La muerte del abogado Julio Federik, a los 76 años, provocó pesar en ámbitos judiciales, políticos y culturales de Entre Ríos. El reconocido penalista falleció este martes 19 de mayo en Paraná, ciudad donde desarrolló gran parte de una trayectoria marcada por el derecho, la docencia y la producción literaria.

Federik fue considerado una de las figuras más influyentes del ámbito jurídico entrerriano. Su nombre quedó ligado de manera directa a la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos y a distintas transformaciones institucionales impulsadas en la provincia durante las últimas décadas. Además, tuvo participación destacada en causas de repercusión nacional, entre ellas la investigación judicial vinculada al atentado contra la AMIA.

El letrado había nacido en Paraná el 17 de junio de 1949. Cursó sus estudios en la Escuela Normal y en el Colegio La Salle, para luego graduarse como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, institución en la que también ejerció la docencia.

Un jurista con fuerte influencia institucional

A lo largo de su carrera, Federik construyó un perfil de abogado especializado en derecho penal, aunque su actividad trascendió ampliamente el ejercicio profesional tradicional. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional entrerriana de 2008 y participó en la incorporación de normas vinculadas al sistema acusatorio y a la Fiscalía Anticorrupción.

Su aporte más reconocido fue la elaboración del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, considerado una pieza central para la modernización de la administración judicial en la provincia. Aquella tarea lo posicionó como una referencia técnica en materia procesal penal y derivó posteriormente, en la elaboración de propuestas similares a nivel nacional.

También intervino en causas de alta sensibilidad pública. En el atentado a la AMIA actuó como abogado querellante representando a familiares de víctimas, en un expediente que él mismo definió como “el caso más largo y comprometido” de su trayectoria profesional.

El exjuez habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. Cuestionó el sistema de selección de funcionarios del Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura y se centra en particular sobre la distribución geográfica en la Provincia de los fiscales. Asevera que se ubican por cercanía y conveniencia, no por especialidad, y que ello deriva en situaciones enojosas que reprocha muy severamente.

-Usted siempre ha sido crítico del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Ha hablado concretamente de lo que ocurre en su departamento, La Paz.

-Lo que más me preocupa es la inercia, la ineficacia de los distintos funcionarios que han pasado por la Secretaría de Justicia, el Ministerio de Gobierno, de los legisladores de la provincia de Entre Ríos. Desde la aplicación del sistema acusatorio hasta la fecha, con una sola excepción, que es el Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía, nadie ha puesto el tema en discusión. No tenemos fiscales de investigación especializados en delitos contra la propiedad, contra la vida, contra la mujer, contra la ecología, contra todo. Cuando se llama concurso, se llama concurso para un lugar determinado, para un cargo determinado y con un acuerdo determinado del Senado.

Castrillón asegura que los postulantes a fiscales se presentan a los concursos para diez lugares distintos. “Les dan acuerdo para una ciudad determinada, pero se quedan en los lugares que más les convienen. Entonces gana uno de Paraná, y queda trabajando en Paraná, pero le dieron acuerdo para fiscal en La Paz”, detalla.

“No son especialistas, no son de la zona, entonces toda la investigación de los delitos depende de la Policía. Y la Policía si quiere, si le conviene, si se quiere meter, o si tiene interés, investiga. Entonces, ¿qué ocurre? En materia penal en Entre Ríos el 80% de las causas se archivan, no se encuentra nada. Y el 16% de las causas se arreglan. Esto es a lo que yo le llamo Derecho Penal contractual. Se arregla el fiscal con el defensor, y definen la pena, y se termina la causa porque se hizo el contrato de cuánta pena le correspondía”, subraya.

-¿Habla de juicio abreviado?

-Exactamente. Es un contrato. Arreglan la pena y también arreglan el tipo penal. Y también arreglan los atenuantes o los agravantes de la pena. O sea, arreglan el Código Penal. Y queda un muy poco porcentaje en el cual se juega para la tribuna porque es un caso que tiene mucha significación social. En esos casos, ponen toda la carne en el asador y buscan sacarlo bien.

-¿Usted dice que los fiscales concursan para determinado lugar que les conviene geográficamente, por domicilio, por cercanía, por lo que fuera, pero no concursan por especialidad?

-Concursan en 10 lugares juntos. Entonces, el primero termina eligiendo Paraná. El segundo, Concordia o Gualeguaychú. El tercero, Diamante, porque puede ir todos los días a Paraná. Por ejemplo, el fiscal de La Paz (Facundo Barbosa, NdelR): ganó un concurso para ser fiscal en Gualeguay. ¿Dónde tendría que estar Barbosa? Le dieron acuerdo en Gualeguay. Bueno, pero ahí está, en La Paz y no en Gualeguay.

-¿De quién es la responsabilidad por esas situaciones?

-Del jefe que quiere hacer lo que se le canta, que sería el Procurador (Jorge García, NdelR); de los senadores, que le dan acuerdo y no tienen la más remota idea del fiscal que le dan acuerdo y están viendo a ver qué pueden sacar de ventaja o cómo pueden subsistir para la próxima elección.

Castrillón habló del poder del Procurador García y dijo que en su caso no consigue que ninguna de las 21 denuncias formuladas ante el Ministerio Público Fiscal por robo en La Paz haya prosperado. “Todas fueron archivadas”, señala.

-No imagino la suerte de un ciudadano común si a un expresidente del Superior Tribunal no le tramitan las denuncias y se las archivan.

-Lo mío es peor todavía, porque yo estuve siempre en la misma posición. Hay un mandato de ese sector de la acusación en contra mía. Soy el único funcionario del Superior Tribunal que por discutir con la Policía y decirles que vayan a intervenir por una denuncia por ruidos molestos terminé afuera del Poder Judicial. (La vocal) Susana Medina me quería afuera porque yo le voté en contra en el juicio del marido (el médico traumatólogo Ricardo Rizzo, NdelR) que cobró siete años sin trabajar. No le convenía que esté yo, porque ellos son todos buenitos.

Vuelve sobre la figura del Procurador. Habló del Procurador como “intocable. Le tienen miedo. El Procurador es capaz y sabe. Pero también sabe ejercer el poder de una forma tal para que todo el mundo le tenga miedo. Es hasta cierto punto dañino el Procurador. Lo digo siempre. Lamentablemente no son burros. El Procurador es más peligroso todavía: es inteligente”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó su rechazo al proceso de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. Los integrantes del organismo señalaron que no fueron convocados a participar en la discusión y advirtieron que los lineamientos difundidos representan un retroceso significativo para el sistema de garantías constitucionales.

El cuestionamiento surgió tras el encuentro realizado el 3 de septiembre en el Centro de Convenciones de Paraná, donde funcionarios de la Secretaría de Justicia y de Legal y Técnica presentaron a periodistas un bosquejo del proyecto. Allí se adelantaron veinte puntos del temario tentativo y se informó que habían sido convocados a opinar el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía y varias universidades. Sin embargo, el Instituto de Derecho Penal, que forma parte del propio Colegio, no fue incluido.

En un comunicado, los penalistas manifestaron su “profunda preocupación” por haber sido excluidos del debate, a pesar de que el instituto fue creado con la finalidad de aportar en discusiones de esta naturaleza. Recordaron que, a lo largo de los años, participaron en diagnósticos sobre el proceso penal y presentaron propuestas de mejora, incluida la adhesión a proyectos debatidos en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

Más allá de la falta de convocatoria, el organismo cuestionó el espíritu de la reforma. Señaló que limitar aún más la función de los jueces y juezas de garantías, habilitar la posibilidad de recurrir fallos absolutorios de jurados populares y ampliar la desigualdad entre acusación y defensa son medidas que debilitan el Estado de Derecho. “Son herramientas para disminuir derechos, y no podemos consentir con silencio un retroceso de esta magnitud”, advirtieron.

El instituto destacó que la representación institucional debe reflejar la diversidad y experiencia de las distintas ramas del derecho, especialmente en materia penal y procesal, para asegurar un debate plural y de calidad. “Seguimos sin recibir invitación alguna, a pesar de que el temario difundido compromete aspectos centrales de la justicia penal entrerriana”, subrayaron.

Finalmente, los profesionales reafirmaron su compromiso de seguir interviniendo en la discusión pública y de oponerse a toda iniciativa que debilite las instituciones democráticas. “No bajaremos los brazos a la hora de hacer sentir nuestra voz en todo lo que signifique fortalecer el Estado de Derecho”, concluyeron.

El reclamo del Instituto se suma a las tensiones que ya genera la reforma propuesta, que aún se encuentra en etapa preliminar y deberá atravesar un amplio debate legislativo. El pronunciamiento anticipa un escenario de discusión intensa sobre el rumbo de la justicia penal en Entre Ríos.