El ajuste presupuestario que el Gobierno nacional aplica sobre el sistema universitario tiene claro impacto en todo el país, y Gualeguaychú no es la excepción. Tras la movilización del jueves, el docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Diego Zanetti, aportó datos que muestran el deterioro salarial, la licuación de becas y la paralización de obras clave como el Hospital Veterinario.

El sistema universitario está en alerta hace tiempo. En la actualidad, el primer punto de alarma es el Presupuesto Nacional 2027 que se discute en el Congreso de la Nación, ya que lo asignado a las Universidades Nacionales se encuentra un tercio por debajo de las necesidades operativas mínimas que estas tienen para funcionar normalmente.

A ese recorte se suma otro hecho político central: la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) por parte del gobierno de Javier Milei. “No se trata de un hecho puntual, sino de un recorte estructural que opera al margen del mandato legislativo y que vulnera la seguridad jurídica de las instituciones educativas”, expresó Zanetti.

“Con el esquema actual de congelamiento presupuestario y la inflación acumulada, el poder adquisitivo real de ese monto se desintegró”, apuntó Zanetti y advirtió: “El riesgo es que los estudiantes de menores recursos tengan que abandonar o ralentizar su trayectoria universitaria”.

“Estimando una pérdida de poder adquisitivo del 35% y una recomposición del 50% frente a la inflación no compensada del último año, el Estado le estaría reteniendo unos $151.666 por mes a ese docente. En 12 meses, la deuda con cada docente en esa categoría asciende a $1.819.999”, ejemplificó el referente de la AGDU.

El otro caso emblemático para Gualeguaychú es el del Hospital Veterinario. La obra fue financiada con un crédito internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento - CAF), pero el Estado Nacional retuvo y reasignó esos fondos a otras carteras, según denunciaron en su momento desde la universidad.

“La obra quedó paralizada durante un año. Fue neutralizada en febrero de 2024 por falta de pago y recién pudo reiniciarse en febrero de 2025, con la propia UNER asumiendo con fondos propios los intereses acumulados durante la interrupción para evitar el deterioro de lo ya construido e intentar terminarlo”, recordó Zanetti y concluyó: “El recorte en salarios, becas e infraestructura muestran que el ajuste en la UNER no es un ahorro fiscal, sino un freno al desarrollo regional que la universidad genera en Gualeguaychú”.

Las facultades de la UNER radicadas en la costa del Uruguay advirtieron que el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno Nacional prevé un recorte real de un tercio (33%) en los fondos respecto a 2023, acumulando cuatro años consecutivos de desfinanciamiento.

En este contexto, el decano de la Facultad de Bromatología, José Dorati, remarcó la importancia de la institución en el ámbito provincial: “Somos la universidad de la provincia. Junto y de forma muy respetuosa con la Tecnológica y con la Uader, que son universidades hermanas, la UNER representa un alto porcentaje en el peso del desarrollo de la producción científica y tecnológica, e incluso de la matrícula provincial, por lo que necesitamos, en función de ello, ser escuchados”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Daniel Capodoglio, hizo un llamado al respaldo político e institucional: “Lo que estamos pidiendo es acompañamiento, que los legisladores nos apoyen en la discusión presupuestaria y, por supuesto, también al Gobierno de Entre Ríos para que haga propia esta lucha. En definitiva, es una lucha que favorece el desarrollo estratégico provincial con una de las organizaciones que mayor capacidad científica y tecnológica aporta a la provincia de Entre Ríos”.

A su vez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gregorio Etcheverry, manifestó la gravedad que implica el incumplimiento de una normativa aprobada por el Poder Legislativo: “Las universidades han tomado todos los caminos institucionales y legales reclamando la aplicación de la ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Vivimos en una república, con división de poderes, y el Congreso está integrado por legisladores que el pueblo elige. El Presidente debe cumplir con las leyes que aprueban las cámaras y eso no está sucediendo”. Y resaltó: “La universidad no solo genera el conocimiento para formar un profesional de calidad, sino que también un impacto económico y social en una región que es incalculable”.

El sistema científico argentino atraviesa uno de los momentos más delicados en las últimas décadas. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advirtió recientemente que el congelamiento de ingresos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la parálisis presupuestaria están forzando una "fuga de cerebros" sin precedentes. El fenómeno se mide en estadísticas de pasaportes sellados y laboratorios vacíos en toda Argentina.

Formar a un científico no es una tarea que se resuelva en un ciclo lectivo, es un proceso de maduración que requiere inversión pública sostenida, paciencia social y, sobre todo, certidumbre institucional. Sin embargo, la crisis actual presenta el desánimo generalizado de las nuevas generaciones que ven truncadas sus posibilidades de inserción en el sistema científico formal y enfrentan el desarraigo nacional emigrando a otros países.

Entre Ríos no está exenta a la crisis, el estudiante que se recibe, el becario que culmina su doctorado y el investigador que busca consolidar su línea de trabajo se ven obligados a llevar su capacidad productiva a contextos donde puedan crecer y desarrollarse.

Beatriz Gómez, exdirectora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer) y docente-investigadora de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), habló de esta dinámica.

“La investigación científica requiere tiempos muy distintos a los de otros ámbitos. Formar un investigador demanda más de una década, entre la carrera universitaria, el doctorado y, muchas veces, una etapa posdoctoral. Es una inversión que realiza la sociedad a través del sistema universitario y científico”, explicó para graficar la dimensión del esfuerzo estatal y personal invertido en cada profesional.

Según la exdirectora del Ictaer, “cuando las oportunidades de inserción disminuyen, comienza a resentirse el recambio generacional de los grupos de investigación. Esto no siempre se percibe de manera inmediata, pero sus efectos aparecen con el tiempo: resulta más difícil consolidar equipos, sostener líneas de investigación estratégicas y planificar proyectos de largo alcance”.

Para Gualeguaychú y la provincia en general esta falta de recambio es letal. “En Entre Ríos contamos con recursos humanos altamente capacitados que, a lo largo de los años, han construido capacidades científicas de gran valor. Desde mi experiencia, observo que uno de los mayores desafíos es sostener equipos especializados y asegurar la continuidad de líneas de investigación, particularmente en áreas estratégicas como los alimentos, la biotecnología y la salud”, enfatizó la investigadora.

“Lo que uno percibe cotidianamente es un escenario de mayor incertidumbre. Los jóvenes investigadores han apostado gran parte de su vida a la formación académica y científica, muchas veces con excelentes antecedentes y un fuerte compromiso con el país. Como docente universitaria me preocupa pensar que muchos de esos jóvenes fueron primero nuestros estudiantes de grado, luego becarios doctorales y, en muchos casos, posdoctorales. Es decir, hemos acompañado su formación durante más de una década y conocemos de cerca su enorme potencial”, expuso Gómez.

La pérdida de profesionales es aún más veloz cuando se trata de mercados más competitivos. “Hoy muchos de ellos analizan alternativas que hace algunos años quizás no contemplaban: oportunidades en universidades extranjeras, centros internacionales de investigación o empresas tecnológicas que valoran enormemente su formación. Los nuevos investigadores ya no pueden desarrollar una carrera científica estable en Argentina”, analizó la docente.

“Más que hablar de una fuga de cerebros, creo que el desafío es cómo lograr retener y aprovechar el talento que el propio país ha formado. Cuando un profesional altamente calificado decide desarrollar su carrera fuera del sistema científico nacional, Argentina no sólo pierde una persona: pierde experiencia, redes de colaboración y la posibilidad de que ese conocimiento contribuya a formar nuevas generaciones de investigadores”, sentenció.

En la ciencia, cada día perdido representa un retroceso exponencial frente al avance internacional. Gómez sintetizó este dilema: “En investigación, el tiempo constituye un recurso tan valioso como el financiamiento. Cuando una línea de trabajo pierde continuidad, no sólo se retrasa la generación de conocimiento, sino también las posibilidades de transformar ese conocimiento en innovación, desarrollo tecnológico y beneficios concretos para la sociedad”.

“Las universidades públicas y los institutos de investigación realizan un importante esfuerzo para sostener sus actividades en contextos complejos. Los equipos procuran optimizar los recursos disponibles, compartir equipamientos, fortalecer redes de cooperación y desarrollar proyectos colaborativos que permitan dar continuidad a la investigación, la formación de recursos humanos y la transferencia del conocimiento hacia el sector productivo y la comunidad”, destacó Beatriz Gómez.

Para la exdirectora del Ictaer, el camino de salida ante la crisis de recursos radica en estrechar lazos con el entorno social y económico: “El conocimiento científico alcanza su mayor valor cuando puede construirse en diálogo con las necesidades del territorio y traducirse en soluciones concretas para la sociedad. En este escenario, adquiere aún mayor relevancia la articulación entre universidades, organismos científicos, gobiernos locales y provinciales, empresas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil”.

La vocación sigue estando”, aportó la profesional consultada. Y concluyó con un fuerte llamado a la reflexión social y política. “Es importante continuar fortaleciendo la formación de recursos humanos calificados, promover la cooperación con otros centros científicos nacionales e internacionales, profundizar la vinculación con el sector productivo y sostener la transferencia de conocimiento hacia la comunidad. Del mismo modo, considero fundamental contar con políticas públicas de largo plazo que brinden previsibilidad y permitan a esos profesionales desarrollar su carrera y poner sus capacidades al servicio del país”.

“La ciencia no es un gasto: es una inversión estratégica para el desarrollo. Cada investigador que formamos representa años de esfuerzo colectivo y constituye un patrimonio que la sociedad no debería perder. Porque la ciencia no es un fin en sí mismo; es una herramienta para mejorar la vida de las personas, fortalecer la producción y construir un desarrollo sostenible basado en el conocimiento”, finalizó Beatriz Gómez.

“El Derecho a la Salud en riesgo” se denominó la charla debate que se realizará esta noche en la sede de Puente Gualeguaychú, en pleno centro de la ciudad, en el marco de la Marcha Federal de Salud que se realizará en Buenos Aires, con repercusión en cada punto del país.

Entre los expositores para la charla de esta noche, se encuentra Alejandra García, presidenta del Centro de Estudiantes de la UNER, los licenciados en Enfermería, Lucía Almada de Gualeguaychú y Luciano Gorno de Colón, el médico de Urdinarrain, Juan Cruz Pusula, y estarán presentes miembros de la Asamblea de Salud Mental Gualeguaychú.

La charla se encuadra en la manifestación que se realizará pasado el mediodía en Buenos Aires y se espera sea multitudinaria. La convocatoria es bajo el lema “La salud no puede esperar”. Las columnas recorrerán Avenida de Mayo desde 9 de Julio hasta la Casa Rosada. Reclaman por el corte en las prestaciones y el desfinanciamiento en general del sistema de salud.

La comunidad universitaria volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional impulsada por rectores, docentes, no docentes y estudiantes en reclamo por el financiamiento del sistema público de educación superior. En la ciudad, la jornada tendrá actividades abiertas a toda la comunidad y culminará con una movilización hacia la Plaza San Martín.

La convocatoria local comenzará a las 16 horas con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Perón. La propuesta busca visibilizar el rol de la universidad pública a nivel local.

Una hora más tarde, a las 17, se realizará una concentración en el mismo punto. Allí está prevista una asamblea abierta en la que se informará sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales, marcada por reclamos salariales, reducción de partidas y denuncias de desfinanciamiento, bajo el slogan: “Milei no sos rey, cumplí la ley”. Luego, los participantes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad hacia Plaza San Martín.

Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) en Gualeguaychú había manifestado en anteriores declaraciones a este medio que “la universidad pública argentina representa un pilar esencial para la movilidad social ascendente, la producción de conocimiento soberano y el desarrollo nacional. No hay ninguna duda de eso. Pero hoy enfrenta una grave crisis bajo la presidencia de Javier Milei. Esta crisis integra un desfinanciamiento sistemático, el deterioro salarial creciente y el incumplimiento flagrante de normativas sancionadas por el Congreso Nacional, como la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795)”.

En los tres meses que va del ciclo lectivo, han sido varias las medidas de fuerza que se han realizado en rechazo y reclamo de esta situación, y ha alcanzado niveles de acatamientos históricos en la Facultad de Bromatología, según Zanetti.

La movilización en Gualeguaychú se enmarca dentro de una protesta federal que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y que contará con réplicas en diferentes ciudades del país. La convocatoria fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

En representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos estará el reciente rector electo, el gualeguaychuense Juan Manuel Arbelo.

Desde los distintos sectores organizadores sostienen que el funcionamiento de las universidades públicas se encuentra comprometido por la falta de actualización presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores docentes y no docentes.

Desde sector universitario lanzaron una convocatoria para que la comunidad se sume a la marcha de este martes. "La universidad pública no es un gasto: es una herramienta de movilidad social, de producción de conocimiento y de construcción de futuro para miles de estudiantes, docentes, no docentes y familias de todo el país", manifestaron en el documento.

"En un contexto de fuertes recortes presupuestarios que golpean a las universidades y a la investigación científica, la comunidad académica convoca a marchar este 12 de mayo para defender el derecho a estudiar, investigar y trabajar en condiciones dignas", alentaron a vecinos y vecinas de Gualeguaychú a participar de la marcha.

La convocatoria: "Este 12 de mayo salimos a la calle para exigir que la educación pública siga siendo un pilar de igualdad y desarrollo".

En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó este jueves hacia Plaza de Mayo y realizó un acto frente a Casa Rosada. La movilización incluyó un homenaje al Papa Francisco y discursos de los integrantes del Triunvirato, Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes endurecieron su postura frente al Gobierno.

Aunque en las horas previas se especulaba con un paro general, los dirigentes no confirmaron esa medida, pero sí anticiparon que los reclamos se profundizarán. “Se acabó la paciencia”, advirtieron, y remarcaron que “protestar y reclamar es nuestra responsabilidad, lo vamos a hacer”.

Jorge Sola llamó a “crear una Argentina con futuro, en unidad” y sostuvo que “no hay libertad posible si se les quita a quienes menos tienen lo poco que poseen”. Convocó a avanzar hacia un nuevo contrato social basado en justicia social, igualdad y distribución equitativa de la riqueza.

En el documento leído en la Plaza de Mayo, la CGT denunció que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”. Señaló que el Gobierno “divide al pueblo, promueve el enfrentamiento y pone en riesgo la paz social”.

El texto, titulado El trabajo es con derechos o es esclavo, cuestiona la reforma laboral impulsada por el oficialismo y advierte que la central obrera seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución. “Cada derecho laboral costó organización y lucha”, remarcaron.

La declaración también alertó sobre la caída de la actividad económica, el cierre de más de 24.000 empresas entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, y el aumento de la desocupación y la informalidad. Criticó la desaparición de la obra pública y el endeudamiento con organismos internacionales, que compromete al Estado argentino.

Otro eje fue la crisis del sistema de salud: la CGT denunció el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, los recortes en PAMI y la falta de cobertura para personas con discapacidad. “Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental”, señaló el documento.

La central obrera también destacó el impacto de la inflación en los salarios, los topes a las paritarias y el endeudamiento masivo de las familias: seis de cada diez hogares tienen deudas, con morosidad creciente.

Finalmente, la CGT apeló a recuperar “una cultura del encuentro y del trabajo”, citando palabras del Papa Francisco: “Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto”. Con ese mensaje, la central cerró su acto convocando a construir un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.

El Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). que se había aprobado en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría. Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.

En la misma línea, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis social que se profundiza en Entre Ríos. La eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que reemplazaba al anterior “Potenciar Trabajo”, dejará a más de 20 mil trabajadores de la economía popular sin su principal ingreso en un contexto de recortes en la asistencia alimentaria.

La dirigente de la UTEP, Tamara Berales, denunció que la transición hacia los nuevos esquemas no significó una mejora, sino un ajuste encubierto. “Congelaron el ingreso en $78.000, una cifra insuficiente, y ya anunciaron que para abril de 2026 se eliminará el programa productivo. Están dejando a miles de personas directamente sin nada”, afirmó.

Según la organización, el impacto será multidimensional:

La dirigente concluyó que la medida representa “hambre y miseria planificada” y exigió voluntad política para reconocer económicamente a los trabajadores de la economía popular. “Sin Estado no hay justicia social”, sentenció. Fuente: APFDigital

El inicio del ciclo lectivo en Gualeguaychú quedará suspendido este lunes 2 de marzo debido al paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). La medida, que incluye movilizaciones en distintos puntos del país, fue respaldada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), afectando tanto a escuelas públicas como privadas de la ciudad.

El paro nacional se fundamenta en la exigencia de una convocatoria urgente a paritarias, aumentos salariales que superen la inflación y un mayor financiamiento educativo. También se expresa rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno Nacional.

En Entre Ríos, Agmer rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial el pasado 23 de febrero. La oferta incluía montos fijos no remunerativos y no bonificables, incrementos en la ayuda escolar y un ajuste para jubilados, además de la promesa de retomar el diálogo en mayo. El gremio consideró insuficiente la propuesta y declaró el conflicto.

La nueva secretaria general de Agmer Gualeguaychú, Soledad Ponce, anticipó que esperan un acatamiento total de la medida. “Entendemos la situación económica de cada docente, pero contribuimos a un paro nacional que refleja la realidad de todo el país”, señaló.

En la ciudad, los docentes se concentrarán a las 8:30 frente a la Dirección Departamental de Escuelas y realizarán un acto a las 10:30. A nivel nacional, CTERA convocó a una concentración en el Cabildo de Buenos Aires a las 11:30, con posterior marcha hacia el Congreso.

Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo de la Provincia citó a Agmer a una audiencia de conciliación administrativa este lunes a las 15 en Paraná, con el objetivo de retomar el diálogo salarial. El gremio, sin embargo, ratificó su adhesión al paro y la movilización.

En un comunicado, Agmer reafirmó su defensa de la Ley de Educación Nacional 26.206 y advirtió que el proyecto de reforma oficial “pretende modificar sustancialmente el sistema educativo, derogando consensos alcanzados y profundizando la fragmentación y el desfinanciamiento”. Fuente: Ahora ElDía, APFDigital

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) -Regional XI- informó sobre las acciones que se están intentando llevar adelante para sostener el financiamiento de la ETP (Educación Técnico Profesional).

El sindicato recordó que ha mantenido reuniones con legisladores provinciales, nacionales y con funcionarios políticos de diversos espacios políticos, y también con colegios de profesionales, cooperadoras, centros de estudiantes, directivos de escuelas y con empresarios de la producción y de servicios con el fin de que “se tome real conciencia de que los fondos son por y para las y los alumnos y que los recursos para la ETP son de vital importancia para las actividades escolares diarias y la formación óptima de los y las estudiantes”.

En este contexto, “se avala y felicita la decisión tomada por padres y alumnos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se han presentado ante el Poder Judicial para solicitar que no se avance con el desfinanciamiento de las instituciones de la ETP”.

“Desde la AMET esperamos y deseamos fervientemente que los Jueces pongan freno a este accionar del Poder Ejecutivo avalado en el Congreso Nacional que atenta directamente contra el presente y futuro de la Educación Técnico Profesional”.

"Con ese criterio padres y estudiantes de escuelas técnicas presentaron una medida cautelar ante la justicia para que declare inconstitucional al artículo 30 del Presupuesto 2026 que elimina fondos en educación y ciencia”, destacaron desde AMET.

El planteo fue realizado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas”.

Se plantea que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 “es inconstitucional” porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino” y “desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

La eliminación de los pisos mínimos de financiamiento se inscribe dentro de las políticas de desfinanciamiento de la educación técnica en los dos últimos años.

Desde el sector educativo estiman que el recorte provocado por Javier Milei alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023.

Los principales fundamentos de la cautelar:

1) El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales: Según consta en la denuncia, “el primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional” dado que, indican “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”.

Entre el marco normativo superior enumeran a la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

“El presupuesto tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales”.

Desde ese enfoque, la presentación considera que “usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”.

2) Viola el derecho constitucional a la educación: De acuerdo a la presentación, el artículo 30 del nuevo presupuesto “afecta directamente el derecho a la educación” consagrado en tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible” advierten y remarcan que eliminar los “pisos legales de inversión” vacía de contenido a ese beneficio consagrado.

3) Viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad: Otro de los ejes se centra en los derechos sociales. La demanda parte de la base de un Estado “obligado a cumplir el principio de progresividad y la prohibición de regresión” consagrados por la Constitución.

“El artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas. No se trata de una crisis imprevisible ni de una medida transitoria: es una decisión regresiva explícita, que desanda políticas de Estado construidas durante décadas”.

4) Es irrazonable y discriminatorio: En base a la Constitución, el pedido de cautelar recuerda que eliminar el financiamiento de la educación técnica y científica “no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido”.

Los demandantes sostienen que el artículo 30 extiende los niveles de desigualdad: “quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y quienes no, quedarán afuera”.

“La educación pública deja de ser igualadora y pasa a ser selectiva por ingresos, lo cual es constitucionalmente inadmisible".

5) Compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial: El amparo remarca otro punto clave: “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo. Las trayectorias educativas no se pueden “pausar” y retomar sin daño”.

Y aseguran que aún si la Justicia declarara luego la inconstitucionalidad, “el daño ya estaría hecho”. (Fuente: APFDigital)

La presentación cuestiona el artículo que derogó el fondo nacional que sostenía a las escuelas técnicas. Las familias solicitan que el financiamiento sea restablecido al considerar que la modificación incluida en el Presupuesto impulsado por el gobierno de Javier Milei es inconstitucional.

El Artículo N°30 del presupuesto, ya aprobado por ambas cámaras, introdujo tres modificaciones vinculadas al financiamiento educativo: eliminó la meta de inversión del 6 por ciento del PBI establecida por la Ley de Educación Nacional (LEN); derogó los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban parámetros de financiamiento para el sector; y derogó el Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (ETP), que establecía que el fondo destinado a esta modalidad debía garantizar un mínimo del 0,2 por ciento del presupuesto del Sector Público Nacional para complementar los recursos asignados por la Secretaría de Educación a otros programas de inversión en escuelas.

Desde el colectivo que presentó el amparo señalaron que el impacto sobre la formación técnica se inscribe en un contexto más amplio de reducción presupuestaria. “El recorte alcanza al 93 por ciento en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023. Se disponen sólo 11 mil millones de pesos y no 322 mil millones, como establece el 0,2 por ciento que propone la ley de ETP”, indicaron. Además, agregaron que “está claro que a Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un país con producción nacional y por esto mismo tampoco tienen interés en tener un país con Técnicos profesionales”.

La acción judicial fue presentada formalmente por dos estudiantes de escuelas técnicas, acompañados por sus padres, en representación de un colectivo integrado por familiares, estudiantes y docentes de distintas instituciones, según indicaron a Página/12 integrantes del grupo.

Los amparistas plantean cinco argumentos de inconstitucionalidad. En primer lugar, sostienen que “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”, como la Ley de Educación Técnico Profesional. En ese sentido, afirman que “usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío del Poder Legislativo y una violación al principio republicano”.

En segundo término, argumentan que el artículo vulnera el derecho constitucional a la educación, que “para ser real exige financiamiento suficiente, continuo y previsible”. Al respecto, señalan que “eliminar los pisos legales de inversión implica vaciar el derecho de contenido, transformándolo en una promesa formal sin sustento material”.

Como tercer punto, advierten que el nuevo presupuesto “viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad”, ya que “deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas”.

En cuarto lugar, califican la medida como “discriminatoria”, al señalar que “el impacto del Artículo N°30 no es igual para todos, quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y, quienes no, quedarán afuera”.

Finalmente, sostienen que la decisión “compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial”, debido a que “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo y las trayectorias educativas no se pueden ‘pausar’ y retomar sin daño”, según publicó Página/12.

El amparo quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires y solicita la restitución de todo lo derogado por el Artículo N°30, tanto en lo referido a la educación técnica como al sistema educativo en general. El juzgado deberá definir si levanta la feria judicial para tratar el planteo y luego resolver sobre la medida cautelar solicitada. (APF)

El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades argentinas está rodeado de incertidumbre. Así lo expresó Diego Zanetti, docente universitario y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en diálogo con EL ARGENTINO, al analizar el comunicado del Frente Sindical y la situación presupuestaria del sector. “Coincidimos con el planteo porque la situación viene siendo cada vez peor. Tenemos un muy pequeño margen de maniobra para poder garantizar que el 2026 inicie las actividades de manera normal”, dijo.

Zanetti explicó que el fallo de Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 sobre la ley de financiamiento universitario, suspendida por el gobierno de Javier Milei, es apenas un respiro: “Nos da en cierto modo esperanza, en términos de fe, relacionada al cumplimiento de una ley sancionada y ratificada, pero arbitrariamente suspendida. Si esa medida cautelar se pudiera garantizar, tendríamos un espacio de clarificación de la condición presupuestaria”.

El docente remarcó que más allá de lo salarial, el problema es estructural: “Tenemos un desfinanciamiento marcado, que se va a acentuar aún más con la decisión del gobierno de derogar el financiamiento de ciencia y tecnología, educación técnica y fondos educativos”.

Zanetti reflexionó que las políticas oficiales implican un retroceso profundo: “Ya tuvimos un atisbo de comprensión acabada de qué es lo que quiere este gobierno desde el punto de vista de la ciencia. Con las líneas que supuestamente van a habilitar, muestran un sesgo absolutamente anti argentino, un renunciamiento a la soberanía científica y tecnológica”. explicó a EL ARGENTINO.

El docente fue categórico: “No se trata sólo de ciencia y tecnología, sino de una renuncia de soberanía en muchos otros aspectos. Si no tenemos garantía de lo salarial y del financiamiento universitario, será muy difícil garantizar un inicio normal del 2026”.

Recordó que en los últimos años las universidades atravesaron un camino de vetos y presupuestos recortados: “Pasamos un 2024 con una ley vetada, un 2025 con una ley aprobada pero suspendida, y ahora arrancamos un 2026 con un presupuesto mentiroso, con números absolutamente falsos”.

Zanetti cuestionó además la estrategia comunicacional del gobierno: “El secretario de política universitaria amagó con un aumento del 25% simplemente para tirar la pelota al córner. Fue una operación de prensa que impactó mucho dentro de las organizaciones”.

El referente de ADGU relató el impacto cotidiano en la comunidad docente: “Conversando con colegas en las mesas de exámenes, muchos me dicen literalmente: ‘No sé si en 2026 sigo dando clases’. Cada mes tratamos una renuncia en el consejo directivo. Gente capacitada, formada, que decide dejar la universidad porque no puede sostenerlo en su economía personal y familiar”.

Zanetti agregó que la crisis desalienta a las nuevas generaciones: “Muchos jóvenes deciden no involucrarse en la carrera docente por esta condición. Es lamentable, pero estamos en una situación muy complicada”.

En ese marco, anticipó posibles medidas de fuerza: “Es muy probable que de persistir esta política de ajuste, el 2026 tenga un inicio con los docentes tomando medidas de fuerza, tal cual fue la finalización del 2025. Terminamos el año con paros y sin convocatoria a paritarias. El inicio de clases no está garantizado bajo ningún aspecto”.

El docente también desmintió el supuesto aumento anunciado por el Ministerio de Capital Humano: “No es un aumento: es una mentira. Fue una fake news. El gobierno nos tiene acostumbrados a estas operetas. El aumento efectivo ronda el 25,5% anual, apenas empató una inflación futura. No hay recuperación salarial”.

Zanetti subrayó la gravedad de la letra chica: “Ese aumento estaba atado al Presupuesto 2026, cuyo artículo 75 pretendía derogar la Ley de Financiamiento Universitario. Perdemos por el pasado, porque no se recupera nada de lo perdido. Perdemos por el futuro, porque se nos promete un 2026 con números que nadie cree”.

Finalmente, concluyó con una definición contundente: “Este anuncio no es una política salarial, es cartón pintado, un montaje comunicacional para encubrir más ajuste. La realidad es salarios por debajo de la línea de pobreza, paritarias empantanadas y más desfinanciamiento universitario. Sin salarios dignos no hay universidad posible. La educación no es un gasto: es futuro”.

La sanción de la Ley 27.610 en diciembre de 2020 marcó un hito histórico en la conquista de derechos reproductivos en Argentina. Sin embargo, cinco años después, el escenario nacional de recortes amenaza con vaciar la normativa. En Entre Ríos, las socorristas nucleadas en las “Doras – Socorristas en Red” continúan desplegando un rol clave: monitorean el cumplimiento de la ley, articulan con equipos de salud y acompañan a quienes deciden interrumpir un embarazo.

María Elena Alé, referente provincial, explica que la tarea no se detuvo tras la sanción: “Estamos garantizando accesibilidad y acompañando abortos donde no hay profesionales, además de sensibilizar y capacitar a equipos de salud y organizaciones sociales”.

A diferencia de la gestión nacional, la provincia mantiene una voluntad política de sostener la ley. Sin embargo, los recursos son insuficientes. Las compras de insumos se realizan de manera parcial y con demoras burocráticas que afectan la prevención. “El año pasado hubo más de seis meses de demora en la entrega de anticonceptivos. Eso hace que toda la intencionalidad preventiva se pierda”, denuncia Alé.

Uno de los retrocesos más graves es el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Sin financiamiento nacional, la provincia decidió no continuar con la política. El resultado es alarmante: aumentan los embarazos no deseados y resurgen infecciones de transmisión sexual que estaban prácticamente erradicadas. “Nos llegan cada vez más mujeres embarazadas, no por desconocimiento, sino porque los métodos no se entregan. Y lo más preocupante es el rebrote de sífilis”, advierte la activista.

En este contexto, la película Belén —que relata la criminalización de una joven tucumana por una emergencia obstétrica— se convierte en un recordatorio de los riesgos de retroceso. Para Alé, el film expone las prácticas judiciales e institucionales de violencia y refuerza la necesidad de sostener la lucha socorrista en Entre Ríos.

A cinco años de la aprobación de la ley, las Doras continúan siendo un eslabón fundamental en la garantía de derechos reproductivos. Bajo el lema “¡Nos tenemos entre nosotras!”, la red feminista despliega acompañamiento, escucha y pedagogía, mientras exige al Estado que cumpla con los derechos conquistados.

En un escenario de ajuste y desfinanciamiento, la resistencia entrerriana se convierte en símbolo de compromiso: sostener la ley, garantizar el acceso y evitar que la burocracia y la falta de recursos vulneren la salud y la dignidad de miles de mujeres y personas gestantes. (APFDigital)

El Gobierno no detiene su estrategia parlamentaria: distribuyó la integración de comisiones a su favor, consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 y ya tiene convocada una sesión en Diputados para el miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de alcanzar la media sanción en período de sesiones extraordinarias. También avanzó su iniciativa de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que impone sanciones penales a quienes ejecuten incrementos presupuestarios sin recursos acreditados.

El borrador final del proyecto libertario se conoció en el mismo plenario y su contenido replica en gran medida el contenido de la propuesta dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa, que obtuvo 28 firmas (entre ellas 6 en disidencia, del PRO, UCR, MID e Innovación Federal), proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Finalmente, la iniciativa deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad sancionadas (motivo por el que respaldaron con disidencia el bonaerense Falcone y el misionero Herrera), se prorroga beneficios impositivos a la energía renovable e incorpora eximición de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Se conocieron otras dos iniciativas. Una de ellas es de Unión por la Patria (18 apoyos) que precisamente hizo hincapié en las leyes insistidas por el Congreso (financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y fondos para salud pediátrica). La presentación de sus puntos principales fue realizada por Germán Martínez, quien insistió en la nueva narrativa justicialista ("no hay un único camino") enumerando propuestas el peronismo legislativo debatió durante el último año: presupuesto para el ENARD, el sostenimiento de la ley que promueve aumentos paulatinos de los fondos educativos y la preservación de la extensión del régimen de Zona Fría.

La otra redacción es de Provincias Unidas, con tres respaldos. Su documento, cuya premisa es que "alcanzar el equilibrio no puede implicar el desfinanciamiento de políticas esenciales", también promueve el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad y en salud pediátrica. Además, agrega líneas de financiamiento para el Fondo Nacional de Bosques Nativos, FAdeA, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Empleo, mientras que incorpora instrumentos para la "protección del patrimonio estratégico" y para el registro de capitalización de la deuda pública.

La Libertad Avanza logró que avance su proyecto con los acuerdos previos con los gobernadores, pero además se garantizó el dictamen de mayoría a partir de una distribución selectiva de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así fue que entre el empate de dos interbloques (el de Provincias Unidas-Encuentro Federal y el del PRO-UCR), se distribuyeron cuatro lugares para radicales y macristas, más alineados con el oficialismo, en detrimento de los tres representantes de los provincialistas opositores. Misma lógica ocurrió con el Frente de Izquierda (con un bloque de 4 diputados), al que no le cedieron representación, aunque sí lo hicieron a Elijo Catamarca (3) y Producción y Trabajo (2). (Ámbito)

La Justicia ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de este año.

Si bien el gobierno nacional había promulgado la norma, su ejecución se encontraba en pausa porque el Poder Ejecutivo argumentaba que el Congreso no había estipulado el origen de los fondos.

Ahora, el Juzgado Federal de Campaña puso fin a la controversia y en un fallo de alto impacto social declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución.

La sentencia ordena la inmediata aplicación de la ley en todo el país y tiene efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios, quienes habían visto restringidos sus derechos por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos menores de edad titulares de Certificado Único de Discapacidad, y rápidamente sumó la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país. El reclamo central apuntaba a que la suspensión de la ley, dispuesta por el decreto presidencial, privaba a miles de personas de las medidas de emergencia diseñadas para garantizar la continuidad de tratamientos, la calidad de los servicios y la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación y la inclusión social.

El conflicto de fondo giró en torno a la división de poderes y la supremacía constitucional. El Congreso había sancionado la Ley 27.793 en julio de 2025, declarando la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. El Poder Ejecutivo Nacional vetó la norma por razones de sostenibilidad fiscal, pero el Congreso rechazó el veto y, conforme al Artículo 83 de la Constitución Nacional, la ley debía ser promulgada y aplicada sin condiciones. Sin embargo, el Ejecutivo dictó el Decreto 681/2025, suspendiendo la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional, invocando el Artículo 5° de la Ley 24.629 y el Artículo 38 de la Ley 24.156.

La demanda colectiva argumentó que esta suspensión constituía una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación del principio de supremacía constitucional. Sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional no puede condicionar la vigencia de una ley sancionada por insistencia parlamentaria, ni subordinarla a normas de rango inferior. Además, denunció que la medida perpetuaba el desfinanciamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, agravando la crisis de instituciones, profesionales y familias.

El expediente reunió un extenso caudal probatorio y la adhesión de entidades como la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), la Asociación de Transportistas y Amigos Educación para Capacidades Distintas (ATAECaDis), y la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre, entre muchas otras.

Los informes de amicus curiae y las presentaciones de prestadores y familiares coincidieron en describir una crisis estructural: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6%, generando una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%. Se documentó el cierre de instituciones, la interrupción de tratamientos, la pérdida de empleos y la imposibilidad de sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.

El Ministerio de Salud de la Nación, en su defensa, negó que el decreto implicara una suspensión arbitraria y sostuvo que la ejecución de la ley sin financiamiento específico pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales del Estado. Argumentó que el Jefe de Gabinete de Ministros no podía reasignar partidas presupuestarias para la ley suspendida y que la decisión de incluir los fondos correspondía al Congreso. Además, advirtió que hacer lugar al amparo podría afectar gravemente el funcionamiento de otras áreas estatales.

El fallo del Juzgado Federal de Campana analizó en profundidad la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos de incidencia colectiva, la legitimación para accionar en defensa de intereses individuales homogéneos y la obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables. El juez recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad en materia de derechos sociales.

En uno de los pasajes centrales, la sentencia sostuvo: “la cláusula del Art. 2 del Decreto 681/2025 resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Art. 83 de la Constitución Nacional.

El fallo subrayó la gravedad de la situación para las personas con discapacidad, especialmente niños y adultos mayores, y la necesidad de una protección reforzada. Citó la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció el derecho autónomo al cuidado y la obligación estatal de garantizarlo. Además, rechazó los planteos de la demandada sobre hechos nuevos vinculados al debate presupuestario en el Congreso, por considerarlos irrelevantes para la cuestión de fondo.

En su parte resolutiva, el juzgado hizo lugar a la acción colectiva, declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 para todo el colectivo representado. Impuso las costas al Estado Nacional y dispuso la notificación a todas las partes y la publicación del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos publicó Infobae.

Un sector de la docencia universitaria entrerriana inició este lunes un paro de una semana en reclamo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La medida, convocada por el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), se extenderá hasta el 6 de diciembre y afectará el normal desarrollo de las mesas de exámenes en las instituciones de la provincia.

La organización, enrolada en Conadu Histórica, denunció un “ahogo presupuestario” que —según destacan— mantiene los salarios en niveles de pobreza. “El gobierno de Javier Milei le declaró la guerra a los trabajadores. Especialmente a la universidad, con salarios que no alcanzan y presupuestos insuficientes”, plantearon en el comunicado de convocatoria.

Sitradu remarcó que la Ley de Financiamiento fue aprobada en cuatro oportunidades por el Congreso, pero que el Ejecutivo nacional “se niega a aplicarla”, pese a reconocer una deuda salarial que supera el 43%. También detalló los ingresos actuales de la planta docente y no docente: un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva percibe alrededor de $450 mil y un trabajador no docente de categoría siete tiene un básico cercano a los $600 mil.

El sindicato sostuvo que estos niveles salariales obligan a la comunidad universitaria a asumir múltiples empleos y tareas precarizadas, afectando directamente la calidad académica. “No hay plata para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento; pero sí para beneficios a empresas y la especulación financiera”, cuestionaron.

Además, alertaron sobre el impacto del proyectado recorte en educación para 2026, que estiman por debajo del 40% de inversión actual. En ese marco, denunciaron que las reformas laboral, tributaria, previsional y penal impulsadas por el Gobierno “pondrán en riesgo derechos históricamente conquistados”.

En paralelo, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que integra Conadu, anticipó que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse comprometido si la Ley de Financiamiento no se implementa en su totalidad. La federación resolvió preparar un plan de lucha nacional que incluye la posibilidad de no comenzar las clases en marzo.

“El desfinanciamiento histórico llevará a una crisis que costará años revertir si no hay una respuesta urgente”, advirtió el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, al término del plenario nacional.

Mientras tanto, el conflicto vuelve a tensar la agenda educativa del país y coloca a la comunidad universitaria de Entre Ríos frente a un cierre de año signado por la incertidumbre, con riesgo de que el impacto se profundice en el inicio del próximo ciclo académico.

En un contexto de desfinanciamiento nacional, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) se prepara para su séptima edición en Paraná. Eliana Di Giovanni, integrante del equipo organizador, y el gualeguaychuense Agustín de Torres, secretario de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer), remarcaron, en diálogo con EL ARGENTINO, la importancia de sostener espacios de producción, formación y encuentro.

El Ficer tendrá lugar en la capital provincial desde el 25 al 30 de noviembre. Será la séptima edición de un evento que se ha convertido en referencia cultural y audiovisual en la región. La programación se desplegará en lo que se denomina el Polo Cultural, que incluye el Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) y diversas subsedes en localidades de la provincia.

Eliana Di Giovanni, integrante del equipo organizador, explicó que el mayor desafío es mantener la calidad de la programación y expandir los espacios conquistados. “Este año sumamos al Centro Provincial de Convenciones, la Sala Verónica Kuttel en La Usina, la Sala Rúben Noble en el Iaaer, Las Tipas y el Cine Círculo como subsede. No se trata sólo de sostener lo logrado, sino de crecer en cantidad de salas y públicos”, dijo a EL ARGENTINO.

La apertura estará marcada por la proyección de “El mensaje”, de Iván Fund, “como gesto de apoyo al cine entrerriano y a las políticas de difusión que impulsa el Iaaer”, mencionó Di Giovanni. Mientras que el cierre será con “Un cabo suelto”, dirigida por el actor uruguayo Daniel Hendler. “La elección responde a la idea de tender puentes con países vecinos y reconocer a un actor que ha marcado generaciones encarnando personajes inolvidables y que ahora lo hace desde el rol de dirección”, manifestó la referente e integrante del equipo organizador.

Un esfuerzo compartido en tiempos de desfinanciamiento

Agustín de Torres, secretario de la Araer, subrayó que el festival se sostiene gracias a la articulación entre el Estado provincial y el sector privado que pone la mayoría de los recursos, en un escenario complejo para la producción audiovisual. “Es fundamental sostener estos espacios en un contexto donde la política nacional ha desfinanciado proyectos y no existe una estrategia concreta para el desarrollo audiovisual”, remarcó.

De Torres destacó que las provincias están asumiendo el rol de garantizar la circulación, exhibición y producción de contenidos. “Las provincias están tomando la posta para sostener los distintos circuitos, no solo la parte productiva, sino también la distribución y exhibición. Por eso es clave que existan festivales como el Ficer”, agregó.

El festival se ha consolidado como un espacio de encuentro y producción. En ese marco se desarrolla el Fisaforum, donde proyectos en etapa de guión o desarrollo participan en rondas de negocios y acceden a premios monetarios y servicios de producción. “Son películas que todavía están en etapa inicial, por lo cual es fundamental acompañar todas las fases del proceso”, explicó de Torres.

El dirigente también remarcó que el festival es un lugar de resistencia cultural: “No solamente son espacios para mostrar, sino también para producir y dialogar. En este contexto de crisis, el Ficer es una herramienta para que los realizadores podamos seguir trabajando y encontrando nuevas oportunidades”.

Formación y fomento para nuevas generaciones

La dimensión formativa es otro de los pilares del Ficer. Desde mayo, se desplegaron talleres en más de veinte localidades de la provincia, dirigidos a adolescentes de entre 13 y 18 años. “Son futuros realizadores que encuentran en estas instancias una primera experiencia de formación”, señaló de Torres.

Eliana Di Giovanni también resaltó la importancia de estas actividades: “La capacitación es parte de la política integral del festival. No se trata sólo de exhibir películas, sino de sembrar vocaciones y abrir caminos para quienes sueñan con contar historias desde Entre Ríos”.

El plan incluye además la inauguración de una cinemateca provincial, que funcionará en el Centro Tecnológico Mirador Tech. Allí se preservará material audiovisual, garantizando la conservación del patrimonio cultural entrerriano.

Por su parte, de Torres insistió en que estas políticas que brinda Araer son vitales: “Estamos en un contexto súper complejo para producir, con muy pocos recursos. Sostener estos espacios es fundamental para la supervivencia de nuestra actividad. No se trata solo de cine, también de pensar en nuevos formatos como videojuegos y series, que forman parte del futuro audiovisual”.

Un festival que la región espera

El impacto del Ficer trasciende las fronteras provinciales. Cada año llegan proyectos de gran calidad y se genera un intercambio enriquecedor entre organizadores y realizadores. “Es uno de los pocos festivales que se sostienen con fuerza y que atrae a realizadores de todo el país”, afirmó de Torres a EL ARGENTINO.

Di Giovanni coincidió en que el festival se ha convertido en un espacio esperado: “Muchos realizadores aplican porque saben que aquí hay un público atento y una organización que apuesta a la diversidad. Es un festival que se ha ganado un lugar en el mapa cultural argentino”.

La expectativa es alta: el Ficer no solo exhibe películas, sino que también abre la puerta a nuevos formatos como videojuegos y series, ampliando horizontes más allá del cine tradicional. “Nosotros también participamos con nuestros proyectos y eso hace crecer el espacio”, concluyó de Torres.

El Ficer se presenta como una política cultural clave para sostener la producción audiovisual en tiempos difíciles. En un escenario de desfinanciamiento nacional, Entre Ríos apuesta a la articulación público-privada y al compromiso de sus realizadores para mantener vivo un festival que combina exhibición, formación, fomento y conservación.

La voz de Eliana Di Giovanni y Agustín de Torres refleja la convicción de que el cine entrerriano no solo debe sobrevivir, sino expandirse e interactuar con el mundo. El festival es, en definitiva, un acto de resistencia cultural y un puente hacia nuevas generaciones de realizadores.

El titular del gremio, Andrés Besel, y el secretario de Prensa del sindicato, Carlos Fontana, concurrieron el sábado pasado al Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Entre Ríos, donde fueron recibidos por su presidente Hernán C. Schönfeld, en el marco del acto en el que se hizo un reconocimiento a los afiliados matriculados que cumplen 25 años de trayectoria.

Durante su intervención, Besel saludó a los colegas del Colegio y destacó el rol crucial de los técnicos en el desarrollo del país, pero centró su mensaje en la "grave situación" y el riesgo de un "desfinanciamiento total" de la modalidad técnico-profesional que, según advirtió, pretende el actual gobierno nacional al eliminar la partida presupuestaria en el Artículo 30 del proyecto de ley.

El dirigente sindical recordó la importancia histórica de la Ley 26.058 de Educación Técnico-Profesional de 2005, lograda por el esfuerzo conjunto de la docencia a través de AMET, el COPMMOTER, foros técnicos y otros sectores, que permitió la recuperación de la Escuela Técnica tras la Ley Federal de Educación.

Luego subrayó que el "corazón" de esta ley es su Artículo 52, que garantiza el financiamiento para la compra de máquinas, instrumental, insumos y planes de mejora para escuelas técnicas y agrotécnicas, así como la formación de recursos humanos (profesores e instructores). En este sentido, enfatizó: “Estos fondos no son para AMET, sino que es para la mejora de la calidad educativa de las y los estudiantes, y de las escuelas técnicas y agrotécnicas del país”.

Y continuó haciendo un llamado a la acción: “Les pido a los presentes que si conocen a algún legislador nacional hablen con ellos para evitar que esta medida avance en el Congreso Nacional”.

“Ya se están preparando movilizaciones y gestiones para dialogar con diputados y senadores nacionales y el gobernador”, de acuerdo a lo definido por el Congreso Extraordinario de Delegados que se realizó el pasado jueves 9 de octubre en Paraná.

Finalmente, remarcó: “Sin financiamiento real para talleres, laboratorios y sectores productivos, los mejores planes de estudio quedan en lo teórico” y reivindicó la formación pedagógica alcanzada por los docentes técnicos gracias a la mencionada ley. (APFDigital)

La protesta continuará el miércoles en el marco de la elección de delegados, con distribución de volantes y afiches en las escuelas.

Este jueves se realizó el Congreso provincial de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) a fin de definir el Plan de Lucha ante la decisión del gobierno nacional de derogar el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, que establece la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, en el proyecto de Presupuesto 2026.

Como principal medida, el secretario General, Andres Besel anunció la realización de un paro de 24 horas para el próximo martes en la provincia y la participación de representantes de la seccional de Entre Ríos en la movilización que se llevará a cabo en Buenos Aires ese mismo día.

Además, en caso de presentarse el proyecto en el Congreso y las comisiones, ya sea de Presupuesto y/o Educación, habrá una movilización a fin de rechazar la iniciativa y con la esperanza de que los legisladores los acompañen con el voto. “Se van a pedir audiencias y entrevistas con los legisladores nacionales y hasta con el gobernador para llevar el documento donde más de mil docentes de escuelas técnicas y agrotecnicas y de formación profesional elaboraron para que no se apruebe porque destruiría el presente y el futuro de las escuelas”, anticipó Besel.

Asimismo, se decidió invitar a directivos, centros de exalumnos, centros de estudiantes y cooperadoras a “unificar criterios” para elaborar escritos y presentárselos a diputados y senadores.

Por otra parte, en el ámbito provincial se avaló el trabajo de los vocales que, según Besel, no han tenido reconocimiento en el Consejo General de Educación y por lo cual se insta a incorporar los aportes que los vocales de AMET han hecho.

Además, el miércoles habrá elecciones de delegado. Dicha elección se realizará en todas las escuelas técnicas de Entre Ríos. Alllí habrá una continuación de la protesta con entrega de volantes y afiches a fin de concientizar. (Fuente: APFDigital)

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), con la plena participación de Agmer en Entre Ríos, ha lanzado un plan de acción contundente frente al escenario de "ajuste y desfinanciamiento educativo" a nivel nacional. La medida de fuerza busca visibilizar la situación de la escuela pública bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”.

Las acciones comenzarán de manera inmediata. Este miércoles los docentes entrerrianos se sumarán a las actividades programadas en todo el país, que incluyen carpas educativas, clases públicas y radios abiertas en plazas y espacios públicos de las principales ciudades de la provincia. Estas jornadas buscan un contacto directo con la comunidad para explicar los alcances del reclamo.

El punto central de la protesta será el martes 14 de octubre, cuando se llevará a cabo un Paro Nacional Docente con movilización.

Agmer movilizará a los maestros de Entre Ríos para reclamar por:

La Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para discutir condiciones laborales y salariales a nivel federal.

La Restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, un componente clave del salario docente en la provincia.

La sanción de una Nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice la inversión necesaria para la educación pública.

El aumento del presupuesto para mejorar la infraestructura escolar y conseguir mejores salarios y jubilaciones dignas para las y los trabajadores de la educación.

El gremio ratificó su compromiso en defensa de la educación pública, instando al gobierno a revertir los recortes y asegurar los fondos necesarios para garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender, destacando que defender la educación es esencial para el futuro de la Patria. (Fuente: APFDigital)