Según se publicó en el Boletín Oficial, la decisión busca liberar a los colegios del control estatal sobre la fijación de cuotas y matrículas, otorgándoles mayor flexibilidad para definir sus precios "en función de la realidad económica y los costos operativos".

La medida sostiene que el esquema vigente "limitaba la capacidad de adaptación de los institutos a las fluctuaciones del mercado" y terminaba perjudicando tanto a las instituciones como a las familias.

"La obligación de comunicar y obtener autorización previa para modificar las cuotas crea una situación de incertidumbre económica que lleva a las escuelas a fijar precios más altos por precaución", argumenta el texto oficial.

El Ejecutivo sostiene que el sistema anterior "constriñe el derecho de propiedad" de los establecimientos y atenta contra la libre contratación, principios que —según el decreto— deben regir las relaciones entre los institutos privados y las familias.

En ese sentido, el texto advierte que la fijación de tarifas previsibles y controladas por el Estado "puede llevar a una precarización de la calidad educativa", ya que impide a los colegios responder a aumentos de costos o salarios docentes.

Además de derogar el decreto de 1993, Javier Milei instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, para revisar el Decreto 2542/91, la norma original que estableció el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada.

El objetivo, según el decreto, es "adecuar la regulación a las realidades educativas y económicas actuales" y diseñar un nuevo esquema que garantice "la sostenibilidad de los establecimientos" sin comprometer el derecho a la educación de calidad.

Con el objetivo de consolidar vínculos interprovinciales y fortalecer la educación de gestión privada, se llevó adelante una jornada de trabajo entre equipos técnicos y autoridades educativas de Entre Ríos y Santa Fe. El encuentro se realizó en el Ministerio de Educación santafesino y reunió a referentes de ambas provincias en el marco de la Región Centro, una instancia que promueve la cooperación territorial y el desarrollo conjunto de políticas públicas.

La directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Judith Trembecki, destacó la importancia del espacio: “Estos encuentros nos permiten intercambiar experiencias, enriquecer la gestión y optimizar aspectos técnicos que son clave para el funcionamiento institucional. Valoramos mucho el compromiso, la apertura de la provincia de Santa Fe y la posibilidad de seguir construyendo en conjunto desde una mirada regional”.

Participaron también la directora de Educación de Gestión Privada de Santa Fe, Analía Massera, y equipos técnicos de ambas jurisdicciones. Por Entre Ríos, asistieron referentes de las áreas de Administración, Liquidaciones, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos y Ajustes y Liquidaciones del CGE. Por Santa Fe, estuvieron presentes los equipos de Fiscalización Integral, incluyendo las áreas Contable, Legales, Recursos Humanos, Administración e Informática.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la normativa vigente, los procesos administrativos, la liquidación de aportes, la fiscalización contable y el seguimiento de recursos humanos. El intercambio permitió identificar buenas prácticas, revisar procedimientos y avanzar en la construcción de criterios comunes que faciliten la gestión educativa en instituciones privadas.

Uno de los ejes centrales fue la articulación técnica entre áreas que habitualmente trabajan de manera fragmentada. La posibilidad de compartir metodologías, herramientas digitales y marcos legales favorece la transparencia, la eficiencia y la equidad en el acceso a recursos. Además, se destacó el valor de la educación de gestión privada como parte del sistema público, con fuerte presencia territorial y compromiso comunitario.

El encuentro también permitió visibilizar desafíos compartidos, como la necesidad de actualizar normativas, mejorar los canales de comunicación entre provincias y fortalecer la formación de equipos técnicos. En ese sentido, se acordó continuar con instancias periódicas de trabajo conjunto, que permitan sostener el diálogo interprovincial y avanzar en políticas educativas con enfoque regional.