A 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina que derrocó a Isabel Perón y hundió al país en el período más sangriento de la historia, el Gobierno publicó un video denominado “Las víctimas que quisieron esconder”.

El material fue compartido a través de la cuenta de la Casa Rosada y enfatiza: "La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.

El video, que dura 1 hora y 15 minutos y contó con la participación del equipo asesor del presidente Santiago Caputo, insiste con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como a las que sufrieron los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

MIRÁ EL VIDEO ACÁ

“En el año 2003, el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”. Así comienza el material, con una voz en off que lee una especie de introducción que apunta directamente contra el gobierno kirchnerista.

“En ese proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”, agrega el texto que antecede a las imágenes.

Hoy, 20 años después de ese fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, sólo las exacerbó, este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dándole visibilidad a la Historia Completa“, agrega la misma voz en off.

Una de las protagonistas de la pieza es Miriam Fernández, la nieta recuperada 127, que en la grabación afirma que que la sociedad creyó “un relato que no fue real” y apunta: “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”.

En el video también aparece el testimonio del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure que en 1974 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP): “Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año. Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.

El gobierno libertario mantiene desde su inicio la llamada “teoría de los dos demonios”, una perspectiva que busca equiparar el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar con el de las víctimas de las organizaciones armadas de los años setenta.

En esa línea, el presidente Javier Milei ha reiterado en varias ocasiones su desacuerdo con la cifra tradicionalmente difundida de desaparecidos durante ese periodo. Según el mandatario, “no hay registros fehacientes de que hayan sido 30 mil los desaparecidos”, y sostiene como dato concreto la cifra de 8.753 víctimas, en concordancia con el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984.

“Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, expresó el jefe de Estado en un acto por el aniversario del golpe militar el año pasado. (Fuente: Infobae)

En ese contexto se inscribe Golpe militar y dictadura en Argentina (1976–1983). Sur, paredón y después…, de Carlos Malamud (Ediciones Catarata, 2026).

El libro ofrece una reconstrucción amplia y ordenada del período. A lo largo de trece capítulos, Malamud recorre el contexto histórico, los principales actores y una diversidad de dimensiones —la economía, el fútbol, la guerra de Malvinas— que permiten comprender la complejidad del proceso. El resultado es una panorámica accesible tanto para lectores no especializados como para quienes buscan revisar críticamente interpretaciones consolidadas.

Uno de los méritos de la obra es moverse con solvencia en un terreno delicado: el cruce entre memoria, historia y usos políticos del pasado. En ese sentido, el aporte de Malamud no es solo descriptivo, sino también interpretativo: desarma lecturas simplificadoras. A continuación, me detengo en algunos.

La influencia externa. La revolución cubana pesaba en los imaginarios de la época y funcionó como referencia para algunos grupos armados argentinos. En ese marco, el golpe debe inscribirse en la lógica más amplia de la Guerra Fría. No obstante, Malamud relativiza el papel de Estados Unidos en el caso argentino, señalando que su apoyo e intervención fueron menores que en otros países de la región, como Chile. Esta lectura matiza una narrativa extendida y obliga a pensar el caso argentino también desde sus dinámicas internas.

La excepcionalidad del golpe. El del 76 fue uno más en una larga serie de interrupciones militares del orden constitucional durante el siglo XX argentino. Sin embargo, también presentó rasgos distintivos. Por un lado, la escala y sistematicidad de la violencia estatal; por otro, la intención de establecer un régimen colegiado que permitiera gestionar las tensiones internas entre las Fuerzas Armadas (a diferencia de lo que ocurrió en Chile bajo el férreo liderazgo de Pinochet).

Como señala el autor, el único acuerdo sólido en los primeros años de la dictadura fue el objetivo y los métodos de combate a las organizaciones armadas (destruirlos a cualquier precio) , que ya se encontraban en declive al momento de la interrupción constitucional.

El plan del ‘Proceso’. El golpe fue acompañado de un sentimiento mesiánico que buscaba cambiar de forma irreversible la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, junto a partidos políticos y sindicatos. Nada de eso funcionó. Divisiones internas, diferencias de visión y cálculos equivocados, y también el hecho de que los militares privilegiaran su propia supervivencia y los objetivos políticos por sobre los económicos condujo a la catástrofe de Malvinas, la crisis económica, el enorme endeudamiento del estado y, al fin, el vacío de poder que abrió una nueva oportunidad para la democracia.

La violencia. Un tema sensible es el del origen, la temporalidad y el tipo de violencia. Aquí el libro se adentra en un terreno controvertido, donde se cruzan debates históricos, jurídicos y políticos. Por un lado, persisten sectores que reivindican a organizaciones armadas como Montoneros o el ERP; por otro, han ganado visibilidad —aunque sigan siendo minoritarios— discursos que justifican la llamada “guerra antisubversiva”. Frente a estas posiciones, Malamud propone una lectura que evita tanto la idealización como la equiparación: sin héroes, pero con villanos.

El peronismo. En este punto, el libro también abre interrogantes incómodos. Entre ellos, el papel del peronismo en el inicio de la violencia paraestatal. Bajo el gobierno de Perón comenzó a actuar la Triple A, y la pregunta sobre su grado de responsabilidad –si fue una estrategia deliberada o una dinámica tolerada bajo la influencia de López Rega– sigue siendo objeto de debate (p. 48).

La democracia. Otro aspecto que destaca es la constatación de la escasa defensa de la democracia en el período previo al golpe. Lejos de ser una sorpresa, la irrupción militar era esperada. Distintos actores, incluidos sectores de las propias organizaciones armadas, anticipaban el golpe como una oportunidad para reconfigurar el escenario político. Para Montoneros y el ERP el nuevo contexto podría habilitar una “guerra civil abierta” y un salto cualitativo en la lucha revolucionaria (p. 41). Esta mirada obliga a revisar retrospectivamente la debilidad de la cultura democrática en ese momento.

La verdad y el relato. Malamud también aborda las narrativas que más controversia han generado en la Argentina contemporánea, como la “teoría de los dos demonios” y la cifra de desaparecidos. El informe Nunca Más (1984), elaborado por la CONADEP por encargo del presidente Raúl Alfonsín, reconocía tanto la violencia de las organizaciones armadas como la violencia represiva, “infinitamente peor”, ejercida por el Estado. Sin embargo, esa formulación fue pronto cuestionada por sectores que la interpretaron como una equiparación inaceptable.

Con el tiempo, estas disputas se profundizaron. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una reescritura del prólogo del Nunca Más, proponiendo un encuadre diferente: una confrontación entre proyectos de país, donde de un lado se ubicaban los “héroes” y del otro los responsables de un plan represivo vinculado a intereses más amplios. Malamud reconstruye estas tensiones sin eludir su carga política, mostrando cómo el pasado sigue siendo un campo de batalla simbólico, ahora reeditado por el gobierno de Javier Milei y su slogan de “Memoria, verdad y justicia completa”.

A cincuenta años del golpe, no hay dudas sobre un punto: “Los jefes de la dictadura más sangrienta que conoció el país tuvieron la capacidad de destruir cuanto se puso a su alcance, pero fueron incapaces de construir nada nuevo en su lugar” (p. 15). Por eso el lema de 1983 —Nunca Más— sigue vigente. Pero no como un consenso definitivo, sino como un principio que debe ser defendido, reinterpretado y, sobre todo, sostenido frente a nuevas disputas sobre el pasado y el presente. En ese terreno, la obra de Carlos Malamud ofrece una contribución valiosa: no clausura el debate, pero sí lo vuelve más exigente.

*(Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

Cartas, fotografías y documentación personal vinculadas a Cristina y Susana Marrocco Bettendorff fueron donadas al Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, que funciona en la Casa De Deken, espacio dependiente de la Dirección de Cultura.

El material fue entregado por su hermana, Julieta Marrocco Bettendorff, y reúne testimonios y registros familiares que permiten acercarse a historias personales atravesadas por la última dictadura cívico-militar en la Argentina. A través de estos documentos es posible reconstruir vínculos, trayectorias y parte de la búsqueda sostenida por quienes mantuvieron viva la memoria de las personas detenidas y desaparecidas.

El equipo del museo recibió el material y realizó las primeras tareas de clasificación y resguardo en la reserva técnica de la institución, donde quedará disponible para futuras instancias de investigación, consulta y actividades vinculadas al trabajo de memoria.

En la Casa De Deken, muchas de las piezas que integran el museo provienen de aportes realizados por vecinos. Cada donación suma documentos, objetos y relatos que ayudan a reconstruir distintos momentos de la historia local y a sostener la memoria colectiva.

La actividad comenzó al caer la tarde, con la intervención artística del repintado de los pañuelos blancos que rodean el monumento al Libertador San Martín. Mientras tanto, una radio abierta aportó música, voces y testimonios que acompañaron las distintas actividades programadas.

El punto más esperado de la jornada llegó a las 20 horas, cuando fue descubierta la nueva placa situada en el ingreso a la plaza por calle Urquiza. El memorial, que había sido inaugurado en 2019 con 21 nombres, fue actualizado para incluir a las 37 personas desaparecidas de Gualeguaychú, luego del trabajo de reconstrucción histórica realizado por el Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”.

Para las Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, organizadoras del homenaje junto a diversas agrupaciones, la actualización del monumento representó un paso imprescindible en el camino de la memoria.

Después de tantos años de investigación, las 37 víctimas de nuestra ciudad están presentes en este espacio público. Era una deuda pendiente con sus historias y con toda la comunidad.

Las 16 identidades que se incorporaron ahora habían permanecido invisibilizadas en el memorial anterior, pese a estar documentadas en investigaciones locales. La revisión detallada de archivos y testimonios permitió completar la lista, dando lugar a un gesto de reparación simbólica que fue celebrado por los presentes.

Cada 10 de diciembre se conmemora en todo el mundo la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948. Ese documento fundacional estableció por primera vez que todos los seres humanos comparten derechos esenciales e inalienables, sin excepción.

En Argentina, la fecha suma un significado propio: marca también el retorno a la democracia en 1983 y refuerza el compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia. En ese marco, la actividad de este miércoles buscó no sólo recordar el pasado reciente, sino reafirmar la importancia de sostener los valores democráticos en el presente.

Un espacio necesario

El Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, con sede en Casa de a Cultura, volvió a ser clave en la reconstrucción de las biografías que ahora figuran en la placa renovada. Su sala “Confidencial y Secreto”, junto con la muestra “Vuelta a la Democracia”, ofrecen un recorrido que interpela a las nuevas generaciones sobre la vigencia de los derechos humanos y el rol de los movimientos sociales en su defensa.

El presidente Javier Milei viajará, este lunes por la noche, hacia Oslo (Noruega) con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nóbel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado y, durante este fin de semana, finalmente confirmó su presencia con un regreso previsto para el viernes 12. La estadía en el país nórdico será corta a causa de las sesiones legislativas que comenzarán a partir del miércoles 10, donde se iniciará formalmente el período de extraordinarias en el Congreso, con el fin de debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha” motivo por el cual el comité que otorga la condecoración considera “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Actualmente, la líder de Vente Venezuela afirma que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia en la que estará presente Milei y otros mandatarios, como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los Premios desde el año 1990, y también se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales.

El miércoles 10 de diciembre a las 18 se realizará en la plaza San Martín un acto en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos y las Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú invitan a toda la comunidad a participar para mantener encendida la memoria popular.

Son 30 mil los desaparecidos y desaparecidas de la peor dictadura que atravesó la Argentina y por ello es necesario recordar para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Una de las actividades que están previstas es el repintado de los pañuelos blancos alrededor del monumento al General San Martín, los cuales desde hace años forman parte de la plaza.

Pero además, se ha previsto de una serie de actividades para acompañar a la Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú. Habrá música en vivo y la presencia de una radio. A las 20 se realizará el redescubrimiento de la placa que recuerda a las y los desaparecidos de nuestra ciudad.

Esta placa fue inaugurada en 2019, pero por aquellos tiempos sólo figuraban 21 de las 37 víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad. Esas 16 restantes se fueron reconociendo en estos últimos años. “No olvides traer la reposera y pincel o rodillo”, comunicaron desde la Asociación.

La vida de Juan Lizasuain, o Juan Moreira, como muchos lo conocieron hasta hace una década atrás, es una historia atravesada por el dolor, debido a la ausencia de un padre que fue muerto en plena dictadura militar y por el cual siente que se hizo justicia a medias.

Juan Domingo Lizasuain era un joven que tenía sus actividades laborales relacionadas al mundo del turf. En 1978 su trabajo diario era cuidar varios caballos, pero además vendía rifas y hacía cualquier otra cosa que le permitiera un rebusque. Es que para esa época ya tenía dos hijos de los cuales hacerse cargo, uno de ellos era Juan, de 6 años.

"Mi padre ya no vivía con nosotros, se había separado de mi madre, y nos visitaba tres veces a la semana", contó Juan Lizasuain, un hombre de 53 años que en 2016 se retiró del Ejército Argentino. Según la información que pudo reunir a lo largo de todos estos años, por parte de sus familiares y de lo que existe en la causa judicial, su padre Juan Domingo era un idealista que trataba de ayudar a muchas personas, con la mala suerte que tocó los intereses de policías corruptos.

"Se relacionó con algunas mujeres del barrio Munilla que ejercían la prostitución porque quería sacarlas de esa vida, les decía que no trabajaran más, su hermana lo ayudaba también con mercadería, remedios, pañales. Y con eso las fue sacando del entorno, pero lo que no sabía es que atrás de ellas había un proxeneta, que era el Jefe de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú", contó.

Su padre estaba obstruyendo un negocio muy redituable y los policías involucrados comenzaron a perseguirlo. Primero lo molestaban en la calle, lo levantaban y lo tenían dos horas demorado en la Jefatura, pero la situación cambió cuando Juan Domingo fue testigo de un crimen en la zona de la vieja estación de trenes, por donde hoy desfila el Carnaval del País, "donde estos dos agentes estaban quemando a un hombre en su rancho".

Era un 'changarín' que trabajaba en el viejo molino y nada se supo de lo ocurrido. Se informó que había muerto a causa de un incendio. "Nada podía hacer. Si la misma Justicia hacía eso, a quién iba a recurrir", contó el entrevistado, excusando a su padre que se veía impedido de lograr justicia. Así era la situación que se vivía en esa época, cuando las fuerzas de seguridad aterrorizaban, secuestraban y desaparecían personas.

A Lizasuain siguieron acosándolo, demorándolo en la Jefatura, hasta que un día amenazó a los agentes con denunciar lo que había visto si lo seguían molestando. Pero ese fue el certificado de defunción de Juan Domingo. "Los agentes le dijeron a su Jefe que tenían miedo (de que Lizasuain hablara), y como mi viejo usaba el pelo largo hasta el hombro y barba candado, lo caratulaban como Montonero. Él tenía su ideología. Se carteaba con amigos que estaban presos y si bien él no militaba, tenía su corazón. A parte se llamaba Juan Domingo", aclaró el hijo sobre el nombre peronista de su padre.

El relato del horror

Los dos policías lo ubicaron en la calle y con una mentira burda lo hicieron caminar hasta la casilla de un amigo que supuestamente estaba enfermo y pedía por él. Esta persona vivía en calle Roffo al norte, casi a la altura del Cementerio, cuando toda esa zona eran chacras.

"Tenían que pasar dos alambrados para llegar hasta el ranchito donde vivía el amigo de mi papá y cuando está por cruzar el primero, uno lo pateó en el estómago, mientras que el otro agente que le trabó los brazos. Lo golpearon en la cara provocándole una fractura de maxilar inferior. Después lo estrangularon con un alambre de púas, y para rematarlo le metieron un palo en la garganta", así es como asesinaron a Juan Domingo Lizasuain según lo relata su hijo.

En la causa se describe la misma muerte bajo otros hechos. Cuando cruzaba el alambrado, Sánchez le pegó una trompada en la mandíbula y cuando Lizasuain cayó al piso, junto a Tubías le dieron un golpe a cada lado de la cabeza con el taco del zapato, lo que seguramente le produjo la muerte, porque el informe médico considera que el fallecimiento se produjo por probable fractura en la base del cráneo.

Pero los dos agentes siguieron golpeándolo. Luego le sacaron el cinto a la víctima y con eso lo ahorcaron, tirando uno de cada lado durante unos minutos, hasta que se dieron cuenta que ya estaba muerto. Sánchez lo arrastró un poco hasta la sombra de los árboles y, mientras Tubías envolvió el cinto, Sánchez buscó un palo y se lo introdujo en la boca haciendo presión contra la garganta. Luego se fueron caminando y arrojaron el palo y el cinto en la calle Clavarino.

Son dos relatos para una misma muerte horrible. Una mujer muda habría visto lo ocurrido, o por lo menos fue la que halló el cuerpo y lo denunció en la Policía. Lo extraño del caso fue que tuvo que ir dos veces para que entendieran lo que trataba de denunciar. "Parece que esta señora después de lo que vio duró unos pocos años más, porque tuvo una muerte dudosa, como que a alguien le molestaba", indicó el hijo de la víctima.

Las condenas

Tras el crimen, los responsables fueron apartados por el Jefe de Investigaciones y enviados al control caminero sobre la Ruta 14 y el acceso oeste, que era la única entrada a Gualeguaychú por aquellos años. "A través del diario El Argentino se comenzó a informar que había sido un ajuste de cuentas entre Montoneros, como queriendo tapar el caso", explicó.

"Mi tía vino a reconocer el cuerpo, pero ya estaba cerrado el cajón y pudo identificarlo a través de una orden judicial para que abrieran el féretro. Ella habló con mi tío que estaba destinado como Sargento primero del Ejército y le contó lo que había pasado con su hermano, que la Policía lo quería hacer pasar como que lo habían matado los Montoneros. Mi tío habló con el secretario del Ministro del Interior de la Nación de ese momento y este llamó al Jefe de la Policía de Entre Ríos y le informó que lo que estaba sucediendo en Gualeguaychú, que lo ocurrido no era así como se decía y le sugirió que hiciera una investigación para que se determine cuál fue la causa de la muerte de Juan Domingo Lizasuain".

Siguiendo con el relato que brindó el hijo de la víctima, a Gualeguaychú llegó un Comisario Inspector de Gualeguay a fin de investigar lo ocurrido. Se hizo pasar como familiar y nunca se presentó como funcionario. Empezó a ahondar, iba a todos los lugares donde frecuentaba Juan Domingo. Incluso fue a hablar con las mujeres en el barrio Munilla. Buscaba en el entorno todo lo que podía rescatar. Se disfrazó de vendedor de leña, de cartonero.

Un día se hizo llevar por los dos policías al lugar del hecho y uno de ellos se quebró. En el juicio, que se desarrolló entre septiembre y octubre de 1980, fueron tres los acusados. Además de Tubías y Sánchez, la fiscal de Concepción del Uruguay, Solange Mettler, acusó al oficial de la Policía, Alejandro Antonio Mario Horacio Gómez, de 27 años, de ser el instigador de este hecho.

En la etapa instructoria, Tubías y Sánchez habían declarado que tras el incidente que habían tenido con Lizasuain, donde este los había amenazado, Gómez dio luz verde y le dijo a Tubías: "liquídenlo, porque yo tengo familia, quiero a mi mujer y a mi hijo y no me gustaría que un degenerado como este le vaya a hacer algo".

Luego, en el debate, Tubías y Sánchez señalaron que el Oficial Gómez nada tenía que ver, que lo habían involucrado falsamente a fin de embarrar la investigación al complicar en el caso a un superior. Gómez fue absuelto de su participación como instigador de homicidio simple, pero Tubías y Sánchez recibieron la pena máxima de aquellos años: fueron condenados a prisión perpetua.

Se trataba de una condena que llegaba hasta los 25 años, y a pesar de ser un número polémico en la actualidad para una pena máxima, solo permanecieron encerrados la mitad de esos años. Luis Elpidio Sánchez y José María Tubías fueron alojados en la Unidad Penal N°2 de Gualeguaychú y durante su estadía en la cárcel fueron beneficiados con una conmutación de pena y la libertad condicional. Sánchez dejó la prisión en enero de 1991 y Tubías en febrero del año siguiente.

La detención de la activista de Derechos Humanos, Martha Lía Grajales, en Caracas, derivó en una condena de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hacia el régimen de Nicolás Maduro.

“Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición”, señaló el pronunciamiento, firmado el último 9 de agosto por María Adela Antokoletz, vicepresidenta de la asociación.

La abogada colombo-venezolana y exmilitante chavista fue detenida el viernes 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana tras participar en una protesta frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas.

La manifestación, integrada en su mayoría por madres de presos políticos, buscaba denunciar la agresión sufrida días antes durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto, los llamados “colectivos chavistas”, grupos parapoliciales armados, atacaron, golpearon y robaron a las manifestantes, entre ellas la propia Grajales.

De esta forma, por primera vez, tanto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como así también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y figuras del Frente de Izquierda expresaron públicamente su repudio a la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro.

Desde su detención, Grajales permanece desaparecida. Sus familiares y defensores intentaron presentar un hábeas corpus para conocer su paradero y estado de salud, pero la justicia venezolana rechazó el recurso.

La situación de Grajales fue calificada como “terrorismo de Estado” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto marcado por la represión tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor para un tercer mandato, resultado que no fue reconocido por ninguna democracia occidental.

Estela de Carlotto entró del brazo de Adriana Metz al escenario de la Casa por la Identidad. La muchacha no dejaba de sonreír y se frotaba los brazos, como si tuviera que cerciorarse de que no estaba soñando. Había encontrado a su hermano, nacido en un campo de concentración de Bahía Blanca, después de décadas de búsqueda.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que el hallazgo del Nieto 140 era un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias que marca un gobierno que busca arrasar con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Una vez más, la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo ese país que iluminó al mundo en el camino de la memoria. Luchemos para que la verdad no se apague”, reclamó Carlotto.

El auditorio de la Casa por la Identidad, ubicado en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), estaba repleto. Lorena Battistiol Colayago, que busca a su hermano o hermana, repartía unas paletas con unos mensajes: “los hermanos sean unidos”, “tarda en llegar” y “vivan las abuelas”.

Los nietos que llegaron más temprano a la cita las fueron agarrando. Estaban Victoria Montenegro, Guillermo Pérez Roisinblit, Andrés La Blunda, Guillermo Amarilla Molfino, Pedro Nadal García, Belén Altamiranda Taranto y Horacio Pietragalla Corti, entre otros. Cuando comenzó la conferencia de prensa, todos y todas se agruparon alrededor de Estela de Carlotto, Adriana Metz y Manuel Goncalves Granada.

“Están los nietos que nos ayudan a seguir”, los saludó la presidenta de Abuelas. “A esta edad que yo tengo. Soy viejísima. Noventa y pico de años”, dijo Estela mientras despertaba carcajadas y aplausos.

A su derecha estaba Adriana, que no dejaba de sonreír. “Siempre sensible, inquieta y risueña, con su habilidad de tejedora, Adriana fue construyendo una red que la cobija y que hoy también abraza a su hermano”, celebró la presidenta de Abuelas.

Una familia diezmada

Adriana Metz buscó desde que tiene conciencia a su hermano. Ambos son hijos de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrados en diciembre de 1976 en Cutral-Có, provincia de Neuquén.

Graciela –o “Peti” como la llamaban familiares y amigos– nació el 21 de agosto de 1952. Estudió economía hasta que se casó con Raúl. Él había nacido el 24 de agosto de 1953 en Bahía Blanca. Tenía un hermano gemelo; por eso, se había ganado el apodo de “Melli”. Los dos hermanos tenían militancia política y terminaron presos durante la dictadura de la Revolución Argentina en la cárcel de Bahía Blanca y en el penal de Devoto. Al tiempo, Raúl conoció a Graciela. Ambos se sumaron al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Raúl trabajaba en el ferrocarril, como su papá y su hermano. Después de sufrir un intento de secuestro, se fue a buscar suerte a Cutral-Có. Consiguió un trabajo en una empresa constructora y tras él fueron Graciela y Adriana, que había nacido en octubre de 1975.

El 16 de diciembre de 1977, un grupo de tareas integrado por el Ejército y la policía de Neuquén irrumpió en la casa en la que vivía la pareja con su hijita de un año y unos pocos días. Se llevaron a Rául y a Graciela, que cursaba un embarazo de cinco meses.

Los represores dejaron a Adriana con un vecino. “Tomá, criala como si fuera tuya. No abras más la boca”, le aconsejaron. El hombre, por el contrario, contactó a la familia. Los abuelos Oscar y Elsa fueron a buscarla a Neuquén y la llevaron a Bahía Blanca para que creciera con ellos.

Raúl y Graciela permanecieron cautivos inicialmente en La Escuelita de Neuquén y después fueron trasladados hasta La Escuelita de Bahía Blanca. De él se perdió el rastro en enero de 1977, según se reconstruyó en los juicios que se sustanciaron por la represión en el V Cuerpo de Ejército.

Dos meses antes de que Graciela diera a luz, un médico la revisó en el campo de concentración y les dijo a los represores que deberían dejarla caminar. En abril de 1977, hubo revuelo en La Escuelita: se aproximaba el parto de Graciela. Entonces, no llamaron a médico alguno para que la asistiera.

Graciela pudo permanecer con su hijo unos pocos días. En una oportunidad, Graciela se cruzó con otra secuestrada, Alicia Partnoy, en un baño y pudo decirle que había tenido un varón. Alicia escuchó que uno de los interrogadores se había llevado al niño.

El 4 de diciembre de 1981, Alicia –que había logrado sobrevivir y exiliarse en los Estados Unidos– envió una carta manuscrita a la casa de los abuelos Metz para contarles que su nieto había nacido el 17 de abril de 1977. Oscar leyó la nota en voz alta. Sin que él lo supiera, Adriana escuchó también. Así se enteró de que su hermano había nacido.

El encuentro

El dato llegó a través de una denuncia anónima. Abuelas investigó y pasó la información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). También intervino la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

En abril, la Conadi contactó al hombre de 48 años, que había sido criado como hijo único por dos civiles. Él aceptó testearse en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para comprobar si era hijo de detenidos-desaparecidos. El procedimiento se hizo a pesar de que tanto la Conadi como el BNDG están siendo desmantelados por el Gobierno de Javier Milei.

El viernes, la Conadi le informó al BNDG los resultados de los análisis. Ese mismo día, Manuel Goncalves Granada –nieto, secretario de Abuelas e integrante de la Conadi– llamó al Nieto 140 para darle la noticia. Charlaron durante una hora y media.

Recién al día siguiente, Goncalves fue al encuentro de Adriana para darle la noticia. Ella reía y lloraba. Flotaba en el aire como una libélula. Así se describió en la conferencia de prensa.

“Gracias a las Abuelas por enseñarnos que la búsqueda es colectiva y que tenemos que continuar por los 300 nietos que nos faltan a todos”. Antes de dejar el auditorio, Estela pidió que se derogue el decreto 351/2025 a través del cual Milei le sacó autonomía y autarquía al BNDG.

Una alegría colectiva

Daniel Santucho Navajas estaba dando una charla en una escuela de Mármol cuando recibió el mensaje de que había aparecido el Nieto 140. No dudó. Tomó tren, subte, tren y llegó hasta la exESMA, donde se encontró con su hermano Miguel “Tano” Santucho –que hace casi dos años experimentó la misma alegría que Adriana.

Ramón Inama se acercó hasta la Casa por la Identidad con su hermana Paula, la Nieta 139, que en enero restituyó su identidad. Victoria Montenegro andaba de un lado para otro. “En tiempos donde más de uno quiere abandonar la lucha, las Abuelas nos demuestran que si hay organización y conciencia todo es posible –inclusive hacer nacer a la vida a un hombre de 48 años”, dijo.

“Adriana es una gran persona, que dedicó su vida a buscar a su hermano, y lo encontró. Pero él no solo encontró a una hermana: encontró a la mejor que podía tener. Una mujer llena de amor, esperanza, perseverancia y una fortaleza que conmueve”, se emocionó Guillermo Pérez Roisinblit.

El Nieto 140 no estuvo durante la conferencia de prensa. Pero, al rato, fue al encuentro de su hermana. Otros compañeros de Abuelas que presenciaron el encuentro rompieron en llanto. “Aún estoy con él”, se apuró a contestar Adriana por WhatsApp cerca de las nueve de la noche. Demasiada historia para ser transmitida. Y demasiado amor para reparar tanto sufrimiento. (Luciana Bertoia / Página12)

La organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo anunció este lunes que encontraron al nieto 140, que será presentado esta tarde en conferencia de prensa en el auditorio de la Casa por la Identidad, en el Espacio de Memoria exESMA, sobre la Avenida Libertador 8151, desde las 14.

"Bienvenido Nieto 140. La identidad siempre florece", expresaron este lunes desde Abuelas al anunciar la conferencia de prensa.

‼️ ¡ENCONTRAMOS al nieto 140!

?Convocamos a los medios a una conferencia de prensa para dar detalles sobre la feliz noticia.

?Hoy, a las 14 hs, en el auditorio de la Casa por la Identidad @espacio_memoria Av. Libertador 8151

? Los y las esperamos.https://t.co/KNDDLzmrKp pic.twitter.com/30UVeTYVrq

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) July 7, 2025 Es el segundo nieto que se anuncia en lo que va del 2025. El primer caso del año, el 139, había sido una mujer que nació en 1978, hija de Noemí Macedo y Daniel Inama, ambos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

A fines de 2024, se presentó al nieto 138, hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, que fueron secuestrados el 10 de diciembre de 1976 y trasladados a la ESMA. Marta estaba embarazada de casi 9 meses y a los pocos días nació su bebé.

Frigerio: “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, volvió a respaldar con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper) y la creación de una nueva entidad, la OSER, que reemplazará al organismo actual si el Senado aprueba la ley impulsada por el Ejecutivo. En declaraciones a medios provinciales, Frigerio fue categórico: “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”.

El mandatario apuntó directamente a lo que calificó como “una estructura capturada por intereses corporativos” y denunció la existencia de una “industria del juicio” generada desde dentro del Iosper, en perjuicio de los recursos del sistema de salud. Además, sostuvo que el manejo del instituto durante años fue parte de un reparto de poder sindical: “La obra social fue utilizada como un botín de guerra por sectores que no representan a los trabajadores, sino a sus propios intereses”, lanzó.

En ese marco, afirmó que el Gobierno presentó documentación ante la Justicia que daría cuenta de presuntas irregularidades administrativas y financieras. Aunque aclaró que no es competencia del Ejecutivo avanzar con acusaciones penales, insistió en que “es el Ministerio Público Fiscal el que debe investigar”.

Frigerio también abordó aspectos simbólicos del cambio que propone: “Queremos dejar atrás una denominación impuesta por la dictadura de Alejandro Lanusse. El nuevo nombre, OSER, representa a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores del Estado”. En ese sentido, consideró que cambiar la sigla Iosper no es solo un acto administrativo, sino un mensaje político claro hacia una transformación más profunda.

Consultado sobre la posibilidad de que Mariano Gallegos, actual interventor del Iosper, continúe al frente de la nueva entidad, Frigerio respondió que le gustaría que se mantenga en la gestión, aunque aún no dialogaron sobre el tema.

Respecto al debate que generó el proyecto, el gobernador reconoció que “subestimó” la resistencia de ciertos sectores y admitió que en un eventual replanteo, hubiera sido más claro en algunos puntos. “Estamos poniendo en la ley cosas elementales que ni siquiera estaban en la anterior norma, como que no se va a privatizar ni tercerizar, y que seguirá siendo solidaria. Son cuestiones obvias, pero la acción de quienes quieren mantener privilegios nos obligó a explicitar lo evidente”, aseguró.

Con un discurso cargado de definiciones políticas, Frigerio reforzó el rumbo de su gestión frente a un tema sensible que tensiona al oficialismo con parte del sindicalismo y del peronismo entrerriano. A pocos días de que el Senado debata la ley, el mandatario dejó claro que no dará marcha atrás: “No me van a amedrentar jamás”, concluyó.

Trasladaron a Astiz y otros represores a una cárcel con privilegios. Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron trasladados desde Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo por orden del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra Patricia Bullrich. La medida, ejecutada de forma sorpresiva y nocturna, fue cuestionada por organismos de derechos humanos, que denuncian condiciones de reclusión privilegiadas: celdas individuales, actividades recreativas, clases de teatro, canchas de tenis y talleres de stretching, entre otros beneficios.

El SPF justificó el traslado en la sobrepoblación carcelaria y la necesidad de liberar plazas para mujeres privadas de libertad. La decisión fue comunicada en abril a los tribunales, y en los últimos días se efectivizó con celeridad, incluso sin la antelación que se había prometido a familiares de los detenidos.

Entre los trasladados figuran nueve represores que actuaron en la ESMA —entre ellos, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda y Antonio Pernías—, y otros condenados por los crímenes cometidos en el circuito ABO. También fue derivado Manuel Cordero Piacentini, militar uruguayo implicado en el Plan Cóndor, y Marcelo Cinto Courtaux, vinculado a la represión contra la Contraofensiva montonera. Su hijo homónimo es actual funcionario del Senado cercano a Victoria Villarruel.

La cárcel de Campo de Mayo había sido clausurada en 2013 tras la fuga de dos represores. Fue reactivada durante el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente aloja a medio centenar de detenidos por crímenes de la dictadura, y puede albergar hasta 115. Informes oficiales describen condiciones muy superiores a las de cualquier otra unidad penitenciaria común.

Los organismos de derechos humanos, nucleados en la mesa nacional, expresaron su repudio: “Las penas por delitos aberrantes deben cumplirse en cárceles comunes. No puede haber privilegios para quienes cometieron crímenes de Estado”.

La agrupación H.I.J.O.S Capital también manifestó su rechazo: “No buscamos venganza, pero sí justicia. Este traslado no resuelve la crisis del sistema penitenciario y representa una afrenta a la memoria y a los derechos humanos”.

El traslado fue autorizado por varios tribunales orales que juzgaron a los represores, aunque algunos expresaron reparos. La Cámara de Casación, en fallo reciente, ratificó la vigencia plena de las condenas y rechazó beneficios domiciliarios por considerar que violarían los principios internacionales de justicia.

La movida generó un fuerte repudio político y social, y refuerza las acusaciones de un intento del Gobierno de Bullrich por beneficiar a los condenados por el terrorismo de Estado bajo la excusa de reorganizar el sistema penitenciario.

Desde el Nodo Gualeguaychú de la Red por el Derecho a la Identidad se organizó para este sábado 26 de abril la presentación del libro “Los nietos te cuentan cómo fue. Historias de identidad”, de Mariana Zaffaroni Islas y Analía Argento, con ilustraciones de Sabrina Gullino Valenzuela Negro.

Este libro nos relata cómo fue la recuperación de la identidad de 13 nietos y nietas, en el marco de la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo emprendieron hace 46 años. Busca dar a conocer esas semblanzas con la premisa de que es "el primer paso para encontrar a los que faltan".

Es una investigación que reúne las experiencias de 13 hijos de desaparecidos que fueron apropiados y recuperados tras la última dictadura militar. Contadas para jóvenes y adolescentes, que incluye la historia de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que fue abandonada por Daniel Amelong y es quien dibuja este libro.

Pensado para hablarles a jóvenes y adolescentes, Mariana Zaffaroni Islas ―que cuando estuvo apropiada se llamó Daniela― y Analía Argento, periodista con familiares desaparecidos, escriben la mitad de los capítulos en el que reúnen las experiencias de 13 nietos y nietas recuperados y que pudieron conocer su identidad. Ellos, de distintas maneras, fueron esos bebés nacidos en maternidades clandestinas o chicos secuestrados junto a sus padres.

Las ilustraciones son de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, también nieta restituida, nacida en cautiverio, que supo en 2008 que es hija de desaparecidos. Su caso cobró relevancia a partir de las declaraciones de Victoria Villarruel, cuando era candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, cuando mencionó a Daniel Amelong, el militar que abandonó a Sabrina en un hogar de huérfanos de Rosario. Todavía busca a su mellizo, que está vivo. Sabrina, en este libro, no solo es ilustradora, también es testimonio.

Malvinas: el plan para concluir la identificación de los soldados enterrados en las islas. A 43 años de la Guerra de Malvinas, aún resta identificar los restos de al menos cinco soldados argentinos que murieron en las Islas. Excombatientes y especialistas explican qué tumbas quedan por analizar y de qué se ocupará la nueva fase del plan humanitario. Cómo fue el proceso de identificación de la fase 1 y 2 y la importancia del trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja junto al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Este 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, fecha en la que las tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago. Tras 74 días de combate, 649 soldados argentinos murieron en combate. Pero al finalizar el conflicto bélico, el silencio indigno de la dictadura militar cubrió el destino de los caídos. Ante la negativa argentina de "repatriar" al continente a los soldados muertos en combate —no había forma de hacerlo porque ya estaban en suelo argentino —, Gran Bretaña decidió darles un nuevo lugar en las islas, tras un pedido de los isleños.

Esta tarea se le encomendó a Geoffrey Cardozo, un oficial británico que llevó a cabo un trabajo meticuloso: exhumó cada cuerpo argentino, lo cubrió con bolsas plásticas para su conservación y los inhumó con sus pertenencias —anillos, fotos, trozos de uniforme—. En cada tumba, dejó una nota detallando marcas, cicatrices, contextura, rasgos y todo aquello que sirviese para su identificación futura. Seis meses después, Gran Bretaña inauguró el Cementerio Argentino de Darwin. En total, se enterraron 237 cuerpos: 126 sin identificación y –muchos de ellos– en tumbas colectivas.

Cómo es el cementerio de Darwin

El cementerio fue creado en un lugar alejado y caprichosamente elegido por los británicos para esconderlo bajo la alfombra del disimulo. A 89 kilómetros de Puerto Argentino y a 7 de Pradera del Ganso, se lo ve a lo lejos como una mancha blanca que resalta entre tanto gris y que rompe con la monotonía de un paisaje dominado por la turba malvinera, el viento y los rebaños de ovejas.

Solo se accede en camionetas por un camino descuidado y rodeado de horizontes que todavía guardan en su memoria los sonidos de la guerra. A pesar de las dificultades para llegar, desde su inauguración recibe a cientos de argentinos que todos los meses les rinden homenaje a sus héroes con rosarios, retratos y banderas celestes y blancas.

Con el tiempo, se convirtió en lugar sagrado que vive como un monumento al valor de los argentinos y al amor por su país. Por eso es habitual que los isleños vigilen celosamente a quienes lo visitan para denunciar cualquier manifestacion de argentinidad.

El plan de identificación de los caídos

En 2008, durante un encuentro de excombatientes argentinos en Londres, Geoffrey Cardozo ofició como traductor de Julio Aro, quien durante la guerra formó parte del Regimiento 6 de Mercedes. La última noche, en la intimidad de una conversación dentro de un taxi, Cardozo le contó que los registros de los cuerpos de los soldados caídos no estaban en archivos olvidados ni en manos ajenas: los tenía el Estado argentino, que nunca los entregó a las familias.

Antes de despedirse, el excombatiente argentino recibió un sobre de papel madera, pesado no por su tamaño, sino por lo que contenía. “Sabrás qué hacer con esto”, le dijo Cardozo, según reconstruyó la periodista Leila Guerriero en su libro La otra guerra (Anagrama, 2021). "Me partió el alma saber que esos eran mis compañeros y que muchos estaban en tumbas que decían ‘Soldado argentino sólo conocido por Dios’", asegura emocionado a Página|12 Julio Aro. “Me generó impotencia saber que ese informe se había entregado mucho tiempo atrás”, agrega.

De regreso en el país, el excombatiente argentino tradujo la información y, entre los datos, encontró un número de DNI junto a un cuerpo sin identificar. Lo chequeó en el padrón y obtuvo un nombre: Gabino Ruíz Díaz. Tras visitar a su familia, este soldado dejó de ser un desconocido y, por primera vez, una madre supo con certeza dónde estaba enterrado su hijo. El obsesivo informe de Cardozo y el trabajo de Aro comenzaban a dar sus primeros frutos.

El acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña

“El caso de Ruiz Díaz impulsó una serie de viajes que hice con Gabriela Cociffi -ex directora de Revista Gente e Infobae– en busca de las historias de las familias de los caídos”, dice Aro, que hoy preside la fundación “No me olvides”. Este camino de la identificación avanzó en 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó formalmente la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El acuerdo entre Argentina y el Reino Unido no se firmó hasta diciembre de 2016.

“La acción humanitaria necesitaba el compromiso de todas las partes, que debían dejar de lado los conflictos ideológicos y burocráticos en pos de reconocer los cuerpos”, relata casi una década más tarde Virginia Urquizu, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en una entrevista con Página|12. La organización –reconocida mundialmente por su trabajo para identificar a víctimas de la dictadura militar– recolectó más de 370 muestras en un banco de datos, que fueron enviadas a un laboratorio para obtener un perfil genético. “El informe de Cardozo fue tremendamente detallado y permitió avanzar en la investigación forense preliminar”, cuenta Urquizu.

La tarea no fue sencilla. A la dificultad económica de localizar a cada familia, se sumó la oposición férrea de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Temían que aquel plan humanitario fuera, en el fondo, un pretexto para retirar los cuerpos de las islas, situación que generaría “un festival de huesos”. “Les inventaron historias a las familias para que no den las muestras”, asegura Aro. “Había una incertidumbre generalizada –agrega la antropóloga– que no colaboraba en el proceso, que por su comienzo tardío siempre iba a contrarreloj”. A pesar de las trabas, en seis años –y tras dos fases del Plan– se lograron identificar 121 cuerpos.

Para muchas familias significó el fin de lo que parecía un eterno luto. El trabajo realizado por el EAAF –junto al CICR, Aro y Cardozo– permitió que los soldados argentinos pasaran de ser una coordenada a tener nuevamente un nombre. Ese acto de justicia trajo consigo algo de paz. Aunque el proceso no está exento de dolor: las muestras de ADN que dieron negativo dejaron a algunas familias esperando una respuesta que parece no llegar nunca: “Tuvimos que entregar informes de exclusión, que implica que sus familiares no se encuentran dentro de los cuerpos exhumados en Darwin”, explica la integrante del equipo de antropología.

Una nueva fase de búsqueda e identificación

Tras las primeras etapas del plan, quedan cinco soldados que no pudieron ser identificados. De los aún nombrados con la frase insignia “sólo conocido por Dios” en las cruces que se erigen sobre sus tumbas, hay uno de que ya está identificado, pero, por decisión de parte de su familia, no se puso su apellido en la placa. “En el resto de los casos –explica Virginia Urquizi– no hay voluntad de las familias para dar las muestras o ya no quedan descendientes vivos para realizarlas”.

En septiembre de 2024, la entonces Canciller Diana Mondino confirmó un acuerdo con Gran Bretaña para comenzar con el Plan de Proyecto Humanitario 3. Esta etapa prevé la exhumación de la tumba B-416, que lleva el nombre de todos los tripulantes del LearJet 35 T-24, avión derribado el 7 de junio de 1982: Juan José Falconier, Guido Marizza, Marcelo Lotufo, Francisco Luna y Rodolfo de la Colina. Informes de antropología estiman que no todos los cuerpos se encuentran allí, por lo que se compararán esos restos con otros encontrados en la Isla Borbón.

Especialistas estudian también la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, que incluirían drones y aparatos que detectan movimientos del suelo. Pero, a pesar de los anuncios y las promesas de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, el proyecto sigue sin concretarse: “Estamos a la espera de los acuerdos diplomáticos porque es un trabajo perfectamente realizable desde lo técnico”, anticipa Urquizu.

En tanto, desde la Cruz Roja son cautos y explican que la fase 3 del Plan Humanitario aún no se ha puesto en marcha. "Son las partes quienes deben definir los próximos pasos", respondieron ante la consulta de este diario, y aclararon que se encuentran "a disposición de los gobiernos de Argentina y del Reino Unido para apoyar esta labor".

Así, los 237 caídos que se encuentran en el Cementerio Militar Argentino de Darwin podrían tener finalmente una placa con su nombre “No voy a bajar los brazos hasta lograrlo”, dice Aro, quien no descarta futuros rastrillajes. Es que –según afirma a este diario– “no existe una cifra exacta de muertos”: se estima que hubo 649 soldados caídos, 237 de ellos enterrados en Darwin. De la cifra restante, hay 323 tripulantes del ARA General Belgrano, hundido el 2 de mayo de 1982 por las tropas británicas. “Con encontrar restos pequeños de un soldado ya se puede trabajar y cerrar la herida de muchas familias”, confía.

Cuarenta y tres años después, el proceso de sanación está lejos de terminar. Aún quedan soldados por ser identificados, aunque la promesa de justicia y reparación persiste. Julio Aro concluye: "Mis amigos serán inmortales mientras haya argentinos que se acuerden de ellos". La guerra no terminó, por lo menos mientras no haya paz completa para todos. (Pagina12)

En el marco de la Semana de la Memoria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos y el Archivo General de la Provincia llevan adelante la muestra fotográfica “La Casa sin Palabras”, conformada por imágenes del recinto de sesiones y otras dependencias de la Legislatura durante la última dictadura. El público en general puede visitarla en la sede del Archivo (Alameda de la Federación 222) de 7.30 a 12.30, hasta el lunes 31.

Este miércoles se realizó la inauguración de la exposición, con la presencia de la diputada Noelia Taborda; el director general de Museos y Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Provincia, Carlos Iriarte, y la coordinadora del Archivo, Silvina Pérez, entre otras autoridades.

“Estas fotos ponen en evidencia que durante la dictadura militar, cuando la Legislatura no tenía participación política, había quedado en silencio y era utilizada como salón de reuniones”, indicó Pérez. Es así que en las imágenes se ven, en el recinto, encuentros de los gobernantes de facto con integrantes de las fuerzas armadas, la iglesia católica y otros sectores.

“Esta muestra es muy importante porque queremos mostrar la historia, como lo hacemos cada 24 de marzo”, sostuvo la diputada Taborda.

“Tenemos que conocer lo que le pasó a la Legislatura, cómo se vivió en ese tiempo esta casa sin voz, porque los representantes del pueblo entrerriano somos quienes le ponemos palabra a los ciudadanos en las sesiones”, enfatizó la legisladora.

Por otro lado, la coordinadora del Archivo General de la Provincia recordó que la dictadura “violó la Constitución y cercenó todo tipo de derechos de las personas”.

Esta muestra fue realizada por Flavia Williman Assen, coordinadora del área de Capacitación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y Federico García, responsable de fototeca del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, quienes también estuvieron presentes en la inauguración. (Fuente: APFDigital)

Julio Héctor "El Turco Julián" Simón, exintegrante de la Policía Federal Argentina, falleció este martes a los 84 años mientras cumplía condena tras haber sido sentenciado tres veces por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El exrepresor cumplía pena en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo, y hace dos semanas la Justicia había rechazado un pedido de prisión domiciliaria.

Durante la última dictadura cívico-miliar, Simón estuvo al mando de grupos de tareas encargados de secuestro de personas entre 1976 y 1983. En 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires lo condenó por su participación en el secuestro, tortura y desaparición de 181 personas en el marco del circuito conocido como "ABO" conformado por los centros clandestinos de Detención "El Atlético", "Banco" y "El Olimpo".

Nacido el 12 de agosto de 1940, el expolicía también fue colaborador del Batallón de Inteligencia 601. Tras la asunción de Raúl Alfonsín a la Presidencia de la Nación en el marco del regreso de la democracia, viajó a Brasil y permaneció en ese país, donde trabajó como vigilador y guardaespaldas de forma privada. Regresó a la Argentina cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 1986 y 1987.

En 2001 el juzgado federal que investigaba la apropiación, retención y ocultamiento de Claudia Victoria Poblete procesó a Simón y a Juan Antonio Del Cerro y declaró la inconstitucionalidad de dichas leyes, que fue confirmado por el tribunal de alzada. El fallo “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad” fue el primero que llevó a la Corte Suprema a declarar inconstitucionales las normas de Punto Final y Obediencia Debida.

En 2005, fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal a 25 años de prisión, por la “detención ilegal y torturas” a José Poblete y Gertrudis Hlaczik y por la “ocultación” de su hija, que en ese entonces era una beba de ocho meses. Años después, fue sentenciado a 23 años de prisión en la causa ‘Batallón 601’, por “secuestros, torturas y desaparición forzada” de personas, entre los años 1979 y 1980.

Según varios testigos, "el Turco Julián" portaba cruces esvásticas y se ufanaba de su antisemitismo mientras torturaba a víctimas de religión judía. Según declaró en el juicio el director de cine Jorge Augusto Taglioni, que fue secuestrado junto a su mujer embarazada en 1978 y estuvo detenido con Poblete, se colocaba una "banderita nazi" como brazalete y mostraba mayor ensañamiento en las torturas a los detenidos judíos en "El Olimpo".

Este centro de detención clandestino estaba a cargo de grupos de tareas conformados por miembros de distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad y formaba un circuito represivo junto a "El Club Atlético", que funcionó en los sótanos de la División Suministros de la PFA, y "El Banco", un predio situado a 200 metros de la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura, en el partido bonaerense de La Matanza.

El rechazo a su prisión domiciliaria

Dos semanas atrás, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad un pedido de la defensa de Simón para que cumpliera su pena a través de la prisión domiciliaria debido a su edad y "graves complicaciones" en su estado de salud. El abogado del ex policía sostuvo que no estaba "en condiciones de continuar alojado en una unidad carcelaria, por lo que su actual detención significa un trato cruel, inhumano y degradante”.

Según explicó, padecía "diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria (by pass), dislipidemia, hipertensión arterial, prostatismo, disminución de la agudeza visual, hipoacusia bilateral, hernia inguinal bilateral no complicada y deterioro cognitivo moderado-severo”.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos resolvieron por unanimidad rechazar el recurso al expresar que Simón necesitaba de cuidados permanentes, los que se estaban prestando en la Unidad en la que se encontraba alojado, ya que al ex agente “nadie de su familia lo visitaba y lo habían abandonado completamente”.

“Julio Héctor Simón, al momento del examen, se encuentra clínicamente compensado con buen estado de salud aparente, sin evidencias clínicas de patologías físicas crónicas en evolución”, añadió en la decisión el juez Hornos, que agregó que desde el punto de vista clínico esto no encuadraba dentro de las previsiones de la prisión domiciliaria.

Luego, sumó: “Es preciso también señalar que el acusado fue condenado a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor de los delitos de homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber mediado violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, los que concurren materialmente entre sí”.

“Estos hechos fueron encuadrados como delitos de lesa humanidad, por lo que resulta razonable, a la hora de analizar la procedencia de un beneficio como el aquí solicitado, valorar la gravedad de los sucesos involucrados”, completó el camarista en el fallo. (Fuente: Perfil)

“El gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según explicó, la medida busca dar cumplimiento al decreto 4/2010, que había sido aprobado pero nunca implementado. Como parte de esta decisión, los archivos de la SIDE serán transferidos al Archivo General de la Nación para su resguardo y consulta pública.

"Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta", reclamó. Para la administración libertaria, "estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra", por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán "a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política".

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"Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación", narró el vocero, y agregó: "La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia".

Por su parte, aclaró: "En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad".

El anuncio llega mientras las organizaciones de izquierda y otras agrupaciones políticas alistan sus columnas de militantes para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo, publicó Ámbito.

El comunicado

La Oficina del Presidente destaca la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, haciendo un llamado a la reflexión en busca de la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970.

El reconocimiento pleno de nuestro pasado y la libertad para debatirlo son condiciones esenciales para cerrar heridas y construir un futuro donde la historia sea historia y no un relato político partidario.

En este sentido, el Gobierno Nacional ha alcanzado un acuerdo de solución amistosa con la familia del Capitán Humberto Viola, fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista en la Argentina mediante la lucha armada.

Cabe recordar que, en 2022, la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible. En contraste, el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno. Como parte de este acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.

Asimismo, en línea con el objetivo de garantizar una conmemoración basada en la transparencia y la libertad de expresión, el Presidente de la Nación ha ordenado la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983.

Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad.

En una fecha como esta, los argentinos debemos valorar la paz alcanzada en democracia y reafirmar nuestro compromiso con la memoria completa, sin omisiones ni distorsiones políticas.

A cuarenta y nueve años del golpe de estado del 24 de Marzo de 1976, una importante columna de manifestantes se reunió en 25 de Mayo y Rocamora, para luego marchar por el centro de Gualeguaychú.

Con bombos, pancartas y carteles de los 37 detenidos desaparecidos de Gualeguaychú, la consigna fue unánime: “Fueron 30 mil; fue un genocidio”.

La asociación Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones sociales y sindicales de Gualeguaychú convocaron a marchar en un clima de negacionismo; un discurso instalado y sostenido desde el gobierno nacional, al que se alineó rápidamente el gobierno local.

Luego de la lectura del documento se vivió un momento de extrema emoción: hombres y mujeres del Grupo de teatro Tablas, protagonizaron una pieza artística con actuaciones que se robaron lágrimas y aplausos.

“Nos reunimos aquí en esta plaza histórica a cuarenta y nueve años del golpe de estado que inauguró una dictadura asesina de las Fuerzas Armadas con el apoyo de sectores civiles del poder económico, financiero y de parte de la Iglesia. Esta Dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 organizó y concretó la desaparición forzada y el asesinato de miles de argentinos y argentinas; cometió crímenes atroces e impuso el terror y la tortura a través de más de seiscientos centros clandestinos de detención distribuidos a lo largo de todo el país”, comenzaron a leer los oradores que dieron a conocer el documento local.

Además, sostuvieron que “se trata de crímenes probados en tribunales nacionales e internacionales. La Dictadura genocida habilitó el robo sistemático de bebés. Sí, eso hicieron: mujeres que fueron secuestradas junto a sus pequeños hijos e hijas; que fueron asesinadas y dieron a luz en centros clandestinos. Sufrieron el robo de sus niños y niñas: muchos fueron entregados discrecionalmente y vieron así trastocada su identidad configurando crímenes que perduran y desgarran hasta hoy. Las abuelas de Plaza de Mayo encontraron a 139 nietos y nietas, y de esta forma hacen posible que la verdad aflore y haga evidente la gravedad y las implicancias de estos crímenes. Aún faltan encontrar más de 300 nietos y nietas, y entre estos están los hijos de Blanca Angerosa y de Marta Bugnone dos gualeguaychenses que estaban embarazadas cuando fueron secuestradas y permanecen desaparecidas. Los seguiremos buscando siempre”.

Nos faltan 37 gualeguaychuenses

Con una plaza colmada y en un clima de mucha emoción, se escuchó una cifra que todavía duele: “La dictadura marcó profundamente la vida de nuestra ciudad. Porque nos faltan 37 gualeguaychenses desaparecidos o asesinados entre 1976 y 1983. Y aquí en Gualeguaychú también hubo un golpe de estado.

Persecuciones, torturas, secuestros, y centros clandestinos de detención. El Regimiento, la Jefatura de policía, y una quinta privada próxima al Aeroclub. También la ex Unidad Penal número 2, que hoy es un espacio de Memoria abierto a la comunidad, fue testigo del encierro de cientos de militantes políticos de toda Argentina que pagaron con la cárcel su lucha y resistencia por una Patria para todos y para todas”.

“Tenemos que decir -como siempre lo hacemos- que la represión y la muerte fueron parte de un proyecto mayor de transformación de la sociedad argentina un proyecto que necesitó del terror para implantar un modelo de exclusión. Vale recordar, la tablita cambiaria, bonos, deuda, fuga, apertura comercial, desindustrialización, concentración de la riqueza, y desocupación. Suena conocido, ¿no? Sí. Porque el mismo proyecto la misma oligarquía es la de ayer y la de hoy con Martínez de Hoz, Menem, Macri, y Milei. Todos exactamente por los mismos objetivos: Saqueo, entrega, explotación, y hambre. Hoy no vivimos en dictadura. Porque este gobierno fue elegido por el pueblo argentino. Pero eso no implica que no podamos ser claros. Estamos viviendo bajo un gobierno autoritario que explícitamente toma decisiones para los intereses nacionales y de las grandes mayorías. Un gobierno que con un topo dentro del Estado se dedica a desmantelar políticas públicas que resultaron de la experiencia histórica del pueblo por garantizar su acceso a la salud, la atención, y suministro de medicamentos, la educación, el empleo, la asistencia social, y el cuidado ambiental”, exclamaron ante el aplauso de los presentes.

Denunciaron además que “se desarticulan así también organismos básicos de salud social. Servicio Meteorológico Nacional, Control del Fuego, Plan Nacional de Vacunación, Secretaría de la Vivienda, Ciencia y Tecnología, por nombrar algunos. Hablamos de un gobierno autoritario porque reprime toda manifestación y protesta social. Porque apalea impunemente y sin piedad a los jubilados y jubiladas y a los trabajadores y trabajadoras. Esto se completa con tarifazos, despidos, y baja de salarios. Robar a los pobres para darle a los ricos, esa es la máxima de Milei. Un gobierno nacional que desmantela la Secretaría de Derechos Humanos y vacía sitios de memoria poniendo en riesgo las marcas fundamentales que son testimonios del horror. Un gobierno que le roba los fondos a las provincias con el apoyo de gran parte de los gobernadores, entre ellos el de la nuestra, que no hace ni una obra pública y que toma deuda externa por decreto. Estamos frente a un gobierno que cínicamente celebra los despidos y se desentiende de la suerte de las familias que pierden su trabajo y su sustento”.

En otro fragmento del discurso, expresaron que “la dictadura militar necesitó definirse como la ‘salvadora de la Nación’ y fabricar un enemigo interno para implantar el terror. Así, los militantes políticos, sociales y sindicales populares revolucionarios pasaron a ser llamados delincuentes subversivos. Y en nuestro tiempo resuenan argumentos similares. Tenemos un presidente autopercibido, ‘León Salvador’, que precisa esparcir odio llamando despectivamente ‘zurdos o kukas’ a todos aquellos que cuestionamos sus políticas y que llama a terroristas a todo lo que protestan”.

Silbidos y abucheos para el gobierno local

Los oradores expresaron que “a tono con los discursos negacionistas y revisionistas de la dictadura genocida que proliferan desde las más altas esferas estatales (de la mano con la censura de artistas populares), se renuevan así argumentos que pretenden relativizar los crímenes perpetrados por el Estado. Y el negacionismo decanta también hacia el ámbito local. En Gualeguaychú, el intendente municipal, admirador de Milei, ordena tapar murales, cerrar el Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte, al cual le corresponde la Casa de la Estación. Y no nos confundamos: una muestra no es un museo, un museo es otra cosa”, se escuchó en medio de aplausos y silbidos.

Asimismo, manifestaron que los “discursos de crueldad, individualismo y odio se disponen para justificar el despojo, la entrega y la explotación. Por todo esto debemos entender que no nos enfrentamos a un simple gobierno, sino a un proyecto de agresión a la integridad del pueblo argentino y de disolución nacional. La deserción del Estado en sus obligaciones básicas de cuidado y protección, junto con la represión y el endeudamiento, constituyen una violación sistemática de los derechos humanos de millones de argentinos y argentinas en el presente y de las generaciones futuras. Frente a este proyecto nos oponemos con la fuerza de la organización colectiva, que tal como indica la experiencia histórica popular, fue y es la única capaz de poner freno a los delirios autoritarios. Porque es la organización colectiva la que le dio nacimiento a las conquistas que hoy son nuestros derechos. Porque las Madres de Plaza de Mayo nos enseñaron a luchar y a no desmoronarnos ni siquiera en las peores situaciones. Las heridas del pasado nos marcan como sociedad y son a la vez referencia fundamental para pensar y entender nuestro presente. Porque si no entendemos lo que pasó durante la dictadura, no podremos entender este capitalismo neoliberal y de despojo”.

“Por eso decimos que la memoria es nuestra herramienta fundamental. La Memoria no se desmantela, ni se tapa. Basta de ajuste y de represión. No más deuda externa. La deuda es con nuestro pueblo, con los pueblos originarios, con las disidencias, con los jubilados, con la gurisada y con los trabajadores. Son 30.000 y fue genocidio. Memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. ¡Presente!”, cerró el documento.

A horas de que se lleve adelante una masiva movilización por el 24 de marzo en repudio al golpe de Estado de 1976, el gobierno de Javier Milei publicó un video encabezado por Agustín Laje en el que, con tintes negacionistas, llama a contar la historia "completa" de aquella trágica y oscura década de la Argentina.

Luego del recorte publicado el año pasado en el que cuestionaban la cifra de 30 mil desaparecidos, dieron a conocer una nueva pieza audiovisual en la que remarcan que "la historia no es solo aquello que nos cuentan sino todo lo que nos atrevemos a descubrir" e invitan a defender "la libertad de conocer nuestra historia. Completa".

En el mensaje, difundido a través de la cuenta de Casa Rosada, la administración de Javier Milei insiste en el concepto de "Memoria completa", que incluye a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar, pero hace especial hincapié en centralizar el protagonismo en los actos de violencia de organizaciones armadas.

Además, repudian la utilización de la historia para "adoctrinar" en un "relato historietístico, maniqueo y reduccionista" en el que se intentó impulsar la que, según Laje, es "la teoría del demonio único" en la que "el horror de la década del 70 empieza el 24 de marzo de 1976". "Era toda la historia que nos contaban en el colegio, pero algo no me cerraba", prosigue el politólogo.

"A mis 15 años decidí empezar a investigar por mi propia cuenta", continuó Laje, para "conocer mejor mi propio pasado", algo que, según afirmó, a sus profesores "no les gustaba". "En una ocasión rompieron carteles de las víctimas del terrorismo que había llevado para que el resto de los alumnos no conociera nada de estas víctimas", relató.

En una reversión de la historia en la que se evita mencionar la gravedad del terrorismo de Estado, Laje propone analizar el contexto histórico del momento en base a la relación de las organizaciones armadas con Cuba y la Unión Soviética en territorio Latinoamericano, durante la guerra fría.

La pieza audiovisual fue producida por el equipo de comunicación de la Casa Rosada y guionada por Laje, referente de la "nueva derecha", quien ya había acompañado al presidente Milei en el lanzamiento de la Fundación Faro, el think tank que impulsa la llamada "batalla cultural" del oficialismo.

El Gobierno vuelve a impulsar al "teoría de los dos demonios"

En el contenido, se reitera una visión que ya había generado polémica en 2024: señalar que la violencia política previa y posterior al golpe del 24 de marzo de 1976 también debe formar parte del recuerdo colectivo. Esto generó nuevamente fuertes críticas de organismos de derechos humanos y sectores del arco opositor.

El video fue difundido horas antes de la marcha central por el 24 de marzo, encabezada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, y diversas organizaciones, que vuelven a reclamar "memoria, verdad y justicia" por los 30.000 desaparecidos.

El año pasado, el Gobierno también compartió un video por el Día de la Memoria, en el que da su versión sobre los hechos ocurridos durante la década de 1970 y la dictadura militar, cuestionando a los organismos de derechos humanos. "Memoria, Verdad, y Justicia completa" es la consigna que utilizó a través de la cuenta oficial de la red social X.

El video fue grabado por el equipo del documentalista personal del Presidente, Santiago Oría, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Participaron el periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, el exguerrillero Luis Labraña y María Fernanda, la hija del capitán Viola, quien fue asesinado tras una emboscada de guerrilleros del ERP en Tucumán.

Durante el relato del mini documental, que duraba casi 13 minutos, el “Tata” Yofre relata la "otra versión" de los acontecimientos y el tiempo político que se vivió antes, durante y después de la última dictadura.

El foco de la pieza audiovisual que el Gobierno compartió en la cuenta oficial de Casa Rosada en las redes está puesto en los crímenes cometidos tanto por el Estado como por las organizaciones guerrilleras que atacaron incluso en democracia, durante el gobierno peronista.

Matías Ayastuy tiene 48 años. Nació en marzo de 1977 y a sus nueve meses fue llevado por las fuerzas militares junto a sus padres, Jorge Ayastuy y Marta Bugnone, quienes son desaparecidos. “Fueron secuestrados de nuestra casa, mi mamá estaba embarazada en ese momento, con lo cual busco a un hermano o una hermana que pudo haber nacido entre marzo y agosto de 1978”, relata.

-Matías, ¿qué se conmemora el 24 de marzo?

-El 24 de marzo de 1976 en Argentina se llevó a cabo un autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que interrumpió la vida democrática una vez más en nuestro país, pero de una manera diferente a lo que había ocurrido en otros golpes de Estado. En 1976 se plantea a la dictadura militar argentina una reorganización de todos los aspectos que tienen que ver con la nación, en el marco de un plan más amplio que tiene que ver con lo que ocurrió en Sudamérica y con lo que pasaba en el mundo. En Sudamérica se llamó el Plan Cóndor y tuvo que ver con la implementación de un conjunto de políticas económicas funcionales al poder financiero internacional, que fueron en detrimento de la vida de la población de nuestro país, por cuanto se generó una inmensa deuda externa, un crecimiento exponencial de la pobreza y el cierre de industrias nacionales. Esos fueron algunos de los aspectos centrales de lo que fue el golpe de Estado en ese momento.

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- ¿Cómo entra en escena la figura de los desaparecidos?

-La llamada “reorganización” estuvo acompañada por un relato vinculado a la persecución de determinados referentes u organizaciones políticas que en realidad luchaban para que este modelo económico no se implementara en nuestro país. Se persiguió a trabajadores de la cultura, del arte, militantes políticos, sociales, gremiales, estudiantiles, en todos los ámbitos. Se llevó a cabo la metodología de secuestro, tortura y desaparición de 30.000 personas. Más de un millón de personas se tuvieron que exiliar obligadamente de nuestro país. Alrededor de 500 hijos de desaparecidas fueron robados por el Plan Sistemático de Robo y Apropiación de Bebés, entre otras consecuencias que tuvieron que ver con implantar el miedo en la población para tratar de desterrar cualquier vestigio de resistencia a estas políticas que fueron en contra de los intereses de la mayoría de los populares.

-¿En Gualeguaychú, qué ocurrió?

-En nuestra ciudad hay 37 víctimas del terrorismo de Estado, de las cuales la mayoría permanece desaparecida. De algunas de ellas se encontraron sus restos y fueron enterrados en el cementerio de nuestra ciudad, y en algunos de los casos fueron asesinados en la vía pública. Además, había dos mujeres embarazadas: una de ellas, mi mamá. Buscamos a ese hermano o hermana. El otro caso es el de Blanca Angerosa, también embarazada, por lo que actualmente también buscamos a Pedro.

-¿Qué te han contado sobre tus padres?

-Dentro de lo siniestro y terrible que fue la vida durante la última dictadura militar, tuve la fortuna de haberme criado con mi familia biológica y haber conocido la verdad de mis orígenes desde que tengo conciencia de mi existencia. Me han contado todo lo que he preguntado sobre mis padres. Desde la primera versión, vinculada a las primeras anécdotas, que llegaron a mí a través de testimonios familiares. A medida que fui creciendo pude ir indagando y conociendo a otras personas que se fueron relacionando con ellos a lo largo de sus vidas. A compañeros de la primaria, compañeros de la secundaria, compañeros de la iglesia de la que formaron parte, del partido político, del club. Todas esas piezas del rompecabezas me permitieron reconstruir un poco el relato y saber que mi mamá fue una excelente alumna. Estudió Filosofía y Letras en Concepción del Uruguay con el mejor promedio, al igual que en la secundaria. Estudiaba psicología, estuvo a punto de terminar la carrera en Rosario. Mi papá era fierrero, le gustaban los autos, le gustaba vestirse bien y tenía una militancia en el movimiento obrero, también en Rosario, primero, y en la ciudad de Buenos Aires, después.

- ¿Qué tiene de particular la convocatoria de este año?

-Este lunes, la marcha de la Memoria por la Verdad y la Justicia tiene un sentido especial porque va a ser una marcha que se va a llevar a cabo en un contexto de negacionismo, o sea, de negar los crímenes y la gravedad de las desapariciones forzadas, de la tortura, del robo de bebés. Estos delitos se han tratado de relativizar, a nivel nacional y a nivel local. Por eso queremos invitar a todas las personas, ciudadanos y ciudadanas que se quieran sumar, no solamente por cuestiones vinculadas a los 49 años del golpe de Estado, sino por la similitud que tienen las políticas económicas del presente con las políticas económicas de la dictadura militar.

-¿Por qué crees que tiene fuerza este negacionismo?

- Hay un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo: se empezó a instalar un relato, que un pensador la nombra como “la teoría de los dos demonios recargada”, en la cual se plantea que hubo una guerra entre dos bandos, ambos malos. Esa es la teoría de los dos demonios. Sin embargo, la versión recargada, que ahora busca convertirse en hegemónica, a los victimarios busca convertirlos en víctimas. Es decir: no solo que eran dos demonios, sino que sólo se juzgó una parte. De esa manera, se desconoce el carácter estatal de la represión, el genocidio, el plan de exterminio que incluyó a más de 600 centros clandestinos de detención, también el Plan Cóndor, la doctrina de seguridad nacional con la cual se formaron las Fuerzas Armadas décadas antes de llevar adelante este golpe de Estado, y que fue una ola sincrónica de golpes de Estados, porque lo mismo ocurrió en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Entonces, lo que hacen es un recorte manipulador de información, buscando enaltecer el sector que permitió llevar adelante las políticas económicas. Lo que buscan no tiene sentido sin explicitar el encubrimiento de las decisiones económicas que están condenando a generaciones y generaciones a la pobreza y al pago de deudas externas que son imposibles de pagar