La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.

Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.

Se espera un largo debate, de más de 16 horas.

Bloques opositores pidieron este jueves una sesión especial para el próximo 15 de octubre para debatir los proyectos de prórroga de discapacidad y la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de restituir la ley de tierras que limita la venta de tierras a extranjeros.

La solicitud fue realizada por el bloque de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, como lo había adelantado este miércoles la Agencia Noticias Argentinas.

También se incluyó en el temario el proyecto sobre el endeudamiento familiar, donde el oficialismo pudo imponer el dictamen de mayoría.

Ahora la oposición deberá alcanzar acuerdos con otros bloques que no firmaron el pedido de sesión especial para poder conseguir el quórum de 129 legisladores y así habilitar el debate de la sesión.

El Índice de Calidad Legislativa, elaborado y publicado por el portal especializado parlamentario.com, dio a conocer el balance correspondiente al tramo inicial del periodo ordinario de 2026, comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio. Las cifras recopiladas exponen el volumen de trabajo parlamentario presentado en ambas cámaras del Congreso de la Nación, distribuidas en proyectos de ley, declaración, resolución y comunicación. En ese marco estadístico, resalta que la delegación de senadores y diputados de la provincia de Entre Ríos no logró ubicarse en los diez primeros lugares de ningún rubro analizado.

El reporte estadístico que elabora anualmente el citado medio efectúa este corte parcial con vistas a la medición definitiva, la cual contempla el año parlamentario completo, finalizando formalmente en febrero de 2027.

Por su parte, la actividad en la Cámara de Diputados refleja que Marcela Pagano encabeza la presentación de proyectos de ley con 93 propuestas formalizadas hasta el 31 de julio. La siguen en el escalafón Agustina Propato con 46 y Esteban Paulón con 37. En el rubro de proyectos de declaración, Roxana Monzón encabeza las posiciones con 36 presentaciones, en tanto que en el apartado de resoluciones Paulón ocupa el primer puesto al contabilizar 99 iniciativas ingresadas.

Desde la entidad especializada que confecciona el informe remarcan de manera constante que las métricas cuantitativas no constituyen por sí solas un indicador directo de la efectividad o de la calidad legislativa de un representante. No obstante, aclaran que la recolección de los datos numéricos resulta indispensable para analizar de forma objetiva la dinámica procedimental del Congreso Nacional.

A continuación, se consigna la nómina de los diez principales legisladores en cada una de las categorías computadas al cierre del receso invernal:

2°) Beatriz Ávila (Independencia): 44

3°) Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): 35

4°) Daniel Bensusán (Justicialista): 19

5°) Sergio Uñac (Justicialista): 19

6°) Marcelo Lewandowski (Justicialista): 17

7°) Edith Terenzi (Despierta Chubut): 17

8°) Flavia Royón (Primero los Salteños): 15

9°) Eduardo Galaretto (Unión Cívica Radical): 13

10°) Victoria Huala (Pro): 12

11º) Carolina Losada (Unión Cívica Radical): 12

12º) Natalia Gadano (Movere Santa Cruz): 12

2°) Jorge Capitanich (Justicialista): 36

3°) Sandra Mendoza (Independencia): 32

4°) Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza): 17

5°) Julieta Corroza (La Neuquinidad): 17

6°) Fernando Rejal (Justicia Social Federal): 13

7°) Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones): 13

8°) Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza): 12

9°) Ana Marks (Justicialista): 11

10°) Enzo Fullone (La Libertad Avanza): 10

2º) Alicia Kirchner (Justicialista): 14

3°) Flavia Royón (Primero los Salteños): 12

4°) Beatriz Ávila (Independencia): 6

5º) María Celeste Giménez Navarro (Justicialista): 6

6º) Daniel Kroneberger (Unión Cívica Radical): 6

7º) Marcelo Lewandowski (Justicialista): 6

8°) Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): 5

2°) Patricia Bullrich (La Libertad Avanza): 1

3º) Martín Göerling Lara (Pro): 1

4º) José Mayans (Justicialista): 1

5º) Flavia Royón (Primero los Salteños): 1

6º) Sergio Uñac (Justicialista): 1

2°) Agustina Propato (Unión por la Patria): 46

3°) Esteban Paulón (Provincias Unidas): 37

4°) Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): 36

5°) Cristian Andino (Unión por la Patria): 25

6º) Karina Banfi (Adelante Buenos Aires): 25

7°) Gabriela Estévez (Unión por la Patria): 24

8°) Carlos Castagneto (Unión por la Patria): 20

9°) Varinia Lis Marín (Unión por la Patria): 19

10º) Néstor Pitrola (Partido Obrero): 19

2°) Yamila Ruiz (Argentina Federal): 34

3°) Guillermo Agüero (Unión Cívica Radical): 25

4°) Pablo Juliano (Provincias Unidas): 23

5°) Karina Banfi (Adelante Buenos Aires): 13

6°) María Inés Zigarán (Provincias Unidas): 12

7°) Julieta Campo (Unión por la Patria): 11

8º) Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca): 11

9º) Gabriela Pedrali (Unión por la Patria): 11

10°) Mónica Frade (Coalición Cívica): 10

2°) Agustina Propato (Unión por la Patria): 74

3°) Pablo Juliano (Provincias Unidas): 64

4°) Marcela Pagano (Coherencia): 46

5°) Eduardo Valdés (Unión por la Patria): 30

6°) Ana María Ianni (Unión por la Patria): 28

7°) Roxana Monzón (Unión por la Patria): 26

8°) Cristian Andino (Unión por la Patria): 25

9°) Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria): 22

10º) Andrea Freites (Unión por la Patria): 22

(Fuente: APFDigital)

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo una reunión informativa bajo la temática “Situación económica y laboral: panorama federal”, con la conducción de la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria).

Durante el encuentro, trabajadores despedidos, dirigentes gremiales y empresarios de diversos rubros productivos trazaron un crítico diagnóstico sobre la coyuntura fabril y el empleo en distintas provincias.

En este marco, la provincia de Entre Ríos tuvo un rol protagónico a través de los testimonios de Walter Barbará, operario despedido de la planta de Granja Tres Arroyos (GTA) de Concepción del Uruguay, y de Claudio Gómez, trabajador cesanteado de la firma UniónBat en la ciudad de Gualeguaychú.

“Nos dejaron sin nada”

A su turno, Barbará describió la difícil situación que vive Concepción. “La empresa decidió cerrar sus puertas en mayo y, desde esa fecha hasta hoy no cobramos nada. La nuestra es una ciudad pequeña, de 82.000 habitantes, y somos 950 personas de las cuales solamente 480 tenemos la certeza de que estamos despedidos, pero igualmente no cobramos absolutamente nada”.

Sobre lo que atraviesan las familias describió: “Hay compañeros que se tuvieron que separar con la pareja, no porque no se quisieran, sino porque no pueden sostenerse y cada uno se volvió a la casa de los padres para no llevar toda la carga en un solo hogar”.

Asimismo Barbará recordó que un compañero despedido se descompensó y falleció de un infarto mientras cocinaba en el suelo con leña porque ya no tenía gas y estaba tapado en deudas.

Luego el trabajador cargó contra Joaquín De Grazia, dueño de GTA: “Este señor lo único que está haciendo es cargarnos a los trabajadores con la crisis de la empresa. Todo lo que tiene lo tiene gracias a la gente y nos dejó sin nada, es una situación muy desesperante”.

En ese sentido describió la situación por la vienen padeciendo desde el año pasado: “Por no perder el trabajo fuimos aceptando que nos redujeran el sueldo, cobrarlo en cinco cuotas, no trabajando los viernes, luego nos pidieron los lunes. A lo último vinieron con que no podían pagar en 5 cuotas, que iban a pagar en 10”, relató.

“Cuando le dijimos que no le echaron la culpa al sindicato, no abrieron más y nos dejaron a todos en la calle. No sabemos qué hacer. Estamos viviendo de lo que se puede, solo para comer. Tengo 51 años y 31 en la empresa. Hemos pasado la crisis del 2001, nos pagaban con bonos y no tuvimos problemas. El señor presidente asumió y en dos años y medio estamos todos en la calle”.

Finalmente el trabajador señaló que el colapso de Granja Tres Arroyos arrastra a toda la ciudad y ya hay 90 comercios que cerraron sus puertas, informó Página Gremial.

Emergencia social, laboral y productiva

A estas voces se sumó el dramático relato de Ezequiel Centurión, trabajador despedido de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, Buenos Aires.

“La situación es alarmante, no solamente en cuanto al trabajo, debido al cierre de Granja con despidos injustificados, sino que además estamos hablando de gente que no está comiendo”, afirmó, remarcando que se trata de una “emergencia social, laboral y productiva”.

El testimonio se completó con trabajadores de avícola Wade S.A.; Brío, Textil Emilio Alal, Fábrica de caucho Pampa Argentina, Dass calzado, de Eldorado, KTM motos, Campana, y Porcelanatos Ilva.

Proyecto para declarar la emergencia del sector agroindustrial avícola

Ante los planteos de la actividad avícola, el jefe de Asesores de la Subsecretaría PyME de la Nación, Eduardo Regondi, expresó su solidaridad con los empleados y manifestó la disposición del área para buscar soluciones conjuntas.

En tanto, el diputado nacional Sergio Palazzo (UxP) anunció que presentará un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector agroindustrial avícola por el término de un año. Además cuestionó la inacción de la Secretaría de Trabajo y señaló que la patronal actúa con respaldo de la reciente reforma laboral. (APFDigital)

El objetivo es reafianzar las relaciones con el país vecino, luego de los insultos que el Presidente Javier Milei lanzó contra el mandatario Lula Da Silva en su propia tierra. La delegación mantendrá una serie de reuniones institucionales en Brasilia, cuyo fin será, según comunicaron, "reafirmar el carácter estratégico y permanente de la relación entre Argentina y Brasil".

Entre los que viajarán se encuentra el gualeguaychuense y diputado Nacional, Guillermo Michel, que estará acompañado por otros legisladores, como ser: Nicolás Massot (EF), Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz (UP); Oscar Herrera Ahuad (AF), Eduardo Falcone (MID); Esteban Paulón, Martín Lousteau (PU); Maximiliano Ferraro (CC) y la senadora nacional María Florencia López (Justicialista).

La comitiva se reunirá mañana miércoles con el secretario general de Relaciones Institucionales José Guimarães en el Palacio del Planalto. Posteriormente, se verán con la vicecanciller María Laura Da Rocha en Itamaraty en la sede de la Cancillería brasileña.

Además, participarán de una reunión interparlamentaria con la Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional y el Grupo Parlamentar Brasil-Argentina del Senado Federal, presididos por el senador Nelsinho Trad.

"Los encuentros tendrán como objetivo reafirmar el carácter estratégico y permanente de la relación entre Argentina y Brasil, fortalecer los canales institucionales de diálogo y cooperación entre ambos Parlamentos y avanzar en una agenda de visitas recíprocas", aseguraron.

A fines de julio, Milei viajó a San Pablo a apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro -preso por intento de golpe de Estado en enero de 2023-, y en ese acto llamó "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" a Lula, además de "basura calva" al ministro de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes.

Los insultos desataron una ola de repudios de la oposición desde el Congreso, a través de diferentes proyectos.

En el plano democrático, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, y rebajó temporalmente el nivel de la relación diplomática.

En la última sesión en la Cámara baja, el diputado Massot anunció el viaje de la comitiva y sostuvo que "no hay ningún mandato electoral, por más fuerte que sea, que le permita a un poder -en este caso, el Ejecutivo- llevarse puestos 40 años de relaciones bilaterales estratégicas".

"Es de nuestra total incumbencia, y casi nuestro deber, velar por la permanencia de esas relaciones estratégicas plasmadas en acuerdos que nosotros mismos votamos", señaló, al tiempo que le pidió a las autoridades de ambas cámaras (Martín Menem y Victoria Villarruel) que "conformen de manera urgente la Comisión Bicameral Argentina-Brasil y el Grupo de Amistad".

Asimismo, consideró que "se debe citar a esta casa al canciller (Pablo) Quirno para que no solamente explique o aclare el incidente, sino para que detalle cómo piensa seguir la Argentina esta relación bilateral congelada y degradada con nuestro principal socio comercial y geopolítico, no solamente a nivel nacional sino también para la mayoría de las provincias argentinas", publicó Parlamentario.

El diputado provincial Juan José Bahillo presentó un proyecto de ley para crear el sello de distinción de calidad y origen “Arroz Entrerriano”, una herramienta destinada a reconocer, diferenciar y poner en valor a una de las cadenas productivas más importantes de la provincia.

La iniciativa es resultado del trabajo y las reuniones que Bahillo mantuvo junto a los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay con productores arroceros en San Salvador, donde se abordó la situación de la actividad y la necesidad de generar herramientas que permitan fortalecer la cadena y mejorar sus oportunidades de comercialización.

En continuidad con esa agenda, el diputado Guillermo Michel, junto a productores arroceros entrerrianos, mantuvo una reunión con Enrico Prezio, encargado de la Sección Comercial y Económica de la Embajada de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción de la producción arrocera entrerriana en el mercado europeo, aprovechando los beneficios y las oportunidades del Acuerdo Mercosur-UE.

En este contexto, el proyecto de creación del sello “Arroz Entrerriano” busca certificar el origen, la calidad y la trazabilidad del arroz cultivado, elaborado y transformado dentro de la provincia. También apunta a fomentar la incorporación de valor agregado y estándares diferenciales de calidad, y a mejorar el posicionamiento y la competitividad del producto en los mercados locales, nacionales e internacionales.

El proyecto establece que el sello será de adhesión voluntaria, gratuito y no exclusivo, y podrán acceder productores, empresas, molinos y productos que cumplan con los requisitos y protocolos establecidos por la autoridad de aplicación. El derecho de uso tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación.

La propuesta contempla además la creación de un Registro Provincial de Cesionarios del Sello “Arroz Entrerriano”, donde se inscribirán las empresas, productores, molinos y productos habilitados para utilizar la distinción en sus envases y materiales promocionales.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, que tendrá a su cargo la administración, fiscalización, auditoría y concesión del uso del sello, además de la elaboración de los protocolos técnicos y de calidad correspondientes.

El proyecto también contempla la posibilidad de conformar una Comisión Asesora Técnica integrada por representantes del sector público, organismos científico-tecnológicos como el INTA y universidades, y entidades representativas del sector arrocero. Su función será colaborar en la elaboración y actualización de protocolos técnicos y de sustentabilidad.

“El arroz entrerriano tiene calidad y una identidad que debemos fortalecer”

En los fundamentos de la iniciativa, Bahillo destaca que Entre Ríos tiene una posición de liderazgo histórico y productivo en la cadena arrocera nacional, a partir de la calidad de sus suelos, la disponibilidad de recursos hídricos, la incorporación de tecnología y la capacidad técnica de productores y molinos.

“El fortalecimiento de nuestras cadenas de valor mediante sellos de identidad territorial no solo defiende el trabajo y la producción entrerriana, sino que amplía las oportunidades comerciales en un contexto global que demanda alimentos seguros, trazables y de calidad certificada”, sostiene Bahillo en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa busca, de esta manera, darle identidad y reconocimiento a la producción arrocera entrerriana, agregar valor en toda la cadena y generar mejores condiciones para que el arroz de Entre Ríos pueda competir y llegar a nuevos mercados.

Una compleja semana en la agenda parlamentaria del Congreso Nacional concluyó con un fuerte revés para los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Durante la última sesión en el Senado, el oficialismo sufrió el desguace de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto marco que perdió tres de sus seis capítulos originales durante la votación en particular.

La falta de acuerdos previos con las bancadas aliadas y el posicionamiento crítico de gobernadores de distintas provincias terminaron por debilitar la mayoría circunstancial que el Gobierno nacional buscaba consolidar para destrabar su paquete de reformas en la Cámara Alta.

El quiebre en las negociaciones se profundizó a partir de las objeciones planteadas respecto a los artículos que flexibilizaban los límites a la venta de tierras a inversores extranjeros y las modificaciones al régimen legal de manejo del fuego.

A pesar de los intentos de última hora por articular modificaciones y fijar topes a la extranjerización, senadores que responden directamente a mandatarios provinciales de Tucumán, Neuquén, Salta y Misiones adelantaron su voto negativo a los capítulos más polémicos.

Si bien el proyecto obtuvo la aprobación en general para evitar un fracaso total de la convocatoria, los bloques de la oposición y legisladores provinciales impusieron su número para suprimir los tramos centrales de la normativa antes de su remisión a Diputados.

La ausencia de interlocutores clave durante la discusión de dictámenes y las divergencias internas en el gabinete nacional expusieron las dificultades del oficialismo para sostener alianzas legislativas estables.

Ante este escenario, la bancada oficialista analiza reconfigurar su dinámica de trabajo parlamentario, dejando de lado los proyectos normativos de gran alcance u "ómnibus" para abocarse exclusivamente a iniciativas puntuales e indispensables para la gestión económica, entre las cuales figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el debate del Presupuesto.

El Parlamento de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que sitúa al país galo a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea.

Esta medida allana el camino para que la nación europea se sume a la lista de países que buscan restringir las plataformas digitales ante los efectos nocivos en menores. El presidente Emmanuel Macron celebró la decisión a través de un video en sus redes sociales: "Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante".

La restricción se implementará en dos etapas:

Aunque algunos sectores políticos cuestionaron el plazo de implementación por su complejidad técnica, la ministra Le Hénanff sostuvo que el cronograma es realista. Por su parte, la ponente del texto, Laure Miller, aclaró que servicios como YouTube o WhatsApp solo deberán verificar la edad en sus funciones equivalentes a redes sociales (comentarios o canales) y no en la simple visualización de videos o mensajería. El texto contempla además excepciones para las enciclopedias en línea y proyectos digitales con fines educativos.

Con información de Noticias Argentinas

El Poder Legislativo nacional volverá a quedar en el centro de la escena política por una nueva recomposición de sus ingresos. A partir de agosto, los senadores nacionales percibirán una dieta cercana a los 12 millones de pesos brutos, luego de que se aplicara un incremento derivado del acuerdo paritario alcanzado entre los sindicatos del sector y las autoridades de ambas cámaras. En concreto, la actualización llevará los haberes a un total de 11.877.000 pesos brutos, valor previo a los correspondientes descuentos por obra social, aportes jubilatorios e Impuesto a las Ganancias.

La suba acumulativa pactada fue del 6,7% y se trasladó de manera automática a los senadores mediante el mecanismo de actualización aprobado en 2024, conocido como la "ley de enganche". Este sistema vincula directamente las dietas con las paritarias de los empleados del Congreso, calculando el sueldo sobre una base de módulos que contemplan la representación y el desarraigo. El incremento se liquidará en tres etapas escalonadas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% para agosto. Con esto, acumulan una suba del 19% en lo que va del año.

Por su parte, el convenio paritario firmado por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, también modificó los salarios del personal legislativo. De acuerdo con las nuevas escalas aprobadas por las autoridades parlamentarias, un trabajador del Congreso que se encuentra encuadrado en la categoría 1 pasará a cobrar 2.509.123 pesos en agosto. En tanto, un empleado de la categoría 6, considerada una de las más representativas dentro de la estructura del Palacio Legislativo, percibirá un sueldo de 1.193.538 pesos desde el próximo mes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este jueves que se presentará durante julio en el Senado de la Nación para brindar su Informe de Gestión, tal como establece la Constitución Nacional.

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", anunció el funcionario.

Adorni ya había concurrido en abril a la Cámara de Diputados para exponer sobre la marcha de la gestión nacional, en una sesión que contó con la presencia del presidente Javier Milei.

Sin embargo, su asistencia al Senado fue reclamada por distintos sectores políticos. El interbloque peronista, encabezado por José Mayans, y el PRO solicitaron que el jefe de Gabinete se presente durante junio para cumplir con la obligación constitucional de informar periódicamente al Congreso.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, pidió formalmente que Adorni concurra este mes. "Que se presente en junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional", expresó.

Además, informó que convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para analizar este y otros temas que integrarán el temario de las próximas sesiones.

Villarruel recordó que la Carta Magna establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno.

Por su parte, el senador nacional Martín Goerling Lara, presidente del bloque PRO en la Cámara alta, también reclamó la presencia de Adorni y señaló que "hace casi un año que el Senado no recibe al jefe de Gabinete".

A través de una publicación en la red social X, el legislador sostuvo que el funcionario "nunca vino a rendir cuentas al Senado, como lo exige el artículo 101 de la Constitución", y confirmó que presentó una nota solicitando su convocatoria para este mes.

En la misma línea, el PRO elevó un pedido formal a Villarruel para que se convoque a la reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo de definir la fecha de presentación del jefe de Gabinete. No obstante, Adorni ratificó que su exposición se realizará recién durante julio.

El bloque de Unión por la Patria (UP) en Diputados decidió no firmar el pedido de sesión especial impulsado por otros opositores para interpelar a Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei. La estrategia busca evitar que la discusión quede reducida a un eje exclusivo de corrupción y, en cambio, instalar una agenda más amplia con reclamos sociales y económicos.

Los legisladores peronistas trabajan desde hace semanas en proyectos vinculados al incumplimiento de leyes de emergencia en discapacidad, el recorte en salud, el financiamiento universitario, la emergencia PyME, la caída del consumo, el endeudamiento familiar y la regulación del trabajo en plataformas digitales. “Más que discutir únicamente a Adorni, queremos discutir el rumbo del Gobierno a partir del caso Adorni”, explican en el bloque.

Aunque el PJ dará quorum el próximo jueves, la oposición aún no reúne los votos necesarios para abrir la sesión. Sin el respaldo de Pro y de legisladores aliados a gobernadores dialoguistas, cualquier ofensiva contra Adorni podría quedar a mitad de camino.

En este contexto, el peronismo busca cuestionar políticamente al jefe de Gabinete sin caer en una lógica punitivista. Como resumió Carlos Castagneto: “No estoy de acuerdo con que desde el Congreso digamos quién tiene que ir preso. Eso lo define la Justicia. Lo que sí sostengo es que Adorni debería explicar de dónde sacó el dinero”.

NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES

Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura. pic.twitter.com/jx4YECMDtY

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026

El funcionario hablará ante la Cámara de Diputados con un discurso que, según anticiparon en la Casa Rosada, estará enfocado en los resultados económicos del Gobierno, la estabilidad macro y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

La presentación de Adorni se dará en una sesión especial que podría extenderse al menos seis horas. Tras su discurso inicial, el jefe de Gabinete deberá responder preguntas de los legisladores, organizadas en tres tandas.

Desde el entorno del funcionario evitaron confirmar si responderá consultas vinculadas a su situación judicial o si se limitará a cuestiones de gestión. Entre los temas que podrían aparecer figuran las investigaciones por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso de la criptomoneda $LIBRA.

La exposición se produce a 50 días de las primeras revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni, que derivaron en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. También será su primera aparición institucional de peso tras más de un mes sin conferencias de prensa.

El oficialismo buscará mostrar respaldo político pleno. Está previsto que el presidente Milei asista al Congreso junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del Gabinete, en una señal de apoyo a la figura del jefe de Gabinete.

La preparación del informe

Adorni trabajó durante semanas en la elaboración de su discurso y en las respuestas a las cerca de 4800 preguntas enviadas por los diputados, aunque en el Gobierno aseguran que muchas están repetidas.

El armado del informe se realizó junto a su equipo más cercano, con foco en ordenar los principales ejes de gestión y anticipar posibles cuestionamientos en el recinto. Incluso, el funcionario realizó el lunes por la mañana un ensayo previo en el Congreso.

En el marco de un férreo operativo de seguridad con intervención de la Casa Militar, el Gobierno demostrará su apoyo al Jefe de Gabinete. A la presencia confirmada de Javier y Karina Milei en el palco central, se agregó la novedad de que el presidente y su hermana pidieron que el Gabinete en pleno esté presente en los balcones del primer piso del recinto, para el inicio de la sesión previsto a las 10.30.

También dirán presentes los senadores nacionales del bloque que comanda Patricia Bullrich, supo la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes de Presidencia de Diputados. Toda la carne al asador.

Un rato antes de tomar lugar en el hemiciclo para dar su informe inicial, Adorni pasará por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para la foto que ya se hizo costumbre cada vez que un ministro se presenta en el Congreso.

“Habrá entre 100 y 200 invitados institucionales”, explicaron las fuentes de la presidencia de Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Congreso Nacional exigiendo a los diputados que no traicionen la Ley de Glaciares, vista parcial tras una reja ornamental.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

Fuente: Infobae

El caso Libra, vinculado a una presunta estafa con criptomonedas, volvió a generar tensión política en el Congreso. La oposición reclamó que altos funcionarios del Gobierno nacional comparezcan en Diputados, pero el oficialismo logró bloquear el tratamiento de los proyectos.

En el inicio de la sesión especial de la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incluir en el temario tres proyectos vinculados al caso Libra. Dos de ellos apuntaban a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que rindieran cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue quien planteó la moción, que obtuvo 125 votos positivos y 116 negativos. Sin embargo, al no contar con dictamen, se requería una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los presentes, por lo que la iniciativa fue rechazada.

El tercer expediente buscaba que el presidente Javier Milei respondiera sobre comunicaciones con el empresario cripto Mauricio Novelli y sobre posibles pagos recibidos. También fue rechazado en la votación.

Tras el resultado, Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias y compromisos de otros diputados, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”.

El legislador cuestionó además la falta de avances judiciales en la causa. “A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra. Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de tres meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy”, sostuvo.

Ferraro agregó que, si el presidente no tuvo relación con el caso, “no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes”. Para el diputado, la falta de respuestas oficiales y judiciales refleja un intento de encubrimiento y una malversación de la investidura presidencial.

El debate dejó expuesta la tensión política en torno al caso Libra, con la oposición reclamando transparencia y el oficialismo cerrando filas para evitar que los proyectos avanzaran en la Cámara baja.

El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para exsoldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

El texto presentado en el Congreso establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23.848 y el decreto reglamentario 2.634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24.241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

El articulado contempla que, si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la Anses tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, junto a otros legisladores del espacio, impulsan esta iniciativa. Presentaron un proyecto de ley que busca suspender de manera temporal el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con el fin de amortiguar el impacto de los recientes aumentos en el surtidor. La iniciativa apunta a retrotraer el precio de la nafta y el gasoil a niveles anteriores al conflicto en Medio Oriente, que disparó el valor del crudo a nivel mundial.

El proyecto señala que el peso de los impuestos sobre el precio de la nafta se incrementó en el último mes debido a la volatilidad del barril. Desde 2024, el gobierno nacional aplica ajustes mensuales en los tributos fijos: el Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $345 (15,83% del valor final) y el Impuesto a las Emisiones de CO₂ agrega $21 (0,97%). A esto se suma el IVA y gravámenes provinciales y municipales.

La normativa vigente establece que la recaudación del impuesto debe distribuirse entre el Tesoro Nacional, el FONAVI, las provincias, el Sistema Único de Seguridad Social y distintos fideicomisos de infraestructura y transporte. Sin embargo, el texto denuncia que actualmente el gobierno no cumple con esa distribución, ya que varios fondos fueron eliminados.

Según el análisis de la recaudación nacional de marzo, el Impuesto a la Transferencia de Combustibles aumentó un 78,8%, muy por encima del promedio general de 31,8%. Esto afecta especialmente al interior del país, donde el precio del combustible es superior al del AMBA.

El proyecto contextualiza la medida en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, iniciado el 28 de febrero, que provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo global. La interrupción de este corredor elevó los precios internacionales del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, impactando en las cadenas de suministro.

El texto cita medidas adoptadas en otros países para amortiguar la suba: España redujo el IVA de los combustibles al 10% y Chile anunció una baja de $455 por litro en la parafina, estabilizando su precio en torno a $1.050.

La propuesta establece suspender hasta el 30 de junio el impuesto a los combustibles, lo que implicaría una reducción promedio de $350 por litro. Con ello, se busca retrotraer el valor de la nafta a los niveles previos al conflicto internacional y aliviar el impacto en los consumidores.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador nacional Adán Bahl, lograron un avance en la demanda presentada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) con el objetivo de prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú (Uruguay), a solo tres kilómetros de Colón, sobre el río Uruguay.

En el marco de esa acción civil, el pasado 18 de marzo la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se declaró a favor de aceptar la competencia y opinó que el proceso debe tramitar ante el juzgado federal de dicha ciudad.

De esta manera, la justicia está en condiciones de evaluar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas del río.

Para los legisladores la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

En ese sentido, presentaron la demanda civil de prevención de daños conforme lo previsto por los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N.

Asimismo, los legisladores del peronismo pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, expresaron.

Los preocupantes índices de suicidios que pusieron a Entre Ríos como una de las provincias en la que más se incrementaron los casos propició que este martes ingresara a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone que se declare “la Emergencia en Salud Mental en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos por el término de dos años, con el objeto de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención del suicidio, la atención integral de la salud mental y la asistencia a personas en situación de riesgo”.

El proyecto tiene por finalidad declarar la Emergencia en Salud Mental en la Provincia de Entre Ríos “en atención a la preocupante evolución de los indicadores vinculados a suicidios y problemáticas de salud mental que afectan de manera creciente a distintos sectores de la población, particularmente a adolescentes y jóvenes”.

También propone que “el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y de los organismos competentes, deberá implementar un Plan Integral de Abordaje de la Emergencia en Salud Mental, el cual deberá contemplar, entre otras medidas: a) El fortalecimiento de los servicios de atención en salud mental en hospitales y centros de salud de la provincia. b) La ampliación de equipos interdisciplinarios especializados en prevención del suicidio y asistencia psicológica. c) La implementación de líneas telefónicas y canales digitales de atención permanente para situaciones de crisis. d) La coordinación con instituciones educativas, organizaciones sociales y municipios para la detección temprana de situaciones de riesgo. e) Campañas de concientización y prevención del suicidio destinadas especialmente a adolescentes y jóvenes”.

El proyecto del diputado de La Libertad Avanza de la provincia, Roque Fleitas, instó a que “durante la vigencia de la emergencia, el Poder Ejecutivo deberá priorizar la asignación de recursos humanos, presupuestarios y técnicos destinados a la atención, prevención y tratamiento de problemáticas vinculadas a la salud mental”.

También ordena que “el Ministerio de Salud deberá elaborar informes periódicos sobre la evolución de los indicadores de salud mental y suicidio en la provincia, a fin de evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la presente ley”. Finalmente invita “a los municipios de la Provincia de Entre Ríos a adherir a la presente ley y a implementar programas locales de prevención y promoción de la salud mental”.

Fleitas recordó que “en los últimos años diversos informes y relevamientos han evidenciado un incremento sostenido de los casos de suicidio en la provincia, situación que genera una profunda alarma social y que demanda una respuesta institucional urgente por parte del Estado”.

El legislador añadió que “distintos registros y reportes periodísticos han señalado que Entre Ríos se encuentra entre las jurisdicciones con mayores tasas de suicidio del país, circunstancia que ha motivado incluso iniciativas impulsadas por estudiantes y organizaciones sociales que solicitan la declaración de emergencia en la materia”.

Tras enumerar el marco normativo provincial, nacional e internacional en la materia, el diputado sostuvo que “la declaración de emergencia que se propone tiene como finalidad jerarquizar institucionalmente la problemática, permitiendo priorizar recursos humanos, técnicos y presupuestarios destinados a enfrentar una situación que impacta de manera directa en la vida y en el bienestar de la población”. Finalizó resaltando que “la magnitud del fenómeno exige acciones urgentes, coordinadas y sostenidas”. (Fuente: APFDigital)

El proyecto de ley establece la creación del “Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA) en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con alcance en todo el territorio de la Nación. El Registro tiene carácter federal e interoperable con organismos nacionales y provinciales”. Ello a los fines de “garantizar la efectividad del crédito alimentario reconocido judicialmente”.

Según consigna el texto presentado, “la inscripción vigente en el REFIOA produce la inhabilitación personal para ingresar y permanecer en: 1. Casinos; 2. Salas de bingo; 3. Agencias de apuestas; 4. Plataformas de juego en línea autorizadas por autoridad estatal”. A su vez, la misma “procede cuando el juez competente, mediante resolución fundada, así lo disponga en caso de incumplimiento relevante de la obligación alimentaria”.

A este respecto, Michel señaló: “Si bien varias provincias han creado registros locales de deudores alimentarios, la amplitud territorial genera desigualdades significativas que permiten que una persona inscripta en una jurisdicción pueda eludir efectos trasladándose a otra. La creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”.

Marclay, por su parte, expresó que “la ley tiene dos objetivos: dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados (la cuota alimentaria) y la urgencia de dar respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país”.

La cuota alimentaria es un bien jurídico de máxima jerarquía constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la protección integral de la familia y el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 impone al Estado la obligación de asegurar el pago de la pensión alimenticia.

Según el informe de UNICEF Argentina de 2024, más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no reciben la cuota alimentaria, proporción que asciende al 68% cuando se incluye a quienes no la reciben de manera regular. Estas cifras no describen situaciones excepcionales: expresan una pauta sostenida de incumplimiento que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y sobre los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

Este jueves 19 de febrero se debatirá en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la reforma laboral. Aunque la negociación fue álgida desde el comienzo, luego de recibir la media sanción en el Senado las discusiones se pusieron aún más tensas.

En la reunión de comisión del miércoles, hasta las 17 se escucharon los discursos de los invitados externos, como representantes de sindicatos de distintas organizaciones gremiales, abogados laboristas y representantes empresariales, que fueron a dar su opinión de la reforma. Luego comenzaron las exposiciones de los legisladores que debatirán la ley en el recinto.

Además del famoso artículo 44, que se confirmó que será eliminado, existen otros puntos sobre los que no se conoció un acuerdo cerrado.

El dictamen de mayoría alcanzó 44 firmas que salieron de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia. También acompañaron los vocales del Pro, el MID y el rionegrino Sergio Capozzi de Provincias Unidas, pero en disidencia debido a su intención de incorporar la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales.

Por su parte, hubo otros dictámenes alternativos: Unión por la Patria presentó uno con 29 firmas; hubo otro de Nicolás Massot de Encuentro Federal; y uno más de Mónica Frade de la Coalición Cívica. Por el rechazo, el Frente de Izquierda elevó un despacho con firma de Néstor Pitrola, vocal de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Un punto muy cuestionado por la oposición es el nuevo sistema de indemnizaciones. Se propone un régimen opcional para reemplazar la indemnización tradicional por despido. En lugar de pagar una suma elevada al final de la relación laboral, el empleador haría aportes periódicos a un fondo durante la vigencia del contrato. El sistema tiene por objetivo reducir el “costo de despido”, según el Gobierno y es similar al que ya funciona en UOCRA. Sin embargo, los sindicatos apuntan que el monto final de los resarcimientos podría ser menor al que se paga actualmente.

Por otro lado, el Gobierno presentó en la “modernización” un proyecto de banco de horas, el cual habilita un esquema de compensación en el que las horas extra no se pagan aparte, sino que pueden ser acumuladas y compensadas con días de descanso, además de que las jornadas podrían extenderse. El supuesto objetivo es la mayor flexibilidad y adaptación a los picos de producción. Igualmente, los opositores advierten que podría haber un desbalance en la negociación de ese tiempo extra, lo que pondría a los empleados en riesgo de jornadas muy extensas y sin pagos que lo retribuyan.