La Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) invita a la comunidad a participar de la proyección del documental “Huellas de la última dictadura. Aprendizajes desde la democracia”, una producción audiovisual realizada por Canal UNER.

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 27 de octubre, a las 19, en la sede de la Facultad de Bromatología, ubicada en Presidente Perón 1154, en Gualeguaychú.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y propone recuperar la memoria histórica, promover el diálogo y reflexionar sobre la importancia de la democracia y los derechos humanos.

“A 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, queremos compartir un espacio de encuentro y reflexión colectiva sobre nuestra historia, la memoria, los derechos humanos y la democracia”, expresaron desde la Universidad.

Este fin de semana, la ciudad de Gualeguaychú y sus alrededores serán sede de dos actividades destacadas que contarán con la presencia del reconocido referente agrario, escritor y analista político Pedro Peretti.

La agenda combinará un encuentro de debate sobre el modelo productivo rural y la presentación oficial de su más reciente trabajo bibliográfico.

La primera cita tendrá lugar el sábado 24 de octubre a las 18:00 hs en las instalaciones del Club Centro Cívico, ubicado en Calle 4 de la Colonia El Potrero. Bajo la consigna “La chacra mixta como modelo de producción agropecuaria”, Peretti encabezará un espacio de conversación abierto a la comunidad, productores y trabajadores de la tierra para abordar las perspectivas, ventajas y desafíos del esquema de la chacra mixta frente a los modelos productivos actuales.

Al día siguiente, el domingo 25 de octubre a las 18:00 hs, la actividad se trasladará al centro de la ciudad, en la sede de calle 25 de Mayo 515. En este marco, el autor presentará formalmente su libro “El Campo de la Dictadura. Latifundios, peronismo y derechos humanos”. La obra ofrece un análisis crítico sobre la política agraria desarrollada por el peronismo en los períodos 1946-1955 y 1973-1976, al tiempo que examina en profundidad el rol desempeñado por las corporaciones agrarias en los golpes de Estado de 1955 y 1976.

La presentación del libro cuenta con la organización e invitación de la librería Frontera/Librerío y la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú. Ambas jornadas se proponen como espacios de reflexión abierta e invitan a participar a toda la comunidad interesada en la historia, la política y el desarrollo agropecuario nacional.

La propuesta dramatúrgica forma parte de la convocatoria nacional denominada "Escenarios de la Memoria", una iniciativa desarrollada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la entidad gremial docente y la organización Teatro por la Identidad.

En cuanto a la composición artística y técnica del espectáculo, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Sonia Di Ciocco y Cristi Zapata, quien además es la autora del texto dramático. La dirección general del montaje está a cargo de Evelyn Regazzi, acompañada por Tatiana Sfiligoy en la asistencia de dirección, mientras que la ambientación y ejecución musical corresponden al músico Ignacio Journé.

El desarrollo de esta función se enmarca en la agenda del programa federal "Escenarios de la Memoria", cuyo propósito institucional radica en incentivar la producción de dramaturgia breve y promover instancias de análisis reflexivo en torno a la identidad, los derechos humanos y la memoria histórica colectiva en los años previos al quincuagésimo aniversario del golpe de Estado de 1976.

Como etapa previa a las representaciones escénicas, el proyecto incluyó la realización de talleres de escritura dramática y encuentros de formación coordinados por el gremio, en los que participaron afiliados y trabajadores de la educación privados de distintas localidades. Dichos espacios brindaron herramientas técnicas de elaboración textual para el volcado de experiencias pedagógicas y sociales en producciones teatrales.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) anunció la presentación de esta obra teatral que tendrá lugar el próximo viernes 30 de octubre a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Musicante, espacio ubicado en la ciudad de Gualeguaychú. La función se concretará con acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Desde la organización informaron que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de las instituciones convocantes y del espacio cultural anfitrión, consolidando una oferta artística dirigida al público general de la ciudad.

Con el objetivo de sensibilizar y promover la concientización sobre la vejez en la sociedad actual, se pondrán en marcha tres jornadas temáticas que se dictarán de manera paralela en dos puntos de la ciudad: el Club de los Abuelos (Doello Jurado 297) y el Salón Asunción de María (Gervasio Méndez 2770).

La iniciativa tiene como marco la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sobre el alcance de la propuesta, María Julia Guisto, integrante del grupo Las Plateadas e impulsora de la propuesta señaló: “Nuestro eje de trabajo es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos del Adulto Mayor”.

Asimismo, destacó el trasfondo comunitario y de incidencia local de la organización: “Nosotros venimos trabajando con esta temática; siempre apuntamos a reflexionar sobre las nueva vejeces del siglo XXI”.

A su vez agregó: "Las charlas son gratuitas y para todo público, ya que debemos entender que la sociedades más justas se dan por ese acuerdo intergeneracional".

La primera jornada se denominará “¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? El viejismo en nuestra sociedad”, a cargo de la Lic. Mg. Lucrecia Sancho. El primer encuentro tendrá lugar el martes 13 de octubre a las 16:00 hs en el Salón Asunción de María, mientras que la réplica en el Club de los Abuelos se realizará el viernes 16 de octubre a las 16:00 hs.

El segundo encuentro llevará por título “¿Qué tiene de bueno ser viejo en el siglo XXI?”, bajo la disertación de la Dra. Bernardita Zalisnak. Esta instancia se dictará el viernes 23 de octubre a las 16:00 hs en el Club de los Abuelos y el viernes 30 de octubre a las 16:00 hs en el Salón Asunción de María.

Por último, la tercera jornada abordará la temática “Envejecer bien: hábitos saludables y determinantes sociales”, con la exposición del Dr. Juan Cruz Pusula. Se llevará a cabo el martes 3 de noviembre a las 16:00 hs en Asunción de María y el martes 10 de noviembre a las 17:00 hs en el Club de los Abuelos.

La actividad cuenta con el acompañamiento de Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Gualeguaychú, el espacio Las Plateadas Gualeguaychú y el Movimiento Federal Revolución de las Viejas.

Para consultas o más datos, la organización dispone de los teléfonos +54 9 3446 59-1184 (Asunción de María) y +54 9 3446 64-8933 (Club de los Abuelos).

Profesionales del Ministerio Público de la Defensa (MPD) expusieron este jueves sobre el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales ante integrantes de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La jornada se desarrolló en la Escuela Normal «José María Torres» de Paraná, con la participación del decano de la facultad, Daniel Richar, y el secretario de Extensión Universitaria y Derechos Humanos, Agustín Guilleron. La exposición estuvo a cargo de la coordinadora del dispositivo, María Spais, y dos integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario del MPD, Virginia Vizgarra y Belén Osorio, acompañadas por representantes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

El dispositivo está destinado a infancias y adolescencias que se alojan en residencias socioeducativas y que se presume que permanecerán institucionalizadas hasta alcanzar la mayoría de edad —cuya situación jurídica se enmarca como Fortalecimiento del Proyecto Autónomo de Vida (FPAV)— y que, por alguna razón, no serán alcanzadas por el instituto de la adopción. El objetivo de la propuesta es ofrecerles apoyo a través de personas adultas que se inscriban voluntariamente para contribuir a fortalecer su autonomía. Quienes asuman el rol de referentes tendrán la responsabilidad de brindar acompañamiento en actividades recreativas, escolares y tratamientos de salud.

El primer paso para convertirse en referente es completar este formulario: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/rca/inscripciones/

Esta jornada formó parte de la agenda de encuentros con diversos actores sociales de la provincia que lleva adelante el MPD para difundir la iniciativa y comprometer a la sociedad en el cuidado de este grupo. El Ministerio Público de la Defensa, en articulación con el Copnaf, desarrolla espacios de capacitación para las personas interesadas en inscribirse; posteriormente, realiza una evaluación a través de un equipo interdisciplinario y acompaña el proceso de vinculación con cada niño, niña o adolescente. El primer paso para postularse como referente consiste en completar el formulario disponible en el sitio web institucional del MPD.

El Hospital Centenario de Gualeguaychú cuenta con un sistema consolidado de formación de posgrado. Actualmente dispone de la Residencia de Medicina General y Familiar, en funcionamiento desde 1999; la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaMC) desde 2017; la Residencia de Pediatría desde 2013 y la reciente Residencia de Clínica Médica, creada este año con el apoyo del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

“Contando todas las especialidades desde que inició la primera residencia, han sido más de 80 profesionales los que han pasado por el hospital”, informó la doctora Andrea Martins, directora de la institución.

“Formar profesionales de la salud en la ciudad no significa solamente generar nuevos egresados, significa construir capacidad sanitaria para el futuro. Cada profesional que se forma y puede desarrollarse en su comunidad fortalece al hospital, mejora la atención de la población, contribuye al crecimiento de la ciudad y, al mismo tiempo, favorece el desarrollo sanitario local”, remarcó.

En relación al impacto concreto en la institución y en Gualeguaychú, Martins dijo que “al hospital le aporta nuevos profesionales, fortaleciendo la capacidad asistencial y generando un ámbito de formación y crecimiento profesional; contribuye a renovar y fortalecer los recursos humanos, especialmente en áreas donde existe mayor demanda”. En tanto, “para la ciudad representa una oportunidad de mejorar la accesibilidad de la población a los servicios de salud. El sistema de residencias permite generar condiciones para que los profesionales puedan formarse, insertarse laboralmente y desarrollar su proyecto profesional en su propia comunidad, evitando el desarraigo”.

Entre los últimos egresados se encuentran cuatro residentes de Medicina General y Familiar: las doctoras Camila Mateucci, María Victoria Dumón y Noelia Soledad Hereñú, y el doctor Santiago Benedetti Goldaracena. También finalizaron su formación cinco residentes de Salud Mental Comunitaria: las licenciadas en Psicología Maira Lizzi e Ivana Jullier, y las licenciadas en Trabajo Social Ivana Rochelle, Antonella Abrigo y María Florencia Lubo.

El Argentino dialogó con algunos de estos profesionales y sus testimonios ponen en evidencia el valor estratégico que representan los residentes en la agilización de servicios, la capacidad de respuesta y la contención territorial de la población.

“En estos años pudimos observar un aumento muy importante de las consultas, tanto en cantidad como en la complejidad de las situaciones que llegan a la guardia”, respondieron colectivamente las especialistas del grupo de residentes de Salud Mental Comunitaria en la voz de la licenciada en Trabajo Social Ivana Rochelle. Entre las problemáticas con mayor prevalencia señalaron: “Los consumos problemáticos de sustancias, las personas en situación de calle, la violencia de género, crisis de ansiedad, ataques de pánico y un incremento altamente preocupante de los intentos de suicidio y suicidios consumados en adolescentes y jóvenes son los principales casos con los que hemos tenido que abordar en estos años”.

Esta alerta adquiere especial gravedad en la provincia: “Según el Sistema Nacional de Información Criminal, en Argentina el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito. En este escenario, el caso de Entre Ríos resulta particularmente preocupante, ya que es la provincia que arroja una de las tasas más altas de suicidios en el país. Asimismo, se ha decretado en la provincia hace algunas semanas la Urgencia en Salud Mental”.

A este diagnóstico se suma la reaparición de padecimientos vinculados al juego de apuestas online, el endeudamiento familiar y el desatamiento de las necesidades básicas. “Hay gente que concurre al hospital a pedir comida; cuando los ingresos no alcanzan para vivir, también se profundizan los padecimientos subjetivos. Por eso sostenemos que no hay salud mental posible si no se garantizan los derechos y las necesidades básicas”, enfatizaron desde la RISaMC. Y agregaron: “La responsabilidad ante esta crisis política y social es colectiva”.

Benedetti Goldaracena subrayó cómo el abordaje territorial transforma el impacto sobre las familias de la ciudad. “En medicina familiar nos dicen que somos especialistas en personas: no vemos solo la enfermedad, conocemos a la persona, a la familia, el barrio, el contexto donde vive. Y cuando ese mismo paciente necesita atención hospitalaria, conocemos el otro nivel, lo que permite una continuidad del cuidado”, indicó.

“Muchas cosas las resolvemos en los centros de salud para no sobrecargar tanto el hospital y no derivar innecesariamente”, agregó el profesional, al tiempo que destacó que la mirada integral ayuda a abordar enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes.

Frente a esta realidad, los graduados de Salud Mental enfatizaron la necesidad de romper con los estigmas. “En la actualidad persiste un gran prejuicio de la sociedad en general; si alguien consulta a la Guardia de Salud Mental es porque 'está chiflado, loco o es peligroso'. La gente padece porque no cuenta con otro que lo escuche, porque se siente sola, o porque no tiene un laburo”.

Para las residentes, las respuestas no pueden reducirse a la medicación o al consultorio cerrado: “Requieren de respuestas sociales, comunitarias e intersectoriales por tratarse de una problemática social. No hay salud mental posible sin el entramado comunitario. Nuestro trabajo con les usuarios se enmarca en la desmanicomialización, desde un enfoque de derechos humanos”.

Desde el nivel operativo, el faltante de recursos habitacionales, casas de medio camino, centros de día y la saturación de los turnos ambulatorios complejiza la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. “A más de 15 años de su sanción, aún persisten importantes desafíos en su plena implementación, particularmente en materia de financiamiento, dispositivos y recursos humanos”, señalaron las profesionales de RISaMC.

“A esto le sumamos las condiciones laborales en la que se encuentran actualmente los trabajadores de la salud, marcadas en muchos casos por la precarización y el deterioro de las condiciones de trabajo, poniendo el cuerpo a situaciones cada vez más complejas y con menos recursos. Por lo que la salud mental de los trabajadores también se ve fuertemente afectada”, manifestaron desde el grupo.

En igual sentido, Benedetti Goldaracena reconoció las limitaciones tecnológicas del sistema público, remarcando que la clave para superarlas radica en la interdisciplina: “En la práctica diaria aprendés a resolver con menos tecnología y usás la herramienta de trabajar en equipo con la obstetra, nutricionista, trabajadores sociales y los agentes sanitarios que conocen muchísimo el territorio. Cada uno aporta su mirada y resolvemos entre todos”.

“Hemos realizado una formación exhaustiva, interdisciplinaria y comunitaria orientada a pensar y abordar los procesos de salud desde una perspectiva integral. Consideramos fundamental que quienes hemos sido formadas durante cuatro años por el sistema público de salud podamos encontrar condiciones que aseguren la incorporación y continuidad, para aprovechar así la enorme inversión realizada por el Estado durante este tiempo”, afirmaron.

A pesar de haber manifestado formalmente su intención de poner su conocimiento y experiencia al servicio de la salud pública local, expresaron preocupación dado que hasta la fecha “no se han formalizado propuestas de incorporación laboral”. Asimismo, hicieron un llamado a defender las residencias como política pública esencial frente al cierre de cupos en disciplinas fundamentales como Terapia Ocupacional, Enfermería y Trabajo Social.

Los testimonios dan cuenta de que las residencias del Hospital Centenario no constituyen solo un espacio académico de posgrado, son el sostén cotidiano y humano de la atención pública en Gualeguaychú. La consolidación de estos equipos en el territorio es la principal garantía para resguardar el derecho a la salud de la comunidad.

El Nodo Gualeguaychú de la Red por el Derecho a la Identidad, espacio articulado con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, llevará a cabo la presentación oficial del documental titulado "Identidad Robada". La actividad tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto, a partir de las 19:00, en las instalaciones del Centro Cultural Musicante, ubicado en la arteria Luis N. Palma 627 de nuestra ciudad. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y cuenta con acceso libre y gratuito.

La proyección aborda en detalle la historia de vida de Daniel Santucho Navajas, reconocido como el Nieto 133 restituido por la labor institucional de Abuelas de Plaza de Mayo. La pieza audiovisual narra el proceso histórico y biográfico de Daniel, quien fue sustraído y apropiado al momento de su nacimiento durante los años de la última dictadura militar en la Argentina. Tras décadas de incertidumbre, a los 46 años de edad, logró conocer su verdadero origen biológico y reencontrarse con su familia a través de los análisis científicos realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La realización cinematográfica estuvo bajo la dirección de Rodrigo Vazquez-Salessi en coautoría con Florencia Santucho, hermana del propio Daniel. El largometraje documental combina testimonios directos, archivos de la época y el registro del recorrido institucional que posibilitó la localización del paradero de la víctima, ofreciendo un testimonio sobre la importancia de la reconstrucción de los lazos familiares e institucionales en el país.

Desde la organización local explicaron que el objetivo de esta jornada cultural e informativa consiste en visibilizar el trabajo permanente de búsqueda que llevan adelante los organismos de derechos humanos y la Red por el Derecho a la Identidad en todo el territorio nacional. Asimismo, la proyección busca constituirse como un espacio de reflexión colectiva sobre el derecho a la identidad de origen y el impacto de los avances científicos en la resolución de casos de supresión de identidad.

Luego de la exhibición del documental, los organizadores han previsto la apertura de un espacio de diálogo entre los asistentes para intercambiar impresiones sobre la obra proyectada y brindar información sobre los canales de consulta existentes para aquellas personas que sospechen sobre su origen o busquen información respecto de su identidad biológica.

La cita es en Luis N. Palma 627, con ingreso libre para el público general.

La Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú presentó la convocatoria formal para el Certamen Literario "La Noche de los Lápices", una iniciativa orientada a promover la reflexión histórica, el ejercicio de la memoria y el desarrollo de la producción creativa entre los jóvenes de la ciudad. El concurso está dirigido de forma exclusiva a alumnos de nivel secundario que se encuentren cursando el ciclo lectivo 2026. La participación es estrictamente individual y abarca los géneros de Cuento y Poesía, con la posibilidad de enviar una obra por categoría.

Las producciones deberán abordar desde un enfoque creativo el eje temático centrado en el aniversario de "La Noche de los Lápices", incorporando conceptos vinculados a la memoria, la identidad y la defensa de los Derechos Humanos. Los trabajos deben ser originales, inéditos y no haber obtenido reconocimientos en otros certámenes. Para garantizar el anonimato en la evaluación del concurso, cada obra tendrá que estar firmada bajo un seudónimo.

La recepción del material se realiza mediante el formulario online en la plataforma Jotform https://form.jotform.com/261793954692070. Quienes participen deberán adjuntar dos archivos en formato PDF o Word: el primero identificado como Archivo A, que incluirá únicamente el seudónimo, el título y el texto literario; y el segundo como Archivo B, que contendrá el seudónimo junto a los datos personales del estudiante (nombre, apellido, edad, curso, división y la institución educativa a la que pertenece). En la categoría Cuento se estableció una extensión máxima de 5 carillas A4 con tipografía Arial o Times New Roman tamaño 12 e interlineado de 1,5, mientras que para Poesía la extensión es libre.

El plazo para la entrega de los trabajos se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2026 inclusive. El anuncio oficial de los ganadores tendrá lugar el 16 de septiembre, mientras que el acto formal de entrega de distinciones se desarrollará el sábado 19 de septiembre de 2026.

El jurado examinador estará compuesto por docentes y profesionales del ámbito literario local. En la categoría Cuento, la evaluación estará a cargo de Sebastián González, Nely Dominitti y Facundo Riera; en tanto que en Poesía, la revisión de las obras la realizarán Ezequiel Cavallero, Juan Galarraga y Sofía Barrios Delgado.

Respecto a los reconocimientos, los primeros puestos de cada género recibirán como distinción la opción entre un váucher para un paseo en lancha por el río Gualeguaychú o un váucher para una hamburguesada destinada a todo el curso del alumno ganador, además del correspondiente diploma y la publicación de los escritos en distintos medios. Los segundos puestos obtendrán un ejemplar del libro "Trazos de vida" junto a su diploma, mientras que los terceros lugares recibirán un diploma de honor. La sola participación en la convocatoria implica la aceptación de estas condiciones normativas.

El relevamiento, elaborado sobre la base de los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS) del Ministerio de Seguridad de la Nación, indica que en el último año la tasa nacional alcanzó los 11,8 casos consumados por cada 100.000 habitantes. Este indicador desplazó a los siniestros viales como la causa principal de mortalidad entre adolescentes y jóvenes de 15 a 34 años, posicionando al país en el segundo lugar de la región, solo por detrás de Uruguay.

En el territorio nacional, la distribución del fenómeno evidencia una pronunciada disparidad. La provincia de Entre Ríos encabeza la nómina con la tasa más elevada del país, registrando 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes. A la nómina con los índices más comprometidos se suman San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca. Al examinar los volúmenes absolutos de 2025, la provincia de Buenos Aires acumuló 1977 hechos (un 38 % del total nacional), seguida por Santa Fe con 461, Córdoba con 371 y Entre Ríos con 288 casos, concentrando entre estas cuatro jurisdicciones cerca de seis de cada diez decesos reportados.

El estudio detalla una "transmutación de la violencia letal" en la sociedad argentina. Mientras los homicidios dolosos descendieron de 5,2 a 3,6 cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2025, las muertes autoinfligidas crecieron hasta casi cuadruplicar los registros de delitos fatales. Los especialistas señalan que la problemática responde a factores multicausales, entre los que inciden trastornos de ansiedad, depresión, consumos problemáticos de sustancias y dificultades financieras. Asimismo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) subrayó que el contexto exige una respuesta estatal urgente mediante políticas públicas integrales y asignación presupuestaria para la prevención y la salud mental.

Para abordar esta problemática de manera comunitaria, los profesionales recomiendan estar atentos a posibles señales de alerta en el entorno cercano. Entre las principales conductas a observar figuran los cambios abruptos de humor, enojos reiterados, tristeza persistente y pensamientos de estructura rígida. Se suman la falta de concentración, el aislamiento continuo, la alteración del sueño o la alimentación, el retraimiento en las relaciones personales y la desconexión del grupo de pares. También resultan relevantes las consultas médicas frecuentes por fatiga o dolores difusos, los sentimientos de frustración ante pequeñas contrariedades, las manifestaciones de soledad o las menciones directas a ideas de autoeliminación.

(Fuente: La Nación)

En las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná, se llevó a cabo la presentación formal del informe técnico denominado “La situación de la salud mental en Entre Ríos: aportes del Órgano de Revisión de Salud Mental: Informe de Gestión 2025”. El acto de exposición fue coordinado por el defensor general, Maximiliano Benítez, en su carácter de presidente de la entidad, y contó con la presencia de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher.

Durante el encuentro se detalló que, conforme a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, este Órgano de Revisión funciona con un estatus de independencia técnico-institucional dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa. Las autoridades hicieron mención además a las líneas de acción que se ejecutan de manera conjunta a partir de la conformación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma). Asimismo, desde la presidencia del organismo se señalaron las dificultades presupuestarias que condicionan la plena aplicación de la normativa vigente, haciendo hincapié en el incumplimiento del otorgamiento del 10% del presupuesto total del área de Salud.

Por su parte, el secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, expuso la metodología de trabajo interna del Plenario y de la Secretaría Ejecutiva. En su intervención, explicitó que el plan operativo anual de la institución se estructura en dos ejes fundamentales: la supervisión directa de los establecimientos y la promoción activa de derechos. El balance de gestión presentado obtuvo la aprobación unánime de la totalidad de los miembros plenaristas.

De la jornada participaron los integrantes del Plenario del ORSMER, entre quienes se encontraban Esteban Dávila, director general de Salud Mental; María Emma Bargagna, directora general de Derechos Humanos; y Lorena Calí, secretaria de la Defensoría General. También asistieron representantes de organizaciones civiles y sectoriales, tales como Norberto González y Brenda Fael por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental (AUFASAM); Laureana Espasandín y Margarita Cermelli —esta última por medio de una presentación escrita— en representación de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER); y Federico Manavella junto a Candela Volpe por la organización Hogar de Cristo Paraná.

El desglose de los puntos principales del documento estuvo a cargo del Equipo Técnico Interdisciplinario del Órgano de Revisión, compuesto por los profesionales Gervasio Anzola, Luisina Franco Mangioni, Javier Schubert, Julia Russo y Cynthia Protzman. Al encuentro asistieron además la secretaria de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, Ayelén Acosta; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el director general de Hospitales, Mauro González; la Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona, junto a agentes de la Policía de Entre Ríos, el Copnaf y efectores sanitarios.

El Informe de Gestión se encuentra disponible para su descarga en el sitio web oficial del Ministerio Público de la Defensa y aborda los siguientes ejes de relevamiento:

Setenta años después de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad. La sentencia, dictada por la jueza Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución, y dispuso un conjunto de medidas de reparación y preservación de la memoria para las víctimas y sus familiares.

El fallo representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez. Allí, varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora. Aquellos acontecimientos fueron reconstruidos y difundidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, considerada obra fundacional del periodismo de investigación en América Latina.

La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a pocos metros del lugar de los fusilamientos. La magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda en Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.

Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde se produjo la ejecución. Murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete sobrevivieron, entre ellos Juan Carlos Livraga, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias.

La jueza calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido prisión perpetua. “Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, fundamentó.

El juicio se desarrolló en tres jornadas con la participación de familiares, investigadores, periodistas y organismos de derechos humanos. El contexto histórico fue central: los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. La represión incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de Buenos Aires, con un saldo de 31 militantes asesinados.

Entre las medidas reparatorias ordenadas figuran la rehabilitación del buen nombre de las víctimas, la publicación de la sentencia en boletines oficiales, la incorporación de los hechos en contenidos educativos y la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a la masacre. Además, se dispuso la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez y la inclusión de los nombres de las víctimas en el registro estatal de violencia institucional.

El antecedente inmediato fue el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando se reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas en Chaco. Para los familiares, el fallo constituye una reparación largamente esperada. “Que esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, expresó Berta Carranza, hija de uno de los fusilados.

Los fundamentos completos se darán a conocer el 16 de julio, pero el veredicto ya quedó inscripto como una decisión histórica: por primera vez la Justicia argentina reconoció formalmente que los fusilamientos de José León Suárez fueron crímenes de lesa humanidad, reafirmando el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la democracia.

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus famliares y allegados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, minutos antes de su muerte, la habían sedado "porque ya su cuerpito no aguantaba más": "Gracias por haber acompañado sus relatos ...nos dio mucha felicidad a todos", manifestaron.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, es una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Fuente: AgenciaNA

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En Morón, provincia de Buenos Aires, se inauguró un nuevo Sitio de Memoria en homenaje a María Elena Bugnone Cepeda de Bonafini, docente y militante secuestrada y desaparecida por el terrorismo de Estado el 25 de mayo de 1978. La señalización se ubica a pocos metros del lugar donde vivía y fue el resultado de un trabajo de investigación impulsado por la Escuela Dr. Ramón Carrillo junto a la Dirección de Derechos Humanos del municipio.

El proyecto surgió del compromiso de docentes, estudiantes y autoridades que decidieron reconstruir las historias de los educadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Entre esos nombres, eligieron recordar a María Elena, conocida como “La Negrita”, por su trayectoria, su entrega y su vínculo con la comunidad.

María Elena nació el 30 de mayo de 1953 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Era la menor de siete hermanos y cursó sus estudios en el Colegio Villa Malvina, donde se recibió de bachiller en Letras. Desde joven participó en espacios comunitarios como La Casa de la Juventud y en los campamentos organizados por el sacerdote Guillermo Exner en Maciel, Santa Fe.

Más tarde estudió Psicología en Rosario y luego se trasladó a La Plata, donde conoció a Jorge Bonafini, con quien se casó en enero de 1975. La persecución política alcanzó a su familia: Jorge fue secuestrado en febrero de 1977, y meses después también su hermana Marta y su cuñado. Tras esos hechos, María Elena se mudó a Buenos Aires, donde continuó su militancia hasta su secuestro en mayo de 1978, cuando tenía apenas 24 años.

El acto de señalización en Morón contó con la presencia del director de Derechos Humanos, Gustavo Moreno, quien abrió la jornada. Luego, Ticiana Rey, directora de la Escuela Dr. Ramón Carrillo, relató el proceso de investigación realizado junto a docentes y alumnos. También participó Demetrio Iramain, integrante de Madres de Plaza de Mayo, quien destacó la importancia de seguir construyendo memoria “en el contexto actual”.

El cierre estuvo a cargo de Adriana, cuñada de María Elena, y Silvina, su sobrina, quienes agradecieron el homenaje y recordaron su legado.

Entre los presentes se encontraban sobrevivientes del terrorismo de Estado, representantes del Instituto Espacio Memoria, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, funcionarios municipales y equipos de trabajo de Derechos Humanos, Educación e Inclusión.

La segunda jornada de diálogo instalada este jueves en la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) arrancó nuevamente sin la presencia de los principales dirigentes de los sectores movilizados, lo que mantiene trabadas las posibilidades de acuerdo tras 28 días de bloqueos y protestas en el país.

Ni el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ni el dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, asistieron al encuentro convocado por la Iglesia Católica, pese a las gestiones realizadas desde el Gobierno y organismos mediadores durante las últimas horas. Incluso el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, invitó personalmente a los dirigentes, pero la convocatoria fue desoída.

En paralelo, referentes de organizaciones sociales de la COB y de la Federación Túpac Katari anunciaron la convocatoria a un cabildo nacional con el objetivo de definir la continuidad de las movilizaciones y evaluar una eventual participación en el diálogo promovido por el Ejecutivo. El exdirigente David Mamani sostuvo que cualquier decisión debe surgir de las bases movilizadas: “Vamos a convocar a un gran cabildo nacional para que las bases decidan si vamos al diálogo o continuamos la lucha con mayor fuerza hasta que se vaya Rodrigo Paz”.

La reunión convocada por la Iglesia contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; el vicepresidente Lara; representantes de derechos humanos y delegados de instituciones mediadoras. El secretario general de la CEB, monseñor Giovani Arana, reconoció que la presencia de los dirigentes movilizados resultaba clave para avanzar hacia soluciones concretas frente a la crisis.

Aunque destacó el inicio de espacios de acercamiento, la falta de representantes de la COB y de la Túpac Katari dejó nuevamente sin interlocutores directos a una mesa instalada precisamente para buscar acuerdos con los sectores que sostienen los bloqueos. Desde el entorno de la COB condicionaron la participación de Argollo a la suspensión de la orden de aprehensión que pesa en su contra.

El miércoles, el presidente Rodrigo Paz volvió a convocar al diálogo a los campesinos de Túpac Katari y a la COB, que lideran las protestas en demanda de su renuncia. Sin embargo, advirtió que era “por última vez”.

El día 28 del conflicto comenzó con 66 puntos de bloqueo en las rutas. El departamento de La Paz sigue siendo la región más afectada con 21 cortes, seguido por Potosí y Cochabamba con 14 y 12, respectivamente.

Fuente: Agencia NA

Este lunes comenzó en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio por el triple lesbicidio e intento de asesinato ocurrido en Barracas en mayo de 2024. El único acusado es Justo Fernando Barrientos, detenido en el penal de Ezeiza, señalado como responsable de lanzar una bomba molotov que provocó un incendio en la pensión de la calle Olavarría al 1600, donde vivían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Castro y Sofía Castro Riglos.

Las audiencias iniciarón a las 9:30 con la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. Sofía, la única sobreviviente, no comparecerá por recomendación médica, aunque allegados señalaron que su deseo más profundo sería declarar. La segunda citación será el 22 de mayo y las siguientes se realizarán cada diez días hábiles.

La acusación contra Barrientos está caratulada como “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa”. La querella había solicitado que se lo juzgue por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio) y odio a la orientación sexual (lesbicidio), cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

El Ministerio Público Fiscal pidió que se apliquen los agravantes de prejuicio hacia las víctimas, la alevosía y el peligro común. “Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque”, remarcaron fuentes judiciales.

Pamela falleció el 7 de mayo de 2024 en el Instituto del Quemado, un día después del incendio. Roxana murió dos días más tarde con el 90% de su cuerpo quemado, mientras que Andrea, de 42 años y oriunda de Neuquén, perdió la vida tras cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía sobrevivió luego de permanecer internada un mes con graves quemaduras.

Organizaciones feministas y de derechos humanos acompañarán el inicio del juicio, reclamando justicia por las víctimas y visibilizando la violencia ejercida por odio a la orientación sexual. El proceso judicial se convierte en un caso testigo para el reconocimiento del lesbicidio como figura agravante en los crímenes de odio.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

El hallazgo de restos humanos en los terrenos aledaños al ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, volvió a conmover a familiares de desaparecidos y a organizaciones de derechos humanos. Tras décadas de búsqueda, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar nuevas víctimas, en un proceso que combina ciencia, memoria y justicia.

Entre los casos confirmados se encuentra el de Ester Felipe y Luis Mónaco, secuestrados en enero de 1978. Su hija, Paula Mónaco Felipe, recibió la noticia desde México, donde vive desde 2004. “Pese al esfuerzo miserable que hicieron por esconderlos, los encontramos. Mi familia se quita una capa gris y vuelve a vivir en colores”, expresó emocionada. Paula tenía apenas 25 días cuando sus padres fueron secuestrados; se crió con sus abuelos y desde joven se sumó a la militancia en organismos de derechos humanos.

Otro de los nombres identificados fue el de Graciela Doldán, abogada laboralista y militante de Montoneros, secuestrada en abril de 1976. Su hermano Roberto celebró el hallazgo: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”. La familia Doldán, como tantas otras, sostuvo la búsqueda durante décadas, convencida de que la desaparición es también una forma de tortura para los allegados.

La militante Graciela Geuna, sobreviviente de La Perla y compañera de cautiverio de Doldán, también participó de la jornada. Su marido, Jorge Omar Cazorla, continúa desaparecido. “Nuestros desaparecidos son un colectivo bajo tierra, pero también estuvieron juntos en ideales. Necesitamos más recursos para acelerar las excavaciones porque se nos va la vida”, reclamó.

El EAAF recogió más de 1200 piezas óseas en las excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre del año pasado. Ya hubo dos tandas de identificaciones, y el juez federal Hugo Vaca Narvaja anunciará oficialmente los nuevos nombres en conferencia de prensa.

La magnitud del hallazgo recuerda la operación de encubrimiento que realizaron los represores en 1979, cuando levantaron cuerpos con maquinaria pesada para ocultar pruebas ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la tierra guardó fragmentos suficientes para que hoy puedan ser identificados.

Los familiares insisten en que el Estado argentino debe redoblar esfuerzos: “No se puede construir una democracia sólida con miles de hombres y mujeres insepultos. La reparación tiene que ser ya”, señaló el abogado Ramiro Fresneda, hijo de desaparecidos. También reclaman que los militares condenados y quienes aún guardan información digan dónde están los cuerpos.

El hallazgo de Ester, Luis y Graciela es un paso más en la larga lucha por memoria, verdad y justicia. Para las familias, significa transformar la ausencia en presencia, la tristeza en impulso y la búsqueda en encuentro. Como dijo Paula: “Ahora estoy empezando a entender todo lo que cabe en el verbo encontrar”.

Fuente: Página 12

En medio del debate nacional sobre la Ley de Salud Mental N° 26.657, el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) hizo pública su preocupación por el proyecto de reforma que actualmente se discute en el Senado de la Nación. A través de una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Marcela Arrascaeta, la Secretaría Ejecutiva del organismo, junto con su equipo técnico y tres integrantes del Plenario, manifestó su “firme respaldo al marco normativo vigente” y su “profunda preocupación ante el proyecto de reforma en tratamiento”.

Los firmantes señalaron que el contexto actual evidencia una grave crisis en el sistema de salud mental, marcada por la insuficiencia de recursos, la falta de dispositivos comunitarios adecuados y las dificultades para garantizar el acceso efectivo a prestaciones integrales e interdisciplinarias. “La prioridad no debe centrarse en modificar la legislación vigente, sino en asignar recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan su plena implementación”, remarcaron.

Además, el ORSMER adhirió a los pronunciamientos recientes de autoridades de salud mental de 18 provincias y de otros órganos de revisión, que defendieron políticas públicas basadas en inclusión social, abordajes interdisciplinarios y respeto por los derechos humanos.

Con este pronunciamiento, el Órgano de Revisión de Entre Ríos busca instalar un mensaje claro: la verdadera urgencia está en fortalecer el sistema con recursos y dispositivos comunitarios, no en retroceder en derechos conquistados.

Con la participación de referentes institucionales y organizaciones de la sociedad civil, el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) inició un nuevo periodo de sesiones. La novedad más destacada fue la incorporación del Hogar de Cristo, que se suma al plenario para aportar su experiencia en la defensa de los derechos humanos.

La principal novedad fue la incorporación de la Cooperativa de Trabajo Familia Hogar de Cristo – Lourdes Paraná Limitada, que representará a las organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos durante el periodo 2026-2027. La presencia del Hogar de Cristo refuerza la participación comunitaria en el plenario y aporta una mirada cercana a las realidades sociales que atraviesan las personas con padecimientos mentales.

Durante el encuentro se realizó un intercambio sobre el proyecto presentado en el Congreso de la Nación para modificar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, analizando los cambios propuestos y su posible impacto en la provincia. Además, la Secretaría Ejecutiva presentó el plan anual de acciones y se aprobó el informe de gestión correspondiente a 2025, que detalló las actuaciones realizadas en el último año.

Estuvieron presentes el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de distintas organizaciones. Por el Hogar de Cristo participaron Candela Volpe y Federico Manavella, quienes se suman al trabajo conjunto con Aufasam y la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER).

La incorporación del Hogar de Cristo al plenario del ORSM marca un paso importante en la construcción de un espacio plural y participativo, donde el Estado y la sociedad civil trabajan de manera articulada para garantizar el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental. El compromiso asumido por la nueva integración busca fortalecer la transparencia, la profesionalización y la defensa de la dignidad de las personas, consolidando al organismo como un referente en la materia.

Pasadas las 11 de la mañana de este viernes 1° de mayo, el mausoleo del Cementerio Norte de Gualeguaychú volvió a ser escenario de la tradicional ceremonia con la que el movimiento obrero local conmemora el Día Internacional del Trabajador.

La fecha, que evoca la lucha universal por los derechos laborales, tiene en la ciudad un significado especial: recuerda también los enfrentamientos y muertes ocurridos en la jornada sangrienta de la Plaza San Martín.

Referentes de la CGT Regional, las dos CTA, ATE y otros gremios se congregaron en el acto, cuyo momento central fue la lectura del documento oficial por parte de Claudio de Los Santos, titular de la CGT Gualeguaychú. Bajo el título “El trabajo es con derecho o es esclavo”, el texto repasó la situación actual de la clase trabajadora y ratificó el compromiso gremial con la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la unidad del movimiento obrero.

El acto incluyó además un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura, en coincidencia con los 49 años de la primera marcha de Madres de Plaza de Mayo. En ese marco, la ofrenda floral fue colocada conjuntamente por una representante de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú y un trabajador, gesto que unió la memoria obrera con la de los derechos humanos.

La ceremonia culminó con la exhibición de la histórica bandera roja de la Federación Obrera Departamental, símbolo de las luchas sindicales en la región, que se desplegó como legado vivo de generaciones de militancia.

El documento gremial fue contundente: “Atravesamos un contexto crítico, con políticas económicas que benefician a unos pocos y desmantelan nuestras industrias. No nos resignamos. Estamos convencidos de que un trabajo digno para todas y todos es posible y es el único camino para la reconstrucción de la Patria”.

Con esa consigna, los gremios locales cerraron la jornada reafirmando que el Día del Trabajador es, más que nunca, una fecha de lucha, memoria y unidad.

El Foro de Periodismo Argentino denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión del Gobierno nacional de suspender las acreditaciones de prensa. Fopea advirtió sobre un grave deterioro de los estándares de libertad de expresión y el derecho a la información en el país.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) presentó el jueves 23 de abril una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la medida que impide el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Este lunes 27 de abril, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH hizo pública su preocupación por el caso e instó al Estado a revisar la restricción, exigiendo que se ajuste a los estándares internacionales en la materia.

La presentación, dirigida al presidente de la CIDH, Sr. Edgar Stuardo Ralón Orellana, detalla que la decisión oficial de inhabilitar de manera generalizada a los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo constituye un hecho de extrema gravedad institucional. Por primera vez en décadas, los pasillos de la sede de gobierno se encuentran sin presencia periodística, lo que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno.

Esta nueva denuncia da continuidad a los planteos iniciados en noviembre de 2025 en Miami, durante una audiencia pública del 194° Período de Sesiones de la Comisión. En dicho espacio, Fopea ya había advertido ante los comisionados sobre los riesgos para el periodismo local. "Hoy, ese camino se profundiza y se refuerza el pedido de una misión especial en la Argentina, como respuesta necesaria ante el creciente deterioro de la libertad de expresión", informó Fopea.

La restricción, que se originó tras un registro de imágenes realizado dentro de la Casa Rosada por un equipo del canal Todo Noticias (TN), derivó no solo en una denuncia penal contra los periodistas involucrados, sino en la suspensión de las acreditaciones de la totalidad de los cronistas por parte del Gobierno nacional.

Fopea reiteró que el libre acceso a la Casa Rosada, bajo normas de seguridad razonables, es fundamental dado su carácter de espacio público y centro del poder político. Impedir que la prensa trabaje allí limita la posibilidad de que la sociedad conozca y comprenda la actividad de sus gobernantes.

En este sentido, se indicó que se analizan nuevas acciones en caso de que esta situación no se revierta de inmediato. "Fopea insta una vez más al Gobierno nacional a restablecer el sistema de acreditaciones y a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático", finalizó la entidad.