En ocasión del 115 aniversario de la fundación de El Argentino, el Dr. Jorge Pedro Jurado envió una carta de reconocimiento al directorio, personal y lectores del diario. En sus palabras, destaca la trayectoria de la institución, el valor del periodismo independiente y la importancia de mantener viva la tradición de la prensa escrita en tiempos de cambios tecnológicos.

Estimados directorio, personal y lectores de El Argentino.

Con sumo orgullo acepté el pedido para que escribiera esta nota en oportunidad del 115 aniversario de la fundación del diario por Don Nicolás Montana. El Argentino es el diario impreso más antiguo de Entre Ríos.

El periodismo que profesa tiene un valor diferente a otros para transmitir los hechos sucedidos local e internacionalmente, pero, lamentablemente el avance de los medios de comunicación radiales y televisivos hace tiempo que conspiran con la lectura del diario papel y es por eso que fueron forzados a ampliarlo a Internet que es donde lo leo diariamente. No obstante, conozco enorme cantidad de gente que sigue disfrutando leerlo en papel acompañado de un exquisito café. Es un placer hacerlo.

Conocí a pocos directores ya que desde los 18 años que vine a estudiar derecho a Buenos Aires, solo vuelvo a la ciudad de mis amores cada tanto.

Conocí al Sr. Bachini, a la Sra. de Courtet, a la Sra Suilar, al Sr Cardoso y por supuesto a mi apreciada Ángeles Barcia.

Conozco a Fabián Magnota con sus notas de buen nivel y a quien entrevisté para mi Diario El Censor de Gualeguaychú a raíz de su libro que habla de cuando se arrojaban cuerpos en el río durante la dictadura, a Diego Elgart que me ha entrevistado y a Gustavo Darchez compañero del Colegio Nacional que trabajó allí.

Señores periodistas de El Argentino les deseo muchos años más profesando y diciendo la verdad, criticando las mentiras y haciendo honor a la profesión. Con periodistas de talla, ese diario constituye un elevado exponente de la prensa culta e independiente.

Cordiales saludos

Dr. Jorge Pedro Jurado

La causa Etchevehere llega a Casación tras más de una década judicial. El expediente, que se inició en 2013 por una denuncia de Dolores Etchevehere contra su madre y sus tres hermanos, lleva casi 15 años sin una resolución definitiva sobre la situación procesal de los acusados.

La causa investiga una presunta maniobra de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, y el desvío de créditos otorgados a la firma Las Margaritas S.A. con fines productivos. Entre los procesados figuran el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, su madre Leonor Barbero Marcial, los empresarios Walter y Viviana Grenón, y el pizzero Germán Buffa.

Según la imputación fiscal, en 2011 los Etchevehere, como directores de Las Margaritas S.A., tomaron créditos por U$S 250.000 a tasa subsidiada para actividades productivas, pero el dinero fue destinado a fines personales. Además, se sostiene que devolvieron esos fondos a la sociedad en pesos, generando pérdidas por la devaluación y obligando a la empresa a intentar tomar otro crédito en 2016, operación que finalmente fue frustrada.

El segundo hecho investigado involucra la venta de una serie de inmuebles pertenecientes a SAER a sociedades controladas por los mismos imputados o sus allegados, como Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A. El Ministerio Público sostiene que las operaciones fueron realizadas con el objetivo de beneficiarse patrimonialmente, dejando a SAER sin activos con los que hacer frente a sus obligaciones.

En un primer fallo, la jueza Bacaluzzo había dictado sobreseimientos en varias de las imputaciones, pero el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná –integrado por los jueces Labriola, Castagno y Mayer– revocó esas decisiones en mayo de 2024 y ordenó remitir parte del caso al fuero federal.

Frente a ese revés, las defensas presentaron un recurso de casación que fue admitido por el tribunal por considerar que hay derechos constitucionales en juego, entre ellos el derecho al "doble conforme" y a una resolución judicial en un plazo razonable. El propio abogado de la familia Etchevehere cuestionó la demora de la Justicia y afirmó que el proceso se vio afectado por la falta de recursos en el sistema judicial.

La Cámara de Casación deberá ahora definir si confirma los procesamientos o si corresponde revisar la actuación de la jueza Bacaluzzo. La causa, que generó amplio interés público por los personajes involucrados y las denuncias de corrupción empresarial, continúa sin sentencia firme tras casi tres lustros de idas y vueltas en los tribunales entrerrianos.

El Diario de Paraná tiene nuevo dueño y, por primera vez desde 1914 en que se fundó, ya no habrá un Etchevehere entre los accionistas, a partir de una decisión judicial que autorizó al empresario rosarino Gustavo Scaglione a quedarse con la totalidad del paquete de la sociedad e incluso pagar a la baja.

La decisión fue tomada por el juez Ángel Moia, en el marco del concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, luego de que Scaglione obtuviera acuerdos de pago con un grupo de acreedores que le exige la ley.

Lo que sigue en el proceso, según explicó el magistrado, es una revaluación de las acciones: “La determinación del valor a pagar a los accionistas debe someterse a un sacrificio congruente con el de los acreedores. Así, quedará reducido proporcionalmente considerando la disminución del pasivo concursal quirografario producido por el acuerdo” y “la reducción se aplica teniendo en cuenta su valor presente”.

A mediados de 2024, el evaluador determinó que SAER posee bienes por un valor de 2.481.691.663 pesos (2,481 millones de dólares tomando como referencia el MEP de aquel momento). Como contrapartida, arrastra un pasivo que ha sido calculado en 715.169.792 pesos, entre deudas por indemnizaciones, honorarios de profesionales, aportes previsionales, contribuciones sociales, impuestos y tasas.

Ahora bien, el concurso preventivo de El Diario distingue dos tipos de acreedores: quirografarios y privilegiados. Los primeros son aquellas personas o entidades que han concedido un crédito a la empresa sin obtener ningún tipo de garantía, por ejemplo, proveedores, prestadores de servicios comerciales, prestamistas o salarios atrasados de empleados. En el segundo grupo se cuentan las deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Municipalidad de Paraná, entes públicos e indemnizaciones por despido, entre otras. El acuerdo que ahora le permite a Scaglione quedarse con la totalidad de las acciones de SAER se dio con el primer grupo y fue homologado por Moia.

La propuesta para los acreedores quirografarios consiste en el pago del 70 por ciento de los créditos verificados sin intereses y en un plazo de cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas, mientras que a los acreedores privilegiados se les ofrecía el pago del 70 por ciento de los créditos verificados, computándose a tal fin el importe correspondiente a la fecha de presentación del concurso, sin ningún tipo de interés posterior.

El juez señaló que “la determinación del valor a pagar a los accionistas debe someterse a un sacrificio congruente con el de los acreedores. Así, quedará reducido proporcionalmente considerando la disminución del pasivo concursal quirografario producido por el acuerdo” y “la reducción se aplica teniendo en cuenta su valor presente”, en base a lo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras.

En virtud de esos acuerdos, “el evaluador habrá de considerar la tasa de interés contractual de los créditos, la tasa de interés vigente en el mercado argentino y en el mercado internacional si correspondiera” y determinar la proporción de la reducción que aplicará a lo que pagará por las acciones que detentan Ramiro Nieto, el socio mayoritario; y los integrantes de la familia Etchevehere, socios minoritarios.

Scaglione es dueño de los diarios Uno de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario, el vespertino El Litoral, además de una lista difícil de contabilizar de radios y señales televisivas. Recientemente se incorporó como accionista del Grupo América, convirtiéndose en socio de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt.

La empresa a través de la cual se quedaría con las acciones de SAER es Difutec, una sociedad anónima cuyo objeto social abarca desde los negocios inmobiliarios y financieros hasta la edición, publicación, distribución y comercialización de diarios, revistas, periódicos, boletines y la explotación de frecuencias de radio, telefonía, televisión, cable, satélite, internet y fibra óptica.

El nombre de Scaglione no aparece en la sociedad sino que aparecen como socios los abogados Alexis Weitemeier y Natalin Belén Martínez. El primero integra además el Estudio CMS Abogados, liderado por Leonardo Salvatierra, especialista en la resolución de conflictos societarios, reestructuración de pasivos y salvataje de compañías en crisis. Fue el buffet que preparó el terreno para que Scaglione adquiriera el Multimedio La Capital en 2019. Sin embargo, en los hechos, Salvatierra es algo más que el abogado de Scaglione en ese complejo entramado de negocios, ya que otro de los socios del estudio, Diego Feser, también integra el directorio de Televisión Litoral SA.

Hace unos años, en 2021, el abogado Weitemeier fue el encargado de tantear a los trabajadores despedidos de El Diario con la oferta que finalmente resultó homologada por Moia. En cambio, no ha habido ninguna propuesta para el pago de las indemnizaciones.

Sin embargo, nada parece indicar que El Diario vuelva a funcionar como empresa periodística, sino que detrás de la operación hay un negocio inmobiliario. El edificio de la esquina de las calles Urquiza y Buenos Aires, donde funciona El Diario, está cotizado en 885 millones de pesos; también tiene un galpón Avenida Zanni 1591; un terreno en el barrio privado Puerto Urquiza y otro en Puerto Barrancas; un estacionamiento en calle Santa Fe 322, frente a Casa de Gobierno; una propiedad en calle Los Vascos 745, ocupada la familia Etchevehere; un inmueble en Pueblo El Carmen, en General Racedo; y una fracción de campo en Mojones Norte. Suman en total 1.641.920.091 pesos (1.641 millones de pesos), con la salvedad de que han sido valuados a valor fiscal y no al precio de mercado. Página Judicial