31Qg27yzJ3XsbNudEHT3Q.

Con este ciclo, el MPD busca acercar sus funciones a la comunidad, promover el conocimiento de los derechos y fortalecer la confianza en las instituciones que garantizan el acceso a la justicia. La apuesta por un formato audiovisual y digital responde a la necesidad de llegar a públicos más amplios y diversos, en un contexto donde la comunicación en plataformas online se ha convertido en un canal privilegiado para la difusión de contenidos de interés social.

La deserción escolar es una problemática que impacta directamente en el futuro de niños y adolescentes, y requiere respuestas rápidas y articuladas. En Gualeguaychú, se avanza en una estrategia integral que combina prevención, intervención operativa y trabajo en red, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa y acompañar a las familias en contextos de vulnerabilidad.

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través del trabajo conjunto entre el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) y la Dirección Departamental de Escuelas, puso en marcha una estrategia integral para detectar y revertir situaciones de desvinculación escolar. La iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por el ausentismo sostenido y la deserción, problemáticas vinculadas en muchos casos a contextos familiares complejos y situaciones de vulnerabilidad social.

El plan contempla la implementación de un protocolo de detección y alerta temprana, en el que las instituciones educativas cumplen un rol central al informar inasistencias reiteradas o posibles casos de abandono. A partir de estas alertas, el equipo de ANAF interviene con evaluaciones familiares y el diseño de estrategias personalizadas, orientadas a acompañar cada caso de manera sostenida.

La estrategia se organiza en dos ejes complementarios. Por un lado, el operativo, que se enfoca en la intervención directa ante situaciones críticas. Por otro, el preventivo, que incluye talleres en territorio sobre temáticas como bullying y crianza respetuosa, dirigidos tanto a estudiantes como a sus familias. De esta manera, se busca no solo atender la urgencia, sino también generar herramientas que fortalezcan la permanencia escolar a largo plazo.

La incorporación de un nuevo espacio de atención permitió triplicar la cantidad de entrevistas realizadas, lo que fortaleció la capacidad de respuesta del área y optimizó los tiempos de intervención en casos urgentes. En este marco, ya se registran más de 1900 intervenciones, cifra que refleja la magnitud de la demanda y el trabajo sostenido en territorio.

En paralelo, se profundiza la articulación con el Programa de Abordaje de Situaciones Educativas Complejas (PASEC) y con distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Esta red de acompañamiento amplía las herramientas disponibles y refuerza la presencia de la municipalidad en los casos que más lo requieren.

El abordaje integral busca dar respuestas concretas a situaciones que impactan directamente en la escolaridad, acompañando a cada familia y garantizando que los niños y adolescentes puedan sostener su trayectoria educativa.

La propuesta de legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo generó un fuerte rechazo en Entre Ríos. Organizaciones feministas y socorristas remarcaron que la normativa cuenta con plena legitimidad social y vigencia en el sistema de salud, y advirtieron que su eliminación implicaría una regresión en materia de derechos.

Antonella Acosta, integrante de la red de socorristas Dora te Escucha y de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, sostuvo que la iniciativa desconoce la construcción democrática de un proceso de ampliación de derechos: “La IVE tiene completa validez legal y legitimidad social, porque fue una ley conquistada con años de deliberación pública. Es un derecho socialmente ganado y legitimado”.

La referente advirtió que derogar la normativa colisionaría con principios constitucionales vinculados a la salud integral, la igualdad y la no discriminación. “Pretender eliminar la IVE es desconocer ese piso de derecho ya conquistado y poner en discusión garantías que hoy forman parte del sistema democrático. No es una letra muerta: es una ley vigente todos los días en el sistema de salud”, afirmó.

Desde la organización de Socorristas interpretan que el resurgimiento del debate busca distraer a la sociedad de la situación económica. “Cuando el Gobierno nacional no puede mostrar buenos resultados, le da a la sociedad pan y circo”, expresó Acosta, quien además señaló la contradicción de sectores que “hablan en nombre de la vida” mientras recortan programas sanitarios y políticas para la primera infancia.

Finalmente, la activista subrayó que el cambio cultural es irreversible y que el compromiso de los gobernantes debería estar en otra parte: “Antes de poner nuevamente el debate en las mesas argentinas, que primero se encarguen de garantizar el plato de comida en esas mesas”.

El Comité Olímpico Internacional (COI) oficializó este jueves que excluirá a las deportistas trans de la categoría femenina, normativa comenzará a aplicarse a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se trata de una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico.

Según detalló el organismo, la elegibilidad en la categoría femenina estará limitada a mujeres biológicas y se determinará inicialmente mediante un cribado genético que detecta la presencia o ausencia del gen SRY. Este gen, indicaron, está asociado al desarrollo sexual masculino y se mantiene constante a lo largo de la vida.

El COI explicó que quienes presenten un resultado negativo en el test del gen SRY cumplirán de manera permanente con los requisitos para competir en la categoría femenina. En principio, se tratará de una prueba única en la vida, salvo que existan motivos para sospechar un error en el resultado.

En contrapartida, los atletas con resultado positivo en el gen SRY no serán elegibles para competir en pruebas femeninas en eventos organizados por el COI. La única excepción contemplada corresponde a casos poco frecuentes, como el Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (CAIS) u otras diferencias del desarrollo sexual que no impliquen ventajas derivadas de la testosterona.

Desde el COI señalaron que la política se fundamenta en evidencia científica que vincula la presencia del gen SRY con el desarrollo biológico masculino. Según el organismo, este criterio permite establecer una base objetiva para la regulación de la competencia en la categoría femenina.

La postura del COI

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió la nueva normativa y sostuvo que apunta a garantizar la equidad en el deporte. “Como exdeportista, creo apasionadamente en el derecho de todos los olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido liderada por expertos médicos”, afirmó.

En esa línea, remarcó que incluso diferencias mínimas pueden ser determinantes en el alto rendimiento y consideró que “no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina”. También advirtió que, en algunas disciplinas, podrían existir riesgos para la seguridad.

Por último, Coventry subrayó que todos los atletas deben ser tratados con dignidad y respeto, y que el proceso deberá incluir información clara, asesoramiento médico especializado y evaluaciones que, en principio, se realizarán una sola vez en la vida.

Los casos más resonantes en cuestiones de género en los Juegos Olímpicos

El caso de mayor controversia tuvo que ver con Imane Khelif, la boxeadora argelina de París 2024 cuyo nombre tomó relevancia internacional luego de una polémica en el Mundial de Boxeo 2023, cuando fue descalificada por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por criterios de elegibilidad que no fueron del todo transparentes.

Su paso por París estuvo envuelto en polémica: sectores conservadores la insultaron en redes sociales en medio de una pelea que escaló a tal punto que el mismísimo Donald Trump se mostró en contra de su inclusión en competencias femeninas. Pese a los cuestionamientos y las solicitudes de pruebas genéricas, se llevó la medalla de oro en la categoría de 66kg.

Su par Lin Yu-ting, de Taiwán, también estuvo en el centro de la polémica por ese mismo motivo. Si bien no es una atleta trans, sí quedó expuesta por la falta de transparencia en cuanto a los criterios de elegibilidad.

Caster Semenya, campeona olímpica en Londres 2012 y Río 2016 en atletismo, también libra una batalla con World Athletics por su diferencia del desarrollo sexual (DSD), lo que implica niveles naturalmente elevados de testosterona.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl iniciaron una demanda ordinaria contra el Estado Uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) entendiendo que “la planta producirá un daño irreparable en el ambiente, lo cual de buena fe los actores intentamos evitar”.

En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud; todo conforme las consideraciones de hecho y derecho, esto es, los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N”.

A este respecto, Michel remarcó la falta de acción del gobierno provincial. “Con la planta de combustibles sintético Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción y falta de gestión decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”. Y aseveró: “Está demandado el Estado uruguayo y la empresa; se van a tener que sentar en la mesa y darles explicaciones a la justicia argentina”.

En la presentación los legisladores señalaron que pese a que el proyecto data en la República vecina desde el año 2017, hasta el momento Uruguay no presentó en la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, tal como se encuentra obligado según el Estatuto del Río Uruguay y lo dispuesto por la Corte Internacional de La Haya en la sentencia: 'CASO DE LAS PLANTAS DE CELULOSA SOBRE EL RÍO URUGUAY (ARGENTINA c. URUGUAY)', de fecha 20/4/2010”.

“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”, manifestaron.

Los legisladores sostienen que “ante este escenario, Argentina -y en especial sus funcionarios- tenemos la carga de actuar en defensa de la legalidad vigente, y del ambiente del río Uruguay”. “Ante el incumplimiento de Uruguay de no presentar la documentación en la CARU, la parte argentina tiene la obligación de: 1) exigir su presentación; 2) exigir el no avance de las obras hasta tanto se presenten y evalúen; 3) Ir a la Corte Internacional de Justicia a denunciar el incumplimiento”, indicaron.

“La República Oriental del Uruguay no presentó los estudios de impacto ambiental por lo que los argentinos desconocemos el grado de contaminación que traerá aparejada la planta. La comunidad de Colón y las ciudades entrerrianas ribereñas que podrían ser afectadas, vienen manifestando su temor ante el avance de la mega obra”, expresaron.

Asimismo, Michel, Bahl y Marclay solicitaron información sobre la empresa HIF Uruguay SA y la realización de una pericia ambiental para la cual pidieron se designe a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y/o a un perito biólogo de oficio.

Al iniciar primer grado, los niños de 5 y 6 años deben recibir tres vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación: la vacuna contra la poliomielitis (Sabín), la triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— y la triple bacteriana, destinada a prevenir difteria, tétanos y tos convulsa. Además, desde 2022 es obligatoria la segunda dosis de la vacuna contra la varicela para los nacidos a partir de 2013.

A los 11 años, tanto niñas como varones deben aplicarse la triple bacteriana acelular, la vacuna contra el meningococo y el esquema de dos dosis contra el Virus Papiloma Humano (VPH). Estas inmunizaciones buscan prevenir enfermedades graves como meningitis, cáncer de cuello uterino y otras patologías relacionadas con el VPH.

El Ministerio de Salud recuerda que todas las vacunas del calendario son gratuitas y obligatorias, y que los controles médicos anuales —incluyendo visitas al oftalmólogo y odontólogo— son esenciales para acompañar el crecimiento saludable de los chicos.

Garantizar que niñas y niños de entre 3 y 11 años tengan completas las dosis del Calendario Nacional de Vacunación es clave para proteger su salud y la de toda la comunidad. Cada vacuna previene enfermedades graves como poliomielitis, sarampión, rubéola, meningitis o varicela, y al mismo tiempo contribuye a la llamada inmunidad colectiva, que reduce la circulación de virus y bacterias. De este modo, se evitan brotes de patologías que ya habían sido controladas en el país y se asegura el acceso universal y gratuito a un derecho básico: crecer con salud y seguridad.

En Gualeguaychú se vienen desarrollando campañas específicas de vacunación infantil en los centros de salud municipales y provinciales (CAPS y CIC). El objetivo es garantizar que niñas y niños de entre 3 y 11 años tengan completas las dosis del Calendario Nacional de Vacunación, incluyendo las que corresponden al ingreso escolar (poliomielitis, triple viral, triple bacteriana y varicela) y reforzar la cobertura frente a enfermedades como el sarampión, ante el riesgo de reintroducción en el país.

Las jornadas se organizan con turnos previos y también con atención a demanda espontánea, para que las familias puedan acercarse sin cita y revisar los carnets de vacunación. La Municipalidad de Gualeguaychú remarca que todas las dosis son gratuitas y se aplican en los vacunatorios de la ciudad, con un trabajo sostenido para alcanzar la mayor cantidad de chicos y chicas en edad escolar. (Fuente: con información del Ministerio de Salud de la Nación y Municipalidad de Gualeguaychú)

El Gobierno de Gualeguaychú desarrolla la colonia como una política pública orientada a promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar integral de niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, consolidando un espacio de encuentro, recreación y convivencia para toda la comunidad.

Desde el año pasado, la Colonia Municipal de Accesibilidad se integra de manera transversal a las colonias de Educación, Deportes, Juventud y Adultos Mayores. Esta modalidad permite que las personas con discapacidad participen de las colonias generales, compartiendo actividades y espacios junto al resto de los colonos, en un entorno que prioriza la inclusión efectiva y el respeto por la diversidad.

La implementación de esta propuesta se lleva adelante a través de un trabajo articulado entre las áreas responsables de cada colonia -Educación, Deportes, Juventud y Adultos Mayores- y el Área de Accesibilidad e Inclusión, que cumple un rol central en la coordinación de las inscripciones y en la evaluación de las necesidades particulares de cada participante con discapacidad.

De acuerdo al registro del Área de Accesibilidad e Inclusión, en la edición 2026 participan personas con discapacidad en todas las colonias municipales: dos colonos en la Colonia de Educación; 35 en la Colonia de Deportes; 10 en la Colonia de Juventud y 57 en la Colonia de Adultos Mayores, lo que refleja el alcance y la consolidación de una política pública inclusiva.

Para garantizar el acceso y la permanencia en las actividades, la Colonia Municipal cuenta con colectivos accesibles y con profesionales que acompañan a las personas con discapacidad según cada situación particular. Este acompañamiento permite promover la autonomía, el cuidado y la participación activa en las distintas propuestas recreativas y formativas.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de equipos técnicos y profesionales que trabajan de manera coordinada para asegurar espacios seguros, accesibles y adaptados, fortaleciendo una experiencia de colonia basada en el respeto, la integración y la igualdad de oportunidades.

De esta manera, la Colonia Municipal 2026 se consolida como una política pública inclusiva y accesible, que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de propuestas comunitarias, recreativas y educativas en condiciones de equidad.

El papa León XIV manifestó este domingo su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses, subrayando que"el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración".

Durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico, el pontífice instó a las partes involucradas a abandonar el camino de la violencia y abogar por una salida basada en la justicia, la estabilidad y el respeto irrestricto al marco constitucional.

En su mensaje desde la ventana de la Plaza de San Pedro, el líder de la Iglesia Católica fue tajante al reclamar que se garantice la soberanía del país sudamericano y se asegure "el Estado de Derecho inscrito en la Constitución".

Este miércoles por la mañana, enfermeros y enfermeras del Hospital Centenario de Gualeguaychú llevaron adelante un abrazo simbólico a la institución para visibilizar su reclamo por salarios dignos, mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional. La acción se realizó a las 8 y se enmarca en una serie de protestas que el sector viene sosteniendo desde noviembre.

Durante la manifestación, se dio lectura a una proclama en la que el personal de Enfermería expresó su malestar por decisiones internas adoptadas por la Dirección del hospital y por la falta de respuestas a los planteos elevados ante las autoridades provinciales.

“Hoy no es un día de festejo, sino un día de profunda convicción y de unidad inquebrantable. Nos encontramos aquí, en este abrazo simbólico, para reafirmar algo fundamental: somos el corazón que late en este hospital, y merecemos ser escuchados, respetados y valorados”, señalaron al inicio del documento.

En ese marco, remarcaron el rol central que cumple el sector en el sistema de salud: “Venimos, una vez más, desde el área de Enfermería, un sector que ha sostenido y sostiene la primera línea de batalla, no solo durante la pandemia, sino cada día, en cada guardia, en cada atención”.

Uno de los puntos centrales del reclamo estuvo vinculado a una resolución adoptada por la Dirección del Hospital el pasado 5 de noviembre. Al respecto, manifestaron: “Queremos expresar nuestro enérgico y respetuoso desacuerdo a la decisión tomada por la Dirección de este Hospital el pasado 5 de noviembre”. Y agregaron: “Cuando decidimos alzar nuestra voz en la calle, ejerciendo el legítimo derecho a la protesta y a la libre expresión, la respuesta fue la prohibición explícita de salir de nuestros servicios”.

En la proclama, calificaron esa medida como “autoritaria” y sostuvieron que “desconoce el sacrificio que hacemos a diario”, además de subestimar el profesionalismo del personal. “Todos conocemos donde empiezan y terminan nuestros derechos y obligaciones”, afirmaron.

El reclamo también fue dirigido al Gobierno provincial. “Este abrazo también es un acto de protesta dirigido al Gobierno, a quienes deben garantizar la salud pública y el bienestar de sus trabajadores”, expresaron, al tiempo que recordaron gestiones previas: “Hemos marchado, hemos solicitado reuniones, hemos presentado nuestros petitorios a lo largo de toda la provincia en diferentes departamentos. Sin embargo, la respuesta sigue siendo el silencio o la dilatación”.

Entre las demandas, enumeraron: “Exigimos salarios dignos, que estén a la altura de nuestra responsabilidad y de la inflación. Exigimos condiciones laborales seguras, con insumos y dotación de personal suficientes. Exigimos el reconocimiento profesional que nuestra formación y experiencia merecen”.

En ese sentido, advirtieron que la falta de respuestas impacta directamente en el sistema de salud: “La falta de una respuesta real a estas demandas no solo nos afecta a nosotros, sino que pone en riesgo la calidad del servicio que la ciudadanía espera y necesita”.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con los pacientes y la comunidad: “Nuestro compromiso sigue intacto. Cuidamos a nuestros pacientes con la misma dedicación de siempre. Pero ese cuidado requiere ser mutuo: la sociedad y el Estado deben cuidar a quienes cuidan”.

La jornada concluyó con un llamado a la unidad y a la continuidad del reclamo: “Por la libertad de expresión, por el respeto a nuestros derechos, por un salario justo y por la salud pública que merecemos: ¡Que este abrazo simbólico se sienta fuerte! ¡Que nuestra voz resuene con la altura de nuestra vocación y la fuerza de nuestra dignidad! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡La lucha continúa!”.

Esta Jornada Nacional sobre Justicia Constitucional y Autonomía Municipal reunirá a reconocidos disertantes nacionales e internacionales, quienes abordarán temáticas de plena actualidad vinculadas a la organización municipal, la justicia constitucional y los desafíos que enfrentan las administraciones locales.

Entre los ejes de trabajo se destacan: Interacciones entre Justicia y Municipio, Procesos, procedimientos y acceso a la información municipal, Constitución y Municipio, Tasas municipales y su adecuación constitucional, Municipio, Constitución y Derecho Ambiental, y Empleo y Municipio.

La Jornada es impulsada por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC) —presidida por la Dra. Rosa Fernández Campasso y con la vicepresidencia del Dr. Federico Gallo Quintian— y por el Centro de Investigación Jurídica ISE, dirigido por el Dr. Arturo Dumón. Ambos organismos destacan la importancia de promover espacios de formación, intercambio y actualización profesional frente a los crecientes desafíos normativos y de gestión que enfrenta el ámbito municipal.

Entre los disertantes nacionales figuran Abraham Misael Barraza, Javier Berguier, Nahuel Britos, Martín Cabrera, Enzo Capalbo, Arturo Francisco Enrici, Luciano Etchamendi, Graciela Farfán, Ignacio Fernández Campasso, Rosa Gallardo, Rocío Gallo Quintián, Federico Leites, Sebastián Lombardía, Hernán Loya, Agustín Luque, Carlos Magri, Eduardo Mansilla, Ana Laura Méndez, Carlos Morano, Sergio Moray, Claudia Sequeira, María Agustina Sequeira, Martín Julián Vazón, Mauro Weimberg, Juan Ignacio Farfán, Mariana Farfán y Ezequiel Sánchez, entre otros.

La nómina internacional incluye a Luis Cucarella (España), Jorge Luis Mattos Mejía (Colombia), Juan Martín Palacios Fantilli (Paraguay) y Rodrigo Albano Robles (EE.UU./Argentina), cuyas intervenciones aportarán una mirada comparada sobre los modelos municipales y las dinámicas constitucionales en distintas regiones.

La coordinación académica estará a cargo de Adolfo Baqué, María Eugenia Carabajal y Arturo Dumón. La actividad es arancelada, requiere inscripción previa y otorgará certificación. La modalidad será híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual. Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse a: info@aajc.com.ar