El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental de Gualeguaychú, en conjunto con miembros de la DDI de San Isidro, realizaron hoy por la mañana un allanamiento en la localidad de Don Torcuato y además de la detención de la mujer que estaba prófuga, que no había podido ser localizada en los allanamientos realizados a fines de julio, se logró secuestrar dos teléfonos celulares que serán peritados y podrían ser claves para seguir identificando a posibles integrantes de una banda dedicada a las extorsiones.

La mujer de 32 años era una de las dos mujeres que estaban siendo buscadas en torno a esta causa, sobre la que existía una orden de captura. En los últimos días se obtuvo información valiosa sobre el paradero y hasta ese lugar llegó la comisión de Investigaciones para lograr aprehenderla. La detenida será trasladada en las próximas horas a Gualeguaychú y quedará bajo las órdenes del fiscal Lucas Pascual, que ya logró la condena la semana pasa de otra de las mujeres que estaba vinculada al caso.

La denuncia que dio origen a todo

La causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció haber sido intimidado por desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales, le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas de una supuesta detención y utilizando información sobre su entorno familiar para generar temor, consiguieron que realizara varias transferencias de dinero. El damnificado habría realizado transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.

Las primeras actuaciones permitieron seguir el recorrido del dinero y detectar que parte de la organización operaba desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante octubre del año pasado fueron detenidos en la zona de Ceibas dos hermanos oriundos de San Isidro, quienes habían sido identificados durante las tareas investigativas como personas vinculadas al cobro de parte del dinero entregado por la víctima.

Aquellas detenciones marcaron un punto de inflexión en la investigación. Con el avance de las pericias sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias y registros de comunicaciones, la Fiscalía logró ampliar el universo de sospechosos y profundizar la hipótesis de que detrás del hecho actuaba una estructura organizada, con integrantes que cumplían distintos roles y que mantenían contacto permanente entre sí.

La pesquisa avanzó luego hacia el conurbano bonaerense, donde en abril de este año se realizaron allanamientos en la localidad de Boulogne Sur Mer. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos incorporados al expediente. Sin embargo, dos mujeres lograron evadir el operativo y desde entonces permanecían con pedido de captura.

Lejos de detenerse, la investigación continuó durante los últimos meses. A fines de julio, personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú regresó a Boulogne Sur Mer y si bien no concretaron las detenciones buscadas, hallaron más elementos que permitieron la reconstrucción de la red investigada.

La detenida de este martes es hermana de uno de los dos hombres que se encuentran presos en la Unidad Penal 21 de Campana, que son señalados en la investigación que lleva adelante el fiscal Pacual como parte de la organización delictiva, en tanto la mujer que fue condenada la semana pasada, que había quedado involucrada en un procedimiento anterior, es pareja del otro hombre preso en la misma cárcel. A ella se le dictó en Gualeguaychú una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento agravado y el decomiso de dinero que se le halló en su poder cuando fue detenida, le fue entregado a la víctima en concepto de reparación.

El trabajo investigativo permitió reconstruir una operatoria que iba mucho más allá de un simple llamado telefónico. A partir del análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra, desde quienes mantenían contacto con la víctima hasta quienes administraban las cuentas donde terminaba el dinero obtenido mediante el engaño.

Dos hombres, de 27 y 39 años, fueron aprehendidos el domingo por la noche en Gualeguaychú, luego de ser vistos por las cámaras de seguridad cuando salían de una obra en construcción con materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando operadores de la Sala del Comando Radioeléctrico advirtieron, a través de las cámaras de videovigilancia, a dos sujetos que salían del predio con un carrito de mano. En su interior llevaban ladrillos cerámicos.

La situación fue comunicada al personal policial que se encontraba en las inmediaciones. Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a ambos hombres a pocos metros de la obra y comprobaron que trasladaban los materiales.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión de los sospechosos, de 27 y 39 años, por el supuesto delito de hurto en flagrancia. Además, se procedió al secuestro del carrito y los ladrillos.

Los dos hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, se puso en conocimiento al propietario de la construcción para que formalizara la denuncia correspondiente.

La Fiscalía de Gualeguaychú y la Policía trabajan por estas horas en dar con una persona que está siendo buscada desde el domingo, tras ser señalada como uno de los posibles agresores a un joven de 29 años que recibió un disparo de escopeta en su pierna derecha tras una discusión en el ingreso al barrio Los Espinillos, en la zona norte de la ciudad.

La víctima no es un personaje menor. Ha sido protagonista de innumerables hechos delictivos desde que era menor de edad e incluso ha sido condenado por varios hechos. En la puerta de la pandemia, en 2020, fue condenado a siete meses de prisión efectiva, pero antes de ello ya tenía otras penas dictadas por la Justicia de Gualeguaychú.

Al momento de cumplir 18 años, ya tenía un largo camino de delitos en el barrio La Tablita, pero recién se lo pudo condenar en febrero de 2016 a tres años de prisión efectiva por tres hechos. Fue imputado por el robo de un celular cometido con arma de fuego, por el robo de una moto y por desobediencia y resistencia a la autoridad. En 2025 volvió a ser condenado por un robo cometido a mediados de ese año y por ello fue llevado a la UP9 por 9 meses.

Pero en este hecho es la víctima. Fue quien recibió a la altura de su gemelo derecho, los perdigones de un escopetazo que le dejaron heridas de entrada y salida por la cercanía del disparo, pero para su fortuna ninguno de esos perdigones afectó alguna arteria o nervios que pudieran traerle alguna consecuencia y hoy se recupera de esas heridas.

Durante su internación no quiso denunciar ni señalar quiénes fueron sus agresores, pero la Policía inició una investigación dentro del barrio y a los funcionarios no les costó demasiado tener los nombres de los supuestos atacantes.

Ese mismo domingo se realizaron tres allanamientos dentro del barrio Los Espinillos, pero no se pudo localizar a los sujetos buscados. Se los siguió buscando por todos lados y el martes por la madrugada se presentaron dos de ellos de forma espontánea en la Jefatura Departamental porque sabían que estaban siendo buscados y que existía un pedido de captura para ellos.

Estas dos personas de 27 y 40 años quedaron alojados en la dependencia policial y el mismo martes se les tomó declaración de imputados de agresión con arma y en la mañana de este miércoles se solicitaría que permanezcan detenidos, aunque la jugada de haberse presentado espontáneamente en la Policía y ponerse a derecho, les podría jugar a favor con el Juez de Garantías para una posible excarcelación.

Mientras tanto, los esfuerzos policiales están centrados en localizar al tercer hombre señalado por testigos del hecho. Se trata de una persona con antecedentes y que para muchos es una de las personas que utiliza una precaria vivienda de madera como aguantadero para la venta de drogas.

Cinco personas fueron aprehendidas en el marco de distintas actuaciones policiales realizadas en Gualeguaychú entre la noche del lunes y la madrugada de hoy. Los procedimientos estuvieron vinculados con presuntos delitos contra la propiedad, una causa por lesiones y un intento de ingreso a una vivienda.

Uno de los hechos ocurrió durante la noche del lunes, cuando personal de Comisaría Cuarta localizó a un hombre de 33 años en la intersección de Santiago Díaz y Salaberry, en el marco de una investigación por el robo de pertenencias del interior de un camión estacionado sobre la Ruta Nacional 136.

El damnificado, un camionero chileno de 60 años que se encontraba de paso por la zona, habría sufrido la sustracción de distintos elementos durante la tarde. A partir de la información recabada, los efectivos identificaron al sospechoso, quien llevaba consigo un morral negro y otros objetos que habrían sido denunciados como robados.

Tras la intervención de la Fiscalía, se dispuso la aprehensión del hombre. Personal de las comisarías Tercera y Quinta colaboró con el procedimiento, la formalización de la denuncia y la entrega de los elementos recuperados.

En otro episodio registrado también el lunes, alrededor de las 22:50, una mujer de 41 años fue aprehendida por una causa por presunta violación de domicilio. El hecho se inició a partir del aviso de un vecino de la zona de Buenos Aires y Montevideo, quien alertó sobre un posible intento de hurto.

De acuerdo con la información policial, la mujer habría intentado ingresar a una vivienda tras saltar la reja perimetral, pero se retiró luego de ser advertida por un vecino. Posteriormente, los efectivos la localizaron en inmediaciones de Cándido Irazusta y España. La Fiscalía en turno dispuso su aprehensión y puesta a disposición de la Justicia.

A estos procedimientos se sumó una intervención durante la madrugada, cerca de las 4:10, en Italia y Belisario Roldán. Allí, personal de Comisaría Segunda aprehendió a un hombre de 29 años, señalado por un presunto intento de robo en el interior de un automóvil.

Según se informó, el sospechoso habría ingresado al vehículo con intenciones de sustraer pertenencias. Tras el aviso al Comando Radioeléctrico, los uniformados acudieron al lugar y, luego de comunicar la situación al fiscal de turno, concretaron la aprehensión en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa en flagrancia.

Por otra parte, durante la jornada del martes, dos hombres de 27 y 40 años se presentaron voluntariamente en la Jefatura Departamental Gualeguaychú con la intención de quedar a disposición de la Justicia. Ambos tenían pendiente una medida de detención en una causa judicial por lesiones.

Tras dar intervención a la Fiscalía correspondiente, se ordenó la aprehensión de los dos hombres, que quedaron alojados en la Jefatura Departamental a disposición de la autoridad judicial.

Las cuatro actuaciones quedaron bajo intervención de las autoridades judiciales competentes. En todos los casos, las responsabilidades penales deberán determinarse en el marco de las respectivas investigaciones.

Una investigación de la Policía de Entre Ríos permitió desarticular una banda dedicada a cometer estafas que operaba en distintas jurisdicciones del país. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, en coordinación con la Policía Federal Argentina y la Policía de Misiones, y culminó con tres personas detenidas.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba una modalidad de engaño conocida como “enganche” y estaba integrada por presuntos líderes radicados en Misiones y otros integrantes en la provincia de Buenos Aires.

El trabajo investigativo demandó más de un mes e incluyó tareas técnicas, análisis y entrecruzamiento de información a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Islas del Ibicuy. Las actuaciones permitieron avanzar sobre los sospechosos y dar respuesta a personas damnificadas, en su mayoría del departamento Islas, además de una víctima de Chajarí.

Siete allanamientos y tres detenidos

En cumplimiento de exhortos judiciales, se realizaron siete allanamientos y registros domiciliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la localidad de San Vicente, en Misiones.

En la Capital Federal se concretaron tres procedimientos en conjunto con efectivos de la Policía Federal. Como resultado, fueron detenidos dos hombres mayores de edad. Durante esos operativos se secuestraron armas de fuego, celulares, documentación, cheques, sellos, dispositivos de cobro tipo posnet, pendrives, tarjetas de crédito y otros elementos considerados de interés para la investigación.

En territorio bonaerense, en tanto, se realizaron otros dos allanamientos con participación de la Policía Federal. Allí fue detenida una mujer mayor de edad y se incautaron un celular y una computadora tipo netbook.

Los dos procedimientos restantes se llevaron adelante en San Vicente, provincia de Misiones. En ese lugar, el personal policial secuestró dos celulares, dos chapas patentes correspondientes a una camioneta Volkswagen Amarok, una carpeta vinculada con un automóvil Peugeot 208, documentación relacionada con dos vehículos Volkswagen Amarok y una llave de contacto de uno de esos rodados.

Según informó la Policía, tanto las tres personas detenidas como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy y quedaron a disposición de la Justicia.

En la causa intervienen el Juzgado de Garantías Nº 2 de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Natalia Céspedes, y la Fiscalía de Villa Paranacito, representada por Gastón Popelka. La investigación permitió avanzar sobre una organización que, según lo informado por la fuerza, tenía integrantes en distintas provincias y habría perjudicado a víctimas de Entre Ríos. El Entre Ríos/Jefatura Islas

Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas con motocicletas en calle Asisclo Méndez, entre Simón y Lavalle, en Gualeguaychú.

El episodio ocurrió media hora después de la medianoche, cuando personal de la Comisaría Primera que realizaba una recorrida preventiva observó un grupo de aproximadamente 15 motociclistas que avanzaba en dirección oeste-este realizando maniobras de “willi” y aparentes picadas.

En determinado momento, al sobrepasar a una barredora municipal que circulaba en el mismo sentido, dos de los motociclistas invadieron el carril contrario mientras realizaban las maniobras, generando una situación de riesgo para quienes transitaban en sentido opuesto, además de los peatones y los trabajadores que se encontraban en el vehículo municipal.

Cuando intentaron regresar a su carril, ambos perdieron el control de sus motocicletas y terminaron despistando hasta caer en un zanjón de aproximadamente dos metros de profundidad, ubicado sobre el sector norte de calle Asisclo Méndez, en inmediaciones de una maderera, ferretería y mueblería.

Lejos de permanecer en el lugar, los dos jóvenes abandonaron las motocicletas y procuraron escapar. Según informó la Policía, luego de salir del zanjón hicieron caso omiso a la voz de alto impartida por los efectivos, por lo que fueron reducidos y aprehendidos.

Los jóvenes se movilizaban en una Motomel Blitz y una Honda CG Titán. Por disposición del Coordinador de Fiscales, ambos quedaron aprehendidos por el delito de resistencia a la autoridad. Además, intervino personal de Tránsito Municipal, que labró las actas correspondientes y retuvo ambos rodados debido a la falta de documentación.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando personal del Comando Radioeléctrico y Motorizada realizaba recorridas preventivas por distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, al llegar a la zona de calles Concordia y Montevideo, los efectivos observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, realizaron maniobras evasivas. Ante esa situación, fueron demorados para ser identificados.

Durante el procedimiento, los agentes observaron distintos elementos que llevaban dentro de una mochila. Entre ellos había una billetera con documentación perteneciente a un vecino de Gualeguaychú.

A partir de ese hallazgo, los policías lograron localizar al propietario de la documentación. El hombre constató que había dejado su vehículo en la zona y que del interior le habían sustraído varios elementos.

Con los datos reunidos, el hecho fue comunicado a la Fiscalía de Propiedad, que dispuso la aprehensión de los dos sospechosos, de 31 y 22 años.

Ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental de Policía, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Tres jóvenes fueron aprehendidos, luego de que personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Arroyo El Cura detectara en un vehículo un costillar de aproximadamente 10 kilos cuya procedencia no pudieron justificar. El procedimiento derivó además en incidentes y en la aprehensión de una joven que habría agredido a los policías.

La intervención se produjo alrededor de las 19.30, cuando los efectivos realizaban una recorrida preventiva por calle Las Tropas y observaron un Volkswagen en el que se desplazaban los tres jóvenes. Al detener la marcha del vehículo y realizar el control, encontraron en el baúl un costillar proveniente de un animal bovino, con restos de pelos de color rojizo.

Los ocupantes no pudieron acreditar el origen de la carne y, de acuerdo con la información incorporada al procedimiento, las características de los cortes coincidían con las de un animal que había sido faenado ese mismo día en perjuicio de un hombre.

Ante esta situación, los efectivos comunicaron lo ocurrido al fiscal en turno, Lucas Pascual, quien dispuso el secuestro del costillar, un cuchillo y el Volkswagen. Los tres jóvenes fueron trasladados a la Jefatura Departamental Gualeguaychú en calidad de aprehendidos, en el marco de una causa que investiga un presunto caso de abigeato en flagrancia, además de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del procedimiento.

Sin embargo, el operativo tuvo un segundo momento de tensión cuando otras personas llegaron al lugar donde se desarrollaba la intervención policial. Según se informó, algunas de ellas habrían intentado impedir el trabajo de los efectivos y se produjo una situación de agresión contra el personal que participaba del procedimiento.

En ese contexto también fue aprehendida una joven mujer, señalada por haber agredido a los funcionarios que intervenían junto con los otros involucrados. Como consecuencia del episodio, funcionarios de Minoridad y Familia sufrieron lesiones. Ahora

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte fue asesinada de un disparo durante un acto de campaña en un mercado de la ciudad peruana de Caraz. El ataque ocurrió días después de que denunciara públicamente amenazas contra su vida.

Aponte, conocida como la “China Polo”, recorría el mercado junto con integrantes de su espacio político, Socios por Áncash, cuando un hombre armado se acercó y abrió fuego. Uno de los proyectiles la alcanzó en la cabeza y provocó su muerte.

La balacera también dejó cinco personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada en el lugar.

Tres detenidos por el asesinato

La Policía Nacional de Perú detuvo inicialmente a Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 30 años, señalado como presunto autor material del crimen.

En poder del sospechoso se encontró una pistola Glock calibre nueve milímetros. El arma había sido denunciada como robada en 2023 y pertenecía a un integrante de la Policía peruana, circunstancia que pasó a formar parte de la investigación.

Posteriormente, las autoridades confirmaron otras dos detenciones. Uno de los sospechosos habría financiado el ataque y el restante habría trasladado previamente al presunto tirador.

La Justicia dispuso medidas de detención preliminar mientras la Fiscalía avanzaba con los interrogatorios, el análisis de cámaras de seguridad y las pericias sobre el arma secuestrada.

Había denunciado amenazas de muerte

Nueve días antes del asesinato, Aponte difundió un video en el que aseguró haber recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios. Según relató, los interlocutores le advirtieron sobre un supuesto plan para matarla.

En aquella publicación, la candidata señaló al entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Víctor Revoredo Farfán, y relacionó las amenazas con sus denuncias sobre presuntos vínculos entre autoridades policiales y organizaciones criminales.

Las acusaciones fueron formuladas por Aponte antes de su muerte, pero no existían elementos judiciales que acreditaran la responsabilidad del jefe policial en el crimen. La investigación deberá determinar si aquellas amenazas estuvieron relacionadas con el asesinato.

Revoredo fue posteriormente reasignado como director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, dentro de una modificación que alcanzó a otros altos mandos de la fuerza.

Investigación por un posible crimen por encargo

La Fiscalía abrió inicialmente una investigación por el presunto delito de feminicidio. Con el avance de las primeras diligencias, el caso comenzó a ser analizado también como un posible homicidio por encargo.

Entre las medidas dispuestas se encontraban la recolección de evidencias, la declaración de testigos y heridos, la revisión de registros de videovigilancia y la reconstrucción de los movimientos de los detenidos.

Las autoridades buscaban establecer quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil. El equipo periodístico de la víctima reclamó que la pesquisa no se limitara al supuesto autor de los disparos y exigió identificar a los responsables intelectuales.

Su trabajo periodístico

Aponte había construido su perfil público mediante el programa digital China Polo Dominical, difundido a través de YouTube y otras plataformas.

Desde ese espacio publicaba investigaciones y denuncias vinculadas con presuntos hechos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, obras públicas y actuaciones de autoridades locales y regionales.

Además, había anunciado la publicación de un informe sobre un candidato a la Alcaldía de Huaraz. Los investigadores analizaban si el crimen estuvo relacionado con su actividad periodística, con la campaña electoral o con alguna de sus denuncias.

La candidata aspiraba a gobernar la región de Áncash en las elecciones previstas para el 4 de octubre. Su asesinato provocó reclamos de organizaciones periodísticas y organismos públicos para que se esclarecieran las responsabilidades materiales e intelectuales.

En primer lugar, respecto a la mujer de 58 años detenida durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Ubaldino Aguirre y Los Sauces, en el barrio Don Pablo, se dispuso un arresto domiciliario por 30 días, mientras que para el hombre de 47 años aprehendido en el mismo operativo, se ordenó su alojamiento en la Jefatura Departamental por el mismo periodo de tiempo.

Ambos fueron detenidos el jueves durante un procedimiento en el barrio Don Pablo, donde secuestraron 73 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para fraccionar la droga.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ubaldino Aguirre y Los Sauces.

Según pudo conocer EL ARGENTINO, la causa se inició en febrero, cuando los investigadores detectaron, a través de redes sociales y otras fuentes digitales abiertas, indicios que podían estar relacionados con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esa primera información comenzaron una serie de averiguaciones que se extendieron durante varios meses. Las tareas incluyeron seguimientos, observaciones en el lugar y el análisis de distintos movimientos que permitieron a los investigadores identificar a las personas que estarían vinculadas con la actividad investigada.

Con el avance de la pesquisa se fueron reuniendo elementos que, según la investigación, permitieron documentar el funcionamiento del presunto punto de venta y establecer el domicilio en el que se desarrollaban las maniobras.

Toda la investigación fue llevada adelante en coordinación con la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, bajo la orden de la fiscal Martina Cedrés. Con las pruebas reunidas, se solicitó la intervención de la Justicia y finalmente la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, autorizó el allanamiento.

Asalto a mano armada

El otro detenido al que se le dispusieron medidas es un joven de 20 años que fue aprehendido el sábado en un allanamiento realizado en la zona norte de Gualeguaychú en el marco de una investigación por un asalto a mano armada a un almacén en la mañana del miércoles pasado.

La Policía reunió evidencia para considerar que se trataba del mismo delincuente que asaltó con un cuchillo en mano a un comerciante en Alsina al 800 y escapó con la recaudación. El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda ubicada en calle Federación y Schachtel, donde se lo detuvo y se secuestraron prendas de vestir que tendría colocadas al momento del hecho y quedaron retratadas en las filmaciones de las cámaras de seguridad que se pudieron obtener.

El caso está en manos del fiscal Jorge Gutiérrez, y según se pudo conocer sobre el avance de la investigación, la Justicia dispuso una prisión preventiva por 30 días mientras se avanza con el caso.

Luego del importante despliegue policial y judicial que incluyó 14 allanamientos y una numerosa cantidad de personas detenidas en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, la Justicia de Gualeguaychú definió la situación procesal de los involucrados.

El resultado de las audiencias determinó que la mayoría de los detenidos no permanezca alojada en una dependencia policial o penitenciaria. Para nueve de ellos se dispusieron distintas medidas, entre ellas arrestos domiciliarios y libertades bajo medidas de coerción.

Uno de los casos corresponde a un joven de 23 años que cuenta con una condena dictada en junio por un delito relacionado con la portación de un arma y una agresión con arma. En esta oportunidad, la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, dispuso que cumpla arresto domiciliario en un taller ubicado en la zona norte de Gualeguaychú.

También recibió 45 días de arresto domiciliario uno de los tres hermanos involucrados en el procedimiento. En tanto, una de las mujeres detenidas deberá cumplir el mismo plazo en su vivienda de calle La Rioja, en la zona este de la ciudad.

Otro de los involucrados cumplirá 45 días de arresto domiciliario en el domicilio de su suegra, mientras que al segundo de los tres hermanos se le concedió la libertad bajo medidas de coerción durante 45 días.

Otra de las mujeres investigadas, cuyo domicilio de calle Concordia, que ya había sido objeto de distintos allanamientos y que registra antecedentes de detenciones y condenas, también recibió el beneficio del arresto domiciliario. La misma medida fue otorgada a otros dos de los detenidos que se encontraban alojados en la Jefatura Departamental de Policía.

En contraste con el resto de las resoluciones, sólo uno de los involucrados recibió prisión preventiva. Se trata de una persona que actualmente se encuentra cumpliendo una condena en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, establecimiento que también fue objeto de uno de los allanamientos realizados durante el operativo.

La Justicia dispuso para este imputado una prisión preventiva de 90 días. Sin embargo, la medida deberá cumplirse en otra unidad penitenciaria de la provincia, aunque permanecerá provisoriamente alojado en la cárcel de Gualeguaychú hasta que se consiga un cupo.

De esta manera, el resultado de las audiencias dejó un escenario procesal muy diferente al que podía suponerse luego del importante despliegue realizado durante el megaoperativo, en el que participaron distintas fuerzas y que demandó un extenso trabajo investigativo.

A estas resoluciones se suman otras situaciones que se habían definido previamente. El domingo, un adolescente de 16 años que había sido detenido durante el procedimiento recuperó su libertad.

Además, otro de los investigados que se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 9 fue liberado de la investigación por disposición de la fiscal Martina Cedrés, mientras que también recuperó la libertad otro de los detenidos con domicilio en Pueblo Belgrano.

La investigación por presunto narcomenudeo continúa y las medidas adoptadas en esta instancia son de carácter cautelar, por lo que no implican una definición sobre la responsabilidad penal de los imputados. Será durante el avance de la causa cuando la Fiscalía deberá profundizar la investigación y reunir los elementos que permitan determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del del Ejército argentino por distintos delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran privaciones ilegales de la libertad, vejaciones y torturas, ocurridos en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en julio 1977, durante la última dictadura cívico militar, en el marco del Plan Cóndor.

La medida fue dictada por la jueza Analía Ramponi, en línea con el pedido realizado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, y alcanzó al teniente primero Jorge Enrique Echeverría (77), señalado como oficial de inteligencia; el capitán Horacio Alberto Goris (81); el teniente primero Juan Ignacio Aleman (78), oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Concordia, durante 1977; y el sargento ayudante de caballería Miguel Ángel Galeano (75), en su carácter de auxiliar del oficial anteriormente mencionado. Además, a cada uno de ellos se les trabó un embargo de 30 millones de pesos.

La jueza les atribuyó a los imputados haber conformado una asociación ilícita constituida por un aparato estatal perfectamente organizado y ensamblado, destinado a borrar cualquier tipo de vestigio de lo que consideraban peligroso para la Seguridad Nacional y que terminó siendo responsable de un genocidio”, según precisó Fiscales.gob.ar.

Además, a Galeano, Aleman y Echeverría les endilgó los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios físicos, vejaciones y torturas contra los ciudadanos uruguayos María Julia Suarez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia, ocurrida el 3 de julio de 1977. Asimismo, se les imputó el abuso sexual de la mencionada María Julia Suárez, y la privación ilegal de la libertad de los también uruguayos Brenda Levith, Luis Suárez y al hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, en julio de 1977.

A los cuatro acusados también los procesó por la privación ilegal de la libertad, torturas y encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, que continúa desaparecido. Todas las imputaciones fueron en calidad de coautores.

La jueza consideró que los cuatro acusados estaban dotados de una “organización estructural”, en relación al esquema militar que funcionaba en aquel momento y que dividía al país en zonas, subzonas y áreas. A su vez, determinó que contaban con la colaboración de agentes de otras jurisdicciones para traslados o detenciones y, desde su misma conformación, habrían aceptado la comisión de diferentes delitos como necesaria para el logro de sus objetivos finales.

Ramponi explicó que “el aparato represivo de la jurisdicción Concordia” era dirigido por Naldo Miguel Dasso, entonces jefe del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues", correspondiente al Área 225, dependiente de la Subzona 22 de la Zona de Defensa 2 del Segundo Cuerpo del Ejército, entre 1975 y fines de 1977.

En esa línea, indicó que las personas detenidas por personal del Ejército y las fuerzas de seguridad en Concordia y otras ciudades cercanas, “eran alojadas en centros clandestinos de detención, en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia de Policía de Entre Ríos y en la Unidad Penal N°3 de la misma localidad, donde eran interrogadas y sometidas a diversos tormentos físicos y psicológicos y a abusos sexuales, en algunos casos”.

La magistrada destacó que los hechos investigados se dieron en el marco del denominado "Plan Cóndor" —la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante la década del ‘70—, llevado adelante en este caso por los gobiernos uruguayo y argentino durante la última dictadura militar y que, según sostuvo, “tenía como objetivo atacar movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales, entre otros supuestos enemigos de dichos gobiernos autoritarios, a través de grupos de tareas conformados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados mencionados".

Privación ilegal de la libertad y torturas contra ciudadanos uruguayos

Según la resolución, Galeano, Alemán y Echeverría privaron ilegítimamente de la libertad a cuatro ciudadanos uruguayos el 3 de julio de 1977 y los trasladaron a la Jefatura Departamental Concordia, luego a dos centros clandestinos de detención no identificados y finalmente a la Unidad Penal N°3.

De acuerdo a lo reconstruido por la investigación, en cada uno de esos sitios, fueron interrogados bajo apremios físicos, vejaciones y métodos de tortura como los llamados “plantones”, “submarino seco”, “picana eléctrica” y “teléfono”. Allí los mantuvieron privados de su libertad por más de veinte días, con la finalidad de obtener información, para luego trasladarlos de forma ilegal y clandestina a la República Oriental del Uruguay, donde dos de ellos estuvieron detenidos hasta 1982 y una de las víctimas recuperó la libertad.

Asimismo, en el traslado de las víctimas desde la Jefatura Departamental Concordia hasta el primer lugar donde estuvieron privados de su libertad, también habrían abusado sexualmente de Suárez.

Suárez Méndez, por su parte, fue trasladado primero a la ciudad de Paraná, donde permaneció privado de su libertad por cinco días, para luego ser trasladado a un centro clandestino de detención, en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, desde donde pudo fugarse.

El caso del conscripto Papetti

Según la investigación, Papetti fue privado de su libertad el 15 de marzo de 1977 en la Guardia de Prevención del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues" de Concordia, donde cumplía el servicio militar obligatorio, presuntamente, por integrar la organización Montoneros y por participar de actividades “subversivas”, según la versión militar. En dicho lugar, junto a otras dos víctimas detenidas ilegalmente, habrían sido sometidos a apremios y torturas.

El 18 de marzo de ese mismo año, Papetti fue visto en muy malas condiciones físicas, con el pecho hundido, sangre en la boca, con dificultades para mantenerse erguido y con una tos permanente como consecuencia de los tormentos padecidos.

Al día siguiente, habría sido conducido, junto con las otras dos personas detenidas, a un lugar ubicado en el paraje conocido como “La Tortuga Alegre” próximo a Salto Grande, donde las torturas habrían continuado sobre todos los trasladados.

Entre el 19 y 20 de marzo, los tres habrían sido trasladado en el baúl de un automóvil a la ciudad de Paraná, donde fueron alojados en el Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2.

Finalmente, según la investigación, el 21 de marzo, Papetti y otro de los detenidos fueron trasladados a la Unidad Familiar de la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde fueron sometidos a nuevas sesiones de tortura y donde el conscripto murió a raíz de los tormentos padecidos.

El encubrimiento del homicidio

A los cuatro procesados también se les atribuye haber encubierto el homicidio de Papetti mediante el montaje de un simulacro de fuga sobre la ruta nacional 18, cerca del kilómetro 135, en jurisdicción de Concepción del Uruguay, el 22 de marzo de 1977.

Según la resolución, ese montaje consistió en labrar actuaciones administrativas y declaraciones falsas para simular un traslado durante el cual Papetti habría escapado, hecho que resultó imposible ya que, según fue probado en otra causa, para entonces ya había sido asesinado en Paraná.

Para completar el plan de ocultamiento de la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Papetti en manos militares, se destruyeron los registros del Regimiento, como lo demuestra el acta de incineración de los libros de novedades de la guardia de prevención, confeccionadas entre 1976 y 1983.

Agentes de la Policía de Entre Ríos llevaron a cabo tres allanamientos en la ciudad de Colón en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo. Los procedimientos simultáneos finalizaron con la detención de dos personas y la identificación formal de otras seis vinculadas a la causa.

Durante los registros en los inmuebles bajo sospecha, las fuerzas de seguridad incautaron 13,9 gramos de cocaína compactada en formato de "piedra". La modalidad de hallazgo evidencia un alto grado de pureza de la sustancia, la cual se encontraba previa a la etapa de estiramiento y fraccionamiento para su posterior distribución y venta al menudeo.

Además de los estupefacientes, los efectivos secuestraron la suma de $1.292.250 en efectivo, teléfonos celulares, una balanza electrónica de precisión y recortes de nailon utilizados para el acondicionamiento de las dosis. Asimismo, dos vehículos quedaron bajo custodia policial e incorporados a las actuaciones como elementos de prueba para el proceso judicial.

El despliegue operativo fue coordinado por la Dirección General de Drogas Peligrosas y contó con la intervención conjunta de personal especializado de las Divisiones Toxicología y Guardias Especiales pertenecientes a las Jefaturas Departamentales de Colón, San Salvador y Gualeguay. Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El hecho que ocurrió el viernes 11 de julio por la noche, que tuvo como blanco al comerciante de Gualeguaychú, Jonathan Bacigalupo, en la puerta de su casa en el barrio 34 Viviendas, escribió en la mañana de este miércoles un nuevo capítulo.

Un seguimiento que realizó el personal de Investigaciones de la Policía Departamental, permitió descubrir que habría una intencionalidad de fuga por parte de los dos detenidos vinculados al hecho. Uno cumpliendo una prisión preventiva en la UP9, acusado de ser quien manejaba la moto en la que transitaban los asaltantes, y ella como encubridora del hecho, con arresto domiciliario en la vivienda donde fue detenida 20 días después del hecho.

Según se habría podido establecer, ambos habrían acordado telefónicamente un plan de fuga en algún traslado que el detenido en la UP9 tuviera a Tribunales o al Hospital Centenario, pero además habrían manifestado la intención de realizar un nuevo hecho de similares características antes de huir de la ciudad.

Todo esto habría quedado plasmado en las comunicaciones telefónicas y por ello se realizó un allanamiento en la mañana de este miércoles donde se secuestró el teléfono celular de la mujer y se la trasladó a la Comisaría del Menor y la Mujer, en avenida Del Valle.

Asimismo, el detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú fue trasladado a la Unidad Penal 5 de Victoria para derribar cualquier oportunidad que pudiera tener en esa intención de fuga.

La Policía realizó un amplio operativo del que participaron efectivos de la D.O.S.P., G.E.P.E.R., Comisaría de Minoridad y División Drogas Peligrosas, bajo la supervisión del Jefe y Subjefe Departamental.

Un intento de robo de ganado ocurrido en enero de 2025 terminó con tres condenas judiciales. El caso tuvo como escenario un establecimiento rural ubicado en inmediaciones de la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 50, en la zona de Pehuajó, y quedó al descubierto cuando personal policial sorprendió a un grupo mientras intentaba retirar un animal vacuno que había sido faenado.

El episodio ocurrió el 4 de enero de 2025. Según se estableció durante la investigación, cuatro hombres actuaron de manera conjunta para apoderarse de un animal que se encontraba en el campo. El operativo fue realizado por personal de la División de Investigaciones de la Brigada de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos y de la Brigada Perdices, que se encontraba realizando tareas de vigilancia en la zona.

La intervención permitió detener en flagrancia a tres de los involucrados. Al verse descubiertos, los hombres abandonaron las dos medias reses y emprendieron la fuga entre la vegetación del lugar, aunque finalmente tres de ellos fueron aprehendidos.

La investigación quedó en manos del fiscal auxiliar Lucas Pascual y avanzó en los Tribunales de Gualeguaychú. La causa fue caratulada como abigeato agravado en grado de tentativa. En una primera instancia, Fernando Calatayú y Franco Mauricio Silva, quienes no registraban antecedentes penales, fueron condenados mediante un juicio abreviado a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, además de reglas de conducta por el mismo período.

La resolución fue adoptada en el marco de la investigación penal preparatoria N° 101/25, con intervención del vocal de juicio, Mauricio Derudi. Durante el proceso, la defensa había solicitado la suspensión del juicio a prueba, pero la Fiscalía se opuso y, en el mismo sentido, se pronunció la parte querellante, representada por Juan Weimberg. La cuestión fue resuelta por el juez de Garantías Ignacio Telenta, quien habilitó la continuidad de la causa hacia una instancia de juicio.

El expediente tuvo luego un nuevo capítulo con el juzgamiento del tercer involucrado. Durante las audiencias orales realizadas los días 30 y 31 de julio, se analizó la responsabilidad de otro de los acusados por el mismo hecho. Tras las audiencias, el hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

La diferencia en las penas estuvo vinculada, entre otros aspectos, a la situación procesal de los acusados. Mientras Calatayú y Silva no contaban con antecedentes penales y recibieron una condena de ejecución condicional, el tercer condenado registraba antecedentes por otros delitos, circunstancia que derivó en una pena de cumplimiento efectivo.

De esta manera, un procedimiento que comenzó con un operativo policial en medio de un campo terminó más de un año después con tres condenas. El caso dejó además expuesto el trabajo conjunto de las unidades de Delitos Rurales y de la investigación criminal para esclarecer un hecho que no llegó a concretarse por la intervención policial en el momento en que los animales eran retirados del establecimiento.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 22.30 del martes, cuando personal de la Jefatura Departamental acudió a un llamado de un vecino que alertó sobre dos hombres que habrían intentado ingresar a una vivienda ubicada en la zona de calles Del Valle y Borques.

Con las características aportadas, los efectivos localizaron a los sospechosos a pocas cuadras del lugar. Al intentar identificarlos, uno de ellos, de 39 años, reaccionó de manera violenta, se resistió al procedimiento, agredió físicamente a los policías y provocó daños en un equipo de comunicación utilizado por uno de los funcionarios.

Ante esa situación, el hombre fue aprehendido por el supuesto delito de resistencia a la autoridad. En tanto, su acompañante, de 38 años, intentó impedir el accionar policial para evitar la detención, por lo que también fue reducido y trasladado a la Jefatura Departamental.

En otro procedimiento, desarrollado durante la mañana de este miércoles, personal de la Comisaría Octava intervino tras la denuncia de una trabajadora del área de Higiene Urbana, quien aseguró haber sido amenazada mientras realizaba tareas de limpieza en un terreno ubicado en inmediaciones de las calles Artigas e Irazusta.

Según relató la mujer, un hombre que se encontraba arrojando residuos en el lugar la intimidó para que abandonara el predio, generándole temor, por lo que solicitó la intervención policial.

Los efectivos que patrullaban la zona localizaron al sospechoso y procedieron a la aprehensión del hombre, de 31 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental. Tras ser informada, la Fiscalía de turno dispuso que permanezca alojado en la dependencia policial, imputado por el supuesto delito de amenazas.

Dos procedimientos realizados por personal policial de Gualeguaychú culminaron con la detención de dos hombres que se encontraban incumpliendo disposiciones judiciales, en hechos ocurridos durante las últimas horas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los operativos fue llevado adelante por efectivos de Comisaría Sexta, quienes mientras realizaban recorridas preventivas localizaron a un hombre de 28 años en la intersección de calles De Elías y Bomberos Voluntarios. Al identificarlo, constataron que sobre él pesaba una orden de detención vigente emitida en el marco de una investigación por amenazas calificadas por el uso de armas, causa que además se encuentra acumulada con otra por violación de domicilio y otros delitos.

Tras su aprehensión, el acusado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado.

En otro procedimiento, alrededor de la 1:15 de la madrugada, efectivos de Comisaría Quinta interceptaron a un hombre que caminaba por la Ruta Provincial Nº 42, a la altura del acceso al Parque Unzué. Durante la identificación comprobaron que estaba incumpliendo una medida de arresto domiciliario que le había sido impuesta apenas unas horas antes, en el marco de una causa por daños.

Según se informó, el hombre debía permanecer en un domicilio de Pueblo General Belgrano, pero fue encontrado fuera del lugar sin autorización judicial. Ante esa situación, fue aprehendido por el delito de desobediencia judicial.

Por disposición del fiscal de turno, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

En las últimas horas, varias personas debieron ser asistidas en el hospital de Federación por un posible cuadro de intoxicación vinculado al consumo de drogas adulteradas. La situación derivó en un procedimiento policial en inmediaciones de Las Azaleas y Atencio, tras una denuncia recibida en la Sección Judiciales de la Jefatura Departamental.

El allanamiento estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas, con apoyo de la División Operaciones y el Grupo Especial local. En el lugar fueron identificadas tres personas mayores y una menor de edad. La requisa permitió secuestrar tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos envoltorios con restos de cocaína, una cartera con sustancia blanquecina para análisis y papeles de hojillas.

El operativo se enmarca en la pesquisa para determinar qué ocurrió con las personas internadas y si la droga adulterada circula en la ciudad. La Fiscalía busca establecer responsabilidades y avanzar en la causa que ya generó preocupación en la comunidad.

El episodio ocurrió cerca de las 4.30 en la zona de Pedro Jurado y Urquiza, cuando efectivos de la Comisaría Sexta realizaban recorridas en las inmediaciones y advirtieron la presencia de ambos sospechosos caminando con dos garrafas de 10 kilos cerradas.

La escena llamó la atención de los uniformados, que decidieron identificarlos y consultarles sobre el origen de esas garrafas, pero la respuesta que recibieron los dejó con mucha intriga. Aseguraron haberlas comprado momentos antes por 40 mil pesos, aunque no pudieron precisar dónde ni a quién se las habían adquirido.

Las inconsistencias en el relato y el horario en que se desplazaban con los envases generaron dudas sobre la procedencia de las garrafas, por lo que se dio intervención a la Fiscalía en turno. Ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental mientras se avanza en las actuaciones para determinar el origen de los elementos, que quedaron secuestrados.

En el marco de una investigación llevada adelante por la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú, en relación a una causa por comercio de estupefacientes, en la tarde y noche del jueves se realizaron allanamientos y registros domiciliarios con irrupción en distintos domicilios ubicados en Barrio Esperanza, Barrio Yapeyú y zonas aledañas, jurisdicción de Comisaría Segunda.

Durante los seis allanamientos se logró el secuestro de:

En total fueron identificadas 19 personas, de las cuales 12 eran mujeres y 7 hombres. Tres mayores de edad —una mujer y dos hombres— quedaron detenidos y permanecen alojados a disposición de la Justicia.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú, con colaboración de las divisiones de Nogoyá, Concordia, Villaguay, Islas y Paraná, además de los Grupos Especiales de cada departamental y la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.).