El fallo suspendió la aplicación del Decreto 340/25 dictado por el presidente Javier Milei en relación a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y a los gremios de base adheridos. Implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

La Ctera, el gremio mayoritario en la actividad docente, destacó que “obtuvo en sede judicial una medida cautelar que volvió a marcar un freno a las política del gobierno libertario. Es que en el marco de la causa que lleva el Nº 20.135//25 radicada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nº 45 de Capital Federal, se volvió a suspender la aplicación del decreto que limitaba el ejercicio del derecho a huelga”.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26 de agosto de 2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga. Para Ctera, con aval judicial, se trata ya de una cuestión analizada y rechazada por el Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo hace más de 20 años y más recientemente al declararse la inconstitucionalidad del DNU 70/23 también de Milei.

“El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública, que no conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–, el no pago a los docentes de todo el país de la asignación remunerativa del Fondo Nacional de Incentivo (Fonid) a cargo de La Nación, la supresión del Fondo Compensador Salarial para asistencia al pago de sueldos en algunas jurisdicciones provinciales, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de evidente desprecio hacia las y los docentes de nuestro país y niñas, niños y adolescentes que deben concurrir a la escuela”, señaló la organización.

Y concluyó: “Ctera como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales, así como también para la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país”. (APFDigital)

En un revés para el Gobierno, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que ampliaban las restricciones al derecho de huelga al redefinir qué sectores debían considerarse "servicios esenciales".

La decisión fue adoptada en el marco del amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en defensa de la libertad sindical. El fallo representa un límite jurídico a la ofensiva del Ejecutivo por reformar el régimen laboral mediante decretos.

La CGT denunció que esto violaba derechos laborales básicos y atentaba contra convenios internacionales como el Convenio 87 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege expresamente el derecho a la huelga.

La jueza Fullana declaró inválidos los artículos por dos motivos centrales:

Invalidez formal del DNU: el fallo sostuvo que el decreto fue emitido sin que existieran las “circunstancias excepcionales” que exige la Constitución para que el Ejecutivo legisle por decreto, dado que el Congreso estaba en pleno funcionamiento.

Además, el Ejecutivo no justificó debidamente la “necesidad y urgencia” que impediría un tratamiento legislativo ordinario, como exige el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna. Tampoco se cumplió el control posterior por parte de la Comisión Bicameral Permanente, lo que agravó la falta de legalidad del procedimiento.

Violación a la libertad sindical: por otra parte, la jueza consideró que el DNU avanzaba sobre el derecho constitucional a la huelga, al ampliar de manera arbitraria la lista de servicios esenciales y limitar así la posibilidad de los trabajadores de ejercer medidas de fuerza legítimas.

La sentencia recogió la jurisprudencia de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desaconseja definiciones extensivas de "servicio esencial" y advierte que tales restricciones pueden vaciar de contenido la acción sindical.

Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la denuncia de “usurpación de facultades legislativas”. La magistrada advirtió que el DNU no solo agregaba un nuevo servicio esencial, sino que directamente sustituía un artículo completo de una ley nacional, lo que excede las competencias del Poder Ejecutivo, incluso en contextos de emergencia.

Desde el entorno sindical celebraron la decisión. En los hechos, el fallo refuerza la estrategia judicial de la CGT para frenar por vía legal muchas de las medidas del Gobierno de Javier Milei que afectan los derechos laborales.

Este no es el primer revés judicial para el oficialismo en materia de DNU. Ya la justicia laboral había puesto freno en el pasado a aspectos del Decreto 70/2023, cuestionando la validez de reformas estructurales implementadas sin debate legislativo.

En un fallo con impacto político y sindical, la Justicia laboral suspendió este lunes los artículos centrales del DNU 340/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei para limitar el derecho a huelga. La jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto, al considerar que la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.

La decisión representa un revés para el Gobierno, que había planteado una reforma profunda en el derecho a huelga, endureciendo las condiciones para declarar medidas de fuerza y restringiendo su alcance. Según la CGT, el DNU de Milei cercena derechos constitucionales y viola tratados internacionales suscriptos por la Argentina que tienen rango constitucional.

El escrito presentado por la central obrera sostiene que "la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, requiere un debate parlamentario", y advierte que el DNU avanza sobre competencias exclusivas del Congreso. Además, la CGT alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en el país.

La resolución de la jueza Fullana establece que el freno a los artículos 2 y 3 del DNU será provisorio, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esta medida permite que, por ahora, siga vigente la legislación actual sobre derecho a huelga en Argentina.

Desde el Gobierno no emitieron comentarios oficiales tras la medida judicial. Sin embargo, en Casa Rosada no descartan apelar el fallo y llevar la discusión a instancias superiores.

El fallo judicial ocurre en un contexto de alta conflictividad laboral, con paros y movilizaciones convocados por las centrales obreras en rechazo al ajuste fiscal y las políticas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo. La CGT celebró la decisión como "un triunfo de la democracia" y advirtió que continuará "en la calle y en la Justicia" para defender los derechos laborales.

El decreto limitaba el derecho a huelga, estableciendo condiciones más estrictas para convocar medidas de fuerza en sectores considerados "esenciales" o de "interés estratégico".

Redefinía los servicios esenciales, incluyendo áreas como transporte y educación, lo que ampliaba las restricciones a la huelga.

La CGT y organizaciones de derechos humanos denunciaron la inconstitucionalidad del decreto por afectar derechos fundamentales.