En el marco del ajuste a las dependencias estatales y en medio de la controversia por el Día del Empleado Público, el Gobierno anunció que, durante los primeros 18 meses de su mandato, recortó 50.591 empleos públicos. Como resultado, se alcanzó un ahorro anual de USD 2.000 millones.

“Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de USD 2.000 millones. Por eso la motosierra es tan popular”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En diciembre de 2023, previo a la llegada del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas estatales con 91.166. Esas cifras se redujeron a 177.444 y 76.230, respectivamente, en abril (último dato disponible).

Respecto a ese ahorro de USD 2.000 millones, en el informe previo, fuentes oficiales habían detallado: “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”.

Asimismo, recientemente Sturzenegger se refirió al tema y aseguró: “Nosotros hasta ahora hemos recortado 50.000 empleados públicos, y eso no ha resultado en una merma en los servicios, muchos eran ñoquis o gente que hacía cosas que la sociedad no valoraba”.

Como ejemplo de gasto innecesario, señaló que el INTA tenía 3.000 vehículos para 6.000 empleados y un presupuesto de $400.000 millones. Y que el Senasa tenía 700 camionetas. “Hay áreas que tienen más secretarios que varios ministerios. Son cosas que se hicieron para generar puestos y generar caja”, señaló.

El recorte significativo en la planta de personal, que incluye despidos y no renovación de contratos en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales, tiene un objetivo definido: achicar el gasto público y afianzar el superávit fiscal.

En líneas generales, la meta de superávit proyectada por el Gobierno para este año es más ambiciosa que la estipulada en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que se prevé que los objetivos trimestrales reflejen esa reducción del gasto a lo largo del año.

Esto responde a que, el mismo día en que se formalizó el acuerdo con el organismo, el equipo económico consideró que la meta fijada en los documentos del programa –un superávit primario de 1,3% del PBI, equivalente a unos 6,3 billones de pesos– no alcanzaba para garantizar la estabilidad macroeconómica frente a posibles shocks internacionales. Por ese motivo, se ajustó al alza hasta 1,6% del PBI, lo que representa unos 7,7 billones de pesos.

Por otro lado, este miércoles el Ejecutivo anunció que eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que tradicionalmente se celebra cada 27 de junio en Argentina.

La decisión afecta a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional y se basa en la visión de que “el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Y agregó: “Teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticaron la medida del Ejecutivo que deja sin un fin de semana largo a los empleados públicos. Rodolfo Aguiar, el secretario general, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a la medida y cuestionar la legalidad de la acción tomada por la gestión libertaria. Infobae

El Gobierno nacional anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. Según justificaron, la medida apunta a equiparar las condiciones laborales entre el sector público y el privado, al eliminar lo que desde Casa Rosada consideran que es un privilegio que no está disponible para la mayoría de los trabajadores del ámbito privado.

A raíz de la decisión del Gobierno nacional, surgieron dudas sobre lo que sucedería este viernes en la provincia con el asueto de la administración pública provincial. Fuentes consultadas por Elonce, confirmaron cómo es la situación en Entre Ríos.

Fue en el año 2003 que a través del decreto 216, se estableció el 27 de junio como Día del Empleado Público en la provincia de Entre Ríos, para todo el personal de la Administración Pública Provincial, con goce de haberes, con excepción del que deba cumplir guardias indispensables, al que se le acordará franco.

Por esta razón, este viernes todos los trabajadores del Estado de Entre Ríos y pese a la decisión del Gobierno Nacional, tendrán una jornada no laborable. Según se confirmó a Elonce, la jornada no laborable para los empleados de la Administración Pública Provincial, “no depende de la Nación”, destacó la fuente consultada por este medio al referirse a una decisión adoptada mediante un decreto provincial en 2003.

Por lo tanto, todo el personal de la Administración Pública Provincial entrerriana, tendrá una jornada no laborable con goce de haberes, con excepción de quienes deben cumplir con guardias mínimas e indispensables para el desarrollo de alguna actividad (como por ejemplo Salud o comedores), los cuales, tendrán el beneficio de un día de franco compensatorio a acordar con posterioridad.

La jornada de descanso para trabajadores estatales comenzó en 1978. Un 27 de junio de 1978, la Organización Internacional del Trabajo instaura el Convenio N° 151 relativo a "Protección del Derecho de Sindicación y Procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública".

En 1981, este convenio fue integrado al convenio Nº 154, referido al fomento de la negociación colectiva en la Administración Pública consagrando definitivamente las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Estos dos convenios son incorporados a la constitución nacional que establecen el derecho de los estatales a la sindicalización y a los convenios colectivos para los trabajadores del Estado.

(Con información de Elonce)

El Gobierno decidió eliminar este miércoles el Día del Empleado Público que se celebra el 27 de junio y recibió la respuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que criticó la medida del Ejecutivo que deja sin un fin de semana largo a los empleados públicos.

La confirmación oficial sobre la supresión del feriado fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien transmitió la disposición del Ejecutivo de no otorgar asueto este jueves a los trabajadores de la administración pública nacional. La decisión afecta a decenas de miles de empleados públicos para quienes el 27 de junio estaba calendarizado como día no laborable, según lo establece la Ley 26.876 sancionada en 2013.

La noticia generó rápidas reacciones en los sectores sindicales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a la medida y cuestionar la legalidad de la acción tomada por el Gobierno. La decisión del Ejecutivo impacta directamente en la actividad del sector público y elimina la posibilidad de un fin de semana largo previsto en diversas dependencias administrativas.

“El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder!”, señaló el dirigente, que calificó la medida del Ejecutivo como “un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático” y agregó que “sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó”.

La decisión impacta sobre empleados dependientes de la administración pública nacional, tanto para las oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires como a delegaciones repartidas en todo el país. Tal como lo establece la disposición oficial, las áreas que tradicionalmente programaban la suspensión de actividades para el último jueves de junio deberán funcionar con normalidad.

En su comunicación, Adorni detalló que la administración resolvió “no adherir” al feriado por considerar que el calendario laboral requiere avanzar sobre “gastos prescindibles”. El Gobierno sostiene que el objetivo es priorizar la prestación de servicios para el conjunto de la sociedad, evitando parálisis administrativas que suelen coincidir con los feriados y asuetos del sector estatal.

Adorni explicó que esta decisión se basa en la visión que el Gobierno tiene sobre el rol del Estado. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, declaró. Y agregó: “Teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.

El vocero también subrayó que “trabajar en el Estado es un servicio para el ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país”.

ATE, por su parte, defendió la vigencia de la Ley 26.876, sancionada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la cual establece el 27 de junio como “Día del Trabajador del Estado” para conmemorar la unidad y la tarea desarrollada por los empleados públicos. Según el texto legal, la fecha “será considerada para todos los efectos como día no laborable para la administración nacional”.

Adorni sostuvo que la decisión “va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno”, al que definió como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”. Y concluyó: “Es cosa del pasado”.

El Gobierno de Javier Milei confirmó que, a través de un decreto, se eliminará el tradicional día del empleado público, una jornada no laborable que había sido celebrada en el sector público durante años. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa, donde subrayó que esta medida forma parte de la política del presidente Milei de modificar las estructuras del Estado.

El portavoz destacó que la eliminación de esta jornada representa un cambio en el enfoque del rol del sector público, que, según el Gobierno, no debería estar exento de las responsabilidades del trabajo diario. Hasta el momento, se celebraba cada 27 de junio.

Adorni enfatizó: "La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público es cosa del pasado". De esta manera, se establece una clara distinción entre el trabajo en el sector público y privado, una de las bases de la ideología del oficialismo.

Adorni explicó que la jornada de descanso del día del empleado público ha sido una de las características del sector estatal que se elimina por considerarla un privilegio.

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al día del empleado público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país", afirmó el vocero en su exposición.

Según el portavoz, la decisión responde a una nueva concepción del trabajo estatal bajo el Gobierno de Milei, el cual se alinea con su política de reducción de privilegios y fomento del esfuerzo individual.

En su discurso, Adorni destacó que el trabajo en el Estado debe estar orientado a servir al ciudadano y a no crear diferencias injustas entre los sectores público y privado, que, según la administración de Milei, es un problema estructural del país.

El vocero también expresó que la eliminación del día del empleado público responde a la visión de un Estado más eficiente y menos burocrático. "Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y el futuro del país", subrayó Adorni, haciendo hincapié en que la función pública debe ser más eficiente y alineada con los intereses de los contribuyentes.

Finalmente, concluyó asegurando que la medida tomada por el presidente Milei va en consonancia con la concepción del Estado que tiene su Gobierno, el cual busca allanar el camino de la libertad de los argentinos, en lugar de entorpecerlo.