La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.

Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.

Se espera un largo debate, de más de 16 horas.

Al comenzar la sesión especial, luego de lograr quórum sin sobresaltos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, por impulso de la oposición, el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en Discapacidad y de alivio a la situación de deudores morosos.

El plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad, que se avaló con 249 votos, y al cual tuvo que acoplarse el oficialismo forzado por circunstancias que hubiera preferido evitar, incluye un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, y un segundo encuentro para dictaminar el miércoles 23 a la misma hora del mediodía.

Un rato más tarde, también se aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a fin de tratar y dictaminar los diversos expedientes vinculados a aliviar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos.

En este caso, el plan contempla dos reuniones informativas del plenario de comisiones los días martes 15 y 22 de septiembre a las 14 hs, y un último encuentro para dictaminar el martes 29 de septiembre a la misma hora.

El acuerdo transversal para votar los emplazamientos de comisiones se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara claro que la oposición había conseguido sobradamente las voluntades para el quórum, y el oficialismo al verse en desventaja numérica entendió que no tenía margen para seguir resistiendo.

La sesión había sido abierta con la presencia de 130 legisladores que fueron aportados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores.

La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto recién cuando ya había quórum reglamentario.

Esta actitud de retacear el quórum por parte de La Libertad Avanza y sus socios da la pauta de que fue la oposición la que impuso condiciones durante la sesión y se llevó los laureles.

Desde el oficialismo, sin embargo, difundieron una lectura diferente, recordando que el cronograma de trabajo que se votó mediante el emplazamiento de las comisiones era prácticamente idéntico al que los presidentes de las comisiones de Discapacidad y de Finanzas, ambos de extracción libertaria, habían comunicado el 2 de septiembre.

"Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos", destacaron altas fuentes de La Libertad Avanza a las que la Agencia Noticias Argentinas (NA) tuvo acceso.

Por otra parte, advirtieron que al controlar la conducción de las comisiones que intervendrán en el tratamiento de los proyectos, La Libertad Avanza "controlará los

dictámenes".

"La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma

permanente", informaron.

Emergencia en Discapacidad

El vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que desde que se aprobó la ley, "la emergencia se ha agravado".

"Este gobierno prácticamente ha detenido las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad. Segun los datos oficiales, desde enero del 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar el alta de la pensión y solamente se resolvieron 10.374. Un 11,4%", alertó.

El miembro informante también recordó que la última vez que concurrió el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que a abril de este año el Gobierno

acumulaba una deuda con los prestadores de casi 70 mil millones de pesos.

"Y también nos informó que durante todo 2025 se subejecutaron el presupeusto para el Incluir Salud en un 15%. Más de 135 mil millones de pesos que no ejecutaron para el Incluir Salud", protestó.

Además, Marino señaló que "los transportistas dneuncian que al día de hoy el kilómetro esta valuado por el Gobierno en 900 pesos, lo cual hace prácticamente

inviable la continuidad del servicio".

Endeudamiento familiar

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, fue quien pidió la moción de emplazamiento de las comisiones, que resultó aprobado también por unanimidad.

"Esto coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos", subrayó el radical bonaerense.

Fuente: NA

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) activó una estrategia en la Cámara de Diputados para frenar la embestida opositora, que ya reunió un piso de 133 votos para debatir la morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Para neutralizar la sesión especial convocada para el 9 de septiembre, el oficialismo llamará a debatir el tema en comisiones con el objetivo de retener el control de los tiempos.

La maniobra consiste en citar para la próxima semana a las comisiones de Finanzas, Discapacidad y Salud —todas encabezadas por legisladores libertarios como Santiago Pauli, Gerardo Huesen y Manuel Quintar—. Con estas convocatorias, LLA busca ofrecer una justificación política a sus bloques aliados para que no den quórum en el recinto.

Desde la oposición denunciaron que las reuniones de comisión serán meramente informativas y no buscan emitir dictamen. Por ello, referentes como el diputado socialista Esteban Paulón insistieron en mantener firme la citación del 9 de septiembre como único mecanismo para emplazar al cuerpo y acelerar el tratamiento de las normas.

Actualmente existen 48 proyectos orientados a atender el sobreendeudamiento de 6,5 millones de familias, junto con la propuesta impulsada por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) para extender por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad. En el oficialismo confían en que su jugada parlamentaria restará apoyos de los bloques alineados con los gobernadores y logrará dilatar la discusión.

La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de una intensa jornada legislativa en la cual diversos bloques de la oposición lograron consolidar una mayoría de 133 votos durante la votación de dos pedidos de apartamiento del reglamento. Si bien las mociones presentadas requerían el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos en la misma sesión —un umbral que no se alcanzó debido al volumen de apoyos en contra y abstenciones—, el resultado numérico dejó establecida una clara referencia sobre la capacidad de articulación de las bancadas opositoras de cara al cronograma de sesiones de las próximas semanas.

Las iniciativas impulsadas durante el desarrollo del encuentro parlamentario estuvieron centradas en dos ejes de debate. Por un lado, la atención a la problemática de la morosidad en los hogares, a partir de propuestas presentadas por representantes de diferentes bloques continentales. Por otro lado, la extensión por el plazo de un año de la declaración de emergencia en el ámbito de la discapacidad, una medida orientada a dar continuidad a la normativa sancionada durante el período legislativo anterior.

El conteo definitivo de las votaciones mostró la confluencia de un abanico heterogéneo de espacios políticos, integrados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el Frente de Izquierda, el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros bloques regionales. La nómina total de sufragios a favor registró además la ausencia justificada de legisladores que han acompañado iniciativas similares en instancias previas, lo que proyecta la posibilidad de ampliar la base de respaldo en futuras convocatorias.

La trascendencia institucional del resultado radica en que los 133 votos alcanzados superan la barrera del cuórum legal de 129 diputados, indispensable para dar inicio a cualquier sesión ordinaria o especial en el ámbito del recinto. Ante este escenario, representantes de las distintas bancadas opositoras manifestaron que coordinarán mesas de trabajo interbloque para unificar el texto de los dictámenes correspondientes y solicitar en el corto plazo la convocatoria formal a una sesión especial, con el propósito de emplazar a las comisiones de trabajo a tratar de forma definitiva las iniciativas vigentes.

Pablo Recchia*

Solemos decir que ella nos inspiró a luchar y militar por una mejor calidad de vida y por la inclusión de las personas con discapacidad (PCD) desde el primer día; y así lo asumimos como un compromiso familiar.

Con altos y bajos, durante todos estos años hemos discutido de igual a igual sobre la realidad del colectivo junto a colegas destacados de nuestro país y frente a cada uno de los gobiernos que han pasado. Son tareas desgastantes y, a veces, carentes de resoluciones inmediatas, pero siempre trabajamos para hacer avanzar el sistema y diseñar políticas públicas que defiendan los derechos de las PCD. Siempre colaboramos y pusimos a disposición nuestra experiencia para generar diálogo y debate desde el respeto, nunca parados desde el lugar de opositores sistemáticos. Todo eso cambió drásticamente con la llegada del gobierno del presidente Javier Milei. Un escenario inesperado, inimaginable, cruel, violento y con un ensañamiento explícito hacia las franjas más vulnerables de la sociedad. Esto no es una mera opinión política; es una descripción de hechos objetivos. Llevamos dos años y medio siendo la variable de ajuste económico de esta gestión para lograr equilibrar las cuentas fiscales, en un contexto sin plan de futuro y plagado de escandalosos hechos de corrupción que hoy ya tramitan en la Justicia.

Nuestro colectivo volvió a retroceder décadas de luchas y conquistas. Un ejemplo contundente fue la publicación del Decreto Nº 942/2025, que dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organismo autárquico. Al absorber sus funciones el Ministerio de Salud, se consolida una estructura que estigmatiza a las PCD, confinándolas nuevamente al lugar de "enfermos" bajo un modelo médico-rehabilitador, y desplazándolas de su rol como sujetos de derechos. Esta decisión ignora de forma flagrante los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo ratificado por nuestra Ley Nacional Nº 26.378.

Resoluciones, DNU, decisiones unilaterales que esquivan el Congreso y el incumplimiento liso y llano de la Ley de Emergencia en discapacidad configuran el panorama actual. Como si todo esto fuera poco, mediante la reciente Resolución Nº 28/2026 de la Secretaría de Transporte, el Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas a las empresas de transporte de larga distancia. Con esta medida, el Ejecutivo nacional se desentiende de su responsabilidad fiscal y delega de hecho en el sector privado la carga de garantizar la gratuidad de los pasajes para las PCD y sus acompañantes. Todo un sistema de apoyos y derechos constitucionales, en el que el Estado es el garante principal, está siendo violado de manera sistemática.

Esta última decisión vuelve a poner en alerta roja a las PCD. Modificar el esquema de cobertura implica trasladar a corporaciones comerciales una obligación que le corresponde al Estado en su rol de tutor de derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que cuenta con jerarquía constitucional en la Argentina, establece mandatos taxativos: asegurar el acceso en igualdad de condiciones al transporte (art. 9), garantizar la movilidad personal (art. 20) y proteger frente a los costos adicionales vinculados al ejercicio de estos derechos (art. 28).

Desde esta perspectiva, disponer de un transporte accesible supera cualquier lógica de beneficio aleatorio, subsidio variable o favor comercial; es una política pública obligatoria derivada de acuerdos internacionales vigentes. El pilar de este modelo es el principio de igualdad real. Conforme a este, las autoridades gubernamentales tienen el deber imperativo de ejecutar políticas afirmativas que compensen las barreras estructurales del entorno, logrando que el ejercicio efectivo de los derechos sea una realidad tangible y no una utopía.

Quienes nos desempeñamos en la gestión pública, el activismo y el debate social mantenemos una disposición permanente a colaborar con cualquier nivel del Estado, aportando nuestra trayectoria en el sector. Rechazamos el partidismo y los acuerdos superficiales que solo buscan un rédito estético o una foto vacía. Nuestro enfoque es estrictamente colectivo, no individual. Hoy ya no se trata sólo de trabajar para llenar el medio vaso que nos falta, sino de defender con firmeza lo poco que nos están dejando. Hacemos política, sí, claramente, pero no en función de una bandera partidaria, sino en la defensa de los derechos que en los últimos tiempos se nos están negando de manera sistemática.

*Referente Nacional en temas de Discapacidad

Las organizaciones ASDRA y Red T21 manifestaron su profundo repudio al proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Señalaron que las medidas propuestas implican un grave retroceso en materia de salud, autonomía y derechos, afectando directamente a personas con discapacidad y sus familias.

Entre los puntos más cuestionados se encuentran el reempadronamiento obligatorio en plazos acotados, la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, y la eliminación de herramientas de actualización y financiamiento. Estas disposiciones, según las entidades, desalientan la inclusión laboral y ponen en riesgo ingresos esenciales para una población históricamente vulnerada.

La eliminación del nomenclador único, que garantiza criterios equitativos en el acceso a terapias y apoyos, fue señalada como un riesgo crítico para la sostenibilidad del sistema. Su liberación permitiría que cada obra social o prepaga establezca valores y condiciones de manera discrecional, generando desigualdades profundas en el acceso a prestaciones básicas.

Valeria Follonier, presidenta de ASDRA, advirtió que muchas personas no podrán cumplir con los procesos de auditoría o reempadronamiento por barreras geográficas, económicas o de accesibilidad, lo que podría derivar en la suspensión automática de pensiones. “La pérdida de estos recursos no solo deteriora la salud física y mental, sino que puede generar mayores niveles de dependencia y retrocesos en la autonomía lograda”, explicó.

Las organizaciones remarcaron que las pensiones por discapacidad son percibidas por una porción mínima de beneficiarios en situación de mayor vulnerabilidad, y no por la totalidad de quienes poseen Certificado Único de Discapacidad.

ASDRA y Red T21 señalaron que las modificaciones desconocen principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina con jerarquía constitucional. En particular, se ven afectados derechos vinculados a la inclusión laboral, la autonomía personal y el acceso a condiciones de vida dignas.

Por todo esto, solicitaron que no se avance con el proyecto en los términos planteados y que se abra un espacio de diálogo real y participativo con organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias.

Las entidades se sumaron al reclamo de colectivos y referentes que alzan su voz en defensa de los derechos adquiridos, alertando sobre las consecuencias concretas y regresivas que tendría la iniciativa.

Fuente: ASDRA / Red T21

Pablo Recchia

Opinión

Saber que te escuchan, que te entienden y que hay disposición para encontrar soluciones a través de una Ordenanza municipal, un decreto, una resolución, o directamente se logra una Ley nacional, provincial, municipal, que ampare derechos fijados en la constitución, en legislaciones presentes, en tratados internacionales, es parte de los logros que suelen pasar años para que se cumplan, pero que llegan.

Esos pequeños o grandes logros, no son ni más, ni menos que derechos adquiridos y mejor calidad de vida para nuestros hijos y para toda persona con discapacidad.

Nosotros solo actuamos como idóneos, como referentes, aportando nuestra experiencia y militancia y también como veedores para que las cosas se hagan bien. La información y el conocimiento nos otorga poder, ese poder bien utilizado y bien intencionado.

Venimos de la época donde las políticas públicas en discapacidad las regía la Comisión Nacional Asesora para las personas con discapacidad (Conadis) dependiente de la Jefatura de Gabinete de ministros. El cuarto piso de ese hermoso edificio en CABAgg era ocupado totalmente para resolver, cumplir y trabajar sobre las leyes de vanguardia que ya teníamos en los años '90, y debatir las vicisitudes del Consejo federal de Discapacidad (COFEDIS), que si funcionaba de verdad.

Por ejemplo, escolaridad, salud, vivienda, trabajo, acceso a la tecnología, deportes, recreación. Siempre atentos a que la discriminación y el estigmatismo disminuya al máximo posible.

Por aquellos años (década de los 90) comenzaba la globalización, la comunicación, la tecnología y eso nos permitía poner en práctica muchas cosas que antes eran desconocidas pero las teníamos en mente. Formamos el Movimiento Asociativo de padres a nivel nacional y trabajamos fuertemente organizando congresos, conferencias, seminarios, y también convocamos a prestigiosos referentes internacionales quiénes nos indicaban muchas veces el camino a seguir basados en las experiencias de otros países más avanzados.

Por entonces, Naciones Unidas (ONU) y sus miembros parte, estaban ya trabajando junto a profesionales y personas con discapacidad de todo el mundo, en la creación de la Convención Internacionales sobre los derechos de las PCD. Nuestro país como miembro también era parte.

Esto fue en los comienzos del nuevo milenio, puesto que para 2006 ya estaba formateada la Convención que luego de varios años en conjunto, se da a conocer a nivel mundial.

Para Argentina fue "el primer Tratado Internacional" que rúbrica en este nuevo milenio, siendo para nosotros una gran alegría y una herramienta fundamental y constitucional para trabajar sobre derechos.

Con esta Convención, de hecho se deroga felizmente el modelo médico hegemónico sobre discapacidad (la PCD no es un enfermo), y se pone en marcha el modelo social sobre discapacidad bajo los nuevos paradigmas de derechos humanos.

Nuestros hijos, todas las personas con discapacidad o alguna condición son considerados Sujetos de Derechos, tienen identidad, tienen derechos y obligaciones como ciudadanos. Se educan. Votan. Participan de la vida política de nuestro País. Deben acceder al mercado laboral competitivo. Acceden al sistema de salud, etc.

Lo que se consideraba "beneficios", se promociona claramente como derechos. Todo esto expresado en los cincuenta artículos de la Convención y su decreto facultativo.

Un logro. Una conquista. Una responsabilidad y un reconocimiento humanitario.

Argentina pone en vigencia la Convención de la ONU en el año 2008 como ley nacional 26378. Sumado a lo que ya existía como la ley 24901 de prestaciones básicas, entre otras, pensábamos que los tiempos venían con viento a favor.

Luego en 2016 el gobierno de turno convierte la CONADIS en la ANDIS ( Agencia Nacional de Discapacidad), quien tenía autonomía y presupuesto para llevar adelante políticas publicas para que las PCD accedan a sus derechos. No funcionó como se pensaba, pero al menos era un espacio de discusión.

Dicho esto y puesto en conocimiento a quienes no entienden mucho sobre lo que está pasando hoy en políticas públicas en discapacidad, se pueden mencionar algunas de las situaciones actuales por las que estamos luchando e intentando reivindicar, sin caer en la liviandad de opinar solo porque lo escuché, sobre quitas (injustas) de pensiónes. Reformas del sistema de salud que otorga derechos de prestaciones a sus afiliados.

Trabas y barreras impuestas en Educación y todo el sistema de educación Inclusiva que ya fue discutido en implementado para que nuestros hijos y PCD accedan a la educación de calidad. Desaparece la capacitación. La Asignacion Universal para asegurar estos derechos (que inauditamente) hoy lo consideran gastos innecesarios y desaparecen de las actuales politicas públicas. Al menos en la práctica cotidiana. Cuántas veces ya hemos escuchado hablar de Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Inclusivas, eso ya quedó el la utopía y en los: eso no se puede!

Cometen actos ilícitos y de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), eliminan derechos básicos. Desintegran la Agencia y pasa a ser un área del Ministerio de Salud de la Nación, ignorando de esa manera la Convención, ley nacional 26378, volviendo de esta manera al Modelo Médico de discapacidad. La PCD vuelve a ser considerado una persona enferma que hay que curar, rehabilitar, encerrar, no educar.

Al parecer para este gobierno la discapacidad es sinónimo de "enfermedad" lo que lisa y llanamente vulnera derecho y retrocede conquistas de años, solo por decisiones de ineptos y funcionarias que desconocen de que se trata la discapacidad y solo ven números para llegar al tan mentado "déficit cero" sin importar la salud y los derechos de parte de su población, que teniendo en cuenta sus sistemas de apoyo llega a ser el 40% de todos los votantes argentinos.

Esto es estadística comprobada, no es inventar un número. Estadísticas tenemos muchas, y números también, a pesar del inepto funcionario que dirige el INDEC, que inventa números y no nos permitió saber en el censo 2022 la cantidad de PCD que hay en nuestro país. Información muy importante para determinar el individualizar problemas en diferentes colectivos y tener presupuestos reales para sostener el sistema de protección de personas, instituciones y salud de las PCD.

Promovemos el diálogo. Nos ponemos a disposición. Nos manifestamos con marcha pacíficas y entregamos manifiestos a las autoridades. Ofrecemos nuestra experiencia y estamos dispuestos a todo tipo de colaboración. Acompañamos a prestadores y a todo aquello que tenga que ver con los sistemas de apoyos de nuestros hijos.

La respuesta es represión, derogación de leyes, violación de derechos, ignorar la legislación vigente. No poner en marcha la ley de emergencia en Discapacidad, violando clarmente derechos Constitucionales. Considerar los derechos como gastos y también ignorar que las políticas públicas de este gobierno (si existieran) son un camino asegurado a que muchas personas queden en el camino. Se mueren, se enferman, las familias colapsan. Las instituciones también. La desidia avanza.

Este 2026 nos encuentra llenos de desafíos e incertidumbres. difícil de planificar

Hoy no sabemos dónde estamos parados.

No vislumbramos un cambio

Estamos desamparados y al borde del abismo.

No es necesario que el lector este de acuerdo conmigo, pero sí es necesario discutir y ponernos de acuerdo para generar el cambio que necesitamos para salir de esta gravísima situación sin echarle la culpa a nadie.

Es difícil hacerse a la idea que el individualismo triunfa sobre lo colectivo, sin importar "el otro", invisibilizar al individuo, desconocer la condición de cada persona.

No busquemos Simbolismos, no hagamos interpretaciones. Simplemente "hagamos algo"

*Referente Nacional

Mientras el Senado se prepara para el debate del Presupuesto 2026 que tendrá lugar este viernes, en el Gobierno debaten posibles pasos a seguir en caso de quedarse sin margen para derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. En ese sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que si no se logra modificar el texto implementarán un ajuste para cumplir con el déficit cero. En paralelo, la Justicia ordenó aplicar la norma sobre el gasto de universidades para recomponer salarios docentes y becas estudiantiles.

Luego del rechazo en Diputados del capítulo XI, que contemplaba la derogación de ambas iniciativas cuestionadas por el oficialismo, y previendo la aprobación de la ley de leyes tal como llegó desde la Cámara baja, el funcionario nacional advirtió que en caso de que no se logre “corregir” habrá que “empezar a ajustar de otras partidas”.

“Presupuesto tenemos que tener”, remarcó e insistió: “Nos merecemos tener una hoja de ruta, una manera de expresar una visión, un camino, un presupuesto cuyo 85% está en jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad”, subrayó.

“Los argentinos deberíamos bregar por tener Presupuesto y creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección”, confió Santilli. En ese plano, el Ejecutivo puso en marcha una estrategia para convencer a los legisladores nacionales que responden a los mandatarios provinciales con el fin de reunir los votos que le permitan tener la sanción definitiva.

En diálogo con “Pan y Circo”, el programa que se emite por Radio Rivadavia, el Ministro del Interior destacó que Salud, Educación y Discapacidad conllevan “aumentos por encima de la inflación sustancialmente”. Y apuntó contra las leyes las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario aprobadas por el Congreso: “Configuran un exceso de norma”.

“Cuando vos mirás el marco regulatorio que generan las pensiones por discapacidad, si lo tomas al extremo son 1.600.000 nuevas pensiones por discapacidad. Estas son las cosas que hay que corregir”, puntualizó. Sobre qué hacer respecto a esas dos leyes que hasta ahora el Gobierno no pudo frenar, admitió que “la discusión (al interior del oficialismo) está entre derogación y corrección”.

“Ahí tenés un debate. Pero para nosotros, si eso no camina, lo que tenés que hacer es empezar a ajustar de otras partidas”, apuntó y amplió: “Si eso no prospera (hay que) trabajar para tener un camino de diálogo y de corrección en esa materia”.

La Justicia Federal otorgó una cautelar para actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales, luego de un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional que cuestionó la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario dispuesta por el Poder Ejecutivo y advirtió un impacto directo sobre el funcionamiento del sistema y el derecho a la educación.

El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización del monto de las becas estudiantiles, en función del índice inflacionario.

La resolución judicial llega en un contexto de fuerte tensión entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo. Tras la sanción de la ley, el Gobierno dispuso su suspensión mediante el Decreto 795/2025, al sostener que la norma no autorizaba ni preveía de manera expresa los gastos necesarios para garantizar el financiamiento universitario. Esa decisión dejó sin efecto, en la práctica, los mecanismos de actualización salarial y de becas previstos por la ley.

Ante ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional inició a fines de octubre de 2025 un proceso colectivo con un doble objetivo: solicitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. El planteo puso el foco en los artículos 5 y 6, al considerar que la falta de actualización salarial y de becas profundizaba la pérdida del poder adquisitivo y comprometía el normal funcionamiento de las universidades.

En su presentación, los actores alegaron una afectación colectiva y urgente. Argumentaron que el incumplimiento de la ley no solo impactaba en los ingresos de docentes y no docentes y en el acceso de los estudiantes a las becas, sino que también lesionaba derechos constitucionales vinculados a la educación y a la autonomía institucional de las universidades nacionales.

Al resolver, el juez Martín Cormick dispuso: “Admitir la cautelar solicitada por la actora declarando inaplicable a su respecto, lo dispuesto en el decreto 795/2023 aquí impugnado en cuanto dispone al promulgar la ley 27.795 que por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACION, determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere’”. (Ámbito)

El presidente Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y ratificó que el eje central de la política económica seguirá siendo el déficit cero. En medio de versiones sobre un posible rechazo presidencial, el mandatario confirmó que el Gobierno avanzará con el proyecto y realizará ajustes en las partidas necesarias para sostener el equilibrio fiscal.

Luego de la aprobación en general, Milei destacó el resultado parlamentario y subrayó la complejidad del trámite legislativo. Señaló que el oficialismo logró el quórum, el tratamiento por capítulos y la aprobación de 11 de los 12 apartados sometidos a votación. En ese marco, remarcó la importancia de haber alcanzado la media sanción y sostuvo que el texto aprobado está construido sobre la base del superávit primario.

El Presidente se refirió al rechazo del capítulo XI, que incluía la derogación de leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad. Aclaró que, pese a esa modificación, el Ejecutivo “acomodará las partidas” para cumplir con el déficit cero y enfatizó que no se recurrirá a aumentos impositivos. Según explicó, el superávit fiscal permitirá cubrir al menos el pago de intereses de la deuda.

En relación con la agenda institucional, Milei abordó las designaciones en la Auditoría General de la Nación y negó que exista una traición política hacia sectores aliados. También rechazó versiones sobre acuerdos con dirigentes del peronismo y sostuvo que su gestión no mantiene pactos con la oposición kirchnerista.

El mandatario se refirió además a la designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a quien definió como un especialista clave en la estructura impositiva. Minimizó las causas judiciales en su contra y afirmó que no corresponde prejuzgar sin condena firme.

En el plano económico, Milei confirmó que el Gobierno afrontará los vencimientos de deuda previstos para enero y aseguró que existen alternativas de financiamiento suficientes. También defendió el esquema cambiario y el plan de acumulación de reservas, que prevé compras significativas en función de la demanda de dinero.

Sobre el mercado laboral, reiteró que la reforma impulsada por su gestión no es contra los trabajadores ni los sindicatos, sino que apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Finalmente, descartó una reforma constitucional y afirmó que su futuro político estará limitado a uno o, como máximo, dos mandatos, dejando la decisión final en manos del electorado.

Tan solo unas horas después del revés que el oficialismo sufrió en la Cámara de Diputados, donde perdió varios apoyos y no logró avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, la mesa chica del Gobierno se reunió este jueves por la tarde para definir cómo seguir las negociaciones por el Presupuesto 2026 y decidió buscar la forma en el Senado para insistir con las derogaciones -o alguna alternativa- del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

El encuentro comenzó cerca de las 14:00 en las oficinas del Ministerio del Interior, con la participación de su anfitrión, Diego Santilli; su par de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

El cónclave se dio en medio de un clima turbulento y mientras en los alrededores de Balcarce 50 se lleva adelante una masiva movilización de la CGT en contra de la reforma laboral y las otras iniciativas que el Poder Ejecutivo busca aprobar durante las sesiones extraordinarias.

Durante la madrugada, varios de los habituales aliados de La Libertad Avanza votaron en contra de artículos clave del presupuesto y también acusaron a las autoridades nacionales de violar la Constitución al elegir a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Durante la reunión, la cúpula libertaria coincidió en que el proyecto, tal como salió de Diputados, es deficitario, por lo que van a buscar una forma de incluir durante el debate en el Senado los puntos del artículo 75 que fueron rechazados durante la madrugada del jueves.

Si bien no pueden insistir con esa misma redacción, porque la Constitución no lo permite, las autoridades nacionales están planeando una estrategia para agregar durante la discusión en la Cámara alta algún apartado vinculado al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, aunque no necesariamente será la eliminación.

Para esto, tiene poco tiempo, ya que este mismo viernes Bullrich deberá conseguir el dictamen sobre el proyecto que ya tiene media sanción, para que pasen los 7 días reglamentarios y llevarlo a votación en el pleno el 26 de diciembre.

El objetivo final es que luego el texto vuelva a Diputados para que se convierta en ley el 29 de este mismo mes, justo en el límite de la finalización de las sesiones extraordinarias.

Si bien reconocen que fue una derrota la caída del Capíto XI de la iniciativa, en el Gobierno sostienen que “es una gran noticia que haya avanzado el Presupuesto” y aseguraron que “eso se ve reflejado en los mercados, que reaccionaron muy bien”.

En un comunicado, el partido fundado por Mauricio Macri remarcó que la objeción sobre la conformación de la AGN “fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional”.

“Esto fue debidamente asentado en el Diario de Sesiones. El artículo 63 de la Constitución Nacional es claro: durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo. La designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario”, protestó.

“El PRO jugó muy bien, puso todo en la cancha y eso lo valoramos. Es cierto que nunca se logró saldar la discusión por la AGN y también es verdad que ahora hay otra composición legislativa y La Libertad Avanza está en su derecho de reclamar lugares. El acuerdo con nuestros aliados no se pudo lograr y esto, por decirlo de alguna manera, deja un saldo a favor de Cristian Ritondo”, comentó una persona al tanto de las negociaciones.

En el Senado, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, estaba esperando las órdenes de la Nación para saber cómo continuar con el tratamiento del proyecto, que ahora quedará en sus manos.

Tal como anticipó este medio, en la cúpula libertaria responsabilizan a seis gobernadores por lo sucedido en el Congreso y no descartaban vetar todo el texto en caso de que sea sancionado como quedó, al considerar que si el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad se sostienen, se vulnera el déficit cero.

Una de las alternativas era volver a incluir las derogaciones, que originalmente estaban en el rechazado artículo 75, pero esta posibilidad todavía estaba bajo análisis, ya que solamente la Cámara de origen puede insistir con algún párrafo que haya sido quitado durante el tratamiento.

“Se puede hacer un intento rescribiendo la norma, pero a riesgo de que te lo bochen después los senadores y te expongas. O que pase y enojes más a los diputados y te lo bochen allá. Hay que hacer evaluación de costo/beneficio. Y nueva negociación para abrir”, sostuvo a Infobae una fuente cercana a las conversaciones.

En el medio, sin embargo, está el enojo del PRO, que todavía mantiene su distancia por haber quedado fuera de la composición de la AGN, pero también porque la estrategia del oficialismo implicó que no se aprobara el pago de la deuda de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

Esta medida, que había sido acordada entre Santilli y Ritondo, jefe del bloque amarillo en Diputados, fue incluida en el polémico Capítulo XI, de “Disposiciones generales”, que también tenía las derogaciones al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad.

Por esta razón, en la madrugada del jueves, cuando se votó en particular el Presupuesto 2026, ese artículo se cayó junto con todos los otros que componían el apartado en disputa.

A las 5 de la mañana, cuando ya todo había finalizado, el ministro del Interior se comunicó telefónicamente con su ex compañero de banca para explicarle la posición de los libertarios, pero no hubo consenso y el PRO publicó el duro comunicado contra el oficialismo.

Por la tarde, el funcionario volvió a llamar al legislador de la oposición “dialoguista” para intentar recomponer el vínculo que, por el momento, sigue frío.

En tanto, para las autoridades porteñas, “fue un error que se incluyera el tema de la coparticipación de CABA en ese capítulo” y consideran que “debería haber tenido un capítulo especial y ser tratado de manera diferenciada”.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido a último momento por el oficialismo. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayeron del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno.

La Libertad Avanza consiguió el quórum y buscó blindar el debate proponiendo una votación "por capítulos" para agilizar el trámite, pero se topó de frente con una muralla opositora: desde el radicalismo hasta la izquierda y el peronismo le exigieron votar "artículo por artículo", una maniobra diseñada para exponer cada recorte y obligar a los aliados del Gobierno a dejar sus huellas en los ajustes más sensibles.

El clima se caldeó al instante con artillería pesada disparada desde la izquierda. Myriam Bregman no se guardó nada y denunció "extorsión con ATN" y "compra de votos" por parte de la Casa Rosada para disciplinar a las provincias. El reclamo por la votación nominal no fue técnico, sino político: la oposición buscó que quienes levanten la mano para desfinanciar universidades o áreas de discapacidad deban "dar la cara" individualmente, convirtiendo la sesión en un campo minado donde cada artículo aprobado tendrá un costo político con nombre y apellido.

Dentro de los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza del proyecto general llegaron desde Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. Las oposiciones fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal (integrada por Nicolás Massot y Miguel Pichetto). Una particularidad se vio en el bloque de exlibertarios País Federal, en donde sus dos miembros votaron distinto: Marcela Pagano se opuso, mientras que Claudio Álvarez apoyo el Presupuesto 2026 oficialista.

Antes de la votación en general y pasada la medianoche, "Bertie" Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la "Jurisdicción 5 del Poder Judicial". Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluye el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Aún así, a la hora de la votación de ese capítulo (que además removía la movilidad de asignaciones familiares y reducía las regiones alcanzadas por el régimen de zona fría) distintos aliados provinciales modificaron su postura: la neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el mencionado puntano Claudio Álvarez y los peronismos tucumanos y catamarqueños se posicionaron igual que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas (que se abstuvo hasta la última definición, en donde su postura fue fundamental), para superar por 123 votos a 117 al entramado libertario. También se registraron 2 abstenciones del radicalismo (los chaqueños Cipolini y Agüero) y dos ausencias del MID.

A la madrugada alcanzó media sanción (130 votos a favor y 107 en contra) otras de las propuestas del oficialismo. Se trata de la modificación del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones y priorizando la intervención penal en casos de mayores sumas. La iniciativa, que lleva el nombre de Presunción de Inocencia Fiscal, también garantiza una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias en el que el organismo auditor presupone lícitos los activos patrimoniales.

Luego de esa aprobación, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso la votación de la designación de los tres auditores generales de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (representante de las provincias). La iniciativa provocó la ofuscación de Cristian Ritondo (PRO), que señaló que ese tema no corresponde a extraordinarias: "Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara".

En ese momento, los miembros de Provincias Unidas definieron salir del recinto. Fueron seguidos por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda; quedaron provincialistas, peronistas y libertarios. Hasta ese momento cruzados, coincidieron en la aprobación a mano alzada de los representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación. Pasadas las 3 de la madrugada, juraron en la misma sesión.

Recaían dudas sobre la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. Finalmente, la sesión se cayó por falta de quorum y el tema no tuvo tratamiento.

Otro momento llamativo de la sesión ocurrió cuando tomó la palabra el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) que destacó obras en rutas nacionales y autopistas de su provincia, aunque se equivocó de dictamen: leyó el proyecto peronista. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó Germán Martínez.

Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, "con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales". El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.

El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.

Entre los proyectos más criticados por la oposición se encontraba el artículo 69, que reducen los territorios geográficos alcanzados por el Régimen de Zona Fría; y el artículo 70, que derogaba tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares eliminando la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones sujetadas a la movilidad previsional, pasando a depender de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, en su artículo 75, eliminaba dos leyes sancionadas este año que fueron insistidas por dos tercios del Congreso: la de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones, que "resultará insuficiente", según un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, los aumentos iban a ser determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS.

En el artículo 30, se derogan también las disposiciones legales para el aumento paulatino de inversión en Educación Técnico Profesional, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación Nacional y el Fondo Nacional de la Defensa. También se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, dispuesto en el 2023, aunque se establece un incremento real del 5,7% en jubilaciones.

(Con información de Perfil y Ámbito)

El Gobierno no detiene su estrategia parlamentaria: distribuyó la integración de comisiones a su favor, consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 y ya tiene convocada una sesión en Diputados para el miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de alcanzar la media sanción en período de sesiones extraordinarias. También avanzó su iniciativa de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que impone sanciones penales a quienes ejecuten incrementos presupuestarios sin recursos acreditados.

El borrador final del proyecto libertario se conoció en el mismo plenario y su contenido replica en gran medida el contenido de la propuesta dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa, que obtuvo 28 firmas (entre ellas 6 en disidencia, del PRO, UCR, MID e Innovación Federal), proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Finalmente, la iniciativa deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad sancionadas (motivo por el que respaldaron con disidencia el bonaerense Falcone y el misionero Herrera), se prorroga beneficios impositivos a la energía renovable e incorpora eximición de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Se conocieron otras dos iniciativas. Una de ellas es de Unión por la Patria (18 apoyos) que precisamente hizo hincapié en las leyes insistidas por el Congreso (financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y fondos para salud pediátrica). La presentación de sus puntos principales fue realizada por Germán Martínez, quien insistió en la nueva narrativa justicialista ("no hay un único camino") enumerando propuestas el peronismo legislativo debatió durante el último año: presupuesto para el ENARD, el sostenimiento de la ley que promueve aumentos paulatinos de los fondos educativos y la preservación de la extensión del régimen de Zona Fría.

La otra redacción es de Provincias Unidas, con tres respaldos. Su documento, cuya premisa es que "alcanzar el equilibrio no puede implicar el desfinanciamiento de políticas esenciales", también promueve el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad y en salud pediátrica. Además, agrega líneas de financiamiento para el Fondo Nacional de Bosques Nativos, FAdeA, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Empleo, mientras que incorpora instrumentos para la "protección del patrimonio estratégico" y para el registro de capitalización de la deuda pública.

La Libertad Avanza logró que avance su proyecto con los acuerdos previos con los gobernadores, pero además se garantizó el dictamen de mayoría a partir de una distribución selectiva de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así fue que entre el empate de dos interbloques (el de Provincias Unidas-Encuentro Federal y el del PRO-UCR), se distribuyeron cuatro lugares para radicales y macristas, más alineados con el oficialismo, en detrimento de los tres representantes de los provincialistas opositores. Misma lógica ocurrió con el Frente de Izquierda (con un bloque de 4 diputados), al que no le cedieron representación, aunque sí lo hicieron a Elijo Catamarca (3) y Producción y Trabajo (2). (Ámbito)

La política de castraciones gratuitas llevada a cabo por la Municipalidad de Gualeguaychú vuelve a quedar en el centro de los cuestionamientos de las organizaciones proteccionistas de la ciudad.

A través de un comunicado, cinco espacios que trabajan voluntariamente con perros y gatos (Provoin, Patitas, Amores perros, El refu de Mario y Su, Refugio Annita) salieron al cruce de las cifras de castraciones dadas a conocer por el gobierno local.

“Las organizaciones proteccionistas de Gualeguaychú reunidas en Proteccionistas Unidos advierten: las cifras de castración publicadas por el Municipio no representan ningún avance”, expusieron. Al tiempo que expresaron una “profunda preocupación frente a la reciente comunicación oficial de la Municipalidad, que presentó 247 castraciones mensuales como un ‘avance’ en el control poblacional de perros y gatos”.

“Esa afirmación es técnicamente falsa y genera una grave desinformación pública”, cuestionaron. Y, en esta línea, recordaron que el Programa de Equilibrio Poblacional (PEP), plasmado en la ordenanza municipal 12.803/23, establece que para comenzar a controlar la sobrepoblación animal se necesitan: 833 castraciones por mes, todos los meses (ese es el “número de oro”), sumado al cumplimiento simultáneo de las seis características obligatorias de las castraciones, que deben ser gratuitas, masivas, sistemáticas, extendidas, tempranas y no excluyentes.

“Sin esas seis condiciones y sin las 833 mensuales, el programa no funciona”, remarcaron los proteccionistas. Y aclararon: “esto no es una opinión, es matemática, es epidemiología, es política pública basada en evidencia”.

En esta misma línea, desde Proteccionistas Unidos aseguraron que presentar las 247 castraciones de noviembre y las 326 de octubre como “logro” o “avance” es engañoso. Ya que “con esos números: no se frena la reproducción; no disminuye la sobrepoblación; no bajan los nacimientos; no mejora la salud pública; no se cumple la ordenanza; con esas cifras, la población canina y felina sigue creciendo más rápido de lo que se castra. Es decir: el problema no solo no mejora, sino que se agrava”.

“Falsa sensación de avance”

Por otro lado, el comunicado de Proteccionistas Unidos remarca el “riesgo de comunicar como ‘éxito’ lo que es un incumplimiento”. Ya que “cuando se presenta como un logro una cifra que está muy por debajo de lo que exige el PEP, lo que se genera es: desinformación social; una falsa sensación de avance; un uso ineficiente del dinero público; la continuidad del abandono, el maltrato, el sufrimiento animal y los riesgos sanitarios”.

En este sentido, interpelaron al Ejecutivo municipal: “¿Por qué, si saben cómo debe aplicarse el Programa, lo aplican mal?”, se preguntan los proteccionistas. Al tiempo que sostienen que el fracaso del PEP “no le sirve a nadie”, ni a la ciudad, ni a los animales, ni a la salud pública, ni al ambiente, ni a los contribuyentes.

“Solicitamos al sr. intendente Mauricio Davico y a los funcionarios responsables, Juan Ignacio Olano e Ivana Zecca, cumplir la ordenanza 12.803/23 vigente. Alcanzar las 833 castraciones mensuales exigidas por el PEP. Garantizar el cumplimiento completo de las seis características obligatorias. Reordenar el programa con criterio técnico y evidencia, no con improvisación. Capacitar al personal (es gratuito).

Dejar de comunicar como avances cifras que comprometen la salud pública y perpetúan el problema”, exigieron sobre el final del comunicado en el que también pidieron tener la “decisión política de aplicarlo (al PEP) como corresponde”, porque “cuando el PEP fracasa, pierde toda la ciudad”.

El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial que dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el año pasado. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

La decisión apunta a revertir el fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró inválida la paralización de la norma y dispuso su plena vigencia. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la sentencia constituye una intromisión en atribuciones propias del Ejecutivo, en especial en materia de administración del gasto público y elaboración del presupuesto.

En la Casa Rosada remarcan que la ley fue aprobada sin precisar las fuentes de financiamiento, un punto que, según argumentan, vuelve inviable su implementación en los términos fijados por la Justicia. En ese sentido, advierten que cumplir con la norma tal como fue ordenada podría comprometer el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico oficial.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Aunque fue promulgada, el Ejecutivo dispuso luego su suspensión a través del Decreto 681/2025, bajo el argumento de que el Congreso no había establecido cómo financiar las medidas previstas.

La parálisis de la ley generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que denunciaron el impacto directo sobre tratamientos, servicios e instituciones. En ese marco, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, lo que derivó en el fallo que ahora el Gobierno busca revertir.

En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias, y recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tratados internacionales.

Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si convalida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y el alcance de las competencias entre poderes. (Ámbito)

La Justicia ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de este año.

Si bien el gobierno nacional había promulgado la norma, su ejecución se encontraba en pausa porque el Poder Ejecutivo argumentaba que el Congreso no había estipulado el origen de los fondos.

Ahora, el Juzgado Federal de Campaña puso fin a la controversia y en un fallo de alto impacto social declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución.

La sentencia ordena la inmediata aplicación de la ley en todo el país y tiene efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios, quienes habían visto restringidos sus derechos por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos menores de edad titulares de Certificado Único de Discapacidad, y rápidamente sumó la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país. El reclamo central apuntaba a que la suspensión de la ley, dispuesta por el decreto presidencial, privaba a miles de personas de las medidas de emergencia diseñadas para garantizar la continuidad de tratamientos, la calidad de los servicios y la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación y la inclusión social.

El conflicto de fondo giró en torno a la división de poderes y la supremacía constitucional. El Congreso había sancionado la Ley 27.793 en julio de 2025, declarando la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. El Poder Ejecutivo Nacional vetó la norma por razones de sostenibilidad fiscal, pero el Congreso rechazó el veto y, conforme al Artículo 83 de la Constitución Nacional, la ley debía ser promulgada y aplicada sin condiciones. Sin embargo, el Ejecutivo dictó el Decreto 681/2025, suspendiendo la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional, invocando el Artículo 5° de la Ley 24.629 y el Artículo 38 de la Ley 24.156.

La demanda colectiva argumentó que esta suspensión constituía una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación del principio de supremacía constitucional. Sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional no puede condicionar la vigencia de una ley sancionada por insistencia parlamentaria, ni subordinarla a normas de rango inferior. Además, denunció que la medida perpetuaba el desfinanciamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, agravando la crisis de instituciones, profesionales y familias.

El expediente reunió un extenso caudal probatorio y la adhesión de entidades como la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), la Asociación de Transportistas y Amigos Educación para Capacidades Distintas (ATAECaDis), y la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre, entre muchas otras.

Los informes de amicus curiae y las presentaciones de prestadores y familiares coincidieron en describir una crisis estructural: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6%, generando una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%. Se documentó el cierre de instituciones, la interrupción de tratamientos, la pérdida de empleos y la imposibilidad de sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.

El Ministerio de Salud de la Nación, en su defensa, negó que el decreto implicara una suspensión arbitraria y sostuvo que la ejecución de la ley sin financiamiento específico pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales del Estado. Argumentó que el Jefe de Gabinete de Ministros no podía reasignar partidas presupuestarias para la ley suspendida y que la decisión de incluir los fondos correspondía al Congreso. Además, advirtió que hacer lugar al amparo podría afectar gravemente el funcionamiento de otras áreas estatales.

El fallo del Juzgado Federal de Campana analizó en profundidad la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos de incidencia colectiva, la legitimación para accionar en defensa de intereses individuales homogéneos y la obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables. El juez recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad en materia de derechos sociales.

En uno de los pasajes centrales, la sentencia sostuvo: “la cláusula del Art. 2 del Decreto 681/2025 resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Art. 83 de la Constitución Nacional.

El fallo subrayó la gravedad de la situación para las personas con discapacidad, especialmente niños y adultos mayores, y la necesidad de una protección reforzada. Citó la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció el derecho autónomo al cuidado y la obligación estatal de garantizarlo. Además, rechazó los planteos de la demandada sobre hechos nuevos vinculados al debate presupuestario en el Congreso, por considerarlos irrelevantes para la cuestión de fondo.

En su parte resolutiva, el juzgado hizo lugar a la acción colectiva, declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 para todo el colectivo representado. Impuso las costas al Estado Nacional y dispuso la notificación a todas las partes y la publicación del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos publicó Infobae.

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover una mayor integración en la sociedad. En Argentina, la fecha también tiene alcance nacional desde el año 2000, cuando se instituyó por Ley 25.346.

En 2025, el día encuentra al país en medio de un escenario complejo: aunque la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada tras una extensa lucha del sector y ratificada por ambas cámaras del Congreso luego del veto presidencial, la norma aún no se implementa. La falta de avances profundiza la preocupación de familias, instituciones y profesionales del sistema, que advierten un deterioro creciente en los servicios y en las condiciones de atención.

En este contexto, Pablo Recchia, referente y militante del sector, escribió para EL ARGENTINO un mensaje que llama a la reflexión y describe la situación actual como crítica. “Este 3 de diciembre, día Internacional de las PCD reflexionemos: como padre de una mujer con Síndrome de Down, como militante en discapacidad hace más de 30 años, como referente nacional en estos temas y representante de organizaciones afines, entre otras cosas que me avalan, pido que reflexionemos: qué conmemoramos este 3 de diciembre?, qué tenemos que festejar?, qué es lo que tenemos que comunicar?”, expresó, enumerando una serie de preocupaciones: “Se pierden derechos adquiridos; se violan legislaciones constitucionales; se suspenden prestaciones y servicios esenciales para personas con discapacidad; se caen los sistemas de apoyo; se destapan actos de corrupción inéditos en Argentina en detrimento de las Pensiones con Discapacidad; se agravia en todo momento a las personas con discapacidad y todos sus colectivos”.

Recchia también convocó a abrir instancias de diálogo “para que esta perversa política y persecución se termine de una vez, en nombre del déficit cero y el ajuste que este gobierno pretende hacer sobre las franjas más vulnerables”. Y remarcó: “Nuestros hijos, por su condición, no son la variante del ajuste, ni ciudadanos de segunda o tercera categoría”.

La fecha vuelve a poner en discusión la necesidad de pensar políticas de inclusión que trasciendan el plano declarativo y se traduzcan en acciones concretas. “Nuestros hijos son sujetos de derechos según la CDPCD de ONU, ley 26378, y de nuestra Constitución Nacional, art. 75 inciso 22. La vida de todos los colectivos de personas con discapacidad, de por sí, ya es difícil, y se la estamos haciendo caprichosamente peor, angustiante, violenta, perversa, injusta, con precariedad, innecesariamente”, advirtió Recchia.

A fines de octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció un aumento de entre el 29% y el 35% en las prestaciones, a pagarse en tres tramos entre octubre y diciembre. La medida fue recibida con cautela y también con desconfianza por parte de instituciones y profesionales que, desde hace meses, reclaman actualizaciones que acompañen la inflación y pagos en tiempo y forma.

Según señalaron referentes del sector, los montos anunciados continúan muy por debajo de las necesidades reales. “Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es (…) seguimos trabajando con recursos que no alcanzan”, plantearon.

En su reflexión, Recchia fue contundente: “Este 3 de diciembre no tenemos alegrías, no tenemos un norte que nos guíe, no vemos futuro ni claridad. Hay desesperados intentos de familias, instituciones, prestadores, profesionales por subsistir y vemos que la decadencia es aún mayor día a día. Hay intentos y buenas intenciones. Pero no alcanza”.

El referente concluyó su mensaje subrayando la necesidad de un Estado presente: “Necesitamos políticas públicas en discapacidad y un Estado presente y responsable para que garantice que los sistemas funcionen y no dejen desamparadas a miles y miles de familias. Hay intentos y buenas intenciones. Pero no alcanza. Tenemos que seguir generando conciencia y docencia ante tanta mentira y confusión. Nuestra lucha comienza sistemáticamente cada vez que se producen estas injusticias, y lo seguimos haciendo; ese será nuestro legado”.

El último miércoles, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comunicó que las prestaciones para personas con discapacidad tendrán un aumento de entre el 29% y el 35%, a aplicarse en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre. El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de instituciones educativas, transportistas y profesionales que integran el sistema, que desde hace meses reclaman actualizaciones y pagos en tiempo y forma.

Es que, en lo que va de gestión de La Libertad Avanza (LLA) los prestadores del sector no habían percibido incremento alguno, generando un gran desfasaje en relación a la inflación y los costos operativos fijos. “Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es”, afirmó, días pasados, a este medio Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentino (Asdra).

La falta de pago, las demoras en los mismos, las trabas burocráticas hacen aún más complejas realidades que de por sí son muy difíciles de sobrellevar. Las familias y las profesionales del sector lo volvieron a expresar días atrás, cuando, en la puerta de la Municipalidad de Gualeguaychú, volvieron a reclamar la implementación de la Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso de la Nación tras el veto presidencial.

EL ARGENTINO dialogó con prestadoras del sector, quienes volvieron a poner sobre la mesa la cansadora, agobiante e insostenible realidad que deben soportar.

Hace 24 años que Silvina Levin ejerce como Terapista Ocupacional (TO), desde donde trabaja para que las personas sean lo más independientes posibles en la vida cotidiana y para mejorar su desempeño ocupacional.

En diálogo con EL ARGENTINO, la profesional, que siempre se desempeñó en el sector de discapacidad, destacó el trabajo del equipo interdisciplinario de Aprendiendo a Aprender, institución de la que es parte. Al tiempo que marcó las dificultades a las que deben hacer frente: “Nunca dejamos de atender, a pesar de los atrasos en los pagos, que son de 60, 90 y hasta 180 días. Esto se hace insostenible, ya que nosotros debemos cumplir con los gastos fijos mes a mes, sin demora. Debemos pagar alquiler, monotributo, profesiones liberales, seguro de mala praxis, honorarios de contador, matrícula de los diferentes colegios, etcétera”.

“Nuestro trabajo no se limita solo a la atención del niño, realizamos reuniones de equipo con los padres, en las escuelas, realizamos informes, planificamos sesiones y, aunque lo hacemos con mucho amor y vocación, todo esto queda por fuera del pago”, marcó. Y aseguró: “nos duele tener que tomar la decisión de no trabajar con obras sociales, ya que muchas familias se quedan sin los tratamientos necesarios para sus hijos”.

Por su parte, Paz Bourlot es musicoterapeuta hace 17 años, trabaja con personas con discapacidad y sin discapacidad, y hace seis fundó el Centro Educativo Terapéutico Alíum en la ciudad, dedicado a atender a niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

“Siempre ha sido muy problemático esto de que nunca sabes cuándo te van a pagar, no tenés una fecha fija respecto a a cuándo te abonan las sesiones ya facturadas. Las obras sociales que más temprano pagan están con una demora de 90 días, el resto mucho más. Algunas, inclusive, no pagan nunca”, aseguró la profesional.

“En lo que respecta a mi institución, donde trabajan muchos profesionales, esto es una gran dificultad, porque nunca sabemos con qué dinero contamos cada mes”, puntualizó. Y, sobre la aprobación de tratamientos, explicó que “siempre depende de cada obra social; ha sido una problemática histórica con todos los gobiernos, en ningún momento se han regularizado los pagos de obras sociales”.

“Creo que, no solo en discapacidad, en el sector salud en general, la relación con las obras sociales tendría que ser mucho más clara, todo más rápido, más fácil. Existen muchas trabas burocráticas que generan demoras y desgaste, tanto de las familias como de las profesionales”, cuestionó.

Romina Buschiazo es Acompañante Terapéutica (AT) hace más de 20 años, su relato es casi calcado a los demás, con el agravante de que su profesión no está contemplada en el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Este es un gran problema, ya que el nomenclador es un listado oficial de prestaciones, tratamientos y terapias que deben ser garantizadas a las personas con discapacidad y cubiertas por los agentes de salud, como obras sociales y prepagas.

“Entonces, cada obra social decide cuánto paga por hora, sin una regulación unificada ni actualización acorde a la inflación. Al no estar nomenclada, nuestra prestación es por reintegro, lo que habilita a demoras y falta de reconocimiento administrativo. Estas demoras hacen, muchas veces, que se pierda la continuidad en los tratamientos”, remarcó.

“En algunos casos directamente no reconocen la figura del acompañante terapéutico, pidiendo que una facture como Cuidador Domiciliario u otra profesión, desvalorizando totalmente nuestro rol”, cuestionó Buschiazo. Y, en esta línea, recordó que “si bien existen leyes provinciales y registros, no hay una ley nacional que regule la profesión y establezca un marco ético uniforme”.

Las AT son quienes más tiempo pasan con los pacientes, son el nexo directo con los psicólogos, los psiquiatras, otros profesionales, las familias y las instituciones. Pero también son, dentro del propio sistema de discapacidad, uno de los sub sectores más precarizados.

“La falta de reconocimiento económico y profesional incrementa el agotamiento y el abandono de la profesión. En la misma Ley de Emergencia nos incluyen en el reclamo, pero no se pide que nos incluyan en el nomenclador”, expuso Buschiazo.

“Conozco muchas acompañantes que terminan trabajando en otros rubros porque no se pueden sostener económicamente. Para que se entienda: en noviembre presentamos los presupuestos de tratamiento a las obras sociales y los mismos tienen apenas un 5% de aumento respecto al año pasado. Es ilógico e insostenible”, concluyó la profesional.

Por otra parte, EL ARGENTINO consultó a Marcelo Pighetti, a cargo del área de Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad de Gualeguaychú, para conocer el rol del Estado local ante el desconocimiento del Gobierno Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso de la Nación.

“Son decisiones del Gobierno Nacional, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia”, explicó el funcionario. “Lo que sí puedo comentar es que seguimos trabajando con el objetivo de construir entornos más accesibles e inclusivos para todos. En este sentido, en el mes de octubre se realizaron un montón de actividades y la semana pasada tuvimos una jornada muy interesante destinada a todos los funcionarios y concejales de la Municipalidad”, relató. Al tiempo que remarcó la necesidad de “promover políticas públicas con un enfoque de inclusión, atendiendo y entendiendo todo lo que es la diversidad”.

La actividad a la que hizo referencia Pighetti fue llevada a cabo en el Centro de Convenciones, en forma conjunta entre el Gobierno de Gualeguaychú y el espacio recreativo y terapéutico CREAN, titulada “Más allá de lo que vemos”.

“Todos los funcionarios y concejales del Municipio tienen que trabajar en cuestiones de política pública, pero siempre entendiendo lo que es la diversidad y la inclusión. Este tipo de jornadas sirven para promover derechos para personas con discapacidad, para que, por ejemplo, cuando se haga una ordenanza los concejales las tengan en cuenta”, dijo Pighetti.

La palabra del titular de Accesibilidad e Inclusión deja claro las limitaciones del gobierno local y las nulas herramientas ante las decisiones de Nación. Así, cientos de familias y profesionales quedan a la deriva y, lo más grave, en muchos casos, las y los pacientes deben interrumpir o directamente no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida. La gravedad de la situación no es nueva, ni mucho menos. Pero sí es cierto que, en los últimos dos años, con el congelamiento del valor de las prácticas y la falta de respuestas, tanto de las obras sociales como de la Andis, la realidad se ha tornado desesperante. La discapacidad no puede seguir esperando más, no es un slogan, miles de vidas están en juego.

En el marco de una serie de reclamos del sector profesional y de familiares, que vienen solicitando una actualización de haberes y la normalización del sistema de atención a las personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que se implementará un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador para prestadores del área.

La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos, entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

El aumento del nomenclador se materializa a través de una decisión administrativa del jefe de Gabinete de la Nación. Sin embargo, el Gobierno aún no ha aclarado cuándo pondrá en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, que tras haber sido vetada, recibió el rechazo de ambas cámaras del Congreso de la Nación y quedó finalmente promulgada.

Desde el sector que impulsa la aplicación efectiva de la ley advierten que la nueva medida representa “un pequeño alivio” ante la crítica situación que atraviesan los prestadores.

Así lo definió el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, quien sigue de cerca la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En un video publicado en sus redes sociales, el legislador sostuvo que el incremento anunciado “es un pequeño alivio”, pero reiteró la necesidad de poner en marcha la norma.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Daniel Arroyo (@licdanielarroyo)

“Casi un año después, la Agencia Nacional de Discapacidad actualizó los valores del nomenclador de las prestaciones a las que acceden las personas con discapacidad y sus familias. El aumento, que va del 29% al 35%, se aplicará de manera escalonada en octubre, noviembre y diciembre. La mayor parte de los prestadores (transportistas, terapistas, acompañantes, hogares y centros educativos) recibirán el impacto real entre marzo y abril del próximo año”, explicó Arroyo.

“Es una pequeña mejora, un alivio en un contexto de desesperación, de colapso y de maltrato generalizado. Sé que al menos es un poco de luz hacia adelante. Pero todos tenemos claro que es insuficiente, que esto no resuelve el problema. El Gobierno sigue sin poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de transformar en serio, y eso implica cumplir con esa ley, una obligación que el Gobierno deberá asumir”, concluyó el legislador.

Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza busca cerrar acuerdos antes del 4 de noviembre, fecha límite para emitir dictamen, un sector de la oposición avanza con una propuesta propia para el Presupuesto 2026. El texto alternativo prevé un superávit fiscal del 0,9%, frente al 1,5% planteado por el Ejecutivo, pero incluye tres leyes insistidas recientemente por el Congreso: las emergencias en Discapacidad y en Pediatría, y el Financiamiento Universitario.

“El nuestro es un proyecto con equilibrio fiscal, pero cumpliendo la ley”, sintetizaron referentes de la oposición, que aspiran a llevar la iniciativa a una sesión especial en la Cámara de Diputados entre el 11 y el 13 de noviembre.

Las diferencias entre ambos espacios quedaron en evidencia durante la última reunión encabezada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a quien los legisladores calificaron como “inflexible” ante los pedidos de modificar los números del superávit. Según trascendió, el funcionario insistió en mantener el 1,5% previsto por el Gobierno, argumentando que esa meta permitiría atender los compromisos por intereses de deuda.

Pese a la distancia entre las posiciones, en el Congreso esperan que continúen las negociaciones en las próximas semanas, en paralelo con las reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La próxima cita será el 29 de noviembre, con la presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el titular de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El dictamen opositor busca presentarse como una alternativa viable frente a la propuesta del Ejecutivo, garantizando las metas fiscales pero atendiendo demandas sociales y educativas que, según los bloques dialoguistas, quedaron fuera del esquema diseñado por el Ministerio de Economía.

La concentración se realizó en 25 de Mayo y Rocamora, para luego marchar hacia las puertas de la Municipalidad. El encuentro tuvo como eje central la defensa de los derechos de niños, jóvenes y adultos con discapacidad y el pedido de respuestas concretas al Estado.

Una de las primeras oradoras fue una madre que compartió su experiencia y sus reclamos: “Hoy estamos todos unidos por una misma causa, que es la discapacidad. Yo, como mamá de un hijo discapacitado, lo estoy viviendo en carne propia, así que me siento agradecida de poder estar acá y a todos los que estemos acompañando por esta misma lucha”, expresó.

La mujer, dijo “representar a muchos” y planteó con firmeza las contradicciones de la política pública actual y la falta de respuestas del Estado frente a la situación de precariedad del sector. “Hasta hace un tiempo pensábamos qué hacer para que nos vean, para que nos escuchen. Hoy muchos nos vieron, escucharon y saben que estamos en lucha y en emergencia. Quizá ahora es más complejo, porque aún sabiendo de la vulnerabilidad y precarización que compartimos con otras poblaciones, nos dicen que no somos prioridad, nos dicen que la prioridad es pagar deudas, que la prioridad es no hacer ese gasto que es mayor al ingreso”, sostuvo.

En su intervención, cuestionó la lógica de mercado aplicada a los derechos sociales y la falta de equidad en las políticas públicas. “¿Es responsabilidad del mercado? ¿Será que para poder seguir andando hay que ser capaz de competir y producir lo suficiente para lograr el título de digno? ¿Será que la niñez, el adulto mayor, las personas con alguna enfermedad, discapacidad o con algún modo diverso al del modelo que dicen debemos encajar no tiene lugar si no genera suficientes ganancias para competir? ¿Contra quién? ¿Para quién? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuánto? ¿Será que todos partimos desde el mismo lugar en la carrera de oportunidades? Parecería que no”.

También subrayó el rol que debe tener el Estado como garante de la justicia y la equidad. “Por eso el Estado es quien debe generar, administrar, garantizar equidad, justicia frente a las adversidades en el lugar de partida o durante ese andar en el camino. ¿Cómo no hablar de política si es la herramienta social, si tiene el fin de generar un bien común y para todos?”, leyó ante los presentes.

El texto, atribuido a Fernanda Viduci, incluyó una fuerte crítica a las decisiones económicas que, según las familias, afectan directamente a los sectores más vulnerables. “Hace siglos, era común que quien no era competente para el mercado era prescindible, apartado, escondido o sacrificado. Parece una aberración, pero hoy, con algún mínimo de sutileza y con otros discursos, las acciones tienen similitudes: muchos quedan afuera del sistema”, remarcó.

También se describió la situación de deterioro que atraviesa el sistema de atención a la discapacidad. “Con varios meses de atraso, aranceles congelados desde hace un año. En el 2024 el aumento escalonado fue septiembre el 1%, octubre el 1%, noviembre el 0,8% y diciembre el 0,5%.

No hubo más actualizaciones y un sinnúmero de papeleos y pagos de impuestos, entre otras exigencias. Los valores son irrisorios: los de la sucesión, el litro de nafta para transportistas o las horas de cuidadores o acompañantes terapéuticos. 24.000 pesos y el pago mensual a trabajadores con discapacidad en los talleres, suspensión de pensiones y programas de salud. Y no hubo una auditoría que los justifique. Hoy tenemos que hablar de crueldad, de abandono de persona, porque se niegan derechos básicos una y otra vez. No se puede ser indiferente”.

Entre los presentes, el sentimiento compartido fue el de agotamiento frente a la falta de políticas inclusivas sostenidas. “No recuerdo haber llegado antes a este extremo, estamos cansados, angustiados y sin saber qué más hacer. No se puede esperar la promesa de campaña una y otra vez, nos dicen: no hay plata”, sostuvo otra participante.

El reclamo se centró en la necesidad de que las leyes ya vigentes sean efectivamente aplicadas. “Si bien no es muy largo lo que tenemos para decir, porque la realidad es bien conocida y aplastante, estamos acá porque creemos en una Argentina inclusiva, con lugar para todos. Marchamos por nuestros hijos e hijas, porque queremos un país donde puedan crecer libres, felices y con oportunidades reales. Porque no queremos seguir pidiendo lo que ya está escrito. Hoy contamos con muchas leyes, queremos que se cumplan”, expresó otra de las voceras.

En tanto, el grupo TGD Padres TEA insistieron en que se apruebe y reglamente una ley de emergencia en discapacidad, que permita, según dijeron, “paliar mínimamente las necesidades del colectivo”. También reclamaron mejores condiciones en salud, educación y empleo con apoyo, destacando el rol de las escuelas inclusivas. “En las escuelas se ve todos los días cuánto pueden lograr los alumnos si se les dan las oportunidades. La discapacidad no limita, limitan las barreras. Y las barreras se derriban con accesibilidad, formación, respeto y apoyos. En fin, con empatía”.

El pedido incluyó medidas concretas para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad. “Marchamos por el derecho de los jóvenes con discapacidad a estudiar, trabajar, moverse y participar. Para esto se necesitan rampas, intérpretes, apoyos y oportunidades. Porque jóvenes y adultos con discapacidad quieren ser parte, no punto aparte. Porque la inclusión no es caridad, limosna o regalito, es un principio de justicia”, sostuvieron.

Con firmeza, los oradores remarcaron que los derechos no deben ser negociables. “Creemos que los derechos no se negocian, se garantizan. Y decimos, como en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, nada sobre nosotros sin nosotros”.

El acto culminó con un mensaje esperanzador, pero también con la advertencia de que el reclamo continuará hasta obtener respuestas. “La discapacidad no se recorta, se acompaña. La discapacidad no se excluye, se abraza. La detección temprana, la escolaridad, la formación laboral y el empleo con apoyo, la salud, son un derecho. Por eso creemos que la discapacidad es responsabilidad de todos”.