La Cámara de Senadores convirtió en Ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, una decisión histórica siendo que modifica una norma vigente desde 1980. Fue en el marco de una extensa sesión que concluyó a las 18.15, con la aprobación por 44 votos afirmativos, 27 en contra y 1 abstención.

El proyecto, que en Diputados fue aprobado el 12 de febrero pasado, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, establece como principal novedad la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.

La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podría aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.

En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.

La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.

También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.

El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos. En caso de ser aprobada, la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. (APFDigital)

El proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación y entró en la curva final de definiciones legislativas, ya que está previsto que la iniciativa sea votada en el recinto de sesiones el próximo jueves.

Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el texto reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y, aunque es muy similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, incorpora modificaciones clave en materia presupuestaria para garantizar su aplicación efectiva.

A diferencia de la versión original que dejaba el financiamiento librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, generando sospechas sobre la viabilidad real de la norma, la nueva redacción asegura las partidas necesarias. El Gobierno incluyó la asignación de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, buscando con esto que la ley no termine siendo letra muerta por falta de recursos.

El tratamiento legislativo se acelerará este miércoles, cuando un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto busque reunir los avales necesarios para firmar el dictamen. Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, confía en recuperar el consenso que ya existía para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Si bien sectores de la oposición denuncian un intento de avance exprés a libro cerrado, el oficialismo recuerda que el texto base cuenta con el antecedente de un amplio debate realizado el año pasado, que incluyó siete reuniones con especialistas y obtuvo un dictamen de 77 firmas.

La urgencia por reactivar este tema, que había quedado postergado por otras prioridades del Gobierno, responde en gran medida al impacto social del reciente crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El homicidio del adolescente de 15 años a manos de otros menores conmocionó a la opinión pública y obligó al sistema político a reponer en la agenda de sesiones extraordinarias la discusión sobre la inseguridad y la justicia juvenil.

En cuanto a las penas, el proyecto descarta la reclusión perpetua y establece un máximo de 15 años de prisión para los menores condenados. El régimen propone un abordaje diferenciado: para aquellos delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, se priorizarán medidas con enfoque social, educativo, libertad asistida y tareas comunitarias, reservando la prisión efectiva para los casos más graves.

El debate de fondo expone dos visiones contrapuestas de la seguridad. El Gobierno, alineado con el discurso del presidente Javier Milei de “el que las hace las paga”, busca elevar los costos para quienes delinquen y terminar con la llamada “puerta giratoria”. En la vereda opuesta, la oposición más dura rechaza la reforma argumentando que no existe evidencia empírica de que la severidad penal reduzca el delito, citando como ejemplo a Brasil, donde la baja de la edad de imputabilidad no logró contener una tasa de homicidios que escaló a niveles alarmantes, y sostienen que la problemática responde a una estructura histórica de exclusión social.

El debate por la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda política nacional. El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, respaldó la posibilidad de reducir el límite actual de responsabilidad penal de 16 a 14 años.

El legislador sostuvo que existen adolescentes que, pese a su edad, poseen plena conciencia sobre las conductas delictivas que realizan. En ese sentido, planteó que el sistema judicial debería contar con herramientas para intervenir en esos casos.

“Hay jóvenes de 14 y 15 años que actúan con voluntad de delinquir y entienden perfectamente lo que están haciendo”, afirmó Michel en Ahora o Nunca (Rado Cero 104.1) al referirse a la discusión sobre el régimen penal juvenil.

No obstante, el diputado aclaró que la eventual reducción de la edad de imputabilidad no debería implicar el alojamiento de menores en cárceles comunes. Según explicó, esa alternativa podría generar efectos contraproducentes y favorecer procesos de reincidencia.

En esa línea, consideró necesario avanzar en la adecuación de espacios específicos destinados a menores en conflicto con la ley penal, junto con políticas integrales vinculadas a salud mental y contención social.

El debate sobre la reforma del régimen penal juvenil divide opiniones en el ámbito político y judicial. Mientras algunos sectores impulsan la reducción de la edad como una herramienta para enfrentar delitos graves cometidos por menores, otros advierten sobre la necesidad de fortalecer políticas preventivas y de inclusión social.

La discusión continuará en el Congreso, donde distintos proyectos buscan actualizar la legislación vigente y establecer nuevos criterios para abordar la problemática de la delincuencia juvenil.

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, se refirió a la discusión en el Congreso Nacional de la Ley Penal Juvenil remarcando que “si hay una baja de la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva se necesitan cárceles adecuadas para menores”. También planteó la necesidad de trabajar en una ley de salud mental.

En declaraciones radiales el legislador señaló: “Tengo mi postura que la estoy charlando dentro del bloque. Es un tema que escapa a lo partidario. Alguien para ser imputado en nuestra ley necesita tener la voluntad, es decir, el discernimiento, la intención y la libertad de cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en todo el resto del mundo, le pone un piso a esa imputabilidad. Por ejemplo en el Reino Unido son 10 años y en países de América son 14. Yo creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que tienen el discernimiento, la intención, la voluntad, y saben lo que están haciendo”.

“Ahora bien, de lo que sí también estoy seguro, y estoy trabajando en un proyecto que presentó el diputado Ramiro Gutiérrez que vamos acompañar, es que si se baja la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva lo que se necesitan son cárceles adecuadas para los menores, porque sino estamos llevando a no darles ningún futuro”, sostuvo Michel.

“Se necesita primero que nada que si hay una baja de la edad de imputabilidad, la ley se aplique cuando estén dadas las condiciones de infraestructura necesarias para que al chico que tenga que ir a la cárcel por haber cometido un delito, se le respeten sus derechos”, remarcó.

Asimismo, el diputado manifestó la necesidad de “trabajar en una ley de salud mental porque sino estamos generando cada vez más chicos quebrados mentalmente, que no tienen ningún futuro, que entran a la adolescencia sin ningún destino o esperanza de vida”.

El Congreso reinicia su actividad este lunes en el marco de las sesiones extraordinarias, con el oficialismo intensificando negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para lograr consensos y aprobar su paquete de proyectos. La agenda de temas de los legisladores llega cargada al recinto, con la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la ley de Reforma Penal Juvenil.

En el caso de la reforma laboral, aunque el proyecto ya cuenta con dictamen en comisión en el Senado, los votos todavía no están asegurados tal como fue redactado, por lo que el oficialismo y aliados trabajan contra reloj para sumar votos y evitar que el texto sufra tropiezos en su tratamiento.

En el sprint final de las negociaciones por la reforma laboral, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron este jueves en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, y reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables que implicarán los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto, informó Ámbito.

La cumbre nucleó a tres caciques dialoguistas, que fueron clave a lo largo de la gestión libertaria para apuntalar distintas iniciativas de Javier Milei en la arena legislativa. El objetivo central fue acercar posiciones de cara al tratamiento del proyecto del oficialismo, que será discutido por el Senado la semana próxima. También forma parte de ese grupo el misionero Hugo Passalacqua, quien no viajó en esta ocasión.

“Nuestra postura es concreta: la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”, señalaron desde la conducción del PRO. "Insistir con los 13 años tiene el riesgo de que no se vuelvan a tener los consensos que tuvimos y significa volver a abrir la caja de pandora", analizan desde la UCR, en donde entienden que "respetar el año de trabajo es defender el dictamen que firmamos muchos bloques". La posición de espacios cercanos a La Libertad Avanza vuelve a poner al oficialismo en la misma disyuntiva cada vez que pidió por el Régimen Penal Juvenil.

El texto establece que solo serán objeto de protección los glaciares y áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable como el almacenamiento o suministro de agua. Asimismo, transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar esos espacios.

A su vez, prevé la elaboración de un registro nacional de glaciares destinado a identificar las zonas comprendidas dentro del régimen de protección.

Para el Mercosur, esto implica cuotas más grandes de exportación de productos agropecuarios hacia Europa. Para la UE, significa una mejora en el acceso al mercado sudamericano para autos, autopartes, máquinas, productos químicos, vinos y quesos.

En un comunicado difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a los proyectos que impulsan la baja de la edad de imputabilidad. La Iglesia sostuvo que reducir la discusión a la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.

Los obispos manifestaron su cercanía con las familias afectadas por hechos delictivos, pero advirtieron que limitar el debate a la edad de imputabilidad “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja”, que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

La CEA recordó un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social, y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.

“La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución”, señalaron los obispos, reafirmando la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada “humana, integral y abierta a la esperanza”.

El comunicado destacó el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria. A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho.

“La verdadera prevención nace del cuidado compartido”, subrayaron los obispos, reclamando familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

“La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”. Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejaron en evidencia que la discusión sobre el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se tratará durante las sesiones extraordinarias, no está saldada al interior del Gobierno.

Mientras algunos referentes libertarios dejaron trascender que establecer la edad mínima de imputabilidad en los 14 años permitiría alcanzar consensos más amplios que dejarán al oficialismo muy cerca de tener los votos para sancionar la nueva ley, otros creen que es momento de insistir con la redacción original del proyecto, que proponía bajar el umbral a los 13 años.

El primer proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y recién en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un dictamen de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Durante esas negociaciones, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presionaron para fijar la edad mínima en 14 años. También redujeron de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado que quedó listo para ir al recinto, algo que finalmente nunca ocurrió.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Algunos sectores del Gobierno se inclinan por “respetar” los acuerdos previos; en cambio, otros creen que la victoria electoral de las legislativas y el contexto generado por algunos crímenes resonantes, como el de Jeremías Monzón en Santa Fe, habilitan a jugar más a fondo.

En esta discusión, la posición que adopten los aliados del Gobierno y los sectores dialoguistas terminará de inclinar la balanza. “El Gobierno está muy bien y viene metiendo goles, es obvio que van a tensar la discusión y proponer otra vez los 13 años. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la edad mínima tiene que ser 14 años”, explicó un referente del PRO en Diputados.

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentan que es una cuestión de “prudencia científica y de realidad operativa”. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, explicaron.

A su vez, advierten que el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema: “Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

Por otro lado, el bloque amarillo entiende que será una buena oportunidad para “plantarse” e inaugurar la nueva etapa de “aliados con condiciones”. Cabe recordar que muchos en el bloque PRO aún no superaron el malestar por la ruptura de los diputados bullrichistas y la posterior incorporación a La Libertad Avanza de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Lorena Petrovich.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque oficial de la UCR coincidieron en que “la discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”.

“Por querer jugar a fondo, pueden perder el número que prácticamente ya tienen asegurado para bajar la imputabilidad a los 14 años. El radicalismo quiere que la ley salga, no hay que desaprovechar los consenso que no fueron nada fáciles de conseguir, sería perder el tiempo”, explicaron. Y advirtieron: “Tienen que mirar la composición de la Cámara”.

La advertencia no es menor, ya que sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven el PRO, la UCR y el MID, para el oficialismo sería prácticamente imposible llegar al quórum de 129 para el debate en Diputados. (Fuente: Infobae)

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, recibe hoy a los familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas por menores de edad en la provincia de Santa Fe.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro se lleva a cabo este viernes a las 11:45 en la Cámara alta.

La reunión se realiza a pocas semanas del debate de la baja de la edad de imputabilidad en el Senado, uno de los proyectos que el Gobierno pretende aprobar junto a la reforma laboral.

Jeremías fue emboscado y asesinado brutalmente en Santo Tomé a fines de diciembre por tres adolescentes, dos de los cuales fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad penal y afirmó que, a título personal, considera que debería ser incluso menor a los 13 años, en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de la región y de Europa. “Ojalá logremos la baja de imputabilidad a 13 años. Si me preguntan a mí, debería ser menos”, afirmó la ministra.

Las declaraciones las realizó en una entrevista con Radio La Red, donde remarcó que la discusión será incluida en el Congreso y advirtió que la normativa vigente en la Argentina data de 1980, en un contexto completamente distinto al actual. “Argentina está rezagada en esta discusión. Excepto Brasil, todos los países de la región tienen la edad de imputabilidad entre los 12, 13 y 14 años”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, Monteoliva subrayó que el avance del crimen organizado modificó las dinámicas del delito y expuso con crudeza una problemática central: el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Hoy, las organizaciones criminales reclutan niños. No hemos dimensionado el impacto que eso tiene. Para estas organizaciones la vida no vale nada y siempre tienen reemplazo”, advirtió.

La ministra remarcó que la iniciativa no se limita a una reforma legal aislada, sino que apunta a un cambio de sistema, con énfasis en la prevención, la contención y la reeducación. “No se está planteando solamente bajar una edad. Esto implica trabajar sobre la prevención, la institucionalidad y el acompañamiento de estos chicos, con un componente educativo prácticamente obligatorio”, explicó.

Además, señaló que el debate incluye figuras como la del supervisor y dispositivos de seguimiento para evitar que los menores queden atrapados en circuitos delictivos reincidentes.

Respecto a los datos sobre delitos cometidos por menores, la ministra aclaró que aún no hay cifras oficiales desagregadas por edad, aunque confirmó que el 60% de las víctimas de homicidios en el país tiene entre 17 y 40 años. “Hay chicos muy jóvenes involucrados en organizaciones criminales con distintas funciones. Es una situación terrible y muy triste”, sostuvo.

Durante la entrevista, Monteoliva ratificó la continuidad del protocolo antipiquetes implementado por Patricia Bullrich y defendió su aplicación como una herramienta de planificación operativa, no represiva. Además, destacó la reducción sostenida de homicidios desde fines de 2023 y aseguró que la Argentina se convirtió en un país observado en la región por su estrategia de seguridad. “Hoy miran a la Argentina. Está demostrado que los homicidios se pueden bajar”, afirmó, y detalló que cerca del 19% de los asesinatos están vinculados al crimen organizado, uno de los principales focos del Gobierno.

Cumpliendo con la promesa realizada durante su acto en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial. La normativa lleva las firmas del mandatario y de su vocero y actual ministro, Manuel Adorni.

“Delito de adulto, pena de adulto”

El texto normativo es escueto pero contundente en su objetivo. En su Artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil“.

Esta decisión administrativa le da el marco legal necesario al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda. Allí, ante sus seguidores, el Jefe de Estado sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.

Qué dice el proyecto

La iniciativa que enviará el Ejecutivo al Parlamento es impulsada por las carteras de Seguridad y Justicia. El objetivo central es modificar el régimen actual, vigente desde la última dictadura militar.

El punto clave de la discusión será bajar el piso de punibilidad (que actualmente se ubica en los 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados por el sistema penal.

El Gobierno nacional resolvió incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, tras una reunión de la mesa política realizada este lunes en Casa Rosada. El encuentro se desarrolló durante dos horas y contó con la presencia de los principales referentes del oficialismo encargados de la estrategia legislativa.

Según se informó, el proyecto apunta a reducir a 14 años la edad de imputabilidad penal y será uno de los temas que el Ejecutivo intentará impulsar durante el período extraordinario, que comenzará formalmente el próximo lunes 2 de febrero, con actividad en ambas cámaras del Congreso Nacional.

La decisión se adoptó en el marco de una reunión encabezada por funcionarios de primera línea, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí se repasó el temario previsto inicialmente y se avanzó en la incorporación de nuevas iniciativas, en paralelo al eje central que será la discusión de la Reforma Laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó públicamente la novedad a través de sus redes sociales, donde señaló que la Ley Penal Juvenil formará parte del listado de proyectos a tratar durante las sesiones extraordinarias. La confirmación se dio luego de intensas deliberaciones internas sobre la conveniencia política y legislativa de avanzar con el debate.

Fuentes oficiales indicaron que el temario podría ampliarse aún más e incluir otras iniciativas, entre ellas la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, de acuerdo a lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

En relación con la política penal, desde el Ejecutivo aclararon que la reforma integral del Código Penal, que también contempla cambios en la edad de imputabilidad, se postergaría para el inicio del período ordinario de sesiones, previsto para el 1° de marzo. La prioridad inmediata del Gobierno seguirá siendo la sanción de la Reforma Laboral.

La incorporación de la Ley Penal Juvenil volvió a cobrar impulso en los últimos días tras hechos de alto impacto público, que reactivaron el debate sobre la responsabilidad penal de los menores. En ese contexto, los equipos técnicos del Gobierno revisaron el articulado ya presentado y realizaron modificaciones antes de su inclusión formal en el temario.

Durante la reunión también se analizaron otros temas de agenda internacional, como el acuerdo Mercosur–Unión Europea, cuyo tratamiento legislativo permanece bajo evaluación luego de que el Parlamento Europeo remitiera el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, indica Infobae.

Del encuentro participaron, entre otros, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien actúa como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

La discusión sobre la reforma del régimen Penal Juvenil vuelve a instalarse en la agenda política nacional. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, aseguró que en 2026 el Congreso tratará la iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad. El anuncio lo realizó a través de su cuenta en la red social X, donde convocó a legisladores y sociedad a acompañar el debate.

Bullrich planteó la necesidad de avanzar en un cambio profundo del sistema actual, al que calificó de “vergonzoso” por considerar que protege a los delincuentes y abandona a las víctimas. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, expresó en términos contundentes.

La senadora libertaria fundamentó su postura en casos recientes de violencia protagonizados por menores de edad. “¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, señaló. Para Bullrich, la falta de consecuencias genera una “vía libre para delinquir” y erosiona la confianza de la sociedad en la justicia.

En su mensaje, insistió en que “el menor que delinque, las paga” y que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada”. La propuesta busca establecer un estándar similar al de países vecinos, con responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas según la edad y el delito. “Se les terminó la impunidad por edad”, remató.

La baja de la edad de imputabilidad es un tema que históricamente genera controversia en Argentina. Mientras sectores políticos y sociales consideran que es necesario para enfrentar delitos graves cometidos por adolescentes, otros advierten que la medida puede vulnerar derechos fundamentales y no resolver las causas estructurales de la violencia juvenil.

La iniciativa de Bullrich se suma a un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y la demanda de respuestas rápidas desde el Estado. El oficialismo libertario buscará instalar el proyecto en el Congreso durante el año, en medio de un escenario político polarizado y con fuerte presión social por mayor seguridad.

La senadora reafirmó que el debate será inevitable en 2026 y que su bloque impulsará la reforma como prioridad legislativa. La discusión promete abrir un nuevo capítulo en la relación entre justicia penal y juventud, con implicancias sociales y políticas de gran alcance.