La resolución 347/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), publicada hoy en el Boletín Oficial, puso en marcha el Seguro de Cese Laboral, una de las piezas centrales de la Ley Bases. El nuevo instrumento, de adhesión voluntaria a través de las convenciones colectivas, ofrece a empleadores y trabajadores una alternativa a las indemnizaciones tradicionales por despido previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.

Según el texto reglamentario, las empresas realizarán aportes periódicos a una cuenta especial abierta a nombre de cada empleado en una aseguradora de vida o retiro. Ese saldo, alimentado mensualmente, se liberará si se produce la desvinculación y cubrirá el equivalente a la indemnización por antigüedad y a cualquier otro concepto que utilice ese cálculo como parámetro. De esta manera, se busca asegurar liquidez inmediata al finalizar la relación laboral y, al mismo tiempo, prever con anticipación el costo que enfrenta la firma ante una eventual rescisión.

Los trabajadores, por su parte, podrán efectuar aportes voluntarios a una cuenta individual de libre disponibilidad, paralela a la cuenta especial financiada por el empleador. Ambas tendrán una cartera de inversiones definida por la SSN y contarán con una rentabilidad mínima garantizada. La normativa subraya que los fondos serán inembargables, salvo en casos de alimentos, y que la aseguradora deberá ofrecer cobertura de riesgo de fallecimiento, lo que transformaría ese ahorro en una prestación para los beneficiarios designados.

Para el organismo de control, el nuevo régimen “promueve la formalización del empleo y dota de mayor previsibilidad financiera” a empresas y dependientes. También se lo considera un vehículo de inversión que “fortalece al mercado asegurador como canalizador del ahorro interno”. El argumento central del Ejecutivo es que la previsibilidad y la capitalización de los aportes reducirán la litigiosidad laboral, al tiempo que desalentará la contratación informal.

Las cámaras empresarias celebraron la reglamentación. Consultadas, aseguraron que la herramienta aligera la carga de despidos imprevistos y facilita planes de expansión. Destacaron el carácter optativo del sistema: cada sector podrá acordar su incorporación en paritarias, definiendo alícuotas y tiempos de aporte.

Del lado sindical, las reacciones fueron mixtas. Algunos gremios valoraron la posibilidad de consolidar un fondo propio y de acceso rápido en caso de despido, mientras que otros alertaron sobre el riesgo de “licuar” derechos históricos si las empresas eligen sustituir las indemnizaciones sin compensaciones adicionales. Advirtieron, además, que una alta volatilidad financiera o malas decisiones de inversión podrían erosionar el valor real de las cuentas, pese a la garantía mínima.

En la órbita legal, especialistas subrayaron que el decreto 847/2024 ya había definido los lineamientos básicos del sistema y que la resolución de la SSN era el paso necesario para habilitar la comercialización. Señalaron que la transición será gradual, porque la adopción dependerá del consenso en cada convenio colectivo y de la capacidad de las aseguradoras para diseñar productos competitivos.

Con la reglamentación en vigor, los primeros contratos podrían firmarse en el corto plazo. La SSN habilitó un registro para que las compañías de seguros presenten sus pólizas y procedimientos de inversión. Se estima que los sectores con mayor rotación —como comercio, construcción y servicios— serán los primeros en negociar la inclusión del seguro.

Así, el Gobierno avanza en la reconfiguración del sistema de protección laboral, apostando a un esquema mixto que combina ahorro individual, financiamiento patronal y cobertura aseguradora para ganar previsibilidad en un mercado de trabajo marcado por la incertidumbre.

El anuncio se formalizó a través de un comunicado firmado por el gerente de la empresa, Horacio García, donde se detalló que “se ha procedido a la desvinculación del personal afectado, garantizando el pago íntegro de las indemnizaciones conforme a lo establecido por la legislación vigente”. La decisión llega tras varios meses de suspensiones de jornadas laborales y en un contexto de fuerte crisis en el sector.

Desde la empresa explicaron que la decisión responde a la baja utilización de la planta local y a un contexto económico adverso. “La apertura masiva de importaciones, sumada a los elevados costos operativos y logísticos en el país, nos obliga a reestructurar temporalmente nuestra operación en esta unidad productiva”, argumentaron.

Sin embargo, remarcaron que no se trata de un cierre definitivo. “Esta medida no implica el cierre de la empresa ni el cese de sus actividades. Futura continúa operando con normalidad en sus restantes plantas industriales, donde se concentran actualmente los procesos productivos y de desarrollo de productos con mayor valor agregado, tales como la construcción de equipos para la industria”, aseguraron.

Consultado por EL ARGENTINO, Gustavo Carro, representante provincial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), señaló que se trata de “un cierre preventivo” y que la planta no quedará completamente inactiva. “Van a quedar cuatro personas a cargo del mantenimiento, lo que permite mantener una esperanza de reactivación”, indicó.

Sin embargo, más allá de las formalidades técnicas en cuanto al cese de la planta, lo cierto es que se confirmó el cierre, y que todo indica que ante el contexto general político, dificil sea que la planta reabra sus puertas para retomar la actividad comercial.

Carro confirmó que desde la empresa se comprometieron al pago total de las indemnizaciones. “En la última charla que tuvimos con representantes de la firma, se garantizó que cada trabajador cobrará el 100% de lo que le corresponde por ley”, afirmó. A su vez, aclaró que los telegramas de despido se esperan para este martes.

Sobre el contexto previo, el dirigente gremial detalló que desde febrero se venía trabajando con importantes restricciones: “Hubo meses en los que se trabajó solo 15 días. La empresa ya venía anticipando una situación complicada”.

Según Carro, solo dos empleados quedarán afectados al mantenimiento en la planta de Gualeguaychú. “Esto deja un halo de esperanza de que pueda revertirse la situación. No hablamos de un cierre definitivo. La fábrica no cerró con candado. Sí hubo 20 despidos y se garantizó el pago de las indemnizaciones”, insistió.

El representante gremial también explicó que Futura SRL dejó de recibir pedidos de grandes clientes como Vaca Muerta, quienes optaron por importar insumos desde China a menor costo. “Lo que antes se fabricaba acá ahora se trae de afuera. Es imposible competir con esos precios. Ya no se trata solo del sector metalúrgico, también está pasando con la industria textil”, lamentó.

En este sentido, Carro vinculó la situación al nuevo escenario económico nacional: “Con la apertura de importaciones sin ningún tipo de regulación, estamos viendo una cadena de cierres y despidos. Muchos compañeros eligieron este modelo y hoy estamos viendo las consecuencias. Se está destruyendo el empleo industrial”.

Finalmente, señaló que esta situación no es aislada. “Solo entre Futura, la fábrica Gonella (entre otras) ya hemos perdido 120 compañeros. Cada vez hay más empresas que cierran o se reconvierten en simples depósitos para cumplir con compromisos mínimos. Es el modelo que se está aplicando, y no podemos competir con lo que viene de afuera”.

“Nosotros seguimos esperando que la empresa cumpla con el dictamen de ley que dice que tiene que reincorporar a los 25 trabajadores porque fueron mal despedidos”, así lo afirmó a EL ARGENTINO, Martín Gómez, Prosecretario Gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos Zárate.

Cabe recordar que el dictamen tiene fecha del 10 de enero. La empresa en marzo presentó una apelación a la Corte Suprema de esa resolución que fue dictada por la Cámara Federal de Buenos Aires. “A principios de abril, la corte les rechazó la apelación. Esto significa que ese fallo quedó firme”, relató Gómez haciendo referencia a las últimas novedades del conflicto.

“La empresa no está cumpliendo con nada, no quieren acatar lo que dice la Justicia, dicen que esa gente ya está despedida. Están pagando una multa de 1,5 millones de pesos por día. El sindicato ya pidió a la justicia que le haga cumplir el fallo, sino que eleve el monto de la multa”, mencionó el sindicalista, aunque los trabajadores quieren volver al trabajo y que la empresa cumpla lo que dictaminó el fallo.

Luchar desde una carpa

El acampe frente a la fábrica lleva 7 meses. “En la carpa un día es bueno y otros no tanto. Los trabajadores que están ahí, cumplen el horario de trabajo, cada uno en su turno. Llegan a las seis de la mañana y se van a la una, por ejemplo los del turno mañana”, describe Martín y mencionó las condiciones del acampe, “hay una carpa grande donde tienen para cocinar, hacen torta fritas, comida, hacen mate. Los muchachos comparten tiempo entre ellos, conversan con los vecinos, alguno que pasa se suma a la charla, algunas veces, también van las familias. Y, están aguantando, son muchos meses y la cabeza empieza a trabajar”, comentó Gómez que ve esa realidad como lamentable, “porque los que tienen que intervenir no están haciendo nada”.

Las familias de los trabajadores despedidos están siendo sostenidas por sus propios compañeros, “se realizó una gran colecta que organizó el sindicato a mediados de septiembre. Además, estamos haciendo coletas con otras compañías. También, el sindicato le está dando mercadería una semana y la otra semana le damos un bolsón de carne”, relató el dirigente sindicalista y agregó que “la idea es que tengan algo como para sobrevivir. Lamentablemente nadie se está haciendo cargo de la situación de esta gente. La justicia sacó eso, pero no pueden hacer cumplir el fallo”.

Medidas de fuerza para la semana que viene

Martin Gómez afirmó que “el día 30 de abril, el miércoles que viene vamos a ser una movida. Estamos organizando una marcha con la gente y con las familias de los trabajadores. Vamos a salir de la puerta de la fábrica, a recorrer la ciudad de Larroque y vamos a pasar por el municipio, para que vea la gente de Larroque que el problema no está solucionado”, finalizó el sindicalista.

Los trabajadores apoyados por el sindicato aseguraron que mientras qué los despedidos no sean incorporados, van a permanecer en la puerta de la planta en protesta.

37 despidos sin indemnización

FADEMI nació hace 50 años, como una empresa familiar en la ciudad de Larroque, es productora de acumuladores y baterías. En junio del 2024 sus trabajadores reclamaron incumplimientos por parte de la empresa sobre las condiciones de seguridad de la planta y por haber ejecutado descuentos injustificados. Al no tener respuesta, los trabajadores hicieron uso del derecho a huelga. A partir de esto, la empresa empieza a descontar horas de trabajo y suspende trabajadores.

Con medidas de fuerza más acentuadas, la Justicia decretó dos conciliaciones obligatorias, sin buenos resultados para el sector trabajador. Al profundizar esas medidas, la empresa despide a dos trabajadores. Unas semanas posteriores llegan cartas documentos con el despido para 35 trabajadores, bajo la imputación de ausencias injustificadas.

Finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló en contra de la empresa química FADEMI S.A, ubicada en la provincia de Entre Ríos, y le ordenó reincorporar a los 25 trabajadores despedidos por haber participado de una huelga convocada por el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate (SPIQyP).

El derecho a huelga y su protección legal

La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 14 bis, garantiza el derecho a huelga como una herramienta legítima de los trabajadores para defender sus intereses. Este derecho también está respaldado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece que la participación en medidas de fuerza no puede ser motivo de despido.

Frente a esta disposición, los contribuyentes uruguayenses tendrán que tramitar sus asuntos en la oficina de Concordia, mientras que los gualeyos en la de Gualeguaychú.

La medida publicada en el Boletín Oficial señala que "a lo largo de los últimos años se ha sobredimensionado la estructura organizacional de la Dirección General Impositiva" y que "la Dirección de Planeamiento y Diseño Organizacional, el Comité de Análisis de Estructura Organizacional y la Dirección General Impositiva, han tomado la intervención que resulta de sus competencias”.

El secretario general de AEFIP Paraná y vocal titular de la mesa directiva nacional, Darío Marengo dio detalles de esta medida. “Nosotros nos desayunamos el miércoles con esta disposición que ordena el cierre de prácticamente cuarenta delegaciones en el interior del país. Esto se enmarca en el ajuste que están haciendo del Estado, fundamentalmente en el ARCA y afecta no sólo a los trabajadores de esas oficinas, sino también a los contribuyentes, profesionales y a la ciudadanía en general, donde están ubicados estos distritos”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que por disposición de Juan Pazo, titular de ARCA, y del director de la DGI, Andrés Vázquez, "se van a eliminar 695 cargos creados gran parte durante el gobierno anterior y es cerca del 27% de la estructura de esta dependencia", incluyendo 33 cargos en la sede central de la DGI y 88 en la subdirección de grandes contribuyentes.

El dirigente sostuvo que “el vocero presidencial Manuel Adorni ya había mencionado la eliminación de 695 cargos y el cierre de 38 receptorías en el país, como parte de la política que lleva adelante el gobierno nacional. Así que estamos en pleno conflicto, evaluando cómo sigue esto, porque tienen 45 días para la reestructuración definitiva sobre los distritos con los que piensan continuar”.

Aseguró que “es una decisión de forma inconsulta, unilateral, sin la participación del sindicato, ni de la DGI ni Aduana. Están haciendo el achique sobre las personas, nosotros pasamos a ser un número más en una hoja de Excel y estamos viviendo un desmantelamiento de la exAFIP. Es una decisión política que atenta contra el empleo, la recaudación y el rol fiscalizador del Estado, pero desde el sindicato no vamos a permitir que se vulnere nuestro derecho, ni que se degrade la función pública en beneficio de interés ajeno a la sociedad y a la Argentina en su conjunto”, manifestó.

Medidas

“Estamos evaluando las medidas que vamos a tener que implementar y cómo seguimos avanzando, porque también estamos en una etapa de negociación forzada por la patronal. Esto está en la agenda junto con la recomposición salarial, porque hace una más de un año que tenemos los sueldos congelados”, advirtió Marengo.

En relación a los puestos de trabajo en estas delegaciones entrerrianas, el dirigente afirmó que “en Gualeguay son diez compañeros y en Concepción de Uruguay, veinte. Además, cuando se habla de reestructuración es una manera de enmascarar porque uno entiende bajo este concepto, que un trabajador que estaba en un lugar pasa a otra dependencia. Pero en realidad, eso no ocurre sino que son unas veinticinco personas que están perdiendo su trabajo”.

Marengo aseguró que “estamos negociando de la mejor manera con un gobierno que es inhumano, al que no le interesan las personas, que no piensa en la gente. Pero quiero recordarles que nosotros tenemos una orden judicial que impide el despido sin causa bajo el convenio colectivo de trabajo, lo que demuestra que el ajuste que quiere hacer el gobierno no sólo es injusto, sino que también enfrenta obstáculos legales. Entonces, quiero que se queden tranquilos los compañeros porque también el gobierno dijo que iban a despedir a 3.200 empleados y no pudieron despedir a nadie de la AFIP”.

El Gobierno Nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, hasta ahora dependiente del Ministerio de Economía. La medida, formalizada a través del decreto 70/2025 publicado en el Boletín Oficial, establece que la gestión de los programas y proyectos que estaban bajo su órbita pasarán a la Secretaría de Obras Públicas.

Desde inicios de febrero, el Ejecutivo analizaba la posibilidad de cerrar esta área del Gabinete económico. Con esta decisión, la estructura del Ministerio de Economía quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.

Reorganización de funciones

El traspaso de competencias a la Secretaría de Obras Públicas implica una readecuación de objetivos dentro del Ministerio de Economía. A partir de ahora, Obras Públicas tendrá a su cargo:

-La finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en desarrollo territorial, hábitat y vivienda.

-La asistencia en políticas de integración socio-urbana y el diseño de estrategias en la materia.

-La formulación y ejecución de la política nacional en integración socio-urbana, teniendo en cuenta las necesidades y características de cada región.

-La planificación y ejecución de proyectos de infraestructura, mantenimiento y conservación de espacios públicos.

-La articulación con organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la gestión de suelos disponibles.

-La firma de convenios con gobiernos provinciales y municipales, empresas, organizaciones y universidades.

-La coordinación de políticas de regularización de suelo y dominio.

Impacto en programas de vivienda

Con esta disolución, quedan sin efecto el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el programa Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, entre otros planes de construcción habitacional.

Además, según gremios del sector, la eliminación de la secretaría afectaría a aproximadamente 500 trabajadores, quienes podrían perder sus puestos. Sin embargo, la normativa aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo establecido en el decreto 1421/02.

Cabe recordar que el 13 de noviembre de 2024, el Ejecutivo había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012, mediante el decreto 1018/2024. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, reafirmó la postura del Gobierno sobre la financiación de la vivienda.

La postura del Gobierno

El oficialismo sostiene que el acceso a la vivienda debe gestionarse a través del sistema privado, mediante créditos personales. En su argumentación, el Ejecutivo señala que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”. (Infobae)

El presidente Javier Milei decidió despedir a Sonia Cavallo Runde de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la serie de cuestionamientos públicos que venía realizando el padre de la ahora ex funcionaria, Domingo Cavallo, al rumbo de la política económica. “Su continuidad en ese cargo era insostenible”, afirmaron fuentes que confirmaron que la decisión la tomó el primer mandatario.

Sonia Cavallo, que vive hace más de diez años en Estados Unidos, había llegado a ese cargo con sede en Washington DC por el vínculo que el primer mandatario tenía con el creador de la Convertibilidad, a quien lo calificaba como “el mejor ministro de Economía de la historia”. Esa relación de elogios mutuos, terminó cambiando por las constantes críticas del ex funcionario de Carlos Menem a la gestión actual.

De hecho, esta mañana, y antes de que se conociera el despido fulminante, Milei lanzó una frase que prenunciaba el desenlace que se conoció minutos después: “El dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más…, en especial por el impresentable de Cavallo, y lo digo abiertamente, porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, el tipo de cambio de la Convertibilidad era a hoy de 700 pesos”, le dijo a Antonio Laje en una entrevista en A24.

“Por decisión del Presidente de la Nación, Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA”, confirmó el vocero Manuel Adorni por redes sociales, después que trascendió en los medios el despido.

Sonia Cavallo Runde había sido nombrada embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, según una resolución publicada en mayo en el Boletín Oficial. La economista asumió como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria para ser representante permanente ante la OEA, ya que hasta ese momento no pertenecía al servicio exterior argentino. Es que la hija del creador de la Convertibilidad, de 52 años, nació en la provincia de Córdoba, estudió en la universidad argentina de San Andrés, obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la universidad de Harvard, y vivía junto a su familia en Estados Unidos hace más de 10 años.

Desde 2014 era profesora en el Programa de Economía Aplicada en The Catholic University of America, en Washington DC y fue una colaboradora activa en las campañas políticas y en la actividad académica de su padre, con quien es coautora del libro ‘Historia Económica de la Argentina’. Por esa relación llegó a ese alto cargo diplomático y también por los avatares de ese vínculo terminó desvinculada.

Esta mañana y cuando empezaron a trascender los rumores de una salida -un tuit durísimo del presidente contra Cavallo había sido la primera alerta- fuentes oficiales admitieron

que la continuidad de Sonia Cavallo era “insostenible”, debido a los permanentes cuestionamientos que difundía públicamente el ex ministro sobre temas tan sensibles como el tipo de cambio y “sobre todo en un momento tan delicado como en medio de una negociación con el Fondo Monetario”, explicaron desde otro sector del Gobierno.

Lo cierto es que Sonia Cavallo Runde había tenido durante toda su gestión un perfil bajo, aunque siempre alineada con las posturas en política exterior del presidente Milei, sobre todo en lo referido al encolumnamiento detrás de Estados Unidos y el enfrentamiento con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El último mensaje que se puede leer en la cuenta personal de X es “Impresionante recepción del Presidente Milei en Washington. Fue un honor poder participar en la Gala Inaugural Hispánica y ver el fervor en la comunidad internacional por el presidente argentino por la transformación que se está dando en mi país. Vamos Argentina”.

Según el sumario, al que APF accedió, los funcionarios Juan Manuel Oliva y Roberto Ariel Rodríguez fueron imputados y condenados penalmente por los delitos de distribución y comercialización de estupefacientes y violación de los deberes de funcionario público. Por esta razón se les aplicará la sanción de despido definitivo.

Se finalizó la investigación en la que se señala a dos agentes penitenciarios como “autores del delito penal de distribución y comercialización de estupefacientes agravados por efectuarse en un lugar de detención y por el número de integrantes de la organización encargada de comercializar e incumplimientos de los deberes de funcionario público”, según el Boletín Oficial Nº 28.020.

Los actos de Oliva y Rodríguez no solo implicaron sanciones penales, sino que también trajeron desprestigio a la institución penitenciaria. Según las leyes vigentes, estas conductas son consideradas faltas graves que justifican el despido definitivo.

Cabe destacar que los agentes desarrollaban sus tareas en la Unidad Penal N° 1, ubicada en la ciudad de Paraná.

Además, se resalta que, aunque los procesos penales y administrativos son diferentes, en este caso las condenas penales respaldan plenamente las sanciones administrativas. Por lo tanto, la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos avala la decisión de aplicar la sanción máxima de cesantía a ambos funcionarios.