Granja Tres Arroyos, la principal empresa del grupo avícola GTA, presentó ante la Justicia el pedido de apertura de su concurso preventivo de acreedores, en un nuevo capítulo de la crisis financiera y operativa que atraviesa el holding. Según explicó a Perfil Julio Chamorro, dirigente gremial de Granja Tres Arroyos, actualmente existen dos solicitudes de concurso, una correspondiente a Wade SA y otra a Granja Tres Arroyos, pero ambas aún no habrían sido admitidas formalmente por la Justicia.

“Por el momento GTA S.A. tiene cursadas dos solicitudes de concurso, una por Wade y otra por GTA. Entendemos que la Justicia aún no las admite dado que no se publicó el edicto; técnicamente no están concursados, lo que ocurrirá más pronto que tarde”, señaló Chamorro.

La presentación de Granja Tres Arroyos quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42, bajo el expediente “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”.

Una deuda creciente y una reestructuración que no avanzó

El pedido ante los tribunales se produce después de meses de negociaciones privadas con acreedores que no consiguieron destrabar la situación financiera del grupo. Respecto del pasivo total del grupo es algo que no se puede aproximar, "ya que que GTA no comparte información de ningún tipo incumpliendo el deber de buena fe para con los trabajadores en directa infracción con el art. 04 de la ley 23.546", mencionaron desde la firma.

La propuesta que había sido analizada contemplaba una reestructuración de esa deuda con quitas de hasta 75%, plazos de pago de hasta siete años, incorporación de nuevos inversores y venta de activos considerados no estratégicos. También se había buscado conseguir capital de trabajo mediante aportes de inversores, nuevas líneas de crédito y anticipos de clientes. Sin embargo, el esquema no logró avanzar y la compañía terminó recurriendo al proceso concursal.

La dimensión del deterioro también aparece en los registros financieros. Distintos relevamientos contabilizaron miles de cheques rechazados y una importante deuda bancaria de $115.105.774.630,21.

El conflicto laboral que terminó con una conciliación obligatoria

La crisis financiera tuvo además un fuerte impacto sobre el empleo. Durante 2026, el ajuste se profundizó con despidos y paralizaciones de plantas, lo que derivó en un conflicto con los trabajadores.

El 4 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, frente a los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida contempló la reincorporación de los trabajadores despedidos y abrió una nueva instancia de negociación entre las partes.

Según informó oficialmente la cartera laboral bonaerense, los despidos alcanzaban a 1.200 trabajadores: 700 de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría.

La intervención provincial se produjo en una audiencia entre representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). Además de la reincorporación de los trabajadores mientras regía la conciliación, se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a los empleados despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta.

El ajuste golpeó la producción

El conflicto laboral fue acompañado por una reducción de la actividad. El Grupo GTA inició desde fines de 2024 un proceso de reducción de costos que incluyó retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reducción temporal de salarios y concentración de operaciones.

Durante 2026, el ajuste se profundizó con la paralización transitoria de las plantas de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, mientras que la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, ya había dejado de operar. La empresa también había reducido su estructura productiva frente a una menor escala de actividad.

De gigante avícola a una estructura productiva en retracción

El grupo llegó a operar ocho plantas de faena en Argentina y Uruguay, concentrar más del 20% de la producción avícola nacional y emplear a más de 7.000 personas en su etapa de mayor expansión.

También alcanzó una importante presencia internacional, con exportaciones a decenas de mercados y una producción de cientos de miles de pollos diarios.

El deterioro comenzó a profundizarse a medida que se complicaron algunos de sus mercados externos. China, uno de los principales destinos para el pollo argentino, había cerrado sus importaciones en 2023 después del brote de influenza aviar. La reapertura parcial posterior no permitió recuperar los niveles anteriores y la empresa debió redireccionar parte de sus ventas.

La menor actividad externa se combinó con una estructura industrial diseñada para una escala de producción mayor. Desde fines de 2024, el grupo comenzó a concentrar operaciones y reducir costos, pero las medidas no alcanzaron para revertir el deterioro financiero.

Wade ya había recurrido a la Justicia

El ingreso de Granja Tres Arroyos al proceso concursal ocurre apenas unos días después de que Wade SA, otra de las sociedades principales del Grupo GTA, presentara su propio pedido de concurso preventivo.

Wade es la sociedad vinculada a los activos de la ex Cresta Roja, mientras que Avex, incorporada al grupo en 2019, tiene su principal complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba.

Con la presentación de Granja Tres Arroyos, el proceso judicial alcanza ahora a la sociedad central del conglomerado. El desafío pasa por ordenar sus obligaciones con acreedores y determinar el futuro de una estructura productiva que ya viene atravesando un fuerte proceso de ajuste. Perfil

El panorama del mercado de trabajo nacional evidencia una transformación estructural en la composición del empleo registrado durante los últimos cinco años. Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo creció un 22% entre 2021 y 2026, alcanzando un total de 4.148.497 contribuyentes en el esquema general. En contraste, el empleo asalariado registrado en los sectores público y privado presentó un avance de apenas 4,7% en el quinquenio, registrando además un descenso del 2,6% si se toma como referencia el período iniciado a mediados de 2023.

Esta dinámica elevó la participación del monotributo en el total de las ocupaciones formales del 26% en 2021 al 29,1% en el presente año. La tendencia se replica al examinar exclusivamente a los cuentapropistas que aportan a los sistemas de jubilación y obra social, cuyo número trepó un 29,8% desde 2021 hasta alcanzar los 2.198.335 inscriptos. Por su parte, la nómina de empleados dependientes del sector privado acumuló una baja del 3,8% desde 2023, al tiempo que el empleo público formal experimentó una reducción del 1,7% en el mismo lapso.

El comportamiento por rubros muestra heterogeneidad. El sector comercial registró un incremento del 20% en su nómina de monotributistas, sumando 114.107 contribuyentes desde 2021 para alcanzar un total de 685.065 inscriptos. No obstante, los mayores incrementos absolutos se concentraron en los servicios profesionales, científicos y técnicos —que añadieron 134.221 personas— y en el área de salud y servicios sociales, con 85.382 nuevos registros, impulsados por la demanda de atención ambulatoria. Asimismo, las actividades de mensajería crecieron un 64% y los servicios informáticos un 63%. En contraste, la cantidad de choferes de taxis y remises cayó un 27%, al tiempo que la venta de productos por internet duplicó su volumen de adheridos.

Respecto al monotributo social, destinado a sectores vulnerables, los registros oficiales contabilizan 701.586 personas a junio de 2026. Este esquema sufrió una reducción del 41,2% en comparación con 2024, cuando alcanzaba a 1.193.809 inscriptos. La baja responde al proceso de reempadronamiento llevado a cabo por la administración pública, el cual requirió verificar la emisión mínima de seis facturas por semestre para mantener la condición de beneficiario.

La expansión del régimen simplificado plantea desafíos para el financiamiento de la seguridad social. En la actualidad, el aporte previsional promedio de las categorías generales se ubica en torno a los $19.215, lo que demanda el aporte equivalente de 23 contribuyentes para cubrir el monto de un haber mínimo jubilatorio, evidenciando la disparidad contributiva respecto del sistema asalariado tradicional.

(Fuente: La Nación)

Por primera vez en 40 años, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) están en huelga. Se concentraron este martes frente a la Casa de Gobierno en el marco de una jornada de protesta de 24 horas que apuntó contra el tratamiento del proyecto de ley de consorcios camineros, una norma que el gremio considera el puntal para el desmonte de la estructura técnica y operativa de la repartición estatal.

La Plaza Mansilla se encontraba con trabajadores con ropa de trabajo, chalecos color naranja y las banderas verde flúor con la inscripción de la entidad gremial. Además lanzaron pirotecnia ruidosa mientras la administración pública se retiraba de la Casa Gris.

Tras confirmar la intención de ingresar al recinto del Senado, el Secretario General de Soever, Federico Colominas, fundamentó la medida de fuerza. Señaló que el paro de 24 horas responde al tratamiento de la Ley de Consorcios Camineros, la cual "afecta directamente la estructura de Vialidad al tercerizar sus tareas". Además, denunció la falta de respuesta de la bancada oficialista: "Veníamos trabajando una propuesta alternativa con la oposición, pero desde el oficialismo no nos dieron respuesta al pedido de diálogo".

La jornada también expuso desprolijidades organizativas. Mientras en el sitio oficial de la Cámara de Senadores el debate estaba convocado para las 18, internamente se notificó que comenzaría a las 15 sin avisar formalmente.

Desde la conducción sindical advierten que esta iniciativa se suma a otros factores que erosionan el funcionamiento de la repartición, como recortes previsionales, la contratación de consultoras para la Dirección de Estudio de Proyectos, el cierre de zonales y la consecuente baja de maquinarias y personal.

Respecto a la magnitud de la medida, el propio Colominas aportó los datos de ausentismo laboral durante la jornada: "El acatamiento del paro en la provincia en toda la zona fue alrededor de un 85% y en Paraná fue alrededor de un 70%".

A la movilización en la capital se sumaron delegaciones que viajaron desde distintas zonales del interior provincial. A la espera del resultado de la votación, la conducción del gremio evaluará cómo continuar las acciones según lo que resuelva el Senado.

(Fuente: APFDigital)

Le Blé, la cadena de panaderías y cafeterías que buscaba replicar la esencia francesa en Buenos Aires, pidió la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia. La sociedad que opera la marca, Be Larch S.A., declaró 76 acreedores y una deuda total de $1.566,8 millones. En este contexto, la empresa cerró la mitad de sus locales, redujo su plantilla de 49 a 15 empleados y hoy gestiona de forma directa una única sucursal.

De acuerdo con los datos del central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía acumula 175 cheques rechazados sin fondos por un monto de $204.957.453. Según el expediente judicial, la propia firma ubicó el inicio de la cesación de pagos el 10 de abril de este año, cuando no pudo cubrir la cámara compensadora bancaria y los cheques que había entregado comenzaron a rechazarse.

En el expediente judicial, Be Larch describe un deterioro que se aceleró durante 2024 y 2025. La compañía perdió unidades comerciales relevantes, vio salir a franquiciados de alta facturación y enfrentó una contracción del consumo en gastronomía, panadería y cafetería. El problema de fondo fue estructural: la firma había armado su operación para una etapa de expansión que no se sostuvo, y esa estructura quedó sobredimensionada para el nuevo tamaño del negocio. A eso se sumaron el aumento de los costos operativos, laborales y fiscales, y las dificultades para acceder al crédito.

La cadena de cafeterías llegó a operar 39 sucursales entre propias y franquiciadas; en tanto, hoy, mantiene alrededor de 20, la mayoría bajo la modalidad de franquicia. El único local que Le Blé explota de forma directa está en Tres de Febrero 1059, en la Ciudad de Buenos Aires, donde también funciona la sede social y la administración central de la compañía.

En este escenario financiero complejo, la empresa también redujo su plantilla de empleados de 49 trabajadores directos en noviembre de 2025 a 15 en la actualidad. A su vez, entre los acreedores privilegiados del expediente aparecen varios juicios por despido con créditos de $112,5 millones, $76,1 millones, $66,6 millones y $57,9 millones, además de reclamos de menor monto. La empresa señala en la presentación judicial que la preservación de esas fuentes de trabajo es una de las razones centrales para solicitar el concurso, un mecanismo que busca evitar la quiebra y permitir una negociación ordenada con los acreedores.

Entre los principales acreedores figuran el Banco Galicia, por $196 millones; Lodiser, por $182,8 millones; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por $163,1 millones; Banco Ciudad, por $134,2 millones; Banco Nación, por $125 millones; Café Expreso, por $119,6 millones; y Banco Macro, por $75 millones. Consultada por Infobae, la compañía indicó que no tiene comentarios para aportar en el marco de su proceso judicial.

Le Blé nació en 2008 de la mano de su dueño, Pablo “Paul” Petrelli, y su esposa, Donatienne Fievet, un matrimonio argentino-belga que apostó por llevar a Buenos Aires el concepto de las boulangeries francesas: panadería, cafetería y elaboración propia. El primer local abrió en septiembre de ese año en Álvarez Thomas y Céspedes, en el barrio de Colegiales, con una inversión inicial cercana a los USD 150.000. Ambos fundadores venían de la industria aerocomercial, donde habían construido una carrera de más de dos décadas, y se habían conocido mientras trabajaban en Chile para la aerolínea LAN.

El negocio creció. Para 2018 la cadena ya contaba con 22 sucursales, desarrolló un centro de producción propio y encontró en las franquicias un motor de expansión. En su mejor momento, Le Blé llegó a informar 39 locales y evaluó la posibilidad de desembarcar en Madrid, aunque esa operación nunca se concretó. Para 2026, la firma proyectaba sumar otras cinco sucursales en el AMBA. Ninguna abrió.

Argentina perdió más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, de acuerdo con el último Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Hasta mayo de 2026, la reducción acumulada alcanzó las 30.633 firmas, equivalente a alrededor del 6% de las existentes al comienzo del período analizado.

El informe correspondiente a mayo mostró que la tendencia negativa continuó: durante ese mes se contabilizaron 2.371 empresas menos que en abril, lo que representó una contracción mensual del 0,49%. Con ese resultado, la cantidad de firmas registró 16 meses consecutivos de caídas mensuales.

La comparación interanual también resultó negativa. Frente a mayo de 2025 hubo 16.560 empresas menos, una reducción del 3,3%. Según Fundar, se acumularon así 27 meses consecutivos de caídas interanuales, mientras el centro de estudios caracterizó la contracción desde el inicio de la actual administración como la más pronunciada durante los primeros 30 meses de un gobierno dentro de la serie analizada.

La cifra actual también se encuentra alejada del máximo histórico registrado en febrero de 2012, cuando existían 540.282 empresas. Desde aquel punto, el entramado empresarial argentino atravesó distintas etapas de crecimiento y contracción, aunque el relevamiento puso el foco en la aceleración de la caída durante los últimos años.

Los datos corresponden a empresas relevadas a partir de los registros de la SRT, por lo que reflejan la evolución de empleadores alcanzados por ese sistema. El informe permitió, además, analizar diferencias entre actividades económicas y provincias para determinar dónde se concentraron las mayores contracciones.

Industria y transporte, entre los sectores más afectados

El deterioro alcanzó a la mayoría de las ramas económicas. En mayo, 15 de los 18 sectores relevados perdieron empresas respecto de abril, mientras que 14 presentaron una caída frente al mismo mes de 2025. Esa misma cantidad acumuló un retroceso desde noviembre de 2023.

En la comparación mensual, alojamiento y gastronomía registró el peor desempeño, con una reducción del 1,38%. Al considerar todo el período iniciado en noviembre de 2023, en cambio, transporte y almacenamiento encabezó las bajas, con una contracción acumulada del 17,05%, seguido por la industria manufacturera, con un retroceso del 13,81%.

No todos los sectores tuvieron resultados negativos. Electricidad y gas creció 0,25% durante mayo y acumuló una expansión del 1,74% desde noviembre de 2023. Servicios administrativos mostró el mayor crecimiento durante todo el período, con una mejora del 8,15%.

La caída alcanzó a casi todas las provincias

La reducción del número de empresas tampoco quedó concentrada en determinadas regiones. Según Fundar, las 24 jurisdicciones perdieron firmas durante mayo en comparación con abril, mostrando que el retroceso mensual tuvo alcance nacional.

En términos interanuales, 23 de las 24 jurisdicciones registraron caídas. La misma proporción mostró un saldo negativo cuando se compararon los datos de mayo de 2026 con noviembre de 2023. Neuquén fue la única excepción, con un incremento acumulado del 1,6%, en un contexto marcado por la expansión de la actividad vinculada a Vaca Muerta.

En el extremo contrario aparecieron La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego. Desde noviembre de 2023, las tres jurisdicciones acumularon reducciones del 18,87%, 14,09% y 13,56%, respectivamente, según los datos incluidos en el monitor.

Cierres y reducciones de personal relevados por Fundar

Además de las estadísticas generales, el informe recopiló situaciones particulares de empresas que atravesaron cierres o procesos de achicamiento. Entre ellas mencionó a la firma de indumentaria deportiva Will Der, que cerró su planta de Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en su establecimiento de Pacheco. La compañía atribuyó la situación a la crisis textil, la caída del consumo y la apertura importadora.

También se consignó el cierre de la planta de vegetales deshidratados de Unilever que abastecía a Knorr, con la desvinculación de 60 trabajadores. De acuerdo con la explicación empresarial recogida en el informe, la decisión respondió a cambios en los hábitos de consumo y a una estrategia de reposicionamiento hacia categorías de demanda durante todo el año.

En alimentos, Fundar mencionó a Granja Tres Arroyos, que desvinculó a 250 trabajadores y atribuyó la medida a factores como la gripe aviar, la sobreoferta interna y la caída de precios. También incluyó a Tía Maruca, que cerró su planta de San Juan, establecimiento que operaba al 52% de su capacidad.

Textiles, supermercados y electrodomésticos

Otro de los casos relevados fue el de Supermercados Toledo, que abonó el 40% de los salarios correspondientes a julio y acumuló conflictos vinculados con los pagos durante el último año. La situación fue incluida como una de las señales de dificultades empresariales registradas durante el período.

En Catamarca, la empresa Indumentaria Catamarca anunció el cierre definitivo para fines de agosto. Según el relevamiento, la compañía había llegado a contar con 150 empleados, comenzó 2026 con alrededor de 100 y redujo progresivamente su planta hasta unos 20 trabajadores. La firma vinculó el proceso con la retracción del consumo, la acumulación de stock y la competencia importada.

El informe también mencionó a Peabody, fabricante de electrodomésticos que dejó de producir en Argentina después de 16 años. La compañía desmanteló maquinaria y orientó su estrategia hacia la comercialización de productos importados y la producción en Paraguay.

Las inversiones que contrastaron con los cierres

El panorama relevado por Fundar incluyó, al mismo tiempo, anuncios de inversiones. Entre ellos figuró Mercado Libre, que abrió un centro de almacenamiento de 60.000 metros cuadrados en Córdoba, con capacidad para seis millones de productos, dentro de un plan de inversión de 3.400 millones de dólares previsto para 2026.

También se destacó el proyecto de Pampa Energía para construir una planta de urea granulada con capacidad anual de 2,1 millones de toneladas. La iniciativa fue aprobada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), publicó Infobae.

A esos proyectos se sumaron la ampliación de Compañía MEGA para aumentar la producción de líquidos de gas natural y el desarrollo de litio de LIEX, perteneciente al grupo Zijin Mining, en Tres Quebradas. Así, el informe expuso un escenario productivo heterogéneo: mientras los registros mostraron una caída sostenida en la cantidad total de empresas, determinados sectores concentraron nuevos proyectos de inversión de gran escala. ElOnce

Desde el lanzamiento de la plataforma de inscripción virtual, el Plan de Alivio Financiero impulsado por el Gobierno de Entre Ríos en conjunto con el Banco Entre Ríos registró más de 5.500 solicitudes formales, consolidándose como una alternativa real para aliviar la economía de los hogares de la región.

El programa está diseñado específicamente para que empleados del sector público, trabajadores del ámbito privado y jubilados provinciales logren reorganizar sus compromisos financieros. A través de este mecanismo de desendeudamiento, los beneficiarios pueden cancelar saldos pendientes con distintas entidades y unificarlos en una única financiación bajo condiciones preferenciales. El objetivo central de la medida es brindar una herramienta concreta que permita ordenar las finanzas personales y recuperar de manera progresiva la capacidad de ingreso mensual.

Las ventajas del plan incluyen sesenta días de gracia, lo que significa que el beneficiario comenzará a abonar la primera cuota recién en el tercer mes desde el otorgamiento. Además, se estableció una tasa fija del sesenta por ciento de Tasa Nominal Anual y plazos flexibles que se extienden hasta los sesenta meses de amortización.

El proceso de solicitud se realiza de manera completamente digital a través de la página web oficial del Banco Entre Ríos, en la sección específica destinada a préstamos del plan de alivio. Los interesados deben completar un formulario con sus datos básicos e información de contacto. Posteriormente, el equipo técnico de la entidad financiera analiza de forma particular la situación de cada solicitante para comunicarle el resultado de la evaluación crediticia.

Una vez que el cliente resulta calificado positivamente, el sistema le asigna un turno presencial en la sucursal correspondiente. Desde la administración provincial recordaron que la convocatoria continuará abierta.

Una jornada de tensión y reclamo se vivió este miércoles a la vera de la Autovía 14, donde cientos de trabajadores despedidos de diversas empresas de la región confluyeron en una jornada de protesta y visibilización. La manifestación, que incluyó volanteadas y acampes, busca nacionalizar el conflicto ante lo que califican como un "industricidio" que golpea fuerte al empleo local.

El epicentro de la protesta se dividió en tres puntos estratégicos. Uno de los focos principales se encontró en el kilómetro 56, un lugar emblemático para la protesta social en la provincia. Desde allí, el humo de las cubiertas quemadas se divisó a lo lejos, conectando visualmente con el segundo punto de reclamo ubicado un par de kilómetros más adelante, a la altura del Acceso Sur a Gualeguaychú.

En estos sectores de la 14 se concentraron los despedidos de las firmas Unionbat y Laboratorios Pyam —acompañados por el sindicato de petroquímicos— junto a trabajadores de Fademi. El tercer nodo de conflicto se localizó en el kilómetro 124, en el acceso a Concepción del Uruguay, donde se solidificó el apoyo al masivo reclamo de los 950 despedidos de la planta La China de Granja Tres Arroyos, cuyos operarios denuncian que llevan más de dos meses sin cobrar sus haberes en medio de un cierre patronal sin miras de reanudación.

El clima que se respiró en la ruta fue de creciente incertidumbre pero también de fuerte unidad. El paso de los vehículos particulares y camiones estuvo acompañado por un constante bocinazo en señal de apoyo a los manifestantes, las fuerzas de seguridad custodiaron el lugar, asegurando el bienestar de quienes protestaban. Carteles con leyendas como "Trabajadores en lucha", "Sin justicia no hay paz" y reclamos directos como "Fademi cumplí con la justicia" y "Fademi pagá lo que debés" vistieron el paisaje de la autovía.

Otros sectores acompañaron a los trabajadores, es el caso de la Multisectorial, el gremio de los Canillitas y la Asamblea de Adultos Mayores. Los mismos expresaron de manera contundente: “Apoyamos a los trabajadores y las familias de los trabajadores despedidos; pedimos la unidad de todos los sectores trabajadores y que la lucha no se termine en la ruta”.

La situación judicial y la falta de respuestas empresariales profundizaron el malestar. Al respecto, Ignacio Gervasoni, delegado de Fademi, expuso la gravedad de su sector: “Fademi está con una sentencia firme dictada el 10 de enero de 2025, donde la empresa no acata y prefiere pagar una multa antes que reincorporar a los despedidos. Son 40 despedidos. Es un desastre lo que está sucediendo: despidos inventados y sin pagar una indemnización”.

Con este escenario de fondo, la movilización multisectorial buscó mantener el conflicto en la agenda pública, sumar el respaldo de otros sectores damnificados por la crisis laboral en Entre Ríos y forzar una respuesta urgente que garantice el pago de las deudas salariales y devuelvan la certeza sobre las fuentes de trabajo destruidas.

El conflicto laboral en la planta de baterías Unionbat S.A. sumará este lunes un nuevo e intenso capítulo que promete paralizar el normal funcionamiento del Parque Industrial de Gualeguaychú. Los trabajadores de la firma, respaldados por su representación gremial, convocaron de manera urgente a una jornada de protesta y visibilización a partir de las 13:00 horas en la rotonda de acceso al complejo industrial, en respuesta directa al despido de alrededor de un centenar de operarios.

La movilización se concretará en un contexto de extrema complejidad legal y gremial, dado que actualmente se encuentra plenamente vigente la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos. La resolución del organismo gubernamental había ordenado formalmente retrotraer el escenario al estado previo al estallido del conflicto, obligando a la empresa a reincorporar de inmediato al centenar de empleados afectados por las cartas documento emitidas el pasado 26 de junio, prohibiendo además cualquier medida que altere las condiciones de trabajo por un lapso de 15 días hábiles.

Sin embargo, el clima de paz social se rompió a mediados de la semana pasada. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas denunciaron públicamente que la conducción de Unionbat impidió de manera sistemática el ingreso de los trabajadores despedidos a las instalaciones de la planta. Según el gremio, esta actitud representa un abierto desacato a la normativa dispuesta por las autoridades laborales de la provincia, profundizando el malestar familiar de los afectados y empujando a las bases a tomar medidas de fuerza en la vía pública.

Pese a las notables diferencias, los canales de diálogo institucionales intentarán mantenerse activos en las próximas horas. El secretario gremial de la entidad química, Martín Gómez, adelantó que entre las jornadas de este lunes y martes se buscará concretar una serie de reuniones informales de carácter urgente. El objetivo de estos encuentros técnicos será explorar la verdadera postura económica de la empresa y comenzar a delinear alguna propuesta de salida viable antes de la fecha clave: el próximo miércoles 15 de julio, día en que la Secretaría de Trabajo fijó la realización de una nueva audiencia oficial, esta vez bajo una modalidad estrictamente presencial.

La crisis y las consecuencias del cambio de modelo económico, que tiene a la apertura total de importaciones como uno de sus pilares, se materializó de la peor manera días pasados, cuando 112 trabajadores fueron despedidos del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).

Primero fue la firma Unión Bat S.A. la que despidió a 101 empleados, la totalidad de sus trabajadores contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo. La planta local fue paralizada en su totalidad desde ese momento.

Los damnificados fueron informados primeramente a través de un mensaje de WhatsApp y luego, ya en la planta del PIG, a través de una escribana. Luego, todos los turnos realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Séptima, ubicada en el ingreso sur a la ciudad.

Lo llamativo de estos despidos es que nada hacía prever este desenlace. “Con la empresa veníamos con un diálogo muy bueno, más allá de que ellos tenían problemas económicos, estaban pagando la quincena en dos veces, pero con un retraso de dos o tres días como mucho”, contó Martín Gómez, prosecretario del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. Quien hizo hincapié en que “el diálogo era bueno, cuando iban a hacer algo te avisaban, lo hablaban con la comisaria interna, con los delegados”.

Poco más de 48 horas después, las malas noticias llegaron desde la firma Laboratorios Pyam, desde donde habían despedido a 11 trabajadores. Esta empresa sí venía con problemas hace un tiempo y había sido noticia hace algunos meses por la desvinculación de ocho de sus trabajadores.

Ente esta situación, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate realizó la denuncia en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. Desde donde, horas después, dictaron la conciliación obligatoria por 15 días hábiles para ambas firmas. En el caso de Pyam, la misma fue acatada inmediatamente y los trabajadores pudieron retornar a sus puestos laborales, pero los despedidos de Unión Bat no tuvieron la misma suerte, ya que la empresa les impidió el ingreso a la planta del PIG.

En este marco, el último jueves se desarrolló una audiencia -que primero iba a ser presencial, en Paraná, y a última hora se resolvió que sea on line-, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de julio. Por su parte, el gremio les pidió a los dos abogados de la empresa que estuvieron presentes en la reunión que generaran una instancia de acercamiento entre las partes (sindicato, delegados y empleador) para el lunes o martes próximo.

“Esta situación se suma a los despidos en Fademi S.A. y al cierre reciente de la fuente laboral para la totalidad de las y los trabajadores de Unión BAT, donde 101 compañeros recibieron el telegrama de desvinculación laboral. Además, se agregan 11 despidos en Laboratorios PYAM S.A., entre ellos tres delegados gremiales. Estos casos se suman a otros ocho despidos ocurridos en la misma planta durante abril de este año”, manifestaron.

La CGT resaltó que todos los puestos de trabajo que se perdieron “pertenecen a una actividad económicamente fuerte, que requiere una amplia capacitación, experiencia y antigüedad. Se trata de empleos que suelen definirse como ‘de calidad’, precisamente el tipo de trabajo que el Gobierno nacional del presidente Milei afirmó que iba a promover y multiplicar”.

Asimismo, el documento firmado por Claudio De los Santos, secretario general de la central obrera, advirtió que los recientes despidos afectarán aún más al comercio de Gualeguaychú, ya golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

Por su parte, desde el bloque de concejales de Más para Entre Ríos (PJ) también se solidarizaron con los despedidos: “La difícil situación económica que atraviesa el país impacta de lleno en nuestras industrias y en el empleo. Sin embargo, esa realidad también exige respuestas desde lo local”.

“Muchos de los trabajadores despedidos cuentan con décadas de antigüedad y enfrentan enormes dificultades para reinsertarse laboralmente. Mientras tanto, el sindicato advierte sobre un posible reemplazo de la producción nacional por importaciones”, apuntaron los ediles opositores. Al tiempo que pidieron acompañamiento del gobierno local, porque “cuando una fábrica baja sus persianas, no pierde solamente quien se queda sin empleo: pierde toda la ciudad”.

Los despidos en Unión Bat y en Laboratorios Pyam evidencian la gravedad de la situación que atraviesa parte de la industria local. Y se suman a la lista de conflictos laborales que en la región encabeza la Granja Tres Arroyos, con más de 900 empleaos despedidos.

En noviembre de 2023 había unos 343 mil empleados en la esfera estatal y en mayo esa cantidad había caído a 273 mil y de ese total, unos 87 mil está en empresas y sociedades del Estado.

"Desde su asunción, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados", señaló el centro de estudios CEPA.

En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. La dotación de personal se redujo en 70 mil puestos de trabajo, lo que implica una caída del 22%.

Según el último reporte de CEPA, en términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente.

Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado.

El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos.

Le siguen el del Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en un contexto donde el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia su privatización. En Aerolíneas Argentinas se contabilizan 1.993 despidos. En la Casa de la Moneda se contabilizaron 715 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa.

La Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística corrieron suertes similares al contar con 638 y 594 despidos correspondientes. Finalmente, en Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores.

La decisión de cerrar la planta de baterías Unión Bat de Gualeguaychú dejó a 101 trabajadores sin empleo y generó incertidumbre entre las familias afectadas, señaló el representante del Sindicato de Trabajadores Químicos de Gualeguaychú, Martín Gómez, quien aseguró que la medida fue comunicada de manera sorpresiva y sin advertencias previas por parte de la empresa.

Según relató el dirigente gremial en declaraciones al programa “Demo” (FM Universidad 105,7), la situación se conoció el viernes al mediodía, cuando los empleados del turno tarde llegaron a la fábrica para comenzar su jornada y fueron recibidos por una escribana, quien les notificó que estaban despedidos y que no podían ingresar a la planta. Al mismo tiempo, los trabajadores del turno mañana, que aún se encontraban prestando servicios, también fueron informados de la decisión. En tanto, el resto del personal recibió una carta documento de despido mediante un archivo PDF enviado por WhatsApp.

Desde que se conocieron los despidos, los trabajadores permanecen en un acampe frente a la planta de Unionbat. Allí esperan novedades sobre el conflicto y reclaman una respuesta de la empresa, mientras aguardan la audiencia convocada para este jueves por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.

Gómez sostuvo que el gremio mantenía un diálogo permanente con las autoridades de la firma en Buenos Aires para abordar cuestiones vinculadas con la producción y el funcionamiento de la planta, pero aseguró que "nunca se habló de un cierre".

"Ellos decían que había muchos problemas debido a las importaciones porque ingresaban muchas baterías desde Brasil y China, pero en ningún momento advirtieron que la fábrica iba a cerrar. Esto nos tomó completamente por sorpresa", afirmó.

El dirigente explicó que en la planta de Gualeguaychú se fabricaba el interior de las baterías, mientras que el ensamblado final se realizaba en otra planta ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires. No obstante, indicó que el sindicato desconoce cuál será el futuro de ese establecimiento.

Asimismo, remarcó el impacto social de la medida al señalar que entre los despedidos hay trabajadores con entre 20 y 25 años de antigüedad e incluso personas que estaban próximas a jubilarse. También precisó que fueron desvinculados todos los operarios de producción, mientras que los jefes y gerentes no fueron alcanzados por los despidos.

En ese contexto, Gómez lamentó que ningún dirigente político de Gualeguaychú se haya comunicado con el sindicato para interiorizarse de la situación o intentar mediar en el conflicto.

Sobre el final, el dirigente expresó su preocupación por el escenario que atraviesa el empleo industrial y advirtió que este tipo de situaciones se repiten cada vez con mayor frecuencia. "En el país se está haciendo costumbre que el trabajador se vuelva descartable", cuestionó.

Cabe destacar que en las últimas horas se conoció que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos intervino de manera inmediata y convocó a audiencia de conciliación para el próximo jueves 2 de julio a las 12: “No tenemos problemas en sentarnos para ver qué es lo que pretenden. Estamos a la deriva. La gente pregunta y pregunta, pero no sabemos qué decirles porque no tenemos información", concluyó. APF

Mientras realizan una vigilia permanente, esperan una pronta intervención de las autoridades laborales.

A más de 24 horas de haber recibido las comunicaciones de desvinculación, los empleados continúan acampando en el ingreso a la fábrica. Según informó Martín Gómez, representante del Sindicato de Petroleros y Químicos, los trabajadores se organizan en turnos de seis horas para custodiar el predio durante las 24 horas.

El dirigente explicó que la medida tiene un doble objetivo: visibilizar la situación que atraviesan el centenar de trabajadores afectados y sus familias tras los despidos, y resguardar las instalaciones para evitar que la planta sea desmantelada.

En paralelo, este lunes los representantes gremiales presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, donde esperan una intervención urgente para intentar destrabar el conflicto.

El responsable gremial especificó que el acampe se mantendrá hasta que se resuelva el conflicto: “Los muchachos van a cumplir sus turnos acá afuera para que no vengan a vaciar la fábrica, hasta que alguien se haga cargo de esto, y vea lo que la empresa quiere hacer con la planta y con la gente. No nos comemos el verso de que está en crisis, más allá de que la situación del país que es complicada, esta empresa ha superado momentos peores. Dicen que se les cayó la producción y los costos son muy elevados".

“Queremos saber qué va a pasar. Esperemos que el Ministerio actúe rápido, que constate que la gente está afuera de la fábrica y que hay familias que se están quedando sin su sustento”, expresó Gómez al comentar a AhoraElDía que el lunes a primera hora se dirigirán al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia y exigir una respuesta urgente.

Un trabajador de 52 años falleció durante la madrugada de hoy luego de sufrir un accidente laboral en la planta de una papelera ubicada en Ibicuy.

Según informó la Policía, alrededor de la 1:50 de la madrugada de este jueves recibieron un llamado desde la empresa para solicitar asistencia, ya que uno de los empleados había sufrido un accidente y no lograban comunicarse con el servicio de emergencias. Se trata de la Papelera de la Mesopotamia S.A.

Minutos más tarde, desde el Hospital Behring requirieron la presencia de la médica policial debido a que la persona había ingresado sin signos vitales.

Según el porte policial del hecho, al llegar al lugar, los efectivos constataron que el trabajador, identificado como Mario Amadeo Ríos, de 52 años, había quedado atrapado en una máquina de prensa. El hombre ya se encontraba fallecido.

La Justicia y personal policial iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Ahora

Autoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieron esta semana reuniones con el gobernador Rogelio Frigerio y parte de su equipo para analizar la situación de la planta La China, en Concepción del Uruguay, luego de la suspensión de actividades dispuesta por la empresa.

Según se informó, el próximo lunes la firma se reunirá con autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social local y con dirigentes sindicales, con el objetivo de iniciar una instancia de diálogo que permita evaluar una “posible reapertura escalonada en el futuro”.

Durante el encuentro con funcionarios provinciales, la empresa presentó un diagnóstico sobre la situación financiera que atraviesa y la vinculó con el cierre de mercados internacionales derivado del contexto sanitario asociado a la gripe aviar.

Además, indicó que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis y que actualmente trabaja en una reestructuración financiera, con la expectativa de que tenga un impacto favorable en el mediano plazo.

En el plano local, la compañía sostuvo que el escenario se agravó por medidas sindicales que, según expresó, afectaron los niveles de faena y la previsibilidad operativa en la región. En ese marco, aseguró que, tras agotar las instancias de diálogo, resolvió el cierre por tiempo indeterminado de la planta.

La empresa también destacó la predisposición del Gobierno de Entre Ríos para acompañar institucionalmente el proceso y colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan recomponer el circuito productivo y avanzar hacia una eventual reanudación parcial de la actividad.

Fuente: APFDigital

La medida, acordada con el Banco de Entre Ríos, incluirá hasta 60 cuotas y dos meses de gracia, y busca aliviar la carga financiera de quienes hoy enfrentan créditos con altos intereses.

El ministro de Economía, Fabián Boleas, fue el encargado de anunciar el programa y señaló que se implementa a partir de una serie de gestiones del Gobierno provincial con el Banco de Entre Ríos, que es el agente financiero de la provincia.

Para explicar de qué se trata el programa, el Ministro puso un ejemplo: “Supongamos que el año pasado tomé un crédito a una tasa del 130%. Este programa va a permitir poder refinanciar esa deuda con una tasa que rondará el 60%, lo que permite bajar a la mitad la tasa de interés que hoy estoy pagando”.

Habrá un período de gracia de dos meses y se ofrecerá la posibilidad de pagarlo hasta en 60 cuotas.

Luego señaló que el programa se pondrá en vigencia en los próximos días, no tiene costo fiscal para la provincia y está destinado a poder saldar deudas que los usuarios tienen con entidades bancarias, financieras y mutuales.

El informe aclara que ese impacto real es probablemente menor de lo que indican esas cifras, porque los cálculos no capturan plenamente el efecto compensador de la contratación para la construcción de centros de datos ni la demanda laboral incremental generada por las ganancias de productividad e ingresos vinculadas a la Inteligencia Artificial.

El análisis también revela que los efectos negativos de la IA sobre la creación de empleo recaen de manera desproporcionada sobre los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia. En cambio, cuando los economistas analizaron específicamente los empleos con mayor potencial por el desarrollo de la IA, encontraron un aumento del crecimiento mensual de la nómina de alrededor de 9.000 puestos de trabajo en el último año y una leve reducción de la tasa de desempleo en esos sectores.

Las diez ocupaciones más amenazadas

El informe de Goldman Sachs muestra las ocupaciones más expuestas a sustitución por IA, aquellas donde la tecnología tiene más chances de reemplazar directamente a los trabajadores. En el tope del ranking aparecen los operadores telefónicos, con el puntaje más alto de desplazamiento, seguidos por los empleados de reclamos de seguros y los cobradores de deudas. Completan la lista los empleados de facturación, los teleoperadores de marketing, los empleados de liquidación de sueldos, los asistentes legales, los empleados de compras, los correctores de textos y los procesadores de documentos.

Lo que tienen en común estas ocupaciones es que sus tareas son, en gran medida, estructuradas, repetitivas y no requieren presencia física constante ni interacción interpersonal compleja. Son justamente las condiciones ideales para que un sistema de IA las automatice de manera eficiente. El informe señala que “las ocupaciones y empresas expuestas a la sustitución por IA han visto caídas en sus costos operativos y en la publicación de ofertas de empleo”, una señal clara de que el ajuste ya está en marcha.

Las diez ocupaciones más beneficiadas

El estudio presenta también el panorama opuesto, es decir las ocupaciones con mayor potencial de crecimiento. En este caso, la IA no reemplaza al trabajador sino que lo potencia, haciéndolo más productivo al automatizar tareas secundarias mientras el componente humano sigue siendo indispensable. En la cima de este ranking se ubican los administradores de educación y los gerentes de construcción, con los puntajes más altos de complementación. Les siguen los ejecutivos principales, los médicos y cirujanos, los supervisores de primera línea, los abogados, los especialistas en operaciones aeroportuarias, los gerentes de producción industrial, los gerentes de operaciones y los ingenieros industriales.

Estos roles tienen en común algo que la IA todavía no puede replicar: la necesidad de tomar decisiones complejas en entornos cambiantes, ejercer liderazgo, estar físicamente presentes en determinados contextos y aplicar juicio profesional en situaciones no estructuradas. La institución financiera usa el ejemplo del diseñador de interiores para ilustrar este punto: aunque enfrenta exposición a la IA al igual que un representante de servicio al cliente, su trabajo “requiere más tareas no estructuradas y mayor presencia física frecuente en los lugares de trabajo, cosas que no pueden automatizarse completamente”. Por eso, en su caso, la IA complementa al humano en lugar de sustituirlo.

“Efecto Jevons” y paradoja del aumento

El informe introduce un concepto económico clave para entender por qué la IA no necesariamente reduce el empleo: la “paradoja de Jevons”. Identificada en el siglo XIX, cuando la mayor eficiencia en el uso del carbón terminó aumentando el consumo total de ese recurso, la paradoja describe cómo una mejora en la eficiencia puede generar más demanda, no menos.

Aplicada al mercado laboral, la lógica es la siguiente: “La potenciación por IA que hace a los trabajadores más productivos puede reducir el número de trabajadores necesarios para producir una cantidad fija de producción”, explica Peng. “Pero al reducir el costo por unidad de producción, también podría aumentar la demanda de lo que producen suficientemente como para generar un aumento neto en su empleo.”

En otras palabras, que la IA haga más eficiente a un médico o a un abogado no implica que se necesiten menos médicos o abogados: puede ocurrir exactamente lo contrario, si esa eficiencia baja los costos y amplía el acceso a esos servicios.

Las ocupaciones y empresas con mayor potencial de crecimiento por IA, concluye el informe, “han visto aumentar su productividad y más publicaciones de ofertas de empleo”. La inteligencia artificial, en definitiva, no es solo una amenaza para el trabajo: también es, para muchos, un catalizador de crecimiento. Infobae

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Personal, continúa impulsando la terminalidad educativa entre los trabajadores municipales. Se trata de una iniciativa que busca garantizar el acceso a programas de finalización de estudios primarios y secundarios, ofreciendo acompañamiento en el proceso de inscripción y promoviendo la participación activa de quienes aún no han completado su formación obligatoria.

Durante 2025, un total de 52 empleados municipales se preinscribieron para iniciar o retomar sus trayectorias educativas en el ciclo lectivo 2026. Esta cifra refleja el interés creciente de los trabajadores en aprovechar la oportunidad de completar sus estudios, en el marco de un programa que se ha consolidado como una política sostenida de formación y desarrollo.

La propuesta está destinada a aquellos empleados que no hayan finalizado la escolaridad obligatoria, brindando la posibilidad de acceder a una formación integral que les permita mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y laboral dentro de la administración pública. La terminalidad educativa no solo representa un beneficio individual, sino también una inversión estratégica para la Municipalidad, ya que contribuye a fortalecer la capacitación del personal y, en consecuencia, la calidad de los servicios que se ofrecen a los vecinos.

En los últimos años, esta política se ha convertido en una herramienta fundamental para promover la inclusión y el crecimiento de los equipos de trabajo. La Dirección de Personal acompaña a cada trabajador en el proceso de inscripción, ofreciendo información, asesoramiento y seguimiento para garantizar que puedan transitar su trayectoria educativa con éxito.

La Municipalidad invita a todos los empleados que aún no hayan finalizado sus estudios a sumarse a esta iniciativa, que busca garantizar el derecho a la educación y fomentar el desarrollo integral de los equipos de trabajo. La terminalidad educativa se presenta así como un puente hacia nuevas oportunidades, reafirmando el compromiso institucional con la formación y el bienestar de sus trabajadores.

Un intento de hurto en un supermercado céntrico terminó con un hombre detenido en la noche del jueves, luego de que personal de seguridad detectara una maniobra sospechosa entre las góndolas del local.

El episodio se registró en un comercio ubicado en la intersección de Rivadavia y Roca, donde un hombre de 35 años fue señalado por ocultar mercadería entre sus prendas con la presunta intención de retirarse sin abonar.

Ante la situación, los empleados del lugar dieron aviso al Comando Radioeléctrico, cuyos efectivos acudieron rápidamente. Una vez en el sitio, procedieron a identificar al sospechoso y realizar un palpado preventivo, mediante el cual constataron que llevaba varios productos escondidos a la altura de la cintura.

Al ser requerido, el hombre exhibió los elementos sustraídos, entre los que se encontraban varias bebidas alcohólicas, incluyendo tres botellas de fernet. El hecho quedó encuadrado como hurto en flagrancia y las actuaciones continúan en el ámbito judicial.

En las últimas horas se publicó en el Boletín Oficial Nº28.301 el Decreto DTO-2026-427-E-GER-GOB, mediante el cual el Poder Ejecutivo de Entre Ríos estableció un incremento del 50% en los montos de la Ayuda Escolar para el ciclo lectivo vigente. La medida busca aliviar el impacto económico en las familias de los agentes estatales ante el inicio de las clases.

La normativa, que lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Guillermo Bernaudo y Manuel Troncoso, impacta directamente en los diversos niveles de enseñanza, desde el preescolar hasta el nivel superior.

Los puntos clave del anuncio

Aumento General: Se fijó una suba del 50% sobre los valores que estaban vigentes desde el año pasado (Decreto 295/25) para las asignaciones de Ayuda Escolar Primaria, Preescolar, Media y Superior.

Inclusión de todos los niveles: A diferencia de años anteriores donde el foco estaba puesto exclusivamente en la primaria, este decreto ratifica el subsidio por única vez para hijos que concurran a establecimientos de nivel Medio y/o Superior.

Doble beneficio por discapacidad: El decreto subraya que, en caso de hijos con discapacidad que asistan a establecimientos oficiales o privados (de educación común o especial/rehabilitación), el monto de la asignación se duplicará.

Pago único: El texto autoriza a la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones a efectuar el pago por el equivalente a todo el año 2026 en una sola liquidación, incluyendo la Asignación Complementaria de Vacaciones.

Detalles de la liquidación

El beneficio se liquidará junto con los haberes correspondientes, asegurando que los fondos lleguen a los trabajadores de la Administración Pública Provincial de manera inmediata.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas erogaciones ya se encuentran contempladas en el presupuesto vigente, por lo que no afectarán el equilibrio financiero de las distintas jurisdicciones. La medida se fundamenta en la facultad que posee el Gobernador (bajo la Ley N.º 5.729) para ajustar los montos de las asignaciones familiares según las posibilidades financieras y los parámetros nacionales.

Fuente: APFDigital

El aumento de las dietas en el Senado, que elevará los ingresos de los legisladores a más de $11 millones brutos, generó una fuerte polémica y reacciones inmediatas dentro de la Cámara alta. Senadores de diferentes bloques anunciaron que no aceptarán la suba o que donarán el dinero, en un gesto de austeridad frente al contexto económico.

La primera postura llegó desde La Libertad Avanza, cuyo bloque informó que sus integrantes no cobrarán el aumento. “El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios”, señalaron en un comunicado.

La Unión Cívica Radical se sumó a la decisión, afirmando que los incrementos para los empleados legislativos son necesarios, pero que “no deberían implicar mejoras para los legisladores”. La senadora Carolina Losada sostuvo que “es un momento difícil para la gente y para las empresas” y aclaró que las cifras difundidas sobre los ingresos son exageradas: “Yo cobro alrededor de ocho millones y además pagamos Ganancias”.

Más allá de las posturas colectivas, varios legisladores comunicaron decisiones individuales. Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut anunciaron que renunciarán al incremento, argumentando que el contexto económico exige gestos de austeridad.

En la misma línea, los tres senadores de Santiago del Estero —Gerardo Zamora, José Neder y Elia Moreno— enviaron una carta a la presidencia del Senado para formalizar su rechazo. Zamora explicó que la decisión busca dar una señal clara frente a la polémica.

En el Senado se aclaró que la dieta está fijada por ley en base a módulos vinculados a los salarios del personal legislativo, por lo que no puede modificarse individualmente. En la práctica, los legisladores deben cobrar el salario completo y luego donarlo si desean renunciar al aumento.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, señaló que la definición de los salarios corresponde a los propios legisladores y sugirió que quienes no quieran percibir el incremento destinen el dinero a instituciones como la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El senador libertario Pablo Cervi explicó que el aumento responde a un sistema automático aprobado en 2024 y planteó que el debate político debería centrarse en si ese mecanismo debe mantenerse o modificarse.

Hasta el momento, el bloque peronista no fijó una posición oficial, aunque su jefe, José Mayans, ya había señalado que las cifras difundidas sobre los ingresos brutos “no reflejan la realidad”. Fuente: APFDigital