La senadora provincial Patricia Díaz (PJ) cuestionó con dureza el funcionamiento del sistema judicial y advirtió que la denominada “puerta giratoria” es uno de los factores centrales que explican la creciente sensación de inseguridad en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz.

La legisladora sostuvo que la Policía cumple con su rol, pero que el problema se produce cuando los detenidos recuperan rápidamente la libertad. “Atrapan a los delincuentes, se los ponen a disposición de los fiscales y, a las horas, vuelven a la calle. Esa es la raíz del problema de inseguridad”, afirmó.

Díaz remarcó que esta dinámica genera impunidad y desaliento social, especialmente cuando se trata de personas que reinciden en hechos delictivos. “No puede ser que entren y salgan del sistema sin consecuencias. Eso alimenta una sensación de que acá no pasa nada, y en Santa Elena ya es insoportable”, señaló.

En ese marco, la senadora apuntó directamente al Ministerio Público Fiscal y recordó que son los fiscales quienes conducen la investigación penal. “Ellos deben imputar, pedir detenciones cuando corresponde, solicitar prisiones preventivas o medidas de coerción alternativas y sostener las causas hasta lograr condenas. Si esas decisiones no se toman o se toman tarde, el mensaje para la comunidad es de total desprotección”, advirtió.

La dirigente justicialista también se refirió a las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo provincial. Indicó que continuará reclamando al Gobierno, en su rol de responsable de la fuerza policial, el envío de más efectivos, patrulleros y recursos para reforzar la seguridad en la ciudad.

Sin embargo, aclaró que el reclamo no se agota en el plano policial. “Pedimos públicamente al Ministerio Público Fiscal que actúe con seriedad y eficacia, que no mire para otro lado ni trate a Santa Elena como una zona liberada. Necesitamos seguimiento real de las causas, imputaciones claras y medidas concretas contra quienes son sorprendidos robando o reincidiendo”, sostuvo.

Finalmente, Díaz subrayó que la demanda de la comunidad es clara. “La gente necesita respuestas y necesita ver consecuencias. Sin un sistema judicial que funcione de manera eficiente, cualquier esfuerzo en materia de seguridad queda a mitad de camino”, concluyó.

El gualeguaychuense, de 23 años, fue el único de los 12 jugadores seleccionados por Pablo Prigioni (quien no viajó al país caribeño por un problema con la visa y fue reemplazado por Nicolás Casalanguida) para este partido que carecía de antecedentes en el equipo mayor.

El base que juega en el Fuenlabrada ingresó con el dorsal 35 en la mitad del segundo cuarto y estuvo en cancha durante 4 minutos y 46 segundos, tiempo en el que contribuyó con una asistencia y falló su único intento de tres puntos.

Con este debut, Mateo Díaz se convirtió en el noveno hijo de un exjugador con pasado en la Selección Argentina, ya que su padre, Gabriel, formó parte de un Sudamericano y un Premundial, ambos en 1997, sumando un total de 10 partidos. Fuente: Superdeportivo

La interna del PJ entrerriano volvió a tensarse con la presentación formal que la línea Renovación Santa Elena elevó al Consejo Provincial del partido para pedir la expulsión del intendente Domingo Daniel Rossi y de la senadora provincial Patricia Teresa Díaz. El planteo replica un conflicto reciente en Concordia, donde el Consejo Departamental destituyó al titular partidario, Facundo Ruiz Díaz, por haber hecho campaña para una fuerza ajena al peronismo durante las legislativas.

En el caso de Santa Elena, el documento ingresado acusa a Rossi y Díaz de actuar “abiertamente contra el peronismo” en la campaña electoral y de utilizar recursos municipales para impulsar listas opositoras a la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, ganadora en esa ciudad el 26 de octubre. Según la presentación, ambos dirigentes habrían promovido candidaturas paralelas, colaborado políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio y utilizado un local partidario “como centro de operaciones” contra la propia estructura justicialista.

Los firmantes —Sebastián Sabo y María Evangelina Quartino— reclamaron la expulsión inmediata de los dirigentes y exigieron el retiro de la simbología peronista del local identificado con la familia Rossi. Además, pidieron que el Consejo Provincial convalide de manera expresa el triunfo de la Lista 501 y avance con rapidez para recomponer la unidad interna.

En su argumentación, el sector impulsor del pedido también recordó las causas judiciales que rozan a ambos dirigentes: una condena firme por enriquecimiento ilícito en el caso del intendente Rossi y una imputación por cuentas internacionales en la situación de la senadora Díaz.

El planteo llega en un contexto de creciente disputa interna, donde distintos espacios del PJ reclaman mayor disciplina orgánica y cuestionan maniobras electorales que consideran perjudiciales para la reconstrucción partidaria. Al mismo tiempo, la sucesión de conflictos —como el ocurrido en Concordia— expone la fragilidad institucional que atraviesa el justicialismo entrerriano tras las derrotas electorales.

En Santa Elena, referentes del sector señalan que la convivencia interna se volvió insostenible en los últimos meses y sostienen que el comportamiento de Rossi y Díaz excede una mera diferencia política, al acusarlos de afectar directamente las posibilidades del partido para competir en igualdad de condiciones.

El Consejo Provincial deberá ahora evaluar el pedido de expulsión, un trámite que podría abrir un nuevo capítulo en la disputa dentro del peronismo, que busca redefinir liderazgos en un escenario de fuerte reacomodamiento interno. Mientras tanto, la tensión se mantiene y amenaza con profundizarse de cara al calendario político de 2026.