El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en el organismo, al argumentar que el audio que dio inicio a la investigación y que se le atribuye fue “adulterado”.

A través de su abogado, Mauricio D’ Alessandro, presentó dos escritos ante el juez Sebastián Casanello en los que pidió que se le dicte el sobreseimiento.

En uno de los escritos, la defensa sostuvo que la decisión de imputarlo y citarlo a indagatoria se encuentra sustentada en “prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”. Para la defensa esos audios fueron manipulados.

Los audios que se le atribuyen a Spagnuolo no fueron incorporados como prueba por el fiscal Franco Picardi. La prueba es la documentación que se recopiló en múltiples allanamientos y todo lo que se recuperó de los teléfonos incautados.

Hasta ahora, los planteos de nulidad fueron rechazados pero fueron apelados y debe resolver la Cámara Federal.

Spagnuolo adjunto una pericia realizada por especialistas que “confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA", según el escrito.

“Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento oficial donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se achacan al señor Spagnuolo como su interlocutor”.

En base a la pericia, pidió la nulidad al de todo lo actuado y el sobreseimiento. El informe pericial presentado por Spagnuolo fue elaborado por la empresa especializada Graudio Forensics, que tiene sede en Madrid, España. (Ámbito)

Ninguno de los imputados en la causa ANDIS rompe el silencio, al menos por ahora. Este miércoles se presentó a indagatoria en Comodoro Py Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, quien no respondió preguntas de la Justicia ni hizo declaraciones. Este exfuncionario tiene un rol clave: estuvo a cargo del programa Incluir Salud, núcleo de las presuntas maniobras de corrupción.

Acompañado de su defensor Agustín Biancardi, Garbellini explicó en el Juzgado Federal N° 11 que guardaría silencio porque aún no logró conocer todo lo que hay en el expediente.

Otro de sus abogados, Martin Olari Ugrotte, adelantó que su defendido tiene intenciones de “dar todas las explicaciones que sean necesarias frente a los hechos por los que se lo acusa”.

Desde la defensa ratificaron en diálogo con Infobae que Garbellini es “completamente inocente”, a la vez que confirmaron que presentaron una apelación ante la Cámara Federal para tener acceso total a algunos legajos que por ahora permanecen restringidos.

Este miércoles también se había negado a declarar el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Lo mismo ocurrió el martes y el jueves de la semana pasada -respectivamente- con Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como “jefes paraestatales” de la ANDIS.

De qué se lo acusa

Según dictaminó el fiscal Franco Picardi al pedir su indagatoria, Daniel Garbellini habría tenido un rol clave en el entramado de corrupción que operó en el organismo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

Está imputado como uno de los cuatro jefes u organizadores de la asociación ilícita, al haberse encontrado pruebas que señalan que recibió y ejecutó instrucciones sobre la manipulación de los procesos de compra de medicamentos y la aplicación de sobreprecios, a cambio de coimas.

La investigación reveló que Garbellini también habría consentido que personas ajenas a la ANDIS, que respondían a los intereses propios y de las droguerías, tomaran decisiones sobre la gestión de recursos públicos y el sistema de compras de medicamentos, conocido como SIIPFIS.

Uno de ellos, según la acusación, es Pablo Atchabahian, de estrechísimo vínculo con Garbellini.

Atchabahian fue su jefe en la ANDIS durante el período 2018-2019 y hay evidencias que muestran que mantenían una fuerte amistad. El fiscal Picardi aseguró que el “funcionario sin cargo” -en los hechos un lobbysta- seguía dándole órdenes a Garbellini para llevar adelante el desvío de fondos públicos.

El presunto operador Pablo Atchabahian, detenido con domiciliaria en la provincia de Mendoza, le habría dictado a su amigo a qué droguerías debía favorecer incorporándolas al sistema SIIPFIS y a cuáles se debía frenar los pagos por “jugar mal” en los acuerdos preestablecidos.

Esta influencia del “jefe paraestatal” del organismo siguió con la presunta intrusión de Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche S.A.Q.E.I., en bases de datos sensibles.

Ferrari, antigua directora de Prestaciones Médicas en la gestión de Atchabahian, actuó -según la acusación- como operadora externa sin designación formal en ANDIS. Garbellini le habría facilitado acceso al SIIPFIS dándole un usuario y una clave. Ferrari utilizó este acceso para gestionar y agrupar “tickets”, recibir información privilegiada de compras y compartir datos sobre las droguerías involucradas.

El exfuncionario -despedido junto a Spagnuolo cuando se conocieron los audios y estalló escándalo- entregó su celular sin clave a la Justicia, pero cuando lo abrieron se descubrió que eliminó diversas conversaciones, incluidas las que mantuvo con Miguel Ángel Calvete.

Sin embargo, los chats pudieron recuperarse mediante una extracción forense. Garbellini permanece en libertad al igual que la mayoría de los acusados, aunque tiene prohibido salir del país.

Las indagatorias se retomarán el 28 de noviembre, con las citaciones de Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, ambos funcionarios de ANDIS que responderían a Calvete.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles a las 13 horas en los tribunales de Comodoro Py donde prestó declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos pedidos de coimas dentro del organismo. Tras el proceso judicial, su abogado, Mauricio D'alessandro, afirmó que el exfuncionario hizo un breve descargo para defender su inocencia en donde rechazó todos los cargos que le imputa la Justicia y se negó a responder preguntas.

En este sentido, el abogado negó que Spagnuolo gestionara pagos en la agencia.

Sobre la foto en la que se muestra al extitular de ANDIS ingresando con una mochila a lo de Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados, en el barrio porteño de San Telmo, D'alessio afirmó: “Los 5 millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio, las fotos son del 13 de agosto. O sea tardaron dos meses y dos días en juntar los 5 millones para un viaje o no son contemporáneos”.

El llamado fue dispuesto por el fiscal federal Franco Picardi, quien la semana pasada convocó también a otros imputados: Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, entre varios más.

Por último, la defensa dejó trascender que el acusado tiene pensado volver a presentarse una vez que lea la totalidad del expediente, que hasta la semana pasada permanecía bajo secreto de sumario.

El pasado martes se negó a declarar Miguel Calvete, vinculado a Spagnuolo, por lo que en ese contexto, todas las miradas estaban puestas en el extitular de ANDIS.

Miguel Ángel Calvete se negó a declarar este martes en la causa ANDIS que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, mediante el organismo de discapacidad. El hombre es la mano derecha de Diego Spagnuolo, el principal apuntado en el caso. Calvete había sido citado a indagatoria en Comodoro Py, frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi.

Calvete adquirió un rol central dentro de la investigación judicial por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los peritajes sobre sus teléfonos aportaron pruebas determinantes, ya que el empresario operaba como un gestor para distintos laboratorios y mantenía dentro del organismo una red de funcionarios que le respondían directamente.

Para los investigadores, actuó como un “director para-estatal de la ANDIS, articulando contactos internos y externos para “garantizar un esquema de corrupción” que favorecía a laboratorios y proveedores específicos.

Según indican, su tarea consistiría en oficiar de puente entre las empresas del sector y la estructura que encabezaba Spagnuolo, lo que le permitía destrabar pagos millonarios destinados a droguerías e insumos médicos. Entre las firmas beneficiadas aparecían Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma S.A., entre otras.

Por otro lado, se dio a conocer que el vínculo entre Spagnuolo y Calvete comenzó en la campaña presidencial de 2023, durante un acto en Parque Norte. En aquel momento, el abogado cercano a Javier Milei ni siquiera imaginaba ocupar un despacho estatal, mucho menos asumir la conducción de la ANDIS.

El 15 de febrero de 2022, Daniel María Garbellini, entonces persona cercana a Diego Spagnuolo, creó un grupo de WhatsApp, en el que también participaron: “Pato Country” (Patricio Rama, vinculado a Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A.); Mariano Caballi (vinculado también a Miguel Ángel Calvete); y Pablo Atchabahian.

De las conversaciones mantenidas, entre los distintos intervinientes, se desprende que entre ellos mediaba una estrecha relación de amistad, caracterizada por un alto grado de confianza. Tal como les dijo Pablo Atchabahian: “somos familia”. Sobre Atchabahian este viernes se ordenó la detención porque no había sido hallado cuando se realizó uno de los procedimientos de la causa.

Según el fiscal Franco Picardi, de ahí surge el interés particular de Pablo Atchabahian en ocupar un lugar en la ANDIS, desde el año 2022, quien habría empezado a gestionar su regreso con diversos sectores del arco político. Pablo Atchabahian, prestó funciones en ANDIS, en el año 2018 en el mismo cargo que ocupó Daniel María Garbellini, en el año 2024.

Luego, surge otra conversación en la cual Pablo Atchabahian, dice: “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.

tal sentido, de los intercambios analizados se desprende que los miembros del grupo se encontraban en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto, manteniendo, a su vez, asiduas comunicaciones con diversos actores políticos, a quienes les transmitían sus intereses en el sector salud.

A principios del 2024, cuando los integrantes del grupo se enteraron de que habían despedido a David Aruachan del cargo de Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, impulsaron de nuevo gestiones con la idea de volver a desembarcar en la agencia.

Surge de conversaciones las menciones a Diego Spagnuolo, como quien habría pedido la ANDIS y las referencias a Karina Milei, como la persona a la que debían llegar ya que sería “la que define todo”.

Ahora bien, una vez que Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini fueron designados en ANDIS, se corroboró que Pablo Atchabahian le daba órdenes al segundo de los nombrados, e indicaba: a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir de las gestiones anteriores; e incluso propuso a una persona que, si bien trabaja en la empresa Roche S.A.Q.E.I., se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS.

Esta persona es, según consignó el fiscal, Luciana Ferrari. Respecto de Luciana Ferrari, pese a no ser parte de la ANDIS, tuvo acceso al sistema SIIPFIS, mediante el otorgamiento de un usuario y contraseña que fue registrado a nombre de otro empleado de la agencia: Walter Martínez. Este usuario fue otorgado por el propio Daniel Maria Garbellini a la nombrada para que pueda operar el sistema “desde afuera”, por pedido de Pablo Atchabahian.

“Diego Orlando Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje [a Israel] y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Calvete le dice por mensaje de audio a Diego Spagnuolo: “Escuchame, bueno, hablás con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos”.

Calvete le pidió a su mujer, Guadalupe Muñoz, "cinco palos” en efectivo. Ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Para el fiscal cobran relevancia las imágenes de Spagnuolo ingresando al domicilio de Calvete con una mochila al hombro. Se trata de imágenes captadas por el sistema de monitoreo ubicado en ese domicilio y forman parte de las pruebas. (Fuente: Ámbito)

En una audiencia realizada en la Cámara Federal porteña, las defensas de los dueños de la droguería Suizo-Argentina y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, solicitaron la nulidad de la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos. Los letrados afirmaron que los audios que dieron origen al expediente tienen procedencia incierta y podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.

Mauricio D’Alessandro, abogado de Spagnuolo, aseguró que las grabaciones “son falsas, editadas o generadas mediante inteligencia artificial” y que no fueron peritadas. “No se puede avanzar sin saber si los audios fueron plantados”, expresó, al tiempo que denunció una posible maniobra de inteligencia y violación de la intimidad, por lo que todo el proceso sería nulo.

En el mismo sentido, Martín Magrám, defensor de los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, cuestionó el secreto de sumario y sostuvo que la causa reedita hechos ya investigados y archivados por el juez Sebastián Casanello. Argumentó que volver a analizarlos vulneraría el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces un mismo hecho.

Por su parte, el fiscal Franco Picardi rechazó los planteos. Afirmó que la causa no se inició por los audios, sino por una denuncia criminal sustentada en diversas notas periodísticas, testimonios y el decreto del Poder Ejecutivo que removió a los funcionarios involucrados. Subrayó que los hechos denunciados comprometen el ejercicio de la función pública, por lo que no puede invocarse derecho a la intimidad.

Picardi también señaló que no existen indicios de espionaje ni pruebas de que las grabaciones sean apócrifas. Su posición fue respaldada por el fiscal de Cámara, Luis Agüero Iturbe, quien sostuvo que el archivo previo no impide reabrir la investigación, ya que no hubo imputación formal ni impulso fiscal en aquel expediente.

Con los planteos ya presentados, la Cámara Federal deberá resolver si declara la nulidad y cierra el caso o si confirma la decisión del juez de primera instancia para que la investigación avance. Mientras tanto, el expediente continúa bajo secreto de sumario y en las últimas semanas se realizaron nuevos allanamientos ordenados por la fiscalía.

El Gobierno nacional presentó un nuevo modelo de gestión para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con el objetivo de fortalecer la transparencia y la eficiencia administrativa. El anuncio se produjo semanas después del escándalo por audios filtrados que salpicaron a la conducción anterior del organismo, en los que se mencionaban presuntas irregularidades y vínculos con figuras cercanas al oficialismo.

La medida se enmarca en el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la agencia para avanzar en una reestructuración interna. Según se informó, el plan busca modernizar los mecanismos de contratación y control, e impulsar la apertura de información pública. Para ello, la ANDIS habilitó una nueva sección en su sitio web oficial, donde ciudadanos, prestadores y empresas pueden acceder a los registros actualizados de adquisiciones, contrataciones y proyecciones de gastos, así como a las convocatorias abiertas y compulsas de precios.

Desde el Ministerio de Salud —de quien depende el organismo— explicaron que el nuevo esquema permitirá “una participación activa de los prestadores y un mercado más competitivo y equitativo”. También remarcaron que se trata de una herramienta “para el control ciudadano del gasto público” y que la meta principal es garantizar “un sistema de compras transparente, abierto y eficiente”.

El relanzamiento ocurre en un contexto sensible. La Andis había quedado en el centro de la polémica tras la salida de su titular, Diego Spagnuolo, involucrado en supuestos pedidos de coimas en la adjudicación de servicios. En los audios difundidos, se lo escuchaba aludiendo a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, lo que generó repercusiones políticas y la posterior intervención del organismo.

En la Casa Rosada confían en que el rediseño de la agencia sirva para recuperar la confianza de los beneficiarios y del sector de la discapacidad, uno de los más golpeados por los recortes presupuestarios. “Este paso busca devolverle credibilidad a una institución esencial para la inclusión y la justicia social”, señalaron fuentes oficiales.

El desafío, sin embargo, será sostener la transparencia prometida y garantizar que las medidas no queden solo en anuncios. Tras años de denuncias y reclamos por falta de atención y demoras en los pagos, el futuro de la ANDIS dependerá de que los cambios se traduzcan en hechos concretos y en una mejora real de los servicios que presta.

En una sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei. No obstante, el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate, por lo que volverá al Senado antes de convertirse en Ley.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

El temario de la sesión incluye también la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los sectores opositores más duros advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

La agenda contempla, además, un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el objetivo de evitar que el Gobierno prorrogue por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.

En paralelo, la oposición intentará avanzar con interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos funcionarios fueron citados por la Comisión de Salud, pero no asistieron.

Finalmente, se debatirá la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría beneficiar a las provincias y servir como herramienta de presión para asegurar el quórum.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el planteo de nulidad formulado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) originada a raíz de la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo.

“En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba, en la medida en que los primeros permiten llegar a los segundos. La denuncia es un acto básico de información que, de no ser desestimada, da pie a un procedimiento de descubrimiento de la verdad”, concluyó.

Así, el magistrado respondió negativamente al pedido que realizaron los abogados de Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía; de su hermano, Emmanuel, y de su padre, Eduardo, quien pese a no ocupar cargos dentro de la empresa ostenta el mayor porcentaje del capital accionario con el 64,5% del paquete.

El letrado que los representa había argumentado el planteo de nulidad “en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio" de los Kovalivker. En ese sentido, afirmó que se vulneró el debido proceso "al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita". Además afirmó que la denuncia tiene un "claro tinte político".

La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión de escandalosos audios en los que Spagnuolo habla de retornos en la ANDIS en la compra de medicamentos. El exdirectivo de la agencia, quien fuera abogado del presidente Javier Milei, se refiere en las grabaciones a compras a la droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker.

Al profundizar sobre el mecanismo de corrupción, Spagnuolo hace referencia a supuestas coimas y nombra directamente a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, quien recibiría el 3% de un 8% total sobre el volumen de las licitaciones. Y también apunta contra su asesor Eduardo “Lule” Menem.

En las primeras horas de la causa, el juez y el fiscal Franco Picardi ordenaron una serie de allanamientos a los domicilios de los Kovalivker y de Spagnuolo. En ese contexto, Emmanuel Kovalivker fue interceptado por personal policial en el barrio cerrado de Nordelta con sobres que contenían más de u$s260.000 y $7.000.000 en efectivo. Su hermano y presidente de la empresa ya había huído del lugar para ese momento.

Además, durante los primeros procedimientos la Justicia logró localizar Spagnuolo, cuyo paradero era desconocido, en el country Altos de Campo Grande en el partido de Pilar. Allí secuestraron dos teléfonos celulares, de los cuales uno lo llevaba consigo y otro que estaba en un automóvil, una máquina de contar billetes y documentación que le fue solicitada al ex titular de ANDIS. También billetes de baja denominación.

En las últimas semanas, conforme fue avanzando la investigación, el juez Casanello solicitó diligencias vinculadas a cajas de seguridad en bancos y lugares privados, que pertenecen a los imputados y sus familiares, con el objetivo de que no puedan acceder a las mismas.

De acuerdo a una investigación de Ámbito, la droguería Suizo Argentina acumula contratos por más de $100.000 millones con el Gobierno a partir de licitaciones y contrataciones directas con los ministerios de Salud, Seguridad y hasta Defensa.

Además, mantienen procedimientos de compra aún sin adjudicar por montos cercanos a los $8.823 millones, según dieron a conocer esta semana Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado por la Coalición Cívica, respectivamente.

En ese marco, le pidieron al presidente Javier Milei que el Gobierno realice un "control exhaustivo" sobre las compras preadjudicadas para determinar si se registran "prácticas corruptas" en los procedimientos. (Fuente: Ámbito)

“Siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado siempre de muchas alegrías”, arrancó Javier Milei la campaña electoral en esta ciudad. “Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir es porque están cagados”, destacó para atacar una vez más en la jornada a los que “torpedean” los logros de su gobierno. “No se dejen psicopatear con actores pagos que solo quieren manchar nuestro honor”, reclamó en una clara referencia al escándalo de los audios.

“Los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, planteó en otra parte de su discurso, en aparente referencia al periodista que difundió los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.

“No hay lugar para los fracasados, corruptos y ladrones liderados por la corrupta de la tobillera. Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad. Cuando hacen el ‘tres’ debe ser por las tres causas que le faltan -Hotesur, Memorándum con Irán y Cuadernos-. No se dejen operar con mentiras que buscan manchar nuestro honor”, sostuvo con su hermana al lado. Y después agregó que los audios de Spagnuolo “están hechos con inteligencia artificial”.

Milei se movió siempre acompañado por su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem, Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine. En el acto también se lo vio al streamer Iñaki Gutiérrez. “Nunca más permitan que la salida de la Argentina sea Ezeiza”, enfatizó para cerrar con “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede” para pedir “ganar el 26 de octubre”.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, desistió de mantener la cautelar que había implementado la Justicia y por la cual se impedían reproducir los audios grabados en Casa Rosada. La hermana del presidente Javier Milei afirmó que el contenido registrado no afecta la seguridad nacional.

La medida la ejerció por intermedio del juez Alejandro Marianello, el mismo que previamente le había otorgado la cautelar. La misma había generado un fuerte rechazo por parte de distintas entidades de periodistas y abogados, ya que se consideraba un acto de censura previa, motivo por el cual varios periodistas apelaron.

Además de la seguridad nacional, Karina Milei aseguró que estos audios tampoco afectan la intimidad de su familia y que ya se abrió una causa penal al respecto. No obstante, afirmó que fueron obtenidos de forma ilegal y con el fin, desde su perspectiva, de desinformar y provocar daño político.

En el marco de la apelación efectuada por Jorge Fontevecchia, Karina Milei efectuó la presentación en la que si bien desiste de la cautelar, remarcó que existe una causa penal abierta por la difusión de los audios.

En el escrito, Milei aseveró que “la medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”.

“Lo cierto es que se trata de audios obtenidos ilegalmente los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”, remarca.

"La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente", añadió.

Asimismo explicó que "jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información. Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”.

Finalmente, la funcionaria pidió que se levante la medida cautelar, ya que los audios “oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente”.

Luego de que el Gobierno lograra un "bozal" legal contra la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a la secretaria de Presidencia Karina Milei, el hecho generó gran repercusión mundial en los principales medios del mundo.

La medida se dio luego de que la gestión de Javier Milei apelara a la Justicia, ante el avance del caso de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo que alcanzan a la cúpula del Ejecutivo.

Los principales medios del mundo no fueron neutrales y cubrieron la noticia de forma crítica. Entre ellos, se pueden mencionar El País, El Mundo (España); Bloomberg (EEUU); O Globo (Brasil); El País Uy; La Tercera, Emol (Chile); CNN en Español y BBC Mundo. (Con información de Ámbito)

A través del Decreto 666/2025, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, formalizaron la designación de Scigliano. La medida rige desde la semana pasada, aunque se difundió en la madrugada de este sábado.

La decisión se enmarca en la intervención de la ANDIS, dispuesta por el Decreto 601/2025 el 21 de agosto, que estableció un plazo inicial de 180 días bajo la órbita de Alejandro Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria.

Gianfranco Scigliano es licenciado en Ciencia Política por la UBA, donde también cursó la Especialización en Estudios Políticos. Actualmente realiza una maestría en Administración Aplicada en la UNLZ.

En su trayectoria ocupó distintos cargos en el sector público: fue director nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud, trabajó en el Municipio de Esteban Echeverría y en la Subsecretaría de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como docente en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

Scigliano dirige el área de Desarrollo Local en la Fundación Poliedro y de Políticas Públicas en el Observatorio Esteban Echeverría.

Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, dinero y documentos. En una caja de seguridad bancaria se hallaron 80.000 dólares y 2.000 euros, cuyo origen se investiga.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello. En paralelo, los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, presentaron su renuncia.

La Justicia ordenó nuevos allanamientos en la causa que se investiga un presunto entramado de coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Este jueves, el consultor Fernando Cerimendo declaró, en Comodoro Py ante el fiscal Picardi, que el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, le habló de hechos de corrupción.

Dos de los tres operativos dispuestos son realizados en barrios privados: "Hay estricto secreto de sumario, no vamos a dar los lugares de allanamientos pero sí decir que son tres los que se están realizando en este momento en la causa. Hay dos que son en barrios privados que ayer fueron identificados en la declaración testimonial, en calidad de testigo, de Cerimedo", expresó la periodista Vanesa Petrillo.

La causa se encuentra, en este momento, avanzando en la Justicia y se esperan nuevas medidas para las próximas horas.

En las últimas horas, la Justicia solicitó diligencias vinculadas a cajas de seguridad en bancos y lugares privados que pertenecen a los imputados y sus familiares.

Estas medidas fueron ordenadas por el fiscal en la causa de Spagnuolo, Franco Picardi. Las mismas tendrán por objetivos bloquear ciertas cajas de seguridad para que no puedan ser utilizadas, mientras se desenvuelve la investigación entorno a los audios filtrados.

La investigación comenzó cuando se filtraron audios del extitular de la Agencia, Diego Spagnuolo, quien apuntaba contra funcionarios del Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de gestión institucional, Eduardo "Lule" Menem, por un presunto esquema de coimas, en que también se involucra a la droguería Suizo Argentino, en manos de la familia Kovalivker.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo no acompañó por ahora el pedido de nulidad de la causa que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina. Por estas horas, conversa con sus defensores todo lo que implicaría ser un “imputado colaborador”.

Su defensa pidió más tiempo, una prórroga para responder sobre un planteo para anular el caso en el que se investigan supuestas coimas en el organismo. Sin ver el expediente y sin imputación concreta, los abogados de Spagnuolo argumentaron que no pueden responder al pedido de nulidad.

Y allegados al exfuncionario deslizaron que una vez que la justicia levante el secreto de sumario, y se le realice “una imputación concreta”, evaluarán la posibilidad de “convertirse en arrepentido”.

Spagnuolo tendría la intención de mejorar su situación procesal en la causa, para lo que tendría que declarar como imputado colaborador.

El pedido de prórroga para contestar sobre los pedidos de nulidad es interpretado como una posibilidad cada vez más fuerte de que Spagnuolo hable. El ex titular de ANDIS es uno de los involucrados, junto al dueño de la droguería Suizo Argentina Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en la causa originada en los audios del entonces funcionario, en los que habla de supuestas coimas mencionando a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Ahora, su defensa aguarda a que se levante el secreto de sumario en la investigación para ver el expediente y toda la prueba que fueron acumulando el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

La Justicia investiga un esquema de sobornos en Andis y los contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado.

Desde la defensa de Spagnuolo, aseguraron: “Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder sobre la nulidad”.

“Entendemos que el juzgado debería haber esperado a levantar el secreto de sumario para darle tramite al incidente de nulidad”, dijeron al medio gráfico Ámbito.

Es decir, la opción de ser arrepentido son conversaciones que se mantienen con defensores. Pero hasta que no haya una imputación concreta o ver el desarrollo de la causa no van a dar ese paso. Hasta el momento, simplemente lo están conversando.

Por esto mismo, en el escrito no figura nada concreto acerca de que el extitular de ANDIS sea definitivamente un arrepentido.

Los dueños de la droguería plantearon la nulidad de la causa al considerar que los audios tienen un origen ilegal y que por lo tanto todo lo que se obró en el expediente sería nulo de nulidad absoluta.

La defensa de los Kovalivker también planteó que la droguería ya fue investigada en otra causa con similar objeto procesal que terminó cerrada y archivada por ausencia de delito.

De esos pedidos, la justicia pidió opinión a los abogados de Spagnuolo, a la Fiscalía y también a Poder Ciudadano que es querellante en la causa.

Los letrados Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze que representan a Spagnuolo, requirieron una prórroga porque el caso aún se encuentra en secreto de sumario lo que impide acceder a la prueba del expediente.

Por ahora no se pronunciarán sobre la nulidad en primer lugar ante la ausencia de imputación concreta. Pero lo cierto es que Spagnuolo está evaluando en la posibilidad de que el caso siga y convertirse en “arrepentido”, colaborar con la causa para mejorar su situación.

La defensa aguarda las imputaciones formales del expediente, que aún no fueron formuladas. El fiscal Picardi encontró en la denuncia “sospecha suficiente” como para avanzar en la investigación. Así se realizaron múltiples allanamientos y secuestros de teléfonos celulares de los que no surgió aún información relevante.

El peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los primeros resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy. También triunfaba en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria le saca más de 12 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se imponía en las secciones quinta y sexta.

Axel Kicillof es el gran ganador de la jornada electoral. Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección y los resultados le dieron la razón. La victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a presidente en 2027.

El contraste es notorio: la derrota llena de incógnitas a la Casa Rosada, que si bien en las últimas semanas había moderado sus expectativas -ya no hablaba de una victoria contundente-, ni el más pesimista de sus dirigentes esperaba esta “paliza” electoral.

Públicamente, La Libertad Avanza ponderará la cantidad de diputados y senadores que sumará a la Legislatura, pero internamente se abrirán muchos interrogantes. El primero es quién “paga” por esta derrota. En el búnker de Gonnet se hicieron sentir los pedidos de explicaciones por la estrategia electoral y los primeros apuntados son los Menem: Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo, conocido públicamente como “Lule”, subsecretario de gestión institucional.

Ambos quedaron señalados por el escándalo de corrupción de las escuchas de Diego Spagnuolo y deberán dar explicaciones públicas más convincentes. Limitarse a hablar de una “operación opositora” evidentemente no caló.

También son apuntados por decisiones inexplicables. La semana pasada, Corrientes expuso el yerro del oficialismo de haber jugado en solitario, sin acordar con el gobierno local. Y el resultado de este domingo confirmó lo que algunos dirigentes ya venían cuestionando como la elección de candidatos poco conocidos de dudoso prontuario y la alta visibilidad pública de influencers y tuiteros que apelan a formas y modos patoteriles e irrespetuosos a los que claramente el electorado bonaerense hoy le dio la espalda.

Generalmente, cuando un gobierno nacional sufre una derrota electoral de esta naturaleza se espera que revise el rumbo. Los éxitos económicos en la baja de la inflación y la caída de la pobreza contrastan con la falta de política y decisiones que afectaron especialmente a sectores vulnerables, como jubilados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios. (Infobae)

Hace tan solo unas semanas, en los pasillos de la Casa Rosada varios referentes del oficialismo se ilusionaban con un batacazo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires similar al que ocurrió en la ciudad, donde el vocero Manuel Adorni desbancó al PRO en su propio bastión. El macrismo, en esta oportunidad, es un aliado para vencer a un enemigo común, el kirchnerismo.

Si bien en ningún momento se animaron a dar cifras, los principales dirigentes bonaerenses confiaban en que ganarían en casi todas las secciones electorales, aunque por poco margen, excepto en la tercera, donde se ubican municipios como La Matanza, que siempre la percibieron como el territorio más hostil para ellos.

Sin embargo, en el cierre de la campaña, que se realizó en un club de barrio de Moreno, el presidente Javier Milei reconoció que su partido se encuentra en un virtual “empate técnico” con Fuerza Patria, el espacio que se creó tras la tormentosa unificación de los diferentes sectores del PJ.

Lo que cambió de una fecha a la otra fueron los audios y denuncias que se sucedieron en el tramo final antes de los comicios, en los que se dejó entrever una supuesta trama de corrupción que, de ser cierta, podría llegar a lo más alto de la cúpula nacional.

Primero, fue una grabación que se difundió el 20 de agosto pasado, en la que el entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, reconocía que su organismo arreglaba sobreprecios con la empresa Suizo Argentina en la compra de medicamentos.

Según relató el ahora ex funcionario en esa conversación privada, que se habría dado hace más de un año, en el negocio estaría involucrada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de su mano derecha, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (por ciento), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’. Por teléfono. Así se están manejando”, dijo en esos audios.

En tanto, el fiscal Franco Picardi le solicitó al juez federal Sebastián Casanello abrir una causa, que incluyó la realización de un total de 15 allanamientos, entre ellos a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería mencionada, a quien le secuestraron sobres con 266 mil dólares y 7 millones de pesos.

Por su parte, “Lule” Menem publicó en su cuenta de X -que fue abierta en el 2012, pero hasta ese entonces no tenía ninguna actividad-, un comunicado en el que sostuvo que todo se trataba de “una burda operación política del kirchnerismo”.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el ANDIS ni en ningún otro organismo del Estado”, argumentó.

Unos días más tarde, la víctima de la segunda filtración fue la propia secretaria general de la Presidencia, a quien habrían grabado en una reunión en Casa Rosada dando un discurso que nada tiene que ver con el caso sobre las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.

Posteriormente, surgió otro audio de ella, esta vez en la Cámara de Diputados, en el que destaca el rol del titular de ese recinto, Martín Menem, aunque se cree que estaría refiriéndose a su liderazgo en el bloque parlamentario.

En este punto, el Gobierno decidió avanzar con una denuncia ante la Justicia Federal al considerar que se trató de una “operación de inteligencia” con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

Respecto de las elecciones, coincidió en que puede ser mucha la gente que no vaya a votar, pero se mostró confiado en que las grabaciones no va a afectar el apoyo de su electorado duro: “A diferencia de otros partidos, nosotros tenemos un nivel de acompañamiento en las urnas de nuestros simpatizantes muy alto. El 80% de los que nos siguen nos termina votando”, explicó.

En este contexto, en el oficialismo está el convencimiento ahora de que el kirchnerismo alcanzará su techo en septiembre, por lo que si la diferencia no es muy grande, tienen posibilidades todavía de dar el batacazo en los comicios nacionales. (Fuente: Infobae)

Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal "con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral".

Así lo confirmó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", remarcó el funcionario. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.

Previo a conocerse la denuncia, ingresó en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo el abogado y procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…

— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025 Según señalaron fuentes de Casa Rosada, la maniobra "consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios".

Para el Gobierno, "no se trata de una filtración casual", sino "de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral". En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo "fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales".

La denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual "prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas". En este marco, solicitan medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones.

"No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", deslizaron desde el Gobierno. (Con información de Ámbito)

Tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que conducía, en las últimas horas difundieron otras grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

La Justicia ordenó una nueva ronda de allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa que investiga las presunta coimas cobradas por funcionarios del Gobierno, que se dieron a conocer a raíz de unos audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo.

Estos son la segunda tanda de allanamientos que dictamina la Justicia, desde que se conocieran los audios la semana pasada. Ayer, el extitular de ANDIS presentó ante las autoridades el nombre de los dos abogados que llevarán adelante su caso: Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze.

Casanello ordenó los nuevos procedimientos con el objetivo de encontrar documentación de interés para la causa que lleva adelante. Los allanamientos son llevados adelante por el personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad.

En detalle, entre las direcciones allanadas en Buenos Aires se encuentran las sedes de ANDIS ubicadas en la calle Hipólito Irigoyen y en la calle Rivadavia. El operativo restante se realiza en la droguería Suizo Argentina.

La semana pasada, en el comienzo de la investigación, fueron requisadas las viviendas de Spagnuolo, de Emmanuel y Jonathan Kovalivker, hermanos y dueños de la Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Durante el procedimiento se secuestraron celulares, computadoras y documentación

En uno de ellos, encontraron a uno de los hermanos Kovalivker, Emmanuel, cuando intentaba irse de su casa en Nordelta, en su auto, dentro del cual había varios sobres con u$s266.000 y $7.000.000. Allí se le secuestró su teléfono y su pasaporte, señala Ámbito. A pesar de avanzar rápidamente en la investigación, las autoridades se encontraron con las primeras dificultades: la empresa israelí Cellebrite - que colabora en el peritaje de los dispositivos - informó en un oficio que no tiene la tecnología para acceder a ese celular de marca Samsung de última generación perteneciente a Emmanuel.

Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este jueves en el expediente que instruye el fiscal federal Franco Picardi, a raíz del escándalo de los audios en los que el ex funcionario describe un supuesto pago de sobornos en el organismo. En esas grabaciones menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. En este marco, Spagnuolo designó a Ignacio Rada Schultze como su abogado defensor.

De esta manera, y tras la presentación en la causa por parte de la droguería Suiza Argentina SA, se trata de la primera designación formal de un abogado para preparar una estrategia de defensa, en medio de una investigación que coloca al ex funcionario en el centro de un posible entramado de corrupción. Según trascendió, bajo estudio judicial hay un presunto circuito de sobornos que involucra a la ANDIS, organismo que estuvo a cargo de Spagnuolo y donde el propio Gobierno detectó sobreprecios del 27% en la compra de un medicamento puntual, lo que derivó en mayores sospechas.

La designación de un defensor legal ocurre en paralelo a las declaraciones públicas del presidente Javier Milei, quien adelantó que denunciará ante la Justicia los hechos revelados en los audios de Spagnuolo y que dieron origen a la causa penal. No obstante, fuentes oficiales señalaron que aún se analiza la vía a seguir: “Puede ser una denuncia por parte de los involucrados directos o a través de la Procuración del Tesoro”, explicaron, dejando abierta la posibilidad de que el Estado actúe como querellante.

Mientras tanto, Spagnuolo -quien además fue abogado de Javier Milei- se presentó en los tribunales de Comodoro Py, apenas una semana después de la apertura del expediente penal. En la Casa Rosada persiste la preocupación de que el ex funcionario se acoja a la figura de imputado colaborador, lo que lo convertiría en un arrepentido.

La ley establece que un imputado colaborador debe aportar información de relevancia y veraz, que además involucre a personas de jerarquía superior. El acuerdo solo cobra validez si es homologado por un juez. En caso contrario, puede derivar en una pena mayor por falso testimonio.

De todas formas, aun si se comprobara la existencia de la red de corrupción relatada en los audios, Spagnuolo ya enfrenta una primera acusación: incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber denunciado los hechos en su momento. La fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar su grado de participación.

La causa incluye ya dos allanamientos en el domicilio de Spagnuolo, donde se secuestró una máquina para contar dinero. Además, el fiscal Picardi cuenta con la extracción forense de uno de los celulares incautados al ex funcionario, aunque los peritos advirtieron que “no hay tecnología que llegue a lo borrado, que pueda hoy determinar qué es lo que se borró del dispositivo”.

Los dispositivos móviles incautados son considerados piezas claves de la investigación. El fiscal deberá decidir si su equipo analiza los teléfonos o si delega la tarea a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El objetivo es establecer si existen comunicaciones o mensajes que den sustento a los audios divulgados mediáticamente, donde se describe una estructura de sobornos que involucraría incluso a Karina Milei.

La denuncia impulsada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, dio el impulso inicial a la causa. Allí se detallan sospechas que alcanzan a Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, ex titular de la droguería Suizo Argentina, junto a sus hijos Emmanuel y Jonathan.

Según el escrito, todos ellos “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican”. (Fuente: ELONCE)

Con el acompañamiento de cinco de sus pares, la diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó un pedido de informes al gobierno de Entre Ríos, tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien quedó envuelto en un escándalo por presuntas coimas.

El requerimiento hace foco en contrataciones posteriores al 10 de diciembre de 2023 y surge luego de que el portal chequeado.com incluyera a Entre Ríos como una de las provincias con la que la droguería Suizo Argentina mantiene contrato.

Al respecto, la legisladora de la oposición busca conocer si ha existido algún tipo de vínculo contractual, comercial o de cualquier otra naturaleza entre la administración pública o sus organismos descentralizados y la compañía durante esta gestión.

En caso de ser afirmativa la respuesta, Arrozogaray exige identificación precisa del organismo que realizó la contratación. Asimismo, el nombre de los funcionarios intervinientes. Además, cuál es el motivo o causa del convenio y la fecha que se llevó a cabo. También, tipo y cantidad de los bienes o servicios adquiridos.