El deterioro del crédito corporativo se consolidó como una de las principales señales de alerta dentro del mapa económico nacional.

Según reveló un informe de la consultora Fidelitas, durante el mes de septiembre unas 1.937 nuevas empresas ingresaron en situación de mora dentro del sistema bancario, lo que representó un incremento del 3,5 por ciento respecto a los registros del mes anterior y evidenció las crecientes dificultades que afronta el sector privado.

La tendencia cobra mayor gravedad al evaluar la evolución de mediano plazo del entramado productivo. En la actualidad, la cantidad total de firmas que presentan una situación irregular con sus obligaciones financieras escaló a 58.982 entidades, cifra que implica un preocupante salto interanual del 53 por ciento.

Esta acumulación de morosidad e insolvencia impactó de forma directa en los índices de riesgo privado, manteniendo la calificación general de la actividad dentro de la categoría de riesgo elevado.

Especialistas del sector explicaron que el panorama actual expone un escenario de marcada heterogeneidad, donde leves alivios financieros en rubros vinculados al comercio exterior o la minería conviven con la persistente debilidad del consumo interno, la industria manufacturera y la construcción.

Si bien las tasas de interés reales positivas cumplen un rol clave para la estabilidad monetaria y la contención cambiaria, su permanencia en niveles elevados encarece de forma considerable el acceso al financiamiento, restringe la inversión productiva y posterga la reactivación general.

La Moratoria 2026 concluyó el 30 de septiembre con 1.700 contribuyentes que lograron ponerse al día con deudas municipales acumuladas hasta fines de 2025. El programa había comenzado el 27 de abril y fue prorrogado para ampliar las posibilidades de adhesión.

Durante su vigencia, los vecinos pudieron acceder a reducciones de intereses y multas y elegir diferentes modalidades de pago de acuerdo con su situación. La alternativa de contado contempló la eliminación total de esos recargos, mientras que los planes en cuotas ofrecieron distintos porcentajes de quita y posibilidades de financiación.

La herramienta permitió así que contribuyentes que mantenían obligaciones pendientes pudieran ordenar su situación tributaria, sin afrontar la totalidad de los intereses y multas acumulados y evitar que esas deudas continuaran incrementándose.

El régimen había sido puesto en marcha el 27 de abril y, en principio, tenía vigencia hasta el 31 de julio. La cantidad de adhesiones y consultas llevó posteriormente a extender el plazo hasta el 30 de septiembre, cuando concluyó definitivamente la posibilidad de acceder a las condiciones especiales.

Recursos que vuelven a la ciudad

El resultado de la Moratoria representa también la recuperación de recursos propios para el funcionamiento y las intervenciones que se realizan en distintos puntos de Gualeguaychú. Los fondos provenientes de las tasas contribuyen al financiamiento de trabajos como la reparación de calles, el bacheo, la conservación de espacios verdes, la compra de maquinaria y las mejoras de infraestructura.

A su vez, estos ingresos permiten sostener servicios cotidianos como la recolección de residuos, el barrido de calles, las obras sanitarias y el mantenimiento de los espacios públicos. Contar con recursos propios amplía la capacidad de planificación y permite establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

La Moratoria alcanzó deudas correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre las alternativas disponibles, el pago de contado contó con una quita del 100 % de intereses y multas. También se establecieron planes de tres y seis cuotas sin intereses de financiación y con reducciones sobre los recargos, además de opciones de 12 y 18 cuotas.

Con el cierre del régimen, 1.700 contribuyentes lograron regularizar obligaciones que mantenían pendientes y $900 millones ingresaron nuevamente al circuito de recursos propios destinados al sostenimiento de servicios, infraestructura y trabajos que se desarrollan en la ciudad.

En el marco de la 14º Sesión Ordinaria, el Senado de la Provincia de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un esquema de medidas tributarias para aliviar la carga fiscal del sector comercial, con especial énfasis en los pequeños contribuyentes y comercios de cercanía. La iniciativa se convirtió en ley pese al rechazo del Bloque Más por Entre Ríos, que cuestionó el alcance limitado del texto.

Durante la sesión, el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) defendió la propuesta oficial argumentando que, si bien las medidas "seguramente no son las que todos deseamos", responden de forma responsable a las posibilidades financieras de la provincia en el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal. El proyecto beneficia de manera directa a los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus categorías A, B y C con la exención en Ingresos Brutos, e incluye la exención del pago del anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con las 11 cuotas anteriores. Asimismo, faculta al Ejecutivo a implementar exenciones transitorias ante emergencias sectoriales.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro argumentó la negativa de la bancada del Partido Justicialista sosteniendo que la norma resulta insuficiente frente a la crisis. La oposición propuso sin éxito incorporar a los prestadores de servicios —como plomeros, gasistas o peluqueras— y extender los beneficios a las categorías D, E, F y G en casos de sobreendeudamiento. Además, objetaron la exigencia de no registrar deudas con la ATER para acceder a los beneficios, proponiendo en su lugar moratorias con quita de intereses y la suspensión de embargos.

Por un lado, se aprobó la equiparación de la actividad del matarife con la actividad industrial. La medida busca evitar el desbalance fiscal con provincias vecinas como Santa Fe y garantizar que el procesamiento de hacienda se mantenga dentro de Entre Ríos. Por otro lado, se dio respaldo a la iniciativa que reencuadra la incubación de huevos para producción avícola, pasando de ser considerada actividad primaria a un proceso estrictamente industrial. Ambos proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados para su revisión.

Los contribuyentes que mantengan deudas alcanzadas por la Moratoria 2026 todavía pueden acceder al régimen impulsado por el Gobierno de Gualeguaychú para regularizar sus obligaciones. Restan 3 días para que finalice el plazo de adhesión.

La moratoria comprende deudas de la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, correspondientes a períodos vencidos hasta el 31 de diciembre de 2025. La Tasa de Comercio no se encuentra incluida.

El régimen contempla distintas alternativas según la modalidad elegida. Quienes realicen el pago de contado acceden a una quita del 100 % de multas e intereses. Para planes de tres cuotas, el beneficio alcanza el 90 % en ambos conceptos, con un anticipo del 10 % y sin interés de financiación.

En seis cuotas se aplica una reducción del 80 % en multas y del 70 % en intereses, con un anticipo del 20 % y sin interés de financiación. También existen opciones de 12 cuotas, con una quita del 70 % de las multas y del 60 % de los intereses, y de 18 cuotas, con reducciones del 60 % y 50 %, respectivamente. En estos dos últimos casos se requiere un anticipo del 20 % y se aplica la tasa de financiación vigente al momento de la adhesión.

Para ingresar al régimen es requisito tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 correspondientes a la tasa, derecho o contribución que se pretenda regularizar.

La adhesión puede realizarse a través de GualeActiva. En los casos que requieran atención presencial, los contribuyentes pueden acercarse a la Dirección de Rentas, ubicada en Yrigoyen 75, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

El miércoles 30 de septiembre será el último día para acceder a los beneficios previstos por la Moratoria 2026.

El diagnóstico oficial tiene un problema: no explica por qué la mora de los hogares no dejó de crecer en casi dos años, ni por qué ese deterioro no se distribuye al azar, sino que golpea de manera sistemática a los mismos sectores. Las dos mediciones disponibles, con metodologías distintas, coinciden en la dirección. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora bancaria de las familias se mantuvo en junio en 12,8%, tras 19 meses consecutivos de alza, más del doble que el 5,2% de junio de 2025. El Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por Eco Go y la Universidad Austral, muestra un deterioro todavía mayor: la morosidad llegó a 18% del total de créditos en julio, el vigésimo primer aumento mensual consecutivo, con un alza interanual de 10,3%. Este relevamiento encontró que el 26,6% de los titulares de crédito estaba en mora en julio. La lectura de responsabilidad individual puede explicar casos aislados, pero no explica un fenómeno agregado, sostenido en el tiempo y confirmado por dos fuentes con universos distintos.

Las causas que explican cómo llegamos a esta situación son varias, pero comparten una misma raíz: son consecuencia de decisiones de política económica concretas que derivaron en caída del empleo formal, un cambio drástico en la estructura de precios relativos y encarecimiento real del crédito. Estos efectos golpearon al mismo tiempo sobre un mismo bolsillo. Y si bien no pone en riesgo al sistema financiero, es una realidad que afecta a los sectores medios bajos de la población y que merece atención desde la autoridad política.

No todas las familias que hoy están en mora se endeudaron por el mismo motivo. Hay un primer grupo que tomó crédito porque, al momento de asumirlo, la cuota entraba cómodamente en su presupuesto. En estos casos no es la tasa de interés sino el monto de la cuota la que define si tomar o no el crédito. Por otra parte, están quienes usaron la tarjeta para sostener consumos que antes pagaban de contado apostando a que la pérdida de poder de compra era transitoria. Ambos grupos terminaron en el mismo lugar: sin poder afrontar sus deudas. Pero llegaron por caminos distintos, y esa distinción desarma el argumento de que la mora es simplemente el resultado de malas decisiones individuales.

Los datos respaldan esa lectura. Según el BCRA, en abril de 2026, la carga mensual de servicios de deuda de las familias representó 24,1% de la masa salarial, y cerca del 80% de esa carga correspondió a préstamos personales y tarjetas de crédito. En la misma línea, el relevamiento de Eco Go y la Universidad Austral encontró que más de la mitad de los encuestados considera que las tasas de interés son tan altas que el crédito termina siendo una trampa, y que casi la mitad de quienes se endeudaron tiene dificultades para cumplir con los pagos.

¿Qué pasa en nuestra provincia?

Según el informe de la Universidad Austral, Entre Ríos es una de las provincias con menor porcentaje de mora sobre el monto de los créditos, 14%, detrás de La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro mensual de este indicador para julio es igual al promedio nacional (+0,5%), pero el acumulado interanual es menor (+7,8% vs. +10,3%), lo que sugiere que la provincia viene deteriorándose a un ritmo más lento que el país en general, aunque no está exenta del fenómeno. Si miramos por tipo de deuda, mientras la mora del sistema financiero entrerriano es de 10,5%, la de los proveedores no financieros casi la triplica, con 30,8%.

En cuanto a la cantidad de deudores cada mil habitantes y el promedio del monto de deuda en mora, la provincia tiene indicadores por debajo del promedio nacional: 399 deudores cada 1.000 habitantes, contra 445 a nivel país; y una deuda promedio por deudor de $4,3 millones, contra $4,8 millones a nivel país. Pero esto que parece una buena foto no significa algo bueno per se: la variación interanual muestra un deterioro similar al promedio nacional. La provincia está atravesada por el mismo proceso, pero con menos intensidad y un mejor punto de arranque. Al mirar la serie histórica, la mora casi se cuadriplicó entre diciembre de 2023 y julio de 2026: pasó de 4,1% a 14,0%, mientras el crédito real (en billones de pesos, a precios de junio de 2026) creció de $1,1 a $2,5.

¿Qué pasa si miramos el fenómeno desde el lado de los ingresos? El primer factor es la pérdida de empleo formal. El trabajo registrado total, excluyendo el Monotributo Social, pasó de 12.730.782 puestos en noviembre de 2023 a 12.546.139 en junio de 2026, una caída neta de 184.643 puestos, concentrada especialmente en el empleo asalariado privado. En el primer trimestre de 2026 la destrucción de empleo formal se extendió a 19 de las 23 provincias del país.

Por su parte el salario real de quienes conservaron su empleo en el sector privado registrado prácticamente no se movió. Según los datos provisorios del SIPA, en julio de 2026 se ubicó apenas 0,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023, luego de acumular tres meses consecutivos de caída (-3,6%). En términos de poder de compra agregado, el salario volvió casi al punto exacto de partida, casi tres años después.

Esto cambia el eje del argumento. El ingreso de quienes tienen trabajo registrado no colapsó: lo que cayó fue la cantidad de gente con ese tipo de trabajo, y lo que cambió drásticamente para quienes sí lo conservaron no fue cuánto ganan, sino en qué se les va ese ingreso. La estructura del gasto se modificó tanto en estos años que el mismo salario real de 2023 hoy compra menos educación, menos salud y menos servicios esenciales que entonces. El ingreso llegó casi intacto; lo que se redujo, y drásticamente, fue lo que ese ingreso alcanza a comprar.

La segunda compresión del ingreso disponible: lo que subió más que los ingresos. Dos mecanismos concretos explican esta compresión: la desregulación de precios de bienes como colegios privados y prepagas, y la recomposición de tarifas de servicios públicos.

Durante 2025 los servicios aumentaron 43,1% interanual, muy por encima de los bienes, que subieron 26,5%. Dentro de esa división, la salud subió 28,2% en el año, impulsada por prepagas que treparon entre 29,8% y 45,3% según la región. El resultado es una porción cada vez menor de ingreso disponible: no porque las familias ganen menos ni porque gasten distinto por elección, sino porque lo que antes era ingreso disponible para consumo corriente hoy está absorbido por educación, salud y tarifas.

Hay un tercer elemento que explica por qué la mora, además de aparecer, se sostuvo: la suba de tasas de interés activa desde 2024. El financiamiento con tarjeta nunca fue barato en Argentina; cuando además se encareció en términos reales, la cuota de la deuda contraída para sostener el nivel de vida se volvió, con el tiempo, tan difícil de pagar como el gasto que buscaba cubrir. La cuota del crédito compite por esa misma porción de ingreso disponible: cuando se encarece, no solo hay que dejar de consumir para pagarla, hay que dejar de pagarla, y ahí aparece la mora.

Los tres factores no son fenómenos aislados: son resultado de decisiones de política económica que impactaron simultáneamente sobre el mismo ingreso disponible de los hogares. A la pregunta de si alguien les puso una pistola en la cabeza para endeudarse, los datos responden que no hizo falta: bastó con que menos gente tuviera trabajo registrado, con que lo que ese trabajo paga alcanzara cada vez para menos, y con que el crédito se encareciera, al mismo tiempo, durante casi dos años seguidos.

*Economista - Especialista en finanzas personales

La mora bancaria de los créditos a las familias se ubicó en 12,9% en julio, lo que implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el indicador tocó un nuevo máximo en más de 20 años.

Al comparar la evolución interanual del índice oficial, incluido en el Informe de Bancos del BCRA, la morosidad del financiamiento a los hogares más que se duplicó. En el mismo mes del año pasado se ubicaba en 5,6%, lo que implica un aumento de 7,3% y alcanzó niveles no vistos desde 2004.

Hacia adentro de las líneas, los préstamos personales evidenciaron un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales hasta 16,7 por ciento. En tanto, la mora en las tarjetas de crédito avanzó 0,2 puntos hasta 12,8% y los créditos con garantía prendaria aumentaron 0,2 puntos a 8,1 por ciento. En tanto, el segmento hipotecario se mantuvo sin cambios en 1,6 por ciento.

Si bien la plana mayor del equipo económico rechazó la posibilidad de intervenir para asistir a los morosos, desde el Central aseguraron a Infobae que los bancos avanzan con la refinanciación de las deudas impagas de las familias y que, en los próximos meses, debería observarse una caída en la cartera irregular de los hogares.

El nivel de irregularidad de los préstamos al sector privado avanzó a 7,7%, más del doble del 3,2% de igual mes de 2025, mientras que el de las empresas aumentó a 3,6 por ciento, cuando un año atrás era de 1,2 por ciento. El BCRA aseguró que el aumento mensual de la morosidad respondió a dos factores: la reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento —que integra el denominador del indicador— y el incremento real de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

La diferencia entre ambos segmentos marcó una mayor incidencia de los atrasos de pago entre los hogares. El ratio de irregularidad mide la proporción de préstamos con problemas de pago sobre el total de la cartera crediticia.

“Respecto al crédito a familias, la suba de la irregularidad se explicó principalmente por que volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones. El aspecto positivo es que el saldo en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes”, detalló un reporte de la consultora 1816 y explicó que la irregularidad es, en términos prácticos, un ratio entre el saldo moroso y el saldo total.

La probabilidad de incumplimiento bajó

La probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito total al sector privado descendió 0,2 puntos porcentuales durante julio y quedó en 2,4%, según informó el BCRA.

En el caso de las familias, ese indicador se redujo 0,5 puntos porcentuales hasta 3,9%. Para las empresas, la PDE se mantuvo casi sin cambios, en 1,1 por ciento.

La PDE funciona como un indicador complementario de la mora y estima la posibilidad de que los deudores incumplan sus obligaciones financieras. La baja registrada en julio contrastó con el aumento del ratio de irregularidad, que estuvo condicionado por la caída del saldo real de los créditos.

El sistema financiero conservó niveles de cobertura sobre los préstamos con dificultades de pago. En julio, las previsiones acumuladas por el conjunto de las entidades representaron el 87,6% de la cartera en situación irregular, un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto de junio. En relación con el total de préstamos al sector privado, las previsiones alcanzaron el 6,7%, con una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales.

El BCRA también evaluó la relación entre la mora, las previsiones y el capital disponible en el sistema. Bajo ese cálculo, el crédito irregular neto de previsiones equivalió a 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del sistema financiero, 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Ese indicador refleja el peso de las pérdidas potenciales por incobrabilidad sobre el patrimonio regulatorio de las entidades.

Un informe de Econviews vinculó el aumento de la mora a una combinación de factores. En primer lugar, destacó “una historia de deudas que se licuaban con la inflación”, que llevó a parte de los deudores a asumir compromisos bajo la expectativa de que ese mecanismo volviera a operar. También señaló que algunas familias se endeudaron para compensar la caída de sus ingresos, una recuperación que finalmente no se produjo.

La consultora ubicó un punto de inflexión en el alza de las tasas desde junio de 2025. “El shock no originó la morosidad, pero la aceleró, porque encontró a las familias con más carga de cuotas y menos ingresos, y a las empresas teniendo que renovar préstamos de corto plazo a tasas ridículamente altas”, afirmó. Econviews agregó que ese episodio extendió al sector corporativo un problema que había comenzado entre los hogares y mencionó “debilidades en la evaluación de los créditos” de parte de las entidades financieras.

Por otra parte, según estimaciones de 1816, los préstamos a familias otorgados por proveedores no financieros registraron una mora de 33,7%, según las estimaciones de los analistas. Dentro de ese universo, Tarjeta Naranja y Mercado Pago concentraban el 54% del financiamiento destinado a hogares.

Los datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indican que 5,9 millones de personas presentaban atrasos de pago al considerar en conjunto a las entidades financieras y no financieras. En total, 20,8 millones de individuos tenían alguna deuda registrada, por lo que cerca del 28% de los sujetos de crédito acumulaba incumplimientos.

Además, los analistas de 1816 señalaron que las entidades financieras concentraban el 65% del monto total de deuda en mora. La mayor cantidad de deudores, de todos modos, se encontraba entre los proveedores no financieros, con 4,2 millones de personas, frente a 3 millones en el sistema financiero. La consultora advirtió que ambas cifras no deben sumarse de forma directa, dado que una parte de los clientes mantenía atrasos en los dos segmentos.

Cuándo se entra en mora

Para el Banco Central, se considera en mora a los deudores clasificados en Situación 3, con atrasos de entre 90 y 180 días; Situación 4, cuando la demora se extiende entre 180 días y un año; y Situación 5, para incumplimientos superiores a un año.

La normativa establece que la salida de esa condición tras una refinanciación es gradual. Un deudor en Situación 3 debe pagar dos cuotas mensuales consecutivas del nuevo crédito para pasar a Situación 2 y dejar de ser considerado moroso. Quienes se encuentran en Situación 4 necesitan abonar tres cuotas seguidas para avanzar a Situación 3, mientras que los clasificados en Situación 5 deben cumplir el mismo requisito para pasar a Situación 4.

Por esa reclasificación escalonada, una persona que refinanció una deuda desde Situación 4 requiere al menos cinco meses de pagos al día para salir de la mora. En el caso de los deudores ubicados en Situación 5, el plazo mínimo asciende a ocho meses.

La mayor empresa de la industria avícola argentina, Granja Tres Arroyos, recurrió a la Justicia este miércoles para solicitar la apertura de su concurso preventivo. La medida busca reorganizar las obligaciones financieras del grupo controlado por la familia De Grazia, que enfrenta una deuda cercana a los US$ 350,9 millones.

La presentación, canalizada mediante la firma Wade —una de las sociedades operativas de la compañía—, formalizó en los tribunales el fracaso de una reestructuración privada que llevaba meses de tramitación con el asesoramiento de un banco de inversión.

Ese plan contemplaba quitas de hasta el 75% del capital y plazos de repago a siete años, sumados a la liquidación de activos no estratégicos. Sin embargo, el progresivo deterioro operacional terminó por dinamitar las conversaciones de fondo.

Desde el inicio del ciclo crítico a fines de 2024, el grupo acumuló aproximadamente 1730 desvinculaciones laborales en sus diferentes establecimientos del país.

La espiral del conflicto tocó su punto más agudo a fines de agosto con el cese total de actividades en la planta de Capitán Sarmiento, núcleo histórico de la firma en un distrito bonaerense de apenas 15.000 habitantes.

La firma notificó al personal la suspensión indefinida de tareas alegando problemas de suministro eléctrico y razones productivas de fuerza mayor, para luego enviar más de 700 telegramas de despido, de los cuales 554 correspondieron a esa localidad.

El colapso de las operaciones afectó también a otros puntos del mapa productivo nacional. Las desvinculaciones alcanzaron a 450 trabajadores en la planta de Esteban Echeverría y a 50 en Pilar.

Estos episodios se sumaron al cierre en julio de la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, que dejó a 350 operarios sin empleo; a la suspensión total del personal en la planta Pinazo, también en Pilar; y a unos 250 despidos consumados en la sede de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Reestructuración judicial y parálisis operativa

Frente al avance del conflicto social, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decretó la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles, instando a la reincorporación de 1200 empleados involucrados en los últimos tramos del ajuste.

A pesar de la intervención estatal y la convocatoria a audiencias de diálogo con el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba) y jefes comunales de las zonas afectadas, Granja Tres Arroyos resolvió no acatar la medida cautelar.

En los encuentros institucionales solo se concertó la entrega de 1.000 cajones de pollo para las familias cesanteadas y un pago a cuenta temporal.

En Capitán Sarmiento, donde uno de cada diez empleos formales dependía en forma directa de la firma, el impacto socioeconómico resultó devastador.

Los salarios del complejo avícola representaban un motor fundamental para el comercio y los servicios locales. Ante la interrupción de los ingresos, organizaciones gremiales, instituciones deportivas y emprendimientos privados de la comunidad reaccionaron articulando ollas populares, colectas de alimentos y jornadas solidarias de asistencia para sostener a los operarios desempleados en medio del proceso concursal.

Marcha federal en la capital

Este miércoles, trabajadores de Granja Tres Arroyos y organizaciones sindicales se movilizaron masivamente hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una intervención estatal urgente ante el vaciamiento y los despidos masivos en la principal firma avícola del país.

La protesta, denominada Marcha Sindical Federal, agrupó a operarios de las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, junto a delegaciones de Concepción del Uruguay, bajo el respaldo conjunto de las federaciones de la Alimentación (FTIA), la Carne, UATRE, Molineros y la CTA.

Durante la manifestación, los gremios exigieron el estricto cumplimiento de la conciliación obligatoria, la reincorporación de más de 1700 cesanteados y el pago de salarios adeudados.

En esa línea, advirtieron que la parálisis de la firma no solo arrastra deudas de alquileres y desesperación familiar en el norte de la provincia, sino que pone en riesgo directo e indirecto el sustento de 7000 puestos de trabajo a nivel nacional.

Efecto dominó sobre la Ruta 8

El sismo generado por el envío de más de 700 telegramas de despido en la planta Cahuané paralizó por completo la producción de un establecimiento estratégico para el norte provincial, encendiendo alarmas gremiales mientras los operarios sostienen ollas populares a las puertas de la fábrica.

La onda expansiva de esta crisis trascendió de inmediato los límites de Capitán Sarmiento y se ramificó hacia la vecina localidad de Arrecifes, desde donde viajaban diariamente entre 100 y 160 trabajadores para prestar servicios en el complejo.

Ante el cese de actividades y la pérdida imprevista de ingresos, el Concejo Deliberante de Arrecifes sesionó de urgencia para declarar la Emergencia Social y Laboral, buscando reasignar partidas presupuestarias y coordinar asistencia económica directa frente a lo que califican como una catástrofe comunitaria.

En San Antonio de Areco, la paralización avícola profundizó un escenario recesivo que ya venía castigando al empleo regional desde comienzos de año.

A la situación de los operarios residentes afectados por el freno en la planta Cahuané se suma una sangría sostenida de puestos de trabajo en el sector privado local, marcada por los cierres definitivos de las empresas Coresa y Gas Areco.

La morosidad en Argentina llegó a un número récord en julio, con el 12,9%, y, si bien desde el Gobierno nacional sostienen que las personas se endeudan más porque hay mayor facilidad para acceder a un crédito, un informe precisó que el pico del financiamiento no se dio durante el año en curso.

Durante el primer trimestre del 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiación, según un estudio de la Fundación Encuentro al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Esa cifra no marca el pico de la serie: el máximo histórico ocurrió en el cuarto trimestre del 2019 con un 61,6% de financiamiento.

Al analizar los diferentes hogares, la organización detectó que aquellos en los que hay menores de edad son los que más piden financiación: un 62,8%, frente a 52,7% de las viviendas sin niños/as.

Casi el 30% de los hogares argentinos pidió dinero prestado para llegar a fin de mes durante el tercer trimestre de 2025

El tener o no empleo formal también incide a la hora de poder financiarse. Según los datos del reporte, el 71,1% de los hogares en los que hay un trabajador asalariado se financian mientras que esa cifra cae al 55,8% en los sectores informales.

En las casas de ingresos más altos, 7 de cada 10 se financian: son el estrato socioeconómico que más recurre al financiamiento.

En contraposición, en los hogares de menores recursos 6 de cada 10 se vieron obligados a solicitar financiamiento.

Si se analiza por ubicación geográfica, el Noroeste es la región en la que más gente apela al financiamiento: 7 decada 10 personas reconocieron haber pedir prestado para llegar a fin de mes.

CONCLUSIONES DEL INFORME:

58,7% de los hogares urbanos recurrió a financiamiento en 2026.

2019: el año en el que más hogares tomaron deuda.

1 de cada 3 hogares se financia con fiado o con tarjeta.

2 de cada 10 combina distintas modalidades.

6 de cada 10 hogares tienen menores a cargo.

7 de cada 10 hogares con el mayor poder adquisitivo financian sus gastos.

6 de cada 10 hogares con menores ingresos deben pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Fuente: NA

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda que transcurre el último mes de vigencia de la Moratoria 2026, el régimen que permite regularizar deudas tributarias municipales vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. El plazo final para adherir a los beneficios expira el próximo 30 de septiembre.

El programa contempla reducciones sobre los intereses y multas acumulados en obligaciones correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras. Cabe destacar que la Tasa de Comercio se encuentra excluida de este beneficio.

Las modalidades de pago previstas ofrecen opciones adaptadas a cada situación:

- Pago contado: condonación del 100 % de intereses y multas.

- Hasta 3 cuotas: condonación del 90 % en intereses y multas, con un anticipo del 10 % y sin interés de financiación.

- Hasta 6 cuotas: quita del 80 % en multas y del 70 % en intereses, con un anticipo del 20 %.

- Planes de 12 y 18 cuotas: reducciones parciales y financiación según tasa vigente.

Para realizar la adhesión, los contribuyentes deben contar con las obligaciones al día a partir del 1 de febrero de 2026 respecto de las tasas a regularizar, además de cancelar el anticipo correspondiente al momento de firmar el plan.

El trámite se gestiona directamente en la plataforma digital GualeActiva. De forma excepcional y ante situaciones debidamente justificadas, la atención presencial se brinda en la Dirección de Rentas, ubicada en el Palacio Municipal (H. Yrigoyen 75), de lunes a viernes de 7 a 13 h.

La Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) se encuentra facultada para solicitar el embargo de activos depositados en billeteras virtuales como Mercado Pago y otras plataformas digitales del mercado financiero, al igual que sucede con los depósitos alojados en cuentas bancarias tradicionales. Las cuentas de pago identificadas con Clave Virtual Uniforme (CVU) pueden quedar comprendidas por medidas cautelares interpuestas en juicios por cobro de deudas tributarias, aunque el procedimiento requiere de forma obligatoria una orden previa emitida por un magistrado.

La aplicación de estas determinaciones sobre las plataformas de pago responde a los protocolos establecidos a partir de la Disposición 194/2021, marco en el cual el organismo recaudador instruyó a los letrados que representan al fisco a incluir el dinero electrónico alojado en billeteras digitales dentro de las nóminas de bienes ejecutables. La jurisprudencia nacional ha equiparado progresivamente los fondos depositados en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con los saldos bancarios de uso cotidiano, considerándolos parte de la garantía patrimonial que responde por las obligaciones impositivas de los contribuyentes.

Especialistas en la materia y referentes del sector financiero coinciden en aclarar que las firmas privadas administradoras de las billeteras electrónicas no poseen facultades para disponer bloqueos de manera unilateral ni deciden el impulso de las ejecuciones fiscales. La función de estas empresas se limita a actuar como agentes ejecutores de las órdenes judiciales transmitidas a través del Banco Central de la República Argentina, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal.

La traba de embargos sobre este tipo de instrumentos tampoco invalida las restricciones legales de inembargabilidad contempladas en el derecho laboral. En aquellos casos en los que la cuenta de pago sea utilizada para la acreditación de sueldos u otros haberes, las medidas dispuestas por la Justicia deben respetar los porcentajes máximos y límites fijados por la ley, garantizando la cobertura de los conceptos alimentarios de los trabajadores de igual forma que en el sistema de cuentas sueldo.

En tanto, el escenario legal presenta variaciones de índole operativa cuando se trata de fondos o activos digitales localizados en plataformas radicadas en el exterior. Al encontrarse fuera de la jurisdicción territorial de los tribunales locales, la concreción de este tipo de cautelares implica complejidades procesales internacionales que dificultan el traba inmediato de la medida, marcando una distinción con la operatoria que rige para el ecosistema fintech de carácter nacional.

En una clasificación que incluyó a 16 países latinoamericanos, el sistema bancario de la Argentina exhibió el mayor nivel de morosidad en sus préstamos al sector privado con un 7,3% de la cartera en situación irregular, muy por encima del 2,78% de irregularidad como promedio de la región.

Al mismo tiempo, y pese a haber exhibido una mejora en los últimos dos años, otro indicador financiero central para el crédito ubicó a la Argentina en el último puesto de la tabla. El ratio crédito/PBI argentino es de 14,3%, el más bajo de los 16 países rankeados. El promedio regional es del 47,3%.

Los datos surgen de un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), entidad que agrupa a 540 bancos de la región, con cifras al primer trimestre de este año. Y se limitan al sector bancario tradicional, que en la Argentina tiene en sus manos casi dos tercios de los $14 billones en préstamos en situación irregular. El otro tercio de los créditos en mora corresponde a las fintech y a proveedores de crédito no bancario como las tarjetas de los supermercados o cadenas de electrodomésticos, las cooperativas y las mutuales.

A nivel regional, la irregularidad viene creciendo, según Felaban: “La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo cercano a USD 104.621 millones, registro 10% superior a aquél de diciembre de 2025 y 44% por encima del registrado un año atrás. A pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2,51% un año atrás. Nuevamente, los niveles de morosidad más altos se registraron en Argentina, Brasil y Colombia (7.3%, 4.3% y 3.7%, respectivamente), mientras que los más bajo se observaron en República Dominicana, El Salvador y Uruguay (1.1%, 1.4% y 1.7%, respectivamente).”

La situación del crédito

La combinación de ambos datos, la alta morosidad y el escaso volumen de financiamiento, muestra a las claras la situación del crédito en la Argentina. Tradicionalmente, la baja profundidad del sistema financiero argentino era a la vez un elemento que lo protegía de cualquier riesgo: no hay grandes preocupaciones sistémicas si se presta poco. Y su índice de morosidad se ubicaba cerca del promedio de la región, e incluso por debajo de él.

El desempeño históricamente pobre de la Argentina en materia crediticia con relación a la región se vincula a la inflación, que restringe los incentivos de ambos lados, tanto para prestar por el lado de los bancos como para endeudarse por parte de familias y empresas. La Argentina es el único de los países analizados que tiene una inflación de dos dígitos anuales, algo que tienen muy pocos países en el mundo. Bolivia tuvo un 20,4% de inflación en 2025 pero lo redujo en la primera mitad de este año. El análisis de Felaban no incluyó a Venezuela, el único país de América Latina con más inflación que la Argentina.

El financiamiento al sector privado avanzó en los últimos dos años, de la mano de la desaceleración de la inflación, la menor “competencia” de los títulos remunerados del Banco Central y la estabilidad cambiaria. La recuperación del crédito fue responsable, en parte, de la recuperación en “V” de la economía tras la fuerte caída post-devaluación. Pero eso trajo también un alza de la irregularidad que hoy se debate con intensidad. Mientras el Gobierno asegura que no hará nada al respecto (“es un asunto entre privados”, se repite) analistas y voces de la oposición recomiendan que el Banco Central tome algún grado de participación en el asunto para auxiliar a los cerca de 7 millones de argentinos que mantienen deudas con entidades financieras, ya sea en bancos, fintech u otras instituciones de crédito.

Con respecto a las previsiones del sistema -dinero inmovilizado por los bancos para sostener sus operaciones en caso de impago de sus clientes-, el informe de Felaban explicó: “En términos relativos, el indicador de cobertura (gasto en provisiones ÷ saldo de cartera vencida) disminuyó hasta 164% (marzo de 2026) desde 170% (marzo de 2025). Similar a ediciones anteriores, la banca dominicana, uruguaya y ecuatoriana reportó los mayores indicadores de cobertura (316%, 226% y 210%, en cada caso), mientras que Argentina y Panamá se posicionaron como los únicos países con indicadores de cubrimiento inferiores a 100% (84% y 93%, respectivamente)”. Infobae

Granja Tres Arroyos inició el proceso de reestructuración financiera más importante de sus más de 50 años de historia. La empresa, líder de la industria avícola argentina, elaboró un plan para evitar la quiebra que incluye la incorporación de nuevos socios, la venta de activos por al menos US$30 millones (entre ellos tres establecimientos ubicados en Entre Ríos) y la renegociación de una deuda que supera los US$350 millones.

El objetivo inmediato consiste en obtener más de US$115 millones para garantizar la continuidad operativa y recuperar la confianza de acreedores, proveedores e inversores.

La propuesta fue diseñada por Valo Columbus, la división de banca de inversión del Banco de Valores, y comprende a las compañías Granja Tres Arroyos, Wade y Avex. El documento reconoce que la estructura financiera del grupo llegó a un punto crítico y que resulta indispensable rediseñar completamente el esquema de financiamiento para asegurar la continuidad de la empresa.

La decisión representa un punto de inflexión para una compañía que durante décadas fue considerada uno de los grandes casos de éxito de la agroindustria nacional, dio a conocer IProfesional. La misma organización que logró consolidarse como la mayor productora y exportadora avícola del país hoy reconoce que necesita una transformación profunda para sostener su actividad.

Ese crecimiento también estuvo impulsado por la adquisición de nuevas empresas y establecimientos industriales, entre ellos Avex, lo que fortaleció su presencia en distintas provincias y amplió considerablemente su capacidad de producción. Gracias a esa estrategia, la compañía llegó a posicionarse como la principal empresa avícola del país y una de las mayores exportadoras del sector alimenticio argentino.

Sin embargo, la estructura industrial que durante años representó una ventaja competitiva terminó convirtiéndose en uno de sus mayores desafíos. En los últimos meses comenzaron a hacerse visibles conflictos laborales, atrasos con proveedores, dificultades para cumplir compromisos financieros y crecientes obligaciones fiscales, un escenario que finalmente derivó en la elaboración de un plan integral de rescate.

Para alcanzar ese objetivo, Granja Tres Arroyos diseñó una estrategia basada en cuatro pilares.

El primero consiste en obtener nuevas líneas de financiamiento destinadas al capital de trabajo. El segundo apunta a desprenderse de parte de su patrimonio mediante la venta de activos considerados no estratégicos.

El tercer eje prevé negociar anticipos comerciales con grandes clientes para acelerar el ingreso de fondos, mientras que el cuarto (considerado el más relevante por la propia empresa) propone incorporar uno o más inversores capaces de aportar alrededor de US$45 millones entre capital y deuda. En conjunto, estas herramientas permitirían reunir los recursos necesarios para estabilizar la operación y afrontar el proceso de reorganización financiera.

Para una empresa que históricamente permaneció bajo el control de la familia De Grazia, la decisión representa un cambio profundo en su estrategia empresarial. Hasta ahora, el crecimiento siempre había sido financiado manteniendo el control familiar, pero la magnitud de la crisis llevó a reconsiderar esa política.

En paralelo, el grupo busca mejorar la utilización de su infraestructura industrial mediante la modalidad de fazón, un esquema ampliamente utilizado en la industria alimenticia por el cual una empresa produce para terceros utilizando instalaciones ya existentes. La intención es incrementar la actividad de plantas que actualmente no operarían a plena capacidad y generar ingresos adicionales sin realizar nuevas inversiones.

Entre ellos aparecen entidades financieras como Rabobank, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Banco Nación, BICE, BBVA, Santander, Banco Provincia, Supervielle, Credicoop, Galicia y Bibank, además de fideicomisos financieros, pagarés bursátiles y otros instrumentos utilizados para financiar distintas etapas del crecimiento del grupo.

La deuda también involucra a proveedores de granos, laboratorios, empresas veterinarias, transportistas, productores integrados, vacunadores, compañías energéticas y numerosos prestadores que participan de la operatoria diaria. A ello se suman importantes compromisos tributarios con ARCA y organismos fiscales provinciales. Esa diversidad explica por qué la empresa optó por una reestructuración integral y no únicamente por refinanciar créditos bancarios.

La tercera opción elimina cualquier reducción del capital, aunque extiende los pagos durante siete años, mientras que la cuarta está dirigida a proveedores estratégicos mediante una facilidad sindicada respaldada por garantías reales. A cambio, la empresa les solicita continuar abasteciendo de materias primas e insumos durante el período más complejo de la reestructuración, una condición que busca evitar interrupciones en la producción.

De ese modo, Entre Ríos concentra tres de las cinco unidades incluidas en el plan: el tambo de Santa Elena, el establecimiento porcino de Bella Vista y la planta Becar de Concepción del Uruguay. El documento aclara que no necesariamente todas serán vendidas, sino que integran el conjunto de activos susceptibles de ser negociados para fortalecer la posición financiera del grupo.

Los fondos generados por esos negocios serían administrados por un fiduciario independiente y destinados prioritariamente al pago de quienes adhieran al plan de reestructuración.

Además, algunos tramos de la deuda podrían contar con hipotecas de primer grado sobre activos del grupo. Incluso se contempla utilizar exportaciones futuras hacia mercados como China, la Unión Europea y Chile como respaldo adicional, siempre que esas operaciones puedan concretarse en los próximos años.

Además, será indispensable conseguir el financiamiento previsto y cumplir una serie de condiciones económicas antes del cierre definitivo de la operación. La empresa admite que ese respaldo externo será determinante para sostener el negocio durante los próximos meses, publicó IProfesional.

Como alternativa, el documento contempla avanzar con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) si las negociaciones no alcanzan el consenso esperado. Ese escenario refleja que la empresa busca contar con una vía adicional para evitar la paralización del proceso y mantener abierta la posibilidad de reorganizar financieramente a una de las compañías más emblemáticas de la industria alimenticia argentina.

El resultado dependerá ahora de la respuesta de bancos, proveedores, organismos fiscales y potenciales inversores, cuyo acompañamiento será decisivo para el futuro de Granja Tres Arroyos.

El plan de regularización de deudas tributarias impulsado en la ciudad alcanzó a más de 1000 contribuyentes desde su puesta en marcha a finales de abril. Frente a este nivel de respuesta, la Dirección de Rentas confirmó la extensión del plazo de adhesión al Régimen Especial de Regularización de Deudas, el cual permanecerá disponible hasta el próximo 30 de septiembre. La medida busca facilitar la cancelación de obligaciones pendientes relativas a tributos, derechos, contribuciones e impuestos locales mediante quitas significativas sobre recargos y multas acumuladas.

El esquema propuesto por la administración comunal establece beneficios diferenciados según la modalidad de cancelación adoptada por el vecino. Quienes opten por el pago al contado accederán a una condonación del 100% sobre los intereses y las sanciones pecuniarias. Para las cancelaciones en hasta 3 cuotas, el descuento alcanza el 90% en recargos, requiriendo un anticipo del 10% del total adeudado sin aplicar intereses de financiación. En tanto, las alternativas de 6 cuotas prevén una quita del 80% en multas y del 70% en intereses con un pago inicial del 20%. Finalmente, las opciones extendidas de 12 y 18 meses ofrecen reducciones graduales adaptadas a la tasa de financiación vigente, estructuradas bajo el sistema francés con cuotas fijas, mensuales y consecutivas.

Con el objetivo de agilizar la atención y evitar demoras administrativas, la Municipalidad dispuso que la tramitación se realice de forma digital mediante la plataforma virtual GualeActiva. No obstante, la atención presencial quedará contemplada exclusivamente para casos particulares debidamente fundamentados. En dichas situaciones, los contribuyentes deberán concurrir a la sede de la Dirección de Rentas, ubicada en el palacio municipal de Yrigoyen 75, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas. La sola adhesión al plan implicará el reconocimiento explícito de la deuda contraída y la aceptación íntegra de las condiciones del programa.

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe técnico pericial que refleja marcadas inconsistencias en la evolución patrimonial del exfuncionario, por lo que los investigadores no descartan que sea citado a brindar explicaciones formales durante los primeros días del próximo mes de agosto.

El documento clave que llegó a los escritorios de la fiscalía fue elaborado de manera minuciosa por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. El análisis pericial se centró en radiografiar el comportamiento económico y financiero tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

El trabajo de los peritajes consistió en reconstruir de forma detallada la estructura de los bienes, las deudas y las disponibilidades de la familia al inicio y al cierre de cada año. Los especialistas cruzaron los datos de ingresos y egresos respaldados por documentos con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control. La investigación puso un foco especial en los movimientos bancarios habituales, los rescates de inversiones y un mercado poco tradicional: las operaciones con activos virtuales y plataformas de criptomonedas.

En este sentido, el análisis de las billeteras virtuales incluyó el desglose de depósitos, retiros y transferencias de fondos que no guardan una correlación directa con los ingresos declarados por el núcleo familiar. Al tratarse de un informe estrictamente técnico, el texto no detalla cifras específicas, pero resulta concluyente al señalar despasajes que habilitan al fiscal a estructurar un requerimiento formal de justificación de bienes.

Si los argumentos y la documentación que presente el exjefe de Gabinete al ser intimado resultan insuficientes para la fiscalía, el escenario decantará en un pedido formal de declaración indagatoria, cuya decisión final quedará en manos del juez a cargo del caso, Ariel Lijo.

Desde el lanzamiento de la plataforma de inscripción virtual, el Plan de Alivio Financiero impulsado por el Gobierno de Entre Ríos en conjunto con el Banco Entre Ríos registró más de 5.500 solicitudes formales, consolidándose como una alternativa real para aliviar la economía de los hogares de la región.

El programa está diseñado específicamente para que empleados del sector público, trabajadores del ámbito privado y jubilados provinciales logren reorganizar sus compromisos financieros. A través de este mecanismo de desendeudamiento, los beneficiarios pueden cancelar saldos pendientes con distintas entidades y unificarlos en una única financiación bajo condiciones preferenciales. El objetivo central de la medida es brindar una herramienta concreta que permita ordenar las finanzas personales y recuperar de manera progresiva la capacidad de ingreso mensual.

Las ventajas del plan incluyen sesenta días de gracia, lo que significa que el beneficiario comenzará a abonar la primera cuota recién en el tercer mes desde el otorgamiento. Además, se estableció una tasa fija del sesenta por ciento de Tasa Nominal Anual y plazos flexibles que se extienden hasta los sesenta meses de amortización.

El proceso de solicitud se realiza de manera completamente digital a través de la página web oficial del Banco Entre Ríos, en la sección específica destinada a préstamos del plan de alivio. Los interesados deben completar un formulario con sus datos básicos e información de contacto. Posteriormente, el equipo técnico de la entidad financiera analiza de forma particular la situación de cada solicitante para comunicarle el resultado de la evaluación crediticia.

Una vez que el cliente resulta calificado positivamente, el sistema le asigna un turno presencial en la sucursal correspondiente. Desde la administración provincial recordaron que la convocatoria continuará abierta.

La crisis económica y los desequilibrios de costos volvieron a encender las alarmas en el sector agropecuario de Entre Ríos. Productores arroceros de San Salvador, considerada la "Capital Nacional del Arroz", alertaron sobre el durísimo panorama que atraviesa la actividad, signado por precios internacionales deprimidos, insumos inaccesibles y una falta total de financiamiento que amenaza con provocar una caída de entre 15.000 y 20.000 hectáreas en la superficie destinada al cultivo para la próxima campaña.

Luciano Challio, titular de la Filial San Salvador de la Federación Agraria Argentina (FAA), reflejó la preocupante reconversión forzosa del sector en la zona: “Llegamos a ser más de 700 productores en la región, trabajando tanto en chacras como en superficies más extensas. Hoy no llegamos a 140 los que seguimos produciendo”. Según explicaron desde la entidad, reina una profunda incertidumbre justo en la época en la que debe comenzar la preparación de la tierra para el nuevo ciclo productivo.

El gran desajuste en los números responde a un combo letal de costos al alza y desplome de los precios de venta. El riego artificial, clave para el cultivo, demanda unos 100 días continuos de bombeo mediante pozos profundos, lo que eleva de forma exponencial el consumo energético. A esto se sumó el impacto del combustible: una hectárea de arroz requiere entre 400 y 600 litros de gasoil. El combustible, que históricamente representaba el 32% del costo operativo, pasó a significar el 54%. En poco tiempo, el litro de gasoil saltó de 1.600 pesos a 2.400 pesos al momento de la zafra.

La distorsión de precios internacionales terminó de golpear al sector. Mientras que la campaña 2023/24 registró picos históricos de entre 400 y 420 dólares por tonelada, el valor actual ronda apenas los 220 dólares. Esta situación afectó principalmente a los pequeños y medianos productores, quienes se vieron obligados a vender su producción de forma inmediata para cubrir deudas, sin posibilidad de retener el grano para esperar la reciente y leve mejora del mercado. Ante la falta de herramientas financieras, los productores quedan sujetos a los valores que fija la industria y a un mercado exportador que estuvo prácticamente paralizado hasta el mes de junio. Desde la FAA remarcaron que el auxilio con líneas de crédito blandas del Banco Nación es vital para evitar que los suelos vertisoles de la provincia, ideales para este grano, dejen de producir el alimento.

La deuda de las familias argentinas atraviesa un momento crítico. Abril marcó un nuevo récord en los niveles de morosidad. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la consultora 1816, más de 5,3 millones de personas tienen hoy al menos un crédito irregular. Esto significa que una porción significativa de los hogares enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, en un escenario que se agrava mes a mes.

La morosidad de los préstamos bancarios a las familias trepó al 12%, medio punto por encima de marzo. Es el nivel más alto en más de dos décadas y contrasta con la situación de octubre de 2024. En un año y medio, el índice se multiplicó casi por cinco. La aceleración preocupa a los analistas, que advierten que muchas personas dejarán de ser consideradas sujetos de crédito, limitando su acceso a nuevos préstamos en un contexto en el que la inflación y el costo de vida siguen presionando sobre los hogares.

Este panorama nacional permite dimensionar la magnitud del problema y sirve de marco para comprender cómo se replica y profundiza en ciudades como Gualeguaychú, donde las familias enfrentan sus propias dinámicas de endeudamiento.

En las ciudades más pequeñas del país, el acceso al crédito se configura en un entramado fragmentado. Las familias suelen recurrir a distintas fuentes de financiamiento de manera simultánea, en un intento por cubrir necesidades inmediatas que el sistema formal no alcanza a resolver.

“Los bancos ofrecen productos financieros que no siempre resultan accesibles para sectores de ingresos bajos o informales. Frente a esa restricción, las mutuales y cooperativas brindan préstamos más flexibles y cercanos”, describieron desde una financiera de Gualeguaychú. Sin embargo, el mapa se completa con un tercer actor que expone la cara más vulnerable del endeudamiento: los prestamistas informales. Su presencia responde a la demanda de quienes quedan fuera del circuito formal.

El relato de una familia endeudada de la ciudad es ejemplo de cómo la crisis financiera se traduce en un drama cotidiano. “Mi esposo y yo estamos pasando por un problema bastante grave. Nos endeudamos pidiendo plata a varios prestamistas, y hoy en día estamos en una situación de depresión total. ¿Por qué? Porque no podemos devolver la plata que pedimos prestada”, expuso una vecina, quien pidió la reserva de su identidad.

La mujer contó que todos los créditos fueron tomados en el circuito informal, sin recibos ni garantías, lo que agudiza la incertidumbre. “Así que andamos todos preocupados, sobre todo por la salud mental de mi marido”, aseguró. La angustia se profundizó cuando él desapareció hace dos meses, tras perder su empleo en una empresa metalúrgica. “Hicimos la denuncia y lo encontraron, pero estaba ido, en otro mundo. Y ahora es como que no puede salir de ese pozo”, relató, con la voz quebrada, la mujer.

La falta de ingresos estables terminó de complicar el panorama. “Nuestro problema comenzó cuando él se quedó sin trabajo, de un día para otro y luego de 14 años en la empresa. Acá en casa yo trato de hacer algo de venta de comida o ropa que me van pasando, pero no alcanza para devolver la plata”. La precariedad laboral y la ausencia de respaldo económico empujaron a la familia a un callejón sin salida. “Estamos muy complicados, no sé cómo vamos a salir”, dijo la vecina.

La historia de esta familia representa a muchas de nuestra ciudad y expone la vulnerabilidad extrema de los hogares endeudados. Una situación gravísima que afecta también la salud mental y la estabilidad emocional de toda la familia.

El testimonio de un prestamista informal permite asomarse al oficio y conocer su forma de trabajar. En diálogo con este medio, Cristián explicó con naturalidad: “Me dedico a prestar dinero a particulares, quiero aclarar que es una actividad permitida. Yo me manejo con mis propios fondos, fijo la tasa de común acuerdo con el cliente y documento cada operación. Si lo hacés de forma habitual, tenés que inscribirte y declarar los intereses como ganancia”.

Cristián, además, describió los riesgos de su práctica cotidiana. “El principal riesgo no es legal, es no cobrar. Por eso evalúo a quién le presto. El cliente puede tener deudas ocultas y si no hay contrato firmado, reclamar en la Justicia es muy difícil. Siempre uso pagarés o contratos para protegerme”. En este sentido, el negocio depende de la confianza y, muchas veces, de la capacidad de presión para recuperar el capital.

Finalmente, el entrevistado reflexionó sobre la conveniencia de dedicarse a esta actividad. “Vale la pena si tenés fondos ociosos y disciplina para gestionar el cobro. El retorno puede ser mayor que un plazo fijo, pero también existe el riesgo de perder capital”. En este sentido, advirtió que el escenario se ha vuelto más complejo en los últimos tiempos: “Cada vez resulta más difícil recuperar lo que las familias adeudan”.

Una mutual con sede en Gualeguaychú, que brinda servicios financieros, sociales y de salud a sus asociados —principalmente familias entrerrianas— compartió su mirada sobre el escenario actual. “Hoy en día desde nuestra mutual estamos cumpliendo un rol de acompañamiento. Más que para grandes inversiones, las familias buscan resolver necesidades cotidianas o afrontar imprevistos. Principalmente otorgamos créditos a empleados de la provincia y jubilados”, señalaron.

El diagnóstico interno refleja la magnitud del problema: “el nivel de endeudamiento es elevado y cada vez más frecuente que una persona acumule dos o más compromisos simultáneos, llegando incluso a refinanciar deudas para sostener el equilibrio de la economía familiar”.

Desde la financiera mencionaron las causas de la toma del crédito: “Las más habituales son la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la dificultad de que los salarios acompañen ese incremento. El crédito ya dejó de ser una herramienta para crecer y pasó a ser una herramienta para llegar a fin de mes”.

“Años anteriores predominaban los préstamos para refaccionar viviendas, hoy gran parte de las consultas se vinculan con la cancelación de otras deudas, el pago de servicios, gastos de salud y necesidades básicas. Esto obliga a planificar cuidadosamente cada gasto”, sintetizaron.

El panorama de endeudamiento que atraviesan las familias de Gualeguaychú y de toda la provincia llevó al Estado entrerriano a poner en marcha una herramienta concreta de alivio. El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos aparece como una respuesta institucional frente a la presión creciente sobre los ingresos.

La iniciativa ofrece tasas más bajas, plazos más extensos y descuentos directos en los haberes, lo que permite que empleados público, privados y jubilados liberen parte de su salario y recuperen capacidad de consumo. La clave está en que no genera costo fiscal para la provincia, ya que se articula con el Banco Entre Ríos como agente financiero, reforzando su sustentabilidad.

La propuesta busca ordenar las finanzas personales en un contexto donde el endeudamiento dejó de ser excepcional para convertirse en un problema estructural. Al mismo tiempo, especialistas sugieren que el esquema oficial debería complementarse con el fortalecimiento de las mutuales y cooperativas locales, que ya cumplen un rol de asistencia crediticia en ciudades chicas. Integrar estos actores permitiría ampliar la cobertura, reducir la dependencia de prestamistas informales y generar un circuito de crédito más justo.

“Se registró un sostenido movimiento tanto en las oficinas de la Dirección de Rentas como en la plataforma digital GualeActiva, canal principal habilitado para realizar la adhesión al plan. La respuesta positiva refleja el interés de los vecinos por ponerse al día y acceder a condiciones accesibles de pago”, se informó desde el municipio.

“La moratoria está cumpliendo su objetivo: facilitar la regularización y brindar una herramienta accesible para los vecinos”, señalaron desde el Municipio, al tiempo que remarcaron que muchos contribuyentes que mantenían deudas desde hace tiempo lograron iniciar planes de pago, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para prevenir futuros inconvenientes y mantener sus obligaciones al día.

La Moratoria 2026 permanecerá vigente hasta el 31 de julio inclusive y constituye una herramienta excepcional y transitoria destinada a acompañar a los vecinos en la normalización de sus obligaciones tributarias, fortaleciendo al mismo tiempo los recursos municipales que permiten sostener servicios esenciales para toda la comunidad.

El régimen alcanza a deudas correspondientes a Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, cuyos vencimientos hayan operado hasta el 31 de diciembre de 2025. La moratoria no incluye la Tasa de Comercio.

Entre los principales beneficios se destaca la posibilidad de acceder a:

- Pago contado, con 100% de condonación de intereses y multas.

- Hasta 3 cuotas, con 90% de quita de intereses y multas, anticipo del 10% y sin intereses de financiación.

- Hasta 6 cuotas, con importantes reducciones y sin interés de financiación.

- Planes de hasta 12 y 18 cuotas, con financiación mediante sistema francés y cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Desde el Municipio recordaron que la adhesión se realiza exclusivamente a través de la plataforma GualeActiva, salvo casos debidamente justificados en los que podrá efectuarse de manera presencial.

Asimismo, para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán tener canceladas las obligaciones posteriores al 1 de febrero de 2026 de las tasas a regularizar, abonar el anticipo correspondiente y mantener al día el pago de las cuotas.

Las autoridades municipales remarcaron que esta política busca incentivar el cumplimiento voluntario y brindar alternativas concretas en un contexto económico complejo, permitiendo a los vecinos ordenar su situación tributaria con facilidades excepcionales y amplios beneficios.

La medida, acordada con el Banco de Entre Ríos, incluirá hasta 60 cuotas y dos meses de gracia, y busca aliviar la carga financiera de quienes hoy enfrentan créditos con altos intereses.

El ministro de Economía, Fabián Boleas, fue el encargado de anunciar el programa y señaló que se implementa a partir de una serie de gestiones del Gobierno provincial con el Banco de Entre Ríos, que es el agente financiero de la provincia.

Para explicar de qué se trata el programa, el Ministro puso un ejemplo: “Supongamos que el año pasado tomé un crédito a una tasa del 130%. Este programa va a permitir poder refinanciar esa deuda con una tasa que rondará el 60%, lo que permite bajar a la mitad la tasa de interés que hoy estoy pagando”.

Habrá un período de gracia de dos meses y se ofrecerá la posibilidad de pagarlo hasta en 60 cuotas.

Luego señaló que el programa se pondrá en vigencia en los próximos días, no tiene costo fiscal para la provincia y está destinado a poder saldar deudas que los usuarios tienen con entidades bancarias, financieras y mutuales.

En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó este jueves hacia Plaza de Mayo y realizó un acto frente a Casa Rosada. La movilización incluyó un homenaje al Papa Francisco y discursos de los integrantes del Triunvirato, Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes endurecieron su postura frente al Gobierno.

Aunque en las horas previas se especulaba con un paro general, los dirigentes no confirmaron esa medida, pero sí anticiparon que los reclamos se profundizarán. “Se acabó la paciencia”, advirtieron, y remarcaron que “protestar y reclamar es nuestra responsabilidad, lo vamos a hacer”.

Jorge Sola llamó a “crear una Argentina con futuro, en unidad” y sostuvo que “no hay libertad posible si se les quita a quienes menos tienen lo poco que poseen”. Convocó a avanzar hacia un nuevo contrato social basado en justicia social, igualdad y distribución equitativa de la riqueza.

En el documento leído en la Plaza de Mayo, la CGT denunció que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”. Señaló que el Gobierno “divide al pueblo, promueve el enfrentamiento y pone en riesgo la paz social”.

El texto, titulado El trabajo es con derechos o es esclavo, cuestiona la reforma laboral impulsada por el oficialismo y advierte que la central obrera seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución. “Cada derecho laboral costó organización y lucha”, remarcaron.

La declaración también alertó sobre la caída de la actividad económica, el cierre de más de 24.000 empresas entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, y el aumento de la desocupación y la informalidad. Criticó la desaparición de la obra pública y el endeudamiento con organismos internacionales, que compromete al Estado argentino.

Otro eje fue la crisis del sistema de salud: la CGT denunció el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, los recortes en PAMI y la falta de cobertura para personas con discapacidad. “Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental”, señaló el documento.

La central obrera también destacó el impacto de la inflación en los salarios, los topes a las paritarias y el endeudamiento masivo de las familias: seis de cada diez hogares tienen deudas, con morosidad creciente.

Finalmente, la CGT apeló a recuperar “una cultura del encuentro y del trabajo”, citando palabras del Papa Francisco: “Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto”. Con ese mensaje, la central cerró su acto convocando a construir un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.