Por Martín Céspedes*

Durante mucho tiempo el derecho privado partió de una idea sencilla: dos personas libres celebraban un contrato en condiciones de igualdad y ambas debían cumplirlo.

Ahora bien, la realidad actual nos demostró que ser iguales ante la ley no significa necesariamente estar en igualdad de condiciones.

De un lado puede encontrarse una persona que contrata un servicio; del otro, una empresa profesionalmente organizada, con conocimientos técnicos, información y capacidad económica muy superiores. Allí encuentra una de sus principales razones de ser el Derecho del Consumidor.

En nuestro país, el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de consumidores y usuarios a la protección de su seguridad e intereses económicos. A ello se suma la Ley 24.240, que establece, entre otras cosas, el deber de información y seguridad del proveedor. Esta diferencia entre consumidor y proveedor resulta particularmente visible en la actividad financiera.

Hoy en día, un banco ya no nos brinda solamente una cuenta y un CBU. Nos proporciona home banking, aplicaciones móviles, transferencias inmediatas, tarjetas virtuales, créditos preaprobados y operaciones disponibles las veinticuatro horas. Este servicio que puede estar expuestos a riesgos o delitos financieros, también forma parte del servicio que nos presta la entidad financiera.

Por lo tanto, junto con la facilidad y rapidez que ofrece la banca digital aparecen obligaciones de información, control, seguridad y prevención del daño. El consumidor sabe utilizar una aplicación, pero no conoce ni controla lo que ocurre detrás de ella. El banco, en cambio, administra los mecanismos de autenticación, registros de acceso, dispositivos habilitados, alertas, perfiles transaccionales y sistemas destinados a detectar operaciones inusuales.

Claramente la realidad actual nos pone en evidencia una nueva desigualdad, ahora tecnológica.

En ese escenario aparece el phishing o delito financiero, ya que un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico o una llamada aparentemente auténtica. “Detectamos una operación sospechosa”. “Su cuenta será bloqueada”. “Necesitamos validar sus datos”.

El consumidor confía, proporciona información y el delincuente consigue ingresar al sistema. ¿Termina allí la responsabilidad del banco porque la víctima entregó sus datos?

Un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes – máximo organismo judicial en la provincia - respondió negativamente. Así, en diciembre de 2025 resolvió el caso de una consumidora víctima de phishing mediante el cual se había obtenido un préstamo posteriormente declarado nulo. El banco sostuvo que había sido la propia cliente quien había proporcionado voluntariamente sus datos.

El Superior Tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que el banco continúa siendo el principal obligado a garantizar la seguridad de las operaciones y prevenir fraudes electrónicos, especialmente porque la trazabilidad técnica de los canales digitales se encuentra bajo su control. El fallo menciona además mecanismos concretos de prevención: doble autenticación, monitoreo de operaciones inusuales, alertas y controles sobre dispositivos y direcciones IP.

La diferencia es importante: una cosa es explicar cómo el delincuente consiguió las claves y otra, por qué el sistema permitió después concretar el daño.

Fueron 51 transferencias en 35 minutos. En otro caso paradigmático, “Martorina c/ Nuevo Banco de Santa Fe” se realizaron 51 transferencias “infrecuentes” - destaca el fallo - de $20.000 en menos de 35 minutos. Luego hubo otras tres operaciones. En total desapareció más del 98% del dinero disponible en la cuenta.

Allí, la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe consideró suficientemente acreditada, en esa etapa preliminar, la existencia de operaciones extraordinarias y terminó adoptando una decisión particularmente interesante: ordenó cautelarmente al banco restituir la totalidad del dinero transferido, $1.078.000, previa fianza, sin esperar la sentencia definitiva. Esto significa devolver en forma anticipada y sin esperar el consumidor, la tramitación total de un proceso que puede llevar años.

Esto muestra otra faceta moderna del Derecho del Consumidor: no solamente reparar el daño cuando finalmente termina un juicio, sino también procurar evitar que el transcurso del proceso termine agravándolo.

Aunque entendemos que el consumidor también debe actuar con prudencia: proteger sus contraseñas, no proporcionar códigos de seguridad y desconfiar de enlaces o comunicaciones sospechosas; el hecho de que el consumidor haya sido engañado tampoco puede convertirse automáticamente en una eximente de responsabilidad para el banco.

Habrá que analizar cada caso: si las operaciones eran habituales, si se realizaron desde un dispositivo nuevo, si existieron transferencias sucesivas, incorporación de destinatarios desconocidos, contratación repentina de créditos o movimientos incompatibles con el perfil del cliente. Y también habrá que preguntarle al banco qué medidas adopto su sistema frente a esas señales, y donde debe participar activamente – puesto que es quien cuenta con toda la información de su propia plataforma digital – en la clarificación del caso.

La tecnología cambió extraordinariamente la forma de utilizar los servicios financieros y el Derecho del Consumidor necesariamente debe acompañar esa transformación, ya que buena parte de la seguridad está en nuestro Celular. Y por ello, las ventajas de la digitalización no pueden pertenecer exclusivamente al proveedor mientras todos sus riesgos son trasladados al usuario.

Mas aún, cuando el delito financiero ya no es un hecho imprevisible para el banco, y por ello, sin desconocer la responsabilidad del propio usuario en la protección de sus datos, debemos preguntarnos en la actualidad: ¿Por qué el sistema que debía proteger su dinero no consiguió detenerlo?

*Martín Céspedes

Abogado

En una nota publicada en 2019 ya advertíamos sobre un nuevo grupo de trabajadores que no encajaba en las categorías jurídicas tradicionales. No reunían, al menos visiblemente, todos los rasgos clásicos de una relación laboral, pero tampoco constituían verdaderos empresarios autónomos. Dependían de una aplicación que les asignaba tareas, organizaba el contacto con los clientes y podía dejarlos fuera del sistema.

Por Roberto Martín Céspedes*

La pregunta era sencilla: ¿qué sucede si quien obtiene su principal ingreso repartiendo pedidos queda incapacitado después de un accidente? El trabajador registrado cuenta con el sistema de riesgos del trabajo. El emprendedor autónomo clásico organiza su empresa, negocia honorarios y forma una clientela. El trabajador de plataforma digital queda en el medio: soporta los riesgos del empresario, pero carece de su poder económico.

Siete años después, la Ley 27.802 finalmente regula el tema que nos convoca. Sin embargo, en lugar de resolver aquella desprotección, en buena medida la convirtió en una categoría legal.

La autonomía frente a las plataformas

El nuevo régimen comprende los servicios de movilidad de personas y reparto contratados mediante plataformas tecnológicas (Rappi, Pedido Ya, Uber, etc.). Denomina a conductores y repartidores "prestadores independientes", los excluye expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo y dispone que, para lo no previsto, se aplique el Código Civil y Comercial.

La denominada Ley de Modernización Laboral les reconoce libertad para conectarse, utilizar distintas aplicaciones, rechazar pedidos, elegir vehículo y su recorrido y desconectarse sin preaviso. También exige información sobre cada servicio, capacitación, atención humana, explicaciones frente a una suspensión y el pago íntegro de las propinas. Son previsiones razonables, pero regulan la flexibilidad de la actividad, no la desigualdad económica existente.

El prestador no tiene garantizados ingreso mínimo, vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, límites de jornada, indemnización por despido ni protección frente al desempleo. Tampoco un sistema específico de negociación colectiva. Y la libertad de rechazar pedidos es cuanto menos cuestionable en la especialidad.

Allí aparece el empleador invisible: el algoritmo. La plataforma o app no entrega órdenes en papel, pero clasifica, premia, penaliza, asigna viajes, calcula tarifas y decide quién trabaja. La subordinación no desaparece porque la instrucción sea emitida por un programa.

La protección de los repartidores frente a los accidentes –quienes se encuentran expuestos a múltiples riesgos dado que se desempeñan en la vía pública en moto vehículo o en bicicleta– también es insuficiente. Se reconoce un seguro de accidentes personales que debe contemplar fallecimiento accidental, incapacidad permanente y determinados gastos médicos, farmacéuticos y funerarios, pero no se establece una ART ni un sistema equivalente de prevención, tratamiento integral, rehabilitación y prestaciones dinerarias durante una incapacidad temporaria.

Aunque la ley dice que el seguro será proporcionado por las plataformas, dispone que su provisión y sus gastos serán objeto de libre acuerdo. Se proclama un derecho y luego se permite negociar quién lo paga entre una plataforma y un repartidor individual. Ante semejante desigualdad, la autonomía de la voluntad puede transformarse en la libertad del más fuerte para imponer condiciones.

Pensemos además que la regulación contiene una injusticia frente a un claro esfuerzo y costo que asume un empleador en la relación clásica de trabajo (por ej. Una Distribuidora comercial) quien debe asumir los costos laborales, aportes, obra social, ART y demás, y justamente a esta Pyme le exigimos mucho más que a una plataforma digital, una empresa, cadena o franquicia multinacional, con otros ingresos y recursos técnicos económicos.

La situación en el derecho español

Aportando sobre la misma problemática, tomamos la previsión del derecho español. La Ley 20/2007 creó la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, aplicable al autónomo genuino que obtiene al menos el 75% de sus ingresos de un cliente principal. Exige contrato escrito y registrado y reconoce garantías frente a la interrupción y extinción de la actividad.

Después, la jurisprudencia comprobó que muchos repartidores eran trabajadores por cuenta ajena. En 2020, el Tribunal Supremo declaró laboral la relación entre Glovo y un repartidor porque la empresa no era una simple intermediaria: organizaba el servicio y ejercía dirección y control mediante su plataforma.

En el año 2021 legisla sobre una presunción de laboralidad cuando la empresa ejerce organización, dirección y control, aun indirectos, mediante la plataforma digital.

La objeción a la Ley 27.802 no consiste en negar que puedan existir verdaderos prestadores autónomos, ya que esta previsión existía en el Código Civil Argentino. El problema es convertir esa posibilidad en una calificación general y anticipada. La realidad puede mostrar tarifas impuestas unilateralmente, dependencia económica, seguimiento por geolocalización, premios por disponibilidad, pérdida de prioridad por rechazar pedidos y bloqueos sin un contradictorio efectivo.

La nueva ley pudo establecer un ingreso mínimo para este prestador, una cobertura integral de accidentes, aportes compartidos, descansos, derechos mínimos garantizados protegiendo esta evidente desigualdad frente a la plataforma digital. También pudo presumir una relación laboral cuando la plataforma dirigiera o controlara efectivamente el trabajo, reservando la autonomía para quien fuera verdaderamente autónomo.

Eligió otra solución: asegurar la independencia de la plataforma antes que la seguridad del prestador.

La Jurisprudencia de Nuestros Tribunales

En nuestro país, aun antes de la sanción la jurisprudencia se expidió sobre el tema considerando que la situación de los repartidos de plataformas digitales, quienes acreditando un servicio para estas plataformas con dedicación exclusiva es considerado como una clara relación laboral de dependencia: fundamentado ello en la presunción de laboralidad del art. 23 de la ley de contrato de trabajo. Incluso ha tocado expedirse en el caso a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien ha expresado ya este criterio “Ministerio de Trabajo vs. Rappi Argentina S.A.S. s. Apelación de resolución administrativa”, SCJ, Buenos Aires.

La tecnología modificó la forma de impartir órdenes, pero no eliminó la vulnerabilidad. Detrás de cada viaje hay una persona que pone su tiempo, su propio cuerpo y muchas veces su único vehículo para obtener ingresos. Llamarla independiente no la vuelve empresaria; excluirla de la legislación laboral no elimina las contingencias que enfrenta, como tampoco elimina los debates y litigios futuros como sostenemos.

*Abogado especialista en Derecho Laboral. Docente universitario. Mat. F°139 - N° 5109.

La distribución del ingreso en la Argentina urbana sufrió un marcado deterioro durante los primeros tres meses de 2026. El indicador que mide la desigualdad entre los hogares retrocedió a niveles que no se registraban desde comienzos de 2024, según el último informe de Evolución de la Distribución del Ingreso publicado por el Indec, basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El panorama muestra un escenario complejo donde el 16,6% de la población urbana percibió un ingreso per cápita familiar por debajo de los $250.000 mensuales.

El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar escaló a 0,442 puntos en el primer trimestre de 2026, mostrando un retroceso frente a los 0,435 puntos registrados en el mismo período del año anterior. Este indicador macroeconómico mide la concentración del ingreso en una escala de 0 a 1 (donde 0 es igualdad absoluta y 1 es concentración total); el registro actual se posiciona como el más alto desde el primer trimestre de 2024, cuando la fuerte devaluación de finales de 2023 había llevado el índice a un pico de 0,467 puntos.

Las brechas de género en la economía argentina se intensificaron durante el último año, según el informe “8 de marzo en perspectiva económica” elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El relevamiento, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares al tercer trimestre de 2025, muestra que la tasa de desempleo femenino ascendió al 7,4%, frente al 5,9% de los varones. La situación es más crítica entre las jóvenes de 14 a 29 años, donde la desocupación prácticamente duplica el nivel general.

El estudio advierte sobre una marcada “feminización de la pobreza”: las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos. En contraste, el 63% del sector de mayores ingresos está compuesto por varones. Esta brecha patrimonial se refleja en el sistema tributario: las mujeres apenas constituyen el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% en el Impuesto a las Ganancias.

El CEPA señala que el ajuste fiscal impactó de manera directa en las políticas de género. Según el análisis del presupuesto 2026, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir desigualdades sufrieron recortes o fueron eliminados. La moratoria previsional tuvo un ajuste real del 41,71%, lo que implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria. El programa de construcción de jardines de infantes fue eliminado y no se proyecta la creación de nuevos espacios para este año. Además, la línea 144 registró una caída del 23% en el crédito ejecutado entre 2023 y 2025.

El informe también advierte que la reforma laboral recientemente aprobada profundiza las desigualdades. La introducción del “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pagarlas, afecta especialmente a las mujeres, quienes destinan tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado. Asimismo, la derogación de la Ley de Teletrabajo eliminó la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.

Para el CEPA, este escenario consolida un modelo en el que el retiro del Estado de las políticas de cuidado obliga a las mujeres a absorber esas tareas en sus hogares, limitando aún más sus posibilidades de inserción en el mercado formal y profundizando la desigualdad económica y social. Fuente: APFDigital

La aceleración de la transformación digital está redefiniendo el mercado laboral en América Latina. La inteligencia artificial, la ciberseguridad y los servicios en la nube se expanden con rapidez en empresas y gobiernos, generando una demanda creciente de profesionales especializados que el mercado aún no logra cubrir.

En Argentina, donde la industria tecnológica se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía del conocimiento, la escasez de talento aparece como uno de los principales límites para sostener el crecimiento.

En este contexto, la baja participación femenina en áreas vinculadas a informática e ingeniería agrava el problema. Aunque las mujeres representan la mayoría del estudiantado universitario en Argentina, su presencia en carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemática— sigue siendo minoritaria. Según un relevamiento de la Facultad de Ingeniería de la UBA, entre 2018 y 2022 las mujeres promediaron apenas el 28% de los ingresantes a carreras de grado.

La tendencia se replica en América Latina, donde las mujeres ocupan alrededor del 28% de los puestos en ciencia e ingeniería. El desafío no es solo el acceso, sino la posibilidad de construir trayectorias sostenidas hacia roles de decisión. “El reto no es únicamente el ingreso, sino la posibilidad de construir carreras de largo plazo en áreas estratégicas de la industria”, señaló Claudia Buranits, directora de Alianzas y Ecosistemas para Argentina, Uruguay y Chile en Kyndryl.

La urgencia del tema se refleja en los datos de adopción de inteligencia artificial. Según el People’s Readiness Report, el 87% de los líderes empresariales prevé que la IA transformará completamente los roles laborales en el próximo año, pero solo el 29% considera que su fuerza laboral está preparada para ese cambio. Ese desfasaje entre expectativa y realidad se traduce en déficit de talento, que golpea con más fuerza en un mercado que ya excluye a más de la mitad de la población de sus principales carreras de formación.

En Argentina, la brecha también se observa en los espacios de decisión. Un informe de KPMG sobre las 1000 compañías que más facturan en el país reveló que solo el 17,8% de los integrantes de los directorios son mujeres. A esto se suma la desigualdad salarial: según el Indec, las mujeres ganan en promedio un 26,2% menos que los hombres.

Cerrar la brecha de género en tecnología se ha convertido en una prioridad para la competitividad y el desarrollo de América Latina. El gran desafío es sumar mujeres a la industria y garantizar que participen plenamente en las decisiones que definirán el futuro digital.

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado en enero de 2026 y en proceso de ratificación durante febrero, promete transformar el mapa del comercio internacional. Sin embargo, detrás de los discursos oficiales sobre integración y oportunidades, emergen voces críticas que advierten sobre los efectos negativos, especialmente para Argentina.

La posibilidad de que productos ultra procesados provenientes del bloque sudamericano ingresen masivamente a Europa ha encendido alarmas en torno a la preservación de la dieta mediterránea, reconocida por su valor saludable y cultural. En paralelo, Argentina se enfrenta a un dilema: aprovechar la apertura de mercados o asumir los costos de un modelo exportador que puede deteriorar su imagen y su tejido social.

La narrativa oficial celebra el acuerdo como una oportunidad para ampliar exportaciones, pero la realidad argentina muestra fisuras. El país, con una economía marcada por la dependencia de materias primas y alimentos, podría ver cómo su oferta se concentra en productos procesados de bajo valor nutricional. Este perfil exportador, lejos de consolidar una marca país asociada a calidad y tradición, amenaza con ubicar a Argentina en el centro de un debate europeo sobre salud pública.

Los especialistas advierten que la apertura hacia alimentos ultra procesados puede generar un efecto boomerang: si Europa percibe a Argentina como un proveedor de productos que erosionan la dieta mediterránea, la reputación nacional quedará debilitada. A ello se suma el riesgo de sanciones regulatorias, restricciones futuras y un mercado cada vez más exigente en términos de trazabilidad y sostenibilidad.

En el plano interno, el acuerdo también plantea tensiones. Los sectores exportadores celebran la posibilidad de nuevos ingresos, pero organizaciones sociales y de salud alertan sobre el impacto de replicar ese mismo modelo en el consumo local. La expansión de la industria de ultra procesados, incentivada por la demanda externa, puede profundizar problemas de obesidad, malnutrición y desigualdad alimentaria en Argentina.

El acuerdo Mercosur–UE, lejos de ser una simple apertura comercial, expone las contradicciones de Argentina en el escenario global. La promesa de crecimiento económico se enfrenta a la amenaza de un deterioro en la imagen internacional y a riesgos sociales internos vinculados a la salud y la calidad de vida.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que se reunió en la sede de Azopardo durante más de dos horas. “Hay miradas con sesgo ideológico y no pragmático. Vemos un país empobrecido, sin inversión. Se trata de un ataque a los derechos colectivos e individuales”, dijo Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. El dirigente también le respondió al jefe de gabinete, Manuel Adorni, por sus omisiones a la hora de presentar la iniciativa en el marco del Consejo de Mayo.

La CGT está decidida a confrontar a pesar de que el Gobierno tuvo hoy un gesto al eliminar del proyecto oficial el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios. A pesar de esta señal, los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

“El debate de la ley pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo. Lo pretenden hacer con tratamiento exprés. Esta CGT quiere participar del debate. Es un paso más hacia la precarización laboral”, dijo Sola.

La estrategia de la CGT será tender puentes con gobernadores y legisladores para intentar frenar la ley en el Congreso. También se prevé una movida judicial, ya que considera algunos puntos como “inconstitucional”, como los límites al derecho a huelga.

La convocatoria del consejo directivo, que fue antecedida por una reunión de mesa chica por la mañana, reunió a más de cuarenta secretarios generales. Entre ellos, los triunviros más Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), el camionero Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros. Al término, se llevará a cabo una conferencia de prensa, en la que se darán más precisiones sobre la movilización y el plan de lucha.

“Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa en la defensa, de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”, expresó a su llegada Gerardo Martínez.

En una señal de rechazo, el hombre fuerte de los trabajadores de la construcción no asistió a la última convocatoria del Consejo de Mayo, el órgano colegiado impulsado por el Ejecutivo que reúne representantes de los diversos sectores, el cual integra en condición de representante de los gremios. Ese día se elaboró una documento donde se establecieron una serie de lineamientos básicos que incluye la también llamada “modernización laboral”, que no contó con la firma de Martínez.

Entre otros puntos, el texto (que cuenta con 79 páginas de los cambios que se pretenden incorporar a la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo) redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, y fija nuevos límites: el monto no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, con un piso equivalente al 67% de ese valor. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones por despidos. Este fondo se financiará mediante un aporte obligatorio del 3% sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA.

La reforma también limita la capacidad de acción sindical al exigir autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo, tipificar como infracción grave el bloqueo de empresas y reducir a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados. Además, restringe la ultraactividad de los convenios: vencido un acuerdo, solo subsisten las cláusulas normativas y la autoridad laboral podrá suspender disposiciones si generan “distorsiones económicas”.

En paralelo, se incorpora el llamado “banco de horas”, un sistema que permite redistribuir la carga horaria según las necesidades productivas de cada empresa.

“El Gobierno habla de modernización, previsibilidad y generación de empleo, pero el contenido real del proyecto apunta a otra cosa: debilitar la negociación colectiva, reducir derechos y dejar al trabajador más desprotegido. Los objetivos declarados no coinciden con los efectos estructurales de la ley”, dijo Fabián Montaño, del gremio de Apops. Y añadió: “El proyecto también avanza contra la vida sindical: penaliza las asambleas, limita la organización en los lugares de trabajo y debilita la representación gremial. Un sindicato sin participación activa es un trabajador sin defensa. Esa es la intención política detrás de estas restricciones". (La Nación)

En el último año, Argentina perdió 16.000 kioscos, una cifra alarmante que deja al país con menos de 100.000 de estos comercios activos por primera vez. El dato fue confirmado por Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quien alertó sobre la gravedad de esta caída para un sector clave de la economía informal y un símbolo cultural de los barrios argentinos.

La situación refleja una combinación de crisis económica, falta de regulación y competencia desleal, que afecta directamente la supervivencia de estos pequeños negocios. “El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”, afirmó Acuña en diálogo con Radio Rivadavia.

A esto se suma la proliferación de cadenas de kioscos sin control estatal, que funcionan bajo esquemas empresariales y enfrentan a los comercios tradicionales en desigualdad de condiciones. Esta competencia, según UKRA, no solo es injusta, sino que profundiza la caída del sector.

Acuña explicó que “no están reguladas. Además, productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas”, una realidad que desdibuja el rol exclusivo que históricamente tuvieron los kioscos en la venta de ciertos productos.

Según el último relevamiento realizado en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cantidad de kioscos activos cayó de 112.000 a 96.000 en solo un año, lo que representa una pérdida del 14%. “Preguntamos cuántas razones sociales de kioscos activas había y nos dijeron que éramos 96.000. Por primera vez somos menos de 100.000 kioscos”, detalló Acuña.

Este fenómeno golpea directamente al empleo, al comercio barrial y a las economías familiares que dependen de estos negocios. A la baja en cantidad de locales se le suma una fuerte caída en las ventas, lo que agudiza la crisis. Según UKRA, la actividad viene en retroceso sostenido desde 2022.

Los costos operativos también hacen inviable la rentabilidad. Alquileres, sueldos y cargas impositivas varían según la ubicación del kiosco, pero en general, la ecuación es desfavorable. “Un alfajor triple promedio está en 1.500 pesos, pero en algunos lugares, por alquileres más caros o empleados, los costos suben”, agregó.

Consultado por el impacto del contexto político y económico, Acuña fue contundente. “Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección. En el segundo semestre, se viene una disparada de precios. Esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan”, sentenció. (Fuente: Ámbito)

Las cifras del mercado laboral muestran aún grandes desafíos estructurales en Argentina: así como el desempleo sube, el salario cae y la tasa de informalidad laboral afecta a cerca de 9 millones de trabajadores, lo que equivale al 42% de los ocupados. Este fenómeno impacta directamente en las condiciones laborales, así como también en los haberes y el acceso a derechos básicos como la seguridad social.

Sobre un total de 21,1 millones de personas ocupadas, 8,8 millones trabajan sin estar registradas. De ellas, 5,5 millones son asalariadas sin aportes y 3,3 millones son trabajadores independientes no inscriptos en monotributo o autónomos, según surge del último informe de análisis de la informalidad de Argendata.

La probabilidad de tener un empleo informal varía según el tipo de ocupación: entre los asalariados, el 36% no está registrado. En el caso de los trabajadores independientes, la cifra asciende al 57%. Dentro de ese universo, la informalidad alcanza al 62% de los cuentapropistas pero baja a menos del 20% entre los patrones, es decir, dueños de pequeñas empresas.

Entre los rubros con mayor informalidad se destacan el agro, la gastronomía, el servicio doméstico y la construcción, donde la proporción supera el 60%; mientras que en actividades como petróleo, minería o finanzas es prácticamente inexistente, por debajo del 15%.

En tanto, la informalidad en el sector público es de las más baja con menos del 10%, mientras que en el sector privado es de casi el 50%, con fuertes diferencias internas según la rama de actividad.

Las provincias del Norte Grande concentran los mayores niveles de informalidad asalariada. En Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los trabajadores no posee aportes. Por el contrario, las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires registran los menores niveles de informalidad: en Tierra del Fuego y Santa Cruz, por ejemplo, tienen cifras inferiores al 20%. En Entre Ríos la informalidad es de un 35%.

La desigualdad entre las diferentes provincias se vincula al desarrollo económico y la estructura productiva de cada una. Las del norte además de tener un bajo PBI per cápita, poseen pocas empresas por habitante y una alta concentración en actividades como el agro, mientras que las patagónicas tienen fuerte presencia de grandes industrias que emplean de manera formal y exigen lo mismo a sus proveedores.

El espacio UCR Activa, una de las vertientes internas del radicalismo entrerriano, emitió un duro comunicado contra el gobierno de Javier Milei. Bajo el título “Sin derecho a ser felices”, cuestionaron el modelo libertario por considerar que no representa un proyecto de Nación, sino un “dispositivo de exclusión” que criminaliza la pobreza, espiritualiza el ajuste y despoja de derechos a los sectores más vulnerables.

La declaración apunta directamente al discurso presidencial pronunciado días atrás en Chaco, donde Milei contrapuso a los “generadores de riqueza” con quienes “la envidian”. Para los radicales entrerrianos, esa retórica convierte el hambre en culpa y la justicia social en un pecado. “La palabra libertad se usa como estandarte para legitimar privilegios, mientras se despoja de derechos a quienes menos tienen”, señala el texto.

El espacio denuncia que detrás del relato de la autosuperación individual se esconde una lógica cruel, que traslada al ciudadano toda la responsabilidad por su situación económica o social. “Si no progresa, es porque no se esfuerza; si sufre, es porque no entiende cómo funciona la ‘libertad’. Se instala así una cultura del fracaso individual, negando las causas estructurales de la desigualdad”, expresaron.

UCR Activa también critica que se promueva la política como un obstáculo, mientras el Estado se retira. “La política desaparece como herramienta colectiva de transformación y se reemplaza por un mercado de promesas, mentores y coaches de vida. La desigualdad se espiritualiza y el ajuste se convierte en penitencia”, afirmaron.

En ese contexto, advierten que millones de argentinos no reclaman lujos, sino necesidades básicas: trabajo digno, educación, salud y vivienda. “No piden un Lamborghini. Piden un sueldo que alcance, una escuela que funcione, un hospital que no colapse”, señalaron. Y evocaron a Hipólito Yrigoyen: “Piden, siquiera, un mínimum de felicidad”.

Desde el espacio remarcaron que la democracia no puede reducirse al acto de votar ni a la libertad de consumir. Reivindicaron al Estado como garante de derechos y condiciones materiales básicas para una ciudadanía real y efectiva. “No es envidia. Es dignidad. Es justicia. Es memoria de lo que fuimos capaces de construir y convicción de lo que aún podemos recuperar”, expresaron.

El comunicado concluye con una definición política contundente: “Frente a este modelo, elegimos la política. Elegimos la solidaridad. Elegimos no callar. Y por eso, no vamos a acompañar ni a apoyar el modelo de Milei”.

Argentina enfrenta una doble trampa que compromete su futuro: una distribución profundamente desigual de la riqueza y un endeudamiento externo que condiciona la política económica. Así lo revela un reciente informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que advierte que el 10% más rico de la población concentra el 59% del patrimonio nacional. En contraste, la mitad más pobre apenas posee el 4% de los recursos del país.

El estudio, elaborado con datos de la World Inequality Database y difundido por el economista Alfredo Serrano Mancilla, señala que el 1% más privilegiado acumula el 25% de la riqueza total. Esta situación refleja una estructura económica profundamente desigual, en la que los activos financieros, propiedades y capital están en manos de una minoría mientras la mayoría de la población enfrenta ingresos precarios, inflación persistente y escasas oportunidades de progreso.

El informe no se limita a denunciar la desigualdad de ingresos: hace foco en la acumulación patrimonial, un fenómeno más estructural y difícil de revertir, que reproduce la exclusión a lo largo del tiempo. Esta brecha, cada vez más pronunciada, impide la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenido. “No se trata solo de lo que se gana, sino de lo que se tiene, de cómo se hereda y de quién accede a los instrumentos de inversión y acumulación”, explica el documento.

Pero la concentración de riqueza no es el único factor crítico. CELAG también advierte sobre el peso que representa la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el caso argentino asciende a 63.986 millones de dólares. Es el país más endeudado del mundo con ese organismo, incluso por encima de Ucrania, que atraviesa un conflicto bélico con Rusia y mantiene una deuda cercana a los 15.000 millones de dólares.

Este volumen de deuda no solo limita las posibilidades de inversión pública y desarrollo económico, sino que agrava la crisis social al dejar al Estado sin herramientas eficaces para intervenir. Los investigadores sostienen que el binomio desigualdad-deuda constituye una traba estructural para cualquier intento de reconstrucción nacional. Las políticas públicas aplicadas hasta ahora han sido insuficientes para revertir la situación

Desde CELAG advierten que la solución no puede seguir postergándose. Aseguran que, sin una redistribución real de la riqueza y una revisión del modelo económico, será imposible alcanzar niveles mínimos de equidad y bienestar. “La inequidad en estos niveles pone en riesgo la estabilidad social y la gobernabilidad misma”, concluye el informe.

En un contexto marcado por la recesión, el ajuste y la fragilidad institucional, el informe funciona como una señal de alarma sobre los riesgos de perpetuar un modelo que concentra poder económico y margina a amplios sectores de la sociedad. La discusión sobre una reforma estructural de la economía, más allá de los intereses dominantes, parece más urgente que nunca.