El empleo formal en Argentina continuó mostrando señales de deterioro durante 2026, con una pérdida de 155.000 puestos de trabajo en los últimos doce meses y una reducción acumulada de 370.000 empleos desde noviembre de 2023. Así lo reveló un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, que también advirtió sobre la caída histórica del poder adquisitivo del salario mínimo.

Según el relevamiento, el empleo asalariado registrado cayó un 1,5% interanual en julio de 2026 y retrocedió un 3,6% respecto de noviembre de 2023. En términos mensuales, se contabilizaron más de 9.000 puestos menos, lo que dejó el total de trabajadores formales en aproximadamente 9,93 millones de personas.

El deterioro se concentró principalmente en el sector privado, que acumuló 14 meses consecutivos de reducción de personal. Durante julio, las empresas privadas eliminaron 12.700 puestos de trabajo, una disminución del 0,2% respecto del mes anterior.

El informe precisó que el empleo asalariado privado alcanzó los 6,1 millones de trabajadores, una cifra que retrotrajo el nivel de ocupación a valores registrados en mayo de 2014.

Desde noviembre de 2023, este segmento perdió aproximadamente 266.000 puestos de trabajo, equivalente a una contracción del 4,2%. La disminución se produjo incluso en períodos en los que determinados indicadores económicos mostraron una recuperación de la actividad.

En ese sentido, los investigadores identificaron un desacople entre la evolución de la economía y la generación de empleo. Mientras el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el empleo privado formal se redujo más de un 4%.

Comercio, industria y construcción, entre los sectores más afectados

La pérdida de puestos de trabajo alcanzó a ocho de los trece sectores de la actividad privada relevados durante julio.

Las mayores disminuciones porcentuales se registraron en construcción, con una caída del 0,6%; intermediación financiera, con un retroceso del 0,4%; y transporte, comercio, hoteles y restaurantes e industria, todos con bajas del 0,3%.

En cantidad de trabajadores, el comercio encabezó la pérdida de empleos con 3.800 puestos menos, seguido por la industria manufacturera, que registró una reducción de 2.800 empleos durante el mismo mes.

La situación industrial resultó particularmente significativa. El sector acumuló variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses y perdió cerca de 95.000 puestos desde septiembre de 2023. Por su parte, la construcción quedó con aproximadamente 377.000 trabajadores, cerca de sus registros mínimos históricos.

El empleo privado cayó en 17 provincias

El deterioro laboral también presentó diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Según el informe, durante julio el empleo privado registrado disminuyó en 17 provincias, aumentó en seis y permaneció estable en una.

Las mayores contracciones porcentuales se observaron en Santa Cruz, con una caída del 0,9%, mientras que Corrientes y Mendoza registraron retrocesos del 0,7%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró el 66% de los puestos de trabajo perdidos durante el mes, con una reducción de aproximadamente 8.000 empleos.

En contraste, Neuquén y Río Negro fueron las únicas jurisdicciones que mantuvieron niveles de empleo privado formal superiores a los de noviembre de 2023. Los incrementos acumulados alcanzaron el 8,9% y el 3,5%, respectivamente, vinculados principalmente con el crecimiento de la actividad petrolera.

Qué ocurrió con el empleo público y el trabajo doméstico

A diferencia del sector privado, el empleo público registró una recuperación mensual durante julio, con la incorporación de aproximadamente 4.700 trabajadores, equivalente a un aumento del 0,1%.

De esta manera, la cantidad de empleados estatales alcanzó los 3,4 millones de personas. Sin embargo, el informe aclaró que, respecto de noviembre de 2023, el sector acumuló una pérdida de 83.000 puestos, lo que representó una disminución del 2,4%.

Por otra parte, el empleo registrado en casas particulares continuó retrocediendo. Durante julio se perdieron 1.100 puestos, una caída mensual del 0,2%, que dejó el total en 442.400 trabajadoras.

Este segmento presentó una reducción acumulada del 4,7% desde noviembre de 2023 y del 11,6% respecto de octubre de 2019, cuando había alcanzado su máximo histórico. En ese período más prolongado, se perdieron aproximadamente 58.000 puestos registrados.

El salario mínimo perdió más del 40% de su poder adquisitivo

El informe también reveló un deterioro significativo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cuyo poder adquisitivo alcanzó el nivel más bajo desde junio de 2003.

Según el relevamiento, el salario mínimo nominal se ubicó en 383.800 pesos durante septiembre de 2026 y permaneció sin cambios reales respecto del mes anterior. No obstante, acumuló una pérdida del 40,8% de su capacidad de compra desde noviembre de 2023.

La magnitud del retroceso llevó al salario mínimo real a valores inferiores a los registrados durante la crisis económica de 2001. Además, quedó un 67,1% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011.

Estos datos reflejaron que el deterioro de los ingresos mínimos se produjo de manera acumulativa, más allá de las actualizaciones nominales aplicadas durante los últimos años.

Cómo evolucionaron los salarios privados y públicos

En cuanto a las remuneraciones del sector privado registrado, el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró una mejora real del 1,15% durante agosto respecto de julio.

A pesar de esa recuperación mensual, los salarios privados registrados permanecieron un 2,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, de acuerdo con la medición utilizada en el informe.

Por su parte, la remuneración promedio estimada para agosto alcanzó los 2.303.686 pesos nominales, con una mejora real mensual del 1,3%. Esta evolución ubicó el indicador un 0,8% por encima de noviembre de 2023.

La situación de los trabajadores estatales presentó un panorama diferente. Aunque los salarios públicos aumentaron un 0,6% real durante agosto, todavía registraron una pérdida acumulada del 15,3% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.

De esta manera, el informe del IIEP-UBA y el Conicet expuso un escenario caracterizado por la persistencia de la contracción del empleo formal privado, diferencias entre sectores productivos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. (NA)

En un contexto socioeconómico exigente, la formación técnica y la capacitación en oficios se consolidan como respuestas concretas para la generación de empleo y el desarrollo personal en Gualeguaychú. A través de la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), cientos de vecinos encuentran diariamente una vía directa para ingresar al mercado de trabajo o impulsar sus propios emprendimientos.

En este sentido, la coordinadora del área, Patricia López, destacó la relevancia de los procesos de formación: “Considero que la capacitación laboral es fundamental para generar nuevas oportunidades en Gualeguaychú, tanto para los jóvenes que buscan su primer empleo como para los adultos que necesitan reinventarse laboralmente o mejorar sus ingresos”.

Asimismo, la funcionaria detalló la amplitud de las alternativas vigentes para la comunidad: “Hoy veo mucho interés por aprender oficios. La coordinación cuenta con una oferta importante de perfiles como gasistas, auxiliares en instalaciones eléctricas, carpintería, instalador sanitarista y albañilería, además de informática, diseño, administración contable, servicios turísticos, fotografía, organización de eventos, belleza integral, peluquería, pastelería y confección textil”.

En la actualidad, el área dispone de más de 20 oficios orientados a responder a las demandas específicas del mercado local: “Solo en la localidad de Gualeguaychú, contando con los alumnos del Penal N°9, son aproximadamente 940 estudiantes que se están formando”.

Brian tiene 30 años y su prioridad es sostener a su familia y a su madre. “Veo una posibilidad de generar mi propio trabajo, para lograr mis ingresos y que sea el sustento de mi casa. Para mí es fundamental agarrar toda herramienta que esté a la mano”, relató.

Asimismo, el estudiante ponderó el valor pedagógico del docente Jesús Valenzuela y la dinámica del trabajo de campo: “Una cosa es ir y dar teoría, pero para mí lo fundamental es que haya prácticas para que uno vea en vivo cómo se resuelve. Ayer le pregunté sobre cómo destapar una cañería obstruida y nos explicó el uso de la cinta y cómo se presupuesta ese trabajo. Ese conocimiento y el saber hacer son la mejor herramienta”.

La postura del alumno coincide con la visión de la gestión educativa. Al respecto, Patricia López remarcó que el objetivo no se agota en el dictado de clases: “No alcanza solamente con ofrecer cursos, también es necesario acompañar a las personas en la búsqueda laboral, ayudarlas a preparar un currículum y afrontar una entrevista. Además de generar vínculos con empresas y comercios que les permitan acceder a oportunidades concretas”.

“El Pasif representa una oportunidad muy importante para acercar la formación profesional al sector productivo. Mi intención es trabajar de manera articulada con empresas, cooperativas e instituciones para conocer qué perfiles necesitan”, sostuvo la coordinadora de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.

El proyecto busca impactar en áreas estratégicas como la industria, la construcción, el mantenimiento, las nuevas tecnologías, el comercio y el turismo. “Creo que la formación no debe quedar solamente en un certificado, sino convertirse en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar emprendimientos, porque aprender un oficio también es una manera de generar ingresos propios”, enfatizó López.

La continuidad de estos espacios públicos y gratuitos resulta prioritaria para quienes asisten. “Para mí es fundamental que estos cursos sigan existiendo y se expandan, que sigan teniendo presupuesto porque le dan chances a la gente. Para el que esté dudando, le pido que se anote. Aprender un oficio es muy lindo, te da maña, confianza y el conocimiento que te abre puertas para trabajar por cuenta propia o darles trabajo a otros”, concluyó Brian Fernández.

La actividad de la industria metalúrgica en la Argentina registró una contracción del 3,3 por ciento interanual durante el mes de septiembre, acumulando de este modo un retroceso del 5,3 por ciento en los primeros nueve meses de 2026. De acuerdo con el relevamiento mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector mostró una ligera mejora del 2,5 por ciento en la comparación mensual con respecto a agosto, aunque dicho incremento no resultó suficiente para revertir la tendencia contractiva del período.

Uno de los indicadores salientes del informe sectorial refiere al uso de la capacidad instalada, el cual se ubicó en un 40,2 por ciento durante septiembre, experimentando una reducción de 4,3 puntos porcentuales frente a idéntico mes del año anterior. Este guarismo representa el nivel de utilización productiva más bajo registrado para un mes de septiembre desde el inicio de la serie estadística disponible en el año 2016, traduciéndose en que aproximadamente seis de cada diez maquinarias pertenecientes al entramado industrial se mantuvieron inactivas durante el período evaluado.

En la distribución geográfica, todas las jurisdicciones con presencia metalúrgica evidenciaron variaciones interanuales negativas. La provincia de Entre Ríos encabezó la nómina de caídas con un descenso del 5,5 por ciento, seguida por Córdoba con una baja del 4,6 por ciento, Buenos Aires con un retroceso del 3,7 por ciento, Santa Fe con un -2,3 por ciento y Mendoza con un -1,1 por ciento.

Por último, en lo concerniente a las variables laborales y de proyección, el nivel de empleo en el sector registró un retroceso del 1,9 por ciento en la comparación interanual, manteniéndose sin modificaciones respecto al mes de agosto. Respecto a las previsiones operativas para el próximo trimestre, el 45,2 por ciento de las empresas encuestadas por la entidad fabril manifestó que no proyecta incrementos en sus volúmenes de producción.

El Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, dictó sentencia en tres acciones de amparo presentadas de manera independiente por trabajadores jubilados bajo el Régimen de Trabajo Agrario. La resolución judicial dispone la suspensión inmediata de la retención del 5 por ciento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicaba mensualmente sobre los haberes previsionales bajo el concepto “Cargo Aportes Agrarios” o sus denominaciones equivalentes. La medida se mantendrá vigente hasta tanto las autoridades competentes dicten la reglamentación correspondiente al artículo 83 de la Ley N° 26.727.

Asimismo, el fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto N° 157/2018 y ordenó al organismo nacional un plazo de 60 días para confeccionar la liquidación final de la deuda por aportes omitidos. En dicho informe, la Anses deberá precisar los montos definitivos a descontar o proceder al reintegro de las sumas retenidas en caso de corresponder, imponiendo las costas del proceso al organismo demandado.

Ante la falta de dictado de las normas complementarias por parte de la autoridad de aplicación, la Anses implementó la Circular PREV-27-05. A través de esta disposición interna, el organismo procedió a descontar de forma preventiva un 5 por ciento mensual de los haberes por aquellos períodos de servicios anteriores al 1 de enero de 2012 no registrados formalmente en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Al analizar la fundamentación del fallo, el magistrado interviniente sostuvo que la prórroga indefinida de este esquema provisorio genera un estado de incertidumbre sobre el monto total adeudado y la duración del descuento, afectando la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales. En la resolución se señaló que el mecanismo derivó en la formulación de cargos preventivos sobre aportes hipotéticos que la administración presupone omitidos, configurando una situación de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en los términos de la Ley de Amparo N° 16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El acceso al empleo para las personas con discapacidad en la Argentina se encuentra regulado por marcos normativos de inclusión y cupos obligatorios en el sector público, acompañados por algunas iniciativas desde la esfera privada.

En el ámbito estatal, la legislación nacional establece mediante la Ley N° 22.431 que los tres poderes del Estado y las empresas públicas deben contar con una plantilla laboral integrada en al menos un 4% por personas con discapacidad.

El sector privado no cuenta con una exigencia legal homogénea a nivel nacional, por lo que las oportunidades laborales quedan supeditadas en gran medida a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Al analizar la composición por tramos etarios, el 17,2% corresponde a la franja de 0 a 14 años, el 21,6% pertenece a adultos mayores de 65 años o más, y el 61,2% se ubica en el segmento en edad central de trabajar, de entre 15 y 64 años.

A nivel de indicadores sociales, el 83,5% de las personas vive acompañada y el 73,1% de la población con CUD está alfabetizada. No obstante, la cifra vinculada al mercado laboral revela una brecha estructural: el 73,9% de las personas con discapacidad en Gualeguaychú no trabaja.

Ian Pavon tiene 23 años, es autista, juega al fútbol desde los 7 años y actualmente se encuentra en la etapa final de un curso de Diseño Gráfico, para el cual ahorró y adquirió su propia computadora. Respecto a su experiencia previa en el mercado de trabajo y los desafíos de inserción, compartió su testimonio: “Cuando logré encontrar trabajo tuve varios obstáculos. Lo primero: era en negro y trabajaba de cortado. En un super chino, por ejemplo, no se cobran los feriados y solía ser muy pesado el trabajo. Por suerte yo aprendí rápido y hablaba con mucha gente y nunca notaron mi discapacidad. A mí me servía porque con eso pude comprarme una computadora. Ahora estoy sin laburo, por lo que ando tirando currículums”, expresó. Al tiempo que aclaró que “tener una condición no debería influir en el trabajo”.

“Actualmente, estoy estudiando Diseño Gráfico, los martes y jueves. Tengo fe porque esta actividad tiene salida laboral. Será difícil arrancar, pero de a poco lo voy hacer. La computadora será de utilidad para arrancar con los diseños”, contó.

Cecilia Dargain, de 32 años y madre de tres hijos, relató cómo la incertidumbre frente a las exigencias de los entornos laborales convencionales y la falta de apoyos la llevaron a construir su propio camino en la independencia laboral como fotógrafa, peluquera y masajista: “A mí me interpela un montón el tema del empleo y la discapacidad. Nunca tuve acceso a un empleo formal. A los 20 años tuve mi primera hija y sola, y comencé con el trabajo independiente y emprendedor. Soy fotógrafa, soy peluquera, soy masajista y sigo estudiando”.

También habló de sus miedos y se refiero a la actualidad: “Siempre tuve la pensión, pero tenía miedo que me la quitaran porque era la única entrada que tenía. Transitar el mundo laboral es un lío, desde armar un CV, el miedo a que te bajen el pulgar, lo desesperante que se puede volver tener una entrevista por la ansiedad; Las preguntas como ¿seré suficiente?, ¿me dará el cuerpo para aguantar si me sobrecargo de estímulos?, son muchísimos obstáculos que un neurodivergente tiene”, indicó.

“Yo entendí que tengo que hablar mucho y siento que me expongo, sea miedo o vergüenza, porque no todo el mundo está dispuesto a ayudarte, digas tu diagnóstico o no. En la actualidad estoy trabajando en una casa de comidas, pero sigo con mis emprendimientos”, concluyó Cecilia.

Para los trabajadores, la política pública brinda tutorías e incentivos en su proceso de entrenamiento; a los empleadores del sector privado les otorga asistencia técnica y beneficios económicos para la contratación; a las organizaciones de la sociedad civil las convoca para desarrollar proyectos comunitarios y asiste a los organismos públicos en la búsqueda e incorporación de personal.

De acuerdo con el informe de gestión del programa, en el ámbito público de Gualeguaychú se encuentran en ejecución tres proyectos de entrenamiento laboral que vinculan a siete participantes. En el sector privado, en tanto, se registran seis proyectos activos que abarcan a otros siete participantes en instancias de capacitación e inserción.

Asimismo, la articulación del programa se extiende hacia otros municipios del departamento y de la región. En el sector público de localidades vecinas como Enrique Carbó y Villa Paranacito se desarrollan tres proyectos con catorce participantes integrados.

Asimismo, en el sector privado de la zona, mediante alianzas con un comercio del rubro de la construcción en Gilbert y una firma de insumos agrarios en Urdinarrain, existen tres proyectos que involucran a tres participantes. En el balance general de la gestión provincial y regional, el Programa Promover contabiliza quince proyectos activos y un total de 31 participantes vinculados de forma directa en experiencias de entrenamiento laboral.

Respecto al balance de la implementación del programa Promover, Peruzzo detalló que “existe una demanda importante de búsqueda laboral. Nosotros orientamos y asesoramos a quienes se acercan, se los acompaña en la construcción de CV, y se les informa sobre talleres de formación. Mientras tanto, se continúan fortaleciendo los vínculos con empresas y comercios para generar nuevas experiencias de formación e inserción. Actualmente, tenemos 15 participantes activos en el Programa Promover, en el ámbito público y privado, y dos personas con empleo formal incorporadas bajo el programa del ECA”.

Al referirse a la respuesta del sector privado e instituciones locales, la funcionaria señaló que “cuando salimos en la búsqueda de nuevas oportunidades y opciones laborales, por lo general encontramos espacios de diálogo y predisposición para conocer las propuestas; los empleadores siempre han mostrado interés frente a la información que se les plantea. No obstante, muchos argumentan no estar en una situación que les permita pensar en una nueva contratación o creación de una vacante, pero quedan a disposición de seguir en conversación para otros momentos. Con respecto a los entrenamientos laborales, al no implicar por parte del empleador el pago, suele tener mayor apertura. De todas formas, como sucede en otros ámbitos, todavía hay barreras vinculadas al desconocimiento”.

Finalmente, sobre los aspectos que consideran que aún deben reforzarse a nivel local o normativo para garantizar una verdadera inclusión laboral, sostuvo: “Consideramos fundamental seguir sensibilizando y asesorando a los empleadores, y generar más oportunidades de entrenamiento laboral. También desde el área aprovechamos cada visita para conversar sobre la importancia de los entornos accesibles dentro de las empresas y comercios. La normativa es indispensable, pero debe estar acompañada de acciones concretas que permitan llevar esos derechos a la práctica. Nuestro objetivo es seguir ampliando las posibilidades, acompañando a las personas con discapacidad en el desarrollo de sus capacidades y brindando a las empresas herramientas para que puedan incorporar nuevos perfiles laborales. Es un trabajo progresivo. También es necesario continuar trabajando sobre ciertas barreras y prejuicios que todavía existen en torno a las personas con discapacidad”.

Afrontar los desafíos del mercado, consolidar un proyecto propio y lograr la independencia financiera siguen siendo objetivos centrales para miles de mujeres que emprenden en la provincia.

Con el propósito de brindar herramientas concretas frente a estas barreras, la ciudad de Concordia fue sede de una jornada de trabajo orientada a impulsar el desarrollo productivo y el acceso a financiamiento directo para proyectos liderados por mujeres.

Durante la actividad se concretó la entrega de aportes crediticios y certificados de asistencia a emprendedoras y empresarias locales que forman parte del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres. La iniciativa busca romper con las dificultades habituales de acceso al crédito bancario tradicional, ofreciendo tasas accesibles, capacitaciones en gestión de negocios y espacios de formación enfocados en la soberanía financiera.

El gobernador Rogelio Frigerio participó del encuentro junto a autoridades locales y representantes del Consejo Federal de Inversiones, ocasión en la que remarcó la importancia de convertir las ideas en emprendimientos sostenibles.

En ese marco, se destacó que la provincia ya registra más de 50 proyectos gestionados a través de esta línea específica para mujeres, representando una inversión que supera los 5.000 millones de pesos destinados a fortalecer el tejido PyME femenino.

El programa busca que cada emprendimiento no solo sirva como sostén económico familiar, sino que se transforme en un motor de generación de empleo y desarrollo regional. A través de capacitaciones continuas en administración, comercialización y acceso a herramientas financieras, la propuesta apunta a consolidar el rol de las mujeres como protagonistas del esquema productivo entrerriano.

La industria de la construcción atraviesa un escenario caracterizado por la estabilización en niveles reducidos de actividad, registrando un descenso del 25% en comparación con su último pico histórico alcanzado a mediados del año 2023. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el sector experimentó la pérdida de aproximadamente 120.000 puestos de trabajo formales en un período de doce meses, junto con el cese de operaciones o dificultades financieras estructurales en cerca de 2.000 empresas contratistas a nivel nacional.

Si bien la evolución de la actividad presenta disparidades regionales —impulsada por el dinamismo de la obra privada vinculada a los desarrollos energéticos y mineros en la región patagónica—, el volumen generado en dichas provincias no logra compensar la contracción registrada en el resto del territorio argentino. A esta dinámica se suma una paralización persistente en la obra pública nacional y una baja tasa de ejecución en proyectos habitacionales privados, originada por el incremento de los costos de edificación medidos en moneda extranjera.

De acuerdo con estudios elaborados por el Consejo de Políticas de Infraestructura, sostener un ritmo de crecimiento económico cercano al 3% anual requeriría niveles de inversión continuados en el área equivalentes al 25% del Producto Bruto Interno (PBI).

En ese marco, la representación empresarial remarcó la importancia de articular mecanismos institucionales de financiamiento público y privado para la ejecución de obras estratégicas. Según las estadísticas internacionales consolidadas, los proyectos de infraestructura de baja rentabilidad directa o alto impacto social dependen mayoritariamente del aporte estatal, resultando insuficiente el capital privado para cubrir la totalidad de las necesidades estructurales de un país.

Las proyecciones del sector prevén la continuidad de estos niveles de actividad durante los próximos meses, supeditando una eventual recuperación al fortalecimiento de las líneas de crédito hipotecario, la reactivación paulatina de proyectos clave y la instrumentación de alternativas financieras compatibles con el equilibrio fiscal institucional.

Previo a viajar a París para asistir a la "Argentina Week", el presidente Javier Milei le envió un mensaje a los inversores del país europeo: "Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina", afirmó en diálogo con el medio Le Point.

Durante la entrevista, cuya primera parte se conoció este martes, el mandatario arremetió contra la oposición por cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos", aseveró y agregó: “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894.”

¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar", sostuvo.

Para defender el RIGI, el jefe de Estado resaltó que la acción de YPF "había caído a 3 dólares” durante el kirchnerismo, pero hoy “supera los 50”.

Además, aseveró que la balanza energética pasó de un déficit de 5000 millones de dólares a un superávit de 10.000 millones y adelantó que las exportaciones superarán este año los 100.000 millones y llegarán a entre 180.000 y 200.000 millones en 2031.

Luego destacó: "Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos", y ahí reiteró: “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”.

Al ser consultado sobre su relación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó: "Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”.

Y recordó que el mandatario francés, junto con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tuvo “un rol determinante” para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual, según Milei, permitió sanear el balance del Banco Central y salir del cepo.

"Tengo una deuda de gratitud inmensa con él", sostuvo y calificó a Francia como “uno de los mayores inversores en la Argentina”.

Para cerrar, a modo de broma, lanzó: “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.

Respecto a sus diferencias con el líder europeo, se limitó a decir: "Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".

Sobre la compra de submarinos, por la que compiten con la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha, afirmó: "Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos".

En referencia al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que es rechazado por los productores agropecuarios franceses, el presidente argentino aseveró: "Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas".

Según comunicó el mismo medio fránces, la segunda parte de la entrevista se publicará este miércoles con el título “La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos”.

La labor parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación incluye el análisis de las políticas públicas dirigidas a la inserción laboral de la juventud, las condiciones de empleo y los esquemas de remuneración salarial vigentes en el país. En ese marco, el diputado nacional Guillermo Michel se refirió a las previsiones económicas planteadas durante el debate electoral reciente en relación con los ingresos del sector joven y la vigencia de la moneda nacional en la liquidación de haberes.

Según expuso el legislador, las proyecciones difundidas durante la campaña electoral generaron una expectativa entre la población joven basada en la posibilidad de percibir salarios en moneda extranjera sin variaciones en nominalidad respecto de las remuneraciones en pesos.

Michel sostuvo que los indicadores actuales de empleo reflejan esquemas de liquidación en moneda local con un poder de compra inferior al estimado inicialmente en las plataformas informativas y redes sociales de uso masivo.

Finalmente, el diputado destacó que la formulación de proyectos para promover el empleo juvenil requiere la modernización constante de las herramientas tecnológicas y los canales formales de comunicación institucional. De esta manera, se busca garantizar una difusión más clara de los mecanismos de incentivo al trabajo y de las leyes aprobadas en el Congreso de la Nación, facilitando la interacción continua entre los legisladores y los sectores productivos que demandan mano de obra calificada.

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, participó del 2° Foro Ciudad Potencia, realizado en Villa Allende, Córdoba, un encuentro que reunió a emprendedores, empresarios, referentes del sector privado y representantes de gobiernos locales para compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de desarrollo, inversión e innovación.

Davico integró el panel “Ciudades Puente: Gobiernos locales que abren puertas al capital”, junto al intendente de Jesús María, Federico Zárate; el exintendente de Tres de Febrero y senador bonaerense, Diego Valenzuela; y el intendente anfitrión de Villa Allende, Pablo Cornet, quien tuvo a su cargo la moderación.

Durante su participación, el Intendente presentó las principales políticas impulsadas en Gualeguaychú para generar condiciones favorables para la radicación de inversiones y el crecimiento de la actividad privada.

“Siempre alfombra roja para el que viene a invertir”, expresó Davico, al sintetizar la mirada de la gestión municipal sobre el vínculo entre el Estado local y quienes generan actividad económica y empleo.

En ese sentido, explicó que durante el encuentro expuso cómo Gualeguaychú eliminó el 70 por ciento de las tasas municipales, junto con las medidas adoptadas para reducir el gasto y, al mismo tiempo, sostener un programa de obras que permita acompañar el crecimiento de la ciudad.

“Articulación concreta entre el sector público y el sector privado. Vine a exponer cómo hicimos para eliminar el 70 por ciento de las tasas. También les contamos cómo achicamos el gasto, pero a la vez, hicimos obras para que Gualeguaychú crezca y el privado venga a invertir a nuestra ciudad y genere trabajo genuino”, señaló el Intendente.

El Foro Ciudad Potencia, que contó con la participación de más de 400 emprendedores, empresarios, instituciones e intendentes de distintas ciudades del país, tuvo como uno de sus objetivos fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, poner en común experiencias de desarrollo local y promover vínculos entre empresas, emprendedores, inversores y gobiernos. La segunda edición incluyó paneles sobre inversión, innovación, tecnología, emprendimientos y experiencias de ciudades que buscan generar condiciones para la llegada de nuevas actividades económicas.

“Me pone muy feliz venir a contar el trabajo que estamos haciendo en Gualeguaychú”, destacó Davico, quien remarcó la importancia de compartir la experiencia local en espacios que permiten intercambiar políticas y estrategias vinculadas al desarrollo de las ciudades.

La participación de Gualeguaychú en este encuentro se inscribe en una agenda orientada a fortalecer el vínculo con el sector privado y posicionar a la ciudad como un destino con condiciones para la inversión, el desarrollo de nuevos proyectos y la generación de empleo.

El desafío que enfrenta el Gobierno de Javier Milei para que la estabilidad alcanzada en algunas variables de la economía llegue al bolsillo tiene una expresión concreta en el mercado laboral. La pérdida de empleos en blanco en el sector privado fue compensada por un fuerte crecimiento del cuentapropismo informal —la categoría que más se expandió durante la gestión libertaria—, que llevó la informalidad a un récord del 45% del total.

El impacto sobre la economía familiar es directo: quienes trabajan bajo esa modalidad ganan, en promedio, menos de la mitad de lo que percibe un asalariado registrado comparable. Además, las personas que dejaron un empleo privado en blanco y pasaron al cuentapropismo sufrieron una caída de casi 30% en sus ingresos reales.

Los datos difundidos por el Indec mostraron que la desocupación subió al 7,9% en el segundo trimestre, frente al 7,6% registrado un año atrás. La cantidad de personas que salieron a buscar trabajo, sin embargo, creció a un ritmo todavía mayor: la tasa de actividad aumentó 0,8 puntos porcentuales y llegó al máximo histórico del 48,9%.

En términos absolutos, unas 338.000 personas se incorporaron al mercado laboral dentro de los 31 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Cerca de 265.000 consiguieron una ocupación y otras 73.000 quedaron desocupadas. El mercado logró absorber a casi ocho de cada diez nuevos trabajadores, pero lo hizo principalmente mediante empleos informales y por cuenta propia.

Según un análisis de la consultora Analytica, entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de este año el empleo informal sumó 348.000 personas, mientras que se perdieron unos 83.000 puestos formales. Es decir, la creación de trabajo no registrado superó a todo el aumento neto de la ocupación y compensó la caída de los empleos en blanco.

La informalidad pasó así del 43,2% al 45% de los ocupados en apenas un año, el mayor nivel de la serie oficial disponible, según precisó Econviews. Equilibra calculó que la proporción aumentó 3,4 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2024. Durante ese período, la cantidad de cuentapropistas informales creció 25,6%, mientras que los asalariados registrados cayeron casi 5%.

La categoría que más creció fue también la que menos paga: Analytica estimó que el cuentapropismo informal incorporó unas 318.000 personas durante el último año, más que los 265.000 empleos netos creados en el período.

Luego de corregir las diferencias de sexo, edad, educación, región, actividad y cantidad de horas trabajadas, la consultora calculó que un cuentapropista informal percibe 51% menos de ingreso que un asalariado registrado comparable. La comparación directa de los ingresos mostró una brecha similar: el promedio de la ocupación principal fue de $581.059 para un cuentapropista informal y de $1.183.241 para un asalariado en blanco, expresados en pesos de agosto de este año.

En ese mismo sentido, el ingreso promedio de los cuentapropistas registrados fue de $892.068 y el de los asalariados informales, de $747.319. Ambos quedaron por debajo de los asalariados formales, pero por encima de los cuentapropistas informales. Los asalariados registrados fueron, al mismo tiempo, la única categoría que sufrió una pérdida importante de empleo: se redujeron en alrededor de 84.500 personas. La Nación

La Municipalidad de Gualeguaychú, mediante el Centro de Desarrollo del Conocimiento, dispondrá a partir del lunes 21 de septiembre una renovada programación semanal en las instalaciones de la Biblioteca Digital 3 de Febrero, ubicada en la arteria 3 de Febrero 128. El ámbito institucional ofrecerá una grilla que integra alfabetización digital, talleres técnicos, espacios de acceso libre a equipos y asistencia personalizada para resolver gestiones.

Las actividades operarán en el turno mañana, de lunes a viernes, bajo un esquema dividido en tres bloques horarios continuos que integran formación estructurada, laboratorios de consulta y uso asistido de las terminales informáticas:

Las capacitaciones requieren inscripción previa, mientras que la atención telefónica y la recepción de consultas sobre la grilla horaria se encuentran disponibles a través de la línea de WhatsApp 3446-313700.

El salario real del sector privado acumuló en junio una caída del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la mitad de los trabajadores registrados percibió menos de $1.385.000 de bolsillo. Los datos oficiales mostraron que los ingresos continuaron sin recuperar poder adquisitivo pese a la desaceleración de la inflación.

Según informó la Secretaría de Trabajo a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la remuneración promedio de los asalariados formales privados se mantuvo sin variaciones reales durante junio respecto de mayo. Sin embargo, al ampliar la comparación a los últimos 12 meses, registró una contracción del 2,8%.

La pérdida resultó todavía mayor frente al máximo alcanzado durante la actual gestión nacional: respecto de febrero de 2025, el salario real retrocedió 4,2%. En comparación con noviembre de 2023, último mes completo de la administración anterior, la variación fue negativa en 0,8%.

Los datos de julio anticiparon otra caída

La información provisoria correspondiente a julio mostró que la tendencia negativa habría continuado. Según el relevamiento oficial, los salarios registrados del sector privado experimentaron una nueva caída real mensual del 1,1%.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron además una diferencia entre lo acordado en las paritarias y los ingresos que finalmente reciben los empleados. “En los últimos meses, la dinámica de los salarios determinados en la negociación colectiva es superior a la de los salarios efectivos declarados en el sistema de seguridad social, un escenario inverso a lo observado durante los últimos dos años”, explicaron.

El panorama, además, presentó fuertes diferencias entre las actividades económicas. Mientras algunos sectores consiguieron incrementar sus remuneraciones por encima de la inflación, otros acumularon pérdidas de poder adquisitivo.

Qué sectores perdieron más poder adquisitivo

Entre las actividades con mayores caídas salariales reales se ubicaron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un retroceso acumulado del 4,3%; Comercio, con una baja del 3%; y Salud, donde la disminución alcanzó el 2,7%.

En el extremo opuesto se encontraron Hotelería y restaurantes, con una mejora real del 11,8%; Servicios comunitarios, sociales y personales, con un incremento del 7,6%; y Servicios empresariales e inmobiliarios, con un avance del 6,9%.

En la industria, en tanto, el poder adquisitivo se mantuvo prácticamente estable. Sin embargo, el sector experimentó un fuerte ajuste en términos de empleo: desde fines de 2023 perdió alrededor de 88.500 puestos de trabajo. El dato adquiere relevancia debido al peso que tienen la industria y el comercio dentro del empleo privado registrado.

La mitad cobró menos de $1.385.000 de bolsillo

Otro de los datos que reflejó la situación de los ingresos estuvo relacionado con la distribución salarial. De acuerdo con el SIPA, el 50% de los trabajadores registrados del sector privado tuvo en junio una remuneración bruta inferior a $1.668.430.

Al descontar los aportes correspondientes, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, estimó que ese nivel equivalió a un salario de bolsillo inferior a $1.385.000 para la mitad de los asalariados formales privados.

La cifra quedó por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar. Durante junio, esa canasta había alcanzado aproximadamente los $1.531.473 y, para agosto, ya había superado los $1,6 millones.

Fuente: ElOnce

Con el objetivo de acercar la educación pública al mercado de trabajo y ofrecer alternativas concretas de capacitación, se pusieron en marcha dos nuevas propuestas de formación técnica orientadas a jóvenes y adultos de la provincia. Las trayectorias formativas estarán enfocadas en las áreas de Operario metalmecánico básico y Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, dos rubros con alta demanda en el sector productivo.

La iniciativa forma parte del Programa de Articulación Sectorial para la Innovación Formativa (PASIF), una herramienta impulsada desde la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE). Los convenios se firmaron con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer) y con la empresa Energía de Entre Ríos (Enersa) para implementar la nueva propuesta formativa. El propósito de este esquema es modernizar el sistema de formación profesional mediante cursos de estructura flexible y contenidos actualizados que respondan directamente a las necesidades laborales de cada comunidad.

Desde la conducción del área educativa provincial, Carlos Cuenca remarcó el sentido social de estas instancias: "Nuestra prioridad es que la educación pública sea un puente directo hacia el trabajo genuino. A través del programa PASIF, estamos transformando la capacitación laboral en Entre Ríos para que responda a lo que el territorio y el sector productivo necesita hoy". Asimismo, subrayó que este tipo de acuerdos buscan "generar oportunidades reales de inserción laboral para nuestros jóvenes y adultos".

En lo que respecta al trayecto en metalmecánica, la propuesta busca dotar a los estudiantes de herramientas teóricas y operativas para desempeñarse en pequeñas y medianas industrias. Sobre el impacto en el sector, Sergio De Luca, representante de la entidad industrial que acompaña el proyecto, señaló: "Para el sector metalmecánico es fundamental contar con personal calificado. Nuestro propósito no es solo acompañar la calificación de posibles candidatos a incorporar a nuestras industrias, sino también formar nuevos empresarios y referentes".

Por su parte, la capacitación para auxiliares en instalaciones eléctricas domiciliarias se dictará en los Centros de Formación Profesional. Para el ciclo lectivo 2026, la empresa provincial proveerá los insumos, herramientas, elementos de trabajo y materiales necesarios para garantizar el desarrollo de los talleres prácticos, además de brindar asesoramiento técnico sobre normas de seguridad e higiene laboral.

Sobre el crecimiento de esta disciplina, Uriel Brupbacher sostuvo: "Sabemos que la demanda en la industria de la energía crece día a día y que la especialización y la capacitación son herramientas fundamentales. Por eso es muy importante acompañar este proyecto y ser parte de este proceso de formación".

A través de estas alternativas educativas, se busca fortalecer el perfil técnico de los estudiantes e impulsar la empleabilidad en un contexto donde la especialización práctica resulta determinante para conseguir un puesto de trabajo.

El término "nueva pobreza" se utiliza en sociología y economía para describir el fenómeno por el cual sectores de la clase media caen por debajo de la línea de pobreza debido a crisis económicas, inflación, o precarización laboral. Es aquella que no solo afecta a los sectores históricamente postergados, sino que devora los ingresos de las familias de clase media, las acorrala en situaciones de hacinamiento y las empuja al límite del sistema de salud.

Un informe de la Fundación Tejido Urbano reveló que de uno de cada cuatro personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la Argentina vive en hogares con algún grado de hacinamiento (27%), mientras que un 7,8% sufre de hacinamiento crítico, compartiendo ambiente con más de tres personas.

La precariedad no se detiene en las paredes: el 6,9% habita casas sin agua, luz o gas; el 33,7% vive sobre calles de tierra o mejoradas —imposibilitando la movilidad básica— y, aunque el 26,5% de los hogares necesita reformas de adaptabilidad, solo la mitad ha logrado concretarlas.

¿Estas cifras encontraran espejo en Gualeguaychú? Efectivamente hay realidades locales que aún no se han cuantificado, pero que se asemejan a los datos nacionales.

Las historias de mamás solas que deben dejar de trabajar para dedicarse exclusivamente al cuidado y la burocracia de las terapias; los jóvenes profesionales con discapacidad precarizados o sin empleo formal, y las viviendas multifamiliares saturadas se repiten a diario.

"Históricamente la discapacidad y la pobreza han estado asociadas. Pero hoy la situación se ha complicado mucho más, porque quienes nos creíamos pertenecientes a una clase media nos estamos cayendo del mapa. Vivimos diariamente para estirar el sueldo como sea y poder tener las prestaciones básicas. Las obras sociales se están convirtiendo en un negocio; si no es negocio, no sirve. ¿Quién puede acceder a las prestaciones con este tipo de derechos que se van quitando sistemáticamente?", reflexionó Recchia.

Asimismo, dijo que los datos de la Fundación Tejido Urbano reflejan con precisión la cotidianeidad de Gualeguaychú. En la realidad de los hogares de la ciudad conviven abuelos, hijos y nietos sin sistemas de apoyo adecuados.

"El primer sistema de apoyo que necesita una persona con discapacidad es la familia. Pero hoy ese sistema está colapsado porque a la mayoría les falta plata y muchas se quedaron sin trabajo. Luego le siguen la escuela y la salud. Si una persona sin discapacidad ya arranca en desventaja cuando no hay nutrientes o contención, con una persona con discapacidad arrancás de cero para abajo. Es una situación complejísima", aseguró. Al tiempo que cuestionó la quita de presupuesto, la burocratización de las actualizaciones del CUD y el desmantelamiento de políticas públicas históricas: "Se está violando sistemáticamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378). La persona dejó de ser tratada como sujeto de derecho para pasar a ser una variable de ajuste".

A pesar de las dificultades socioeconómicas, Valentín cursa sus estudios secundarios en el turno nocturno del E.S.J.A. Luis N. Palma y compite en natación y atletismo representando a Gualeguaychú en deporte inclusivo, gracias al acompañamiento de su familia, la institución y el profesor Gustavo Taboada. Sin embargo, detrás del esfuerzo y los logros, la vida diaria exige un nivel de organización, recursos y fortaleza constante para atravesar un sistema que muchas veces no está preparado.

"Ser mamá de un hijo con discapacidad es una experiencia que te enseña todos los días. Hay momentos muy lindos, pero también hay muchas situaciones que requieren más atención. Una de las principales complicaciones es poder combinar todo: el trabajo, la familia, los turnos médicos, los traslados y los gastos que implica. Los viajes y los estudios representan un esfuerzo económico importante. Ser mamá y trabajar al mismo tiempo no es fácil, y cuando, además tenés un hijo con discapacidad, la organización y las responsabilidades son todavía mayores", expresó.

Carolina agradece tener una vivienda donde pueden vivir cómodamente, sin embargo, comento que "las condiciones habitacionales son importante para todos, pero en el caso de las personas con discapacidad debería poder adaptarse a las necesidades de cada persona. En la actualidad esos gastos de modificaciones o adaptaciones no siempre son posibles de hacer, por cuestiones económicas. Muchas veces tenemos que arreglarnos con lo que tenemos”.

La mujer también se refirió a redes de contención: “El apoyo de los organismos e instituciones existe, pero no alcanza y muchas veces es difícil acceder. Hay que hacer trámites, conseguir turnos, presentar documentación e insistir. Una termina aprendiendo a moverse dentro de un sistema que es muy complicado. Desde nuestra experiencia, creemos que todavía falta mucho para que las personas con discapacidad puedan acceder realmente a todos sus derechos de una manera sencilla y sin tantas trabas".

La pérdida de empleo implica ausencia de ingreso y la caída del sistema médico. "Al quedarse sin trabajo, son excluidos en un lapso de tres meses de la cobertura de salud, lo que deriva en la interrupción de los tratamientos", advirtió la referente local.

A este panorama, sumó ejemplos de jóvenes y adultos dentro del espectro autista que intentan abrirse paso en el mercado laboral local: “Una masajista, madre de tres hijas, que pelea día a día por desempeñar su labor; un periodista al que le cuesta conseguir trabajo estable; un joven que trabajó en un supermercado que cerró sus puertas y actualmente continúa estudiando y sigue dejando curriculums, con la ilusión de ser convocado”.

Leonardi también se refirió a la reciente Resolución 1115/2026 que propone un nuevo Plan Nacional de Autismo: “No crea nuevos servicios, ni prestaciones específicas. No hay nada que celebrar cuando se firman resoluciones abstractas que aclaran que no se destinarán fondos a tal fin. ¿Qué se puede cambiar sin presupuesto? Sin dinero no hay formación, actualización profesional, no hay capacitación docente obligatoria, no hay detección temprana con pediatras especializados en neurodesarrollo, ni respuesta y acompañamiento a cuidadores. En una provincia en la que ya se declaró la urgencia sanitaria en salud mental, presentar una resolución nacional sin presupuesto es al menos irónico”.

"Comenzamos a desarrollar un proyecto cruzando los datos estadísticos del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) con la información que vamos obteniendo a partir de la emisión de los CUD para volcarlos directamente en el Sistema de Información Geográfica (GIS)", señaló.

Peruzzo enfatizó en la importancia de ser rigurosos con los números antes de emitir cifras definitivas, debido a las distorsiones que suelen generarse entre los certificados emitidos e históricos y las personas que actualmente residen en la ciudad con diagnóstico actualizado.

"La complejidad se presenta porque algunos certificados se otorgan sin vencimiento y otros requieren renovación periódica. Estamos haciendo un registro por semestre para no contabilizar varias veces lo mismo y evitar confusiones. Es complicado dar números absolutos cuando la estadística de CUD emitidos es ampliamente mayor a la población activa registrada. Queremos dar información real y certificada desde el área para planificar soluciones concretas", dijo la funcionaria.

Según la propia experiencia de los protagonistas, Gualeguaychú enfrenta el desafío urgente de interpelar sus prioridades. Detrás de cada número representativo de la “nueva pobreza” hay familias exhaustas, madres que sostienen solas el cuidado de sus hijos y personas con discapacidad a las que se les exige autonomía mientras se les quitan los apoyos.

"Necesitamos más accesibilidad, más empatía y, sobre todo, que se deje de ver a la discapacidad como una limitación de la persona y se empiece a pensar en todo lo que la sociedad puede hacer para eliminar las barreras que existen. Mi deseo, como mamá, es que Valentín pueda desarrollarse, estudiar, trabajar, hacer sus actividades y vivir su vida con independencia y con las mismas oportunidades que los demás", sintetizó, en este sentido, Carolina Sayas.

El número de jubilados que buscan trabajo o realizan changas para complementar sus ingresos aumentó con fuerza durante el último año. Un estudio determinó que más de 22.000 personas mayores de 66 años se incorporaron al mercado laboral informal en apenas 12 meses, mientras unas 68.700 continuaban buscando una fuente de ingresos.

Los datos surgieron de un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), según el cual durante el primer trimestre de 2026 el 12,6% de las personas de 66 años o más se encontraba dentro de lo que los especialistas denominan “desempleo ampliado” o “desempleo blue”. Se trató del porcentaje más elevado registrado desde 2017, informó BAENegocios.

El indicador combina la tasa oficial de desocupación publicada por el Indec con una medición más amplia que contempla a adultos mayores que continúan buscando empleo pese a haber realizado algunas horas de trabajo durante la semana previa a ser encuestados.

Para ser considerados dentro de esta categoría, los adultos mayores deben reunir tres condiciones: buscar empleo, haber trabajado pocas o ninguna hora recientemente y realizar tareas en condiciones laborales desprotegidas.

El estudio definió como empleo desprotegido aquellas actividades realizadas sin aportes previsionales, estabilidad o antigüedad laboral. También incorporó determinadas tareas por cuenta propia desarrolladas sin una estructura empresarial significativa.

Según explicó la investigadora del IAG Candelaria Rueda, al sumar los desempleados contabilizados oficialmente y aquellos comprendidos dentro de la medición ampliada, unas 68.700 personas mayores de 66 años continuaban buscando una fuente de ingresos.

Abuelos informales

Uno de los datos más significativos del informe estuvo relacionado con la velocidad del crecimiento del trabajo informal. Durante el primer trimestre de este año, el 7,7% de los mayores de 66 años realizaba actividades laborales desprotegidas mientras buscaba empleo, equivalente a unas 42.000 personas.

La cifra prácticamente se duplicó en comparación con igual período del año anterior. En el primer trimestre de 2025, el porcentaje había sido del 3,8%, unas 19.700 personas.

En términos absolutos, esto significó que más de 22.000 adultos mayores se incorporaron a actividades informales en apenas un año. Entre las tareas aparecen trabajos ocasionales, ventas, cuidados de personas, mantenimiento, reparto y diferentes servicios por cuenta propia.

Jubilaciones y costo de vida

El deterioro del poder adquisitivo aparece entre los factores vinculados al fenómeno. Con el actual esquema de movilidad previsional, los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

Para septiembre de 2026 está previsto un incremento del 2,1%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Con esa actualización, la jubilación mínima ascenderá a $428.590.

A ese monto se sumará, para quienes corresponda, el bono extraordinario de $70.000, que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. De esta manera, un jubilado que perciba el haber mínimo más el refuerzo alcanzará un ingreso mensual de $498.590.

Cuánto necesita un jubilado para cubrir sus gastos

La distancia entre los haberes mínimos y los gastos estimados para una persona mayor también quedó reflejada en los últimos cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad.

De acuerdo con esa medición, la canasta mensual de una persona jubilada alcanzó los $1.824.682, monto que contempla diferentes necesidades consideradas esenciales.

Entre los principales gastos aparecen $503.600 destinados a medicamentos, $410.640 a alimentación, $360.150 a vivienda y $151.350 a servicios. Los remedios constituyen, según el relevamiento, el componente de mayor peso dentro del presupuesto.

De acuerdo con esos valores, un jubilado que perciba en septiembre la mínima más el bono de $70.000 dispondrá de ingresos equivalentes a alrededor del 27% de la canasta estimada para una persona mayor. La brecha ayuda a dimensionar el escenario en el que cada vez más adultos mayores continúan buscando empleo o recurren a changas para complementar sus ingresos.

El malhumor social vinculado al rumbo de la economía alcanzó su nivel más elevado en lo que va de la gestión. Según el Informe de Expectativas Económicas de Opina Argentina, el 60% de los encuestados considera que su situación personal empeorará en los próximos meses, lo que representa un incremento de 7 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

El estudio, elaborado sobre una muestra de 1.507 casos en todo el país, refleja que la estabilización macroeconómica no ha logrado impactar positivamente en la economía cotidiana de los hogares. En ese contexto, el 48% de los consultados afirmó que no llega a fin de mes, mientras que un 32% logra cubrir sus gastos básicos pero sin margen de ahorro, y apenas un 18% manifestó contar con capacidad para ahorrar.

Esta retracción del consumo se observa de manera transversal en la sociedad, alcanzando incluso a la base electoral del oficialismo: el 62% de la población señala que no es un momento oportuno para adquirir electrodomésticos y un 75% no realizó gastos en salidas o esparcimiento durante el último mes, indicador que abarca a 6 de cada 10 votantes del espacio gobernante en las elecciones de 2023.

En cuanto a las principales inquietudes de la ciudadanía, la desocupación se afianzó en el primer lugar con el 36% de las menciones, seguida por la corrupción con el 32%, la inflación con el 11% y la inseguridad con el 9%. Asimismo, según relevó el portal de noticias Infobae, un 64% de los participantes expresó temor a que algún integrante de su grupo familiar pierda el empleo en el corto plazo.

Finalmente, la atribución de responsabilidades políticas sobre el escenario actual sufrió una modificación gradual desde el inicio de la gestión: el 63% de los encuestados señala al actual Poder Ejecutivo como el principal responsable de la crisis, frente a un 35% que atribuye la situación a la administración anterior.

El sector de la construcción atraviesa uno de los ciclos más complejos de las últimas décadas en la economía argentina, caracterizado por una profunda contracción en los niveles de actividad y en los indicadores de empleo registrado.

De acuerdo con los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y relevamientos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), desde noviembre de 2023 la industria perdió entre 62.300 y 65.000 puestos asalariados formales. Este número representa una caída de entre el 14% y el 15% de su masa laboral directa, explicando por sí solo casi un tercio de la destrucción total del empleo privado registrado en todo el país durante dicho período.

La parálisis de la obra pública financiada por la Nación, sumada al encarecimiento del financiamiento y a la postergación de desarrollos inmobiliarios privados, consolidó a la construcción como la actividad con mayor deterioro relativo dentro de la estructura económica. A diferencia de rubros extractivos o primarios que mostraron repuntes parciales durante los últimos dos años —tales como la minería, el petróleo y el complejo agropecuario—, los indicadores del INDEC marcan que el sector aún no logra consolidar un piso firme.

En ese contexto, la cadena de valor de la edificación apuesta sus expectativas de recuperación a mediano plazo a un esquema basado en tres variables principales: las concesiones viales, la reaparición del crédito hipotecario y las grandes inversiones en infraestructura vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Dentro del escenario proyectado por el equipo económico nacional, una de las principales herramientas para reactivar la mano de obra intensiva radica en los nuevos procesos licitatorios para la red de Concesiones Viales. Si bien los trámites administrativos han registrado avances normativos, el sector empresarial señala que estos proyectos aún no han comenzado a volcarse de manera masiva en el territorio, por lo que su impacto real sobre la demanda de insumos clave como el cemento, el acero y la contratación de personal especializado demandará mayor tiempo de maduración.

Finalmente, las perspectivas a mediano plazo se apoyan en las obras de infraestructura logística que requerirá el desarrollo energético de Vaca Muerta, la minería y los proyectos aprobados mediante el marco normativo del RIGI. Aunque por el momento estas iniciativas se encuentran mayoritariamente en fases de anuncio y planificación técnica, la proyección de trazados ferroviarios, gasoductos, rutas y tendidos eléctricos aparece como la principal vía de tracción para la ingeniería civil en los próximos años, en un proceso de recuperación que la industria anticipa paulatino y gradual.

La mayoría de las familias argentinas no llegan a fin de mes. Es un drama generalizado que parece profundizarse cada día. Buena parte de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Pero esos préstamos no tienen como objeto satisfacer algún consumo especial o emprendimiento particular, sino que está destinado al gasto corriente. Para que se entienda: las deudas que contraen las familias son mayormente para comer o para pagar otras deudas.

Días atrás irrumpió en los medios de comunicación del país el Mapa de la Deuda, realizado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC). Una novedad que sistematizó datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta el mes de junio del 2026, y los puso a disposición en forma de propuesta interactiva.

En una primera instancia, el CEC realizó un mapeo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para conocer los números de la deuda en los barrios porteños. “Vimos reflejado lo que veníamos intuyendo: que había una situación muy muy diferente entre los barrios del norte y los barrios del sur de la ciudad”, explicó el licenciado en Economía Lisandro Mondino, parte del equipo interdisciplinario que hizo posible este trabajo.

“A partir de ahí, recibimos el apoyo de la FES (Friedrich Ebert Stiftung) y con eso encaramos el laburo a nivel nacional y lo volcamos en una plataforma web interactiva y accesible”, contó para esta nota.

El Mapa de la Deuda contempla todo el territorio argentino, cada una de sus provincias y departamentos. Además, ofrece información detallada por edad, género y entidad acreedora. Entre sus resultados se destaca que casi 20 millones de personas registran deuda formalmente (informalmente son muchas más), de las cuales casi 5.000.000 están en situación de mora. Lo que es lo mismo a decir: una de cada cuatro personas está en situación de mora (se considera moroso a quien está 90 días sin pagar).

“A nivel geográfico se ve una disparidad enorme entre diferentes regiones, que podemos asociar casi linealmente con las distintas actividades económicas del país. En las regiones donde está más concentrada la industria, la construcción y el comercio, sectores que han sufrido muchos cierres, eso se traduce en pérdida de empleo, de ingresos y consecuentemente más endeudamiento y más mora”, indicó Mondino.

Esta realidad queda muy clara en provincias como Buenos Aires (donde la deuda es alta y en el mapa predomina el color rojo) y, en contraste, aparecen otras provincias, ligadas al agronegocio, con menos nivel de deuda. Aunque, en el interior de esas provincias, Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, son los centros urbanizados los que acumulan mayor nivel de mora (Rosario y Córdoba capital).

Además, “las aplicaciones utilizan los algoritmos y la información personal que tienen recolectada, porque están en tu celular, para personalizar la tasa de interés que te cobran. Esto es algo que los bancos tradicionales no hacen, la tasa es igual para todos. Entonces, te cobran lo que piensan que podés pagar o lo que necesitan cobrarte para cubrirse del riesgo de que no pagues”.

“Porque pagás tres o cuatro cuotas, y después no pagás más y pasás a incobrable. Ellos terminan vendiéndole tu cartera de deudor a un estudio jurídico que te sale a perseguir. Son los fondos buitres locales”, cuestionó el economista, al tiempo que enfatizó en la ilegalidad de este tipo de prácticas y en la necesidad, ante estas situaciones, de acudir a Defensa del Consumidor.

El Mapa de la Deuda distingue entre las diversas entidades prestamistas: bancos públicos, privados, compañías financieras, neobancos, proveedores no financieros de créditos y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra (tarjetas de supermercados o casas de electrodomésticos).

“El mayor problema social del endeudamiento y de la mora particularmente no está en el sistema bancario o en las personas que tienen ingresos formales. Hay una tasa de mora ahí, pero es del 8 o 9% en los bancos públicos. Y si bien en términos históricos es altísimo, los neobancos tienen 23% de mora. Entonces, el problema es ahí”, puntualizó Mondino.

Pero, si la lupa se pone en el género de la persona adulta, se evidencia un mayor nivel de mora de las mujeres por sobre los varones. “En ese punto hacemos una asociación directa a las condiciones de la jubilación, de las diferentes pensiones y del esquema de reemplazo de prestaciones previsionales por créditos del ANSES, por ejemplo”, puntualizó Mondino, quien denominó a este fenómeno la “financiarización de las prestaciones sociales”.

“Los dos segmentos más altos de moras son las casas de electrodomésticos y las tarjeteras no bancarias”, aseguró el profesional. Y ejemplificó: “La deuda en el banco tradicional es en promedio de entre 4 y 5 millones de pesos, mientras que, en los neobancos, las tarjetas o las cadenas de electrodomésticos el promedio es de 1 millón de pesos y la tasa de mora es altísima. Acá tenemos un claro fenómeno de que el problema de la mora está en la supervivencia de quienes están en la informalidad absoluta y sacan créditos chiquitos para llegar a fin de mes y después no lo puede pagar”.

El nivel de mora entre los jóvenes entrerrianos es todavía más preocupante si se toman en consideración todas las entidades, no solamente los llamados neobancos. En este segmento, la tasa de mora entre los jóvenes menores a 25 años en Gualeguaychú asciende al 30,2% y está dentro del promedio provincial. Hay localidades que evidencian un nivel de mora menor que la Ciudad del Carnaval, por ejemplo: Nogoyá (22,18%), La Paz (25,35%), Feliciano (23,9%), mientras que ciudades como Federal superan ese índice con 32,7%, lo mismo que Paraná (34,2%) y Victoria (31,46%), entre otras.

El Mapa de la Deuda permite hacer una variedad importante de cruces entre el tipo de entidades (bancarias, no bancarias, etcétera), las edades de las personas morosas y el género de las mismas. Si se toman en cuenta todas las entidades, todos los rangos etarios y todos los géneros, el nivel de morosidad de la provincia de Entre Ríos está por debajo del promedio nacional. En el caso del departamento Gualeguaychú, la tasa de mora asciende al 12,58%, un número alto y preocupante, pero, sin embargo, bastante menor al expuesto por muchas localidades del país.

La ciudad de Mar del Plata se encuentra conmocionada tras el trágico desenlace en la búsqueda de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años que permanecía desaparecida desde el pasado viernes. El cadáver de la víctima fue hallado durante la madrugada de este domingo en una playa del sector sur, oculto debajo de un contenedor de basura y envuelto en una sábana, confirmando que fue atraída hacia el lugar mediante una oferta de empleo falsa.

La reconstrucción realizada por la familia determinó que Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, había sido contactada a través de la red social Facebook para una supuesta oportunidad laboral en la zona de Punta Mogotes. Para concretar el encuentro, los engañadores le solicitaron el envío de una fotografía personal destinada a la confección de un presunto carnet de acceso y le indicaron una dirección que resultó ser inexistente, bajo la denominación de "Balneario Punta Mogotes Cero". La joven abordó un remis contratado por los organizadores de la trampa y a partir de ese momento se perdió todo rastro.

Frente a la falta de respuestas y el paso de las horas, los allegados se presentaron en la Comisaría 16° para radicar la denuncia por paradero, pero denunciaron que el personal policial se negó a tomar la exposición bajo el pretexto de que debían aguardar más tiempo. Ante la inacción de la fuerza de seguridad, una amiga de la víctima logró ingresar al perfil de Facebook de Juana para revisar los chats, obteniendo los datos clave de la falsa convocatoria que orientaron el rastreo de forma particular hacia la zona costera.

La búsqueda concluyó de la peor manera cuando el hermano de Juana localizó el cuerpo en la playa. El macabro hallazgo derivó en la intervención de la Justicia para determinar la causa de muerte e identificar tanto al conductor del vehículo que realizó el traslado como a los autores del engaño digital. La comunidad marplatense manifiesta un profundo repudio ante la peligrosidad de estas modalidades delictivas y la falta de respuesta institucional previa.