La Cámara Argentina de Comercio y Servicios expresó su preocupación por el crecimiento del contrabando de productos electrónicos y advirtió que el fenómeno genera perjuicios directos sobre la producción, el empleo, la recaudación fiscal y la seguridad de los consumidores en todo el país.

Desde la entidad empresaria señalaron que el ingreso irregular de mercaderías se intensificó en distintos rubros, con especial incidencia en artículos electrónicos como celulares, televisores, notebooks y equipos de aire acondicionado. Según plantearon, esta actividad ilícita afecta la comercialización formal y distorsiona la competencia en el mercado interno.

El presidente de la CAC, Mario Grinman, sostuvo que el impacto del contrabando no se limita a la venta minorista, sino que alcanza a la cadena productiva en su conjunto. En ese marco, advirtió que la proliferación de productos ilegales erosiona el empleo registrado y debilita a las empresas que cumplen con las normas vigentes.

La cámara también remarcó el daño que esta práctica provoca sobre las arcas del Estado nacional. Indicó que el ingreso irregular de mercaderías implica una pérdida significativa de recursos por derechos de importación, impuestos internos e IVA, entre otros tributos, lo que reduce la capacidad de financiamiento de políticas públicas.

Otro de los puntos subrayados fue el riesgo para los consumidores. La CAC alertó que muchos de los productos electrónicos que ingresan al país de manera ilegal no cumplen con las certificaciones eléctricas ni con las homologaciones exigidas por los organismos competentes. Además, carecen de garantía oficial y de soporte técnico, lo que deja a los usuarios en una situación de desprotección.

Desde la entidad advirtieron que estas irregularidades vulneran las normas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, y pueden derivar en problemas de seguridad para quienes adquieren estos artículos fuera de los canales formales.

Frente a este escenario, la CAC reclamó a las autoridades nacionales que profundicen las medidas de control y detección en los pasos fronterizos. El objetivo, señalaron, es mejorar la identificación y persecución de quienes participan en el ingreso ilegal de mercaderías y de los vendedores que operan en el mercado local al margen de la ley.

Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos públicos para implementar controles e inspecciones más eficaces sobre la venta y reventa de productos, tanto en locales físicos como a través de plataformas digitales. Según indicaron, esa articulación resulta clave para garantizar el cumplimiento del marco legal y preservar condiciones de competencia leal en el mercado argentino.