La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo una reunión informativa bajo la temática “Situación económica y laboral: panorama federal”, con la conducción de la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria).

Durante el encuentro, trabajadores despedidos, dirigentes gremiales y empresarios de diversos rubros productivos trazaron un crítico diagnóstico sobre la coyuntura fabril y el empleo en distintas provincias.

En este marco, la provincia de Entre Ríos tuvo un rol protagónico a través de los testimonios de Walter Barbará, operario despedido de la planta de Granja Tres Arroyos (GTA) de Concepción del Uruguay, y de Claudio Gómez, trabajador cesanteado de la firma UniónBat en la ciudad de Gualeguaychú.

“Nos dejaron sin nada”

A su turno, Barbará describió la difícil situación que vive Concepción. “La empresa decidió cerrar sus puertas en mayo y, desde esa fecha hasta hoy no cobramos nada. La nuestra es una ciudad pequeña, de 82.000 habitantes, y somos 950 personas de las cuales solamente 480 tenemos la certeza de que estamos despedidos, pero igualmente no cobramos absolutamente nada”.

Sobre lo que atraviesan las familias describió: “Hay compañeros que se tuvieron que separar con la pareja, no porque no se quisieran, sino porque no pueden sostenerse y cada uno se volvió a la casa de los padres para no llevar toda la carga en un solo hogar”.

Asimismo Barbará recordó que un compañero despedido se descompensó y falleció de un infarto mientras cocinaba en el suelo con leña porque ya no tenía gas y estaba tapado en deudas.

Luego el trabajador cargó contra Joaquín De Grazia, dueño de GTA: “Este señor lo único que está haciendo es cargarnos a los trabajadores con la crisis de la empresa. Todo lo que tiene lo tiene gracias a la gente y nos dejó sin nada, es una situación muy desesperante”.

En ese sentido describió la situación por la vienen padeciendo desde el año pasado: “Por no perder el trabajo fuimos aceptando que nos redujeran el sueldo, cobrarlo en cinco cuotas, no trabajando los viernes, luego nos pidieron los lunes. A lo último vinieron con que no podían pagar en 5 cuotas, que iban a pagar en 10”, relató.

“Cuando le dijimos que no le echaron la culpa al sindicato, no abrieron más y nos dejaron a todos en la calle. No sabemos qué hacer. Estamos viviendo de lo que se puede, solo para comer. Tengo 51 años y 31 en la empresa. Hemos pasado la crisis del 2001, nos pagaban con bonos y no tuvimos problemas. El señor presidente asumió y en dos años y medio estamos todos en la calle”.

Finalmente el trabajador señaló que el colapso de Granja Tres Arroyos arrastra a toda la ciudad y ya hay 90 comercios que cerraron sus puertas, informó Página Gremial.

Emergencia social, laboral y productiva

A estas voces se sumó el dramático relato de Ezequiel Centurión, trabajador despedido de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, Buenos Aires.

“La situación es alarmante, no solamente en cuanto al trabajo, debido al cierre de Granja con despidos injustificados, sino que además estamos hablando de gente que no está comiendo”, afirmó, remarcando que se trata de una “emergencia social, laboral y productiva”.

El testimonio se completó con trabajadores de avícola Wade S.A.; Brío, Textil Emilio Alal, Fábrica de caucho Pampa Argentina, Dass calzado, de Eldorado, KTM motos, Campana, y Porcelanatos Ilva.

Proyecto para declarar la emergencia del sector agroindustrial avícola

Ante los planteos de la actividad avícola, el jefe de Asesores de la Subsecretaría PyME de la Nación, Eduardo Regondi, expresó su solidaridad con los empleados y manifestó la disposición del área para buscar soluciones conjuntas.

En tanto, el diputado nacional Sergio Palazzo (UxP) anunció que presentará un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector agroindustrial avícola por el término de un año. Además cuestionó la inacción de la Secretaría de Trabajo y señaló que la patronal actúa con respaldo de la reciente reforma laboral. (APFDigital)

Granja Tres Arroyos, la principal empresa del grupo avícola GTA, presentó ante la Justicia el pedido de apertura de su concurso preventivo de acreedores, en un nuevo capítulo de la crisis financiera y operativa que atraviesa el holding. Según explicó a Perfil Julio Chamorro, dirigente gremial de Granja Tres Arroyos, actualmente existen dos solicitudes de concurso, una correspondiente a Wade SA y otra a Granja Tres Arroyos, pero ambas aún no habrían sido admitidas formalmente por la Justicia.

“Por el momento GTA S.A. tiene cursadas dos solicitudes de concurso, una por Wade y otra por GTA. Entendemos que la Justicia aún no las admite dado que no se publicó el edicto; técnicamente no están concursados, lo que ocurrirá más pronto que tarde”, señaló Chamorro.

La presentación de Granja Tres Arroyos quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42, bajo el expediente “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”.

Una deuda creciente y una reestructuración que no avanzó

El pedido ante los tribunales se produce después de meses de negociaciones privadas con acreedores que no consiguieron destrabar la situación financiera del grupo. Respecto del pasivo total del grupo es algo que no se puede aproximar, "ya que que GTA no comparte información de ningún tipo incumpliendo el deber de buena fe para con los trabajadores en directa infracción con el art. 04 de la ley 23.546", mencionaron desde la firma.

La propuesta que había sido analizada contemplaba una reestructuración de esa deuda con quitas de hasta 75%, plazos de pago de hasta siete años, incorporación de nuevos inversores y venta de activos considerados no estratégicos. También se había buscado conseguir capital de trabajo mediante aportes de inversores, nuevas líneas de crédito y anticipos de clientes. Sin embargo, el esquema no logró avanzar y la compañía terminó recurriendo al proceso concursal.

La dimensión del deterioro también aparece en los registros financieros. Distintos relevamientos contabilizaron miles de cheques rechazados y una importante deuda bancaria de $115.105.774.630,21.

El conflicto laboral que terminó con una conciliación obligatoria

La crisis financiera tuvo además un fuerte impacto sobre el empleo. Durante 2026, el ajuste se profundizó con despidos y paralizaciones de plantas, lo que derivó en un conflicto con los trabajadores.

El 4 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, frente a los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida contempló la reincorporación de los trabajadores despedidos y abrió una nueva instancia de negociación entre las partes.

Según informó oficialmente la cartera laboral bonaerense, los despidos alcanzaban a 1.200 trabajadores: 700 de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría.

La intervención provincial se produjo en una audiencia entre representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). Además de la reincorporación de los trabajadores mientras regía la conciliación, se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a los empleados despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta.

El ajuste golpeó la producción

El conflicto laboral fue acompañado por una reducción de la actividad. El Grupo GTA inició desde fines de 2024 un proceso de reducción de costos que incluyó retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reducción temporal de salarios y concentración de operaciones.

Durante 2026, el ajuste se profundizó con la paralización transitoria de las plantas de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, mientras que la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, ya había dejado de operar. La empresa también había reducido su estructura productiva frente a una menor escala de actividad.

De gigante avícola a una estructura productiva en retracción

El grupo llegó a operar ocho plantas de faena en Argentina y Uruguay, concentrar más del 20% de la producción avícola nacional y emplear a más de 7.000 personas en su etapa de mayor expansión.

También alcanzó una importante presencia internacional, con exportaciones a decenas de mercados y una producción de cientos de miles de pollos diarios.

El deterioro comenzó a profundizarse a medida que se complicaron algunos de sus mercados externos. China, uno de los principales destinos para el pollo argentino, había cerrado sus importaciones en 2023 después del brote de influenza aviar. La reapertura parcial posterior no permitió recuperar los niveles anteriores y la empresa debió redireccionar parte de sus ventas.

La menor actividad externa se combinó con una estructura industrial diseñada para una escala de producción mayor. Desde fines de 2024, el grupo comenzó a concentrar operaciones y reducir costos, pero las medidas no alcanzaron para revertir el deterioro financiero.

Wade ya había recurrido a la Justicia

El ingreso de Granja Tres Arroyos al proceso concursal ocurre apenas unos días después de que Wade SA, otra de las sociedades principales del Grupo GTA, presentara su propio pedido de concurso preventivo.

Wade es la sociedad vinculada a los activos de la ex Cresta Roja, mientras que Avex, incorporada al grupo en 2019, tiene su principal complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba.

Con la presentación de Granja Tres Arroyos, el proceso judicial alcanza ahora a la sociedad central del conglomerado. El desafío pasa por ordenar sus obligaciones con acreedores y determinar el futuro de una estructura productiva que ya viene atravesando un fuerte proceso de ajuste. Perfil

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade, luego de una audiencia con representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).

La medida tendrá una vigencia de 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga por otros cinco, y establece la reincorporación de los trabajadores despedidos mientras se desarrolla una nueva instancia de negociación entre las partes.

Según informó oficialmente la cartera laboral bonaerense, los despidos alcanzan a 1.200 trabajadores: 700 pertenecientes a la planta de Capitán Sarmiento, 50 a la de Pilar y otros 450 a la planta ubicada en Esteban Echeverría.

El objetivo de la conciliación será garantizar la paz social y abrir un período de negociaciones para intentar alcanzar una salida al conflicto que permita preservar los puestos de trabajo.

De la audiencia participaron también el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría.

Además, durante el encuentro se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores afectados y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá concretarse durante la próxima semana.

Las negociaciones continuarán el próximo jueves, cuando representantes de las empresas y del sindicato vuelvan a reunirse en el marco de la conciliación obligatoria para buscar una solución al conflicto, publicó Mundo Gremial.

Granja Tres Arroyos comenzó a enviar cartas de despido a trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay, mediante las cuales comunicó la finalización de los vínculos laborales. Las notificaciones fueron fechadas el 29 de julio de 2026 y fundamentaron la decisión en una “grave disminución del trabajo”.

Las comunicaciones indicaron que la compañía resolvió extinguir los contratos bajo los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Mientras avanzaron las notificaciones, entre los empleados y sectores gremiales comenzaron a circular versiones que ubicaron la cantidad de afectados entre 250 y 550 personas, aunque hasta el momento no existió una confirmación oficial sobre el número definitivo.

Según consignó La Pirámide, la empresa sostuvo en las cartas documento que la disminución de la actividad respondió a circunstancias que no serían imputables a la empleadora. La medida generó preocupación por el impacto que podría provocar una reducción de esa magnitud en una de las principales fuentes laborales de la zona.

Los argumentos expuestos por la empresa

Entre las razones incluidas en las notificaciones, Granja Tres Arroyos mencionó los brotes de influenza aviar registrados en el país, una situación que, según argumentó, derivó en cierres y restricciones para acceder a diferentes mercados internacionales de exportación.

La firma también atribuyó sus dificultades a una reducción de las exportaciones y a la sobreoferta de producción en el mercado interno. A esos factores agregó una caída en los precios de comercialización y un incremento sostenido de los costos vinculados con la explotación.

De acuerdo con la documentación enviada a los trabajadores, la combinación de esos elementos habría provocado un deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la compañía. La empresa añadió que también afrontó contingencias operativas y conflictos colectivos que habrían afectado el normal desarrollo de sus actividades.

La empresa aseguró que intentó preservar los empleos

En las cartas documento, la compañía afirmó que antes de avanzar con las desvinculaciones había adoptado diferentes medidas destinadas a garantizar la continuidad de la explotación y preservar la mayor cantidad posible de puestos laborales.

Sin embargo, sostuvo que esas acciones resultaron insuficientes frente al escenario económico y productivo planteado. Por ese motivo, señaló que debió implementar una “reestructuración parcial” de su organización y adecuar la cantidad de trabajadores.

Las notificaciones comunicaron formalmente la extinción de los vínculos laborales y señalaron que quedaron a disposición de los empleados los haberes correspondientes, la liquidación final, la indemnización prevista para estos casos y los respectivos certificados laborales.

Incertidumbre por el alcance de los despidos

El principal interrogante pasó ahora por determinar cuántos trabajadores quedaron efectivamente comprendidos por la decisión. Las versiones que circularon entre empleados y sectores vinculados al ámbito gremial hablaron de entre 250 y 550 desvinculaciones, pero hasta el momento esa información no había sido ratificada oficialmente.

La situación adquirió especial relevancia por el peso que la actividad de Granja Tres Arroyos tiene en el empleo de Concepción del Uruguay y su zona de influencia. Por ese motivo, trabajadores y sus familias permanecieron a la espera de mayores precisiones sobre el alcance definitivo de la reestructuración.

La llegada de las cartas documento abrió así una nueva instancia en el conflicto laboral, indicó La Pirámide. Se aguardaba que en las próximas horas surgieran datos oficiales sobre el número de empleados afectados y las medidas que podrían adoptar los representantes sindicales ante las desvinculaciones. La Pirámide/ElOnce

El conflicto laboral en la planta fabril de Unionbat en Gualeguaychú alcanzó un desenlace definitivo tras la finalización del periodo de conciliación obligatoria sin acuerdo entre las partes. La medida dictada por la autoridad laboral concluyó formalmente este martes a las 14:00 sin que la representación patronal presentara alternativas para revertir los cesantes ni garantizar el sostenimiento de las fuentes de trabajo en el predio industrial local.

Desde la conducción del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas confirmaron que durante los 21 días en los que se extendió la instancia legal, la dirección de la firma no acercó propuestas concretas para reincorporar al personal o reestructurar el esquema operativo. Según detallaron desde la entidad gremial, las audiencias transcurrieron sin negociaciones efectivas respecto a la continuidad de las líneas de producción, ratificando la empresa su postura inicial de desafectar a un total de 100 operarios.

Con la conclusión del plazo preventivo, la situación entra en una etapa orientada al reclamo de las obligaciones legales pendientes. La representación de los trabajadores indicó que se mantendrán a la espera del transcurso de los cuatro días hábiles previstos por la normativa vigente para que la compañía efectivice el pago total de las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los despedidos.

A la par de las indemnizaciones por despido, la entidad sindical reclama la liquidación inmediata de haberes vencidos y prestaciones de la seguridad social que registran demoras. Entre los montos exigidos se encuentran las quincenas correspondientes al 20 y al 5 del mes en curso, además de la regularización de los aportes destinados a la obra social del sector, los cuales sufrieron interrupciones en los meses previos.

El referente de la organización gremial, Martín Gómez, expresó que la pérdida de este volumen de empleos representa un fuerte impacto para la estructura productiva y la economía local. El dirigente enfatizó que el resultado era evitable si hubiese existido disposición negociadora por parte del sector empresarial para buscar mecanismos alternativos que permitieran mantener activa la fábrica en la ciudad.

El gremio también dirigió duras críticas al desempeño de la Secretaría de Trabajo provincial durante el desarrollo del diferendo. Desde el sindicato señalaron que el organismo gubernamental no ejerció un rol activo de mediación ni aplicó las sanciones o multas previstas para los casos en que las partes no muestran voluntad de acordar durante la conciliación obligatoria. Según la postura gremial, las dilaciones en los plazos administrativos terminan perjudicando la estabilidad financiera de los asalariados mientras transcurre el conflicto.

El cierre de la vía administrativa habilita a las partes a adoptar los pasos legales o gremiales que consideren pertinentes. Mientras corre el lapso legal para el cumplimiento de los pagos por cese y la cancelación de salarios adeudados, los trabajadores despedidos y el sindicato evalúan las medidas a seguir para garantizar la cobertura médica y la liquidación integra de los conceptos estipulados por la ley de contrato de trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó el llamado a ganar las calles el próximo miércoles 22 de julio, en lo que constituirá el inicio de un nuevo esquema de protestas coordinadas contra el rumbo económico y social de la administración que encabeza el presidente Javier Milei. La manifestación se estructurará bajo una consigna central que pone el foco en el sistema previsional: “La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados”.

La concentración principal fue pautada para las 15 horas en la intersección porteña de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde ese punto estratégico, las columnas de trabajadores exigirán una recomposición urgente de los haberes jubilatorios, la protección integral de los ingresos frente a la escalada inflacionaria y el acceso a condiciones de vida dignas para los adultos mayores.

El diseño de este plan no responde a una reacción aislada, sino a un tejido estratégico madurado en las últimas semanas. El entendimiento terminó de consolidarse luego de sucesivas reuniones de mesa chica entre la cúpula cegetista, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Todas las terminales gremiales coincidieron en la necesidad de articular un frente de resistencia unificado para confrontar de manera escalonada los despidos, el deterioro de los puestos laborales y el impacto de las reformas estructurales del Ejecutivo.

Esta unificación de agendas aceleró los consensos y devolvió a los sectores populares al centro de la estrategia callejera del movimiento obrero organizado. El mediano plazo asoma con un endurecimiento de las medidas.

Una jornada de tensión y reclamo se vivió este miércoles a la vera de la Autovía 14, donde cientos de trabajadores despedidos de diversas empresas de la región confluyeron en una jornada de protesta y visibilización. La manifestación, que incluyó volanteadas y acampes, busca nacionalizar el conflicto ante lo que califican como un "industricidio" que golpea fuerte al empleo local.

El epicentro de la protesta se dividió en tres puntos estratégicos. Uno de los focos principales se encontró en el kilómetro 56, un lugar emblemático para la protesta social en la provincia. Desde allí, el humo de las cubiertas quemadas se divisó a lo lejos, conectando visualmente con el segundo punto de reclamo ubicado un par de kilómetros más adelante, a la altura del Acceso Sur a Gualeguaychú.

En estos sectores de la 14 se concentraron los despedidos de las firmas Unionbat y Laboratorios Pyam —acompañados por el sindicato de petroquímicos— junto a trabajadores de Fademi. El tercer nodo de conflicto se localizó en el kilómetro 124, en el acceso a Concepción del Uruguay, donde se solidificó el apoyo al masivo reclamo de los 950 despedidos de la planta La China de Granja Tres Arroyos, cuyos operarios denuncian que llevan más de dos meses sin cobrar sus haberes en medio de un cierre patronal sin miras de reanudación.

El clima que se respiró en la ruta fue de creciente incertidumbre pero también de fuerte unidad. El paso de los vehículos particulares y camiones estuvo acompañado por un constante bocinazo en señal de apoyo a los manifestantes, las fuerzas de seguridad custodiaron el lugar, asegurando el bienestar de quienes protestaban. Carteles con leyendas como "Trabajadores en lucha", "Sin justicia no hay paz" y reclamos directos como "Fademi cumplí con la justicia" y "Fademi pagá lo que debés" vistieron el paisaje de la autovía.

Otros sectores acompañaron a los trabajadores, es el caso de la Multisectorial, el gremio de los Canillitas y la Asamblea de Adultos Mayores. Los mismos expresaron de manera contundente: “Apoyamos a los trabajadores y las familias de los trabajadores despedidos; pedimos la unidad de todos los sectores trabajadores y que la lucha no se termine en la ruta”.

La situación judicial y la falta de respuestas empresariales profundizaron el malestar. Al respecto, Ignacio Gervasoni, delegado de Fademi, expuso la gravedad de su sector: “Fademi está con una sentencia firme dictada el 10 de enero de 2025, donde la empresa no acata y prefiere pagar una multa antes que reincorporar a los despedidos. Son 40 despedidos. Es un desastre lo que está sucediendo: despidos inventados y sin pagar una indemnización”.

Con este escenario de fondo, la movilización multisectorial buscó mantener el conflicto en la agenda pública, sumar el respaldo de otros sectores damnificados por la crisis laboral en Entre Ríos y forzar una respuesta urgente que garantice el pago de las deudas salariales y devuelvan la certeza sobre las fuentes de trabajo destruidas.

Este miércoles está previsto que se realice un nuevo reclamo de los trabajadores despedidos de las empresas Unionbat y Laboratorios Pyam, ubicadas en el Parque Industrial Gualeguaychú, junto a los 900 despedidos de la Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay.

Las concentraciones se realizarán en distintos puntos de la Autovía y según se indicó a EL ARGENTINO, se realizarán volanteadas para nacionalizar la protesta de la situación de los trabajadores despedidos, pero se aseguró que no habrá corte de ruta.

Una de las concentraciones se realizará en el kilómetro 53, donde el sector del campo protestó contra las retenciones en el 2008 y lanzó públicamente a la escena nacional a Alfredo De Ángeli.

Un par de kilómetros más adelante, a la altura del Acceso Sur a Gualeguaychú habrá otro de los puntos de reclamo. Y el tercero se realizará en el kilómetro 124, en el acceso a Concepción del Uruguay, donde concentrarán trabajadores del sector avícola en apoyo al reclamo de los 900 despedidos de la Granja Tres Arroyos.

Los empleados de la planta La China sostienen que llevan más de dos meses sin cobrar sus salarios y denuncian que el establecimiento permanece cerrado hasta nuevo aviso, sin definiciones por parte de la empresa respecto de la reanudación de la actividad.

En ese contexto, aseguran que la incertidumbre crece con el paso de las semanas y reclaman respuestas que permitan garantizar el pago de los haberes adeudados y brindar certezas sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.

Con esta nueva movilización, los trabajadores buscan mantener vigente el conflicto, sumar el respaldo de otros sectores afectados por problemas laborales en la provincia y visibilizar una situación que, afirman, continúa sin respuestas.

El sector industrial textil y del calzado sumó un nuevo y definitivo revés. El holding multinacional Grupo Dass comunicó de manera oficial el cierre definitivo de su fábrica ubicada en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, la última planta productiva que el grupo operaba activamente en la República Argentina. La medida viene acompañada del despido de los 150 operarios que todavía desempeñaban tareas en el establecimiento del norte del país. Según informaron fuentes de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), la producción cesará formalmente entre el 17 y el 25 de julio, garantizándose la liquidación total de las indemnizaciones de ley.

La drástica resolución responde directamente a un cambio estructural en las condiciones del mercado y las variables macroeconómicas vigentes. Ante la sostenida apertura de las importaciones, a las grandes marcas internacionales les resulta económicamente más rentable y competitivo abastecer el mercado local con mercadería terminada en las plantas fabriles que el grupo posee en Brasil —donde los costos de producción resultan notablemente inferiores— en lugar de sostener líneas de montaje locales. La consecuente caída de órdenes de pedidos domésticos vació de sustentabilidad operativa a la planta misionera.

Este desenlace en Misiones representa el eslabón final de un proceso de retirada que la corporación había iniciado en enero de 2025 con el cierre de su fábrica en Coronel Suárez, lo que conllevó en su momento la desvinculación de 360 operarios. Pese a que la gerencia prometió en aquella oportunidad concentrar todo su volumen en Eldorado, la recesión y el ingreso de calzado extranjero aceleraron el desgaste, derivando a principios de 2026 en una primera tanda de 43 despidos, antesala del cierre patronal total ejecutado esta semana.

El dato: Según los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la fabricación de calzado y sus partes componentes registró un derrumbe interanual del 30,9%. Desde el organismo estatal vincularon directamente la parálisis fabril con la contracción sostenida del consumo interno y el fuerte incremento en el ingreso de bienes terminados desde el exterior.

El conflicto laboral en la planta de baterías Unionbat S.A. sumará este lunes un nuevo e intenso capítulo que promete paralizar el normal funcionamiento del Parque Industrial de Gualeguaychú. Los trabajadores de la firma, respaldados por su representación gremial, convocaron de manera urgente a una jornada de protesta y visibilización a partir de las 13:00 horas en la rotonda de acceso al complejo industrial, en respuesta directa al despido de alrededor de un centenar de operarios.

La movilización se concretará en un contexto de extrema complejidad legal y gremial, dado que actualmente se encuentra plenamente vigente la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos. La resolución del organismo gubernamental había ordenado formalmente retrotraer el escenario al estado previo al estallido del conflicto, obligando a la empresa a reincorporar de inmediato al centenar de empleados afectados por las cartas documento emitidas el pasado 26 de junio, prohibiendo además cualquier medida que altere las condiciones de trabajo por un lapso de 15 días hábiles.

Sin embargo, el clima de paz social se rompió a mediados de la semana pasada. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas denunciaron públicamente que la conducción de Unionbat impidió de manera sistemática el ingreso de los trabajadores despedidos a las instalaciones de la planta. Según el gremio, esta actitud representa un abierto desacato a la normativa dispuesta por las autoridades laborales de la provincia, profundizando el malestar familiar de los afectados y empujando a las bases a tomar medidas de fuerza en la vía pública.

Pese a las notables diferencias, los canales de diálogo institucionales intentarán mantenerse activos en las próximas horas. El secretario gremial de la entidad química, Martín Gómez, adelantó que entre las jornadas de este lunes y martes se buscará concretar una serie de reuniones informales de carácter urgente. El objetivo de estos encuentros técnicos será explorar la verdadera postura económica de la empresa y comenzar a delinear alguna propuesta de salida viable antes de la fecha clave: el próximo miércoles 15 de julio, día en que la Secretaría de Trabajo fijó la realización de una nueva audiencia oficial, esta vez bajo una modalidad estrictamente presencial.

El Gobierno nacional anunció de manera oficial una iniciativa privada que propone construir una nueva central nuclear en el país con la inyección de capitales estadounidenses. El proyecto, presentado formalmente por la firma Meitner Energy, prevé instalarse de forma estratégica en el sitio Atucha, perteneciente a la órbita de Nucleoeléctrica Argentina. Debido a su envergadura tecnológica y al monto total proyectado, la inversión calificaría para ingresar al Súper RIGI, el régimen de incentivos que se tramita en el Congreso.

La compañía impulsora pertenece al Ansari Group, una corporación internacional liderada por el magnate Hamid Ansari, y cuenta con una participación del Invap argentino, que retiene el 40 por ciento de las acciones. Según confirmaron diversas fuentes oficiales, el financiamiento de USD 1.200 millones provendrá de forma íntegra de fondos privados, estimando además que la construcción y puesta en marcha del complejo generará cerca de 2.000 puestos de trabajo directos.

Por su parte, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, defendió la articulación público-privada en el sector al asegurar que el capital privado asume el riesgo mientras el Estado garantiza previsibilidad. El esquema pautado le otorga a Nucleoeléctrica Argentina la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado, mientras que la empresa abonará un canon por el uso de la superficie. El plazo estimado de obra es de cinco años una vez aprobado el licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

La polémica sumó tensión debido a las críticas por la desarticulación del Carem, un reactor estatal de menor escala en el que se trabajaba hace años y que, según voces opositoras, será reemplazado por esta nueva opción privada. No obstante, fuentes del sector señalaron que el proyecto estatal no era estrictamente modular y registraba costos de capital mucho más elevados, defendiendo la necesidad de reformatear el rol de la comisión hacia la investigación y el desarrollo futuro.

"Más allá de los despidos vigentes, el problema central son los más de 200 ingenieros y expertos que dejaron el organismo estatal tentados por mejores salarios en el sector privado", alertó un consultor especializado. La pérdida de profesionales formados por el Estado argentino encendió alarmas sobre la capacidad técnica para acompañar los futuros proyectos de inversión privada en el país.

Con información de Infobae

El encuentro se realizará en la sede del organismo laboral, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná. La resolución establece que ambas partes deberán asistir personalmente y con representantes que cuenten con poder de decisión suficiente para avanzar en una instancia de negociación.

La audiencia se llevará a cabo luego de que la Secretaría dictara la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles, en el marco de la Ley Nacional 14.786. La medida comenzó a regir a las 14 del miércoles 1 de julio y busca suspender el conflicto mientras se desarrollan las negociaciones.

Como parte de la resolución –que tiene fecha del 1 de julio– el organismo ordenó retrotraer la situación al estado de hecho previo a la comunicación de los despidos, con el objetivo de restablecer las condiciones existentes antes del inicio del conflicto.

En ese marco, intimó a Unionbat SA a reincorporar de manera inmediata a todos los trabajadores despedidos desde el 26 de junio y a abstenerse de adoptar represalias contra el personal o sus representantes sindicales durante la vigencia de la conciliación.

Asimismo, dispuso que el sindicato y los trabajadores dejen sin efecto todas las medidas de acción directa que estuvieran llevando adelante o tuvieran previstas, debiendo prestar tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación obligatoria.

La resolución también advierte que el incumplimiento de las intimaciones dirigidas tanto a la empresa como al sindicato podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación laboral vigente.

Tras tomar conocimiento de la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo, los trabajadores se presentaron a la plata e intentaron ingresar, pero la empresa no se los permitió. Por ese motivo, el sindicato presentó una denuncia por incumplimiento de la conciliación. (APFDigital)

En noviembre de 2023 había unos 343 mil empleados en la esfera estatal y en mayo esa cantidad había caído a 273 mil y de ese total, unos 87 mil está en empresas y sociedades del Estado.

"Desde su asunción, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados", señaló el centro de estudios CEPA.

En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. La dotación de personal se redujo en 70 mil puestos de trabajo, lo que implica una caída del 22%.

Según el último reporte de CEPA, en términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente.

Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado.

El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos.

Le siguen el del Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en un contexto donde el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia su privatización. En Aerolíneas Argentinas se contabilizan 1.993 despidos. En la Casa de la Moneda se contabilizaron 715 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa.

La Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística corrieron suertes similares al contar con 638 y 594 despidos correspondientes. Finalmente, en Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores.

La decisión de cerrar la planta de baterías Unión Bat de Gualeguaychú dejó a 101 trabajadores sin empleo y generó incertidumbre entre las familias afectadas, señaló el representante del Sindicato de Trabajadores Químicos de Gualeguaychú, Martín Gómez, quien aseguró que la medida fue comunicada de manera sorpresiva y sin advertencias previas por parte de la empresa.

Según relató el dirigente gremial en declaraciones al programa “Demo” (FM Universidad 105,7), la situación se conoció el viernes al mediodía, cuando los empleados del turno tarde llegaron a la fábrica para comenzar su jornada y fueron recibidos por una escribana, quien les notificó que estaban despedidos y que no podían ingresar a la planta. Al mismo tiempo, los trabajadores del turno mañana, que aún se encontraban prestando servicios, también fueron informados de la decisión. En tanto, el resto del personal recibió una carta documento de despido mediante un archivo PDF enviado por WhatsApp.

Desde que se conocieron los despidos, los trabajadores permanecen en un acampe frente a la planta de Unionbat. Allí esperan novedades sobre el conflicto y reclaman una respuesta de la empresa, mientras aguardan la audiencia convocada para este jueves por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.

Gómez sostuvo que el gremio mantenía un diálogo permanente con las autoridades de la firma en Buenos Aires para abordar cuestiones vinculadas con la producción y el funcionamiento de la planta, pero aseguró que "nunca se habló de un cierre".

"Ellos decían que había muchos problemas debido a las importaciones porque ingresaban muchas baterías desde Brasil y China, pero en ningún momento advirtieron que la fábrica iba a cerrar. Esto nos tomó completamente por sorpresa", afirmó.

El dirigente explicó que en la planta de Gualeguaychú se fabricaba el interior de las baterías, mientras que el ensamblado final se realizaba en otra planta ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires. No obstante, indicó que el sindicato desconoce cuál será el futuro de ese establecimiento.

Asimismo, remarcó el impacto social de la medida al señalar que entre los despedidos hay trabajadores con entre 20 y 25 años de antigüedad e incluso personas que estaban próximas a jubilarse. También precisó que fueron desvinculados todos los operarios de producción, mientras que los jefes y gerentes no fueron alcanzados por los despidos.

En ese contexto, Gómez lamentó que ningún dirigente político de Gualeguaychú se haya comunicado con el sindicato para interiorizarse de la situación o intentar mediar en el conflicto.

Sobre el final, el dirigente expresó su preocupación por el escenario que atraviesa el empleo industrial y advirtió que este tipo de situaciones se repiten cada vez con mayor frecuencia. "En el país se está haciendo costumbre que el trabajador se vuelva descartable", cuestionó.

Cabe destacar que en las últimas horas se conoció que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos intervino de manera inmediata y convocó a audiencia de conciliación para el próximo jueves 2 de julio a las 12: “No tenemos problemas en sentarnos para ver qué es lo que pretenden. Estamos a la deriva. La gente pregunta y pregunta, pero no sabemos qué decirles porque no tenemos información", concluyó. APF

El Grupo Techint confirmó el despido de 150 operarios en su planta ubicada en Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús. Las desvinculaciones se harán efectivas este miércoles, mientras los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) permanecen en estado de alerta y asamblea permanente.

Los representantes gremiales ya solicitaron las reincorporaciones correspondientes y no descartan avanzar con medidas de fuerza si la empresa informa nuevas desvinculaciones o reformas en las condiciones de trabajo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Dylan Paz, trabajador y delegado de la UOM, ratificó que “los despidos se harán efectivos el 1ro. de julio”, pese a que la situación había sido comunicada el jueves anterior.

“De 340 que somos, 150 dejarían de estar trabajando a partir del miércoles. Ya planteamos las reincorporaciones y estamos en estado de asamblea permanente, esperando respuestas”, informó Paz.

Según indicaron los trabajadores, además de una fuerte caída en la producción, la planta sufrió el impacto de la pérdida de una licitación clave. La empresa habría quedado fuera del contrato para proveer tubos de acero destinados a la obra del Gasoducto Néstor Kirchner.

La falta de participación en ese proyecto estratégico vinculado a Vaca Muerta afectó los niveles de producción previstos para esta altura del año y profundizó la incertidumbre laboral dentro del establecimiento.

Los delegados gremiales y los trabajadores afectados anunciaron una movilización y protestas frente a la sede sindical, con el objetivo de reclamar que se apliquen esquemas de suspensión en lugar de cesantías.

Desde el gremio también advirtieron que el plan de la multinacional incluiría reducción de horas extras, recortes en premios por productividad y modificaciones significativas en los ritmos de producción.

En ese marco, la UOM permanece en estado de alerta y a la espera de una respuesta por parte de la empresa, mientras crece la preocupación por el futuro laboral de los operarios alcanzados por la medida.

A dos años del inicio del conflicto en la planta de Fademi en Larroque, representantes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas volvieron a denunciar incumplimientos judiciales y señalaron problemas de seguridad laboral y posibles consecuencias ambientales.

El abogado del gremio, Andrés Ocampo, recordó que el conflicto comenzó en mayo de 2024 por reclamos vinculados a las condiciones de higiene y seguridad en la fábrica de baterías. Según explicó, los trabajadores advirtieron sobre riesgos derivados de la manipulación de productos químicos y la empresa respondió con sanciones, suspensiones y despidos.

Ocampo subrayó que existe un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, emitido en enero de 2025, que ordenó reincorporar a 25 empleados despedidos. Sin embargo, la resolución aún no fue cumplida, lo que genera salarios adeudados, multas diarias y nuevos reclamos judiciales. “Ya hay trabajadores que iniciaron acciones por despido y otros continúan esperando su reincorporación. Todo esto genera una deuda cada vez más difícil de afrontar”, sostuvo.

El sindicato también pidió una audiencia al Concejo Deliberante de Larroque para exponer la situación, aunque aún no recibió respuesta. Ocampo advirtió que el conflicto trasciende lo laboral y mencionó estudios sobre plomo en sangre en trabajadores, además de investigaciones sobre posibles efectos en animales de la zona.

El prosecretario Martín Gómez agregó que en febrero presentaron una denuncia ante la Secretaría de Trabajo para exigir inspecciones en la planta, pero hasta ahora no obtuvieron resultados. “Queremos saber si se cumplen las normas de higiene y seguridad y si los trabajadores cuentan con los elementos de protección adecuados”, señaló.

Actualmente, 34 empleados sostienen un acampe frente a la empresa. El delegado Ignacio Gervasoni explicó que la permanencia se mantiene gracias a aportes solidarios y asistencia del sindicato. El prolongado conflicto, dijo, afecta tanto la economía como el estado emocional de los trabajadores y sus familias.

Los representantes gremiales anticiparon que continuarán impulsando acciones judiciales para reclamar salarios, indemnizaciones y el cumplimiento de las resoluciones ya dictadas. También reiteraron su disposición a retomar el diálogo: “Siempre estuvimos abiertos a conversar y encontrar una solución que permita recuperar los puestos de trabajo y normalizar la actividad”.

La decisión de Citroën de abandonar la producción de vehículos en Argentina marca el cierre de un ciclo de 28 años de presencia industrial ininterrumpida en el país. La planta de El Palomar, ubicada en Tres de Febrero, fue el epicentro de la actividad de la marca desde 1998, cuando retomó operaciones tras una primera etapa entre 1978 y 1990.

El último modelo fabricado localmente fue la Berlingo Furgón, que ahora será reemplazado por la nueva Berlingo Van L2 importada desde España. Con este movimiento, la automotriz francesa concentrará su producción regional en Brasil, donde continuará fabricando el C3, Basalt y Aircross, mientras que en Uruguay mantendrá la línea del utilitario Jumpy.

La salida de Citroën también afecta a la producción de la Peugeot Partner, que se fabricaba en el mismo complejo industrial. Allí solo seguirán en marcha las líneas de los modelos Peugeot 208 y 2008, bajo la órbita de Stellantis.

La reducción de actividad derivó en nuevas suspensiones de personal. Desde el lunes se inició un parate de dos semanas y ya está programada otra interrupción entre el 13 y el 26 de julio. La caída de la demanda y la reorganización industrial obligaron a diagramar un esquema de trabajo intermitente, que genera incertidumbre entre los operarios.

En paralelo, Stellantis avanzó con un plan de retiros voluntarios para reducir la plantilla laboral sin abrir un conflicto gremial de mayor escala. Según Infogremiales, la empresa convoca uno a uno a los trabajadores para ofrecerles entre cinco y siete salarios adicionales como incentivo para aceptar la desvinculación.

El objetivo es disminuir puestos de trabajo de manera ordenada, aunque la medida genera preocupación en el sector. La estrategia busca evitar despidos masivos, pero implica un achicamiento significativo de la planta.

La combinación de suspensiones, retiros voluntarios y vencimientos de contratos configura un panorama de fuerte ajuste en la planta bonaerense, que hasta hace poco era uno de los polos industriales más importantes de la automotriz en el país.

La decisión de Citroën responde a una estrategia de concentración en Brasil, donde la compañía ve mejores condiciones de mercado y competitividad. La salida de Argentina se inscribe en un proceso más amplio de reorganización de Stellantis, que busca optimizar recursos y adaptarse a la caída de ventas en la región.

El retiro de Citroën de la producción nacional deja un vacío en la industria automotriz argentina y abre un escenario de incertidumbre para los trabajadores de El Palomar. La combinación de retiros voluntarios, suspensiones y contratos no renovados refleja el impacto directo de la reestructuración en cientos de familias. Tras casi tres décadas de presencia industrial, la marca francesa cierra su etapa en el país y concentra su futuro en Brasil, dejando a la planta bonaerense con una actividad reducida y un horizonte laboral incierto.

La industria se prepara para afrontar un invierno marcado por costos más altos de la energía, posible desabastecimiento y la aceleración de planes de contingencia que incluyen despidos para amortiguar el impacto de la actividad frenada y el consumo en caída. Con pedido mediante al ministro de Economía, Luis Caputo, las fábricas se debaten entre aceptar precios más altos del gas por los efectos de la guerra en Irán o disponer de paradas de planta y suspensiones ante un Gobierno que, por ahora, les trasladará el impacto total. En el medio, precios sorpresa en la compra de los buques de GNL trajeron incertidumbre y enojo.

El drama del gas, el acceso y sus precios llega en momentos en los que la industria vive uno de los momentos más difíciles de los últimos 20 años para sostener la actividad, según definieron fuentes fabriles a PERFIL. En particular, por la situación invernal, en Tucumán ya advierten posibles suspensiones, frenos de planta e inestabilidad laboral. El entramado productivo en general perdió empleo a un ritmo de entre 3.000 y 4.000 puestos por mes en lo que va del año y, según datos del INDEC, un 16,4% de las firmas industriales planea despidos y un 18,6% de la firmas industriales proyecta disminuir la cantidad de horas trabajadas por parte del personal afectado al proceso productivo.

En ese escenario, este martes la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con Caputo y le llevó alternativas para que sea el Estado quien asuma los costos extra generados por el conflicto bélico en Irán que llevó los precios del Gas Natural Licuado (GNL) de USD 12 por millón de BTU a más de USD 20. Pero según pudo saber PERFIL, por ahora, no hay respuesta del Palacio de Hacienda y la industria asume que el costo se trasladará al sector privado.

Cortocircuito por costos sorpresa más altos

De hecho, las distribuidoras de gas ya estuvieron haciendo una ronda de consultas para saber cuántas y cuáles industrias podrían asumir esos precios más altos. “Todas las fábricas en general están sujetas a un posible riesgo de falta de gas o, en el mejor de los casos, un encarecimiento muy fuerte del costo del gas”, explicó a este medio una fuente de una empresa del consumo masivo. Hay fábricas que ya están averiguando la posibilidad de subsanar eventuales cortes con energías alternativas, como el fuel oil, cuya ventaja reside en la facilidad de almacenar en grandes tanques y transportar en camiones, pero su desventaja es que tiene costos más elevados y no todos pueden afrontarlos.

Fue uno de los temas más importantes del encuentro en el quinto piso de Economía, aunque el eje central fue la “demora en la reactivación” de varios sectores —textiles, construcción, calzado, entre otros— ante el descontento de los industriales por la serie de beneficios que otorga el RIGI y próximamente el súper RIGI a sectores como la minería, la tecnología y la energía, frente a la falta de un régimen similar para la actividad productiva.

Pero además, este dilema se cruzó con un cortocircuito por un precio extra más —aparte del ya asumido por la guerra en Medio Oriente— por la regasificación. Todos los años, la Secretaría de Energía hace compras de forma exportable del gas que luego los grandes usuarios compran en el mercado mayorista. Este 2026 se espera que lleguen entre 23 y 25 buques y se gaste poco más de USD 1.000 millones para ese motivo.

El jueves 14 de mayo, Energía Argentina S.A. (Enarsa) notificó —a escasas horas de abrirse la subasta en la plataforma MEGSA, donde se realizan las compras y subastas— un ajuste en las reglas de juego pactadas. Mediante una circular oficial, la empresa estatal elevó a último momento el costo del servicio de regasificación de los USD 3,50 por millón de BTU contemplados originalmente en los pliegos, a un valor de USD 5,16, lo que representó un encarecimiento del 47%. Una maniobra que no solo careció de una fundamentación técnica, sino que además incluyó la exigencia de que dicha prima se abone por fuera del mecanismo institucional de la subasta como un cargo adicional y separado, desatando la inmediata reacción de cámaras como CIARA, que exigieron explicaciones urgentes y la postergación de la compulsa para evitar que el sector opere a ciegas y con márgenes negativos.

De asumir la prima extra de regasificación, con un costo del GNL que por efectos de la guerra en Irán pasó de valer USD 12 por millón de BTU a más de USD 20, en la industria aceitera presumen que los costos de la energía para sus fábricas aumentará un 25%. En el resto de los sectores también prevén saltos “cuantiosos”.

Fuentes oficiales aseguraron a PERFIL que Enarsa utilizó una prima más alta, consistente con lo que se pagó en los últimos dos años. Según argumentan, el esquema funcionó sin fricciones durante la licitación del primer barco, pero la prima resultó mayor al momento de adjudicar los nueve buques siguientes. Con una mirada de mediano plazo, en los despachos públicos confían en una pronta compensación: "Todavía hay que comprar más barcos, por lo que podemos volver a estar en el nivel de USD 4,50 o por debajo", deslizan, bajo la premisa de ir ajustando los valores para que el sistema local no pague de más.

El norte en alerta roja: restricciones y riesgo laboral

Mientras, en el norte la situación de cortes y gas más caro, ya advertida por las distribuidoras a las firmas, crece en incertidumbre. La Unión Industrial de Tucumán (UIT) encendió todas las alarmas tras una reunión con Naturgy NOA, confirmando que el escenario ya pasó de ser una discusión de costos a un peligro real de parálisis productiva y suspensiones laborales. Como consecuencia de un reordenamiento dispuesto por la Secretaría de Energía en las capacidades de transporte, la región enfrentará severas restricciones de suministro entre junio y agosto, con cortes que podrían extenderse entre 70 y 85 días.

El golpe logístico es asimétrico y pega de lleno en el momento de mayor actividad. Las industrias azucarera, citrícola, papelera y cerámica desarrollan gran parte de su producción en esta etapa del año y ahora se enfrentan a la imposibilidad de sostener sus niveles operativos. El problema estructural de fondo combina el déficit geológico de la Cuenca Noroeste —que aporta apenas un 20% de su capacidad histórica— con los tiempos políticos de la infraestructura de la Reversión del Gasoducto Norte, obligando a las distribuidoras a adecuar sus contratos de transporte firme y reduciendo la capacidad en un 35%.

Sin alternativas de abastecimiento que sean viables, ya que las opciones como el fluido proveniente de Bolivia o el propio GNL importado resultan prohibitivas para los costos de la región, la entidad tucumana advirtió que numerosas plantas deberán detener parcial o totalmente sus procesos. Este cuello de botella no solo amenaza la producción y el nivel de exportaciones, sino que pone en jaque la estabilidad de miles de trabajadores en una zona donde las fábricas ya operan, en el mejor de los casos, al 60% de su capacidad instalada a raíz de la contracción macroeconómica.

Ante la inminencia del invierno, el conflicto escaló al máximo nivel político. Mientras que las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, abrieron canales de diálogo de urgencia con los despachos nacionales para resguardar el entramado local, la industria reitera su pedido de previsibilidad para evitar que la falta de energía congele por completo el empleo y deje sin oxígeno a la actividad fabril.Perfil

El Hospital Garrahan volvió a ser noticia, esta vez no por sus logros médicos ni por sus estándares de calidad internacional, sino por un conflicto gremial que puso en riesgo la estabilidad laboral de decenas de trabajadores. El Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 resolvió suspender los despidos de 11 empleados vinculados a la actividad sindical y la sanción de otros 29, tras el amparo presentado por la Junta Interna de ATE.

La medida judicial llega en un contexto de tensión creciente. Hace pocas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado públicamente la decisión de avanzar con los despidos, argumentando que los trabajadores habían ocupado ilegalmente oficinas de la dirección en octubre de 2025. El Gobierno incluso solicitó el desafuero de 10 gremialistas para poder ejecutar las cesantías.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan y uno de los apuntados en el sumario, celebró la resolución judicial: “El fallo confirma lo que veníamos denunciando. Se busca disciplinar la organización de los trabajadores. El Gobierno quiere venganza por el gran triunfo obtenido el año pasado y no quiere que vuelva a repetirse”, dijo en diálogo con la prensa.

Lipcovich advirtió que la intención oficial es “establecer un régimen represivo dentro del hospital” y silenciar reclamos que persisten, como la falta de personal, la precarización laboral mediante contratos de monotributo y el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, sostuvo que si bien el fallo es un paso importante, “seguramente será apelado por los funcionarios del hospital”. Y agregó: “Continuamos con la campaña contra estos sumarios truchos y la persecución a los delegados y activistas. No nos van a doblegar”.

Tras la resolución judicial, los trabajadores mantienen la convocatoria a un “abrazo al Garrahan” para este jueves a las 13 horas, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar apoyo de organizaciones sociales, familiares y sindicatos. Además, el miércoles ofrecerán una conferencia de prensa en el hospital.

La movilización busca repetir la masiva participación lograda el año pasado, cuando miles de personas se acercaron para respaldar al principal centro pediátrico del país frente a lo que consideran un ataque directo del Gobierno.

La crisis económica comienza a mostrar su impacto estructural en sectores que hasta hace poco celebraban las políticas del gobierno de Javier Milei. Granja Tres Arroyos, la mayor procesadora de pollos de Argentina, atraviesa una situación límite por la apertura comercial y la creciente presencia de pollo brasileño en el mercado local, a precios que resultan imposibles de igualar con costos internos dolarizados y energía cara.

El empresario Joaquín de Grazia, dueño de la compañía, había defendido públicamente la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Sin embargo, su firma enfrenta ahora un escenario de quiebra. A fines de 2025, la empresa tuvo dificultades para pagar salarios, aunque logró normalizar los pagos en enero. El alivio fue breve: la avalancha de importaciones y el cierre de exportaciones a Europa por el rebrote de gripe aviar agravaron el cuadro financiero.

En Concepción del Uruguay, donde Tres Arroyos posee el frigorífico más grande del país, el impacto es devastador. La planta llegó a emplear 1.500 trabajadores, pero hoy apenas quedan unos 700. En los últimos meses se registraron 160 despidos y 300 retiros voluntarios, aunque la empresa aún no abonó las indemnizaciones pactadas. La pérdida de empleo formal golpea a una ciudad de 80 mil habitantes, donde la industria aviar era uno de los principales motores económicos.

El panorama se complica además por la situación de Cresta Roja, otra empresa del sector que desde hace más de una década arrastra conflictos. Absorbida primero por Tres Arroyos y luego por la familia Peña de La Anónima, nunca logró estabilizarse. En 2024 hubo nuevos despidos en su planta de Esteban Echeverría y ahora se habla de un cierre definitivo. Según un informe de la consultora String-Agro, en marzo podrían desafectar a más de 450 trabajadores entre Cresta Roja y Tres Arroyos, y si las exportaciones no se reabren en abril, el riesgo de quiebra es inminente.

La crisis aviar se suma a otros golpes industriales en Concepción del Uruguay. Meses atrás cerró una planta de YPF que abastecía de combustible a la ciudad y ocupaba a 47 trabajadores. También hubo despidos en el sector maderero, profundizando el deterioro del empleo formal. Frente a ello, proliferan pequeños comercios y rotiserías como válvula de escape, aunque sin capacidad de reemplazar la estabilidad que ofrecía la industria.

El sector avícola admite que competir contra el pollo brasileño es inviable en las condiciones actuales. Con costos internos dolarizados, tarifas en alza y un tipo de cambio que no acompaña, la apertura comercial amenaza con desmantelar un entramado productivo que durante décadas sostuvo miles de empleos. La catástrofe social y económica que implicaría el cierre de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay encendió todas las alarmas: el futuro inmediato depende de la reactivación de exportaciones y de un cambio en la política comercial que hoy parece lejano.