El Gobierno de Entre Ríos oficializó un aumento salarial del 3,5% para los trabajadores de la Administración Pública provincial, con excepción del escalafón docente. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, al que tuvo acceso Elonce, con vigencia desde el 1° de septiembre.

La disposición establece que el aumento se calculará sobre los haberes correspondientes a agosto de 2026 y se aplicará a los conceptos remunerativos de los diferentes escalafones del Poder Ejecutivo. Quedaron excluidos los códigos de naturaleza variable o extraordinaria, especialmente aquellos vinculados con metas de recaudación, recuperación de recursos o percepción de tasas.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial señala que la negociación colectiva continuaba abierta y que no se había alcanzado un acuerdo paritario. En ese marco, dispuso el incremento salarial y estableció nuevos valores para los distintos conceptos incluidos en los anexos de la normativa.

Los nuevos salarios mínimos de los empleados públicos

El artículo 5 del decreto fija un haber mínimo de $792.720 para los agentes de los escalafones General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto.

Para los trabajadores del Escalafón General que prestan servicios efectivos en el Ministerio de Salud y perciben los adicionales de actividad crítica o riesgosa correspondientes a los códigos 201, 210 y 212, el haber mínimo quedó establecido en $903.501.

Por su parte, el artículo 6 determinó un mínimo de $1.023.566 para los agentes de la Carrera de Enfermería y de $920.252 para la Carrera de Agentes Sanitarios. Los importes fueron establecidos netos de asignaciones familiares y descuentos de ley, conforme a lo indicado en la resolución.

Cómo quedaron las escalas del Escalafón General

El Anexo I estableció los nuevos valores salariales para las diez categorías del Escalafón General, con vigencia desde el 1° de septiembre.

En la categoría 1, según pudo acceder Elonce, el sueldo básico quedó fijado en $324.050, mientras que los adicionales remunerativos correspondientes a los códigos 130 y 192 fueron establecidos en $291.349 y $104.865, respectivamente.

Para la categoría 5, el básico se fijó en $183.870, con adicionales remunerativos de $170.601 y $128.063. En tanto, para la categoría 10, el básico quedó establecido en $108.161, con una bonificación remunerativa de $6.043 y adicionales de $115.668 y $150.188.

Nuevos valores para Vialidad y el personal de Seguridad

En los sueldos básicos del Escalafón Vial, comprende desde la clase I hasta la clase XX, para las clases I a VI se estableció un básico de $224.891, mientras que la clase X quedó fijada en $343.710. En la clase XV, el básico ascendió a $584.144 y, para la clase XX, el monto establecido fue de $992.588.

Por otra parte, el Anexo III determinó los nuevos conceptos salariales correspondientes al personal policial y del Servicio Penitenciario provincial.

En el caso de la Policía, el sueldo básico de un agente quedó establecido en $170.937, mientras que el de un cabo se fijó en $186.657 y el de un sargento en $207.350.

Para las jerarquías superiores, los básicos establecidos fueron de $518.377 para comisario, $678.085 para comisario mayor y $777.327 para comisario general.

Además de los básicos, el anexo contempló adicionales remunerativos, el plus por mayor servicio y el adicional por actividad riesgosa e insalubre.

Entre los conceptos consignados figuran un adicional remunerativo de $296.969, un plus por mayor servicio de $364.040 y adicionales por actividad riesgosa e insalubre cuyos valores varían según la jerarquía.

El mismo anexo estableció las escalas para el Servicio Penitenciario. Entre ellas, fijó un básico de $170.937 para el agente de Guardia Cárcel, de $518.377 para alcaide y de $777.327 para inspector general del Servicio Penitenciario.

Las escalas salariales para profesionales de Salud

Escalafón Salud, Carrera Profesional Asistencial, con diferentes conceptos según el cargo y la modalidad de prestación de servicios.

Para un profesional asistente, el concepto correspondiente al código 1 quedó fijado en $156.568, mientras que para un profesional adjunto se estableció en $172.020.

En el caso de un médico interno de guardia, el valor del código 1 se fijó en $262.190. Para un director de hospital de nivel III, subnivel A o B, el mismo concepto quedó establecido en $231.457.

El anexo también contempla cargos con dedicación exclusiva. Para un director de hospital de nivel III con esa modalidad, el código 1 quedó fijado en $783.665, mientras que para un director de nivel II con dedicación exclusiva se estableció en $625.826.

Asimismo, se fija en $1.279.038 el valor correspondiente al código 1 para el cargo de médico instructor de residentes identificado con el código de cargo 297.

Los nuevos valores para la Carrera de Enfermería

Otro anexo de la resolución, detalla las escalas salariales de la Carrera de Enfermería, organizadas en cinco tramos: auxiliar, profesional, licenciatura, especialista y magíster o doctorado.

En el tramo A, correspondiente a auxiliares, los básicos establecidos mediante el código 1 van desde $221.767 para la categoría 1 hasta $284.679 para la categoría 10.

Para el tramo B, correspondiente a profesionales, los valores del mismo código van desde $295.583 hasta $379.431, mientras que en el tramo C, de licenciatura, se fijaron entre $393.119 y $504.642.

En el tramo D, destinado a especialistas, los básicos quedaron establecidos entre $522.849 y $671.175. Por su parte, en el tramo E, correspondiente a magíster o doctorado, los valores van desde $695.389 hasta $892.664.

Estas escalas también incluyen los adicionales remunerativos correspondientes a los códigos 130 y 192, cuyos importes fueron detallados en el anexo.

La normativa actualizó, además, la compensación por mayor horario, identificada con el código 018. Para el tramo A, los valores establecidos van desde $123.091 hasta $246.748, según la antigüedad contemplada. Para los tramos B, C, D y E, los importes van desde $164.462 hasta $328.898.

Los montos de esta compensación incluyen el valor base y un complemento por antigüedad.

Cuánto cobrarán los residentes

El artículo 4 del decreto estableció nuevos valores para las becas de los residentes comprendidos en la Ley Nº 8.951.

Se fijaron siguientes importes, vigentes desde el 1° de septiembre de 2026:

Residentes de primer año: $1.181.155.

Residentes de segundo año: $1.223.480.

Residentes de tercer año: $1.257.386.

Residentes de cuarto año: $1.299.706.

Jefes de residentes: $1.299.706.

Los montos fueron incorporados como parte de las actualizaciones salariales dispuestas por el Poder Ejecutivo provincial.

Asignaciones familiares y sumas extraordinarias

El decreto también dispuso un incremento del 3,5% en los tramos de las asignaciones familiares, con vigencia desde septiembre de 2026.

Asimismo, el artículo 2 establece la continuidad del pago de las sumas extraordinarias acordadas en el acta paritaria del 20 de febrero de 2026, con la actualización prevista en el acuerdo del 12 de mayo del mismo año, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1269/2026.

En cuanto al financiamiento, la normativa determina que los gastos derivados de la actualización salarial serán imputados a las partidas presupuestarias específicas de cada jurisdicción.

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos confirmó el cronograma para el depósito del pago complementario correspondiente a los haberes del mes de septiembre para el personal docente. De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades provinciales, la acreditación de los fondos se concretará el próximo jueves 15 de octubre en las cuentas bancarias de los trabajadores del sector educativo alcanzados por la medida.

La medida administrativa se instrumentó mediante la promulgación del Decreto 3315/26, disposición que fijó una pauta de actualización salarial del 3,5 % calculada sobre los conceptos de carácter remunerativo de la grilla docente. Debido a que la liquidación ordinaria correspondiente a los haberes de septiembre ya había sido procesada y depositada con anterioridad sin contemplar dicho porcentaje, el Ejecutivo provincial dispuso la realización de una planilla complementaria para hacer efectivo el reajuste acumulado.

El procedimiento técnico implementado permite dar cumplimiento a lo establecido en el marco del Decreto 3315/26, regularizando la pauta salarial del personal docente en todo el territorio provincial. Con la acreditación fijada para el jueves 15 de octubre, la administración pública completará el esquema de haberes previsto para el noveno mes del año, ajustando los montos liquidados a la normativa vigente.

La designación se instrumentó mediante el Decreto N° 2845 del Poder Ejecutivo provincial, con vigencia a partir del 31 de agosto de 2026.

La medida se enmarca en un proceso estratégico de reorganización integral de la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la cartera de Seguridad y Justicia, cuyo funcionamiento debe garantizarse de forma continua e ininterrumpida debido al estado de Emergencia Hídrica declarado en todo el territorio provincial mediante el Decreto N° 2660/2026 GOB.

Nación oficializó este martes un importante recambio en la conducción de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. A través del Decreto 738/2026, firmado por el Presidente Javier Milei y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno Magrane, se dejó sin efecto la designación de Juan Carlos Chagas y se nombró en su reemplazo al arquitecto Guillermo Daniel Marcone.

La modificación institucional responde a un requerimiento formal realizado por las autoridades del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Según se precisa en los considerandos del texto oficial publicado en el Boletín Oficial, el ejecutivo provincial remitió una nota formal con fecha 2 de junio de 2026 en la que solicitó interrumpir las funciones de Chagas y propuso la incorporación de Marcone para ocupar la vocalía en representación del territorio entrerriano.

El procedimiento aplicado se ajusta estrictamente al régimen legal que regula el funcionamiento de la CTM. La normativa vigente establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe designar a los tres integrantes de la delegación argentina a propuesta directa de la Provincia de Entre Ríos, indicando además a cuál de los miembros le corresponde asumir la presidencia del organismo binacional.

Juan Carlos Chagas se desempeñaba en el cargo desde el 27 de septiembre de 2024, cuando había sido puesto en funciones mediante el Decreto N° 859. Tras el pedido de remoción formulado por el gobierno entrerriano, las áreas técnicas y jurídicas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tomaron la intervención correspondiente para avalar el trámite.

En su parte resolutiva, la medida firmada por la Presidencia de la Nación —en uso de las atribuciones contempladas en el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional— resolvió en su Artículo 1° limitar la designación de Chagas, mientras que en su Artículo 2° hizo efectivo el nombramiento de Guillermo Daniel Marcone como nuevo integrante del cuerpo representativo nacional.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es el organismo binacional creado formalmente mediante el Convenio del 30 de diciembre de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. La entidad tiene a su cargo la administración, utilización y derivación de las aguas del Río Uruguay en el complejo hidroeléctrico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, industrial y social de ambos países

La Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) encendió las alarmas tras evaluar el crítico panorama que atraviesa el sector de la salud privada tanto a nivel provincial como nacional. La presidenta de la entidad, Silvia D’Agostino, advirtió que los sanatorios se encuentran en un punto límite debido al atraso constante en los pagos por parte de las obras sociales y un desfasaje insostenible respecto a los costos operativos.

"Los sanatorios de todo el país están en emergencia desde marzo de 2002 porque los problemas de fondo nunca tuvieron una solución", remarcó D’Agostino, al remarcar que la crisis del sector lleva más de dos décadas sin respuestas estructurales por parte de los sucesivos gobiernos.

Uno de los factores que más agrava la situación es la pérdida de capacidad económica de las obras sociales, las cuales registraron una importante caída de afiliados debido al deterioro del poder adquisitivo. A esto se le suma el aumento desmedido en el valor de los insumos y prestaciones médicas. Según reveló la titular de Acler, varias obras sociales nacionales comenzaron a solicitar esquemas de pago en cuotas e incluso pidieron restringir las atenciones únicamente a situaciones de urgencia.

Respecto a la obra social de los jubilados y pensionados, D’Agostino fue contundente al señalar la brecha en los valores que perciben las clínicas. Explicó que los montos se mantuvieron congelados durante todo el año y que los recientes ajustes del 1,9% resultan insignificantes frente a un desfasaje acumulado del 160%. Además, criticó la imposición de topes a las prestaciones y a la cantidad de órdenes emitidas, lo que restringe todavía más el funcionamiento operativo.

"Las clínicas trabajan a tope pero con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan ni a cubrir los costos", graficó. En cuanto a las medidas fiscales dispuestas para el sector, aclaró que la declaración de emergencia no resuelve el conflicto: "Implica únicamente que la agencia de recaudación no embargue a las clínicas endeudadas. Es solo eso, no es una solución".

Ante la falta de respuestas a nivel nacional, la directiva de Acler mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, con el objetivo de solicitar la mediación del Ejecutivo provincial.

Durante la reunión también se planteó la problemática de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), cuyos aportes permanecieron congelados ante la falta de paritarias, derivando en un estancamiento de los aranceles que perciben los prestadores médicos. "Por el momento seguimos haciendo gestiones, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas", concluyó D’Agostino.

(Fuente: APFDigital)

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que apelará la medida cautelar dictada por la Justicia provincial que suspendió la distribución de alimentos con sellos de advertencia en los desayunos y meriendas de los establecimientos educativos públicos. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo ratificó que la prestación alimentaria continuará de manera ininterrumpida en todas las escuelas del territorio entrerriano mientras avanza la sustanciación del proceso judicial.

La resolución que motivó la respuesta estatal fue emitida por el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, quien hizo lugar a una medida cautelar interpuesta en el marco de un amparo colectivo promovido por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce. El fallo ordena al Estado provincial abstenerse de servir o distribuir productos que contengan los rotulados previstos por la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, encomendando restituir provisoriamente el esquema de provisión anterior.

Desde la administración provincial precisaron que la decisión del magistrado "no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión", sino una disposición de carácter precautorio adoptada durante la etapa inicial del litigio. En ese sentido, remarcaron que la legalidad del nuevo sistema centralizado de compras impulsado por la provincia se debatirá durante la tramitación formal de la causa, cuyo plazo para contestar la demanda vence al cierre de esta semana.

En relación a la logística en los comedores escolares, las autoridades provinciales aclararon que la medida judicial no altera el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Según explicaron, la implementación del nuevo sistema centralizado se planificó de manera gradual, dándose instrucciones previas a los directivos escolares para mantener los mecanismos habituales de aprovisionamiento hasta que el nuevo esquema estuviera plenamente operativo, lo que garantiza la atención de los estudiantes.

Por otra parte, el Ejecutivo defendió la reestructuración de la provisión alimentaria como una política destinada a optimizar el uso de los fondos públicos y dotar de mayor transparencia a las contrataciones del Estado, dejando atrás procedimientos de compra que habían sido objeto de cuestionamientos administrativos. Desde la Provincia remarcaron que agotarán las instancias procesales para revertir la medida cautelar y sostener el modelo de gestión propuesto.

Con el plazo de apelación en curso, la causa mantendrá su tramitación en el fuero judicial paranaense, mientras las escuelas públicas de la provincia continúan aplicando la modalidad de abastecimiento previa para asegurar el cumplimiento del servicio alimentario diario.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sesiona este miércoles desde las 11:30 para tratar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca reestructurar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en medio de un amplio rechazo por parte de los sindicatos estatales y agrupaciones de pasivos.

El proyecto de ley mantiene el 82% móvil como principio del sistema, pero introduce cambios estructurales significativos: establece un aumento gradual en la edad de retiro para equipararla con el esquema nacional, modifica el cálculo del haber inicial al ampliar la cantidad de años tomados para el promedio salarial y altera las alícuotas de aportes y regímenes especiales. Asimismo, la norma declara la emergencia previsional e impone aportes extraordinarios a los sueldos más elevados de la administración pública.

El texto llega al recinto luego de haber recibido más de 20 modificaciones en el Senado —fruto de reuniones con sindicatos, colegios profesionales y especialistas—, donde fue aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra gracias al acompañamiento de dos senadoras de la oposición.

Seguí la sesión en vivo:

Mientras se desarrolla el debate legislativo, las calles de Paraná son escenario de una jornada de protesta masiva. Acompañando la medida de fuerza impulsada por gremios como AGMER, ATE, AMET y AJER, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizó desde la sede del organismo previsional hasta la plaza Carbó, ubicada en la parte posterior de la Casa Gris.

La manifestación se siente de manera directa en el recinto: los equipos de sonido del cuerpo legislativo debieron ajustarse al máximo volumen para que los diputados puedan hacer uso de la palabra por encima del ruido de la marcha exterior.

Desde el sector sindical remarcan que la reforma representa un retroceso en los derechos conquistados y exigen que el déficit financiero del organismo se resuelva mediante fuentes alternativas sin alterar las condiciones de acceso ni el cálculo de los haberes. Por su parte, la gestión provincial defiende la urgencia de la medida argumentando el progresivo deterioro de la relación entre trabajadores activos y beneficiarios, así como la insostenibilidad del déficit fiscal que arrastra el sistema.

(Fuente: Redacción Provincial)

El Ejecutivo provincial convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el próximo lunes 6 de julio.

El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30. Asistirán la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La reunión con los gremios docentes será a las 17, con la participación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores gremiales.

Este martes culminó el plazo máximo de cuarto intermedio para continuar la negociación salarial entre los gremios docentes y el Gobierno provincial. Ante la falta de un nuevo encuentro, la Provincia comunicó que abonará por decreto lo ofrecido en la última reunión: un aumento del 3,5% remunerativo en los salarios de mayo.

El incremento del 3,5% será aplicado sobre los haberes de mayo y busca dar respuesta parcial a la demanda salarial de los docentes, en un contexto de tensión por la falta de acuerdos definitivos.

La continuidad de la negociación será clave para definir los próximos pasos en materia salarial y evitar posibles medidas de fuerza en el sector educativo.

La reforma previsional es uno de los temas más sensibles en la agenda política de Entre Ríos. En este contexto, legisladores de la oposición reclamaron al Ejecutivo provincial que presente el proyecto en la Legislatura para iniciar un debate transparente y con base cierta.

Los integrantes del bloque de diputados “Más por Entre Ríos” reclamaron al Poder Ejecutivo provincial el envío del proyecto de modificación del régimen de jubilaciones y pensiones para poder llevar adelante el debate legislativo. Según expresaron en un comunicado, la intención es discutir sobre una base cierta y con datos precisos, dado que se trata de un tema de gran importancia para los trabajadores estatales.

El bloque opositor señaló que desde que se conoció la intención del Ejecutivo de impulsar una reforma previsional, sostuvieron la necesidad de debatir la mejor forma de sostener un sistema de reparto fuerte. “Siempre acudimos a las convocatorias al diálogo, porque creemos que la democracia se fortalece en el debate de ideas”, remarcaron.

Sin embargo, cuestionaron las declaraciones del gobernador en medios de comunicación, a las que calificaron como “actitudes poco democráticas”. Según el comunicado, Frigerio expresó que los dirigentes opositores “no se callan la boca unos años” y que el rol de la oposición no puede ser que un gobierno “trastabille para que le vaya mal”. Para los legisladores, estas frases reflejan una postura que cancela la opinión distinta y limita el derecho a expresarse.

El texto también repudió otras declaraciones del mandatario, como la afirmación de que opositores que critican tras haber ejercido funciones de gobierno tienen “problemas psicológicos”. Para los diputados, esa frase denota desprecio por el pensamiento ajeno y una preocupante estigmatización de la salud mental.

“Este parece ser el verdadero Frigerio: un dirigente que no acepta disensos, que cancela a quien opina distinto y que juzga las decisiones electorales según su conveniencia”, señalaron los legisladores. En ese sentido, remarcaron que el gobernador busca involucrar a otros sectores en una “simulación de diálogo” para licuar su responsabilidad política en las medidas que lleva adelante en la provincia.

Finalmente, el bloque de Más por Entre Ríos reafirmó su pedido: “Reclamamos que envíe a la Legislatura el proyecto, para ejercer nuestra responsabilidad sobre una base cierta y de cara frente a todos los entrerrianos y entrerrianas”.

Fuente: APFDigital – Bloque de diputados Más por Entre Ríos

El diputado provincial Juan José Bahillo presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo provincial impulse un plan de desendeudamiento destinado a los empleados públicos, a través del agente financiero del Estado.

La iniciativa plantea que, mediante el Ministerio de Economía, se gestione la elaboración e implementación de un programa que permita cancelar o refinanciar deudas que actualmente se descuentan de los salarios mediante códigos de descuento, ofreciendo líneas de crédito con tasas más bajas, plazos más extensos y condiciones financieras más favorables.

“El objetivo es que miles de trabajadores del Estado puedan reordenar su situación financiera y aliviar la carga de los descuentos sobre sus salarios, que en muchos casos terminan reduciendo de manera significativa el ingreso disponible de las familias”, explicó Bahillo.

En los fundamentos del proyecto, el legislador señala que el contexto económico de los últimos años, caracterizado por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo y tasas de interés elevadas, llevó a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad del sistema financiero alcanzó niveles cercanos al 9,3% hacia fines de 2025, con cifras aún más elevadas en entidades no bancarias como financieras, mutuales o cooperativas.

“Muchos empleados públicos mantienen compromisos financieros que se descuentan directamente de sus haberes, lo que reduce significativamente su ingreso disponible mensual”, advirtió el diputado.

Y agregó: “Cuando gran parte del salario termina absorbido por deudas tomadas en condiciones desfavorables, los aumentos pierden impacto real en el bolsillo. Detrás de ese endeudamiento hay miles de familias que hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, y el Estado tiene que generar herramientas que ayuden a aliviar esa situación”.

El proyecto propone que el Estado provincial promueva instrumentos que permitan reordenar la situación crediticia de los trabajadores, con el objetivo de mejorar su ingreso disponible y aliviar la economía de miles de familias entrerrianas.

El Poder Ejecutivo provincial envió este miércoles a la Legislatura dos proyectos de ley que declaran de utilidad pública y sujetan a expropiación los inmuebles necesarios para concretar dos obras viales de gran impacto en Entre Ríos: la Sistematización del Canal Mihura, en el Departamento Gualeguay, y el Puente Arroyo Del Sauce, en el Departamento Nogoyá, sobre la Ruta Provincial Nº43.

En los fundamentos se destacó que ambas iniciativas se enmarcan en la necesidad de garantizar la concreción de obras de infraestructura vial e hidráulica de significativa importancia para la región, actualmente en instancia de elegibilidad dentro de un programa de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La obra contempla la readecuación del canal existente en un tramo de 6.602 metros lineales, con el aumento de la sección de las alcantarillas que lo atraviesan hasta el Camino del Consorcio. Además, se prevé la incorporación de una nueva alcantarilla sobre la Ruta Provincial Nº11, con el objetivo de anticipar los escurrimientos y mejorar la capacidad de drenaje de la zona.

En el caso del Departamento Nogoyá, el proyecto busca optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en la Ruta Nº43. La construcción del puente permitirá facilitar el traslado de personas, bienes y servicios esenciales, además de favorecer el desarrollo de las actividades productivas. Según el Ejecutivo, la obra contribuirá a consolidar una red vial más integrada y eficiente, clave para el crecimiento económico y social de la región.

En ambos proyectos se subrayó la relevancia social, económica y territorial de las obras, y se remarcó la necesidad de dotar al Estado provincial de los instrumentos legales para avanzar en la adquisición de los inmuebles afectados.

El procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley Provincial Nº 6.467 de Expropiaciones, garantizando la protección de los derechos de los propietarios y el cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad y justa indemnización.

La declaración de utilidad pública es considerada indispensable para continuar con las gestiones administrativas y técnicas que permitan la efectiva ejecución de las obras, en el marco de las políticas provinciales de infraestructura orientadas al fortalecimiento de la conectividad territorial y al desarrollo equilibrado de las distintas zonas de Entre Ríos. Fuente: APFDigital

En el marco de un plan de lucha iniciado a finales de 2025, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) convocó para el viernes 6 de febrero, a un paro total de actividades por 24 horas en todos los tribunales de la provincia. La medida responde a la falta de respuestas del Ejecutivo provincial a los pedidos elevados en la Mesa Salarial del Poder Judicial.

Desde el gremio calificaron como “inaceptable” la situación económica que atraviesa el sector, denunciando que el sueldo de un escribiente sin antigüedad se encuentra actualmente por debajo de la línea de la canasta básica. En ese contexto, AJER ratificó un pliego de reclamos que incluye la recomposición salarial inmediata y el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos.

Además de la cuestión salarial, los trabajadores judiciales exigen:

Uno de los puntos más sensibles del comunicado es la advertencia sobre posibles reformas en el sistema jubilatorio. AJER denunció que el Gobierno evalúa eliminar el 82% móvil, aumentar la edad jubilatoria y suprimir el beneficio conocido como “3x1”.

"Defenderemos nuestros derechos con unidad y determinación", afirmaron desde el sindicato, dejando en claro que, si bien mantienen la voluntad de diálogo para solucionar el conflicto, no darán marcha atrás con las medidas de fuerza hasta obtener una propuesta concreta que revierta el deterioro salarial de los últimos años.

La protesta de hoy se inscribe en una serie de acciones que el gremio viene sosteniendo desde fines del año pasado, con asambleas, movilizaciones y presentaciones formales. La expectativa está puesta en que el Gobierno provincial convoque a una instancia de negociación que permita destrabar el conflicto y atender las demandas de un sector clave para el funcionamiento institucional de Entre Ríos.

El Gobierno provincial dispuso que todos los recibos de sueldo de los trabajadores de la administración pública provincial pasen a consultarse exclusivamente de manera digital a través de la plataforma Mi Entre Ríos. La medida centraliza el acceso a la información salarial en un único entorno online, disponible durante todo el día y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Según se informó oficialmente, la iniciativa forma parte del proceso de modernización administrativa que busca simplificar trámites internos, reducir el uso de papel y agilizar gestiones para los empleados estatales. Con este cambio, ya no será necesario retirar comprobantes físicos ni realizar gestiones presenciales para obtener la documentación.

De esta manera, los recibos de sueldo podrán visualizarse, descargarse o almacenarse directamente en formato digital.

El ingreso al sistema se realiza a través del sitio oficial mientrerios.gob.ar, donde cada agente se identifica con sus datos personales para acceder a su historial salarial. Desde allí, es posible consultar liquidaciones actuales y anteriores de forma rápida y segura.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la centralización permite ordenar la información en un solo canal, evitando dispersión de plataformas o trámites en distintas dependencias. Además, se apunta a disminuir tiempos administrativos y costos operativos vinculados a la impresión y distribución de documentación.

La digitalización también facilita que los trabajadores puedan contar con sus recibos de sueldo en cualquier momento, ya sea para trámites bancarios, alquileres o gestiones personales.

Desde la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación señalaron que la medida se integra a una política más amplia de transformación digital del Estado. El objetivo, indicaron, es “poner la tecnología al servicio de las personas” y mejorar la experiencia de quienes interactúan con la administración pública. Con esta incorporación, Mi Entre Ríos continúa sumando funciones como portal central de trámites y servicios, concentrando cada vez más gestiones en formato online.

A través del Decreto 3817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno, Emanuel Troncoso, se estableció la renovación de varios contratos temporarios con el Estado provincial.

El decreto excluye a unos 100 trabajadores y esto generó el rechazo de distintos gremios y organizaciones sociales.

Desde el Gobierno provincial salieron a explicar los criterios por los cuales algunos contratos, que vencen este 31 de diciembre, no fueron renovados.

“Ante versiones que generan preocupación e interpretaciones erróneas, resulta necesario brindar precisiones y contextualizar una decisión administrativa que responde a un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”, señalaron desde el Gobierno y aclararon que existen 1.700 agentes con contratos temporarios en el Estado, de los cuales el 94% tiene asegurado su continuidad. El Decreto 3817, que dispuso la renovación no contempla a “alrededor de 100 contratos”.

“En primer lugar, es importante aclarar que no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica”, expresaron.

“Del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, más del 94% de los contratos temporarios fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado”, precisaron.

En ese sentido, indicaron que se trató de “un proceso basado en criterios objetivos y descentralizados”. “La evaluación no fue automática ni generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de criterios claros, objetivos y previamente establecidos”, afirmaron, según publicaron Ahora y Página Política.

Criterios

El gobierno difundió los criterios para la renovación: 1) Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas; 2) Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado; 3) Compromiso con las funciones y con el servicio público; 4) Asistencia regular y niveles de ausentismo; 5) Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos.

“En este sentido, también se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias o fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, haciendo innecesaria la continuidad de algunos contratos”, se afirmó. (Fuente: APFDigital)

El Gobierno informó que, a través de sus representantes paritarios, solicitó a la Secretaría de Trabajo la suspensión de la reunión paritaria prevista para el martes 4 de noviembre a las 11 con los gremios UPCN y ATE. La decisión obedece a que los equipos técnicos del Ejecutivo provincial se encuentran en la etapa final de elaboración del instructivo de recategorizaciones, documento clave para el desarrollo de las negociaciones salariales en curso.

Desde el Gobierno explicaron que "el instructivo se encuentra en un avanzado proceso de validación y cierre técnico, y que resulta oportuno disponer de un breve plazo adicional para presentarlo ante la mesa paritaria en condiciones de ofrecer una visión integral y coherente con la política salarial del sector público".

Por su parte, desde la Secretaria de Trabajo, indicaron que "una vez concluido este trabajo, se acordará la reprogramación del encuentro paritario con los gremios estatales".

El gobernador, Rogelio Frigerio, envió este jueves a la Legislatura un proyecto de ley que busca ampliar la dotación de personal en la Dirección General del Servicio Penitenciario, con la creación de 65 cargos nuevos que, de ser aprobados, fortalecerán el cuerpo de seguridad de las cárceles provinciales.

La iniciativa contempla específicamente la incorporación de 50 cargos para Agentes Penitenciarios, el cuerpo base de seguridad y vigilancia. A estos se suman 15 cargos de Oficial Subadjutor de escalafón cuerpo general. De aprobarse, esta medida implicaría una significativa inyección de recursos humanos para mejorar las condiciones operativas y de seguridad en las unidades penales de Entre Ríos.

Adicionalmente, el texto del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, incluyendo la incorporación de estos cargos al Presupuesto vigente y las adecuaciones de partidas de erogaciones para garantizar el pago y funcionamiento de las nuevas incorporaciones. La aprobación del proyecto dependerá ahora del debate y la votación en las cámaras legislativas. (Fuente: APFDigital)

A través del Boletín Oficial Nº28.206, este miércoles el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la incorporación de siete actividades económicas que podrán acceder a los beneficios del RINI: Construcción de redes de suministro de fibra óptica. Cría de aves de postura y aves de corral. Cría y engorde de cerdos. Producción de leche de origen animal.

Explotación de infraestructura para el transporte fluvial y marítimo. Prestación de servicios de salud. Prestación de servicios de logística. Se promulgó la reglamentación del RINI

El RINI es una iniciativa que retoma los beneficios ya establecidos en la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial con el objetivo de favorecer la radicación de nuevas inversiones en el territorio provincial, reactivar la actividad productiva y ampliar estos beneficios. Adicionalmente, incluye exenciones en determinados tributos provinciales.

Esta medida busca dinamizar la economía provincial mediante la captación de nuevos proyectos en sectores considerados estratégicos. Cabe destacar que el régimen generó controversias durante su tratamiento, pero fue finalmente aprobado por la Cámara de Diputados en agosto del año pasado y por el Senado en septiembre.

El proceso sumarial, iniciado tras inspecciones realizadas por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, reveló dos causas principales que culminaron con la máxima sanción disciplinaria y fueron publicadas en el Boletín Oficial Nº 28.204.

La primera causa se originó por el Protocolo del año 2016 del Escribano Mamone. Se detectó que la escritura Nº1 fue fechada el 1 de marzo de 2016, pero se extendió sin los certificados de dominio e inhibiciones correspondientes, que se adjuntaron recién en enero de 2017.

Además, se advirtió un testado en la fecha del acta notarial (cambio de 2017 a 2016) y el uso de folios protocolares del año 2016 para una escritura que, según los indicios, fue extendida en 2017, lo cual violenta las Leyes Nº17.801 y Nº6.200. Asimismo, se observó que la escritura Nº2 se otorgó con certificados registrales vencidos.

La segunda causa se abrió tras detectarse irregularidades en un Poder Especial de fecha 17 de noviembre de 2018, autorizado por Mamone. Se comprobó que, a la fecha de la autorización, el Escribano no había adquirido cuadernos de protocolo ni folios de actuación notarial desde 2016 debido a deudas con la Caja Notarial.

Para expedir la primera copia de dicho poder, Mamone utilizó un folio de actuación notarial que fue prestado por la Escribana Ivana Rosalía Ladner, titular del Registro Notarial Nº168 de Paraná, quien, en su descargo, declaró haber sido "víctima de un abuso de confianza" y que el folio fue utilizado en forma "defraudatoria" por Mamone.

Tras la elevación de las actuaciones al Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Rogelio Frigerio procedió a firmar el decreto que hace ejecutoria la medida disciplinaria, ratificando la destitución y la prohibición de ejercer la profesión notarial en el ámbito de la provincia. La Dirección General del Notariado, Registros y Archivos deberá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto. (Fuente: APFDigital)

El gobernador, Rogelio Frigerio, envió este miércoles a la Legislatura provincial un proyecto de ley con el fin de crear una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública. La iniciativa busca realizar un análisis exhaustivo del desenvolvimiento histórico de los pasivos del Estado entrerriano durante casi 28 años, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha.

La propuesta ingresada a la Cámara de Diputados busca poner bajo la lupa la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial, incluyendo la interna y externa, directa e indirecta, y abarcando renegociaciones, refinanciaciones, canjes y situaciones de incumplimiento o reestructuraciones.

Según el articulado, el objeto de la Comisión es taxativo: "Realizar el estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano, interna y externa, directa e indirecta, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha de promulgación de la presente ley, comprendiendo sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, los respectivos pagos de comisiones, situaciones de incumplimiento (“default”) y reestructuraciones”.

La Comisión estará integrada por nueve miembros que desempeñarán sus funciones ad-honorem: Tres senadores, tres diputados y tres representantes designados por el gobernador, lo que garantiza la participación de los tres poderes en su conformación.

El trabajo de la Comisión debe culminar con un informe final o dictamen que será de publicación obligatoria en el sitio web oficial del gobierno provincial. Entre los puntos que deberá contener este informe, el proyecto especifica: "Su nivel, composición, origen, destino específico (con especial atención a la diferenciación entre deuda destinada a gasto corriente y aquella orientada a inversiones productivas o estratégicas a largo plazo) y normativa aplicable, estableciendo el destino de los fondos y su correlato en la ejecución presupuestaria”.

En cuanto a sus facultades, establece que la Comisión podrá "requerir al Poder Ejecutivo Provincial, sus ministerios, organismos autárquicos y descentralizados, empresas con participación estatal o cualquier ente bajo su órbita, así como a los órganos autónomos de control y la Legislatura provincial, toda la documentación e información vinculada a operaciones de endeudamiento".

Además, el proyecto busca "analizar y evaluar la legalidad, oportunidad, destino y efectos presupuestarios de los recursos provenientes del endeudamiento público".

El proyecto fija un plazo máximo de 12 meses para que la Comisión cumpla con sus fines. Además, en materia de transparencia, el escrito establece que "la Comisión Especial Investigadora garantizará la publicidad de sus actos y el acceso público a la información, debiendo publicarse en el sitio web oficial de la provincia los avances, informes y conclusiones de su trabajo".

Si el plazo se vence sin un dictamen final, deberá difundir la información recopilada y sus conclusiones parciales, justificando la falta de conclusión. (Fuente: APFDigital)