El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick denegó las objeciones al decreto del Ejecutivo que modificó y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), presentadas por dirigentes radicales, con Leopoldo Moreau a la cabeza y el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS).

El DNU presidencial, firmado a finales del año pasado, le otorga amplias facultades a la SIDE, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial previa, una medida que generó rechazo inmediato en sectores políticos y organizaciones sociales.

En su presentación, los radicales argumentaron que la demora causa un perjuicio concreto dado que el decreto se encuentra vigente y produciendo efectos jurídicos inmediatos, lo que comprometería la tutela judicial efectiva. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) siguió el mismo camino, alegando un agravio vinculado al derecho de acceso a la justicia y la obtención de una respuesta oportuna, considerando los intereses en juego.

Sin embargo, en su resolución, el juez Martín Cormick, ratificó el criterio de su colega Lara Correa. Por un lado, sostuvo que los planteos presentados no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar la feria judicial, ya que se centraban en cuestiones procedimentales y de competencia, sin abordar la naturaleza urgente del caso.

Por otra parte, Cormick destacó que el proceso colectivo conlleva múltiples etapas cuya tramitación y comprobación exceden el plazo del receso estival, proyectándose inevitablemente sobre el período ordinario de actividad judicial. Es por ello que, finalmente, consideró que intervenir durante la feria implicaría inmiscuirse en la jurisdicción de la jueza natural del proceso.

En ambas resoluciones, el magistrado hizo referencia al mensaje enviado por la Jefatura de Gabinete el 14 de enero de 2026, mediante el cual se sometió el DNU a consideración de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, cumpliendo así con el trámite constitucional previsto.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió en las últimas horas al Congreso el DNU firmado por Javier Milei que reestructura el sistema de inteligencia y aumenta las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Se trató de una medida publicada el 1 de enero del 2026, en medio de los festejos por Año Nuevo generó un fuerte malestar de la oposición que objeta el contenido del decreto y de la forma que lo encaró el Ejecutivo.

El envío del Decreto de Necesidad y Urgencia ocurrió un día antes que venza el plazo previsto por la ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para emitir dictamen. En caso que no se reúna la bicameral en ese plazo y no se llegue a un dictamen, cualquiera de las dos cámaras podrá llevar el DNU al recinto para su votación.

El decreto solo perderá vigencia si es rechazado por ambas cámaras. En cambio, si una sola lo impugna o si ninguna lo trata, el DNU quedará firme.

El gran desafío para la oposición es reactivar la Comisión Bicameral. Luego, la ley 26.122 habilita a ambas cámaras a tratar el DNU en el recinto incluso sin dictamen previo. En ese sentido, los distintos bloques opositores deberán reunir el quorum y una mayoría simple(la mitad más uno de los votos) para rechazar la norma.

Hay una realidad difusa en la oposición. El peronismo intenta mantenerse lo más solido posible, aunque hay constantes desprendimientos por las alianzas de los gobernadores con la Casa Rosada. En tanto, espacios del radicalismo y otros bloques dialoguistas expresan divisiones internas que serán cruciales para los votos finales.

Más allá de la falta de un rotundo apoyo, el Gobierno espera el apoyo del PRO, que no criticó abiertamente la medida pero pidió un debate “abierto y transparente”.

“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, había señalado el jefe del bloque, Cristian Ritondo.

En ese marco, la normativa habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa.

Horas después de la publicación del extenso decreto de Milei que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió la medida y explicó los principales puntos del DNU. Según el organismo que conduce Cristian Auguadra, la iniciativa busca que el país "cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".

"El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI", explicó el comunicado.

Por su parte, los sectores de la oposición que presentaron amparos contra el DNU señalaron que no existe “necesidad y urgencia” para que el Ejecutivo disponga de este decreto y no presente un proyecto en el Congreso que trate estas modificaciones a la Ley Nacional de Inteligencia.

A su vez, indicaron que la medida crea un sistema de inteligencia basado en “influencia” o “injerencia”, y remarcan que se dispondrá una “vigilancia estatal” sin control judicial previo.

“Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”, recalcaron.

La discusión sobre los alcances de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) vuelve a instalarse en la agenda política nacional. En esta ocasión, el foco está puesto en la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU que otorga facultades ampliadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, cuestionada por juristas, organizaciones sociales y sindicatos, abre un debate profundo sobre la división de poderes, las garantías constitucionales y el impacto que puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En diálogo con EL ARGENTINO, Fabián Peccín, prosecretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), analizó los alcances del decreto y sus implicancias. Sus declaraciones ponen en evidencia la preocupación de los sindicatos docentes y de la sociedad civil frente a un escenario que, según advierten, habilita la persecución y la detención arbitraria.

Consultado sobre los fundamentos constitucionales que se ven afectados por este DNU, Peccín fue categórico: “En primer lugar, no se dan los extremos que marca la Ley para firmar un decreto de necesidad y urgencia; es decir, no hay una argumentación de peso respecto de la necesidad inminente que justificaría tal medida. En este caso, lo que se está haciendo es violar la división de poderes. Esto está contemplado en la Constitución Nacional, artículos 18 y 19”.

El dirigente explicó que el decreto vulnera estos artículos al otorgar a los agentes de la SIDE facultades para detener a personas sin orden judicial. “Se está violando el debido proceso y corriendo las funciones de las fuerzas de seguridad, otorgando esas facultades por encima de las mismas. Éstas serían las que tendrían que hacer esa detención por medio de una orden judicial cuando una persona se encuentra en flagrancia. Sin estos resguardos constitucionales pueden detener a las personas que ellos señalen, que les ‘molesten’ para el logro de sus objetivos”, comentó a EL ARGENTINO.

La ampliación de facultades a la SIDE, según Peccín, implica un desconocimiento de la división de poderes. “Con las facultades ampliadas que el decreto otorga a la SIDE no se respeta la división de poderes ni las facultades de los mismos expresadas en la Constitución Nacional”, dijo.

El referente de Ctera recordó que en un ámbito democrático las cuestiones de inteligencia deben discutirse en comisiones parlamentarias. “No se puede obviar el debate en el Congreso, órgano democrático por excelencia, cuando se trata de discutir temas de inteligencia, o sea cuestiones de seguridad para el país. La función de la SIDE es brindar información al gobierno, con esa información se instrumentan los procedimientos establecidos en la Constitución que regula y dictamina las formas para la detención de las personas. Este decreto vulnera estos procedimientos”, señaló.

Para Peccín, la medida se interpreta como “una acción de persecución y amedrentamiento, violando las garantías constitucionales, las garantías individuales de todas aquellas personas que se expresen en contra de las políticas llevadas adelante por el gobierno o denuncien la violación de normativa, o la entrega de recursos naturales y todas aquellas acciones que el gobierno crea que ponen en riesgo las políticas que están aplicando”.

El entrevistado también vinculó la medida con el actual modelo económico y social. “En un contexto de crisis, ajuste y creciente conflictividad, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”, reflexionó en diálogo con EL ARGENTINO.

La preocupación sindical se centra en que la inteligencia estatal pueda utilizar estas facultades para intervenir en la organización gremial, restringiendo la libertad sindical y el derecho a la protesta.

El entrevistado fue claro al enumerar los riesgos concretos que enfrentan los ciudadanos: “Los riesgos son la detención arbitraria de cualquier persona que hoy tiene garantías constitucionales y que ya no las tendría con este decreto. Detención, persecución o investigación que se daría sin un argumento amparado en la ley en términos de lo que se debe resguardar en nuestro país en cuanto a los derechos de todos y todas”.

Peccín agregó que esto afectaría directamente la vida cotidiana: “La vida que uno desarrolla en un ámbito social, sindical o político se vería restringida por este tipo de instrumentos que le da absoluta discrecionalidad al Poder Ejecutivo para ejecutar en beneficio de sus intereses”.

En este punto, recordó el alcance de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional: El artículo 18 prohíbe la prisión sin juicio previo, la condena por leyes anteriores al hecho (principio de legalidad) y asegura el debido proceso. El artículo 19 declara que las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden, la moral pública o perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados (principio de autonomía de la voluntad), limitando el poder estatal a lo que es público y perjudicial.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la postura es contundente. “Repudiamos enérgicamente el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. ¡Decimos que esta medida no tiene ni necesidad ni urgencia! ¡Es inconstitucional!”, expresó Peccín como prosecretario gremial de la entidad.

“Otorgar facultades ilimitadas al Gobierno Nacional es avanzar sobre los derechos y garantías democráticas. Es un grave retroceso democrático y un avance peligroso sobre las libertades individuales que habilita a la inteligencia estatal a actuar sin el control efectivo del Congreso de la Nación. Por todo lo expuesto, exigimos su inmediata derogación por antidemocrático”, concluyó en diálogo con EL ARGENTINO.

En tiempos de crisis económica y social, la ampliación de facultades a la inteligencia estatal no aparece como una respuesta a las necesidades urgentes de la población, sino como un mecanismo de control y disciplinamiento. La voz de CTERA y de referentes como Fabián Peccín refleja la alarma de un sector que advierte sobre el riesgo de que las libertades individuales y colectivas se vean seriamente comprometidas.

El anuncio de una profunda reforma en el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desató un fuerte rechazo de los bloques opositores en el Congreso.

Los cuestionamientos se centran en el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como "encubiertas", lo que para diversos sectores representa la instauración de un "Estado policial".

Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida "clausura la conducción civil de la inteligencia" y crea de facto una "policía secreta".

En sintonía, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una "Guardia Nacional" subordinada a tareas de seguridad interior.

Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el "espionaje político", ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.

La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.

Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios.

Es el mismo magistrado que la semana pasada había dictado cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes, el marco de actuación de las fuerzas de seguridad para responder ante manifestaciones sociales y cortes de calle que inauguró la gestión de Patricia Bullrich y continuó la actual ministra Alejandra Monteoliva.

Este lunes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el protocolo tiene vicios en su conformación legal. Para el juez, el Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes.

Este es el segundo fallo adverso que el juez Cormick firma contra el Gobierno en pocos días. La semana pasada ya había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, que al igual que la Emergencia en Discapacidad se encuentran suspendidas tras ser refrendadas por el Congreso.

En cuanto al protocolo antipiquetes, en marzo el magistrado había rechazado suspenderlo y asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación.

La nulidad del protocolo

A partir de una acción de amparo impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Cormick analizó en profundidad la resolución 943/2023 con la que se puso en marcha el protocolo antipiquetes.

En una sentencia de 38 páginas a la que tuvo acceso Infobae, el juez concluyó que el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, tareas que exceden el marco de competencia de un funcionario del Poder Ejecutivo.

Según explicó en su fallo, la administración pública no tiene la potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, la libre expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones.

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia giró en torno a la figura legal de la flagrancia.

La normativa ahora anulada instruía a las fuerzas de seguridad federales para actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación, bajo la premisa de que se trataba de un delito flagrante, es decir que se está cometiendo en el acto.

Sin embargo, el fallo judicial entendió que la protesta social es un fenómeno complejo que no puede equipararse automáticamente con un ilícito penal que justifique la intervención policial sin orden de un juez.

El juez Cormick remarcó que calificar una conducta como delictiva y ordenar el uso de la fuerza pública para dispersar una manifestación son decisiones que corresponden a los jueces y fiscales, no a las autoridades políticas ni a los jefes de los operativos de seguridad.

Otro punto del protocolo antipiquetes que atacó el magistrado es el que refiere a las “tareas de inteligencia” sobre los manifestantes.

El marco normativo que inauguró la gestión libertaria habilitaba a los efectivos a identificar personas, filmarlas y recolectar datos durante las marchas, incluso si no estaban cometiendo actos violentos. El fallo de la Justicia advirtió que estas prácticas entraban en contradicción directa con la Ley de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos basándose en su opinión política, su adhesión a organizaciones sociales o su participación en actividades lícitas.

El juez consideró que el registro sistemático de los asistentes a una protesta constituía una intromisión arbitraria en la privacidad de las personas y una forma de amedrentamiento.

Otro aspecto central de la decisión fue la protección de grupos vulnerables. El protocolo no establece diferencias claras en el accionar policial cuando hay niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad en una movilización, según determinó el juez.

Así, la sentencia señaló que la falta de directrices específicas para resguardar la integridad física de estos grupos evidenciaba una falencia grave, más cuando el grueso de las marchas frente al Congreso Nacional son de jubilados y personas con discapacidad.

Al ordenar la dispersión de manifestaciones sin considerar la presencia de personas que requieren una tutela especial, el Ministerio omitió cumplir con obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de derechos humanos, poniendo en riesgo la seguridad de los participantes ajenos a cualquier conflicto violento, de acuerdo al criterio del juez.

Finalmente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio de Seguridad que se abstenga de aplicar nuevamente el protocolo antipiquetes y que adecue su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal. El fallo puede ser apelado ante instancias superiores.

Ante la consulta de Infobae, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, valoró el fallo judicial: “Del mismo modo en que Milei pretendió gobernar por DNU, sin pasar por el Congreso, el Ministerio de Seguridad legisló para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.

Y expresó: “Con esta sentencia, un juez le pone límite al Ministerio de Seguridad y le dice que no puede legislar a través de una resolución ni puede interpretar el código penal como se la da la gana, mucho menos restringiendo cuestiones tan importantes como el derecho a la protesta y derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos”.

Junto al CELS, también impulsaron la demanda otras organizaciones sociales y sindicales como Amnistía Internacional Argentina, ATE, Sipreba y la Asociación Civil AJUS, entre otras.

Argentina comienza a discutir los términos de la “modernización laboral” que el gobierno de Javier Milei volvió a impulsar tras el triunfo en las elecciones del 26 de octubre. Muchos sostienen que, más allá del nombre con que se la presente, se trata de cambios en la relación entre empleados y empleadores que ya se experimentaron en el país y que, siempre, tuvieron consecuencias negativas para las grandes mayorías.

El momento elegido para avanzar en estos cambios evidencia mayor fortaleza en términos políticos por parte del oficialismo, pero, en el plano económico el panorama muestra recesión, caída sostenida del consumo, pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en todo el territorio nacional. Entre Ríos, claro, no es la excepción.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la provincia registró una pérdida neta de 658 empleadores, lo que representa una contracción del 3,8% en la cantidad de empresas.

En el mismo período, se destruyeron 9.992 puestos de trabajo registrados, una caída del 3,6%. El sector más afectado en términos de cierre de empresas fue el Comercio (con 161 empleadores menos), mientras que, en términos porcentuales, los Servicios Artísticos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento lideraron la caída (-15,4%).

Del empleo privado al trabajo informal

EL ARGENTINO dialogó con distintos actores del mundo del trabajo, que pusieron el foco en la realidad entrerriana. Irina Asrilevich es licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA) y titular de Laboroscopio, desde donde remarcó la falta de datos estadísticos recolectados por organismos provinciales, aunque apeló a los datos del Indec, de donde se desprende, por ejemplo, que “en el Gran Paraná hubo un incremento del desempleo al comparar los segundos trimestres de 2024 y 2025. Pasando de 3,7 a 5,6 puntos porcentuales en la última medición”.

“Empleo hay, pero en condiciones cada vez más precarias. Salarios que no alcanzan, derechos que no se ejercen, protección de la seguridad social que brilla por su ausencia. Lo que se ve es que hay una mutación de empleo privado a trabajos independientes o informales”, indicó la profesional.

“El mercado tiene expectativas de que el ordenamiento de la macroeconomía va a empezar a encontrar un puente con la economía cotidiana, que será más fácil acceder al crédito para la inversión productiva y eso repercutirá en un incremento de la actividad económica y por lo tanto en nuevos puestos de trabajo”, opinó Asrilevich. Y cerró: “la duda que nos queda es si el modelo económico en el que está pensando el gobierno es uno basado en la producción y el trabajo o, más bien, en la especulación financiera cuya demanda de trabajadores dista de ser intensiva”.

Ley Bases y DNU 70

Un repaso por la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y del Decreto 70/2023 vislumbra los ejes sobre los cuales busca avanzar la gestión libertaria.

El Gobierno nacional había impulsado su primer intento de modificación de la legislación laboral mediante el Decreto 70/2023, pero su capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Justicia. Luego, el Congreso aprobó (con el apoyo de los legisladores que responden al gobernador Rogelio Frigerio) la Ley Bases, que incluyó algunos cambios al régimen laboral. Por ejemplo, modificaciones al período de prueba (de 3 a 8 meses), la creación de un fondo de cese laboral y la habilitación a un trabajador independiente a contratar a otros trabajadores independientes, sin generar una relación de dependencia.

Ya el DNU 70 planteaba una fuerte flexibilización, derogando las indemnizaciones dobles en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente y la restricción al derecho de huelga, al considerar "servicios esenciales" o "actividades de importancia trascendental", a diversos rubros.

“La sanción de leyes laborales no genera trabajo”

José Ruiz es director del Instituto del Trabajo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER). En diálogo con este medio, hizo referencia a sus palabras en la apertura del “Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos”, realizado el mes pasado en Paraná.

“A pesar que es un hecho científicamente comprobado que la sanción de leyes laborales no genera trabajo, sino que ello depende de las condiciones de desarrollo de una sociedad y su economía, la variable de ajuste ha sido constantemente la precarización del trabajador y la trabajadora mediante la imposición de reformas regresivas”, expuso en ese momento. Asimismo, no se mostró en contra de una reforma laboral que considere los nuevos trabajos, “pero también que haga foco en el trabajo como actividad creadora y no como mercancía, el dilema ético de la inteligencia artificial en el trabajo, la discusión de la jornada de trabajo y el derecho a la recreación, el derecho a la desconexión”, entre otros puntos.

Ya el año pasado el Instituto de Derecho del Trabajo del CAER había emitido un duro dictamen contra la Ley Bases, considerada “una reforma regresiva que se destaca por retrotraer la cosmovisión del trabajo a siglos anteriores”.

“Eliminar la protección contra el despido arbitrario es eliminar la principal protección que tiene el trabajador. ¿Qué posibilidad alberga el trabajador de reclamar horas extras, o que se consigne la real fecha de ingreso, o solicitar una licencia por enfermedad si se elimina la protección contra el despido arbitrario? Peor aún, cuando el trabajador no está registrado ¿qué resguardo tiene contra un accionar abusivo del empleador?”, se pregunta el dictamen.

Por otro lado, respecto al Fondo de cese laboral (que sustituiría a las actuales indemnizaciones) el documento sostiene que es un “impuesto al buen empleador”, quien “se ve obligado a aportar un porcentaje del salario del trabajador independientemente que en un futuro decida despedirlo o no. Los empleadores que intentan aumentar su productividad no contratan trabajadores y trabajadoras previendo despedirlos”.

En este sentido, Rubén Seijo, profesor de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes, ofreció un claro ejemplo a EL ARGENTINO: “Con la cuota mensual a pagar, cada empresa tendrá un costo adicional a los descuentos de la seguridad social que ya se realizan; alternativa que en la mayoría puede resultar mucho más costosa que el actual sistema de indemnizaciones. Para tener una idea, una empresa puede tener treinta empleados y planear despedir solo a dos, pero la cuota del Fondo de Cese la paga por los treinta durante los 12 meses del año. Esto representa un claro aumento de costos y un fuerte desincentivo para la creación de empleos y emprendimientos”.

La posición del gobierno entrerriano

Días pasados, el gobernador Rogelio Frigerio se volvió a mostrar en favor de la reforma laboral. “La política hace rato que viene pateando para adelante una serie de reformas y creo que llegó el momento de concretarlas”, indicó en este sentido. “Tenemos prácticamente la misma cantidad de trabajadores informales que formales, y eso me parece una vergüenza”, aseguró, abonando a la idea de la flexibilización ayudaría a la creación de empleo registrado.

“Debemos cambiar las normas para que todos los argentinos puedan acceder a un trabajo normal, en blanco y moderno. Hay que ajustar las normas laborales a estos tiempos, ya que los trabajos no son los mismos que hace 50 años”, indicó, en este sentido.

Respecto a las discusiones que se vienen en el Congreso (las reformas se tratarán durante el verano, en sesiones extraordinarias), se descarta que los dos senadores entrerrianos por la Alianza Libertad Avanza (Benegas Lynch y Almeida) y los tres diputados electos (Laumann, Fregonese, Schneider) aportarán sus votos a la reforma del gobierno. De hecho, quienes encabezan las listas responden directamente al espacio del presidente Mieli, lo que deja reducida la capacidad de negociación del Gobernador entrerriano.

Tanto Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, senadores electos, como el diputado electo Andrés Laumann vienen del sector empresarial. Benegas Lynch se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y se dedica al negocio agropecuario. Desde el 2007 tiene residencia en La Paz y fue quién quedó en el foco de la polémica luego de expresar la idea de privatizar la empresa binacional Salto Grande, aunque luego se retractó.

Por su parte, Romina Almeida nació en Gualeguay y vive en Paraná hace mucho tiempo. Durante 15 años estuvo a cargo de la pyme familiar Leitis, una fábrica de galletitas, y hace siete que dirige su propio estudio de arquitectura. Esta es su primera incursión en la política partidaria y, dato no menor, es esposa de Hernán Viola, el apoderado legal del partido en la provincia.

Andrés Laumann, en tanto, se dedica a la importación y comercialización de productos de movilidad eléctrica y, también, cuenta con máquinas viales en alquiler. Integra el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Polo y, en la campaña 2023, de la que fue parte como candidato a intendente de Paraná, se hizo conocido por dar entrevistas con una máscara de Batman.

Ambos senadores como el diputado libertario poseen un perfil marcadamente empresarial, dato no menor si se considera que son quienes definirán, en el marco de la reforma laboral, el futuro de miles de trabajadores.

La falacia de la industria de los juicios

Uno de los argumentos más fuertes para avanzar sobre los derechos laborales es el de “la industria de los juicios”. Son muchas las voces que han argumentado en contra de esta idea, una de las más autorizadas es la de Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, quien aseguró que “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”.

“El problema es otro: muchas empresas, sobre todo PyMES, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores: tipo de cambio, infraestructura deficiente, mercado interno cada vez más pequeño, etc”. Por lo que “al no poder reducir costos por esta vía, muchos empleadores recurren a incumplir con la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Todos los trabajadores priorizan mantener su puesto de trabajo”.

En esta línea, José Ruiz diferenció a Entre Ríos del mapa nacional: “Hay que tener en cuenta que por el tipo de economía que se desarrolla en la provincia el porcentaje (de juicios) es menor. Existe mayor informalidad por tipo de actividad (actividades agropecuarias o de zafra) y por tamaño de empresas. No hay grandes empresas (salvo frigoríficos de pollo o algún molino) como en la provincia de Buenos Aires o en CABA, donde tenés industria fabril y manufacturera”. Además, “hay menos litigiosidad cultural y el porcentaje de conciliaciones (sin llegar a juicio) es altísimo”.

“Hay una reforma laboral que es de hecho”

“Lo primero que hay que decir es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto fue impuesto en la dictadura militar, aprobado en la década del 90 y hubo un intento del macrismo”, sostuvo el abogado laboralista Andrés Ocampo. “Pero hay una reforma laboral que ya están llevando a cabo las empresas. Acá, en Gualeguaychú, la empresa Baggio estableció cuatro días de doce horas con cuatro días de descanso. Sin fines de semana, sin horas extras…es la misma lógica de las bolsas de horas, de la Ley de bases y el Decreto 70/2023, que ya había sido propuesta por el presidente Macri”.

“Estas reformas no sólo no crean empleo, sino que destruyen las condiciones del empleo registrado vigente. Lo que genera mayor rotación y, por lo tanto, más desempleo. Y, por otro lado, una mayor concentración de la tasa de ganancias de los empleadores y la pérdida de derechos de los trabajadores”, cuestionó Ocampo.

En esta línea, Rubén Seijo referenció una investigación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Tendencias Mundiales del Empleo 2014”, sobre reformas realizadas en 110 economías del mundo entre 2008 y 2014, que evidenció que “no existe un vínculo directo entre el grado de rigor de la legislación protectora del empleo y la tasa de empleo agregada” y que “las reformas desregulatorias de la legislación protectora del empleo aumentan el desempleo a corto plazo si se ejecutan durante periodos de crisis”.

Si bien resta la presentación formal del proyecto de reforma en el Congreso de la Nación, los principales puntos puestos en la discusión pública hasta ahora evidencian condiciones desfavorables para el grueso de los trabajadores y una reforma que se está llevando a cabo de hecho, en Entre Ríos y en todo el país. Más allá de los matices de los cambios que se negocien en Diputados y Senadores, se impone una realidad inexorable: sin crecimiento económico no habrá cambios legislativos ni leyes que favorezcan la creación de empleo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que los argentinos “somos unos pelotudos” por no aprovechar las opciones que ofrece la minería y criticó a los empresarios por no haber aprovechado los cambios en materia de cese laboral que se habilitaron con las últimas medidas que implementó el Gobierno Nacional.

En el Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata, el funcionario insistió con que la Argentina en el mediano plazo será uno de los países con energía más barata del mundo, lo cual le dará una ventaja competitiva significativa y marcó el círculo virtuoso que se generará entre la energía y la industria.

El ministro también planteó que cuando el país se estabilice habrá otros sectores que podrán desarrollarse como por ejemplo la minería asociada al transporte.

Dentro de su discurso, Federico Sturzenegger dijo: “Cuando Dios creo el mundo y la cordillera, puso todos los minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”.

De esta manera aprovechó para ejemplificar la necesidad de que la Argentina comience a avanzar en las reformas de fondo y así empezar a generar incentivos e inversiones que le permitan lograr desarrollar todo su potencial.

En su disertación, el funcionario dedicó un momento para criticar a los empresarios que no aprovecharon las modificaciones impulsadas desde el Gobierno para que cada sector defina, en su negociación colectiva, si quieren continuar con el actual esquema de indemnización o buscar un fondo de cese al estilo del que rige en el sector de la construcción. Según el funcionario, no hubo cambios.

“Nosotros lo armamos con Julio Cordero (secretario de Trabajo) y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ´definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador´”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

A continuación, agregó: “No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes", señaló Sturzenegger.

En este apartado, Sturzenegger mencionó algunos ejemplos sectoriales, como es el caso del gremio camioneros, en el que según el funcionario los “peajes” equivalen prácticamente a un millón de pesos por año por cada trabajador, mientras que en el gremio de porteros de la Ciudad de Buenos Aires esa suma asciende a 1,3 millones de pesos. En comercio, 800.000 pesos. “A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos”, argumentó el funcionario.

Con respecto a las negociaciones salariales, Sturzenegger comparó el sistema argentino con el de países europeos, destacando que en Argentina generan inequidades regionales, afectando directamente a la generación de empleo en las zonas menos desarrolladas del país. “Si el país adoptara un modelo similar al alemán, el noroeste argentino podría elevar la tasa de empleo dieciséis puntos”, señaló ante los empresarios.

En esta línea, el ministro destacó que la reforma laboral formó parte del DNU 70, pese a que actualmente está frenada judicialmente. Rescató la inclusión de una cláusula que permitía la prevalencia de convenios inferiores sobre los superiores, lo que según su análisis posibilitaría la adecuación de los acuerdos laborales a las realidades productivas específicas de cada región o sector.

Sturzenegger recordó que el año pasado en el 60° Coloquio, el presidente de la entidad, Santiago Mignone, le acercó “una planilla con doscientas diez propuestas. Hay unas cien que por distintos motivos no hicimos, pero en noventa y cuatro avanzamos o resolvimos, y dieciocho más están en proceso”, puntualizó.

Por último, el funcionario utilizó recurrentemente la metáfora futbolística y señaló la importancia de “poner a jugar a los mejores” en el escenario productivo nacional. Aclaró que persisten actores que actúan en sentido opuesto al progreso: “Hay que seguir sacando piedras del camino”, finalizó.

Tras la votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la Cámara baja autorizó la solicitud del juez Mirabelli para recabar evidencia y registrar bienes de José Luis Espert, quien cuenta con fueros como legislador, en relación con el pago del empresario Fred Machado, señalado por narcotráfico en Estados Unidos. Además, se dio luz verde a un pedido de interpelación a Luis Caputo para que brinde detalles sobre las negociaciones con Washington. La citación quedó fijada para el próximo miércoles.

Con 140 votos afirmativos y 80 negativos, la Cámara de Diputados sancionó un cambio en el uso de los DNU. Además, tuvo lugar el debate sobre el concurso público de antecedentes para cubrir la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes. La Cámara de Diputados aprobó la terna compuesta por María Paz Bertero, Eduardo Robledo y Héctor Vito.

A propuesta del diputado Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento del cuerpo para debatir la Ley de Presupuesto. En principio, la sesión fue convocada para el 4 de noviembre, aunque podría postergarse hasta las dos semanas siguientes para continuar el tratamiento.

Sin lograr quórum para tratar el proyecto de Presupuesto 2026, el presidente del bloque de Unión por la Patria cuestionó si el oficialismo realmente desea aprobar el cálculo de gastos y recursos para el próximo año. “Que digan si hay voluntad o no de que Argentina cuente con Ley de Presupuesto”, señaló.

“Nuestro objetivo es que exista una ley de presupuesto, y para eso es necesario un camino definido que permita obtener dictamen. Resulta insólito que el mismo bloque que respalda al Presidente y presentó el expediente el 15 de septiembre ahora no quiera tomar la decisión necesaria para asegurar un tratamiento adecuado de la ley”, añadió.

Tras un tenso debate, el cuerpo aprobó con 215 votos la moción presentada por la diputada Mónica Frade, que autoriza al juez Lino Mirabelli a ejecutar el oficio mediante el cual solicita acceder al Congreso para recopilar “las pruebas que considere pertinentes” en la investigación que involucra al diputado José Luis Espert.

Con un temario tenso para el Gobierno, el Cámara de Diputados sesiona este miércoles desde las 12. La oposición intensificaba en las últimas horas las negociaciones para alcanzar una mayoría absoluta que le permita convertir en ley el nuevo régimen de DNU, una iniciativa que propone limitar la capacidad de Javier Milei de gobernar a través de esa vía discrecional.

Uno de los temas previstos era el desplazamiento de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto por las acusaciones de sostener vínculos con el narcotráfico, que se ve frustrado porque el diputado decidió renunciar antes de recibir el rechazo de sus pares. Sin embargo, los bloques opositores no descartan incluir los proyectos para expulsar al legislador presentados por la diputada Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes, aunque, como no tienen garantizados los dos tercios, solo pueden conseguir votar un emplazamiento para que se trate en comisiones.

Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122, que regula los DNU y que, de promulgarse, le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.

Con la modificación propuesta, los decretos presidenciales tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial y el oficialismo deberá durante ese plazo conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras, de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.

A la inversa, la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastará con rechazarla en un solo recinto para derogarlos. En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podrá disponer un decreto que verse sobra la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.

Además, con la reforma planteada, que viene con media sanción del Senado, quedaría prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.

La sesión especial para este miércoles fue pedida por diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia y Desarrollo. Si bien no pusieron firmas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda apoyan la sesión y aportarán votos clave.

En estos momentos los bloques negocian la presencia de los diputados, en la balanza pesan los votos de los legisladores cordobeses de Encuentro Federal. Si bien la bancada pidió la sesión, hay dudas sobre lo que hará el grupo que responden a Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Los otros temas de la agenda legislativa

Durante la jornada, los legisladores buscarán emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para fijar para el próximo 20 de noviembre, como plazo máximo, la fecha de dictamen del proyecto del Presupuesto 2026 que envió el Gobierno de Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Por otro lado, se sumarán una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó pero no reglamentó.

De la mano de esta iniciativa se tratará un proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad”.

El temario también incluye un pedido de informes verbales para el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual “blindaje” financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.

En relación a esto, se abordará un expediente para “reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecida en el artículo 75 de la Constitución Nacional obre todo empréstito tomado por nuestro país”.

El escándalo sobre los audios de Diego Spagnuolo, que destaparon la olla sobre un sistema de coimas pagadas a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, entre ellos a su hermana, Karina Milei, también será parte del menú en el recinto.

En este marco, se tratará una iniciativa para convocar a la secretaria general de la Presidencia, y también al ministro de Salud, Leopoldo Lugones, para que brinden explicaciones en la Cámara baja.

La Cámara de Diputados sesiona hoy en un clima de máxima tensión política. Será, posiblemente, el último encuentro antes de las elecciones generales del 26 de octubre y tendrá como eje la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La iniciativa, aprobada en septiembre por amplia mayoría en el Senado, busca modificar el control parlamentario sobre los DNU y limitar su uso por parte del Poder Ejecutivo.

El proyecto llega con media sanción y altas chances de ser aprobado, pese al rechazo frontal del Gobierno nacional, que considera la reforma un intento de “vaciar” una herramienta clave ante su debilidad legislativa. El debate pondrá nuevamente en evidencia la fragmentación de las fuerzas opositoras y la capacidad de articulación del oficialismo libertario en la Cámara baja.

Si la oposición logra los votos necesarios, la norma será remitida al Ejecutivo, que ya anticipó su veto. El resultado de esa votación podría medir la fuerza política del presidente Javier Milei en el Congreso y anticipar futuros escenarios de confrontación institucional.

Además de la reforma de los DNU, la sesión incluirá la designación de las nuevas autoridades del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —con María Paz Bertero propuesta para el cargo principal—, que también enfrenta la resistencia del oficialismo. En paralelo, se discutirán proyectos sobre discapacidad, ciencia y tecnología, y programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas.

En el capítulo económico, se tratarán emplazamientos vinculados al Presupuesto 2026, todavía en análisis. La oposición pretende definir un cronograma de trabajo que permita avanzar con invitados y dictámenes antes del 20 de noviembre, mientras se multiplican las críticas a la falta de lineamientos claros del Ministerio de Economía.

Otro punto de conflicto será la situación del diputado José Luis Espert, cuyo rol en la Comisión de Presupuesto y Hacienda está bajo revisión. Algunos bloques promueven su expulsión por “inconducta parlamentaria”, aunque su alejamiento voluntario de la presidencia de la comisión dejó el tema en un limbo político.

La jornada también incluirá pedidos de interpelación a los ministros Luis Caputo y Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre los proyectos restantes figuran la redistribución del impuesto a los combustibles, la emergencia en ciencia y tecnología, un programa nacional contra el Alzheimer y el reconocimiento del Brigadier Estanislao López como héroe nacional.

Con una agenda extensa y atravesada por el calendario electoral, la sesión promete ser un nuevo test de poder entre el Congreso y la Casa Rosada.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento firmaron este martes el dictamen de mayoría que reforma la Ley 26.122, con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. En paralelo, La Libertad Avanza presentó un despacho de rechazo y la Coalición Cívica impulsó un texto alternativo que modifica los plazos de tratamiento.

El proyecto introduce cambios claves: los DNU deberán limitarse a una única materia, podrán ser tratados en receso parlamentario, y requerirán la aprobación de ambas Cámaras en un plazo de 90 días. Además, si una de ellas los rechaza, el decreto quedará automáticamente derogado y el Ejecutivo no podrá insistir sobre el mismo tema durante ese año.

La discusión estuvo marcada por fuertes cruces. Nicolás Mayoraz (LLA) denunció un “alzamiento contra la Constitución” y acusó a la oposición de buscar debilitar al gobierno de Javier Milei. Desde Encuentro Federal, Esteban Paulón defendió el texto y sostuvo que “en una república sana nunca se puede legislar por decreto”. Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, calificó la reforma como un “antídoto al hiperpresidencialismo”.

La media sanción del Senado había sido obtenida el 4 de septiembre, con 56 votos a favor. El oficialismo anticipó que, de prosperar en la Cámara baja, el presidente Milei vetará la norma al considerar que busca “cambiar las reglas de juego”.

La reforma busca evitar casos como el DNU 70/2023, que derogó y modificó más de 300 leyes en un único instrumento, y el reciente DNU 179/2025, aprobado solo con el aval de Diputados para habilitar nueva deuda. El debate promete tensar el escenario político en el Congreso y sumar presión al Ejecutivo.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana con dos encuentros simultáneos: la comisión de Derechos Humanos, que se reunirá en la Sala 6 del Anexo para recibir denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero; y la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que analizará junto a invitados el proyecto de presupuestos mínimos para la gestión integral de envases, modificando la Ley 20.628.

Al mediodía se desarrollará la segunda reunión informativa de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado y/o adulterado. En esta ocasión estarán presentes familiares de las víctimas y se buscará aprobar la solicitud de informes a distintos organismos públicos. El encuentro tendrá lugar en la sala del segundo piso del Anexo C del Palacio Legislativo.

Dos horas después, la Comisión de Defensa Nacional debatirá la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales. También abordará los proyectos que reconocen al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez por su participación en la Guerra del Atlántico Sur y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

A la misma hora, la Comisión de Legislación Penal iniciará el tratamiento de los proyectos que elevan las penas por siniestros viales cometidos bajo efectos de alcohol. Se incorporó además el análisis de la suspensión y cómputo especial de la prescripción en casos de homicidio sin hallazgo de cuerpo, con la participación de especialistas y expositores.

La jornada cerrará con dos reuniones de la Comisión de Cultura: la primera abordará la declaración de Monumento Histórico Nacional de la Iglesia de San Isidro Labrador, en Valle Viejo, Catamarca, y de la Ermita Monseñor Angelelli; la segunda se centrará en debatir, con referentes del sector, las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo sobre el cierre de CineAr y CineAr Play.

Luego de anotar importantes victorias legislativas en las últimas votaciones, la oposición busca avanzar en una nueva pulseada contra el Poder Ejecutivo y aprobar en Diputados la ley que limita a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el presidente Javier Milei. La iniciativa ya cuenta con el visto bueno del Senado y podría debatirse en la Cámara baja este miércoles.

En la sesión de labor parlamentaria ya se confirmó la intención de sesionar esta semana aunque también se propuso como alternativa el miércoles 8 de octubre.

La reforma del Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia establece que el rechazo de una sola Cámara alcanzaría para anular un DNU y fija un plazo máximo de 90 días para su tratamiento. Además, prohíbe la emisión de decretos con materias múltiples, como ocurrió con el 70/2023 de desburocratización del Estado, que aún debe ser debatido por Diputados, a casi dos años de su promulgación. “El Gobierno pretende gobernar por decreto. Si no se limita, el Congreso queda reducido a un rol testimonial”, advirtió un diputado que respalda el proyecto.

El objetivo de los bloques opositores es avanzar lo antes posible con la medida antes de que se produzca el recambio legislativo el 10 de diciembre.

Durante la sesión también se incluirán dos reclamos de los gobernadores: la modificación del reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la forma de pago de los Adelantos del Tesoro, que pasarían a transferirse de manera diaria junto a la coparticipación. Ambas iniciativas cuentan con media sanción del Senado y son uno de los focos de conflicto entre los gobernadores y la administración nacional.

Otro de los puntos que está en la agenda de la Cámara baja es la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El interbloque Desarrollo y Coherencia -la unión entre los bloques liderados por los exlibertarios Marcela Pagano y Oscar Zago- buscan iniciar una moción de censura por una serie de reclamos, entre ellos, el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad. Los legisladores advirtieron que el funcionario crisis "ha puesto en crisis la división de poderes y el respeto a la ley".

En paralelo, los bloques opositores avanzan en un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que se fije un cronograma de tratamiento del Presupuesto 2026 y evitar que, como ocurrió el año pasado, el debate quede sin dictamen. (Fuente: Ámbito)

La Cámara de Diputados debatirá este martes en comisión la media sanción del Senado que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), herramienta que la Constitución habilita para situaciones excepcionales. La oposición planea tratar el tema en el recinto el próximo 1 de octubre, junto a otros proyectos sensibles como cambios en el impuesto a los combustibles y la revisión de vetos recientes del Ejecutivo.

El proyecto introduce un giro profundo en el esquema vigente desde 2006. Hasta ahora, un DNU solo quedaba sin efecto si era rechazado por ambas Cámaras del Congreso. La iniciativa actual propone que el rechazo de una sola de ellas baste para invalidarlo, lo que reduciría la discrecionalidad presidencial.

Además, establece que cada decreto deberá convalidarse en un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial, y acota a 48 horas hábiles el tiempo para que una Cámara comunique su decisión a la otra. Otra novedad es que, si un DNU o una delegación legislativa son rechazados, el Poder Ejecutivo no podrá insistir con otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

La herramienta de los DNU fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 para que los gobiernos pudieran actuar ante emergencias que no admitieran demoras legislativas. Sin embargo, su uso reiterado generó tensiones políticas y judiciales. Casos puntuales de anulación se registraron en los últimos años, como con los fondos reservados de la ex SIDE o la reestructuración del INTA y el INTI.

El oficialismo observa con preocupación el avance opositor, ya que los DNU se convirtieron en una vía habitual para sortear la negociación con bloques legislativos y gobernadores. La eventual reforma, impulsada por distintos sectores de la oposición, apunta a reequilibrar la relación de fuerzas y reforzar el rol deliberativo del Congreso en la definición de políticas públicas.

Si prospera en Diputados, el cambio marcará un límite inédito al presidencialismo en la Argentina contemporánea, instalando un nuevo escenario de disputa institucional en medio de la campaña hacia las legislativas de octubre.

El gobierno de Javier Milei sumó un nuevo obstáculo en la jornada de este miércoles en la Cámara de Diputados. Tras voltear los vetos, la oposición aprobó el emplazamiento a comisiones para el debate y dictamen del proyecto que busca reformar la Ley de DNU, con el objetivo de limitar el uso arbitrario del presidente de esta herramienta.

La iniciativa que cuenta con media sanción en el Senado comenzará a tratarse el próximo martes 23 a las 12 en un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro), respectivamente. Luego, el martes 30 a las 14, las comisiones deberán emitir dictamen.

El massista argumentó que “el mecanismo de la Ley 26.122 ha colapsado durante este mandato, sobre todo con el DNU 70/23, que fue una reforma constitucional encubierta, donde hubo más de 80 leyes derogadas y 150 normas que se modificaron”.

En esa línea, resaltó que los DNU son una herramienta que “hoy se está usando abusivamente por parte del Ejecutivo”. “La justicia está llegando incluso antes que el Congreso, ya ha declarado inconstitucional muchos de los DNU”, apuntó.

Semanas atrás, la oposición le dio un nuevo golpe al Gobierno y aprobó por más de dos tercios el proyecto que incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122. Así, establece que los Decretos de Necesidad y Urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el objetivo de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023 del Gobierno libertario.

Asimismo, la iniciativa plantea la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

También modifica el artículo 22, que se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Ahora, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

Sobre ese punto también se busca establecer que, una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, el proyecto indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Por último, le pone un claro límite a Milei al fijar que "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario”.

El Ministerio del Interior había sido degradado a Secretaría en 2024 y ahora recupera su rango mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 658/2025).

El Decreto 672/2025 designa formalmente a Lisandro Catalán como ministro, mientras que la nueva estructura redefine el mapa del gabinete nacional y amplía las competencias del área. Catalán ya había debutado la semana pasada en la mesa federal, espacio creado para coordinar con gobernadores y aliados provinciales.

La decisión se fundamenta en la necesidad de “adecuar las previsiones de la referida Ley de Ministerios” para “una mejor gestión de las atribuciones asignadas al Poder Ejecutivo Nacional”.

El acto de jura será cerca de las 11:00, en el marco de un día de agenda intensa que incluirá reuniones de la mesa política nacional y de la mesa bonaerense, además de la cadena nacional en la que Milei presentará el Presupuesto 2026.

El nombramiento de Catalán se da luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, hecho que motivó la creación de nuevas mesas de trabajo político y la reorganización del gabinete.

La reforma de la Ley de Ministerios N° 22.520 establece que el despacho de los negocios de la Nación estará a cargo del Jefe de Gabinete y nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; Desregulación y Transformación del Estado.

El decreto también incorpora la figura de un Vicejefe de Gabinete Ejecutivo con rango ministerial, en quien podrán delegarse facultades específicas.

La cartera tendrá a su cargo la gestión política interna, la coordinación con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la supervisión del Registro Nacional de las Personas, la organización de actos patrióticos y la gestión de políticas migratorias y de asilo.

Además, sumará responsabilidades en materia de turismo y deporte, como la administración del Fondo Nacional de Turismo, la coordinación del Consejo Federal de Turismo y la representación internacional en ambos sectores.

En el plano ambiental, se le asigna la formulación de la política ambiental nacional, la gestión sostenible de recursos naturales, la preservación de bosques y áreas protegidas, y la elaboración de planes frente al cambio climático.

El Gobierno nacional resolvió restituir las funciones de organismos públicos que habían sido alcanzados por un decreto de necesidad y urgencia que preveía su disolución, entre estos, Vialidad Nacional. La medida fue oficializada a través del decreto 627, luego de que el Congreso rechazara las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo.

Al respecto, el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, celebró la decisión y sostuvo que “la restitución trae tranquilidad a los trabajadores, ya que el DNU 461 disponía la disolución del organismo y dejaba a todo el personal en disponibilidad”.

"Nos alegra que el organismo no se desarme. Se actuó con sensatez y hubo apoyo no solo de la oposición, sino también de legisladores de distintos espacios para que Vialidad Nacional continúe con las tareas que históricamente ha desarrollado", ponderó.

El gremialista recordó que el proceso legislativo fue clave: la Cámara de Diputados rechazó la medida con 138 votos en contra y 65 a favor el pasado 6 de agosto, mientras que el Senado la desestimó el 21 de agosto con 60 votos en contra y 10 a favor. “Además, el Poder Judicial intervino con una medida cautelar que impidió avanzar con la disolución de Vialidad, lo que permitió sostener un organismo con más de 90 años de historia”, explicó Mesa.

El dirigente sindical destacó que la marcha atrás también abarcó a otros entes como INTA, INTI y la Marina Mercante, que habían sido alcanzados por el decreto original.

Sin embargo, Mesa advirtió que la situación actual del organismo sigue siendo crítica por falta de recursos. “En Vialidad Nacional estamos desfinanciados. No tenemos insumos básicos como combustible o asfalto, lo que impide avanzar con obras y tareas pendientes. Es necesario que se declare la emergencia vial para garantizar la seguridad en las rutas”, planteó. (Fuente: Elonce)

La medida, que crea el Consejo de Bienes Recuperados dentro del Ministerio de Justicia, fue recibida con preocupación por jueces federales de todo el país, quienes advierten que podría vulnerar la independencia del Poder Judicial y alterar el destino de recursos clave para su funcionamiento.

En una reunión celebrada en Córdoba, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones emitió un comunicado en el que expresan su inquietud por las implicancias del DNU. Según el documento, la norma “lejos de disipar dudas, genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias” que podrían afectar la operatividad judicial y el principio de autarquía consagrado por la Ley 23.853.

Hasta ahora, los bienes decomisados —que incluyen inmuebles, vehículos, dinero y otros activos— eran administrados por el Poder Judicial, que podia destinarlos a fines sociales o institucionales. Con el nuevo régimen, esa facultad pasaría al Ejecutivo, lo que para los magistrados representa una intromisión en funciones que históricamente han sido reguladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, el DNU contradice la Acordada N.º 22/25, que establece el “Reglamento de efectos secuestrados y objetos decomisados”, vigente desde 1991.

El Consejo de Bienes Recuperados, creado por el decreto, tendrá funciones de supervisión, evaluación y coordinación sobre los activos incautados. Según cifras oficiales, el Estado posee más de 40.000 bienes muebles e inmuebles, de los cuales al menos 285 provienen de causas por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Actualmente hay 76 remates activos que podrían recuperar más de 13 millones de dólares.

Además del cuestionamiento técnico, el comunicado judicial propicia el “diálogo institucional” entre los poderes del Estado para evitar que la medida derive en conflictos de competencias o afecte la transparencia en el manejo de bienes públicos. “La independencia judicial no es negociable”, señalaron los magistrados, al tiempo que reiteraron su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática.

En paralelo, el contexto político suma tensión: el decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete en medio de otras controversias institucionales, como el fallo “Levinas II” y denuncias de intimidación a jueces federales, lo que refuerza el clima de alerta en los tribunales.

La oposición le aplicó este jueves el primer combo de golpes a la Casa Rosada: desactivó cuatro decretos delegados -por la ley Bases- y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rechazados la semana pasada por Diputados relacionados con diferentes organismos, en una sesión que será extensa y que continuará con las sanciones de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

El DNU en cuestión es el relacionado con la Marina Mercante, observado por diferentes bloques por las consideraciones y cambios en relación con el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial. En tanto, los decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del -reconocido y respetado- Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.

Por su parte, el radical Pablo Blanco acusó al Ejecutivo de “esconder” la eliminación de los entes “reasignando las funciones para volverlos inservibles, vaciando de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica y retirando autonomía presupuestaria”. El fueguino describió: “Como hubo corrupción en Vialidad, el Gobierno encontró la solución, disolviendo el organismo. El Gobierno toma una medida que es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, le pega un tiro y lo mata. Entonces, se acabó el enfermo y se acabó el problema”.

El senador peronista Pablo Bensusán junto a su colega de interbloque y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac (Fotos: RS Fotos)

Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero (Salta) planteó: “El INTA es emblemático en todo el país y cumple una función fabulosa, pero también es cierto que desde el 2003 han duplicado los empleados y no sabemos si se han duplicado los resultados de las investigaciones o la producción”.

“Yo voy a ir en contra del INTA y en contra de Vialidad, porque creo que el Gobierno nacional tiene que rever esta situación”, sostuvo el jefe del PRO, Alfredo De Ángeli, que se mostró distante de La Libertad Avanza tras meses de gestos afectuosos con el oficialismo.

El último orador fue el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien habló de una “premisa incorrecta, ya que las funciones de estos organismos se mantienen”. En esa línea, subrayó: “Entonces, cortemos con todo este discurso de qué pasaría si cerramos o las funciones. Eso no es lo que está sucediendo. La ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”.

Atauche detalló: “Lo que está sucediendo es una reorganización legal por algo que sucede hace mucho en el Estado argentino. Entiendo que ustedes se quieran hacer los tontos. Aumentaron la masa de administrativos de sus filas políticas en los estamentos estatales. Nosotros conservamos las funciones y corremos a los militantes que no trabajan. Y no estoy hablando de todos”. Mencionó, en algunos casos, un crecimiento que “no condice con sus funciones” y puso el ejemplo de “un auto cada dos empleados” en el INTA.

*Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.

*Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.

*Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.

*Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín suspendió por seis meses el decreto de necesidad y urgencia que habilitaba a las empresas a interrumpir el suministro de agua potable y el servicio de desagües cloacales en viviendas residenciales por falta de pago.

La medida fue adoptada por la jueza Martina Forns, a partir de una demanda presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores junto a la cooperativa Consumidores Libres. Ambas organizaciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que implicaba una regresión en la regulación de un servicio público esencial, con impacto directo en el derecho humano al agua y en la protección del ambiente.

En su resolución, Forns sostuvo que el DNU “impone a los usuarios una regresión normativa que afecta de manera directa la vida, la salud y la seguridad de la población”. Subrayó que la norma violaba compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos y recordó que el artículo 41 de la Constitución protege el agua como parte del ambiente.

El fallo puso especial énfasis en los efectos que la interrupción de estos servicios podría tener en sectores vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y niños. En ese sentido, sostuvo que los cortes resultan improcedentes cuando la falta de pago responde a una situación de imposibilidad real, y que el Estado debe garantizar una tutela diferenciada en esos casos.

De este modo, la justicia federal suspendió la aplicación del decreto por un plazo de seis meses, en el que se analizará en mayor profundidad la validez de la norma y sus consecuencias. La decisión representa un freno judicial a una de las medidas más polémicas en materia de servicios públicos, al reconocer que la provisión de agua y saneamiento es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto únicamente a criterios de mercado.