En la primera jornada de homenajes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos destacó la labor de mujeres que transforman sus comunidades a través de la cultura, la educación, el periodismo y la militancia por los derechos humanos. El ciclo continuará con una segunda instancia prevista para el jueves 26.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio inicio a las actividades por el Día Internacional de la Mujer con un acto que puso en valor el compromiso social de referentes de toda la provincia.

En este sentido, distinguieron a Nina Fuentes, quien fue convocada por la diputada Lorena Arrozogaray como referente cultural de Gualeguaychú y directora de danza; su instituto celebra las Bodas de Oro en 2026 y a Socorro Barcia, convocada por el diputado Carlos Damasco, como histórica referente del teatro independiente en Gualeguaychú y defensora de los derechos humanos tras su inhabilitación docente durante la dictadura.

El evento contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Hein, quien acompañó la entrega de distinciones a las homenajeadas. Durante el encuentro, los legisladores destacaron historias de vida marcadas por la vocación de servicio, la resiliencia y el aporte invalorable al desarrollo de la identidad entrerriana en sus diversas localidades.

Las mujeres reconocidas en esta primera fecha representan una síntesis del esfuerzo colectivo en áreas como la docencia rural, el arte y la comunicación social. Cada una de ellas recibió el aval de un diputado o diputada, quienes fundamentaron la elección en base al impacto positivo de sus trayectorias. Al inicio del acto, el diputado Hein dio la bienvenida al tiempo que resaltó “el legado marcado por logros y luchas de cada una por una provincia y una Argentina mejor”, mientras que la presidente de la Banca de la Mujer, Género y Diversidad, diputada Susana Pérez, destacó el 8 de marzo “no como una efeméride más sino como día de reconocimiento de derechos”.

Perfiles de las mujeres distinguidas

-Gloria Warner, convocada por la diputada Mariel Ávila: destacada figura de Concordia con una extensa carrera política y educativa, donde fue directora Departamental de Escuelas.

-Liliana Schredelseker, convocada por la diputada Mariana Bentos: docente y comunicadora de FM del Sol, creadora del programa “El Baúl de los Recuerdos” en fomento de la identidad local villaguayense.

-Liliana “Lilo” Testambruna, convocada por la diputada Julia Calleros: docente rural de Concordia que impulsó mejoras estructurales, como el uso de energía solar en su escuela.

-Diana Zapata, convocada por la diputada Silvina Deccó: intérprete con 40 años de trayectoria, considerada la voz femenina más representativa de la chamarrita entrerriana.

-María Inés Bacigalupo, convocada por el diputado Roque Fleitas: artista plástica y colaboradora comunitaria en Paraná, con un fuerte compromiso en la investigación histórica.

-Lidia “Bechy” Lazzeroni, convocada por el diputado Mauro Godein: docente que dedicó más de 25 años a la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer (LALCEC) filial Colón para fortalecer la prevención médica.

-Claudia Cagigas, convocada por la diputada Gabriela Lena: periodista de Chajarí y creadora de “El Espejo”, un espacio de comunicación enfocado en historias humanas y con compromiso social y comunitario.

-Sabrina Gullino Valenzuela Negro, convocada por la diputada Laura Stratta: nieta recuperada número 96, quien mantiene activa la búsqueda de su hermano mellizo nacido en cautiverio en Paraná.

Los diputados provinciales Juan José Bahillo y Enrique Cresto presentaron un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de Entre Ríos mediante el cual solicitan que el Poder Ejecutivo Provincial inste al Gobierno Nacional a avanzar, ante las autoridades de los Estados Unidos, en la apertura efectiva de ese mercado para los cítricos dulces entrerrianos, especialmente naranjas y mandarinas.

La iniciativa se fundamenta en que el sector citrícola argentino ya cumplió con todas las exigencias técnicas y sanitarias requeridas. En 2019, el USDA-APHIS evaluó y aprobó favorablemente el estatus sanitario y los procesos productivos, restando únicamente instancias administrativas para completar el procedimiento de consulta pública y la publicación de la norma reglamentaria correspondiente.

Al respecto, Bahillo afirmó que “estamos frente a una oportunidad histórica para la citricultura entrerriana, que no se debe dejar pasar. El sector productivo hizo su parte hace años, cumplió cada requisito y hoy lo que se necesita es decisión política para destrabar una demora injustificada”.

“El acceso al mercado estadounidense no implica costos fiscales ni subsidios, pero sí puede generar un impacto muy significativo en términos de empleo, inversión, generación de divisas y mejora de precios para nuestros productores”, agregó.

Por su parte, Cresto remarcó la importancia estratégica de la citricultura para el noreste entrerriano. “En departamentos como Concordia y Federación, esta actividad es un pilar económico y social. Avanzar en la apertura de este mercado es defender el trabajo, la producción y el desarrollo regional”, sostuvo.

Ambos legisladores coincidieron en que el Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos brinda las herramientas institucionales necesarias para resolver esta situación y evitar que continúe una asimetría que perjudica a la producción entrerriana.

“No es un pedido nuevo ni improvisado: es un proceso que está maduro, técnicamente aprobado y listo para concretarse. Por eso insistimos en avanzar sin más demoras”, concluyó Bahillo.

La diputada provincial Lorena Arrozogaray y legisladores coautores presentaron un pedido de informes sobre la obra social OSER para que se brinden explicaciones sobre decisiones administrativas y financieras vinculadas al control del gasto y al uso de fondos públicos, alertando sobre posibles irregularidades en la gestión.

La diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó en la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de informes a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para que brinde explicaciones detalladas sobre decisiones administrativas y financieras que podrían haber afectado la transparencia y el correcto uso de recursos públicos. Este pedido cuenta con la coautoría de sus pares Ávila, Castrillón, Cresto, Deccó, Moreno, Stratta y Zoff.

El pedido solicita información precisa sobre pagos autorizados sin certificado de libre deuda de ATER, reestructuraciones en el área de Control del Gasto, el desplazamiento de personal técnico especializado, contratos de locación abonados, auditorías internas realizadas y el impacto económico de juicios iniciados contra la obra social.

“OSER administra fondos públicos y tiene la obligación legal de hacerlo con eficiencia, transparencia y control.

Cuando se debilitan los mecanismos internos o se toman decisiones arbitrarias, no sólo se pone en riesgo el patrimonio del Estado, sino también el acceso efectivo a la salud de miles de entrerrianos”, sostuvo Arrozogaray.

En los fundamentos del pedido se advierte sobre posibles desvíos de poder, falta de controles adecuados y eventuales responsabilidades de los funcionarios intervinientes, por lo que se requiere además documentación respaldatoria, actas de directorio e informes de los organismos de control.

Desde el bloque “Más para Entre Ríos”, los legisladores señalaron que el objetivo del pedido de informes es ejercer una función constitucional indelegable de control, garantizar reglas claras en la administración pública y evitar cualquier daño patrimonial que termine pagando la sociedad entrerriana.

“El acceso a la salud y la correcta gestión de la obra social no pueden quedar librados a decisiones discrecionales. Transparencia, control y responsabilidad son condiciones básicas para fortalecer lo público”, concluyó la diputada.

La Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto de ley que autoriza la creación de nuevos cargos en la Dirección General del Servicio Penitenciario provincial, con el objetivo de reforzar las dotaciones de personal y acompañar el crecimiento del sistema carcelario.

La iniciativa, identificada como expediente Nº 28.750, contempla la incorporación de 50 cargos de agentes penitenciarios y 15 cargos de Oficiales Subadjutores del Escalafón Cuerpo General del Personal de Seguridad. La medida fue considerada un avance significativo para el fortalecimiento de los recursos humanos en un área clave para la seguridad pública.

Durante el tratamiento legislativo, el proyecto fue defendido ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas por el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y el subdirector Santiago García. Ambos funcionarios expusieron la necesidad de reforzar las dotaciones en distintas unidades, en un contexto donde el personal cumple sus funciones con altos niveles de exigencia y, en muchos casos, con planteles reducidos.

Desde el ámbito penitenciario se destacó que la creación de nuevos cargos permitirá mejorar la organización interna, optimizar la capacidad operativa y atender de manera más eficiente las demandas actuales del sistema. También se remarcó el reconocimiento al compromiso sostenido del personal, que desarrolla su tarea en condiciones complejas y con creciente presión operativa.

La aprobación de la ley representa un paso importante para el fortalecimiento institucional del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, al tiempo que busca contribuir a una gestión más eficaz, segura y acorde a los desafíos que enfrenta el sistema carcelario en la actualidad.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos analizará este lunes, desde las 15, el proyecto del Poder Ejecutivo que introduce modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositiva provincial, iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado. El tratamiento se realizará en el ámbito de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, en una jornada clave para el cierre del paquete fiscal antes de fin de año.

El proyecto fue aprobado la semana pasada en la Cámara Alta en una sesión especial, sobre tablas y con los dos tercios de los votos requeridos, tanto en general como en particular. Desde el Gobierno provincial se destacó que las modificaciones apuntan a “fortalecer la equidad, eficiencia y sustentabilidad del sistema tributario”, adecuándolo a las actuales condiciones económicas, sociales y administrativas.

Entre los principales cambios al Código Fiscal, el Ejecutivo propuso la incorporación de la figura del interés punitorio para las deudas reclamadas judicialmente, con el objetivo de sancionar incumplimientos agravados y proteger el crédito fiscal. Además, se modifica el régimen de honorarios de los procuradores fiscales, estableciendo que sólo podrán percibirse una vez cancelada o regularizada la deuda, priorizando así el ingreso efectivo de recursos al Tesoro provincial.

En cuanto a la Ley Impositiva, el proyecto contempla una reducción de alícuotas para la actividad de servicios de integradores de aves y porcinos, la fijación de una alícuota del 5% para la provisión de servicios de internet y la actualización de valores para contribuyentes adheridos al régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, entre otros puntos.

Desde el Poder Ejecutivo confían en que las modificaciones permitirán mejorar la recaudación y la administración de los recursos fiscales, garantizando una distribución más equitativa de las cargas tributarias.

No obstante, durante el debate en el Senado se escucharon reparos desde la oposición. El senador peronista Víctor Sanzberro cuestionó la falta de tiempo para el análisis del proyecto en comisión y advirtió que el tratamiento apresurado puede afectar la calidad legislativa. “No existe una situación de urgencia que justifique discutir una veintena de artículos sin el tiempo material necesario”, señaló, aunque aclaró que el bloque acompañó para no obstaculizar que la Provincia cuente con su esquema fiscal antes de fin de año.

El debate ahora se traslada a Diputados, donde se definirá si el paquete fiscal queda sancionado definitivamente en las próximas horas.

La diputada Lorena Arrozogaray, del bloque peronista en la Cámara baja entrerriana, presentó un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo detalle el “listado completo, actualizado al ciclo 2024–2025, de todas las carreras terciarias de formación docente y tecnicaturas dependientes del Consejo General de Educación (CGE), discriminando: localidad, instituto, carrera y estado actual (activa / cerrada / sin inscripción / con cohorte a término)”.

Asimismo, solicitó que “en relación con las carreras cuya inscripción fue cerrada, limitada o suspendida durante los ciclos 2024 o 2025” se informe: “a) fecha de la decisión; b) motivos oficiales; c) actas, resoluciones o comunicaciones administrativas que respalden dicha decisión; d) matrícula estudiantil de cada carrera en los últimos cinco (5) años (2021–2025), discriminada por cohorte y por año de cursada; e) situación de la planta docente, detallando cantidad de docentes por carrera, condición laboral (titular, interino, suplente, contratado, a término) y previsión del CGE sobre su continuidad en caso de cierre o suspensión de carreras; e infraestructura disponible en cada instituto: a) si cuenta con edificio propio o comparte sede con instituciones de otros niveles; b) estado edilicio; c) partidas presupuestarias asignadas durante 2024 y 2025”.

En el texto se señaló que “dado que la formación docente constituye un pilar estratégico para el sistema educativo, y considerando la gravedad y urgencia de los hechos denunciados, resulta indispensable que esta Honorable Cámara requiera información oficial, exhaustiva y detallada sobre el estado real de la oferta terciaria provincial, los criterios para la toma de decisiones y las garantías previstas para estudiantes y trabajadores”.

Criterios oficiales

El pedido, acompañado por las diputadas y diputados Silvia Ávila, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Andrea Zoff, Laura Stratta, Yari Seyler y Juan Bahillo, también instó a que se precisen los “criterios oficiales utilizados para decidir la continuidad, cierre o apertura de carreras: umbrales mínimos de matrícula, indicadores pedagógicos, parámetros presupuestarios u otros criterios técnicos”, así como el “plan de continuidad para estudiantes: medidas adoptadas para garantizar que quienes iniciaron una carrera puedan completarla, incluyendo equivalencias, traslados, reubicaciones o aperturas extraordinarias de cohorte”.

Además, se requirió información sobre la “evaluación provincial del impacto que los cierres o suspensiones de carreras podrían generar en la disponibilidad futura de docentes de nivel secundario en cada región de la provincia”.

Arrozogaray explicó que “durante este año 2025 se ha hecho pública una situación de creciente preocupación respecto al estado de la formación docente en Entre Ríos, que afecta tanto a estudiantes como a docentes y comunidades enteras. Diversas fuentes han documentado recortes, cierres de carreras, falta de infraestructura, precariedad laboral docente y una tendencia a consolidar el sistema de ‘carreras a término’, sin garantía de continuidad”.

Posibles riesgos

La legisladora sostuvo que “estas decisiones ponen en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad laboral y la capacidad del sistema educativo provincial para abastecerse de docentes formados, especialmente en zonas del interior, donde la oferta pública de educación superior es una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades”.

Finalmente, advirtió que “la información disponible sugiere que el criterio predominante estaría vinculado a decisiones presupuestarias y a evaluaciones de matrícula no transparentadas, lo cual agrava la incertidumbre. Docentes y estudiantes señalan que la política educativa actual no asegura ni previsibilidad ni estabilidad, y que la falta de explicaciones oficiales profundiza el malestar social”.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos concretará este miércoles una jornada de fuerte contenido histórico e institucional al trasladar su actividad al Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, en Concepción del Uruguay. La iniciativa homenajea la primera sesión de la Legislatura entrerriana, realizada allí el 26 de noviembre de 1860, cuando la ciudad volvió a ser capital provincial tras la etapa en que Entre Ríos fue sede de la Confederación Argentina.

Desde las 9 se desarrolla un cronograma que combina acto protocolar, conferencias, reuniones de comisión y una sesión especial encabezada por el presidente de la Cámara, Gustavo Hein. La actividad comienza en el patio del Colegio, continúa en galerías y biblioteca, y concluye en el Salón de Actos Alejo Peyret. Toda la jornada puede seguirse por las plataformas digitales de la Legislatura y el streaming de Radio Diputados.

Hein destacó el valor simbólico del regreso al edificio histórico y subrayó el trabajo de las áreas de Modernización y Comunicación para hacer posible el traslado. Recordó que es la segunda vez que la Cámara sesiona fuera de Paraná —la primera fue en Gualeguaychú durante el conflicto por las papeleras— y que en este caso el motivo es “un aniversario que honra la tradición institucional de la provincia”.

Entre los temas del orden del día figuran seis expedientes del Poder Ejecutivo vinculados a la recepción y cesión de inmuebles a donar, la modificación de un artículo de la Ley de creación de OSER y un reconocimiento institucional a un maestro normal nacional y docente de Historia.

La jornada incluye la conferencia “La ciudad que salvó el Congreso Constituyente de 1852”, a cargo del profesor Orlando Busiello, destinada a contextualizar el rol de Concepción del Uruguay en la organización política de la Argentina. El historiador y museólogo Carlos Iriarte, nuevo director del Palacio San José, aportó una reconstrucción histórica en diálogo con Radio Diputados: recordó que la sesión inaugural de 1860 se dio tras la reforma constitucional que reorganizó la provincia luego de la etapa confederal, y subrayó que la ciudad fue capital entrerriana hasta 1883.

El Colegio del Uruguay, conocido como “el Histórico”, fue fundado por Urquiza en 1849 como la primera escuela secundaria laica y gratuita del país. Por sus aulas pasarían tres presidentes argentinos —Roca, De la Plaza y Frondizi— además de figuras centrales de la vida política regional. Su edificio, inaugurado en 1851 y declarado Monumento Histórico Nacional en 1942, condensó múltiples funciones institucionales: iglesia, casa de gobierno y sede legislativa, entre otras. Para Iriarte, todo el casco histórico de la ciudad “recuerda la importancia política de Entre Ríos en la organización nacional”.

Hoy la institución mantiene su actividad educativa en los niveles secundario y universitario bajo la órbita de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, cuya colaboración resultó clave para habilitar los espacios donde se desarrollan las actividades legislativas.

Según Hein, la jornada busca “abrir una vez más la Cámara y acercar a los entrerrianos el trabajo legislativo”, poniendo en valor el patrimonio histórico y fortaleciendo el vínculo entre instituciones y comunidad. Concepción del Uruguay funciona así, por un día, como capital política simbólica de la provincia.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto 2026. Fue en la sesión de este miércoles y, de esta manera, la normativa del Ejecutivo Provincial será girada para su tratamiento en el Senado.

La votación en general fue 31 a 0. No obstante, los artículos referidos al endeudamiento tuvieron un resultado de 20 a 12. No fueron acompañados por el peronismo y tampoco por Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos).

En declaraciones, el diputado Bruno Sarubi, que preside la Comisión de Hacienda, subrayó que la aprobación se dio “por unanimidad en general y por mayorías en particular”.

Tras ello, calificó el presupuesto como positivo para la ciudadanía. “Es un Presupuesto positivo para los entrerrianos. Donde hay una necesidad, hay una partida presupuestaria para un Estado presente, con una fuerte inversión en lo que es educación, salud, seguridad y obras públicas”, sostuvo.

El legislador destacó particularmente la asignación en infraestructura: “Casi un billón de pesos destinado a lo que va a ser obras públicas, gran parte con un presupuesto propio y también el resto con financiamiento de organismos internacionales”. Según afirmó, ello refleja “una prioridad de nuestro gobernador en materias sensibles y en los pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier sociedad”.

Consultado por el énfasis en políticas destinadas a la infancia, Sarubi explicó: “Se viene trabajando con UNICEF en poder medir cuáles son las políticas que directa o indirectamente influyen en todo lo que son políticas destinadas a la niñez”. Agregó que ese proceso se desarrolla desde gestiones anteriores, pero “cada vez se está trabajando más y se está haciendo mayor hincapié”.

Destacó que una de las partidas que más creció es la vinculada a políticas alimentarias, gran parte de las cuales “van destinadas a lo que son los comedores escolares, que sabemos de la importancia que tienen en un gran sector de la población entrerriana”. Según explicó, también se trabaja con universidades “para medir cuál es el impacto real que tienen los comedores escolares, sobre todo el nivel de desnutrición o de obesidad que tienen los chicos”.

Sobre la comparación con el ejercicio anterior, el diputado precisó: “Respecto al presupuesto de 2025, lo que es educación, salud y seguridad, el promedio que se aumentó es un 15%”. En tanto, “todo lo que es promoción social, en promedio se aumenta un 18% y en obras públicas casi un 9%”. Sarubi señaló que el tratamiento legislativo incorporó ajustes, aunque sin cambios sustanciales.

Explicó que el Poder Ejecutivo envió el proyecto y se sumaron obras en un anexo “sin partida presupuestaria, sin crédito presupuestario”, lo que permitirá asignar fondos si la economía crece o se obtienen nuevos créditos. “Si esas obras no están en el presupuesto, no podrían tener el crédito presupuestario”, detalló.

Vale destacar que el bloque justicialista rechazó los cuatro artículos vinculados al endeudamiento al considerar que el Gobierno provincial solicita un "cheque en blanco" sin un destino claro y planificado para los fondos. (Fuente: Elonce)

La Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó a discutir en comisión este martes dos proyectos sobre Educación Financiera con el objetivo de implementar la materia en el proceso formativo de los estudiantes entrerrianos tanto en el nivel Primario, Secundario y Terciario.

Los proyectos pertenecen a los diputados Bruno Sarubi y Mariana Gisela Bentos: los legisladores encargados de su discusión mantuvieron un encuentro días atrás con matriculados de la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCCER).

"El objetivo de la reunión fue compartir las distintas perspectivas y explorar las oportunidades de colaboración entre los diputados y la institución. El enfoque está puesto en promover la alfabetización financiera, incorporando todo tipo de herramientas digitales", indicó el Cr. Matías Méndez, integrante de la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo.

Durante el encuentro se debatió sobre la importancia de la Educación Financiera y sus desafíos en la actualidad. Se remarcó el carácter dinámico y de constante evolución del mundo de las finanzas, que exige una actualización permanente y planes de estudio flexibles para su tratamiento.

Por otro lado, desde el Consejo se resaltó la necesidad formar a los jóvenes entrerrianos en materia impositiva, presupuestaria y otros aspectos de interés público para profundizar el conocimiento de la ciudadanía en lo que refiere al Estado y su funcionamiento; herramientas que además son útiles para la vida personal de cada individuo.

Tanto los diputados como los matriculados del Consejo agradecieron la oportunidad de intercambiar miradas y perspectivas sobre cómo abordar el desafío y se comprometieron a trabajar en conjunto durante el tratamiento legislativo de los proyectos.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos recibió un pedido de informe impulsado por el legislador de La Libertad Avanza, Carlos Damasco, para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la aplicación de la Ley N° 9393, que regula la instalación y funcionamiento de las grandes superficies comerciales.

El planteo, acompañado por las diputadas Liliana Salinas, Lorena Arrozogaray y Mariel Ávila, se fundamenta en versiones que indican que determinadas cadenas de supermercados mayoristas estarían realizando ventas minoristas sin contar con la habilitación correspondiente, lo que podría contravenir el espíritu de la norma.

Amparado en el artículo 117 de la Constitución Provincial, el pedido solicita un informe exhaustivo que incluya: la nómina de establecimientos habilitados bajo el régimen de grandes superficies en los últimos 20 meses, los controles efectuados, los sumarios o sanciones aplicadas, y las denuncias formales por infracciones a la ley.

El documento también requiere información sobre las reglamentaciones complementarias que el Ejecutivo haya emitido para la aplicación del régimen y, de manera particular, consulta si en la ciudad de Concordia se autorizó a una empresa mayorista a realizar ventas al por menor. En ese sentido, Damasco pidió que se precise si la Dirección de Comercio Interior llevó a cabo audiencias en los últimos 60 días, quiénes participaron y cuáles fueron sus resultados.

La iniciativa surge en medio de la polémica generada por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), que cuestionó la habilitación a la cadena Maxiconsumo para vender al público minorista, argumentando que ese tipo de excepciones “rompen la competencia leal” con los comercios locales.

Ante versiones y evidencias de que determinadas cadenas de supermercados mayoristas estarían realizando ventas minoristas sin la debida habilitación, es deber de esta Legislatura solicitar la información pertinente al Poder Ejecutivo, a fin de esclarecer la situación, garantizar el cumplimiento de la ley y defender la competencia justa.

El pedido de informe será analizado por la Comisión de Comercio de la Cámara Baja, y si resulta aprobado, el Ejecutivo deberá remitir la documentación solicitada en los plazos previstos por ley.

Con este planteo, la discusión sobre el cumplimiento de la Ley 9393 vuelve al centro del debate económico provincial, en un contexto de reclamos por controles más estrictos a las grandes superficies y por una mayor protección al comercio minorista entrerriano.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró este miércoles persona destacada a Enrique Guillermo Castiglioni por su “importante aporte a instituciones sociales y de promoción del desarrollo integral de la ciudad de Gualeguaychú”, según expresa la resolución aprobada por el cuerpo legislativo. La comunicación será remitida al propio Castiglioni en un acto formal de entrega.

El proyecto, al cual EL ARGENTINO accedió, es un reconocimiento que surge como síntesis de una vida dedicada a la participación comunitaria, el impulso del desarrollo productivo y la generación de empleo en la región. Comerciantes, industriales y referentes de distintas organizaciones resaltan su rol como uno de los protagonistas del perfil económico moderno de Gualeguaychú.

Castiglioni se desempeñó durante más de 30 años en la conducción del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, entidad que presidió durante seis períodos, y de la cual es hoy Socio Honorario. También fue impulsor de la creación de la Cooperativa de Créditos Gualeguaychú, luego transformada en Banco Mesopotámico, que llegó a contar con 26 sucursales, 550 empleados y más de 150 mil asociados.

Otro de los hitos centrales de su trayectoria fue su liderazgo en la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codesa), institución que presidió durante 29 años. Bajo su gestión se consolidó la creación del Parque Industrial local, donde actualmente se radican 33 industrias que generan 1.800 empleos directos y más de 3.000 indirectos.

Además, fue miembro fundador de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y de la Cámara de Comercio Exterior, y participó activamente en proyectos de infraestructura estratégica como el Puente Internacional General San Martín, el Complejo Zárate–Brazo Largo, la Autopista Mesopotámica, el Gasoducto Mesopotámico y el Acceso Sur a la ciudad.

Su labor comunitaria se extendió también a clubes, comisiones vecinales, educación, seguridad y salud pública. Integró y presidió múltiples organizaciones sociales, deportivas y empresariales a lo largo de seis décadas, y recibió distinciones en el país y en el extranjero por su compromiso institucional.

En el plano académico y documental, Castiglioni dictó conferencias y escribió tres libros, entre ellos “El Libro Blanco del Banco Mesopotámico” (2011) y “La Segunda Era Industrial de Gualeguaychú” (2013), donde repasa avances productivos de la región. Su “Autobiografía” fue publicada en 2018.

El proyecto aprobado fue presentado por el diputado Carlos A. Damasco, quien destacó que la trayectoria de Castiglioni. “Considerando que este vecino de la ciudad ha dedicado su vida a una participación activa y fructífera en instituciones de bien común y a proyectar y ejecutar obras de relevancia social, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto”.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitió este martes dictamen favorable al proyecto de ley que propone prohibir el ingreso a espectáculos culturales y deportivos a toda persona registrada como deudora alimentaria. La iniciativa, presentada por la diputada Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), apunta a reforzar el cumplimiento de las obligaciones familiares y visibilizar la responsabilidad parental.

El texto del artículo 1° establece que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios”.

De aprobarse la norma, los municipios que adhieran a la ley deberán notificar a los organizadores de los eventos para que soliciten la información correspondiente al registro. De este modo, los incumplidores quedarían excluidos no solo de la posibilidad de participar en espectáculos, sino también de otras actividades ya restringidas por la legislación vigente, como ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos.

“Esta incorporación busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas”, explicó Arrozogaray al fundamentar la propuesta.

El proyecto forma parte de una agenda que promueve medidas más estrictas contra los deudores alimentarios, en consonancia con las políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia. En las próximas sesiones, la iniciativa será tratada en el recinto, donde cuenta con amplias posibilidades de ser aprobada por consenso.

La expo Dulce y Solidario viene gestándose con mucho trabajo y compromiso para llegar a su tercera edición. Este encuentro, que nació con el propósito de ayudar a quienes más lo necesitan, tendrá este año como destino solidario al Hogar de Ancianos “Cura Luis Jeannot Sueyro” y a S.V., un niño que atraviesa un complejo cuadro de salud.

Daniela Cabrera, mentora y realizadora de la propuesta, dialogó con EL ARGENTINO sobre el reconocimiento provincial y el proceso de organización del evento.

“Hay sensaciones encontradas ante este reconocimiento. Por un lado, es una alegría enorme porque surge a raíz de un trabajo que hacemos por otros, por quienes están atravesando una necesidad. Y, por otro, la satisfacción de saber que durante los dos años anteriores estuvieron observando lo que hacíamos y decidieron otorgarnos este reconocimiento”, expresó.

“Formamos un gran equipo en Dulce y Solidario. Es una mezcla de emociones, porque es un reconocimiento que surge de la necesidad o el dolor de otros, pero también es gratificante saber que ahora tenemos apoyo a nivel provincial. Eso nos da fuerzas para seguir ayudando a más personas”, añadió.

Con entusiasmo, Cabrera destacó: “Nos da mucha alegría saber que contamos con respaldo provincial para las próximas ediciones. Este apoyo nos impulsa a seguir adelante: mientras haya gente que necesite ayuda, Dulce y Solidario va a estar ahí, firme, al pie del cañón”.

Avanzan los preparativos para la tercera edición

Daniela también remarcó que este reconocimiento representa un gran envión para seguir sumando colaboradores a la causa.

“Venimos bien con la organización. Nos falta un poco de ayuda económica, por eso tenemos las pautas publicitarias a la venta, que nos permiten solventar los gastos. Gracias a Dios no son muchos, pero implican un costo importante: combustible para los profesores, comida, y algunos insumos”, explicó.

Asimismo, destacó el apoyo recibido: “Este año, gracias a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, contamos con hospedaje y también nos donaron el seguro. Hay muchas cosas que se facilitaron, pero todavía tenemos gastos que cubrir, sobre todo por el aumento constante del combustible y los alimentos”.

Novedades: delantales solidarios

Entre las novedades, Cabrera adelantó que lanzarán a la venta delantales con el logo de Dulce y Solidario para continuar recaudando fondos.

“Vamos a sacar a la venta delantales del evento, además de los stands y las pautas publicitarias. Es una forma de seguir sumando recursos para poder cubrir los gastos. Si Dios quiere, la próxima semana ya estarán disponibles, y esperamos contar con el apoyo de todos, porque este año ayudamos a dos causas que realmente lo ameritan”, concluyó.

Dulce y Solidario fue distinguido por idea del diputado provincial, Carlos Damasco, con el fin de darle reconocimiento y visibilidad al trabajo que silenciosamente lleva adelante Daniela Cabrera.

El diputado provincial Juan José Bahillo presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados de Entre Ríos solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que gestione ante la Nación el restablecimiento y la asignación de los fondos necesarios para finalizar la obra del nuevo edificio de aulas y laboratorios de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Bromatología (UNER), en Gualeguaychú.

Destacó que “esta obra es estratégica para la educación entrerriana y para el desarrollo de la región. Su conclusión es una prioridad que involucra al Estado nacional y provincial”.

La obra fue licitada en 2023 con una inversión inicial de $734.548.780 y comenzó a ejecutarse en octubre de ese año. En febrero de 2024 fue neutralizada por falta de pago, y reiniciada en febrero de 2025, con la Universidad asumiendo con fondos propios los intereses acumulados durante la interrupción.

Actualmente, el proyecto presenta un avance del 60%, y el valor estimado total actualizado asciende a $4.080 millones, entre lo ya ejecutado y lo necesario para su finalización.

“La paralización afectó a más de 40 familias que dependen de la obra y puso en riesgo una inversión clave para la ciudad y la provincia. Es urgente que el Estado nacional restablezca los fondos y garantice su continuidad”, sostuvo el legislador.

La carrera de Veterinaria, creada como parte de la Facultad de Bromatología de la UNER, es una aspiración histórica de la comunidad de Gualeguaychú desde la década del setenta. Con más de 200 nuevos ingresantes para el ciclo 2025, la institución se consolida como un polo educativo, productivo y científico en la región centro-litoral, con impacto económico directo en alquileres, servicios y empleo local.

“Concluir esta obra es apostar al futuro de Entre Ríos: a la educación pública, al trabajo y a la producción. Es una inversión que trasciende lo edilicio, porque fortalece el arraigo, la formación profesional y el desarrollo regional”, concluyó Bahillo.

El bloque de Juntos por Entre Ríos presentó en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre provincial. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Manuel Rossi, apunta a garantizar la preservación de especies autóctonas en sus hábitats naturales y promover acciones concretas para aumentar la biodiversidad.

El texto excluye a la fauna acuática y propone medidas como la reintroducción, repoblación y translocación de animales en ambientes protegidos, además del control de especies exóticas invasoras que amenazan la supervivencia de la fauna nativa. También crea un dispositivo de rescate y atención de ejemplares heridos o decomisados y establece la promoción de corredores biológicos que conecten ecosistemas y garanticen acceso a fuentes de agua.

Otro de los puntos centrales es la regulación estricta de la caza deportiva menor. Según Rossi, esta actividad deberá basarse en estudios científicos sobre la abundancia de especies para asegurar poblaciones equilibradas y evitar el agotamiento. Además, se proyecta la creación de un departamento provincial de fauna encargado del monitoreo ambiental, la fiscalización y la inspección de actividades humanas que puedan afectar el ecosistema.

El legislador destacó que la propuesta es el resultado de un proceso multisectorial que incluyó aportes de organizaciones ambientales, instituciones científicas, especialistas universitarios, prestadores turísticos y funcionarios provinciales. “La biodiversidad se encuentra amenazada por la depredación humana. Su preservación es vital para la seguridad alimentaria, la salud, la estabilidad ecológica y el desarrollo económico de las comunidades rurales”, argumentó.

En los fundamentos, Rossi citó a la bióloga Sandra Díaz, quien advirtió sobre el riesgo de una extinción masiva de especies a nivel global, y subrayó que la iniciativa busca ofrecer herramientas concretas en defensa de la fauna entrerriana frente a los impactos de la deforestación, el cambio climático, la urbanización descontrolada y la agricultura intensiva.

La propuesta legislativa, de aprobarse, marcaría un avance en la política ambiental de la provincia al consolidar un marco normativo integral para la protección de su patrimonio natural.

A partir de las 11 de la mañana se realizará una nueva sesión especial para seguir con el tratamiento de autorizacion al Ejecutivo provincial para obtener nuevos créditos hasta 500 millones de dólares.

Durante una sesión especial en esa Cámara, el proyecto denominado de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial obtuvo 12 votos a favor, incluidos 4 del peronismo, y 5 en contra. Los cuatro senadores justicialistas que acompañaron fueron Nancy Miranda, Patricia Díaz, Gladys Domínguez y Juan Pablo Cosso. La iniciativa viene con la obtención de media sanción del Senado.

Al fundamentar la iniciativa, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) señaló que busca refinanciar y reestructurar el actual stock de deuda, cercano a los 700 millones de dólares, cuya mayor parte proviene del crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021.

La Cámara de Diputados buscará convertirla en ley esta semana y convocó a una sesión especial este martes 26 de agosto a las 11:00, con transmisión en vivo que puede verse https://www.youtube.com/live/5g184_v2yd4

Este martes continuará en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el análisis de los proyectos que promueven la creación e instrumentación de los consorcios camineros, organismos mixtos que asumirían el mantenimiento de la red vial rural. Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada Julia Calleros (Fe y Libertad) y retomada de propuestas anteriores de los exlegisladores Néstor Loggio (PJ) y Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos).

El debate, que se desarrolla en reuniones conjuntas de las comisiones de Obras Públicas y Legislación General, viene ganando protagonismo desde la semana pasada, cuando representantes del sector vial y autoridades provinciales fueron convocados para aportar miradas técnicas, políticas y gremiales.

Durante la última jornada, el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel; el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor; y los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever), Juan Carlos Lallana y Hugo Reyes, compartieron sus opiniones y plantearon interrogantes sobre la aplicación de la medida. Pese a diferencias puntuales, el diagnóstico general fue coincidente: los caminos rurales necesitan atención urgente y sostenida.

La diputada Noelia Taborda, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, destacó el espíritu de consenso que sobrevoló la reunión: “El trabajo en comisión llevó casi dos horas y todos llegamos al mismo fin: estamos interesados en una ley de consorcios que aporte soluciones concretas. Los caminos rurales son rutas de producción, de acceso a la educación y a la salud, y requieren una mirada articulada entre lo público y lo privado”.

El modelo en discusión propone la creación de consorcios integrados por productores y actores del sector rural, con participación del Estado como regulador y acompañante técnico. De acuerdo con los impulsores del proyecto, esta herramienta permitiría agilizar obras de mantenimiento, dar mayor previsibilidad al sistema vial y liberar recursos estatales para zonas más críticas.

Entre los puntos a definir en el articulado se encuentran los mecanismos de financiamiento, el grado de autonomía de los consorcios, los criterios de selección de caminos y las garantías laborales para el personal involucrado. El sindicato vial ha expresado preocupación por el posible avance de formas de tercerización y la eventual pérdida de puestos de trabajo estatales, por lo que solicita que la norma contemple instancias de control y protección de derechos.

El proyecto de ley, aún en fase de construcción, se perfila como uno de los ejes del segundo semestre legislativo. Legisladores de distintos bloques mostraron disposición para buscar un texto unificado que supere las pertenencias partidarias y se traduzca en una solución efectiva para el sector rural, clave para la economía provincial.

Se espera que tras la reunión de este martes se definan los próximos pasos del tratamiento legislativo y la incorporación de nuevas voces del sector. La idea de fondo es que los consorcios camineros se transformen en una política pública sostenible, sin perder de vista el rol central del Estado como garante de equidad territorial.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos se hizo eco de una denuncia del Foro Ambiental Gualeguaychú y elevó un pedido de informes por la posible contaminación del río que atraviesa esa ciudad del sur provincial. La iniciativa legislativa pone el foco en el presunto vertido directo de efluentes industriales sin tratar, tras el colapso operativo de la planta de tratamiento del Parque Industrial.

El proyecto, impulsado por Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), cuenta con el respaldo de Laura Stratta, Andrea Zoff, Mariel Ávila y Silvia Moreno. Las legisladoras solicitan al Ejecutivo provincial que precise desde cuándo la planta comenzó a fallar, cuándo dejó de funcionar completamente y en qué condiciones se encuentran actualmente sus instalaciones.

En el texto presentado se reclama además el acceso a toda la documentación técnica y legal existente desde febrero de este año: informes, auditorías y actas de inspección. Uno de los puntos centrales del pedido apunta a conocer las causas que provocaron la saturación de barros, el deterioro de los equipos y la inacción técnica que —según constataron— fue evidente durante una inspección realizada el 2 de julio.

Además, el pedido de informes busca establecer responsabilidades concretas: quién o quiénes están a cargo del mantenimiento de la planta, qué medidas se tomaron para remediar la situación y si existe la posibilidad de sancionar administrativamente, civil o penalmente, tanto a los actores privados como a funcionarios públicos implicados por acción u omisión.

Otra de las exigencias incluidas en el documento parlamentario es la realización de una evaluación de impacto ambiental urgente, que permita dimensionar el daño sobre el ecosistema ribereño y la calidad de las aguas del Gualeguaychú.

El reclamo cobra fuerza a partir de las denuncias del Foro Ambiental Gualeguaychú, que desde hace semanas advierte sobre el estado crítico de la planta, que estaría permitiendo el vuelco directo de residuos líquidos contaminantes al curso de agua. La situación no solo amenaza el ambiente, sino también la salud pública y el desarrollo sostenible de la región.

La solicitud también pregunta si se iniciaron sumarios administrativos, si hubo sanciones o acciones judiciales contra la empresa administradora del parque o contra las industrias responsables de los efluentes, así como contra funcionarios que podrían haber incumplido normativas ambientales vigentes.

El tema promete mantenerse en la agenda legislativa y social de Gualeguaychú, una ciudad con larga trayectoria en defensa ambiental y una ciudadanía históricamente movilizada en torno a la protección de su río.

En el ámbito de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el diputado Jorge Maier, acompañado por legisladores de su bloque, presentó un proyecto que propone la creación de una red de videovigilancia ciudadana de participación voluntaria. El objetivo principal es brindar una herramienta eficaz para contribuir a la seguridad pública, buscando la prevención y resolución de delitos, y fomentando la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado.

La red estará compuesta por videocámaras de particulares que se inscriban y firmen un convenio de adhesión con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, que será la autoridad de aplicación. Los ciudadanos que participen en esta red deberán proporcionar las imágenes y sonidos captados por sus videocámaras solo ante un requerimiento formal y con indicación precisa de legajo o actuaciones correspondientes.

Objetivos y beneficios

El proyecto de ley busca promover la participación ciudadana en la vigilancia y protección de su entorno, y proporcionar pruebas en situaciones conflictivas. Según el autor de la iniciativa, entre los beneficios de esta herramienta se encuentran la posibilidad de disuadir la delincuencia y proporcionar pruebas en caso de incidentes. Asimismo, permitirá fomentar la participación activa de la comunidad en la seguridad pública, ayudar a esclarecer situaciones y alertar a las autoridades o recibir ayuda rápidamente en caso de emergencias.

El proyecto de ley establece mecanismos rigurosos para garantizar la privacidad y seguridad de los datos generados por las videocámaras. En este sentido, se prohíbe absolutamente el uso de las videocámaras para violar o vulnerar la privacidad e intimidad de las personas. Además, se establece la obligación de informar claramente sobre la ubicación e instalación de las videocámaras y se garantiza la confidencialidad de los datos e imágenes obtenidos mediante un protocolo adecuado.

Al fundamentar su proyecto, el diputado Maier enfatizó que "la seguridad es uno de los valores más preciados de toda comunidad, pero eso supone el compromiso, el involucramiento y la participación de todos aquellos ciudadanos que la integran". El legislador también reconoció los desafíos que implica el uso de estas tecnologías, especialmente en cuanto al derecho a la privacidad, y afirmó que la ley "avanza hacia una regulación clara, el consentimiento informado, la seguridad de los datos generados, la transparencia, la educación y la concientización ciudadana". (APFDigital)

Por los aumentos ocurridos y la compleja situación económica actual, se instó al gobierno entrerriano a gestionar ante Nación la actualización de los montos de subsidios del Programa Hogar que financia un porcentaje del costo de las garrafas.

“En un contexto macroeconómico caracterizado por una recesión prolongada y una ausencia de actualizaciones salariales congruentes con el índice de inflación, la capacidad de los hogares para absorber el incremento en los costos de este recurso esencial se ve gravemente disminuida”. La afirmación es parte de los fundamentos del proyecto de resolución que presentó la diputada del bloque justicialista, Silvia Moreno, este miércoles en la Cámara de Diputados de la provincia, instando al gobierno provincial “a adoptar las medidas necesarias para asegurar un tope máximo en el precio de las garrafas de gas licuado de uso doméstico en Entre Ríos”.

Moreno manifestó que “es crucial que cualquier proceso de eliminación de subsidios esté respaldado por un criterio de segmentación que permita identificar y proteger a los usuarios más vulnerables”.

La diputada sostuvo que “la libre competencia, por el contrario de lo que anunciaba el Gobierno Nacional, ha resultado perjudicial para los usuarios de todo el país, ya que el precio no se respeta y oscila entre 15.000 pesos su valor en los Centros de Distribución y entre 17.000 pesos y 20.000 pesos, puesta en el domicilio del usuario o en estaciones de servicio. Como ya lo expresamos en agosto de 2024 a través del Expediente 27.426 ingresado a esta Cámara ‘todas estas medidas, son lesivas y repercuten negativamente en la economía de los sectores más vulnerables y de la clase media’”.

Moreno expresó que el contexto económico-social “compromete directamente el acceso a un bien básico como el gas, lo que, a su vez, deteriora la calidad de vida de las familias afectadas. La supresión de un tope máximo en el precio de las garrafas de gas, sin una previa segmentación adecuada ni un análisis de las necesidades reales de la población, exacerba las desigualdades sociales preexistentes”.

También resaltó que “los sectores más desprotegidos, que dependen significativamente de los subsidios para acceder al gas licuado, se encuentran en una posición de extrema precarización frente a esta medida. La imposibilidad de acceder a este recurso esencial, indispensable para la calefacción y la cocción de alimentos, no solo reduce sustancialmente el bienestar de estos hogares, sino que también refuerza la exclusión social y económica”.

En el proyecto de resolución también solicitó que el Poder Ejecutivo Provincial “instrumente las acciones pertinentes ante el Gobierno Nacional con el fin de que se actualicen los montos de subsidios del Programa Hogar que tiene por objetivo financiar un porcentaje del costo de las garrafas de gas licuado en los hogares, dado los aumentos ocurridos y la compleja situación económica actual” y “la implementación de un programa específico, en el marco de la campaña de invierno, que contemple la garantía de acceso a garrafas de gas licuado para la temporada invernal para las familias de sectores más vulnerables y los espacios comunitarios de la Provincia de Entre Ríos”.

Finalmente se manifestó la “más profunda preocupación por los potenciales efectos adversos derivados de los aumentos significativos en el costo de las garrafas y la energía para toda la población de la Provincia de Entre Ríos sin acceso a la red de gas natural, en particular para los sectores más vulnerables”. (APFDigital)