Donald Trump afirmó este lunes que las elecciones en Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, en referencia a los comicios en los que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso sobre Jair Bolsonaro. “No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada”, sostuvo el mandatario estadounidense ante periodistas en Washington, antes de viajar a Misisipi para participar de un acto de campaña. También calificó el proceso de “muy corrupto”, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Uno de los principales cuestionamientos de Trump apuntó a la decisión de ampliar el horario de votación hasta las 19, dos horas más de lo previsto, debido a problemas de transporte público en algunas ciudades. Según la información difundida sobre los comicios, la extensión permitió sumar unos 34.000 votos, una cifra muy inferior a la diferencia de 4,43 millones de sufragios con la que Lula superó a su rival.

El presidente estadounidense cuestionó la medida y la forma en que se contabilizaron los votos, pero aclaró que sus críticas al proceso no implicaban un rechazo personal al mandatario brasileño. “Me llevo muy bien con él”, afirmó, aunque insistió en que la elección había dejado una mala impresión.

La reacción de Trump se produjo después de la derrota de Flávio Bolsonaro, quien había quedado primero en la primera vuelta del 4 de octubre, pero no consiguió sostener esa ventaja en el balotaje. El resultado representó un revés para la familia Bolsonaro, aliada política del republicano, y para sus expectativas de fortalecer la influencia de gobiernos de derecha en América Latina. Aunque Trump no expresó un respaldo electoral explícito a Flávio durante la campaña, sí mantuvo gestos de cercanía: en mayo lo recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca, una distinción poco habitual para un senador extranjero.

El vínculo entre Trump y los Bolsonaro se remonta al primer mandato del republicano, cuando respaldó al entonces presidente brasileño. Desde su regreso al poder, además, la relación entre Washington y Brasilia estuvo atravesada por las tensiones comerciales y la presión estadounidense sobre el gobierno de Lula. Trump impuso aranceles elevados a productos brasileños en medio de sus críticas al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, quien fue condenado por su participación en un intento de golpe de Estado.

Tras la derrota electoral de su hijo, Jair Bolsonaro anunció que buscará ante la Justicia la anulación de los comicios y cuestionó también la ampliación del horario de votación.

El desenlace de la segunda vuelta electoral en Brasil, que determinó la consagración de Luiz Inácio Lula da Silva tras imponerse con el 51,79% de los votos sobre el 48,21% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, derivó en una serie de repercusiones diplomáticas e intervenciones del Poder Judicial del país vecino. El proceso eleccionario concluyó con la ratificación formal de los cómputos por parte del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques.

En el ámbito internacional, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al desarrollo de la jornada electoral durante un encuentro con periodistas en la ciudad de Washington. En sus declaraciones, el jefe de Estado norteamericano expresó observaciones sobre el procedimiento del escrutinio y cuestionó las decisiones operativas vinculadas a la extensión horaria de la votación dispuesta durante la tarde del domingo en determinados colegios electorales.

En forma paralela al desarrollo político, el sistema judicial brasileño adoptó medidas restrictivas vinculadas a las causas que investigan presuntas irregularidades financieras. Por disposición del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se ordenó la entrega de pasaportes y la prohibición de salida del país para el senador Flávio Bolsonaro. La medida fue notificada por la Policía Federal en el marco de una investigación que se tramita en el máximo tribunal sobre presunto lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos societarios en el exterior.

Según las actuaciones de la fuerza de seguridad, la investigación analiza la titularidad de cuentas bancarias de la firma Alcazar Holdings, constituida en el exterior, así como la participación en la propiedad de una aeronave ejecutiva y el financiamiento de traslados aéreos. El expediente, derivado originalmente del Tribunal Federal de Rio Grande do Sul y remitido al STF por la condición de fuero del legislador, incluye restricciones de contacto entre las partes investigadas mientras continúan las pericias documentales y contables a cargo de los peritos oficiales.

Lula da Silva logró este domingo un hito inédito desde el retorno de la democracia en Brasil: ganar un balotaje después de haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta.

El presidente derrotó al candidato liberal Flávio Bolsonaro y consiguió así un cuarto mandato no consecutivo, una marca que ningún otro mandatario había alcanzado en la historia del gigante sudamericano.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró la reelección tras obtener el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el senador.

En la instancia inicial, el mandatario había obtenido el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado. Desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, el candidato que encabezó la primera vuelta siempre llegó al Palacio de Planalto. Hasta hoy.

El mandatario participó en su séptima elección presidencial y llegó a la segunda vuelta con la confianza de que su experiencia en disputas electorales podía modificar el resultado de la primera ronda. En la noche del 4 de octubre, después de perder la primera vuelta, reconoció que le había sorprendido el resultado, pero se mostró confiado en darlo vuelta.

Rápidamente el líder del PT movilizó a sus bases e impulsó un paquete de medidas sociales para acortar distancias en la carrera electoral. Su agenda durante la tensa campaña estuvo centrada en los derechos sociales, la inversión pública, la seguridad basada en inteligencia y el control de la deforestación amazónica. Además, presentó la elección como “una defensa de la democracia” frente al posible regreso de la familia Bolsonaro al poder.

Este domingo, de hecho, durante su votación en el estado de San Pablo, el mandatario había dicho que el candidato del Partido Liberal (PL) quería “gobernar con la bandera estadounidense”, y anticipó que los brasileños elegirían un país donde los colores nacionales “sean respetados”.

La izquierda movilizó a sus simpatizantes en actos bajo la consigna “Nunca más Bolsonaro”. Los manifestantes cuestionaron la gestión de la pandemia de covid, que dejó 700.000 muertos, y los recortes a programas públicos durante el mandato del ex presidente. Seguidores de Lula afirman que su victoria preservará las políticas sociales y ambientales de su gobierno, mientras Flávio Bolsonaro había prometido cambios en un escenario atravesado por el aumento del costo de vida y la inseguridad.

“El cambio no es privar a la gente de sus derechos”, respondió Lula a las promesas de su adversario con una advertencia sobre la protección social.

Diez días antes del balotaje, el Congreso aprobó la reducción de la semana laboral de seis a cinco días y de 44 a 40 horas semanales, sin baja salarial. Flávio Bolsonaro respaldó la norma en el tramo final de la campaña, mientras dirigentes empresariales alertaron por el efecto de los costos laborales sobre las pequeñas empresas, la inflación y el empleo informal.

Asimismo, el Gobierno aplicó un aumento de 15% en Bolsa Família durante la semana previa a los comicios. La medida beneficia a casi 50 millones de personas y demanda 5.800 millones de reales, equivalentes a USD 1.168 millones, para el resto del año.

La administración también respaldó créditos públicos a bajo interés, incentivos fiscales para pequeñas empresas y un plan de refinanciación para eliminar registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos. El paquete de préstamos y renegociaciones tendrá un costo estimado de 3.000 millones de reales, o USD 604 millones, durante los próximos tres años.

Entre las iniciativas dirigidas a los precios, el Gobierno eliminó por 30 días los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, con posibilidad de prórroga, y subsidió el diésel para importadores. El costo previsto de ambas decisiones asciende a 5.200 millones de reales, equivalentes a USD 1.047 millones.

Lula envió además al Congreso un proyecto para establecer transporte público gratuito durante los fines de semana. Según las estimaciones citadas durante la campaña, el programa podría requerir entre 5.000 millones y 16.000 millones de reales, de acuerdo con el modelo de aplicación.

La disputa también tuvo impacto sobre la Amazonía. Desde la llegada de Lula al poder en 2023, la deforestación cayó 45% hasta su nivel más bajo en más de una década, luego de que durante la presidencia de Jair Bolsonaro aumentara cerca de 60% y superara los 45.000 kilómetros cuadrados talados.

En materia de seguridad, Lula propuso fortalecer el Sistema Único de Seguridad Pública e integrar las acciones de los distintos niveles de gobierno. El plan prevé R$ 10.000 millones, equivalentes a USD 1.900 millones, en financiamiento reembolsable para que los estados mejoren equipamiento e infraestructura. La propuesta contempla la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, una mayor coordinación entre fuerzas federales y estaduales y el uso de tecnología para rastrear armas, dinero y redes de organizaciones delictivas. El enfoque incorpora persecución financiera, inteligencia, prevención en zonas vulnerables, urbanización de barrios populares y políticas para jóvenes.

El resultado también incide en la relación de Brasil con Estados Unidos, China, Europa, el Mercosur y los BRICS. Durante su mandato, Lula buscó reforzar el multilateralismo, la integración regional, la cooperación con el Sur Global y la autonomía frente a las grandes potencias.

En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles de hasta 50% a determinados productos brasileños y vinculó públicamente la medida con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Una llegada de Bolsonaro al poder hubiese encausado las relaciones con Washington, pero con Lula reelegido se abre un nuevo manto de dudas sobre el futuro vínculo entre ambas naciones.

El presidente Javier Milei asistió a la exposición Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde habló de la solvencia económica que tiene el país y de las elecciones de 2027, y remarcó: “Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás”.

En un auditorio que lo aplaudió, el jefe de Estado se dedicó durante más de una hora a criticar “el modelo de atraso del kirchnerismo” y dio detalles de su plan económico, con énfasis en las desregulaciones que realizó. Pero sobre todo machacó contra aquellas voces que colocan dudas sobre la marcha de la economía.

“Dicen que crecemos a dos velocidades, que la inflación no baja tan rápido. Antes ni crecíamos”, disparó, con fuertes dardos a los periodistas.

A su vez, se quejó del "nivel de estupidez" de los cuestionamientos hacia el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

“Que costo fiscal va a tener una inversión si con el RIGI nunca se hubiese hecho”, expuso ante los aplausos de auditorio.

“Es una estupidez. Y muy bien Rolo, que atendiste a los que dicen eso. Los economistas chantas dicen eso, son incapaces de generar valor. El RIGI genera empleo y dólares, es una pieza clave de nuestro trabajo”, completó Milei sobre el tema.

En otro tramo de la alocución que duró una hora, apuntó: "Muchas veces me acuerdo que en algún momento los kukas le decían a Macri que el cemento no se come y básicamente ahora lo cambiaron y dicen que el superávit no se come. Es interesante, ¿no? Porque nosotros estamos enfrentando vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares, lo cual le hemos explicado hasta el cansancio que ya los tenemos cerrados, pero bueno, no hay más sordo que el que no quiere oír".

"Pero ustedes piensen en el viejo modelo con cinco puntos de déficit fiscal. Imagínense que tuviéramos que salir a buscar 35.000 millones de dólares por el déficit y 25.000 millones más por lo que tiene que ver con el rollover".

"¿Ustedes se imaginan si en este momento Argentina tendría que ir a buscar al mundo 60.000 millones de dólares para financiar al fisco y además arrancar con la balanza energética entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares abajo? ", añadió.

Además, Milei dio cuenta de la solvencia económica de su modelo: "Este año Argentina va a terminar con un superávit comercial en torno a los 30.000 millones de dólares, y esto es importante a la luz de lo que se viene el año que viene. Tenemos comprados desde la elección más de 20 mil millones de dólares; si lo quieren tomar desde lo que va del año, más de 16 mil millones de dólares.

Pero no solo eso: tenemos el swap chino, tenemos el swap con Estados Unidos, tenemos una posición en futuros limpia por 15 mil millones de dólares, que representa el 50% de la base monetaria, y tenemos lo que sea el balance comercial del año que viene y lo que entre por RIGI. Es decir, el año que viene nos hemos construido un seguro, a esta altura, de 125 mil millones de dólares. Es decir, macro- prudencialmente, las cosas las estamos haciendo". Fueron frases que volvieron a despertar aplausos del público.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Entre Ríos finalizó de manera formal el procedimiento de escrutinio definitivo correspondiente a las elecciones celebradas para definir la representación de los empleados y empleadas del sector ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.

La jornada electoral, desarrollada bajo los parámetros normativos y reglamentarios vigentes para el ámbito judicial entrerriano, determinó la conformación de la titularidad y la suplencia que integrarán el estamento de los trabajadores dentro del órgano constitucional encargado de la selección de magistrados y funcionarios.

De acuerdo con las planillas oficiales de juzgamiento emitidas por la autoridad electoral provincial, la nómina postulante Lista N° 1 "Judiciales Entrerrianos" resultó ganadora en el proceso de votación al alcanzar un total de 659 sufragios a favor. Con este resultado, la fórmula encabezada por Heidi Venditti, en calidad de representante titular, y Andrés Bianchi, como representante suplente, fue proclamada para asumir las funciones delegadas ante el organismo provincial durante el próximo período de gestión institucional.

Por su parte, la propuesta electoral competidora, representada por la nómina "Unidad y Compromiso Judicial" —que llevaba como postulantes a Bibiana Starck para el cargo titular y a Marcelo Dalmon para la suplencia— reunió un total de 470 votos durante el acto comicial. La diferencia registrada en el cómputo final consolidó la definición del proceso sin que se presentaran impugnaciones o inconsistencias sobre las actas labradas en las distintas mesas receptoras habilitadas.

En el marco del balance final del acto plebiscitario, las cifras definitivas arrojaron la emisión de 1.142 votos efectivos sobre el total de personas empadronadas. Este nivel de concurrencia refleja el compromiso activo de los estamentos administrativos y de personal técnico de la jurisdicción para la conformación de los espacios de representación institucional, asegurando la pluralidad y la transparencia en los mecanismos administrativos del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

Una nueva encuesta presencial del instituto Datafolha publicada por el diario Folha de S. Paulo ubicó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva al frente del escenario de balotaje con el 47% de las intenciones de voto, frente al 43% que cosechó Flávio Bolsonaro.

El relevamiento político reflejó una paridad creciente en la carrera hacia la presidencia de Brasil de cara a los comicios de 2026, al tiempo que mostró una distancia cada vez más acotada en la medición correspondiente a la primera vuelta. Según detalló el matutino paulista sobre la evolución del panorama electoral, "no primeiro turno, distância entre os candidatos cai quatro pontos percentuais desde junho".

En el escenario estimulado para el primer turno de los comicios, el actual jefe de Estado encabezó las preferencias con el 39% de los apoyos, seguido por el senador Flávio Bolsonaro, quien alcanzó un 33% de la intención de voto.

En esa misma medición de múltiples candidatos, el gobernador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, figuró en el tercer escalón con el 5%, en tanto que Renan Santos obtuvo un 4% y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, registró un 3%. Asimismo, el ítem "Em branco / Nulo / Nenhum" concentró el 6% de las respuestas de los encuestados y un 4% se inclinó por la opción "Não sabem".

De cara a un eventual mano a mano en la segunda vuelta electoral, el estudio proyectó que un 9% de los consultados votarían en blanco o nulo, mientras que solo un 2% de los electores afirmó no saber por quién inclinarse.

La ficha técnica del sondeo precisó que la investigación de campo fue realizada de manera presencial sobre un universo de 2.058 personas de 16 años o más entre los días 18 y 19 de agosto de 2026, abarcando un total de 128 municipios del territorio brasileño.

El informe publicado por el periódico remarcó que "a margem de erro é de 2 p.p. para mais ou para menos" y confirmó que la muestra estadística quedó anotada oficialmente en el Tribunal Superior Electoral bajo el registro "BR-04496/2026".

Fuente: NA

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando el Gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió”, aseguró el mandatario durante su discurso en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Luego se preguntó: “¿Ustedes recuerdan todas las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Ahora entramos como imbéciles nuevamente diciendo: ‘No, el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos”.

Y continuó: “La discusión pasó a si las tasas eran de mercado o usurarias. Ahí apareció la figura del usurero. ¿Quién es el usurero? Aquel que cobra tasas por encima de lo que sería la tasa normal. ¿Y quién define qué es la tasa normal? ¿Alguien se puso a pensar por qué el usurero puede hacer ese tipo de operaciones? ¿No será que hay individuos que no califican en el mercado formal y terminan yendo a un mercado que está dispuesto a tomar más riesgos? Si yo voy a tomar más riesgo, ¿no sería normal que pida más retorno? Obviamente que una transacción más riesgosa va a tener incluida más tasa de interés".

Las declaraciones presidenciales giraron en torno al riesgo país y la morosidad tras conocerse el dato de irregularidad correspondiente a junio. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incumplimiento de pagos del sector privado a bancos tuvo una leve caída a 7,6%, mientras que enel financiamiento destinado a familias se mantuvo sin cambios en 12,8%, cortando 19 meses de subas consecutivas.

La entidad destacó que el nivel de mora varió según el tipo de financiamiento. En el caso de las tarjetas de crédito, se observó una baja en la tasa de morosidad, que se ubicó en 12,6%, aportando así cierta moderación al promedio general correspondiente a familias.

Respecto al financiamiento destinado a hogares, el índice de morosidad experimentó un aumento superior al doble en comparación interanual. Mientras que en junio de 2025 era de 5,2%, en el mismo mes de este año alcanzó 12,8 por ciento.

El informe oficial también señaló que tanto los préstamos personales como los prendarios registraron subas en sus indicadores de mora, alcanzando 16,4% y 7,9%, respectivamente. En contraste, los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en 1,6%, sin variaciones relevantes.

“El desempeño verificado en junio por el ratio de irregularidad del financiamiento al sector privado (y a las familias) estuvo explicado por una desaceleración en el ritmo de crecimiento real de la cartera irregular (numerador del ratio; en parte derivado del envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular) y un aumento real del financiamiento total (denominador del ratio)”, precisó la autoridad monetaria.

(Fuente: Info Bae)

Pese a que falta más de un año para las elecciones, en el Gobierno nacional están cada vez más convencidos que el presidente Javier Milei será elegido nuevamente en las urnas. "Nos imaginamos reelectos en primera vuelta", declaró este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario, además, ratificó la política económica del Gobierno y aseguró que seguirán achicando el Estado. En ese sentido, señaló que por medio del recorte de gastos lograron "equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación, de más del 200% al 30% actual, y seguirá en descenso, comprar equipamiento para los hospitales públicos, el orden público", y enfatizó: "Javier Milei fue enfático, la motosierra no se apaga nunca, mientras él sea el Presidente, la motosierra va a seguir".

"Esto es interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante mucho tiempo asesoró a muchos países que a la hora de lograr el equilibrio fiscal aumenten impuestos, y nunca bajen el gasto público. A partir del gobierno de gobierno de Milei el mundo mira con atención, porque la reducción del gasto público permite que tengamos una expansión de la economía", añadió en conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Ravier dijo que hay "récord de exportaciones, de consumo, a partir de la motosierra", y consideró que esa es "la solución, que la motosierra le va a dar soluciones a la gente". Adenmás agregó: "Redujimos la pobreza, la indigencia, no vemos razones para cambiar este modelo".

(Fuente: APFDigital)

Siempre disruptivo en sus ideas, el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, aseguró hoy que en la mayoría de las elecciones “se vota más en negativo que en positivo”, y que “la gente está muy inestable”, al analizar la psicología del electorado y su transformación durante las campañas políticas.

Durante una entrevista periodística, el especialista afirmó que la aceleración tecnológica modificó la forma de procesar la información y sostuvo que existe una tendencia generalizada hacia el rechazo de los oficialismos y las instituciones tradicionales.

A partir de investigaciones recientes, identificó nuevos desafíos para la comunicación política: “El gran desafío es cómo conquistar la atención. A nadie le importa un programa de gobierno, pero un gato que huya de un ratón, por ahí te paras porque está interesante”.

Respecto al panorama político argentino, el analista señaló que Javier Milei conserva una base sólida de apoyo que ronda el treinta y cinco por ciento de aceptación, destacando su capacidad para captar la atención en un contexto donde prima el espectáculo. No obstante, advirtió sobre los desafíos de gestión y los riesgos de una crisis de empleo de alcance global.

En cuanto a la oposición, consideró que Axel Kicillof presenta un discurso anticuado y un escenario complejo por sus diferencias con Cristina Kirchner, al tiempo que remarcó la destreza profesional de Sergio Massa.

La cumbre que reunió a las principales figuras del peronismo generó un clima de optimismo y alivio dentro del espacio político. Dirigentes de diversas vertientes coincidieron en señalar que la mesa de trabajo compartida representa un paso indispensable para acercar posiciones y delinear una estrategia conjunta de cara a los próximos compromisos electorales.

Del encuentro participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el líder de La Cámpora Máximo Kirchner, Sergio Massa, y los mandatarios provinciales Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán, junto a los dirigentes legislativos José Mayans y Germán Martínez.

Para la conducción del espacio, la herramienta de las primarias resulta clave para garantizar la unidad:

“Es lo que tenemos que hacer. Hay que sentar las bases para que haya PASO o internas si las llegan a sacar. Mantener reglas claras es la forma de bajar las fricciones”, reflexionaron dirigentes del interior del país tras el encuentro.

El consenso alcanzado establece que cada sector continuará con su estrategia de construcción territorial de manera autónoma pero bajo el compromiso explícito de no agredir a otros sectores de la alianza. Con este gesto de pragmatismo, el peronismo busca ordenar su interna, bajar las tensiones en la militancia y posicionarse con un bloque consolidado frente a la gestión de la Casa Rosada.

De cara al próximo escenario electoral, el presidente Javier Milei confirmó que ya definió quién lo acompañará en la fórmula para buscar la reelección en 2027. La declaración, realizada en una entrevista con el Diario de Río Negro, se da en un contexto de creciente distancia con la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, tras los recientes cruces públicos y las críticas del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Aunque prefirió no revelar la identidad de su elegido "por el momento", el mandatario remarcó que su objetivo en un eventual segundo período será "seguir acelerando" el rumbo de las reformas económicas.

En el plano legislativo, el jefe de Estado volvió a cargar contra las Elecciones Primarias, Abiertas, Simuladas y Obligatorias (PASO). Calificó al sistema de "gasto innecesario" para el contribuyente, estimando su costo en 250 millones de dólares al año, y ratificó la intención del Ejecutivo de lograr su derogación en el Congreso para que los partidos resuelvan sus contiendas de manera interna.

Sin embargo, Milei remarcó que la prioridad absoluta del Gobierno para este semestre en el Parlamento será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto busca dotar de blindaje técnico a la entidad, prohibir por ley la emisión monetaria para financiar al Tesoro y otorgar estabilidad a sus autoridades. Según explicó el Presidente, la medida apunta a evitar que futuras administraciones recurran a la emisión de moneda, garantizando la sostenibilidad del superávit fiscal y el control de la inflación a largo plazo.

Al evaluar el panorama económico, el mandatario destacó la eliminación del cepo cambiario, la recomposición de reservas y el sobrecumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, ponderó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), asegurando que ya cuenta con proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares y compromisos en evaluación que superan los 100.000 millones. Aunque reconoció que el impacto positivo aún no llega al bolsillo de todos los ciudadanos, sostuvo que la economía ingresó en un proceso de expansión sostenida.

En octubre de 2027 se realizarán en Argentina las elecciones generales nacionales y buena parte de los gobernadores desdoblará las elecciones provinciales. En ese marco, son varios los mandatarios que miran a mayo como la fecha para ir a las urnas.

Mientras desde Casa Rosada salen a buscar votos para la reforma electoral, las gobernaciones aguardan definiciones respecto a cómo se votará el año próximo, con una preocupación central: si habrá PASO o no.

El tucumano Osvaldo Jaldo ya avisó que las elecciones serán en mayo de 2027, probablemente el tercer domingo. También anticipó que buscará la reelección en compañía de su actual vice, Miguel Acevedo. En Tucumán, los apóstoles de Milei alistan al exministro del Interior Lisandro Catalán para dar la batalla contra Jaldo, que más votos aportó al oficialismo en el Congreso.

El objetivo central en Casa Rosada es que Javier Milei sea reelecto. Con ese norte, todo el ecosistema libertario se ordena en torno a ese propósito, incluso si el combo incluye evitar la confrontación en las urnas con mandatarios amigables.

En el mismo vecindario que Jaldo, el jujeño Carlos Sadir también apunta al quinto mes del año próximo para echar a rodar su anhelo reeleccionista. El mandatario –plegado a Provincias Unidas—tiene la estructura de la Unión Cívica Radical (UCR) como soporte y espera no pasar sobresaltos. Sus chances dependerán, en parte, de la salud de su vínculo con Gerardo Morales, su padrino político y hombre fuerte de la política jujeña. Por ahora, después de algunos chispazos de gestión, la relación marcha.

El año pasado, el oficialismo provincial se impuso en los comicios locales, pero cayó frente a LLA en los nacionales de octubre. Con el PJ partido y los liberales armándose, Sadir confía en el triunfo.

La misma suerte corrió la administración de Misiones en 2025. En la sala de máquinas litoraleña también miran a mayo como el mes ideal para votar, aunque advierten que junio es otra posibilidad. Dos factores serán clave: la marcha de la economía y el futuro de la inédita interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, dirigente que, luego de 20 años llevando los destinos locales con rienda corta, sufre una crisis de liderazgo con final incierto.

El sábado pasado, Karina Milei pasó por tierra colorada junto a Martín Menem y arengó a los propios, que se entusiasman con usufructuar la ruptura en el gobierno misionero y dar el golpe. El diputado nacional Diego Hartfield es el número puesto para competir. Todavía no está dicha la última palabra.

Otro gobernador que mira a mayo para convocar a elecciones es Claudio Poggi. En su entorno admiten que sería lo indicado, pero tampoco descartan junio. La ley habilita a votar hasta seis meses antes de la asunción (diciembre). De no mediar ningún cisma, el primer mandatario de San Luis buscará la reelección. Por ahora, no emergen grandes desafíos: el peronismo está partido y no logra erigir un líder tras la última administración de Alberto Rodríguez Saá. Su hermano Adolfo rompió su alianza con la gobernación y anticipó que podría competir en caso de armar un equipo.

Poggi, en tanto, cultivó una buena relación con la Casa Rosada. Actualmente, rige entre ambos campamentos un pacto velado de no agresión. Los libertarios compitieron sin oferta unificada en los comicios puntanos del año pasado. El jefe provincial devolvió el favor: no presentó lista propia en octubre y allanó el camino para la victoria mileísta.

Córdoba y Santa Fe serán dos de las grandes batallas del año próximo. En ambas palestras anticipan que las elecciones se desengancharán de las nacionales. En el primer caso, aseguran que convocarían a votar en mayo o junio, “si todo sigue igual”.

Martín Llaryora podría ir por la reelección y extender la hegemonía del peronismo mediterráneo. Buena parte de sus ambiciones dependerán de que la oposición no cierre filas. Por ahora, hay conversaciones entre Luis Juez, Rodrigo de Loredo y el libertario Gabriel Bornoroni.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quedó habilitado para buscar un segundo mandato por la reforma constitucional que él mismo impulsó. El sistema santafesino cuenta con primarias, por lo que imaginan un esquema de PASO en abril y generales en junio. Pullaro deberá definir si compite. Algunos dirigentes lo imaginan buscando la presidencia en un armado de centro.

Actualmente, la Legislatura santafesina se apresta a debatir una reforma electoral. Hay varios proyectos en danza. El de la UCR, que contaría con el visto bueno oficial, no contempla suprimir las internas abiertas y sostiene el uso de la Boleta Única Papel (BUP).

En tierras patagónicas hay miradas distintas. El rionegrino Alberto Weretilneck piensa en abril, mientras que, en el oficialismo de Neuquén, referenciado en Rolando Figueroa, se baraja agosto como posible fecha para votar. Para el santacruceño Claudio Vidal todavía no está claro. Aguarda aprobación de la Legislatura a su proyecto de Financiamiento Estratégico, por ahora frenado.

En el otro extremo del país, Catamarca y La Rioja serían dos jurisdicciones que votarían junto a Nación, tal como hicieron en 2025. Mismo camino podría seguir Entre Ríos, en espejo a lo que pasó en 2023.

La foto panorámica demuestra que, en líneas generales, los gobernadores dispuestos a desdoblar son aquellos que buscarán la reelección y que tienen el frente interno bajo control. Por ese motivo, buscan acelerar y trasladarle las urgencias a sus oponentes. En el entretanto, faltan definiciones: PASO sí o no y la vieja idea de las colectoras, reciclada ahora por el Gobierno.

El 21 de junio fue la hora de Colombia. En una elección de vértigo, Abelardo de la Espriella —autodenominado “el tigre”, admirador de Milei, sin experiencia política y sin un partido estructurado— se impuso a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien podría haber tenido un mejor desempeño si el presidente Gustavo Petro no hubiera insistido en convertir el comicio en un plebiscito sobre su propia figura. En cualquier caso, el resultado fue estrecho y dejó un país dividido territorialmente, pero sobre todo en términos afectivos. Las consecuencias de este escenario son múltiples y no se limitan a Colombia. Un patrón similar pudo observarse en Perú poco antes.

La polarización afectiva y el creciente malestar con la política están cambiando de forma silenciosa pero profunda quién entra, quién se queda y quién se va de la política profesional. No es solo una cuestión de estilos o de discursos duros, de agresiones, ofensas y mentiras (lo que ya es mucho decir). También está en juego algo menos visible: la composición misma de quienes deciden hacer de la política una carrera. En este nuevo contexto, la política deja de ser un espacio más o menos regulado y previsible para convertirse en un entorno incierto, de alta exposición, baja protección institucional y costos personales crecientes. El resultado es una selección adversa: tienden a quedarse o a entrar quienes toleran mejor el conflicto, la exposición permanente y la personalización extrema, mientras que otros perfiles se autoexcluyen o abandonan.

Este cambio se entiende mejor si se observa el ecosistema en el que hoy se hace política profesional. La comunicación política se ha desplazado hacia una economía de la atención donde lo que cuenta no es tanto la complejidad de las ideas como su capacidad de generar impacto inmediato. Las redes sociales, la fragmentación mediática y la lógica de la viralidad han intensificado la personalización y han debilitado a los partidos como intermediarios. Competir políticamente implica competir por visibilidad constante, muchas veces a costa de las mínimas reglas de la educación y la convivencia. La polarización afectiva actúa como un amplificador: si el que modera no llama la atención, la confrontación se vuelve rentable.

A esto se suma la transformación de los sistemas de partidos, que han perdido capacidad de filtro y de protección. Allí donde antes los partidos ordenaban carreras, seleccionaban perfiles y amortiguaban los costos de la exposición pública, hoy predominan estructuras más débiles, más volátiles o directamente personalistas (como ocurrió con de la Espriella en Colombia y antes con Milei en Argentina, que se lanzaron a la política sin partidos). Esto abre la puerta a outsiders y liderazgos no convencionales que tienden a ser hiperpersonalistas y toman sus decisiones solos.

Si el prestigio de hacer política es bajo, la hostilidad alta y la frontera entre lo público y lo privado cada vez más difusa, ¿quién querrá involucrarse? No sorprende que muchos perfiles potenciales decidan no entrar o salir antes de consolidarse. La política se convierte en un filtro duro que no solo selecciona capacidades, sino también disposiciones psicológicas y emocionales específicas.

El caso francés ilustra bien la combinación de fenómenos descritos en el artículo. En las elecciones locales de marzo de 2026, más de dos tercios de los municipios presentaron una única lista de candidatos, y en decenas de ellos no hubo ni siquiera postulaciones. Las dimisiones de alcaldes y autoridades locales, muchas de ellas asociadas a episodios de violencia simbólica, acoso digital y desgaste personal, refuerzan esta tendencia. Mientras tanto, en las grandes ciudades como París, Marsella o Lyon, donde la competencia es más intensa y mediatizada, se observa el efecto inverso: mayor polarización y una creciente presencia de perfiles más confrontativos y visibles. Francia muestra así, en distintos niveles territoriales, la lógica de selección adversa que describimos aquí: la política se vacía en algunos espacios y se radicaliza en otros, configurando un entorno que favorece la entrada o permanencia de perfiles con mayor tolerancia al conflicto y menor aversión a la exposición, a costa de una creciente erosión de la diversidad representativa.

A esta dinámica se suma una consecuencia menos visible pero igualmente relevante: quienes permanecen en la política tienden a desarrollar lo que aquí propongo llamar hubrispia, una combinación de arrogancia y miopía. Arrogancia, porque la exposición constante, la lógica del liderazgo personalizado y la validación selectiva de los entornos políticos alimentan una sobreconfianza en las propias capacidades y diagnósticos. Y miopía, porque el ritmo acelerado de la competencia política, la presión comunicacional permanente y la lógica del corto plazo reducen la capacidad de percibir efectos no inmediatos, costos difusos o señales de desgaste institucional.

¿Será la inexplicable permanencia de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete uno de sus efectos más visibles en Argentina? La continuidad de Adorni, pese a semanas de exposición pública por inconsistencias patrimoniales, dejó expuestas contradicciones e inconsistencias que ponen en cuestión la veracidad de sus dichos y erosionan su credibilidad política. Pese al rechazo generalizado, el Presidente lo sigue sosteniendo.

La hubrispia no es un rasgo individual aislado, sino un efecto sistémico. Surge cuando la política deja de ofrecer mecanismos de corrección, reflexión y desaceleración propios de la deliberación democrática. Cuando la política deja de corregir a quienes la ejercen, empieza a deformarlos.

Keiko Fujimori se encamina a convertirse en la próxima presidenta de Perú luego de ampliar su ventaja sobre Roberto Sánchez en el tramo final del escrutinio del balotaje celebrado el pasado 7 de junio.

De acuerdo con el último reporte difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata obtuvo 9.207.625 votos, equivalentes al 50,12% del total, frente a los 9.163.516 sufragios alcanzados por Sánchez, que representan el 49,88%. La diferencia entre ambos asciende a 44.109 votos.

Con el 99,87% de las actas contabilizadas y apenas 121 pendientes de procesamiento, la tendencia se mantiene estable y acerca a Fujimori a una nueva victoria electoral, que de confirmarse le permitirá asumir la Presidencia el próximo 28 de julio por un período de cinco años.

La elección se desarrolló en un contexto de fuerte polarización política y en medio de una prolongada inestabilidad institucional. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes, reflejo de una crisis política que atraviesa al país desde hace varios años.

Mientras tanto, la ONPE informó que aún aguarda resoluciones de los Jurados Electorales Especiales sobre algunas actas observadas para completar el cómputo definitivo y alcanzar el 100% del escrutinio.

Por su parte, Roberto Sánchez endureció su postura frente al proceso electoral y denunció la existencia de un supuesto “fraude en desarrollo”, aunque hasta el momento no presentó pruebas públicas que respalden esa afirmación.

El dirigente cuestionó especialmente el tratamiento de las actas provenientes del exterior y anunció que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Fujimori. Además, convocó a movilizaciones para los próximos días.

Sin embargo, una de las presentaciones realizadas por su espacio político para anular votos emitidos fuera del país fue rechazada por la Justicia Electoral debido a cuestiones formales.

Desde el fujimorismo, las acusaciones fueron desestimadas. Keiko Fujimori calificó los cuestionamientos como denuncias sin pruebas y sostuvo que buscan generar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.

La definición formal quedará ahora en manos de las autoridades electorales peruanas, que deberán resolver las actas pendientes antes de proclamar oficialmente al ganador de una de las elecciones más ajustadas de los últimos años en el país andino.

Fuente: Agencia NA

Este domingo 7 de junio, el Perú celebra la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Quien resulte electo gobernará el país entre 2026 y 2031, convirtiéndose en el décimo presidente en una década marcada por la inestabilidad política, con ocho mandatarios sucesivos entre destituciones, renuncias y crisis institucionales.

La jornada electoral comenzó en el exterior, donde los peruanos residentes en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. Las actividades se desarrollaron en oficinas consulares y locales habilitados por el Estado peruano para garantizar el derecho al sufragio de los connacionales en esas regiones.

En el territorio nacional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que están habilitadas 90.223 mesas de votación y que 28.772 fiscalizadores supervisan el proceso en todo el país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordina el despliegue logístico y la recepción de actas, mientras que las fuerzas de seguridad custodian los locales para asegurar una jornada pacífica.

La elección se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y expectativa ciudadana. Fujimori, quien busca llegar por tercera vez a la presidencia, propone continuidad en políticas de mercado y seguridad, mientras Sánchez, actual congresista y exministro de Estado, impulsa un modelo de desarrollo con enfoque social y ambiental.

El proceso electoral concluirá esta tarde y el conteo oficial comenzará inmediatamente después del cierre de urnas. Los primeros resultados se conocerán en las próximas horas, aunque el JNE recordó que los datos preliminares no constituyen resultados oficiales hasta su validación final.

La segunda vuelta de 2026 representa un nuevo capítulo en la historia reciente del Perú, donde la ciudadanía vuelve a decidir entre dos proyectos políticos opuestos en medio de una democracia que busca estabilidad y confianza institucional.

La Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos resolvió suspender el Congreso Provincial que había sido convocado para este sábado en la ciudad de Villaguay. La decisión fue adoptada por la Mesa del Congreso a través de la Resolución Nº 3/2026, luego de un pedido formulado por la presidenta del Comité Provincial, Alicia Oviedo, y el secretario Marcelo Monfort, quienes solicitaron analizar la conveniencia de postergar la reunión.

La medida generó sorpresa en el ámbito político, ya que los mismos dirigentes que ahora promovieron la suspensión habían sido impulsores de la convocatoria semanas atrás. En aquel momento, el pedido había sido presentado por el vicepresidente partidario, Rubén Dal Molín —en ejercicio de la Presidencia por ausencia de Oviedo— y por el propio Monfort. Ambos habían defendido la necesidad de reunir al máximo órgano deliberativo del partido para debatir la posibilidad de acortar los mandatos de las actuales autoridades y adelantar las internas.

Entre los argumentos expuestos para la suspensión se señaló “la inexistencia de temas de urgente resolución que requieran el tratamiento inmediato del Congreso”. Además, se indicó que numerosos dirigentes y congresales de distintos puntos de la provincia manifestaron dificultades para trasladarse hasta Villaguay, lo que podría afectar la representatividad del encuentro.

La Mesa del Congreso consideró que corresponde garantizar la más amplia participación de los representantes radicales de toda la provincia, procurando que las decisiones que eventualmente adopte el cuerpo cuenten con la debida representación territorial y política. Por ese motivo, resolvió suspender la convocatoria prevista y encomendar a la propia Mesa la definición de una nueva fecha para la realización del Congreso.

Cabe recordar que el encuentro había sido convocado con el objetivo de evaluar un pedido para acortar los mandatos de las actuales autoridades partidarias, lo que abriría la posibilidad de adelantar las elecciones internas. La discusión sobre la duración de los mandatos y la renovación de las autoridades es un tema sensible dentro de la UCR, en un contexto de tensiones internas y debates sobre la estrategia política hacia los próximos comicios provinciales.

La suspensión del Congreso deja en suspenso esa discusión y abre interrogantes sobre la dinámica interna del radicalismo entrerriano. Mientras tanto, la dirigencia deberá definir una nueva fecha que permita garantizar la participación plena de los congresales y avanzar en los debates pendientes.

Para el oficialismo, la aprobación del proyecto de reforma electoral es una prioridad durante este año. La iniciativa, elaborada por el asesor Santiago Caputo y presentada en abril, busca modificar distintos aspectos del sistema electoral, entre ellos la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De acuerdo con fuentes oficiales, Santilli mantiene conversaciones con gobernadores dialoguistas para sumar apoyos y lograr que el proyecto sea debatido en el Congreso entre junio y julio, siempre que exista consenso político.

En declaraciones realizadas antes de participar de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a mandatarios provinciales, el ministro destacó la importancia de avanzar con la reforma y sostuvo que existe un creciente rechazo social a la multiplicación de instancias electorales.

“La gente no quiere votar tantas veces”, afirmó. Además, señaló que en los últimos procesos electorales se registró una disminución en la participación ciudadana debido al cansancio que generan las sucesivas convocatorias a las urnas.

“Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas”, expresó. En esa línea, advirtió que, de mantenerse el esquema actual, los ciudadanos podrían verse obligados a participar de PASO provinciales, PASO nacionales y luego de las elecciones generales.

“Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces”, insistió.

Por último, Santilli remarcó que la eliminación de las PASO permitiría reducir costos para el Estado, simplificar el calendario electoral y responder a una demanda que, según consideró, cuenta con el respaldo de una parte importante de la sociedad.

El opositor de signo conservador Abelardo de la Espriella lidera el recuento, seguido de cerca por el candidato oficialista Iván Cepeda. Ambos definirán en segunda vuelta el 21 de junio quién será el próximo presidente de Colombia.

La Registraduría General de la Nación comenzó a difundir los primeros boletines minutos después del cierre de las urnas. En el arranque, los datos correspondieron principalmente a votos emitidos en el extranjero. El primer informe ubicó al candidato oficialista Iván Cepeda en la cabeza con 252 sufragios, seguido por el opositor Abelardo de la Espriella con 193 y Paloma Valencia con 32.

La jornada electoral transcurrió con algunos incidentes reportados. El Ministerio del Interior informó que se registraron 660 quejas, la mayoría en Bogotá, vinculadas a presunta participación indebida de funcionarios locales en la campaña. Pese a ello, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, destacó que el balance general fue “muy positivo”, aunque instó a testigos y jurados a evitar el uso de distintivos políticos en los puestos de votación.

El proceso de conteo continuará durante la noche, con boletines oficiales que se publican cada pocos minutos y que van delineando el resultado final. Se espera que hacia las 20 horas (hora argentina) se conozcan cifras más completas y que en aproximadamente dos horas y media se difundan resultados definitivos.

La elección presidencial de 2026 en Colombia se presenta como una de las más disputadas de los últimos años, con tres candidatos principales: el oficialista Iván Cepeda, y los opositores de signo conservador Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. El desenlace marcará el rumbo político del país para los próximos cuatro años y definirá el mapa de alianzas en la región.

El laborismo británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, sufrió una derrota contundente en las elecciones municipales inglesas y parlamentarias de Escocia y Gales. El resultado deja al oficialismo debilitado y abre paso a un nuevo mapa político donde crecen la ultraderecha, los verdes, los liberal-demócratas y los partidos nacionalistas.

En Inglaterra, el gran ganador fue Nigel Farage, referente de la ultraderecha y del voto Brexit, que celebró el “principio del fin del bipartidismo” y acusó a Starmer de ser un premier “débil y sin objetivos”. Los verdes y los liberal-demócratas también avanzaron, arrebatando alcaldías y concejales a laboristas y conservadores.

El panorama refleja una fragmentación inédita: Inglaterra con una ultraderecha en ascenso, Escocia y Gales con fuerzas secesionistas fortalecidas, y los partidos tradicionales debilitados. Analistas como Richard Murphy señalan que “una nueva Inglaterra está emergiendo” y que el voto protesta expresa el hartazgo frente al neoliberalismo y la crisis social.

El propio Starmer reconoció la derrota: “Son resultados muy duros. Hemos perdido concejales valiosos en todo el país. Eso duele mucho y asumo la responsabilidad. Pero no pienso renunciar. Tengo un mandato de cinco años y voy a cumplirlo”.

Sin embargo, la presión aumenta: hoy es el primer ministro con peor imagen en décadas y enfrenta un país fragmentado, con tensiones sociales y económicas que amenazan la estabilidad de su gobierno.

El Gobierno presentó este miércoles el proyecto de ley para tratar la reforma electoral en la Cámara de Senadores. El presidente Javier Milei anunció ayer desde Israel que mandarían la iniciativa con el objetivo de eliminar las PASO, cambiar el financiamiento e incluir Ficha Limpia.

El escrito ingresó a las 18 de este miércoles en la Cámara Alta y cuenta con un total de 79 artículos. Allí se presentan las reformas para la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras normas vinculadas al ámbito electoral.

Ayer, el propio Milei anticipó en sus redes sociales que enviarían el proyecto y dijo: "ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!“.

La idea del Ejecutivo es modificar la arquitectura electoral argentina, pero requiere primero un escenario de negociaciones complejas entre el oficialismo y los gobernadores provinciales, quienes no están dispuestos a facilitarle la reelección al Presidente sin tener garantías de que puedan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivos territorios.En ese sentido, la elección de que la cámara de origen sea el Senado tiene que ver con que el oficialismo se propone consensuar los votos con las provincias, que son las principales interesadas en avalar o no estos términos puestos por el Gobierno.

Uno de los ejes centrales es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional. La propuesta sostiene que las internas partidarias deben ser financiadas y organizadas por las propias fuerzas políticas, sin intervención estatal ni erogación de recursos públicos. Con esa medida, el Gobierno busca reducir gastos y otorgar mayor autonomía a los partidos en la selección de sus candidatos para cargos electivos.

La eliminación de las PASO implica que, en adelante, cada partido o alianza será responsable de definir sus postulantes a través de mecanismos internos, sin participación obligatoria de la ciudadanía en esa etapa. Según el proyecto, la modificación pretende evitar que los contribuyentes financien procesos internos de agrupaciones políticas, reforzando el principio de autosustentabilidad en la vida partidaria.

Entre las principales modificaciones para los partidos políticos, la reforma establece que, para que una fuerza pueda obtener la personería jurídico-política, será necesario contar con al menos 50 electores fundadores por distrito, un acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, designación de autoridades, domicilio partidario y sitio web oficial. Los solicitantes deberán declarar además que no integran ni fundaron otro partido en formación.

Luego del reconocimiento provisorio, la agrupación tendrá un plazo de 180 días para acreditar un número de afiliados no menor al 0,5 % del padrón del distrito, con un tope de 2.000.000 de inscriptos. Además, deberán convocar a elecciones internas para autoridades definitivas en un máximo de 90 días desde la obtención de la personería.

Para acceder al reconocimiento nacional, será requisito contar con personería vigente en al menos diez distritos y acreditar afiliados equivalentes al 0,1 % del padrón nacional. El control y la renovación de esa condición quedarán a cargo del Ministerio Público Fiscal, que podrá solicitar la caducidad en caso de incumplimientos. La ley fija causales específicas de pérdida de personería, como la falta de internas durante cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el 3 % del padrón en elecciones sucesivas, o el incumplimiento de paridad de género en los órganos directivos.

El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia, que establece la inhabilitación para ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos. El registro de antecedentes será gestionado por la Cámara Nacional Electoral y se mantendrá hasta la revocación de la condena o el cumplimiento efectivo de la pena.

La presentación de candidaturas requerirá avales ciudadanos equivalentes al número de afiliados exigido para la personería, tanto en cargos legislativos como en fórmulas presidenciales, estas últimas en al menos diez distritos. Además, se prohíbe la doble postulación: ningún candidato podrá figurar en más de una lista ni para distintas categorías en la misma elección. Las listas deberán garantizar la alternancia de género, con mujeres y varones intercalados desde el primer titular hasta el último suplente.

El texto enviado al Congreso introduce la boleta única en papel como instrumento electoral obligatorio para todos los cargos nacionales. El modelo prevé una estructura diferenciada por categoría y la posibilidad de optar por lista completa. Los partidos tendrán la opción de solicitar un color determinado para la boleta hasta 65 días antes del acto electoral.

En relación con la campaña electoral, el proyecto fija el inicio 60 días antes de la fecha de votación y el cierre 48 horas previas al comicio. Se establecen sanciones para quienes realicen campaña fuera de plazo, consistentes en la pérdida de financiamiento público por uno a cuatro años y multas de entre 2.000 y 50.000 módulos electorales.

Durante los 25 días anteriores a la elección, quedarán prohibidos los actos inaugurales de obra pública, lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en la voluntad del electorado. La publicidad gubernamental no podrá favorecer ni desalentar el voto por ninguna agrupación o candidato.

En el capítulo de financiamiento partidario, la reforma establece que los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos y prohíbe donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves. Al menos 10 % de los fondos públicos deberán destinarse obligatoriamente a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán realizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo la supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.

El total de aportes permitidos por persona física o jurídica no podrá superar el 35 % del límite fijado por el módulo electoral y la cantidad de electores. Además, la normativa exige la presentación detallada de gastos de campaña, incluyendo el material difundido en internet y redes sociales, con la obligación de discriminar por rubros como administración, publicidad, alquiler de sedes, encuestas, transporte y otros conceptos estrictamente vinculados a la elección.

La reforma establece que el financiamiento público se dividirá en dos partes: el 20 % se asignará en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el 80 % restante será distribuido de manera proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada partido en la última elección de Diputados Nacionales, siempre que hayan alcanzado al menos el 1 % del padrón electoral. Este esquema busca combinar criterios de igualdad y representatividad en la asignación de fondos estatales para el funcionamiento partidario.

Además, incorpora una disposición que impide a las agrupaciones políticas la contratación de servicios prestados por personas extranjeras. Esta restricción abarca cualquier tipo de servicios requeridos por los partidos en el desarrollo de sus actividades, con el objetivo de limitar la injerencia o influencia externa en el funcionamiento y financiamiento de la vida partidaria nacional.

Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.

En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.

Los partidos políticos ya existentes contarán con plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuar su funcionamiento a las nuevas disposiciones. También se prevén restricciones para la designación de personas inhabilitadas en altos cargos ejecutivos, cuerpos colegiados y empresas estatales.

Fuente: Infobae