Escándalo en el PAMI: exfuncionaria denuncia corrupción y presiones políticas. Aguirre acusó a Sebastián Pareja, armador bonaerense del partido y hombre de confianza de Karina Milei, y a su colaborador Juan Osaba, de haberla cesanteado por negarse a encubrir maniobras ilegales.

En declaraciones televisivas, Aguirre relató que al ser designada le exigieron "un millón de pesos por mes de retorno" y que Osaba le pidió firmar “papeles ilegales” a cambio de beneficios. "Nunca les cumplimos. Dijimos que sí para entrar, pero una vez adentro empezamos a investigar la corrupción", explicó. Según su testimonio, Pareja manejaba directamente las decisiones del PAMI provincial y respondía a la hermana del presidente, Karina Milei.

La exfuncionaria aseguró contar con grabaciones, audios y capturas que respaldan su denuncia, ya presentada ante el juez Alejo Ramos Padilla. Afirmó haber intentado comunicarse sin éxito con el presidente Javier Milei, su hermana y otros funcionarios para exponer los hechos. "Nos usaron para la campaña. La casta sigue adentro", lamentó Aguirre, quien confesó su desencanto con el proyecto político que apoyó.

Las acusaciones de Aguirre profundizan las sospechas sobre el manejo del PAMI bajo La Libertad Avanza. Distintas fuentes señalan que el organismo habría sido utilizado como plataforma para ubicar militantes y candidatos del partido en cargos estratégicos, exigiendo parte de sus salarios como financiamiento político. La misma práctica habría sido detectada en Santa Fe y en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la supervisión de Pilar Ramírez, jefa de bloque libertario en la Legislatura porteña y figura clave en el armado de Karina Milei.

A la par, emergieron denuncias por irregularidades en la compra de insumos y medicamentos, a través de vías de excepción que eludían licitaciones. La propia conducción del PAMI admitió en un comunicado la necesidad de una “revisión profunda” para desarticular “mafias internas” y cortar con los “privilegios enquistados”.

El escándalo salpica a la dirigencia de La Libertad Avanza en un momento en que busca consolidar su estructura política de cara a las elecciones de 2025. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, Pareja también genera polémica por su interés en presidir San Lorenzo, donde deslizó su apoyo a la transformación del club en una sociedad anónima deportiva.

La denuncia de Aguirre, con sus explosivas acusaciones, promete escalar en la justicia y agitar las aguas de la interna libertaria, mientras se multiplican los reclamos por transparencia en el manejo de fondos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Indec entre 2006 y 2007. La decisión, adoptada por mayoría, deja a la Corte Suprema como única vía de revisión.

El fallo también alcanzó a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del Indec , mientras que fueron absueltas María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia. Moreno fue hallado culpable de “abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos”, delitos que inhabilitan su regreso a cargos oficiales si la sentencia queda firme.

La jueza Angela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci votaron por confirmar el fallo, mientras que Alejandro Slokar expresó su disidencia. Moreno había solicitado la absolución o la revisión de la pena alegando la prescripción de la causa y la inexistencia de violación del secreto estadístico, argumentos que no prosperaron.

Ledesma sostuvo que el veredicto original del Tribunal Oral Federal 2 fue “elocuente” al exponer el “marcado interés” de Moreno en controlar el funcionamiento interno del INDEC, a pesar de que el organismo no dependía de su Secretaría. Según el fallo, el exfuncionario ejerció presiones mediante “llamados, requerimientos e imposiciones” que obligaron a los técnicos del INDEC a adoptar medidas de resguardo para proteger el secreto estadístico.

El tribunal valoró como prueba que Moreno buscó conocer la identidad de los informantes y las marcas de los productos relevados, e intentó imponer cambios en la metodología del IPC, interfiriendo en la autonomía técnica del organismo. Yacobucci advirtió que “la falta de transparencia y la ausencia de fundamentación en las decisiones de gobierno generan un velo de desconfianza que erosiona la legitimidad institucional”.

Durante los fundamentos, se destacó que varios técnicos se alejaron mediante licencias por las tensiones vividas, y que las empleadas mujeres fueron quienes “con mayor frecuencia sufrieron desplantes y enojos” por parte de Moreno.

El caso, que se originó en denuncias sobre manipulación de las estadísticas oficiales durante el gobierno de Cristina Kirchner, pone fin a una larga batalla judicial, aunque la defensa ya anunció que recurrirá a la Corte Suprema para intentar revertir la condena. Mientras tanto, el fallo refuerza las críticas a la intervención política en los organismos de control y medición del Estado.

Absolvieron a Dolores Etchevehere por la usurpación de Casa Nueva. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, absolvió este lunes a Dolores Etchevehere y a su abogado, Facundo Taboada, en la causa por usurpación de la estancia Casa Nueva, ubicada en El Quebracho, Santa Elena. La resolución cierra un capítulo de una extensa disputa familiar que se arrastra desde hace más de una década.

La denuncia había sido impulsada por su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, socios de Las Margaritas SA. La acusación se centraba en los hechos ocurridos en octubre de 2020, cuando Dolores, junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por Juan Grabois, ingresó al campo exigiendo las llaves de la casa principal.

Durante el juicio, el fiscal Facundo Barbosa y el querellante Rubén Pagliotto solicitaron una condena de un año de prisión condicional para Dolores Etchevehere, y la misma pena para Taboada por el delito de usurpación. Sin embargo, el magistrado entendió que no se configuró el delito y dictó la absolución.

La causa forma parte de un largo derrotero judicial que comenzó en 2013, cuando Dolores denunció presuntas irregularidades en el manejo de la herencia familiar tras la muerte de su padre, Luis Félix Etchevehere. Desde entonces, se sucedieron múltiples denuncias cruzadas, juicios civiles y causas penales, que profundizaron la fractura entre los hermanos.

En 2022, la Fiscalía había decidido avanzar con la elevación a juicio por los delitos de usurpación y desobediencia judicial, aunque Dolores fue sobreseída de esta última acusación bajo perspectiva de género, al considerarse que no se aplicó el mismo rigor a sus hermanos, quienes desobedecieron una orden de restricción vigente sobre la estancia.

El juez Labriola valoró los argumentos de la defensa y concluyó que no hubo violencia ni clandestinidad en la ocupación, requisitos necesarios para configurar el delito de usurpación. La resolución fue celebrada por el entorno de Dolores Etchevehere, mientras que los denunciantes evaluaban los pasos a seguir.

Con esta absolución, Dolores suma un fallo favorable en su prolongada batalla judicial, aunque persisten otras causas abiertas en el ámbito civil y penal que siguen enfrentándola con su familia.