En el acto que encabezó en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof cuestionó la relación de la Casa Rosada con Estados Unidos y reclamó una alternativa política capaz de desplazar al oficialismo. El mensaje también estuvo dirigido hacia el interior del PJ, que este 17 de octubre conmemoró la fecha con convocatorias separadas y sin una celebración nacional unificada.

“La Argentina no puede recibir órdenes de otro país”, sostuvo Kicillof durante su discurso. El mandatario bonaerense fue más allá y cuestionó a Milei con una referencia directa al presidente estadounidense, al afirmar que el país no puede tener en la Casa Rosada a un “che, pibe” de los mandados de Donald Trump.

El gobernador también recuperó el origen histórico del 17 de octubre de 1945, cuando una movilización popular reclamó la liberación de Juan Domingo Perón. A 81 años de aquella jornada, reivindicó el papel del peronismo en la incorporación de sectores marginados a la vida política y en la conquista de derechos sociales.

Kicillof sostuvo que el país enfrenta a un adversario con recursos internacionales que busca reinstalar una situación de dependencia. En ese marco, vinculó sus críticas a Milei con la necesidad de defender la capacidad de decisión argentina frente a los intereses externos.

El mandatario bonaerense también planteó que el peronismo debe actualizar su doctrina sin abandonar los principios que dieron origen al movimiento. La tarea consiste en responder a los problemas de la época y construir una propuesta que pueda representar a distintos sectores de la sociedad. “La obligación del peronismo es actualizar la doctrina y seguir con nuestros principios”, afirmó durante la convocatoria.

La unidad partidaria ocupó otro tramo importante de su intervención. En una jornada atravesada por la disputa sobre la conducción del justicialismo, Kicillof recuperó una de las veinte verdades peronistas para reclamar que las diferencias internas no desplacen al adversario político. “El adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, sostuvo.

Un mensaje electoral

Kicillof también manifestó su disposición a asumir responsabilidades más allá de la provincia de Buenos Aires. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país”, expresó. El mensaje incluyó una referencia a la construcción territorial y a la necesidad de organizar una fuerza política con alcance nacional.

La conmemoración del Día de la Lealtad mostró, sin embargo, que el peronismo todavía no encontró una convocatoria común. Mientras Kicillof encabezó su acto en territorio bonaerense, sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner se reunieron en el barrio porteño de Constitución y Máximo Kirchner participó en Chaco del cierre de la Semana Peronista junto al exgobernador Jorge Capitanich. La Liga de Intendentes del conurbano también organizó una actividad propia en Moreno.

Sobre el cierre de su discurso, Kicillof sostuvo que el peronismo volverá a gobernar la Argentina el año próximo. “Nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, afirmó.

El acceso al empleo para las personas con discapacidad en la Argentina se encuentra regulado por marcos normativos de inclusión y cupos obligatorios en el sector público, acompañados por algunas iniciativas desde la esfera privada.

En el ámbito estatal, la legislación nacional establece mediante la Ley N° 22.431 que los tres poderes del Estado y las empresas públicas deben contar con una plantilla laboral integrada en al menos un 4% por personas con discapacidad.

El sector privado no cuenta con una exigencia legal homogénea a nivel nacional, por lo que las oportunidades laborales quedan supeditadas en gran medida a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Al analizar la composición por tramos etarios, el 17,2% corresponde a la franja de 0 a 14 años, el 21,6% pertenece a adultos mayores de 65 años o más, y el 61,2% se ubica en el segmento en edad central de trabajar, de entre 15 y 64 años.

A nivel de indicadores sociales, el 83,5% de las personas vive acompañada y el 73,1% de la población con CUD está alfabetizada. No obstante, la cifra vinculada al mercado laboral revela una brecha estructural: el 73,9% de las personas con discapacidad en Gualeguaychú no trabaja.

Ian Pavon tiene 23 años, es autista, juega al fútbol desde los 7 años y actualmente se encuentra en la etapa final de un curso de Diseño Gráfico, para el cual ahorró y adquirió su propia computadora. Respecto a su experiencia previa en el mercado de trabajo y los desafíos de inserción, compartió su testimonio: “Cuando logré encontrar trabajo tuve varios obstáculos. Lo primero: era en negro y trabajaba de cortado. En un super chino, por ejemplo, no se cobran los feriados y solía ser muy pesado el trabajo. Por suerte yo aprendí rápido y hablaba con mucha gente y nunca notaron mi discapacidad. A mí me servía porque con eso pude comprarme una computadora. Ahora estoy sin laburo, por lo que ando tirando currículums”, expresó. Al tiempo que aclaró que “tener una condición no debería influir en el trabajo”.

“Actualmente, estoy estudiando Diseño Gráfico, los martes y jueves. Tengo fe porque esta actividad tiene salida laboral. Será difícil arrancar, pero de a poco lo voy hacer. La computadora será de utilidad para arrancar con los diseños”, contó.

Cecilia Dargain, de 32 años y madre de tres hijos, relató cómo la incertidumbre frente a las exigencias de los entornos laborales convencionales y la falta de apoyos la llevaron a construir su propio camino en la independencia laboral como fotógrafa, peluquera y masajista: “A mí me interpela un montón el tema del empleo y la discapacidad. Nunca tuve acceso a un empleo formal. A los 20 años tuve mi primera hija y sola, y comencé con el trabajo independiente y emprendedor. Soy fotógrafa, soy peluquera, soy masajista y sigo estudiando”.

También habló de sus miedos y se refiero a la actualidad: “Siempre tuve la pensión, pero tenía miedo que me la quitaran porque era la única entrada que tenía. Transitar el mundo laboral es un lío, desde armar un CV, el miedo a que te bajen el pulgar, lo desesperante que se puede volver tener una entrevista por la ansiedad; Las preguntas como ¿seré suficiente?, ¿me dará el cuerpo para aguantar si me sobrecargo de estímulos?, son muchísimos obstáculos que un neurodivergente tiene”, indicó.

“Yo entendí que tengo que hablar mucho y siento que me expongo, sea miedo o vergüenza, porque no todo el mundo está dispuesto a ayudarte, digas tu diagnóstico o no. En la actualidad estoy trabajando en una casa de comidas, pero sigo con mis emprendimientos”, concluyó Cecilia.

Para los trabajadores, la política pública brinda tutorías e incentivos en su proceso de entrenamiento; a los empleadores del sector privado les otorga asistencia técnica y beneficios económicos para la contratación; a las organizaciones de la sociedad civil las convoca para desarrollar proyectos comunitarios y asiste a los organismos públicos en la búsqueda e incorporación de personal.

De acuerdo con el informe de gestión del programa, en el ámbito público de Gualeguaychú se encuentran en ejecución tres proyectos de entrenamiento laboral que vinculan a siete participantes. En el sector privado, en tanto, se registran seis proyectos activos que abarcan a otros siete participantes en instancias de capacitación e inserción.

Asimismo, la articulación del programa se extiende hacia otros municipios del departamento y de la región. En el sector público de localidades vecinas como Enrique Carbó y Villa Paranacito se desarrollan tres proyectos con catorce participantes integrados.

Asimismo, en el sector privado de la zona, mediante alianzas con un comercio del rubro de la construcción en Gilbert y una firma de insumos agrarios en Urdinarrain, existen tres proyectos que involucran a tres participantes. En el balance general de la gestión provincial y regional, el Programa Promover contabiliza quince proyectos activos y un total de 31 participantes vinculados de forma directa en experiencias de entrenamiento laboral.

Respecto al balance de la implementación del programa Promover, Peruzzo detalló que “existe una demanda importante de búsqueda laboral. Nosotros orientamos y asesoramos a quienes se acercan, se los acompaña en la construcción de CV, y se les informa sobre talleres de formación. Mientras tanto, se continúan fortaleciendo los vínculos con empresas y comercios para generar nuevas experiencias de formación e inserción. Actualmente, tenemos 15 participantes activos en el Programa Promover, en el ámbito público y privado, y dos personas con empleo formal incorporadas bajo el programa del ECA”.

Al referirse a la respuesta del sector privado e instituciones locales, la funcionaria señaló que “cuando salimos en la búsqueda de nuevas oportunidades y opciones laborales, por lo general encontramos espacios de diálogo y predisposición para conocer las propuestas; los empleadores siempre han mostrado interés frente a la información que se les plantea. No obstante, muchos argumentan no estar en una situación que les permita pensar en una nueva contratación o creación de una vacante, pero quedan a disposición de seguir en conversación para otros momentos. Con respecto a los entrenamientos laborales, al no implicar por parte del empleador el pago, suele tener mayor apertura. De todas formas, como sucede en otros ámbitos, todavía hay barreras vinculadas al desconocimiento”.

Finalmente, sobre los aspectos que consideran que aún deben reforzarse a nivel local o normativo para garantizar una verdadera inclusión laboral, sostuvo: “Consideramos fundamental seguir sensibilizando y asesorando a los empleadores, y generar más oportunidades de entrenamiento laboral. También desde el área aprovechamos cada visita para conversar sobre la importancia de los entornos accesibles dentro de las empresas y comercios. La normativa es indispensable, pero debe estar acompañada de acciones concretas que permitan llevar esos derechos a la práctica. Nuestro objetivo es seguir ampliando las posibilidades, acompañando a las personas con discapacidad en el desarrollo de sus capacidades y brindando a las empresas herramientas para que puedan incorporar nuevos perfiles laborales. Es un trabajo progresivo. También es necesario continuar trabajando sobre ciertas barreras y prejuicios que todavía existen en torno a las personas con discapacidad”.

Por Marcos Henchoz*

Sobre esta fecha se ha escrito cientos de textos y artículos desde diferentes miradas, principalmente, desde la referencia de orden nacional y sus posicionamientos políticos. En ese sentido, se ha buscado explicar sus causas, modos de movilización y consecuencias. El debate acerca de quienes promovieron la movilización también tiene su propia “biblioteca”. Otros plantean que fue una acción espontánea de los trabajadores.

En estas líneas no vamos a profundizar sobre lo ocurrido en ciudad Buenos Aires y el conurbano sur bonaerense (lugares de movilización). Seguramente, en el día hoy, diferentes medios de comunicación generarán programas específicos o reproducirán filmaciones de la época. Aquí trataremos de recuperar aspectos de la historia local y regional que nos permiten reconocer matices propios en el marco de lo ocurrido en el agitado segundo semestre del ‘45.

Aunque falta mucho por investigar en nuestra provincia, podemos hacer algunas aproximaciones sobre el movimiento obrero, sus dirigentes, sectores sociales y políticos que militaron a favor de Perón, la concreción de su política laboral y su posicionamiento de liderazgo para un sector que reclamaba por mejoras en sus condiciones de vida.

Entre las primeras medidas gubernamentales que llevaron a cabo las nuevas autoridades nacionales hizo referencia a la aplicación de la ley marcial. En tapa, el periódico Crónica de Gualeguaychú (6/6/43), aclaró que “(...) en la noche de ayer, la Dirección de Crónica fue notificada de la siguiente comunicación: Jefe Policía – Gualeguaychú – Of 61 – En virtud de la vigencia de la ley marcial queda prohibida la realización de reuniones y toda manifestación pública. Notifíquese a directores y órganos periodísticos la prohibición de difundir noticias alarmistas o comentarios que se refieran al movimiento militar producido ayer en la Capital federal. Alfredo Giandana”. Fueron momentos de decisión y de tomar partido por un bando o por el otro.

El matutino El Diario de nuestra ciudad (5/6/43) tomó la postura de apoyar abiertamente a la Revolución “(...) en la obra de reconstrucción nacional que se avecina, no puede quedar nadie remiso (...) En el capítulo de cargos para los hombres depuestos por la revolución del 4 de junio, hay algo que no puede ser olvidado y que no debe quedar impune: el manejo doloso de los bienes del Estado. Los negociados de la Lotería, del caucho, del hierro, de la coordinación de transportes, del azúcar, etc., deben ser investigados severamente y sus culpables arrojados a la cárcel”. El golpe de Estado fue apoyado por la Unión Cívica Radical del sector yrigoyenista y el Partido Libertador Nacional (uno de sus dirigentes era Julio Irazusta), entre otras agrupaciones.

Se disolvió la Legislatura, se reorganizó el Poder Judicial y parte de la administración pública. Se designaron nuevos jefes de policía e intendentes. Se prohibieron el partido comunista y socialista. La represión se hizo sentir en sindicatos, periódicos, asociaciones judías y la masonería; principalmente, bajo el gobierno del Capitán Carlos María Zavalla. Según el historiador Leyes (2015), poco de ocupar el poder, el gobierno de facto comenzó con una “política dual”. Por un lado, represión y persecución para los dirigentes más opositores, más extremos y, por otro, beneficios parciales para los más moderados y dispuestos al diálogo.

Fueron clausurados los sindicatos de panaderos, de la madera y de la construcción de Paraná. Junto a otros gremios en Concordia, Basavilbaso, Villa Domínguez y Rosario del Tala. Muchos de estos dirigentes y militantes comprometidos fueron apresados. Todas estas medidas se tomaron durante los primeros meses del nuevo gobierno.

Algunos de esos beneficios eran anteriores, pero no se ejecutaban en su totalidad. El cambio de rumbo también se dio en otros ámbitos y con otros actores de la economía y de la iglesia católica. Esta, en los inicios, inicios de la gestión gubernamental logró implementar medidas a favor de la enseñanza de su catecismo en las escuelas públicas.

1945 fue clave en ese proceso de cambio. Se da la ruptura de relaciones con la iglesia, agrupaciones políticas y sectores económicos a la par del endurecimiento de las posturas con los partidos tradicionales y sus referentes. El radical entrerriano Eduardo Laurencena lo tildaba abiertamente de nazi. Sin dudas, que las proclamas de la Marcha por la Constitución y Libertad, en contra del gobierno, en septiembre de ese año, fue un quiebre con los sectores vulnerables y el de los trabajadores; ya que, prometieron volver atrás con los derechos laborales otorgados y entre los cánticos se escuchaba “hoy hacemos el cajón para Farrell y Perón”. La reacción fue la movilización de los trabajadores, el 17 de octubre, en Buenos Aires y alrededores, en el marco de nerviosismo provocado por el apresamiento de Perón; quien para ese entonces ya se había convertido en su líder.

El Argentino se mantuvo equidistante. La concentración de los trabajadores y adherentes fue en la intersección de las calles Del Valle y Pellegrini, a las 19:30. Tomaron esta calle hasta la 25 de Mayo y se dirigieron hasta la Rocamora regresando por Urquiza hasta el escenario central de Humberto Primo (hoy, Italia) y 25 de Mayo. Entre los oradores estuvieron Pedro Bachini (exdirector del diario El Argentino e integrante de la Federación Agraria Argentina), Roberto Massaferro y Alejandro Vela (dirigentes del radicalismo yrigoyenista).

Si bien, hubo algunas concentraciones menores el mismo 17; la movilización central, en diferentes localidades de Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná, Gualeguay), fue el 18. Y, en algunos casos, el 19 como en Villaguay. Tanto la convocatoria como los activistas provenían de diferentes sectores sociales, económicos y políticos. En Concordia jugó un rol importante el sindicato de empleados de Comercio. En Paraná, la oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión organizó la jornada. Mientras que, en Gualeguaychú hubo una base heterogénea, cuyos principales promotores fueron el radicalismo yrigoyenista y El Diario como herramienta de propaganda.

*Marcos Henchoz - Historiador

Mediante el Decreto N° 1.935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de "resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad" y "por todas las vías correspondientes".

En el escrito, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en "una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional". No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta "de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia".

"Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", advirtió el mandatario provincial en sus redes.

Como conclusión general, Passalacqua sostuvo que la necesidad de cuidar la tierra misionera es "un deber irrenunciable" con la gente y la soberanía de Misiones.

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

En una aclaración dirigida a la opinión pública, la Corte manifestó que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” del máximo tribunal y no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.

Además, señaló que el fallo tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras solicite una medida cautelar, cuya procedencia deberá ser resuelta por el juez competente.

“Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, sostuvo la Corte.

Fuente: Noticias Argentinas.

“La reducción de la matrícula por la transición demográfica permitiría liberar capacidad instalada suficiente para garantizar que accedan al jardín de infantes todos los niños de 3 a 5 años, sin necesidad de ampliar la infraestructura”, sostiene un informe de Argentinos por la Educación titulado “Por la caída de la natalidad, en 2027 el jardín de infantes podría alcanzar una cobertura cercana al 100% sin construir nuevas salas”.

Entre 2016 y 2025, la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%: pasó de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%. En este escenario, la estimación para el año que viene parte de un escenario en el que la cantidad de vacantes del nivel inicial se mantiene constante y la capacidad instalada se utiliza plenamente. Bajo estos supuestos, una reorganización de los recursos actuales permitiría que la cobertura nacional en las salas de 3 a 5 años pase del 87% actual a acercarse al 100% en la mayoría de las provincias el año que viene.

“Actualmente, la cobertura del nivel inicial presenta diferencias importantes según la edad. Mientras que la sala de 5 años está casi universalizada, con una tasa neta de escolarización del 99%, la sala de 4 alcanza el 87%. En cambio, la sala de 3 continúa siendo el principal desafío pendiente: solo el 58% de los niños de esa edad asiste al sistema educativo formal”, sostiene el trabajo de Argentinos por la Educación.

Para conocer la realidad de Gualeguaychú al respecto, El Argentino consultó tanto al sector público como al privado. Por un lado, desde la supervisión de Nivel Inicial de la Dirección Departamental de Escuelas indicaron que en el departamento Gualeguaychú la tendencia es similar a la nacional. “Los últimos años se ha observado una disminución en la demanda de matrícula, situación asociada principalmente a la baja natalidad”, indicaron. Y ahondaron: “Esta problemática constituye uno de los desafíos recurrentes para el Nivel Inicial y ha generado la necesidad de fortalecer las políticas de acceso y garantizar la escolarización desde edades tempranas. En este contexto se plantea la universalización de sala de 3 años, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación inicial”.

Actualmente la matrícula del departamento (sobre los jardines que dependen del Consejo General de Educación) es de aproximadamente 2.000 alumnos, comprendidos entre las salas de 45 días y la sala de 5 años.

Actualmente funcionan siete de estos espacios ubicados en barrios vulnerables de la ciudad y uno en el centro, que está destinados a los hijos de empleados municipales. A los mismos asisten alrededor de 260 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

“En los EMPI se cubren necesidades básicas de cuidado, alimentación, estimulación temprana, socialización y acompañamiento interdisciplinario, contando además con atención fonoaudiológica, nutricional y psicomotriz”, destacaron desde la Dirección de Educación local.

Consultados por la demanda de cupos, informaron que “la matrícula no ha disminuido, al contrario, en algunos casos alcanzó el cupo establecido, y durante todo el año se registran solicitudes de ingreso, dependiendo que tipo de salita se solicita, se acepta si el cupo lo permite”.

Por otro lado, sobre la importancia de estos dispositivos públicos, se indicó: “Los EMPIS cumplen un rol fundamental en la ciudad porque garantizan el acceso a cuidados, estimulación y acompañamiento integral durante la primera infancia, etapa clave para el desarrollo. Además de acompañar a los niños y niñas, fortalecen a las familias y promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la protección de derechos desde edades tempranas”.

“En este momento todas las salas están en su máximo permitido a nivel legal, con la particularidad de que como implementamos un sistema de alternancia de días, la sala de 2 años, por mencionar un ejemplo, tiene un máximo de 11 niños/as por día, pero recibe un total de 16: algunos asisten de lunes a viernes, otros 3 o 4 días por semana, dependiendo de las necesidades y posibilidad de organización de cada familia”, agregó sobre el sistema implementado para cubrir la demanda de vacantes. Al respecto, y al igual que en los EMPI de Gualeguaychú, contó la misma no ha disminuido.

“Acá aún no hemos notado disminución, de hecho, ya abrimos las preinscripciones para ciclo 2027 y nos llamó la atención la cantidad de bebes anotados en sala de 6 a 18 meses, incluyendo niños por nacer”, aseguró la docente.

“Pero es necesario hacer algunas aclaraciones: esta institución abrió hace apenas tres años, hay familias que se van enterando de a poco de su funcionamiento, y es el único espacio que actualmente recibe niños de 6 meses a 3 años en Pueblo Belgrano. Otra particularidad es la cantidad de familias que eligen Pueblo Belgrano por su seguridad y tranquilidad para criar, es decir que planifican asentarse acá, mirándose desde otras ciudades, antes de que sus niños nazcan o siendo muy pequeños”, indicó Benedetti.

Por último, la profesional consultada aportó: “Sin dejar de lado las consecuencias que traerá esta trasformación demográfica, desde el lugar de educadora y centrándome en las necesidades de las infancias, pienso en la ventaja que puede implicar en la calidad educativa recibir un número menor de niños en cada grupalidad, como así también la posibilidad de que se reorganicen los grupos y cargos de manera de tener dos educadoras (parejas pedagógicas) en Maternal, Inicial y Primaria, por ejemplo. Es un tipo de organización que tiene innumerables ventajas para todos los actores: niños, familias y educadoras, lo hemos comprobado en el Belgranito”.

Actualmente, Girasoles recibe niños y niñas de entre los 3 meses y los 3 años. Respecto a la demanda de cupos, Peruzzo identificó a la pandemia como un parteaguas: “Para nosotros fue un antes y un después. Estuvimos desde el 15 de marzo hasta el 3 de diciembre sin poder trabajar, y una vez que nos habilitaron teníamos un máximo de entre 5 y 7 alumnos por sala”.

Tras esa compleja experiencia las responsables de la institución decidieron continuar trabajando con una cantidad reducida de niños por sala. “Nos ha funcionado muy bien, porque el trabajo es mucho más personalizado, llegamos a conocer mucho más a nuestros alumnos y a nuestras familias”, indicó la profesional.

“En estos últimos 2 o 3 años se ha notado la baja de la demanda, con el paso de los años siempre hay un poquitito menos de chicos. Esa diferencia se notó a comienzos de este año. Pero desde nuestro lugar le buscamos la vuelta, buscamos nuevas formas de trabajar para que nuestro servicio sea cada vez mejor”, remarcó Peruzzo. Quien no dejó de exteriorizar su preocupación: “Con el tema de la baja de la natalidad estábamos un poco preocupadas, porque nosotros vivimos de esto, es nuestro trabajo. Pero a pesar de esto, seguimos trabajando con un buen número y manteniendo la misma cantidad de docentes”.

“Y en agosto y lo que va de septiembre nos hemos sorprendido para bien porque estamos teniendo una alta demanda para ingresos nuevos. Estamos contentas porque con todo lo que está pasando nos sentimos bendecidas, por decirlo de alguna manera. Las familias nos siguen eligiendo, siguen eligiendo el jardín como el lugar donde los chicos están escolarizados”, cerró.

La Municipalidad de Gualeguaychú pondrá en marcha, durante todo septiembre, una serie de actividades en el marco del Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores. La iniciativa responde a la ordenanza local orientada a la protección integral y al cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las Leyes Nacionales n.º 27.360 y n.°27.700, las cuales garantizan la autonomía, dignidad e independencia de este sector de la sociedad.

El diseño de la agenda fuer realizado por el Área de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, e incluye propuestas abiertas enfocadas en la cultura, la integración y el deporte:

El gobierno de Estados Unidos confirmó que destinará el petróleo proveniente del reciente convenio firmado con Venezuela al reabastecimiento de la Reserva Estratégica Nacional. La medida busca recuperar los niveles de almacenamiento del país norteamericano mediante la incorporación de los volúmenes del hidrocarburo que se obtendrán a partir del esquema de cooperación bilateral recientemente suscripto entre ambas naciones.

El entendimiento binacional establece la creación de una compañía conjunta integrada por la representación estadounidense y un operador privado, con la finalidad de desarrollar tareas de exploración y extracción en 17 campos petroleros que no contaban con explotación activa. El proyecto contempla un derecho sobre yacimientos con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles. Según las proyecciones técnicas iniciales, el esquema operativo requerirá inversiones de capital e infraestructura por 100.000 millones de dólares y prevé generar ingresos fiscales para el fisco venezolano superiores a los 209.000 millones de dólares durante su periodo de ejecución.

El marco normativo contractual asigna a la representación estadounidense la titularidad del 55% de la producción efectiva generada por la nueva entidad, porcentaje que se articulará mediante participación accionaria y derechos de adquisición del insumo a precio de costo. Los suministros obtenidos bajo este mecanismo se canalizarán hacia el abastecimiento de los depósitos estratégicos del Estado y a la cobertura de los requerimientos energéticos de las fuerzas armadas norteamericanas. Por su parte, la administración venezolana proyecta que el plan alcanzará una producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios en un plazo operativo de 25 años.

El anuncio de la medida ha generado diversidad de análisis en el plano diplomático y legislativo internacional. Mientras que sectores institucionales en Caracas señalaron que el marco de inversiones permitirá la reactivación productiva y la modernización de la infraestructura energética local, diversos analistas y referentes políticos manifestaron observaciones respecto a la sostenibilidad jurídica a largo plazo de los contratos y al alcance de las concesiones otorgadas. En el Congreso de Estados Unidos, los representantes del sector público mantienen posturas contrapuestas sobre el impacto económico global, los costos de financiamiento operativo y las implicancias geopolíticas de la operación en el mercado energético internacional.

El término "nueva pobreza" se utiliza en sociología y economía para describir el fenómeno por el cual sectores de la clase media caen por debajo de la línea de pobreza debido a crisis económicas, inflación, o precarización laboral. Es aquella que no solo afecta a los sectores históricamente postergados, sino que devora los ingresos de las familias de clase media, las acorrala en situaciones de hacinamiento y las empuja al límite del sistema de salud.

Un informe de la Fundación Tejido Urbano reveló que de uno de cada cuatro personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la Argentina vive en hogares con algún grado de hacinamiento (27%), mientras que un 7,8% sufre de hacinamiento crítico, compartiendo ambiente con más de tres personas.

La precariedad no se detiene en las paredes: el 6,9% habita casas sin agua, luz o gas; el 33,7% vive sobre calles de tierra o mejoradas —imposibilitando la movilidad básica— y, aunque el 26,5% de los hogares necesita reformas de adaptabilidad, solo la mitad ha logrado concretarlas.

¿Estas cifras encontraran espejo en Gualeguaychú? Efectivamente hay realidades locales que aún no se han cuantificado, pero que se asemejan a los datos nacionales.

Las historias de mamás solas que deben dejar de trabajar para dedicarse exclusivamente al cuidado y la burocracia de las terapias; los jóvenes profesionales con discapacidad precarizados o sin empleo formal, y las viviendas multifamiliares saturadas se repiten a diario.

"Históricamente la discapacidad y la pobreza han estado asociadas. Pero hoy la situación se ha complicado mucho más, porque quienes nos creíamos pertenecientes a una clase media nos estamos cayendo del mapa. Vivimos diariamente para estirar el sueldo como sea y poder tener las prestaciones básicas. Las obras sociales se están convirtiendo en un negocio; si no es negocio, no sirve. ¿Quién puede acceder a las prestaciones con este tipo de derechos que se van quitando sistemáticamente?", reflexionó Recchia.

Asimismo, dijo que los datos de la Fundación Tejido Urbano reflejan con precisión la cotidianeidad de Gualeguaychú. En la realidad de los hogares de la ciudad conviven abuelos, hijos y nietos sin sistemas de apoyo adecuados.

"El primer sistema de apoyo que necesita una persona con discapacidad es la familia. Pero hoy ese sistema está colapsado porque a la mayoría les falta plata y muchas se quedaron sin trabajo. Luego le siguen la escuela y la salud. Si una persona sin discapacidad ya arranca en desventaja cuando no hay nutrientes o contención, con una persona con discapacidad arrancás de cero para abajo. Es una situación complejísima", aseguró. Al tiempo que cuestionó la quita de presupuesto, la burocratización de las actualizaciones del CUD y el desmantelamiento de políticas públicas históricas: "Se está violando sistemáticamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378). La persona dejó de ser tratada como sujeto de derecho para pasar a ser una variable de ajuste".

A pesar de las dificultades socioeconómicas, Valentín cursa sus estudios secundarios en el turno nocturno del E.S.J.A. Luis N. Palma y compite en natación y atletismo representando a Gualeguaychú en deporte inclusivo, gracias al acompañamiento de su familia, la institución y el profesor Gustavo Taboada. Sin embargo, detrás del esfuerzo y los logros, la vida diaria exige un nivel de organización, recursos y fortaleza constante para atravesar un sistema que muchas veces no está preparado.

"Ser mamá de un hijo con discapacidad es una experiencia que te enseña todos los días. Hay momentos muy lindos, pero también hay muchas situaciones que requieren más atención. Una de las principales complicaciones es poder combinar todo: el trabajo, la familia, los turnos médicos, los traslados y los gastos que implica. Los viajes y los estudios representan un esfuerzo económico importante. Ser mamá y trabajar al mismo tiempo no es fácil, y cuando, además tenés un hijo con discapacidad, la organización y las responsabilidades son todavía mayores", expresó.

Carolina agradece tener una vivienda donde pueden vivir cómodamente, sin embargo, comento que "las condiciones habitacionales son importante para todos, pero en el caso de las personas con discapacidad debería poder adaptarse a las necesidades de cada persona. En la actualidad esos gastos de modificaciones o adaptaciones no siempre son posibles de hacer, por cuestiones económicas. Muchas veces tenemos que arreglarnos con lo que tenemos”.

La mujer también se refirió a redes de contención: “El apoyo de los organismos e instituciones existe, pero no alcanza y muchas veces es difícil acceder. Hay que hacer trámites, conseguir turnos, presentar documentación e insistir. Una termina aprendiendo a moverse dentro de un sistema que es muy complicado. Desde nuestra experiencia, creemos que todavía falta mucho para que las personas con discapacidad puedan acceder realmente a todos sus derechos de una manera sencilla y sin tantas trabas".

La pérdida de empleo implica ausencia de ingreso y la caída del sistema médico. "Al quedarse sin trabajo, son excluidos en un lapso de tres meses de la cobertura de salud, lo que deriva en la interrupción de los tratamientos", advirtió la referente local.

A este panorama, sumó ejemplos de jóvenes y adultos dentro del espectro autista que intentan abrirse paso en el mercado laboral local: “Una masajista, madre de tres hijas, que pelea día a día por desempeñar su labor; un periodista al que le cuesta conseguir trabajo estable; un joven que trabajó en un supermercado que cerró sus puertas y actualmente continúa estudiando y sigue dejando curriculums, con la ilusión de ser convocado”.

Leonardi también se refirió a la reciente Resolución 1115/2026 que propone un nuevo Plan Nacional de Autismo: “No crea nuevos servicios, ni prestaciones específicas. No hay nada que celebrar cuando se firman resoluciones abstractas que aclaran que no se destinarán fondos a tal fin. ¿Qué se puede cambiar sin presupuesto? Sin dinero no hay formación, actualización profesional, no hay capacitación docente obligatoria, no hay detección temprana con pediatras especializados en neurodesarrollo, ni respuesta y acompañamiento a cuidadores. En una provincia en la que ya se declaró la urgencia sanitaria en salud mental, presentar una resolución nacional sin presupuesto es al menos irónico”.

"Comenzamos a desarrollar un proyecto cruzando los datos estadísticos del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) con la información que vamos obteniendo a partir de la emisión de los CUD para volcarlos directamente en el Sistema de Información Geográfica (GIS)", señaló.

Peruzzo enfatizó en la importancia de ser rigurosos con los números antes de emitir cifras definitivas, debido a las distorsiones que suelen generarse entre los certificados emitidos e históricos y las personas que actualmente residen en la ciudad con diagnóstico actualizado.

"La complejidad se presenta porque algunos certificados se otorgan sin vencimiento y otros requieren renovación periódica. Estamos haciendo un registro por semestre para no contabilizar varias veces lo mismo y evitar confusiones. Es complicado dar números absolutos cuando la estadística de CUD emitidos es ampliamente mayor a la población activa registrada. Queremos dar información real y certificada desde el área para planificar soluciones concretas", dijo la funcionaria.

Según la propia experiencia de los protagonistas, Gualeguaychú enfrenta el desafío urgente de interpelar sus prioridades. Detrás de cada número representativo de la “nueva pobreza” hay familias exhaustas, madres que sostienen solas el cuidado de sus hijos y personas con discapacidad a las que se les exige autonomía mientras se les quitan los apoyos.

"Necesitamos más accesibilidad, más empatía y, sobre todo, que se deje de ver a la discapacidad como una limitación de la persona y se empiece a pensar en todo lo que la sociedad puede hacer para eliminar las barreras que existen. Mi deseo, como mamá, es que Valentín pueda desarrollarse, estudiar, trabajar, hacer sus actividades y vivir su vida con independencia y con las mismas oportunidades que los demás", sintetizó, en este sentido, Carolina Sayas.

El próximo sábado 29 de agosto a las 16:00 se llevará a cabo una jornada cultural y de debate abierto en la sede ubicada en calle 25 de Mayo 731. La actividad, abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita, contempla la exhibición del largometraje "Belén", dirigido por Dolores Fonzi y basado en el trabajo periodístico de investigación "Somos Belén" de Ana Correa. La obra repasa los acontecimientos en torno al caso de una joven tucumana que afrontó una condena judicial tras atravesar un aborto espontáneo en un establecimiento de salud pública, constituyendo un disparador para el análisis de la autonomía de los pacientes, el trato institucional y el cumplimiento de las normativas de salud.

Tras la proyección del film, el encuentro propone la apertura de un foro horizontal de intercambio entre los asistentes, acompañado por la distribución de material informativo local vinculado al acceso a prestaciones sanitarias. Desde la organización remarcaron que el objetivo es propiciar una conversación comunitaria sin oradores únicos, donde se aborden de forma reflexiva las dinámicas del sistema de salud y el impacto de los marcos legales en el ejercicio de los derechos.

"Si bien la historia de Belén transcurre en un contexto anterior a la sanción de la Ley 27.610, nos interesa preguntarnos: más allá de las circunstancias del embarazo, ¿cómo debe actuar hoy el sistema de salud frente a una persona que necesita asistencia y cuáles son las garantías que debe ofrecer? La normativa vigente reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y establece obligaciones concretas para el sistema de salud. Pero también creemos necesario reflexionar sobre el rol del Estado en la garantía efectiva de estas políticas, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva."

"Creemos importante —y urgente— debatir qué sucede cuando se cuestionan derechos ya reconocidos por la legislación, qué políticas de prevención, educación sexual, acceso a anticonceptivos y atención integral son necesarias, y cuál es la responsabilidad del Estado para garantizar que cada persona pueda tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Entendemos que la discusión sobre la natalidad no debería reducirse a cuántas personas nacen, sino a qué condiciones necesita una sociedad para que quienes desean tener hijos puedan hacerlo y quienes no desean hacerlo puedan decidir libremente. El caso de Belén puede ser el de cualquiera de nosotras. Cualquier amiga, familiar o conocida puede ser protagonista en un país donde aún se tienen que defender los derechos ya adquiridos".

La convocatoria se realizada en forma conjunta por Puentegchú y la Cooperativa de Cultura y Comunicación Chakana. La invitación se extiende a todas las personas interesadas en participar de este espacio de encuentro y reflexión, recordando que la jornada comenzará de manera puntual y concluirá a las 18:30 aproximadamente.

El Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF) llevará adelante durante septiembre una serie de capacitaciones en el marco de “Juguemos en Red”, el programa busca consolidar a los clubes y espacios deportivos como ámbitos seguros para el cuidado y la protección de los derechos de niños y adolescentes.

Bajo la propuesta “Capacitación en protocolos de intervención”, los encuentros estarán destinados a referentes, profesores, técnicos y colaboradores deportivos, especialmente a integrantes de la Liga de Fútbol Infantil. El objetivo será brindar herramientas para reconocer, abordar y actuar frente a situaciones de vulneración de derechos que puedan presentarse en estos espacios.

La capacitación forma parte de uno de los ejes de trabajo de Juguemos en Red, que contempla acciones específicas con quienes acompañan diariamente a niños y adolescentes en clubes e instituciones. De esta manera, se busca que los adultos responsables cuenten con criterios y herramientas claras para intervenir ante situaciones que requieran acompañamiento, orientación o la activación de los mecanismos de protección correspondientes.

El cronograma comenzará el viernes 4 de septiembre, de 18:30 a 20 h, en el SUM Suburbio Sur. Continuará el martes 8 de septiembre, en el mismo horario, en el SUM Pueblo Nuevo; el miércoles 16 de septiembre, de 18:30 a 20 h, en el SUM La Cuchilla; y finalizará el jueves 24 de septiembre, de 18:30 a 20 h, en el SUM Pitter.

La realización de las capacitaciones en diferentes sectores de la ciudad responde a la perspectiva territorial del programa y permite acercar las instancias de formación a los clubes y a quienes cumplen un rol cotidiano en el acompañamiento de niños y adolescentes a través del deporte.

Juguemos en Red contempla además acciones destinadas directamente a los niños, mediante propuestas lúdicas orientadas a promover la empatía, el respeto y la prevención del acoso entre pares. A su vez, incorpora espacios de sensibilización para las familias y referentes de cuidado durante encuentros y competencias deportivas.

La Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos definió una serie de pautas institucionales clave ante la inminente entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil. A través de la Resolución N° 68/2026, el defensor general Maximiliano Benítez resolvió adoptar para el ámbito del Ministerio Público de la Defensa (MPD) las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa, encomendando y recomendando su aplicación efectiva a todos los integrantes del organismo en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La medida responde a la necesidad de articular el plexo normativo provincial y nacional con el Corpus Iuris internacional en materia de infancias y adolescencias. En sus fundamentos, la resolución destaca que el abordaje del fuero penal juvenil no debe limitarse únicamente a la legislación local vigente, sino que debe nutrirse de los instrumentos internacionales, observaciones generales, opiniones consultivas y la jurisprudencia fijada por tribunales internacionales especializados.

Las Reglas Comunes Iberoamericanas fueron aprobadas en abril de 2022 mediante un consenso histórico alcanzado por los principales organismos judiciales y continentales: la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

Este compendio internacional fija directrices operativas que orientan las políticas públicas de responsabilidad penal juvenil en la región. Entre sus pilares estructurales se destacan la promoción de mecanismos sustitutivos y complementarios al proceso judicial tradicional, el impulso de medidas alternativas de resolución de conflictos y el principio de excepcionalidad en la privación de la libertad, fijando la detención estricta como último recurso y por el menor tiempo posible.

El propósito central de este modelo es consolidar un paradigma de justicia restaurativa enfocado en la responsabilización subjetiva, la reparación integral del daño causado y la gestión de condiciones institucionales que permitan a los niños, niñas y adolescentes (NNyA) construir proyectos de vida superadores. Asimismo, el alcance de estas reglas abarca de forma transversal a todos los actores involucrados: desde los jóvenes imputados hasta las víctimas directas e indirectas, referentes afectivos y la comunidad en su conjunto, garantizando el acceso efectivo a la justicia y el respeto pleno de sus derechos fundamentales.

Descargar Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa:

https://mpd.jusentrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2026/08/Reglas-comunes-Iberoamericanas.pdf

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de las y los Trabajadores anunció formalmente su adhesión a la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la restitución integral de las prestaciones para todos los jubilados y pensionados del país. Bajo la premisa de frenar el deterioro en las condiciones de atención y las políticas de ajuste que afectan al sector, la organización sindical hizo un llamado abierto a toda la comunidad a sumarse activamente a las acciones de protesta programadas.

En la ciudad de Gualeguaychú, la medida se materializará a través de una convocatoria presencial organizada por la Asamblea de Adultos Mayores. La cita fue fijada para este miércoles 19 de agosto a las 10:30 horas en la intersección de Rocamora y Andrade, lugar donde se ubica la delegación local del PAMI.

Respecto a la modalidad que tendrá la manifestación en la ciudad, Ana Gómez, referente de la Asamblea de Adultos Mayores de Gualeguaychú, explicó a El Argentino: "En el contexto de la jornada nacional, nosotros hacemos esta movida frente al PAMI acá. Va a ser en Rocamora y Andrade. Vamos a utilizar las cuatro esquinas, no vamos a cortar la calle, vamos a estar repartiendo volantes. Se trata de una volanteada, una presencia y una forma de llamar la atención para estar en el contexto nacional del reclamo por todas las cosas que ya todo el mundo sabe".

Asimismo, la referente remarcó la gravedad del cuadro de situación asistencial y las trabas que enfrentan los afiliados en las localidades del interior: "La prestación del PAMI no es acorde a las necesidades que tiene la gente. Muchísimas agencias que estaban en localidades chicas las han cerrado y ahora han quedado cabeceras donde la gente no tiene plata para viajar. Todo es más costoso, los remedios ya no cubren como antes, los turnos médicos son muy lejanos y las prótesis no llegan en tiempo y forma. Hay gente que se muere esperando los insumos para operarse; todo es muy lento y burocrático".

Gómez alertó además sobre las drásticas consecuencias que tiene la crisis económica en la vida cotidiana y la salud mental de las personas mayores: "Si bien el PAMI tuvo siempre problemas de funcionamiento, esta vez es muy grave. No alcanza para comer, no alcanza para pagar los alquileres ni para comprar los remedios; tenés que elegir entre comprar el remedio o comer. La gente deja los tratamientos y se muere. Tenemos compañeros que se han muerto por no tomar la medicación que tenían que tomar, por ejemplo para la presión".

Por su parte, desde la conducción de la CTA ratificaron el acompañamiento a las demandas del sector pasivo: "Nos sumamos y convocamos a ser parte de la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la defensa de los derechos de todas y todos los jubilados y jubiladas. ¡Basta de maltrato a nuestros adultos mayores!", expresaron para convocar a la comunidad a respaldar el reclamo.

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina, una fecha dedicada a los chicos que tiene una extensa tradición en el país y que, desde 2025, quedó establecida oficialmente para el tercer domingo de agosto de cada año.

La denominación y la fecha fueron formalizadas mediante el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025. La norma determinó en su primer artículo: “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”.

De esta manera, en 2026 la celebración quedó fijada para este domingo 16. Además, presenta una particularidad en el calendario: antecede al feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, conformando un fin de semana largo de tres días.

Durante años, la celebración de los niños tuvo diferentes fechas en Argentina. Una de las principales referencias para establecer el calendario fue la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que históricamente impulsó la jornada.

En distintos períodos, el festejo se realizó durante el segundo domingo de agosto. Sin embargo, el decreto nacional de 2025 terminó por establecer oficialmente el tercer domingo de ese mes como fecha anual.

La misma normativa oficializó la denominación “Día del Niño” en el ámbito nacional. Entre sus fundamentos, calificó a la celebración como una tradición arraigada en Argentina y recordó los compromisos asumidos por el país en materia de derechos de la infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a toda persona menor de 18 años, salvo que, de acuerdo con la legislación aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La Organización de las Naciones Unidas impulsó durante el siglo XX que los países establecieran jornadas destinadas a promover la fraternidad entre los niños y generar conciencia sobre sus derechos, protección y bienestar.

Aunque Argentina estableció su propia fecha, la referencia internacional es el 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Infancia.

La elección estuvo relacionada con dos acontecimientos centrales. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Exactamente 30 años después, en 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con el paso de los años, la celebración argentina sumó festivales, encuentros familiares, actividades recreativas, propuestas escolares y campañas comunitarias destinadas a los chicos.

En México, por ejemplo, el Día del Niño se conmemora el 30 de abril, mientras que Colombia lo ubica habitualmente en el último sábado de ese mes. Chile mantiene como referencia el segundo domingo de agosto.

Paraguay, en tanto, tiene una particularidad: celebra el Día del Niño cada 16 de agosto, una fecha fija relacionada con la memoria de los niños que participaron y murieron en la Batalla de Acosta Ñu, durante la Guerra de la Triple Alianza.

Así, este domingo 16 de agosto, Argentina tendrá una jornada dedicada especialmente a los chicos, en el inicio de un fin de semana extendido que continuará el lunes con el feriado nacional por el aniversario de la muerte del General San Martín.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora cada 9 de agosto en recuerdo de la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pueblos Indígenas (Ginebra, 9‑13 de agosto de 1982). Este día, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1994 mediante la Resolución 49/214, busca visibilizar las necesidades y derechos de los pueblos originarios.

Desde entonces, cada año la ONU y países miembros organizan actos oficiales, foros y campañas informativas. Por ejemplo, en 2021 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU enfatizó la urgencia de garantizar educación intercultural y apropiada para niños indígenas.

Eventos clave en la historia reciente incluyen la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 sept. 2007), la Conferencia Mundial de la ONU sobre Pueblos Indígenas (Nueva York, 22-23 sept. 2014) y la proclamación del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022‑2032) como continuidad de iniciativas para la revitalización cultural.

Los ambientes naturales que hoy protegemos también son territorios de memoria. Mucho antes de la creación de las áreas naturales protegidas, los montes, humedales, ríos y pastizales de nuestra región fueron habitados por pueblos originarios como los chaná, charrúa, guaraníes. Su vínculo con la naturaleza estaba basado en la observación, el respeto por los ciclos naturales y el uso responsable de los bienes que el ambiente les brindaba.

En la actualidad, se estima que existen 476 millones de indígenas (≈6% de la población mundial) en más de 90 países, quienes, pese a custodiar 80% de la biodiversidad restante del planeta, padecen altas tasas de pobreza (casi el 19% de quienes viven en pobreza extrema mundial) y de rezago educativo y sanitario.

Ese conocimiento, construido durante generaciones, constituye un valioso patrimonio cultural que hoy dialoga con los objetivos de la conservación: proteger la biodiversidad, promover un uso responsable del territorio y fortalecer nuestra relación con la naturaleza.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas renovamos el compromiso de proteger nuestro patrimonio natural y de reconocer el valor de los saberes ancestrales, fundamentales para construir una convivencia más respetuosa con el ambiente.

Conservar la naturaleza también es preservar la memoria del territorio y aprender de quienes supieron vivir en equilibrio con ella.

Este martes se llevó a cabo un nuevo encuentro de capacitación destinado al personal docente que se desempeña en los ocho Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI). La jornada, enmarcada en el plan de ateneos regulares de formación continua, tuvo como propósito principal brindar herramientas operativas concretas para el abordaje de diversas situaciones cotidianas que surgen en el ámbito de las instituciones educativas comunitarias.

Durante la actividad, se repasaron exhaustivamente los procedimientos normativos a seguir ante eventuales demoras de las familias en el retiro de los niños al finalizar el turno. En este sentido, los profesionales precisaron los canales de comunicación adecuados que deben activarse y detallaron las dependencias específicas a las que corresponde dar intervención de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Asimismo, las participantes profundizaron en los criterios técnicos indispensables para determinar en qué momentos es necesario elaborar un informe detallado dirigido al Área de Protección de la Niñez, el Adolescente y la Familia (ANAF). Se aclararon además las circunstancias en las cuales corresponde formalizar una exposición o denuncia formal ante los organismos competentes. Esta instancia de trabajo permitió despejar dudas operativas y unificar pautas de actuación responsable en el territorio.

A su vez, la jornada generó un espacio propicio para el intercambio de experiencias sobre las pautas cotidianas de crianza. El objetivo central radicó en revisar colectivamente las modalidades de vinculación, el uso del lenguaje y las distintas formas de intervención de los adultos en las salas, promoviendo tratos acordes a una perspectiva integral de derechos.

Estas instancias de encuentro resultan esenciales para consolidar una red preventiva que actúe de manera oportuna. La articulación permanente entre el área educativa y los organismos de protección de la Municipalidad garantiza que cada espacio mantenga estándares homogéneos de cuidado y contención, adaptados a las exigencias socioeducativas actuales.

El plan de regularización de deudas tributarias impulsado en la ciudad alcanzó a más de 1000 contribuyentes desde su puesta en marcha a finales de abril. Frente a este nivel de respuesta, la Dirección de Rentas confirmó la extensión del plazo de adhesión al Régimen Especial de Regularización de Deudas, el cual permanecerá disponible hasta el próximo 30 de septiembre. La medida busca facilitar la cancelación de obligaciones pendientes relativas a tributos, derechos, contribuciones e impuestos locales mediante quitas significativas sobre recargos y multas acumuladas.

El esquema propuesto por la administración comunal establece beneficios diferenciados según la modalidad de cancelación adoptada por el vecino. Quienes opten por el pago al contado accederán a una condonación del 100% sobre los intereses y las sanciones pecuniarias. Para las cancelaciones en hasta 3 cuotas, el descuento alcanza el 90% en recargos, requiriendo un anticipo del 10% del total adeudado sin aplicar intereses de financiación. En tanto, las alternativas de 6 cuotas prevén una quita del 80% en multas y del 70% en intereses con un pago inicial del 20%. Finalmente, las opciones extendidas de 12 y 18 meses ofrecen reducciones graduales adaptadas a la tasa de financiación vigente, estructuradas bajo el sistema francés con cuotas fijas, mensuales y consecutivas.

Con el objetivo de agilizar la atención y evitar demoras administrativas, la Municipalidad dispuso que la tramitación se realice de forma digital mediante la plataforma virtual GualeActiva. No obstante, la atención presencial quedará contemplada exclusivamente para casos particulares debidamente fundamentados. En dichas situaciones, los contribuyentes deberán concurrir a la sede de la Dirección de Rentas, ubicada en el palacio municipal de Yrigoyen 75, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas. La sola adhesión al plan implicará el reconocimiento explícito de la deuda contraída y la aceptación íntegra de las condiciones del programa.

Por Martín Céspedes*

En una economía atravesada por procesos inflacionarios persistentes, el desafío consiste en lograr que los derechos reconocidos judicialmente conserven eficacia real cuando finalmente llega el momento de hacerlos efectivos.

Pocas cosas han motivado la evolución del derecho argentino como la inflación. Cada vez que la economía modificó drásticamente el valor de la moneda, jueces, legisladores, juristas y abogados, se vieron obligados a repensar soluciones que hasta entonces parecían definitivas.

La historia económica de nuestro país ha obligado en más de una oportunidad al derecho a replantear instituciones que parecían definitivamente consolidadas. La inflación, fenómeno recurrente de nuestra realidad nacional, ha sido una de las principales responsables de esos desafíos.

Durante décadas, la legislación argentina prohibió los mecanismos de indexación monetaria. La Ley 23.928, sancionada en el contexto de la convertibilidad, estableció la imposibilidad de actualizar deudas mediante índices de precios. La finalidad perseguida resultaba razonable para la época: consolidar la estabilidad monetaria y evitar mecanismos que pudieran retroalimentar nuevos procesos inflacionarios.

Aquella decisión fue concebida para una economía muy distinta de la que la Argentina experimentó en los últimos años.

Cuando la inflación es baja, la discusión sobre la actualización de los créditos pierde relevancia práctica. Pero cuando los precios se multiplican aceleradamente y los procesos judiciales demandan varios años hasta alcanzar una solución definitiva, la cuestión adquiere una dimensión completamente diferente.

Es entonces cuando aparece una pregunta que excede a ámbito jurídico para transformarse en una preocupación social más amplia: ¿qué ocurre cuando el valor de la moneda se deteriora significativamente entre el nacimiento de una obligación y el momento en que finalmente se paga?

Tradicionalmente, el sistema jurídico intentó responder ese interrogante mediante la aplicación de intereses. La imposibilidad legal de indexar llevó a los tribunales a utilizar tasas destinadas a compensar la mora y el incumplimiento.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años demostró que en contextos de inflación elevada las tasas de interés no siempre logran preservar adecuadamente el valor real de los créditos. El resultado puede ser paradójico: una deuda aumenta nominalmente y, al mismo tiempo, pierde capacidad para cumplir la finalidad económica que le dio origen.

Es precisamente allí donde resurge una vieja construcción doctrinaria que conserva plena vigencia frente a procesos inflacionarios que, cíclicamente, vuelven a presentarse en nuestra historia económica.

El reconocido jurista Juan José Formaro ha señalado que la diferencia entre las llamadas deudas de dinero y las deudas de valor recupera especial importancia en estos períodos inflacionarios y frente a un sistema que aún prohíbe la indexación. Mientras las primeras tienen por objeto una determinada suma monetaria, las segundas procuran preservar un valor económico que debe mantenerse más allá de las variaciones de la moneda. La distinción puede parecer técnica o meramente teórica, pero encierra una profunda cuestión de justicia.

Cuando una persona reclama una indemnización por daños, no persigue simplemente una cantidad de pesos. Lo que busca es la reparación de un perjuicio. Cuando un trabajador reclama salarios adeudados o una indemnización por despido, tampoco está procurando una inversión financiera. Está intentando obtener el equivalente económico de un derecho que considera vulnerado.

Hace varias décadas, el maestro Norberto Centeno sostenía que el salario debía ser comprendido como una verdadera deuda de valor. La razón era sencilla y conserva plena vigencia: el salario no representa únicamente dinero. Representa alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y condiciones dignas de subsistencia para el trabajador y su familia. En definitiva, representa la posibilidad concreta de acceder a bienes esenciales para desarrollar una vida digna.

Desde esta perspectiva, la cuestión deja de ser exclusivamente monetaria. El verdadero interrogante pasa a ser si el ordenamiento jurídico puede admitir que un derecho reconocido pierda una parte sustancial de su eficacia económica simplemente por el transcurso del tiempo.

El jurista José Daniel Machado nos enseña que la función protectoria del derecho laboral no consiste en otorgar privilegios, sino en equilibrar desigualdades preexistentes en la relación de trabajo. Esa idea resulta especialmente valiosa en tiempos de alta inflación, ya que una protección jurídica pierde gran parte de su sentido si los derechos reconocidos formalmente terminan vaciados de contenido económico por el paso del tiempo.

La discusión no busca obtener beneficios extraordinarios ni mecanismos de enriquecimiento indebido. Tampoco supone desconocer la importancia de la seguridad jurídica o de la previsibilidad económica. Lo que se pretende es determinar si un crédito reconocido judicialmente debe conservar un valor razonablemente equivalente al que poseía cuando nació la obligación.

Esta problemática no es exclusiva del derecho laboral. Pensemos en un reclamo de consumo. Si una persona demanda por un producto defectuoso y obtiene una sentencia favorable varios años después, resulta razonable preguntarse si la suma reconocida le permitirá adquirir efectivamente aquello que perdió. Esto nos demuestra que el problema atraviesa todo el sistema jurídico.

La preocupación por preservar la eficacia real de los derechos reconocidos judicialmente no resulta extraña a la jurisprudencia entrerriana. En distintos momentos históricos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ha debido enfrentar debates similares vinculados con la protección efectiva de los créditos laborales frente a cambios legislativos o económicos significativos.

En precedentes como “Kinderchert” y posteriormente “Andrade”, la justicia provincial receptó criterios orientados a garantizar que las mejoras legislativas destinadas a la protección del trabajador pudieran alcanzar situaciones jurídicas aún no canceladas, privilegiando una interpretación compatible con los principios protectorio, de progresividad y de tutela efectiva de los derechos laborales.

Más recientemente, esa misma línea de razonamiento puede observarse en pronunciamientos que comenzaron a aplicar las nuevas herramientas incorporadas por la Ley de Modernización Laboral para la actualización de créditos judiciales.

En este camino, la Cámara de Apelaciones del trabajo de esta ciudad, debió analizar la situación de un crédito laboral originado varios años atrás y aún pendiente de percepción efectiva. Frente a una realidad económica profundamente distinta de aquella existente al momento en que nació la obligación, el tribunal entendió que los mecanismos tradicionalmente utilizados resultaban insuficientes para brindar una respuesta adecuada y receptó los nuevos criterios de actualización previstos por la actual legislación.

La importancia de la decisión no reside únicamente en la fórmula aplicada, sino en el reconocimiento de una realidad ineludible: cuando la inflación altera sustancialmente el valor de la moneda, el derecho no puede permanecer indiferente si pretende preservar la efectividad de los derechos que tutela.

Una sentencia puede ser impecable desde el punto de vista jurídico y, sin embargo, resultar insuficiente desde el punto de vista económico si el crédito que reconoce pierde sustancialmente su valor antes de hacerse efectivo.

Los derechos no se agotan únicamente en las Leyes o en las sentencias, sino que también viven en la realidad cotidiana de las personas. Viven en la posibilidad concreta de percibir un salario, obtener una reparación, cobrar una indemnización o acceder efectivamente a aquello que la Justicia ha reconocido como debido.

El equilibrio entre seguridad jurídica, realidad económica y tutela efectiva de los derechos, uno de los debates más relevantes que el derecho argentino deberá seguir afrontando en los años por venir.

*Abogado

Con el objetivo de jerarquizar la atención y actualizar las prácticas diarias de quienes asisten a la población de edad avanzada, se puso en marcha una importante instancia formativa en la ciudad. El encuentro inaugural reunió a un centenar de personas y marcó el inicio de un trayecto educativo centrado en dotar de herramientas prácticas y teóricas a los actores del sector.

La actividad formó parte del Ciclo de Charlas Gerontológicas, una propuesta formativa destinada a fortalecer conocimientos, actualizar prácticas y promover una atención integral de las personas mayores. La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y congregó principalmente a cuidadores domiciliarios, personal y titulares de residencias de larga estadía, junto a personas interesadas en la temática.

En ese marco, señaló que al inicio de la gestión Gualeguaychú no contaba con un registro consolidado de residencias habilitadas, por lo que se conformó un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas del Estado municipal. A partir de ese trabajo, actualmente existe un registro municipal activo, residencias con planes de adecuación en marcha y establecimientos que ya obtuvieron sus habilitaciones correspondientes.

La iniciativa es impulsada de manera articulada por el equipo gerontológico municipal de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Habilitaciones y la Secretaría de Gobierno y Modernización, con el objetivo de mejorar los estándares de cuidado en residencias y espacios de atención.

La primera capacitación estuvo a cargo del bromatólogo Francisco Corsico y del nutricionista Diego Caballero, quienes abordaron contenidos vinculados a la alimentación saludable, la manipulación segura de alimentos y los cuidados nutricionales específicos durante la vejez. Durante la jornada se brindaron herramientas prácticas para promover hábitos saludables, prevenir enfermedades asociadas a la nutrición y mejorar la calidad de atención.

El ciclo se extenderá durante seis meses, con encuentros mensuales que abordarán distintas temáticas vinculadas al rol del cuidador, el marco legal vigente, los cuidados básicos, la prevención de enfermedades, la autonomía y la promoción de derechos de las personas mayores.

El Área de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, recuerda que mañana, jueves 11 de junio, cierran las inscripciones para participar de una nueva edición de “Siga el Baile”.

La jornada se llevará a cabo el lunes 15 de junio, a las 10:00 horas, en el Polideportivo Norte, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha impulsada por las Naciones Unidas para visibilizar la importancia del respeto, la dignidad y los derechos de las personas mayores.

Este será el tercer encuentro de la iniciativa, que contará con música en vivo, actividades recreativas y espacios de participación para compartir una mañana de encuentro y disfrute.

Además, se dispondrá de traslado para facilitar la asistencia de quienes lo necesiten.

Las inscripciones pueden realizarse en el Área de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de 7:00 a 13:00 horas.

Un fallo histórico del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza declaró que el modelo de monocultivos forestales de pino y eucalipto en la provincia de Corrientes constituye un “ecocidio”. La resolución sostiene que la expansión de estas plantaciones exóticas, que ya supera las 516.000 hectáreas, ha generado impactos severos sobre humedales y pastizales nativos, afectando la biodiversidad, los ciclos hidrológicos y el equilibrio ecológico de la región.

El Tribunal reconoció además a estos ecosistemas como sujetos de derechos, destacando la necesidad de garantizar su protección y regeneración. Este reconocimiento implica un cambio de paradigma: la naturaleza deja de ser vista como un recurso y pasa a ser considerada como una entidad con derecho a existir, regenerarse y mantener sus procesos vitales.

El proceso incluyó inspecciones de campo, audiencias públicas y testimonios de comunidades locales, organizaciones ambientales y pueblos indígenas. Aunque la sentencia no tiene carácter legal vinculante, representa un pronunciamiento internacional de gran peso simbólico, que cuestiona la promoción de los monocultivos forestales como solución climática y advierte sobre los efectos ambientales y sociales asociados a este modelo productivo.

En Corrientes, la expansión de los cultivos de pino y eucalipto ha sido impulsada durante décadas por políticas de incentivo económico y por la demanda internacional de madera y celulosa. Sin embargo, los especialistas advierten que este tipo de forestación altera los suelos, reduce la disponibilidad de agua y desplaza la flora y fauna nativa, generando un impacto acumulativo sobre los ecosistemas naturales.

El fallo del Tribunal se suma a un debate regional cada vez más intenso sobre la conservación de los ecosistemas frente al avance de actividades extractivas y forestales a gran escala. En este contexto, la decisión busca visibilizar la necesidad de transitar hacia modelos productivos sostenibles que respeten los derechos de la naturaleza y de las comunidades que dependen de ella.

La declaración de “ecocidio” en Corrientes no solo interpela a las autoridades locales y nacionales, sino también a la sociedad en su conjunto, invitando a repensar la relación entre desarrollo económico y equilibrio ambiental.