La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó de manera definitiva el archivo de la causa judicial iniciada a raíz del acuerdo financiero suscripto en el año 2018 entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 57.000 millones de dólares. La resolución, rubricada por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso planteado por la representación fiscal y confirmó lo resuelto previamente por las instancias inferiores del fuero federal respecto a las actuaciones tramitadas sobre exintegrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

El proceso judicial, dictaminado inicialmente en el Juzgado Federal N° 5 y con ratificación de la Cámara Federal en febrero de este año, se orientaba a determinar si la tramitación del crédito internacional y la posterior administración de las divisas configuraron delitos en perjuicio de la administración pública o incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación comprendía el accionar desarrollado por la conducción del Poder Ejecutivo de dicho período y los responsables de las carteras de Economía, Finanzas y el Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo con las pautas vertidas en el texto del fallo judicial, a lo largo de los cinco años de instrucción no fue posible fundamentar una hipótesis delictiva concreta sobre el accionar de los imputados. El dictamen fiscal subrayó que las acusaciones planteadas se centraron en cuestionamientos de índole general a la orientación de las políticas públicas y al modelo económico implementado, en lugar de acreditar infracciones específicas a la normativa legal vigente sobre la aplicación de los fondos.

Al desestimar la existencia de desviaciones en los procedimientos normativos requeridos para la toma de deuda o la afectación irregular de los recursos, la Cámara de Casación clausuró la vía ordinaria de revisión, otorgando carácter de cosa juzgada a la resolución que dispone el archivo de la causa respecto a todos los funcionarios sumariados en la investigación.

Los títulos soberanos de la Argentina encadenaron una racha de siete jornadas consecutivas en terreno negativo, provocando un incremento en el índice de riesgo país que elabora la entidad financiera JP Morgan. El indicador, que mide la brecha entre el rendimiento de la deuda pública nacional y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se posicionó en los 678 puntos básicos tras registrar un ascenso diario de 30 unidades, alcanzando de esta manera su valor más elevado en los últimos doce meses.

La cotización de los bonos hard dollar —tanto Globales como Bonares— sostiene una trayectoria descendente iniciada dos meses atrás, en un escenario de volatilidad en los mercados internacionales y demandas operativas de la plaza local.

En el orden local, los analistas de mercado señalan la atención sobre la estrategia de financiamiento para atender los compromisos de deuda en moneda extranjera proyectados para el próximo año, que superan los 21.000 millones de dólares entre acreedores privados y organismos internacionales. Paralelamente, la exclusión de ciertos títulos públicos en dólares de las licitaciones del Tesoro por el costo de las tasas de interés demandadas por el mercado refleja las condiciones vigentes para el acceso al crédito voluntario.

A este panorama se suma el comportamiento de las reservas internacionales del Banco Central y el ritmo de la actividad económica y el consumo doméstico. La evolución de los indicadores de recaudación fiscal y el escenario previo al ciclo electoral del próximo año forman parte de las variables bajo análisis técnico que explican la brecha del 5 por ciento acumulada desde el mes de julio entre los activos locales y el comportamiento general del resto de los mercados emergentes.

El Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, dictó sentencia en tres acciones de amparo presentadas de manera independiente por trabajadores jubilados bajo el Régimen de Trabajo Agrario. La resolución judicial dispone la suspensión inmediata de la retención del 5 por ciento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicaba mensualmente sobre los haberes previsionales bajo el concepto “Cargo Aportes Agrarios” o sus denominaciones equivalentes. La medida se mantendrá vigente hasta tanto las autoridades competentes dicten la reglamentación correspondiente al artículo 83 de la Ley N° 26.727.

Asimismo, el fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto N° 157/2018 y ordenó al organismo nacional un plazo de 60 días para confeccionar la liquidación final de la deuda por aportes omitidos. En dicho informe, la Anses deberá precisar los montos definitivos a descontar o proceder al reintegro de las sumas retenidas en caso de corresponder, imponiendo las costas del proceso al organismo demandado.

Ante la falta de dictado de las normas complementarias por parte de la autoridad de aplicación, la Anses implementó la Circular PREV-27-05. A través de esta disposición interna, el organismo procedió a descontar de forma preventiva un 5 por ciento mensual de los haberes por aquellos períodos de servicios anteriores al 1 de enero de 2012 no registrados formalmente en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Al analizar la fundamentación del fallo, el magistrado interviniente sostuvo que la prórroga indefinida de este esquema provisorio genera un estado de incertidumbre sobre el monto total adeudado y la duración del descuento, afectando la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales. En la resolución se señaló que el mecanismo derivó en la formulación de cargos preventivos sobre aportes hipotéticos que la administración presupone omitidos, configurando una situación de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en los términos de la Ley de Amparo N° 16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Le Blé, la cadena de panaderías y cafeterías que buscaba replicar la esencia francesa en Buenos Aires, pidió la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia. La sociedad que opera la marca, Be Larch S.A., declaró 76 acreedores y una deuda total de $1.566,8 millones. En este contexto, la empresa cerró la mitad de sus locales, redujo su plantilla de 49 a 15 empleados y hoy gestiona de forma directa una única sucursal.

De acuerdo con los datos del central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía acumula 175 cheques rechazados sin fondos por un monto de $204.957.453. Según el expediente judicial, la propia firma ubicó el inicio de la cesación de pagos el 10 de abril de este año, cuando no pudo cubrir la cámara compensadora bancaria y los cheques que había entregado comenzaron a rechazarse.

En el expediente judicial, Be Larch describe un deterioro que se aceleró durante 2024 y 2025. La compañía perdió unidades comerciales relevantes, vio salir a franquiciados de alta facturación y enfrentó una contracción del consumo en gastronomía, panadería y cafetería. El problema de fondo fue estructural: la firma había armado su operación para una etapa de expansión que no se sostuvo, y esa estructura quedó sobredimensionada para el nuevo tamaño del negocio. A eso se sumaron el aumento de los costos operativos, laborales y fiscales, y las dificultades para acceder al crédito.

La cadena de cafeterías llegó a operar 39 sucursales entre propias y franquiciadas; en tanto, hoy, mantiene alrededor de 20, la mayoría bajo la modalidad de franquicia. El único local que Le Blé explota de forma directa está en Tres de Febrero 1059, en la Ciudad de Buenos Aires, donde también funciona la sede social y la administración central de la compañía.

En este escenario financiero complejo, la empresa también redujo su plantilla de empleados de 49 trabajadores directos en noviembre de 2025 a 15 en la actualidad. A su vez, entre los acreedores privilegiados del expediente aparecen varios juicios por despido con créditos de $112,5 millones, $76,1 millones, $66,6 millones y $57,9 millones, además de reclamos de menor monto. La empresa señala en la presentación judicial que la preservación de esas fuentes de trabajo es una de las razones centrales para solicitar el concurso, un mecanismo que busca evitar la quiebra y permitir una negociación ordenada con los acreedores.

Entre los principales acreedores figuran el Banco Galicia, por $196 millones; Lodiser, por $182,8 millones; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por $163,1 millones; Banco Ciudad, por $134,2 millones; Banco Nación, por $125 millones; Café Expreso, por $119,6 millones; y Banco Macro, por $75 millones. Consultada por Infobae, la compañía indicó que no tiene comentarios para aportar en el marco de su proceso judicial.

Le Blé nació en 2008 de la mano de su dueño, Pablo “Paul” Petrelli, y su esposa, Donatienne Fievet, un matrimonio argentino-belga que apostó por llevar a Buenos Aires el concepto de las boulangeries francesas: panadería, cafetería y elaboración propia. El primer local abrió en septiembre de ese año en Álvarez Thomas y Céspedes, en el barrio de Colegiales, con una inversión inicial cercana a los USD 150.000. Ambos fundadores venían de la industria aerocomercial, donde habían construido una carrera de más de dos décadas, y se habían conocido mientras trabajaban en Chile para la aerolínea LAN.

El negocio creció. Para 2018 la cadena ya contaba con 22 sucursales, desarrolló un centro de producción propio y encontró en las franquicias un motor de expansión. En su mejor momento, Le Blé llegó a informar 39 locales y evaluó la posibilidad de desembarcar en Madrid, aunque esa operación nunca se concretó. Para 2026, la firma proyectaba sumar otras cinco sucursales en el AMBA. Ninguna abrió.

Durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que continúan en funcionamiento recaudaron más de $ 8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$ 3.000 millones.

A pesar de ser recursos con un fin específico asignado por ley, principalmente para obras de infraestructura, la administración nacional destina únicamente una fracción a sus metas originales.

Un porcentaje elevado de la recaudación finaliza en la compra de letras y títulos públicos para sostener la premisa de déficit cero dispuesta por la Casa Rosada. La maniobra surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el superávit financiero de estos fideicomisos alcanzó los $ 1,86 billones durante 2024 y los $ 1,23 billones en 2025, sumas equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada año.

Las planillas oficiales reflejan que los fondos ejecutaron solo el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y un 69,7% durante el primer trimestre de este año.

El resto de los activos no utilizados se transfiere a colocaciones financieras bajo la dirección del Ministerio de Economía, registrando un cambio de estrategia donde el resguardo de dinero en plazos fijos del Banco Nación mutó hacia la adquisición directa de instrumentos de deuda del Tesoro.

Para el transcurso del presente ejercicio, las planillas presupuestarias estiman que las colocaciones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos alcanzarán los $ 1,33 billones. Esta cifra habilita a la cartera económica a disponer de aproximadamente US$ 880 millones adicionales provenientes de las cajas fiduciarias.

Las proyecciones privadas y de centros de estudio señalan que la acumulación de excedentes fiduciarios bajo este esquema financiero rozará los US$ 4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno.

De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, las mayores restricciones de desembolsos se observan en proyectos sensibles como el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias se redujeron un 94%, provocando la parálisis de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.

Situaciones similares se registran en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento en el territorio nacional.

(Fuente: Agencia NA)

La mayoría de las familias argentinas no llegan a fin de mes. Es un drama generalizado que parece profundizarse cada día. Buena parte de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Pero esos préstamos no tienen como objeto satisfacer algún consumo especial o emprendimiento particular, sino que está destinado al gasto corriente. Para que se entienda: las deudas que contraen las familias son mayormente para comer o para pagar otras deudas.

Días atrás irrumpió en los medios de comunicación del país el Mapa de la Deuda, realizado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC). Una novedad que sistematizó datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta el mes de junio del 2026, y los puso a disposición en forma de propuesta interactiva.

En una primera instancia, el CEC realizó un mapeo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para conocer los números de la deuda en los barrios porteños. “Vimos reflejado lo que veníamos intuyendo: que había una situación muy muy diferente entre los barrios del norte y los barrios del sur de la ciudad”, explicó el licenciado en Economía Lisandro Mondino, parte del equipo interdisciplinario que hizo posible este trabajo.

“A partir de ahí, recibimos el apoyo de la FES (Friedrich Ebert Stiftung) y con eso encaramos el laburo a nivel nacional y lo volcamos en una plataforma web interactiva y accesible”, contó para esta nota.

El Mapa de la Deuda contempla todo el territorio argentino, cada una de sus provincias y departamentos. Además, ofrece información detallada por edad, género y entidad acreedora. Entre sus resultados se destaca que casi 20 millones de personas registran deuda formalmente (informalmente son muchas más), de las cuales casi 5.000.000 están en situación de mora. Lo que es lo mismo a decir: una de cada cuatro personas está en situación de mora (se considera moroso a quien está 90 días sin pagar).

“A nivel geográfico se ve una disparidad enorme entre diferentes regiones, que podemos asociar casi linealmente con las distintas actividades económicas del país. En las regiones donde está más concentrada la industria, la construcción y el comercio, sectores que han sufrido muchos cierres, eso se traduce en pérdida de empleo, de ingresos y consecuentemente más endeudamiento y más mora”, indicó Mondino.

Esta realidad queda muy clara en provincias como Buenos Aires (donde la deuda es alta y en el mapa predomina el color rojo) y, en contraste, aparecen otras provincias, ligadas al agronegocio, con menos nivel de deuda. Aunque, en el interior de esas provincias, Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, son los centros urbanizados los que acumulan mayor nivel de mora (Rosario y Córdoba capital).

Además, “las aplicaciones utilizan los algoritmos y la información personal que tienen recolectada, porque están en tu celular, para personalizar la tasa de interés que te cobran. Esto es algo que los bancos tradicionales no hacen, la tasa es igual para todos. Entonces, te cobran lo que piensan que podés pagar o lo que necesitan cobrarte para cubrirse del riesgo de que no pagues”.

“Porque pagás tres o cuatro cuotas, y después no pagás más y pasás a incobrable. Ellos terminan vendiéndole tu cartera de deudor a un estudio jurídico que te sale a perseguir. Son los fondos buitres locales”, cuestionó el economista, al tiempo que enfatizó en la ilegalidad de este tipo de prácticas y en la necesidad, ante estas situaciones, de acudir a Defensa del Consumidor.

El Mapa de la Deuda distingue entre las diversas entidades prestamistas: bancos públicos, privados, compañías financieras, neobancos, proveedores no financieros de créditos y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra (tarjetas de supermercados o casas de electrodomésticos).

“El mayor problema social del endeudamiento y de la mora particularmente no está en el sistema bancario o en las personas que tienen ingresos formales. Hay una tasa de mora ahí, pero es del 8 o 9% en los bancos públicos. Y si bien en términos históricos es altísimo, los neobancos tienen 23% de mora. Entonces, el problema es ahí”, puntualizó Mondino.

Pero, si la lupa se pone en el género de la persona adulta, se evidencia un mayor nivel de mora de las mujeres por sobre los varones. “En ese punto hacemos una asociación directa a las condiciones de la jubilación, de las diferentes pensiones y del esquema de reemplazo de prestaciones previsionales por créditos del ANSES, por ejemplo”, puntualizó Mondino, quien denominó a este fenómeno la “financiarización de las prestaciones sociales”.

“Los dos segmentos más altos de moras son las casas de electrodomésticos y las tarjeteras no bancarias”, aseguró el profesional. Y ejemplificó: “La deuda en el banco tradicional es en promedio de entre 4 y 5 millones de pesos, mientras que, en los neobancos, las tarjetas o las cadenas de electrodomésticos el promedio es de 1 millón de pesos y la tasa de mora es altísima. Acá tenemos un claro fenómeno de que el problema de la mora está en la supervivencia de quienes están en la informalidad absoluta y sacan créditos chiquitos para llegar a fin de mes y después no lo puede pagar”.

El nivel de mora entre los jóvenes entrerrianos es todavía más preocupante si se toman en consideración todas las entidades, no solamente los llamados neobancos. En este segmento, la tasa de mora entre los jóvenes menores a 25 años en Gualeguaychú asciende al 30,2% y está dentro del promedio provincial. Hay localidades que evidencian un nivel de mora menor que la Ciudad del Carnaval, por ejemplo: Nogoyá (22,18%), La Paz (25,35%), Feliciano (23,9%), mientras que ciudades como Federal superan ese índice con 32,7%, lo mismo que Paraná (34,2%) y Victoria (31,46%), entre otras.

El Mapa de la Deuda permite hacer una variedad importante de cruces entre el tipo de entidades (bancarias, no bancarias, etcétera), las edades de las personas morosas y el género de las mismas. Si se toman en cuenta todas las entidades, todos los rangos etarios y todos los géneros, el nivel de morosidad de la provincia de Entre Ríos está por debajo del promedio nacional. En el caso del departamento Gualeguaychú, la tasa de mora asciende al 12,58%, un número alto y preocupante, pero, sin embargo, bastante menor al expuesto por muchas localidades del país.

El proceso de reestructuración del sistema de salud para el personal militar y las fuerzas de seguridad ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Tras la oficialización de la medida que dispuso la fragmentación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra abocado a ultimar los pasos burocráticos para la puesta en marcha definitiva de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, las autoridades del área de Defensa avanzan a ritmo acelerado para concretar la personería jurídica propia y la legitimación procesal de la nueva entidad. Asimismo, se están incorporando los recursos técnicos y la infraestructura informática indispensable para lograr la autonomía total respecto de la antigua estructura.

Mientras que el personal dependiente de las fuerzas de seguridad ya fue transferido a un esquema diferenciado con prestación a través de medicina privada, el sector militar mantendrá una lógica prestacional pública y propia. Esto implica que el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada continuará utilizando la red de hospitales militares y centros asistenciales históricos, principalmente aquellos distribuidos en el área metropolitana y en nodos estratégicos del interior del país.

Durante este período de transición, una comisión asesora conformada por representantes de diversas carteras gubernamentales y organismos de control supervisa la migración de datos y expedientes. Para la tranquilidad de las familias afiliadas, el ente residual continúa garantizando las prestaciones médicas indispensables y los servicios de salud esenciales.

Las Fuerzas Armadas han iniciado un esquema de regularización para cancelar el porcentaje de la deuda que les corresponde, mientras que el saldo restante, vinculado a los sectores de seguridad, aún requiere una definición operativa. Desde la administración central se ha previsto que, en caso de ser necesario para garantizar el equilibrio de la nueva etapa, el propio Estado interviene para sanear las cuentas adeudadas entre organismos públicos y asegurar que el servicio de salud nazca sin condicionamientos financieros.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) consolidó su racha compradora en el mercado único y libre de cambios al hilar 128 jornadas consecutivas con saldo positivo, tras una nueva adquisición de USD 230 millones durante la jornada de este jueves. Con esta última operación, el organismo de control monetario acumuló compras por USD 1.115 millones en los últimos tres días de la semana, impulsado por un elevado volumen de operaciones que alcanzó los USD 625,3 millones en la plaza mayorista.

De este modo, la entidad conducida por el equipo económico oficial ya acumula USD 12.570 millones desde el inicio de la cuarta etapa del programa macroeconómico y cambiario en enero de este año. Esta cifra cobra relevancia debido a que el Palacio de Hacienda había proyectado originalmente una meta anual de acumulación de reservas netas ubicada en un rango de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para el transcurso de 2026.

Durante el primer semestre, el ingreso de divisas estuvo fuertemente sustentado por las liquidaciones provenientes del sector agroexportador, la minería y el sector energético, a la par de diversas emisiones de deuda corporativa y provincial en el plano internacional. No obstante, durante el mes de junio, el BCRA optó por desacelerar su ritmo de intervención en el mercado diario con el fin de morigerar la presión sobre la cotización del billete mayorista. Durante aquel período, la demanda de divisas aumentó y el tipo de cambio oficial registró una suba superior al 5%, rebasando el índice de inflación por primera vez desde octubre de 2025.

A pesar de esa flexibilización temporaria, que arrojó compras netas de USD 1.418 millones en junio, el dinamismo se recuperó de manera marcada durante julio, mes en el cual las compras ya ascienden a USD 1.405 millones. Para sostener este nivel de absorción de divisas, las autoridades monetarias recurrieron a la emisión de pesos sin esterilización directa, mientras que el Tesoro Nacional absorbió el excedente de liquidez mediante la colocación de instrumentos de deuda en moneda local para contener posibles efectos inflacionarios.

Las reservas internacionales brutas de la entidad monetaria finalizaron la jornada de hoy en USD 48.531 millones. Si bien el stock general de reservas había logrado traspasar el umbral de los USD 49.000 millones durante la semana pasada, el pago de un importante vencimiento de deuda externa del sector público provocó un retroceso diario de USD 62 millones, ubicando las tenencias por debajo de aquella marca de referencia.

Por su parte, el dólar mayorista cerró la rueda con un incremento de 1,50 pesos (+0,1%), posicionándose en $1.476 para la venta. Este valor se encuentra 23,7% por debajo del techo de la banda cambiaria establecido por el Banco Central, que se sitúa en $1.826,41. En el mercado informal de la Ciudad de Buenos Aires, el dólar libre o "blue" experimentó un descenso de cinco pesos (-0,3%), cotizando al cierre de las operaciones en $1.525. En tanto, las pizarras minoristas del Banco Nación sostuvieron el valor de la divisa estadounidense en $1.495.

La Moratoria 2026 continúa disponible para quienes necesiten regularizar deudas municipales vencidas. El régimen estará vigente hasta el 31 de julio y representa una oportunidad para ponerse al día antes de que finalice el plazo de adhesión.

A través de esta herramienta, los contribuyentes pueden cancelar deudas con beneficios especiales, reducir o eliminar intereses y multas de períodos vencidos, y acceder a planes de pago. Además, permite ordenar la situación tributaria y evitar que la deuda siga creciendo.

¿Por qué conviene adherir a la moratoria?

Adherir a la moratoria permite regularizar deudas municipales con beneficios por tiempo limitado. Esto quiere decir que se puede poner al día la situación tributaria, pagar menos recargos y elegir una forma de pago acorde a cada situación.

También permite evitar posibles acciones de cobro por deudas impagas, como intimaciones, ejecuciones u otros pasos administrativos o judiciales que pueden iniciarse cuando una deuda permanece sin regularizar.

¿Qué deudas se pueden incluir?

La moratoria alcanza deudas de la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Cementerio, Derecho de Edificación, Derechos de Publicidad y Contribución por Mejoras.

El régimen incluye los períodos adeudados hasta diciembre de 2025. No está incluida la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

¿Qué requisitos hay que cumplir para adherir?

Para acceder a la Moratoria 2026, los contribuyentes deberán tener al día las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 de las tasas que quieran regularizar.

Además, al momento de adherir al plan deberán abonar un anticipo. En caso de elegir el pago en cuotas, será necesario cumplir con el pago mensual, cuyo vencimiento opera el día 15 de cada mes.

¿Qué beneficios tiene?

Uno de los principales beneficios es la reducción o eliminación de intereses y multas acumulados. Es decir, según la forma de pago elegida, se pueden pagar menos recargos sobre la deuda original.

La opción de pago de contado permite acceder al mayor beneficio, ya que elimina el total de los intereses y multas. También hay planes en cuotas, con distintos porcentajes de reducción según la cantidad de pagos.

¿Por qué es importante estar al día con las tasas municipales?

Las tasas municipales ayudan a financiar trabajos que se ven en distintos puntos de Gualeguaychú, como la reparación de calles, el bacheo, la conservación de espacios verdes, la compra de maquinaria y las mejoras en infraestructura.

También permiten sostener servicios cotidianos, como la recolección de residuos, el barrido de calles, las obras sanitarias y el mantenimiento de espacios públicos.

Contar con recursos propios permite planificar mejor las intervenciones y ordenar prioridades.

¿Qué pasa si una persona tiene deuda y no adhiere?

Si una persona tiene deuda y no adhiere durante la vigencia de la moratoria, esa deuda continúa generando intereses. Es decir, con el paso del tiempo, el monto puede seguir aumentando.

Además, el Municipio puede iniciar acciones de cobro, como intimaciones, ejecuciones u otras instancias administrativas o judiciales.

En caso de adherir a un plan de pago y luego no cumplir con las cuotas, el plan se cae y la deuda vuelve a su estado original.

¿Cómo se puede consultar el estado de deuda?

El estado de deuda puede consultarse a través de GualeActiva, donde el titular puede ingresar, ver su situación e iniciar el trámite de adhesión.

Ante casos especiales en los que no sea posible realizar la gestión por la plataforma, el trámite puede hacerse de manera presencial en la oficina de Rentas del Municipio.

¿Dónde se puede adherir y pagar?

La adhesión puede realizarse a través de GualeActiva, ingresando a https://activa.gualeguaychu.gov.ar/.

Las opciones de pago disponibles incluyen tarjeta de débito o crédito en un pago y VEP. A través de la plataforma también se puede adherir al débito automático.

Además, se puede abonar en la Municipalidad de Gualeguaychú, ubicada en Yrigoyen 75; en el Centro de Defensa Comercial e Industrial, en 25 de Mayo 1008; y en centros de cobro externos como Entre Ríos Servicios, Pago Fácil, Multipago y Rapipago.

Quienes tengan dudas sobre su situación pueden consultar en la oficina de Rentas o enviar su consulta a través de GualeActiva. El plazo para acceder a los beneficios de la Moratoria 2026 vence el 31 de julio.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo que habilita al Estado argentino a desembolsar 171 millones de dólares para cancelar litigios que mantenían dos fondos acreedores vinculados a la deuda declarada en default durante la crisis de 2001.

La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos y 97 negativos, luego de haber recibido previamente la media sanción del Senado. El proyecto debía ser aprobado antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los acreedores en los tribunales de Estados Unidos.

Según lo aprobado por el Congreso, el Estado argentino abonará 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, lo que representa un total de 171 millones de dólares.

Ambos fondos forman parte del reducido grupo de acreedores que no aceptaron los distintos canjes de deuda realizados por la Argentina tras el default de fines de 2001 y que continuaron reclamando judicialmente el cobro de los títulos impagos.

Desde el oficialismo sostuvieron que el acuerdo permitirá cerrar definitivamente estos litigios y evitar nuevos costos judiciales para el país. Además, destacaron que la negociación incluyó una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

Durante el debate, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa y afirmó que se trata de una oportunidad para cerrar un conflicto que se arrastra desde hace más de dos décadas. Según explicó, el acuerdo incluye una quita sobre la deuda reclamada, la eximición del pago de honorarios legales y el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas acciones judiciales.

En la misma línea, la diputada Silvana Giudici señaló que el entendimiento permitirá recuperar acciones vinculadas a YPF que formaban parte de las disputas judiciales mantenidas por los acreedores.

Sin embargo, el proyecto también recibió cuestionamientos. El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió que la ley no contempla una asignación presupuestaria específica para afrontar el pago y sostuvo que ello podría entrar en contradicción con normas de administración financiera vigentes.

El respaldo al proyecto llegó desde La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra.

Además del acuerdo con los acreedores, la Cámara baja aprobó durante la misma sesión varios convenios internacionales vinculados a cooperación y seguridad social con Francia, Suiza y San Marino, que recibieron un amplio respaldo parlamentario.

Fuente: Infobae

La Municipalidad de Pueblo Belgrano puso en marcha una Moratoria General destinada a todos los contribuyentes que mantienen deudas con el municipio. La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N° 027/2026, establece un régimen de regularización, condonación y facilidades de pago para quienes adeuden tasas y contribuciones.

El programa incluye obligaciones vinculadas a la Tasa General Inmobiliaria, la Tasa Comercial diferenciada para alojamientos turísticos, la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, así como la Contribución por Mejoras.

Los vecinos que adhieran podrán incluir todas las deudas vencidas al 31 de marzo de 2026. La ordenanza establece que el 100% de las multas devengadas serán condonadas hasta la fecha de adhesión al convenio de pago.

Las opciones de regularización son tres:

La discusión sobre la pobreza volvió a instalarse en la agenda nacional tras las declaraciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Latam Economic Forum. Ambos coincidieron en destacar una reducción significativa, pero difirieron en la magnitud: Milei aseguró que 14 millones de argentinos dejaron de ser pobres, mientras que Caputo habló de 12 millones.

Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025, lo que equivale a 13,5 millones de personas. La cifra representa una baja interanual de casi diez puntos respecto de 2024. La indigencia también descendió, ubicándose en 6,3%. Sin embargo, especialistas advierten que la metodología utilizada para calcular las canastas básicas mantiene ponderaciones desactualizadas, lo que podría distorsionar la percepción de mejora.

Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, señaló que “la gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo”. Según su análisis, el peso creciente de tarifas y servicios en los hogares genera una caída estadística de la pobreza que no siempre refleja la situación real.

La contradicción entre las cifras oficiales y las declaraciones de los principales referentes del Gobierno abre un debate sobre cómo medir y comunicar la pobreza en Argentina. Mientras Milei y Caputo exhiben logros en la reducción de los índices, los datos técnicos y las advertencias de especialistas plantean que la mejora puede ser menos contundente de lo que sugieren los discursos.

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de 580.000 millones de pesos para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de reclamos por cortes de servicio y falta de entrega de medicamentos.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Para qué se destinará el refuerzo

En los considerandos se explicó que el objetivo del aporte es permitir que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

La resolución también reconoce la “crítica situación financiera” que atraviesa el instituto.

Cómo se financiará la asistencia

Según la norma, el auxilio se concretará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos durante este mismo año.

En los hechos, esto implica que el Gobierno recurrirá a deuda para sostener el aporte.

El primer tramo, equivalente al 33 por ciento del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de 173.672.159.684 pesos.

Un segundo tramo, también del 33 por ciento, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto, por 164.037.509.356 pesos.

El 34 por ciento restante se completará con letras que vencerán el 30 de septiembre, por 187.363.497.440 pesos.

Qué dice la resolución

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

Además, la resolución establece que estas Letras del Tesoro deberán ser “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan”, en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General 2026.

El texto lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

En la semana en que las marchas universitarias se multiplicaron a lo largo y ancho del país, en reclamo del inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, aprobada en dos oportunidades por el Congreso de la Nación y desestimada por el Ejecutivo nacional, el flamante rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo, anunció la finalización de una importante obra para la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú.

Se trata del Hospital Veterinario, uno de los proyectos que quedó inconcluso tras el cambio de gobierno, en diciembre del 2023. El financiamiento de esta obra parte de un convenio entre el Gobierno Nacional y la Corporación Andina de Fomento (CAF). El problema es que en noviembre pasado la firma Ernesto Ricardo Hornus S.A., a cargo de la misma, dejó de percibir los pagos por parte de Nación. Por lo que, en la actualidad la deuda acumulada es muy grande.

“Se trata de un contrato tripartito, ya que involucra al Gobierno Nacional, a la CAF y a la UNER. Pero, cuando se licita la obra, el contrato es entre la universidad y la empresa que ganó la licitación. Entonces, la responsabilidad jurídica y económica la tiene la universidad. Y, como Nación no le está pagando a la empresa, la posible demanda por falta de pago sería contra la universidad. Es por ello que la UNER tiene que pagar esta obra y es por eso que lo vamos a hacer”, informó Arbelo.

“Nosotros seguimos reclamando al Gobierno Nacional para que se le pague a la empresa, pero, en el mientras tanto, tenemos que cumplir con el compromiso para no comprometer a la UNER”, agregó.

Además, el gobierno central mantiene otra importante deuda con la casa de estudios por las aulas de kinesiología inauguradas el año pasado en la ciudad de Villaguay. En ese caso, también, se realizará un convenio entre las partes para empezar a saldar lo adeudado mientras se sostiene el reclamo ante la Secretaría de Educación de la Nación.

EL ARGENTINO consultó al rector de la UNER, el primero que llega a Paraná desde Gualeguaychú, por la caída en las transferencias del Estado Nacional. En este sentido, el funcionario contó que, desde fines del 2023 al presente, las mismas cayeron en términos reales un 45,6%. Cifra que está en consonancia con la brutal reducción sufrida por el sector: actualmente, la inversión en el sistema universitario es de apenas el 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que representa un piso histórico.

“Los países desarrollados invierten del 2% del PBI para arriba en sus universidades públicas. El principal perjuicio de ello repercute en el salario de nuestros docentes y trabajadores no docentes. Tenemos docentes que renuncian por el drama salarial, pero, más grave que eso es que a ese profesional no lo podemos suplantar de un día para el otro, se trata de docentes e investigadores con muchos años de formación. Es una pérdida enorme para la sociedad entrerriana, para nuestro futuro”, puntualizó el contador público.

“La universidad es el futuro y, sobre todo, la posibilidad de igualar posibilidades. Nos tocan tiempos muy difíciles a toda la sociedad. Para nosotros el problema no es solo salarial, como puede pensar quien no está dentro de la universidad, porque problemas salariales hoy tiene la mayoría de los sectores. Pero, el problema salarial en la educación es un problema de toda la sociedad, porque cada vez que se pierde un docente, y sobre todo un docente universitario, se pierden 15 años, al menos, de preparación. Lo que está perdiendo no es el dinero invertido, es el tiempo: en ese tiempo pueden quedar generaciones sin educación”, explicó el funcionario.

Se suele argumentar que la inversión en educación se ve recién a los 15 o 20 años. En esta línea, Arbelo apuntó a la necesidad de sostener políticas de Estado, más allá de los mandatos políticos, y recordó que “la UNER, desde la gestión de Jorge Gerard, llevó una política muy fuerte de repatriación de conocimiento, política que en ese momento era aplicada desde el Gobierno Nacional”.

“Entre Ríos es una provincia que está muy lejos todavía de Córdoba y Santa Fe, provincias con las que conformamos la Región Centro. Nosotros no teníamos instituto de Conicet y, a través de la universidad, pudimos traer el Conicet a la universidad. Lo que potencia mucho la calidad académica”, rescató.

Lamentablemente, en la coyuntura actual, los investigadores están abandonando su rol académico. Al respecto, Arbelo sintetizó: “El gobierno habla mucho del capital humano, pero la realidad es que una empresa lo primero que cuida es el capital, y en términos de ciencia y tecnología no lo estamos cuidando”.

Sin novedades respecto a la deuda que mantiene el gobierno nacional con las empresas del transporte público, la crisis económica se agudiza en todo el país, sobre todo por fuera del AMBA, y Gualeguaychú no es la excepción.

El retiro de los subsidios cambió de plano la relación entre los transportistas y el gobierno nacional, pero ahora, hace cuatro meses y por una serie de factores, tanto internos como externos, la realidad del sector se volvió insostenible.

“El gobierno nacional nos debe cuatro meses de los atributos sociales de la tarjeta SUBE, que no son subsidios, es plata de las empresas. Es la plata de los boletos con descuentos a los jubilados y los beneficiarios de Anses en cada viaje (lo perciben 4 de 10 pasajeros), que el Estado nacional debería pagar, pero no paga desde diciembre”, cuestionó uno de los empresarios del transporte de la ciudad, que pidió mantener resguardada su identidad, porque “después no me atienden el teléfono”.

La situación es compleja en toda la provincia, donde sólo cuatro ciudades mantienen en la actualidad el servicio de transporte público: además de Gualeguaychú, Paraná, Concordia y La Paz. El caso de Concepción del Uruguay refleja como ninguno la crisis sectorial: se licitó el servicio, nadie se presentó y ahora no existe el transporte público en esa localidad.

Ante esta situación, se han hecho pequeños recortes en las frecuencias de los servicios. Por ejemplo, en la Línea 4, entre las 9.30 y las 11.30 horas, en vez del colectivo pasar cada media hora, lo hace cada una hora. Pero las alarmas se volvieron a encender días pasados, cuando Buses Gualeguaychú pagó sólo el 50% de los sueldos a su personal. “Nosotros entendemos la situación, hace mucho que no sucedía algo así. Pero se hace imposible asumir cuentas, alquileres y gastos fijos en estas condiciones”, indicó uno de los trabajadores de la empresa.

En tanto, los empresarios del sector ponen sus expectativas en la semana que viene, cuando el Municipio debería pagar, según indicaron, las partidas correspondientes al boleto gratuito de primaria, secundaria, terciario y universitario (determinados así por ordenanza). Y, sobre todo, en la reunión que las autoridades de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) mantendrán con Fernando Augusto Herrmann, secretario de Transporte de la Nación.

Asimismo, demandan una actualización del valor del boleto, que en la actualidad tiene un costo de $1.968 y, más temprano que tarde, probablemente, pasará la barrera de los $2.200.

“La crisis actual no solo se explica por la inflación general, sino por una distribución de recursos que vulnera el federalismo y castiga a los usuarios del interior. En este sentido, elevamos los siguientes puntos de extrema gravedad para su urgente consideración”, sostiene el documento. Y apunta a la “fuga de recursos del Impuesto al Combustible”.

“Los ciudadanos del interior aportan a través del impuesto a los combustibles, montos que no retornan a sus jurisdicciones. Solo por citar un caso, la provincia de Santa Fe ha aportado más de $706.761 millones desde el corte de subsidios (enero 2024), de los cuales solo retornó una fracción mínima, financiando de hecho el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires con recursos provinciales”, cuestionaron.

“Mientras en el AMBA se debaten ajustes marginales, en el interior los cuadros tarifarios ya alcanzan valores alarmantes para el bolsillo del trabajador, como los $1.600 en Puerto Madryn (vigentes desde el 27/04) o pedidos que superan los $2.500 en Mar del Plata, cifras que aun así resultan insuficientes frente a la ausencia de los fondos nacionales reclamados”, diferenciaron desde la Fatap.

Por otro lado, respecto al impacto en la estructura de costos de las empresas, apuntaron al aumento del gasoil (aumentó $500 el litro en marzo) y la suba de salarios del personal. “Esto genera un desfasaje haciendo que el combustible sea hoy el rubro de mayor peso, incluso por encima del costo salarial”, indicaron. “Esta situación no solo pone en riesgo la prestación del servicio, sino que genera un escenario de alta conflictividad laboral que amenaza la paz social en las provincias”, indica el documento que lleva la firma de José Cano, presidente de la entidad.

“Señor Secretario, la sostenibilidad del servicio público está agotada. Los gobiernos provinciales y municipales han intervenido con fondos propios, pero advierten que los recursos son limitados”, expusieron. Y, por último, cerraron: “no existe margen de optimización posible cuando el sistema opera con un déficit mensual aproximado de $950 millones por jurisdicción y un precio de gasoil que duplica los valores reconocidos por las estructuras de costos actuales”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos la transferencia inmediata de las partidas adeudadas (Atributos Sociales y Comisiones SUBE) y la apertura de una mesa de diálogo que garantice un reparto equitativo de los recursos nacionales. El transporte del interior no puede seguir financiando la tarifa de la Capital Federal mientras sus propias comunidades pierden el derecho esencial a la movilidad”, cierra el documento.

La crisis sectorial es un tema nacional, no sólo afecta al servicio en Gualeguaychú. Por lo que la semana próxima será crucial para saber si, finalmente, los servicios serán afectados de manera más contundente, como lo están siendo los salarios, o si se llegará a un principio de solución.

La moratoria estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 inclusive, constituyendo una herramienta excepcional y transitoria para que los contribuyentes puedan normalizar su situación fiscal con importantes beneficios.

La gestión de adhesión se realizará exclusivamente a través de la plataforma GualeActiva, salvo que se verifique la existencia de razones debidamente fundadas, por lo cual se podrá hacer de manera presencial.

Qué deudas se pueden regularizar

El régimen alcanza a obligaciones adeudadas correspondientes a:

-Tasa General Inmobiliaria

-Obras Sanitarias

-Contribución sobre Cementerio

-Derecho de Edificación

-Derecho de Publicidad

-Contribución por Mejoras

Importante: la moratoria no incluye la Tasa de Comercio.

Podrán incorporarse las deudas cuyos períodos hayan operado hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo intereses y multas.

Condiciones y beneficios

El plan contempla distintas modalidades de pago, con importantes quitas en intereses y multas, que se harán efectivas al cancelar la totalidad de la deuda, a saber:

-Pago contado: 100% de condonación de intereses y multas

-Hasta 3 cuotas: 90% de condonación de intereses y multas, con un anticipo del 10%, sin intereses de financiación.

-Hasta 6 cuotas: hasta 80% en multas y 70% en intereses, con un anticipo del 20%, sin intereses de financiación.

-Hasta 12 y 18 cuotas: quitas parciales, con financiación según tasa vigente, anticipo del 20%.

Los planes se financian mediante sistema francés, con cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Requisitos para acceder a la Moratoria

Para adherir al régimen, los contribuyentes deberán:

-Tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 de las tasas que deseen regularizar.

-Abonar el anticipo al momento de suscribir el plan.

-Cumplir con el pago mensual de las cuotas, que vencen el día 15 de cada mes.

Medios de pago

Se podrá abonar a través de todos los canales habilitados por la Dirección de Rentas.

Consideraciones importantes

La falta de pago del anticipo, una vez transcurridos 7 días; o de una cuota, una vez transcurridos 30 días, producirá la caducidad automática del plan, con pérdida de los beneficios otorgados.

La adhesión implica el reconocimiento de la deuda y la aceptación de las condiciones del régimen.

Para más información, los contribuyentes pueden acercarse a la Dirección de Rentas o consultar a través de los canales oficiales del Municipio.

La ciudad abre un nuevo capítulo en materia fiscal con la puesta en marcha de la Moratoria 2026. Se trata de una herramienta pensada para que los contribuyentes puedan normalizar su situación de manera accesible, con distintas modalidades de pago y quitas significativas en intereses y multas.

El alcance de la moratoria incluye obligaciones vinculadas a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras. Queda fuera de este esquema la Tasa de Comercio. Podrán incorporarse las deudas cuyos períodos hayan vencido hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo intereses y multas.

Las condiciones de pago contemplan diferentes modalidades:

El trámite de adhesión se realizará principalmente a través de la plataforma digital GualeActiva, aunque en casos debidamente justificados podrá hacerse de manera presencial. Los pagos podrán efectuarse por todos los canales habilitados por la Dirección de Rentas.

Es importante tener en cuenta que la falta de pago del anticipo, una vez transcurridos 7 días, o de una cuota, pasados 30 días, producirá la caducidad automática del plan y la pérdida de los beneficios otorgados. Además, la adhesión implica el reconocimiento de la deuda y la aceptación de las condiciones establecidas.

La Moratoria 2026 se presenta como una oportunidad para que los vecinos regularicen su situación fiscal y eviten complicaciones futuras.

El presidente Javier Milei atraviesa un momento de fragilidad política y económica. Después de semanas de confrontación y discursos furiosos, retrocedió en su estrategia y apeló a un giro discursivo: pidió paciencia a la sociedad y admitió que la crisis persiste. El conflicto por los colectivos, con la calle como caja de resonancia, expuso el malestar social y obligó al mandatario a recalibrar su vínculo con el electorado.

La semana política mostró contrastes. Mientras el oficialismo logró aprobar sin sobresaltos la modificación de la ley de glaciares en el Congreso, Milei exhibió nerviosismo en sus apariciones públicas. El reconocimiento de que “estos últimos meses fueron duros” marcó un cambio en su narrativa, impulsado por su asesor Santiago Caputo, que intenta rescatar la figura presidencial en medio de la caída de Manuel Adorni, acorralado por causas judiciales.

El giro discursivo no implica cambios en el plan económico: Milei ratificó la continuidad de la “motosierra”, aunque las tensiones internas se profundizan. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Salud, Mario Lugones, se enfrentan por el financiamiento del PAMI, con US$1000 millones retenidos por el Tesoro. La disputa refleja la puja de poder entre el sector de Santiago Caputo y el de Karina Milei, que controla las delegaciones regionales.

La situación judicial de Adorni se convirtió en un problema político para el Presidente, que decidió ponerse al frente de su defensa. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario y su esposa, mientras la oposición prepara una ofensiva parlamentaria para interpelarlo. El Congreso se perfila como un escenario de advertencia para los libertarios, que enfrentan la posibilidad de perder iniciativa legislativa.

En paralelo, la economía no da respiro. La inflación de marzo se ubicaría en torno al 3% mensual, completando diez meses consecutivos de alza. El poder adquisitivo de los trabajadores cayó por la apreciación cambiaria y la suba de precios, según informes del Banco Provincia. Aunque el Banco Central logró una compra récord de dólares, los compromisos de deuda por US$17.500 millones en los próximos doce meses anticipan tensiones cambiarias.

Las encuestas reflejan el desgaste. Un sondeo de Trespuntozero ubicó la imagen negativa del Gobierno en 66,2%, con un 58,9% de “muy mala”. Lo novedoso es la reaparición del peronismo como opción electoral: Axel Kicillof supera a Milei en algunas mediciones y revive la expectativa opositora. Massa y Wado de Pedro también mueven sus fichas, mientras el oficialismo observa con atención al “peronismo blue” que podría dividir el voto opositor.

En este contexto, Milei insiste en pedir paciencia y sostener el ajuste, aunque los márgenes para recortar gastos se reducen. La narrativa del esfuerzo busca recomponer la relación con la sociedad, pero la combinación de internas, crisis económica y oposición revitalizada pone en duda la capacidad del Presidente para sostener su proyecto político.

Fuente: Infobae

La última publicación del Indec confirmó a los analistas los cambios del organismo estadístico en la captación de ingresos laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los que “exageraron la baja de la pobreza” ya que la mejora registrada oficialmente “no se condice con la realidad”, según un informe de Equilibra.

La consultora señaló que el reporte del Indec difundido este lunes sobre la distribución del ingreso mostró que los ingresos laborales provenientes de la EPH aumentaron entre 43% (trabajadores formales) y 70% (no asalariados) interanual en el cuarto trimestre de 2025, muy por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -31%- y de la Canasta Básica Total (CBT) -26%-.

“De acuerdo a la EPH, los ingresos laborales volaron en el cuarto trimestre del año pasado. La mejora interanual del poder de compra de los ingresos laborales superó el dígito en casi todos los casos al deflactar por el IPC o la CBT, mientras que el PBI (ingreso total de la economía) subió sólo 2,1% en dicho período”, resaltó Equilibra.

La importante diferencia registrada entre el crecimiento de la economía y los ingresos laborales reales relevados “indica que esta última está captando una mejora de los ingresos que no se condice con la realidad, sino que refleja una menor sub-declaración de ingresos (léase una mejor captación) por parte de los encuestados”, remarcó la consultora.

En este sentido, precisó que el incremento interanual del salario formal en el último tramo de 2025 —medido por el Índice de Salarios (30% interanual), el SIPA (32%) y el RIPTE (37%)— se ubicó varios puntos porcentuales por debajo del aumento del ingreso asalariado formal arrojado por la EPH (43%).

El economista Gonzalo Carrera agregó que “todos los ingresos provenientes de la EPH aumentaron notablemente contra fines de 2023 (piso en captación de ingresos) y quedaron entre 30% y 40% por encima deflactados por la Canasta Básica Total”.

“No son puntualmente los informales ni los deciles cercanos a la línea de pobreza, son todos. Tampoco se explica sólo porque las canastas subieron menos que la inflación (efecto precios relativos). La principal razón es que la captación mejoró notablemente (se achicó la subdeclaración) en todos los niveles”, agregó.

En tanto, Equilibra concluyó: “Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”.

El reporte de Equilibra se suma a otro conocido días atrás con conclusiones similares. Es el caso del CEDLAS, de la Universidad de La Plata, que ya había notado esta cuestión metodológica y otras que vienen incidiendo en la variación abrupta del indicador de pobreza.

Cabe recordar que, según el Indec, la pobreza pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

El Cedlas planteó 3 aspectos que estaría afectando la medición: un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

Asimismo, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”. “Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró. Infobae

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, cuestionó los recientes datos de pobreza difundidos por el INDEC y advirtió que presentan un fuerte componente de “ficción metodológica”. Según el especialista, la reducción de los índices no se traduce en mejoras reales en los hogares, debido a que se utilizan canastas de consumo desactualizadas y ponderadores antiguos que distorsionan los resultados.

En diálogo con radio Splendid, Salvia explicó que las canastas de consumo utilizadas para medir la pobreza corresponden a estructuras de gasto de 2004 y 2005, cuando los hogares destinaban la mayor parte de sus ingresos a alimentos. Hoy, en cambio, tarifas de servicios básicos, transporte y comunicaciones absorben gran parte del ingreso, lo que no está reflejado en las estadísticas.

El sociólogo agregó que el índice de precios con el que se actualizan las canastas también mantiene ponderadores antiguos, lo que genera una caída de la pobreza que “parece extraordinaria” pero no refleja la situación real. “Al medir mejor cuánto ingresa y compararlo contra una canasta desactualizada, te da caídas de la pobreza que parecen extraordinarias”, señaló.

Si bien reconoció que la caída de la indigencia es más realista por la desaceleración de la inflación en alimentos, Salvia subrayó que la mejora en los números oficiales no se percibe en los hogares. El consumo de productos esenciales como lácteos y yerba continúa cayendo, mientras la clase media baja recorta gastos en salud, educación y mantenimiento del hogar para afrontar el pago de servicios.

En un mercado laboral con empleo privado estancado y creciente informalidad, los indicadores oficiales contrastan con una sociedad que se siente cada vez más ajustada y cuya capacidad de compra permanece en niveles críticos, similares a los de la pospandemia.