Ya son 160 los muertos por la devastadora crecida de un río en Nepal, que golpeó este miércoles la región fronteriza con China y dejó, además, cientos de personas desaparecidas. El desastre arrasó viviendas, camiones, caminos y otras instalaciones en los distritos de Rasuwa y Nuwakot.

De acuerdo con los últimos balances difundidos por medios internacionales, las autoridades recuperaron 157 cuerpos del lado nepalí, mientras que China confirmó otras tres víctimas fatales en la región del Tíbet. Las cifras permanecían sujetas a modificaciones debido a la magnitud de la emergencia y las dificultades para acceder a las áreas afectadas.

Los equipos de rescate trabajaban entre grandes acumulaciones de barro, piedras y restos de construcciones. Además de habitantes de las localidades alcanzadas, entre los desaparecidos había integrantes de las fuerzas de seguridad y turistas extranjeros que recorrían la región montañosa.

El número de víctimas aumentó con el paso de las horas

El primer balance oficial había informado 95 fallecidos en Nepal. “Hasta el momento se han registrado 95 muertos”, había declarado el portavoz policial Abi Narayan Kafle, quien también señaló que unos 28 efectivos permanecían desaparecidos.

Sin embargo, la cantidad de víctimas aumentó a medida que los rescatistas pudieron ingresar en nuevas zonas y retirar cuerpos de los escombros. Las autoridades advirtieron que el número definitivo podría ser mayor, debido a la cantidad de personas que todavía no habían sido localizadas.

El torrente de agua, lodo y piedras avanzó con una fuerza devastadora por el cauce del río Bhote Koshi. Imágenes difundidas por la Policía de Nepal mostraron casas destruidas, calles completamente cubiertas de barro y vehículos arrastrados por la corriente.

Casas y camiones fueron arrastrados

La inundación golpeó con especial intensidad a Syabrubesi, una localidad utilizada como punto de partida hacia la ruta de senderismo de Langtang. El área también es transitada por peregrinos hindúes que se dirigen hacia Kailash Mansarovar.

Suman Chalise, un profesor de 34 años que presenció el avance del agua, relató a la agencia AFP: “Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas. Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”.

La crecida también destruyó puentes, bloqueó rutas y afectó instalaciones vinculadas con la producción y el transporte de energía. Varias comunidades quedaron aisladas, lo que complicó la llegada de los equipos de emergencia y el traslado de los heridos.

Operativo aéreo para buscar sobrevivientes

El Ejército de Nepal desplegó 14 helicópteros y grupos especializados para buscar sobrevivientes, recuperar cuerpos y evaluar los daños. Las autoridades locales también solicitaron colaboración a China y la India para reforzar las tareas humanitarias.

El Gobierno nepalí declaró zona de desastre durante tres meses a las áreas afectadas. La medida permitió movilizar recursos extraordinarios y coordinar acciones de asistencia para las familias que perdieron sus viviendas.

Del lado chino, un torrente de barro alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong, en el Tíbet. El presidente Xi Jinping ordenó desplegar una operación de rescate “a gran escala” y pidió utilizar todos los recursos disponibles para localizar a los desaparecidos y asistir a los heridos.

Investigan qué provocó la tragedia

El científico Qianggong Zhang, del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de la Montaña, señaló que la inundación podría haberse originado por una avalancha de hielo y rocas que cayó sobre un curso de agua conectado con el Bhote Koshi.

La causa exacta todavía se encontraba bajo investigación. Entre las hipótesis se analizaban un eventual movimiento sísmico, el desprendimiento de una masa glaciar o la formación y posterior ruptura de un bloqueo natural en el río.

Las inundaciones y los deslizamientos son habituales durante la temporada del monzón en Nepal y otras regiones del sur de Asia. No obstante, especialistas advirtieron que el aumento de las temperaturas y el retroceso de los glaciares incrementaron el riesgo de fenómenos repentinos y destructivos en la cordillera del Himalaya.

Mientras continuaba la búsqueda de sobrevivientes, las autoridades mantenían la alerta ante posibles nuevas crecidas y desprendimientos. La prioridad estaba concentrada en llegar a las comunidades aisladas y determinar la cantidad definitiva de víctimas.

Los momentos de angustia que atravesaban dos familias argentinas llegó a su fin este martes, cuando se confirmó que Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54, fueron encontrados con vida tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el fin de semana. Ambos permanecían incomunicados desde el momento del sismo, lo que había generado preocupación y movilizado a la Cancillería argentina, medios de comunicación y allegados.

Cáceres, oriundo de San Juan, se encontraba en la localidad de Dosquebradas, departamento de Risaralda, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. La noticia de su aparición llegó alrededor de las 14.30, cuando una vecina del sector logró reconocerlo a partir de un flyer difundido en redes sociales. La mujer le facilitó su teléfono y así pudo establecer contacto con su hija, Carla, quien relató emocionada el momento del reencuentro.

“Lo contactamos gracias a alguien que vio el flyer y las noticias. La espera fue eterna, pero logré hablar con él, lo pude ver, sé que está bien, él y su pareja”, contó Carla. Según detalló, Cáceres sufrió golpes en las piernas y la espalda producto de caídas durante el temblor, aunque aclaró que no se trata de lesiones graves. La zona donde se encuentra aún permanece sin electricidad y con dificultades de acceso para los equipos de rescate.

Por su parte, Ricchetti, periodista radicado en Pereira desde hace más de dos décadas, también pudo comunicarse con su familia en Argentina. Su hermana Roxana confirmó que minutos antes de las 18 recibió un audio en el que él aseguraba que estaba bien junto a su entorno. “Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada. El lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Fue una angustia enorme no saber de él”, relató.

La mujer destacó la importancia de haber recuperado la comunicación y pidió que se refuercen los mecanismos oficiales para asistir a quienes aún permanecen incomunicados. “Ojalá todos puedan tener la suerte que tuve yo, que el Gobierno ayude a poder comunicarse de alguna forma. Es muy difícil, es una angustia enorme no saber de la persona”, expresó.

Ricchetti se encontraba en el barrio La Victoria, en Pereira, junto a su familia. Allí vive desde hace 24 años y desarrolla su actividad profesional. Aunque no brindó mayores detalles sobre cómo atravesó el sismo, aseguró que lo hará cuando se restablezca la conexión de manera más estable.

El terremoto, de magnitud 7,4, dejó severos daños en varias ciudades colombianas, con cortes de luz, derrumbes y dificultades en las comunicaciones. La Cancillería argentina había activado un protocolo de búsqueda para localizar a los connacionales, en coordinación con autoridades locales.

La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio aumentó este martes a 3.685, lo que representa incremento de 150 víctimas mortales respecto al cómputo del lunes. El número de heridos se mantiene congelado en 16.740, según el más reciente balance oficial.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que los equipos de rescate han salvado a 6.462 personas –dato que no registra cambios desde el jueves–, mientras que 17.907 ciudadanos perdieron sus viviendas. Para atender la emergencia, las autoridades habilitaron 87 campamentos transitorios, 5 más que la jornada anterior.

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que las afectaciones estructurales se mantienen en 856 edificios dañados y 190 colapsados.

Según los datos suministrados por el Ejecutivo, el plan de contingencia ha atendido a 86.794 familias con la distribución de 9.603 toneladas de alimentos. En las zonas afectadas permanecen desplegados 29.567 integrantes del Ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado, que trabajan junto con un contingente de 28.362 voluntarios registrados.

A pesar de que el gobierno dispuso de una línea telefónica y una plataforma digital para reportar extravíos, la data oficial de personas en paradero desconocido no se actualiza desde el 25 de junio –un día después de los terremotos, cuando se contabilizaban 157 casos.

Esta cifra contrasta con los datos de la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, la cual registra más de 30.000 reportes de personas cuyo paradero aún no se ha podido confirmar.

Un sismo de magnitud 4,7 volvió a registrarse este viernes frente a la costa norte de Venezuela, mientras el país continúa enfrentando las consecuencias de los fuertes terremotos ocurridos en los últimos días, que dejaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:16 UTC y tuvo su epicentro frente a la costa central venezolana, en una zona caracterizada por la intensa actividad sísmica generada por la interacción entre las placas del Caribe y Sudamérica.

El organismo precisó que el terremoto alcanzó una magnitud de 4,7 y se produjo a una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que favoreció que el temblor fuera percibido por habitantes de distintas localidades cercanas al epicentro.

Hasta el momento no se reportaron nuevas víctimas ni daños materiales como consecuencia de este evento. Sin embargo, el sismo forma parte de la secuencia de réplicas y movimientos posteriores que mantienen en alerta a las autoridades y a la población afectada por la catástrofe.

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más golpeadas, especialmente en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre tras los terremotos. Allí siguen las tareas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes, con la colaboración de brigadas internacionales.

La situación humanitaria continúa siendo delicada debido a los graves daños en la infraestructura, el elevado número de personas damnificadas y el riesgo de nuevos movimientos sísmicos. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la actividad tectónica y advirtieron que podrían registrarse nuevas réplicas en los próximos días.

La cifra de víctimas por el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela continúa aumentando de forma dramática. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó de manera oficial que ya se registran al menos 920 personas fallecidas y 3.360 heridos. La emergencia es crítica en el norte del país y las autoridades advierten que al menos 172 personas permanecen atrapadas de forma constatada bajo las estructuras colapsadas, mientras que desde la ONU estiman que el número de desaparecidos podría ser significativamente mayor debido a la magnitud de los destrozos.

El desastre comenzó el pasado miércoles cuando dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon la región costera en menos de dos minutos, convirtiéndose en el evento sísmico más intenso documentado en Venezuela en más de un siglo. La zona de La Guaira y Caraballeda se consolidó como el epicentro de la destrucción. A pesar del panorama desolador, los equipos de emergencia lograron hitos esperanzadores tras rescatar con vida a 243 personas en La Guaira, incluyendo a dos hombres que sobrevivieron más de 30 horas sepultados por el hormigón.

Frente a la magnitud de la catástrofe, una masiva red de ayuda internacional se desplegó en el territorio de forma inmediata. Contingentes de rescate y asistencia médica provenientes de 17 países —entre los que destacan equipos especializados de Suiza, México, Colombia y Ecuador— arribaron al aeropuerto de Maiquetía, el cual fue habilitado exclusivamente para vuelos humanitarios y oficiales debido a los daños que sufrió en su estructura. Paralelamente, el gobierno estadounidense envió al mayor general del Cuerpo de Marines para coordinar las tareas de asistencia en el terreno.

Sin embargo, las tareas de rescate y la contención de la población civil se ven severamente afectadas por un colapso energético generalizado. Una falla masiva en una línea de transmisión eléctrica de la región central mantiene a oscuras a las zonas más próximas al epicentro. Esto no solo dificulta el traslado y la atención de los heridos en los hospitales, sino que también paralizó la actividad económica y logística del país: la refinería El Palito y el Complejo Petroquímico Morón se encuentran prácticamente fuera de servicio, mientras que el puerto de La Guaira permanece cerrado y las operaciones en Puerto Cabello son apenas parciales.

La familia de Crescencio Marotta ha recorrido hospitales, refugios y edificios colapsados sin encontrar una respuesta. Su nombre figura en los reportes de personas desaparecidas o incomunicadas registrados tras el terremoto que sacudió Venezuela.

Las primeras 24 horas después del doble terremoto que sacudió Venezuela han estado marcadas por la incertidumbre y una búsqueda contrarreloj de sobrevivientes. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, poco después de las 18.00 (hora local), y se convirtieron en la peor catástrofe sísmica de la historia moderna del país. Las zonas más afectadas fueron La Guaira, Caracas y otras localidades del centro-norte venezolano.

Según el balance oficial ofrecido por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, la tragedia deja hasta el momento 235 fallecidos, 4.300 heridos y 157 personas desaparecidas. Y en el boletín pasado se informaron más de 200 personas atrapadas bajo los escombros, 250 edificios destruidos y 2.927 familias sin hogar.

Sin embargo, organizaciones ciudadanas advierten que el número de personas cuyo paradero se desconoce podría ser mayor. El Buscador de personas desaparecidas, localizadas y atendidas tras el terremoto, impulsado por la Red de Periodistas Venezolanas, ha recibido cerca de 500 reportes de personas desaparecidas o incomunicadas desde el inicio de la emergencia.

“Surge como una respuesta urgente frente a la emergencia. Cuando pasan estas cosas vemos cómo el sistema de salud colapsa, los bomberos trabajan en las peores condiciones y Protección Civil no se da abasto. En un país donde el acceso a la información es cada vez más difícil, contar con información confirmada y oportuna puede ayudar muchísimo a las familias”, explicó Valeria Pedicini, periodista e impulsora de la iniciativa de la Red de Periodistas Venezolanas.

Otro sitio, desaparecidosterremotovenezuela.com, registra cifras más alarmantes: 49.822 personas que aún no se contactaron con quienes los buscan.

Mientras continúan las labores de rescate, miles de venezolanos recorren hospitales, refugios temporales y centros de atención en busca de noticias de sus familiares. Otros revisan listados de pacientes o publicaciones en redes sociales, mientras las fallas en los servicios de telefonía e internet dificultan el intercambio de información.

La situación más crítica se vive en La Guaira, la ciudad costera que concentra buena parte de los daños provocados por los terremotos. Allí, decenas de edificios colapsaron y los equipos de rescate continúan buscando a cientos de personas entre los escombros.

Los registros de la Red de Periodistas Venezolanas indican que más de 400 de los reportes de personas desaparecidas o incomunicadas corresponden a esta zona del país, convertida en el principal foco de las operaciones de búsqueda.

Entre esos casos estuvo el de Camila Márquez, quien permaneció casi 24 horas sin comunicarse con su familia después del terremoto. Sus allegados difundieron su fotografía en redes sociales hasta que, cerca de las 17.00 (hora local), su hermana Sophia confirmó que había sido localizada con vida.

La incertidumbre continúa para otras familias. Crescencio Marotta y Gladys Ríos permanecen desaparecidos desde el colapso del edificio Solymar, en el sector Los Corales de La Guaira. En ese mismo inmueble también es buscado Sebastián Valencia. Sus familiares, dentro y fuera de Venezuela, mantienen una intensa campaña para difundir sus fotografías y obtener cualquier información sobre su paradero.

“Mis primos y mi hermano están allá tratando de levantar los escombros. En realidad, es la propia comunidad la que está intentando sacar a las personas. Hemos publicado en las redes sociales y también en el portal para desaparecidos”, relató Bárbara Mendoza, sobrina del matrimonio desaparecido.

A medida que pasan las horas, la esperanza de encontrar sobrevivientes convive con la angustia de cientos de familias que siguen sin respuestas. En una emergencia donde las comunicaciones son limitadas y la información circula con dificultad, cada reporte, cada fotografía compartida y cada nombre confirmado representan una posibilidad de reencontrarse.

En Morón, provincia de Buenos Aires, se inauguró un nuevo Sitio de Memoria en homenaje a María Elena Bugnone Cepeda de Bonafini, docente y militante secuestrada y desaparecida por el terrorismo de Estado el 25 de mayo de 1978. La señalización se ubica a pocos metros del lugar donde vivía y fue el resultado de un trabajo de investigación impulsado por la Escuela Dr. Ramón Carrillo junto a la Dirección de Derechos Humanos del municipio.

El proyecto surgió del compromiso de docentes, estudiantes y autoridades que decidieron reconstruir las historias de los educadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Entre esos nombres, eligieron recordar a María Elena, conocida como “La Negrita”, por su trayectoria, su entrega y su vínculo con la comunidad.

María Elena nació el 30 de mayo de 1953 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Era la menor de siete hermanos y cursó sus estudios en el Colegio Villa Malvina, donde se recibió de bachiller en Letras. Desde joven participó en espacios comunitarios como La Casa de la Juventud y en los campamentos organizados por el sacerdote Guillermo Exner en Maciel, Santa Fe.

Más tarde estudió Psicología en Rosario y luego se trasladó a La Plata, donde conoció a Jorge Bonafini, con quien se casó en enero de 1975. La persecución política alcanzó a su familia: Jorge fue secuestrado en febrero de 1977, y meses después también su hermana Marta y su cuñado. Tras esos hechos, María Elena se mudó a Buenos Aires, donde continuó su militancia hasta su secuestro en mayo de 1978, cuando tenía apenas 24 años.

El acto de señalización en Morón contó con la presencia del director de Derechos Humanos, Gustavo Moreno, quien abrió la jornada. Luego, Ticiana Rey, directora de la Escuela Dr. Ramón Carrillo, relató el proceso de investigación realizado junto a docentes y alumnos. También participó Demetrio Iramain, integrante de Madres de Plaza de Mayo, quien destacó la importancia de seguir construyendo memoria “en el contexto actual”.

El cierre estuvo a cargo de Adriana, cuñada de María Elena, y Silvina, su sobrina, quienes agradecieron el homenaje y recordaron su legado.

Entre los presentes se encontraban sobrevivientes del terrorismo de Estado, representantes del Instituto Espacio Memoria, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, funcionarios municipales y equipos de trabajo de Derechos Humanos, Educación e Inclusión.

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, requirió al Tribunal Oral Federal de esa misma ciudad que condene a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto (72 años) y Néstor Alfredo Gómez del Junco (74) por crímenes de lesa humanidad cometidos con su intervención directa contra nueve militantes del Partido Comunista (PC) y dos niños —hijos de dos de las víctimas—, durante un operativo de secuestros perpetrado en mayo de 1977, mientras que también acusó al segundo por su intervención en enero de 1978 en otro operativo contra adultos que habían sido también víctimas del primer caso.

«Una pena más exigua sería banalizar los crímenes de masa que han sucedido en nuestro país», sostuvo Minatta en el final de su alegato, que se extendió durante más de dos horas. «Los crímenes deben ser considerados de lesa humanidad y las penas de cumplimiento inmediato, efectivo y en cárcel común», reclamó la representante del MPF, que contó con la asistencia de la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez.

Al momento de los hechos, los acusados revistaban en el Escuadrón 6 de la Gendarmería Nacional ubicado en esa ciudad. Caserotto era el jefe de Grupo de Inteligencia de la plana mayor, mientras que Gómez del Junco era el jefe del Grupo Logística y Finanzas.

Ambos exfuncionarios fueron acusados por la fiscal como coautores de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (13 hechos en el caso de Caserotto y 11 en el de Gómez del Junco), tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en diez hechos y asociación ilícita, todos en concurso real.

La fiscal también requirió en el petitorio que, una vez que queden firmes las condenas, se efectivice la baja de los cargos que los dos acusados ostentan en la Gendarmería Nacional, y que se arbitren los medios para la señalización como sitios de memoria del terrorismo de Estado al Escuadrón 6 de esa fuerza federal situado en Concepción del Uruguay, la Unidad Penal N°4 de esa ciudad, una casa ubicada en sus afueras y el Balneario Banco Pelay, escenarios donde se desarrollaron los crímenes abordados en el proceso judicial, para lo cual pidió que se oficie a la Municipalidad local para que gestione la medida en articulación con la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y con el Registro Único de la Verdad de la provincia de Entre Ríos.

Finalmente, Minatta requirió la obtención de copias de los testimonios brindados en el juicio por diferentes víctimas de hechos que aún no fueron parte de un juicio para que se investigue esos crímenes.

Durante su alegato, la representante del MPF contextualizó la «histórica persecución» a los miembros del Partido Comunista en nuestro país y puso de relieve que durante la última dictadura «los integrantes del PC local fueron brutalmente perseguidos, cesanteados, encarcelados y severamente torturados, como en otras localidades de nuestro país». Recordó en tal sentido a «Chilo y Neco Zaragoza, Miguel Ángel Rousseaux, Manuel Liberoff, Elvio Ángel Bel, como también a los integrantes de la organización prima hermana del PC, el Partido Comunista Marxista Leninista, Guillermo Pedro Rubio, Marta Bugnone, Jorge Ayastuy, Cachito Da Dalt, Raúl Ramón Maschio, Juana María Armelín, Martín Andrés Hauscarriaga y Elda Ester Viviani. Todos ellos permanecen desaparecidos».

La noche del cumpleaños

Minatta describió los dos hechos objetos del juicio. Indicó que el primero de ellos tuvo lugar en la noche del sábado 14 de mayo de 1977, cuando personal de la Gendarmería y el Ejército llevaron a cabo un allanamiento «ilegal y violento» en el domicilio de la familia Montesino, donde se celebraba el cumpleaños de Mirta Bochatay, al que habían concurrido varios militantes del PC.

La fiscal describió que, tras apagar el asado con el líquido de las bebidas de la fiesta, militares y gendarmes —entre quienes estaban y fueron reconocidos los dos acusados— detuvieron ilegalmente a Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl y Jorge Impini, Raúl Jáuregui, Rodolfo Saldarrelli, Mirta Bochatay y Berta Muñoz. En el lugar estaban los hijos de esta última, Gabriela y Daniel Montesino, de 4 y 7 años de edad, a quienes «dejaron en su casa privados de su libertad por alrededor de diez días; no podían salir. Y con el condimento de que a Gabriela Montesinos le apuntaron con un arma amenazando a su madre de que dejara de llorar la nena porque le iban a volar la tapa de los sesos».

La fiscal narró que los hombres fueron trasladados al Escuadrón 6 y al día siguiente a la Unidad Penal N°4. «Durante todo el procedimiento fueron sometidos a golpes, insultos, pisotones, culatazos con fusiles FAL, encierro en calabozos, desnudados, interrogados y padecieron simulaciones de fusilamiento, torturas psicológicas y físicas», describió, y añadió que fueron liberados el 26 de mayo de 1977, un día después de que la jefatura del área militar 224 ordenara su liberación en el marco de las celebraciones por la Revolución de Mayo, tal como consta en documentos militares que la fiscalía exhibió en el debate.

Mirta Bochatay, en tanto, fue trasladada a la Delegación local de la Policía Federal y luego al Escuadrón 6, «donde fue violentamente interrogada por los aquí imputados».

Secuestro y torturas en Banco Pelay

El segundo hecho que llegó a debate fue el secuestro de Stur y Echeverría en el balneario Banco Pelay el 28 de enero de 1978 y su traslado posterior a una casa de la familia Bernay, donde —de acuerdo con las pruebas— «fueron sometidos a crueles torturas» y «Stur pudo ver a Gómez del Junco con la picana en la mano, aplicándoles esa modalidad de tormento físico», describió la fiscal. Por este caso solo fue acusado Gómez del Junco.

Minatta añadió que en esa oportunidad el hijo de Stur, Rubén, de entonces 13 años, «fue dejado a solas en Banco Pelay librado a su suerte», pero no imputó los delitos que surgían de esa conducta contra el niño dado que los dos acusados no fueron indagados por ello durante la investigación preliminar.

«Stur declaró en debate que los ataron con un cordón de alambre muy fino en el cuello, a Juan [Echeverría] y a él unidos, y los golpearon para ambos lados, de manera que el cordón vaya ajustando», repasó la fiscal, y añadió —citando al testigo— que «fueron golpes muy fuertes, desconociendo si era con manoplas de hierro o propinados por gente muy práctica para golpear», que incluían golpes en los oídos y que luego «les trajeron la picana para que vayan probando».

Con base en la declaración del testigo Stur, la fiscal narró que «luego a él lo tiran al suelo y le hacen la famosa palomita: lo atan de pies y manos a la espalda, tirado en el suelo. La picana recorrió todo su cuerpo; se ensañaron mucho con su sien, del lado derecho. Vio la cara de Gómez del Junco en ese momento».

Víctimas infantiles

La fiscal hizo un apartado en su exposición para abordar la violencia contra las infancias durante el terrorismo de Estado. Explicó que a diversos testigos, como a Gabriela Montesino, «en su adultez se los convocó para dar testimonio por sus padres y madres, pero no se indagaron las vulneraciones perpetradas sobre ellos y ellas. Sería justo desplazarlos del lugar de testigos de lo que padecieron sus madres/padres e iluminar sus experiencias como sobrevivientes de diversas prácticas represivas, víctimas infantiles del terrorismo de Estado».

Minatta precisó que «en el caso de las víctimas infantiles de la familia Montesino, sufrieron un patrón de privación de la libertad y tormentos padecidos en su propio domicilio».

En ese contexto, expuso que «las prácticas represivas perpetradas sobre las infancias fueron igualmente aterrorizantes y les afectaron con igual intensidad que a los adultos, a pesar de no haber sido las personas directamente perseguidas. Estas prácticas les alcanzaron individualmente y produjeron afectaciones que perduran en el tiempo», y ejemplificó que en el caso de Gabriela Motensino, de 4 años al momento de los hechos, el primer recuerdo de su infancia —declarado ante el tribunal por la víctima— fue la imagen del arma de los represores sobre su cabeza en aquella frustrada fiesta de cumpleaños.

Las pruebas

Minatta repasó las declaraciones testimoniales de las víctimas, en especial las de Stur —de 1984, 2009, dos de 2012, 2019 y 2021— y las de Echeverría —de 1984, 2009, 2013, 2019 y 2021— y resaltó las coincidencias y coherencia de los testigos. Al inicio de su exposición había citado la sentencia del juicio a las juntas de 1985 para marcar la existencia del plan criminal implementado desde la máxima esfera de poder, y en esta instancia volvió a evocar aquél texto para marcar que «la declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad». Destacó entonces que «los testimonios prestados en este debate por las víctimas se encuentran, en consecuencia, en un lugar de privilegio como fuente de convicción, tanto por el tiempo transcurrido como, sobre todo, por el marco clandestino de encubrimiento: son los que estuvieron dentro del terror y han sobrevivido para contarlo».

También repasó la prueba documental; entre otras, el “Libro de entrada de presos” de la Unidad Penal 4, que «corrobora la intervención de la Gendarmería y la fecha de los hechos», dado que las víctimas relataron que en primer lugar fueron llevadas al Escuadrón 6 y al día siguiente fueron ingresadas en la cárcel, como también los legajos personales penitenciarios de los detenidos, donde consta todo el recorrido de la privación de su libertad hasta su disposición bajo el mando del jefe del área militar 224.

Entre otros documentos, Minatta citó y exhibió en la audiencia la comunicación de las detenciones realizada por la Gendarmería al área militar, y la posterior orden de liberación emitida por el mayor Eduardo Lamberto del Pierre, jefe de operaciones del Batallón de Ingenieros de Combate 121, quien ordenó al director de la Unidad Penal 4: «Con motivo de haberse conmemorado un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, de orden al señor Jefe de Área 224, comunico a Ud. que a partir de la recepción de la presente procederá a dejar en libertad a los siguientes detenidos» (sic). La nómina contenía la lista de los ocho militantes del PC secuestrados durante «la noche del cumpleaños».

Fuente: https://www.fiscales.gob.ar/

El hallazgo de restos humanos en los terrenos aledaños al ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, volvió a conmover a familiares de desaparecidos y a organizaciones de derechos humanos. Tras décadas de búsqueda, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar nuevas víctimas, en un proceso que combina ciencia, memoria y justicia.

Entre los casos confirmados se encuentra el de Ester Felipe y Luis Mónaco, secuestrados en enero de 1978. Su hija, Paula Mónaco Felipe, recibió la noticia desde México, donde vive desde 2004. “Pese al esfuerzo miserable que hicieron por esconderlos, los encontramos. Mi familia se quita una capa gris y vuelve a vivir en colores”, expresó emocionada. Paula tenía apenas 25 días cuando sus padres fueron secuestrados; se crió con sus abuelos y desde joven se sumó a la militancia en organismos de derechos humanos.

Otro de los nombres identificados fue el de Graciela Doldán, abogada laboralista y militante de Montoneros, secuestrada en abril de 1976. Su hermano Roberto celebró el hallazgo: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”. La familia Doldán, como tantas otras, sostuvo la búsqueda durante décadas, convencida de que la desaparición es también una forma de tortura para los allegados.

La militante Graciela Geuna, sobreviviente de La Perla y compañera de cautiverio de Doldán, también participó de la jornada. Su marido, Jorge Omar Cazorla, continúa desaparecido. “Nuestros desaparecidos son un colectivo bajo tierra, pero también estuvieron juntos en ideales. Necesitamos más recursos para acelerar las excavaciones porque se nos va la vida”, reclamó.

El EAAF recogió más de 1200 piezas óseas en las excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre del año pasado. Ya hubo dos tandas de identificaciones, y el juez federal Hugo Vaca Narvaja anunciará oficialmente los nuevos nombres en conferencia de prensa.

La magnitud del hallazgo recuerda la operación de encubrimiento que realizaron los represores en 1979, cuando levantaron cuerpos con maquinaria pesada para ocultar pruebas ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la tierra guardó fragmentos suficientes para que hoy puedan ser identificados.

Los familiares insisten en que el Estado argentino debe redoblar esfuerzos: “No se puede construir una democracia sólida con miles de hombres y mujeres insepultos. La reparación tiene que ser ya”, señaló el abogado Ramiro Fresneda, hijo de desaparecidos. También reclaman que los militares condenados y quienes aún guardan información digan dónde están los cuerpos.

El hallazgo de Ester, Luis y Graciela es un paso más en la larga lucha por memoria, verdad y justicia. Para las familias, significa transformar la ausencia en presencia, la tristeza en impulso y la búsqueda en encuentro. Como dijo Paula: “Ahora estoy empezando a entender todo lo que cabe en el verbo encontrar”.

Fuente: Página 12

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una nutrida columna de vecinos, vecinas y familiares, se concentró en 25 de Mayo y Rocamora y marchó por el centro de Gualeguaychú.

La convocatoria fue impulsada por la asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú junto a organizaciones sociales. Con tambores, pancartas y carteles con los rostros de los 37 detenidos desaparecidos de la ciudad, la consigna fue unánime: “Son 30.000. Nunca Más. Ni un paso atrás”.

Al frente de la multitud, marcharon los familiares de desaparecidos y/o asesinados durante la última dictadura militar argentina.

“Hoy se cumplen 50 años del inicio de la dictadura genocida. Medio siglo de aquel 24 de marzo de 1976 que inauguró una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Argentina, como nación, fue sometida a un retroceso histórico en todos los aspectos: en sus derechos y libertades elementales, al VER sufrir la violencia, la represión y el terror estatal. En su economía, al ser entregada al poder económico para uso y despojo a través del endeudamiento externo y a la desindustrialización”, expresaron los oradores dieron lectura al documento local.

“En estos 50 años la patria ha visto al crimen, la impunidad y la mentira deambular a sus anchas por los pasillos de gobierno, del poder judicial y de los medios de comunicación. Vio al Estado en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, sometiendo a personas a las peores atrocidades posibles, asesinando y robando bebés. Vio a miles de argentinos en las cárceles injustas, mientras otros se exiliaban para salvar sus vidas y las de sus familias. No ha faltado infamia por cumplir”, agregaron.

Además, sostuvieron que “Gualeguaychú padeció en carne propia el proceso genocida, con 37 gualeguaychuenses detenidos desaparecidas o asesinados. Nuestra comunidad busca también a dos nietos robados: a Pedro, hijo de Blanquita Angerosa, nacido en cautiverio en un Centro Clandestino. Al hijo o hija de Marta Bugnone, que estaba embarazada al momento de su desaparición. Y tampoco se supo más nada de ellas”.

“Pero la patria también ha sido testigo del coraje y la dignidad de las Madres de Plaza de Mayo que, sin especular ni recular ni medir “correlaciones de fuerzas”, iniciaron su lucha, hermosa y fértil lucha, en plena dictadura, cuando más se necesitaba su luz. La patria fue también testigo de los trabajadores reorganizándose en la resistencia cotidiana, en las fábricas y lugares de trabajo. Los vio parando y marchando en pleno gobierno militar por paz, pan y trabajo. La patria ha visto también la Guerra de Malvinas, a la que debemos memoria por sus soldados, verdaderos héroes argentinos que lucharon por la soberanía argentina, no por los altos mandos que actuaron como irresponsables, aventureros y vende patria que eran”, declararon.

En otro fragmento del discurso, afirmaron “Hoy como ayer, seguimos luchando por justicia, contra la impunidad de los militares genocidas, y de los empresarios y los jerarcas de la Iglesia cómplices de los peores crímenes de lesa humanidad a quienes no supimos juzgar ni condenar”.

Y proclamaron, “El presente es de palmario retroceso en todo sentido, con paisajes y personajes repetidos, que no sólo niegan la verdad de los delitos cometidos por los genocidas, sino que incluso los reivindican. A ello se suman los “beneficios de libertad”, como la promesa de un indulto, lo cual representa un quiebre directo con el pacto democrático de 1983 y una afrenta a la Memoria de los 30.000 desaparecidos, a la par que violan la jurisprudencia argentina y los pactos internacionales”.

Asimismo, señalaron que “Esta realidad nos asfixia. Nos parece que el presente se impone para siempre y que los monigotes del poder se llevarán puesta la historia. Pero escupir odio no es gratis, la vuelta es larga y los protagonistas de esta aventura libertaria, por acción u omisión, sepan que se van a arrepentir y que tarde o temprano las van a pagar”.

Y sostuvieron, “Pero aquí estamos. Aquí estamos y seguiremos estando. Con nuestras fuerzas y nuestra rabia, con nuestras heridas y experiencias, con amor y esperanza, con nuestros hijos, nuestras madres y abuelas.

Por eso ¡Aquí seguiremos, en las calles y en las plazas, marchando! A 50 años del golpe de Estado, organizándonos, bordando memoria, y luchando por la reconstrucción de un proyecto popular, para volver a tener un gobierno que quiera, valore y cuide a su pueblo. Seguiremos aquí, haciendo flores de las penas y heridas, para sembrar de futuro nuestra tierra”, reafirmaron tras los aplausos de los presentes, y concluyeron “¡Con el amor como bandera, siempre! Por nuestros 30 mil compañeros y compañeras detenidos - desaparecidos. Presentes”.

"Son 30 mil y que nos digan dónde están", expresaron los organismos de Derechos Humanos sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas de referencias con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando", manifestaron los organizadores en la lectura.

"No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui", arengaron.

También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarruel”.

“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y consciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.

Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron.

También denunciaron que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente", aseguraron. (Fuente: N/A)

El Museo de la Memoria "Osvaldo Delmonte", que funciona en Casa De Deken, recibió la donación del libro "Je suis Mimí" de la autora local Sabina Melchiori.

La escritora reconstruyó una autobiografía ficcionada, pero profundamente verosímil, basada en hechos reales, escrito en primera persona, el relato a través de este recurso narrativo, logra reconstruir la vida de una mujer, madre de hijos desaparecidos, reflejando el dolor, la lucha y la memoria de tantas familias que aún hoy buscan verdad y justicia. En este sentido, la lectura de sus hojas logra una cercanía emocional que permite al lector habitar el dolor de su historia.

La incorporación de Je suis Mimí al patrimonio del museo no solo enriquece su acervo, sino que también refuerza su rol como espacio de reflexión, educación y construcción de memoria en la comunidad.

En ese contexto se inscribe Golpe militar y dictadura en Argentina (1976–1983). Sur, paredón y después…, de Carlos Malamud (Ediciones Catarata, 2026).

El libro ofrece una reconstrucción amplia y ordenada del período. A lo largo de trece capítulos, Malamud recorre el contexto histórico, los principales actores y una diversidad de dimensiones —la economía, el fútbol, la guerra de Malvinas— que permiten comprender la complejidad del proceso. El resultado es una panorámica accesible tanto para lectores no especializados como para quienes buscan revisar críticamente interpretaciones consolidadas.

Uno de los méritos de la obra es moverse con solvencia en un terreno delicado: el cruce entre memoria, historia y usos políticos del pasado. En ese sentido, el aporte de Malamud no es solo descriptivo, sino también interpretativo: desarma lecturas simplificadoras. A continuación, me detengo en algunos.

La influencia externa. La revolución cubana pesaba en los imaginarios de la época y funcionó como referencia para algunos grupos armados argentinos. En ese marco, el golpe debe inscribirse en la lógica más amplia de la Guerra Fría. No obstante, Malamud relativiza el papel de Estados Unidos en el caso argentino, señalando que su apoyo e intervención fueron menores que en otros países de la región, como Chile. Esta lectura matiza una narrativa extendida y obliga a pensar el caso argentino también desde sus dinámicas internas.

La excepcionalidad del golpe. El del 76 fue uno más en una larga serie de interrupciones militares del orden constitucional durante el siglo XX argentino. Sin embargo, también presentó rasgos distintivos. Por un lado, la escala y sistematicidad de la violencia estatal; por otro, la intención de establecer un régimen colegiado que permitiera gestionar las tensiones internas entre las Fuerzas Armadas (a diferencia de lo que ocurrió en Chile bajo el férreo liderazgo de Pinochet).

Como señala el autor, el único acuerdo sólido en los primeros años de la dictadura fue el objetivo y los métodos de combate a las organizaciones armadas (destruirlos a cualquier precio) , que ya se encontraban en declive al momento de la interrupción constitucional.

El plan del ‘Proceso’. El golpe fue acompañado de un sentimiento mesiánico que buscaba cambiar de forma irreversible la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, junto a partidos políticos y sindicatos. Nada de eso funcionó. Divisiones internas, diferencias de visión y cálculos equivocados, y también el hecho de que los militares privilegiaran su propia supervivencia y los objetivos políticos por sobre los económicos condujo a la catástrofe de Malvinas, la crisis económica, el enorme endeudamiento del estado y, al fin, el vacío de poder que abrió una nueva oportunidad para la democracia.

La violencia. Un tema sensible es el del origen, la temporalidad y el tipo de violencia. Aquí el libro se adentra en un terreno controvertido, donde se cruzan debates históricos, jurídicos y políticos. Por un lado, persisten sectores que reivindican a organizaciones armadas como Montoneros o el ERP; por otro, han ganado visibilidad —aunque sigan siendo minoritarios— discursos que justifican la llamada “guerra antisubversiva”. Frente a estas posiciones, Malamud propone una lectura que evita tanto la idealización como la equiparación: sin héroes, pero con villanos.

El peronismo. En este punto, el libro también abre interrogantes incómodos. Entre ellos, el papel del peronismo en el inicio de la violencia paraestatal. Bajo el gobierno de Perón comenzó a actuar la Triple A, y la pregunta sobre su grado de responsabilidad –si fue una estrategia deliberada o una dinámica tolerada bajo la influencia de López Rega– sigue siendo objeto de debate (p. 48).

La democracia. Otro aspecto que destaca es la constatación de la escasa defensa de la democracia en el período previo al golpe. Lejos de ser una sorpresa, la irrupción militar era esperada. Distintos actores, incluidos sectores de las propias organizaciones armadas, anticipaban el golpe como una oportunidad para reconfigurar el escenario político. Para Montoneros y el ERP el nuevo contexto podría habilitar una “guerra civil abierta” y un salto cualitativo en la lucha revolucionaria (p. 41). Esta mirada obliga a revisar retrospectivamente la debilidad de la cultura democrática en ese momento.

La verdad y el relato. Malamud también aborda las narrativas que más controversia han generado en la Argentina contemporánea, como la “teoría de los dos demonios” y la cifra de desaparecidos. El informe Nunca Más (1984), elaborado por la CONADEP por encargo del presidente Raúl Alfonsín, reconocía tanto la violencia de las organizaciones armadas como la violencia represiva, “infinitamente peor”, ejercida por el Estado. Sin embargo, esa formulación fue pronto cuestionada por sectores que la interpretaron como una equiparación inaceptable.

Con el tiempo, estas disputas se profundizaron. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una reescritura del prólogo del Nunca Más, proponiendo un encuadre diferente: una confrontación entre proyectos de país, donde de un lado se ubicaban los “héroes” y del otro los responsables de un plan represivo vinculado a intereses más amplios. Malamud reconstruye estas tensiones sin eludir su carga política, mostrando cómo el pasado sigue siendo un campo de batalla simbólico, ahora reeditado por el gobierno de Javier Milei y su slogan de “Memoria, verdad y justicia completa”.

A cincuenta años del golpe, no hay dudas sobre un punto: “Los jefes de la dictadura más sangrienta que conoció el país tuvieron la capacidad de destruir cuanto se puso a su alcance, pero fueron incapaces de construir nada nuevo en su lugar” (p. 15). Por eso el lema de 1983 —Nunca Más— sigue vigente. Pero no como un consenso definitivo, sino como un principio que debe ser defendido, reinterpretado y, sobre todo, sostenido frente a nuevas disputas sobre el pasado y el presente. En ese terreno, la obra de Carlos Malamud ofrece una contribución valiosa: no clausura el debate, pero sí lo vuelve más exigente.

*(Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

Con la historia de su hermana desaparecida como referencia, reflexionó sobre el poder económico, la grieta social y el desafío del traspaso generacional en la lucha por los Derechos Humanos.

Patricia Savoy es una referente de los Derechos Humanos en Gualeguaychú, vinculada al grupo de familiares de Madres de Plaza de Mayo. Su historia personal está atravesada por la desaparición de su hermana, Adela “Leli” Cristina Savoy, secuestrada, asesinada y cuyos restos fueron identificados décadas después en un cementerio bonaerense, donde había sido enterrada como NN. Adela, tenía 19 años y estudiaba Arquitectura en La Plata. Fue secuestrada por fuerzas militares y policiales el 17 de diciembre de 1976, y estuvo 18 días en cautiverio antes de ser asesinada.

En diálogo con EL ARGENTINO, Savoy analizó la coyuntura actual en relación a los Derechos Humanos, en el marco del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del comienzo de la noche más oscura que tuvo el país.

“El contexto actual es totalmente adverso, muy difícil. No deja de ser durísimo todo lo que estamos viviendo. Esta Argentina viene de procesos y de luchas, y lo que está instalado hoy en el gobierno es nuevamente el poder económico”, afirmó Savoy. Para quien ese poder económico ha sido históricamente responsable de las dictaduras militares en Latinoamérica: “Los militares fueron un instrumento de un golpe cívico. Ellos son responsables de las barbaridades que se hicieron, pero fueron convocados por un poder económico. Y me parece que ese mismo poder económico es el que está instaladísimo hoy”.

“Ese poder necesita un pueblo sometido, ignorante y desanimado. Lo han logrado con los ajustes en todos los sectores y con las persecuciones. El decreto de necesidad y urgencia y la reforma laboral se hicieron con el miedo, por ejemplo, el miedo a perder el trabajo. Además, la primera protesta contra Javier Milei, realizada en el 2023 en Buenos Aires, fue el escenario en el que se aplicó por primera vez el protocolo antipiquetes impulsado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en un intento de criminalizar la el derecho social a movilizarnos”, apuntó Savoy.

Aunque hoy no se utilicen los militares como herramienta de represión, advierte que existen nuevas formas de disciplinamiento social: “Han habilitado nuevamente una postura y han trabajado con el odio. Entonces es muy difícil en este contexto estar, militar, concientizar”.

Por otra parte, Savoy recordó cómo la teoría de los dos demonios, que vuelve a tener vigencia, buscó instalar una equivalencia entre la violencia de las organizaciones armadas y el terrorismo de Estado. “La bandera de los Derechos Humanos que tuvo este país fue la lucha de las madres, la lucha por los desaparecidos. Y fue lo primero que atacaron y siguen atacando. Empezaron con la teoría de los dos demonios y con promover la verdad absoluta. Nosotros decimos: si quieren la verdad completa, que nos digan dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos”, enfatizó.

“El actual gobierno volvió a instalar en la sociedad que los Derechos Humanos son un curro, que no sirven para nada, que ya pasaron 50 años. Pero los Derechos Humanos abarcan muchísimo más: salud, vi

vienda, trabajo, educación. Son parte de nuestra esencia, de la Constitución y de lo que somos como país”, subrayó. Además, en medio de los rumores que circulan a nivel nacional sobre posibles indultos a represores condenados por delitos de lesa humanidad, Savoy se mostró preocupada por el impacto que estas versiones generan en la sociedad y en los organismos de memoria.

“Sería un retroceso enorme, porque durante cincuenta años hemos construido con mucho esfuerzo la verdad y la justicia. No podemos permitir que se borre todo lo que se logró en los juicios y en la lucha de las madres”, advirtió.

La aplicación de ajustes, desfinanciamientos, protocolos de seguridad y la criminalización de la protesta generan un clima de desaliento que afecta directamente las actividades de las Madres de Plaza de Mayo y de los espacios de memoria. Cada recorte presupuestario y cada gesto de deslegitimación estatal se traducen en mayores dificultades para sostener proyectos, visitas guiadas y charlas con jóvenes, por ejemplo, pero también en un compromiso renovado por visibilizar la historia local.

A pesar de esta realidad, la entrevistada aseguró que la lucha se mantiene firme. “Lo que no lograron, no lo van a lograr. Al contrario, nos enerva y nos impulsa a seguir con nuestro trabajo, eso no lo van a quitar. Precisamente, lo que nos mantiene vigente es la lucha. Nosotros tenemos un espacio en la UP2, seguimos haciendo visitas guiadas, charlas, buscamos herramientas de donde sea. Nuestro compromiso no nos lo van a torcer”, afirmó.

El traspaso generacional es otro de los grandes desafíos actuales. La transmisión generacional de la memoria es un norte inevitable. La vida avanza y las Madres, en Gualeguaychú, ya no están presentes físicamente, pero su lucha quedó profundamente arraigada y hoy interpela a muchos jóvenes. “En las visitas guiadas, en las charlas de los colegios, los chicos se sorprenden al descubrir que en su propia ciudad hubo detenidos desaparecidos. Nos dicen que nunca lo habían escuchado en sus casas ni en la sociedad, y ese intercambio es valioso porque abre un ida y vuelta que permite que la memoria se replique de a poco”, señaló Savoy.

En este contexto, la referente observó dos impactos claros en la juventud actual: Por un lado, el seguimiento inicial de la figura de Javier Milei, y por otro, el desencanto que hoy comienza a aparecer, cuando esa figura no les cierra y los lleva a interpelar con fuerza. “Se están permitiendo mirar, cuestionar, y eso nos obliga a estar preparados para dar argumentos sólidos. Del otro lado hay más cascarita, más cacareo que argumento, nosotros tenemos la herramienta de la memoria y la verdad construida en cincuenta años de lucha”, afirmó, en este sentido. Esa capacidad de argumentar, sostiene, es lo que les da poder para dialogar y seguir transmitiendo la esencia de los Derechos Humanos a las nuevas generaciones.

En Gualeguaychú, las Madres de Plaza de Mayo han delimitado los lugares donde estuvieron los presos políticos y han recuperado un salón que funciona como sede. Allí realizan charlas y proyectos educativos. “A pesar de que al principio esta gestión nos impidió ingresar a los colegios, de a poco vamos logrando que los profesores se comprometan y que los chicos pidan participar. Hay deseos de seguir en esto”, contó.

La conmemoración de los 50 años del golpe genocida marca un eje central en su reflexión. “Nuestro compromiso es seguir trabajando todo el año, no solo el 24 de marzo. Hay un rumor de indultos y nuestro objetivo es que eso no suceda, seguir con los juicios y que esto siga apareciendo y siendo exponencial como hasta ahora”, afirmó Savoy. Y, finalmente, invitó a la comunidad a la participación: “Invitarlos a la marcha, por supuesto, y comprometerse desde lo pequeñito, desde cualquier gesto. Por más que parezca insignificante, cuando hay compromiso hacia el otro, eso es un montón”.

“Nuestro rol es estar en la calle, acompañar todas las luchas, desde las mujeres hasta los discapacitados, desde la salud hasta las adicciones. No somos invisibles, molestamos y todo el tiempo tratamos de hacer cosas para visibilizar lo que somos y lo que está pasando. Esa es nuestra fuerza y lo que nos mantiene en pie”, cerró Savoy.

En la conferencia de prensa que se realizó este viernes por la mañana en la sede de Agmer Paraná, la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná brindó detalles sobre la marcha del próximo 24 de Marzo, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado.

Los oradores coincidieron en que la fecha no solo es un ejercicio de memoria histórica, sino un acto de resistencia frente a las actuales políticas de ajuste y los discursos negacionistas que emanan tanto del Gobierno Nacional como de la administración provincial.

La histórica referente María Luz Piérola inició el acto vinculando el pasado con el presente: "Reivindicamos el haber dado la vida por un mundo para todos, donde la igualdad sea la bandera fundamental y no la caracterización de un mundo libertario como el que tenemos hoy, que se instaló también con la dictadura". Piérola fue tajante al denunciar la precarización social actual: "Este es un mundo para una casta, para unos pocos. Exigimos soberanía e independencia".

Uno de los puntos más críticos de la exposición fue la denuncia sobre la situación del equipo de Registro Único de la Verdad (RUV). Según los referentes, la actual gestión provincial ha desplazado trabajadores bajo el argumento de que la tarea ya está cumplida.

Clarisa Sobko, de H.I.J.O.S., rebatió esta postura con datos: "De 299 detenidos desaparecidos vinculados a Entre Ríos, solo han sido restituidos 27; es decir, faltan alrededor de 260. La tarea no está cumplida".

Además, Sobko reveló un hallazgo reciente: "Justo en el momento que echan a cuatro trabajadores, descubrimos un nuevo centro clandestino de detención en la ciudad de Paraná. Por eso falta mucho por hacer".

Por su parte, el abogado Marcelo Boeykens alertó sobre la postura ideológica del Ejecutivo: "Este es un gobierno fascista que nos sigue de derecha. Hay coherencia en los ajustes, en la violencia institucional y en el odio hacia los jubilados". Respecto a posibles provocaciones o rumores de indultos el 24 de marzo, Boeykens sentenció: "No van a pasar, porque la resistencia va a estar en las plazas y en las calles".

La conferencia dio espacio a diversos sectores que integran la Multisectorial. Manuel Gómez, Secretario General de Agmer Paraná, señaló que la marcha enfrentará los desafíos de "una continuidad de políticas de saqueo y despojo hacia nuestro pueblo que comenzó en esa nefasta noche del 24 de marzo". En sintonía, Matías Passi, de ATE, convocó a la "rebelión popular" en defensa de un Estado que garantice salud y educación.

La juventud también tuvo un rol protagónico. Desde la agrupación Indignadxs, destacaron que la universidad es hoy un punto de ataque porque es donde se construye pensamiento crítico. Asimismo, una integrante de la Asamblea de Mujeres y Disidencias remarcó que las conquistas feministas tienen como faro la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la hermana de Leonel Bernardo Gorocito, víctima de violencia institucional, quien expresó: "Yo la democracia no la conozco. Viví toda una vida en la sombra del dolor de una madre a la que sus derechos le fueron arrebatados". Su presencia subrayó el reclamo de la Multisectorial de que los derechos humanos deben ser una política integral que incluya la lucha contra el gatillo fácil y los femicidios.

Finalmente, se confirmó que la movilización del martes comenzará a las 17, partiendo desde la plaza Sáenz Peña. El recorrido sufrió modificaciones: Al acercarse al centro de la ciudad tomarán por calle Santa Fe, atravesará el Centro Cívico (Casa de Gobierno), continuará por Alameda de la Federación hasta calle Buenos Aires y finalizará frente al Museo de Bellas Artes, donde se realizará el acto central con intervenciones artísticas de "Cultura por la Memoria". (APFDigital)

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identidad de seis víctimas de la dictadura halladas en fosas clandestinas en La Perla, Córdoba. Con estas últimas identificaciones, se avanza en el proceso de reconocimiento de los doce cuerpos encontrados en el predio militar donde funcionó uno de los centros de detención más emblemáticos del terrorismo de Estado.

Los restos recientemente confirmados corresponden a Eduardo Valverde y a una de las mellizas Carranza, Adriana o Cecilia, cuya identificación definitiva aún no puede establecerse por la similitud genética. Previamente, el EAAF había identificado a Mario Nívoli, Raúl Ceballos, Ramiro Bustillo y Oscar Omar Reyes.

Valverde era oriundo de Mendoza, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y delegado en federaciones universitarias. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y tenía dos hijos. En tanto, una de las mellizas Carranza fue secuestrada el 15 de mayo de 1976, a los 18 años. El hallazgo de un diente permitió la identificación parcial, aunque persiste la duda sobre cuál de las dos hermanas se trata.

Las identificaciones se lograron mediante estudios genéticos realizados por el EAAF en el marco de una investigación judicial encabezada por el juez Hugo Vaca Narvaja. El proceso continúa para confirmar la identidad de las otras seis víctimas halladas en el predio.

La Perla, ubicada en La Calera, estuvo bajo el mando del militar Luciano Benjamín Menéndez y comenzó a funcionar tras el golpe de Estado de 1976. Se estima que unas 2.500 personas fueron retenidas allí de manera clandestina, muchas de las cuales permanecen desaparecidas.

Actualmente, el predio funciona como espacio de memoria y promoción de los Derechos Humanos, con actividades educativas, muestras permanentes y visitas guiadas que buscan mantener viva la memoria de las víctimas y transmitir la historia a las nuevas generaciones.

Los hallazgos recientes refuerzan la importancia de la labor del EAAF y de las organizaciones de derechos humanos en la preservación de la memoria histórica. La identificación de los seis desaparecidos representa un avance significativo en la investigación judicial y en el reconocimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura en Córdoba.

Mientras continúa la búsqueda de los restantes cuerpos enterrados clandestinamente en La Perla, las confirmaciones aportan certezas a las familias y consolidan el camino de justicia y memoria que atraviesa la sociedad argentina. Fuente El Once

Mario tenía 28 años cuando lo secuestraron, era oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha, pero había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En Santa Fe no solo estudió, sino que también se casó con Graciela, con quien tuvo a Mariano y María Soledad, y luego se mudaron a Concordia y a Córdoba. Según el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, el joven trabajaba de técnico electricista y sus compañeros le decían "Tito".

El grupo de tareas lo detuvo ilegalmente frente a su familia. Su destino fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla en Córdoba, bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez.

Los represores responsables de este espacio fueron sentenciados el 25 de agosto de 2016 en la megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Menéndez falleció menos de dos años después en febrero de 2018, se trataba del militar argentino con más cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Acumuló 13.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 711 personas en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

"Es una sensación enorme de justicia", compartió María Soledad en radio Cadena3 tras casi 50 años de incertidumbre y detalló: "Decirles a quienes secuestraron y mataron a mi papá que ya no pueden seguir cometiendo ese crimen. Lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido".

"Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado Ramiro Fresneda. Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto", reconoció.

La mujer también sintió "alivio" y "una paz que nunca había sentido" porque, finalmente, conoció la verdad sobre el destino de su padre. "Una certeza apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto", concluyó. Fuente C5N

El Gobierno nacional oficializó el incremento de las recompensas en las búsquedas de Loan Peña y Lian Flores, dos niños desaparecidos en Corrientes y Córdoba respectivamente. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 51/2026 y 52/2026, y establece un monto de $20.000.000 para quienes aporten datos certeros que permitan dar con ellos.

Las disposiciones entraron en vigencia este viernes y establecen que las personas con información podrán comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. El pago se realizará en oficinas del Ministerio de Seguridad o en el lugar que se designe formalmente, garantizando la preservación de la identidad del aportante.

El reclamo para elevar la recompensa surgió de la familia de Loan Peña. En diciembre pasado, la querella cuestionó que la cifra vigente de $5.000.000 resultaba “insuficiente” y “ridícula”, especialmente porque ya transcurrió un año y medio desde su desaparición en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, Corrientes. Una situación similar se dio con la familia de Lian Flores, que planteó el pedido durante una reunión con el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en Tribunales 1. En ese caso, la provincia ya había dispuesto una recompensa propia de $20.000.000, lo que impulsó la decisión de unificar el monto a nivel nacional.

Las autoridades recordaron que cualquier dato sobre Lian Flores también puede informarse al 911 y a la Unidad Judicial de Bell Ville (03537-450000, interno 52801), dependencia que lleva adelante la investigación en Córdoba. En ambos casos, el Estado reforzó los mecanismos de recepción de información para ampliar las posibilidades de obtener datos relevantes y confiables.

En los últimos días, organismos oficiales difundieron las proyecciones forenses del aspecto actual de ambos niños. Loan, que ya cumplió 6 años, no presentó cambios notorios, mientras que Lian mostró una evolución física más marcada. Por pedido de su familia, la imagen forense de Loan se integrará al sistema internacional de Interpol Argentina y se difundirá mediante Alerta Sofía, además de medios de comunicación y plataformas digitales. También se autorizó su incorporación al sistema ALERT.AR, herramienta oficial de difusión masiva en teléfonos celulares y redes institucionales.

La reconstrucción forense de Loan estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que trabajó sobre una de sus últimas fotografías y utilizó imágenes de familiares para identificar patrones hereditarios. El informe técnico indicó que, pese al tiempo transcurrido, se mantendría cierta estabilidad en su fisonomía, aunque aclaró que el método no contempla factores externos como enfermedades o exposición prolongada a agentes climáticos.

En el caso de Lian Flores, la imagen actualizada se difundió a través del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, obtenida mediante una reconstrucción digital y progresión de edad asistida por inteligencia artificial.

Con el aumento de las recompensas y la ampliación de los canales de difusión, el Gobierno nacional busca reforzar la visibilidad de ambos casos y renovar las posibilidades de obtener información que permita esclarecer dos de las desapariciones más sensibles del país.

Este miércoles a las 18 se realizará en la plaza San Martín un acto en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos y las Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú invitan a toda la comunidad a participar del encuentro para mantener encendida la memoria popular.

Son 30 mil los desaparecidos y desaparecidas de la peor dictadura que atravesó la Argentina y por ello es necesario mantener viva la memoria para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Una de las actividades que están previstas es el repintado de los pañuelos blancos alrededor del monumento al General San Martín, los cuales desde hace años forman parte de la plaza.

Pero además, se ha previsto una serie de actividades para acompañar a la Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú. Habrá música en vivo y la presencia de una radio. A las 20 se realizará el redescubrimiento de la placa que recuerda a las y los desaparecidos de nuestra ciudad.

Esta placa fue inaugurada en 2019, pero por aquellos tiempos sólo figuraban 21 de las 37 víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad. Esos 16 nombres restantes se fueron reconociendo en estos últimos años. “No olvides traer la reposera y pincel o rodillo”, comunicaron desde la Asociación.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comunicó los resultados de la campaña de búsqueda 2025 de restos de personas desaparecidas en La Perla, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más importante del interior del país, por el que se calcula pasaron unas dos mil personas. En su informe, el equipo confirmó el hallazgo de restos óseos humanos desarticulados y evidencia de antiguas fosas.

La búsqueda se concentró en Loma del Torito, hoy parte de la Reserva Natural Militar La Calera. Sobre un total de 14 mil hectáreas que conforman el terreno de La Perla, se delimitó un área de 10 hectáreas a partir del análisis de fotografías aéreas de 1979 realizado por Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A mediados de septiembre, con la campaña recién iniciada, se confirmaron los primeros restos humanos a pocos metros del sector donde había concluido la búsqueda anterior.

Según el EAAF, durante los trabajos se excavaron cuatro de esas hectáreas, con unos 10.000 metros. Los hallazgos se dieron en dos zonas y ahora el material pasará a un largo proceso de laboratorio para su clasificación y análisis genético. Luego, los resultados se cotejarán con las muestras aportadas por familiares de personas desaparecidas, resguardadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y en el banco del propio EAAF. Se trata de huesos mezclados, no de esqueletos completos, lo que coincide con los relatos que indican que los cuerpos fueron removidos y trasladados tras su enterramiento original.

La búsqueda se inscribe en la causa judicial “Enterramientos clandestinos”. Las familias querellantes difundieron un comunicado en el que expresaron la dimensión humana y política del hallazgo: allí han encontrado huesos que consideran “lo que queda de nuestros padres, hermanos, hijos, esposos”. Denunciaron que los cuerpos “no solo están escondidos: no están enteros, están revueltos en la tierra, desarticulados, profanados”. Y definieron Loma del Torito como un “camposanto”, una tierra que “49 años después, revela certezas” y permite pisar por fin el lugar donde están sus familiares.

En una recorrida reciente, familiares, organismos de derechos humanos y autoridades judiciales y académicas pudieron ingresar a la zona junto a los equipos de investigación. Luego, en conferencia de prensa, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja destacó que, aunque se trate de fragmentos óseos pequeños, podrían ser suficientes para identificar personas, como ocurrió hace diez años en los hornos de La Ochoa, donde se hallaron los restos de cuatro estudiantes de medicina y militantes de la Juventud Universitaria Peronista.

Los querellantes anunciaron que impulsarán una ley de búsqueda que establezca como política de Estado la búsqueda permanente, recuperación e identificación de todas las personas secuestradas-desaparecidas en Córdoba.