Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, el empleo registrado en la industria manufacturera nacional experimentó una retracción neta de 66.262 puestos de trabajo, lo que representó una disminución acumulada del 5,2 %. Según los datos de la consultora Politikon Chaco, este descenso representó casi la mitad de la caída total del empleo formal registrado en el país durante el lapso analizado.

La pérdida de puestos laborales afectó a 21 de los 24 distritos del país. Por el volumen de su estructura productiva, los partidos del Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior bonaerense explicaron la mayor cantidad de bajas en términos absolutos, acumulando en conjunto más de 42.000 puestos destruidos. En contrapartida, las reducciones porcentuales más pronunciadas se verificaron en La Rioja, con una contracción del 15 %, seguida por La Pampa, San Luis y Misiones.

Desempeño regional y distritos con saldo positivo

Las únicas excepciones a la tendencia general se registraron en tres provincias patagónicas: Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, las cuales sumaron en conjunto 2.841 nuevos empleos en el rubro industrial.

Por su parte, la franja de mayor peso industrial integrada por Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza pasó de representar el 80,5 % del empleo manufacturero nacional en 2024 al 80,3 % en 2026. A pesar de ligeras variaciones en sus cuotas de participación relativa, el mapa de distribución de la mano de obra del sector mantuvo una elevada concentración geográfica en la zona central del país.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) detalló el alcance de las medidas de alivio fiscal destinadas a los contribuyentes del sector turístico provincial. El esquema contempla una rebaja impositiva del 20 por ciento en el Impuesto a los Ingresos Brutos para un conjunto definido de prestaciones y un régimen de exención parcial en el Impuesto Inmobiliario Urbano para establecimientos de alojamiento habilitados.

En relación con el Impuesto a los Ingresos Brutos, la resolución 317/26 de ATER fijó las alícuotas reducidas que se aplicarían sobre los ingresos devengados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026. La nómina de rubros alcanzados contempla a los servicios de alojamiento, la actividad gastronómica, las agencias de viajes, las empresas de turismo aventura, los servicios de apoyo al turismo, la organización de convenciones y exposiciones, la producción de espectáculos artísticos y el funcionamiento de museos.

La instrumentación técnica del descuento en Ingresos Brutos se efectúa de forma directa al momento de confeccionar la declaración jurada mensual en el sistema informático del organismo. La persona contribuyente debe seleccionar la opción de alícuota reducida asignada a su código de actividad, aplicando la deducción del 20 por ciento sin requerir trámites ni autorizaciones adicionales ante la dependencia fiscal.

Por su parte, el beneficio referente al Impuesto Inmobiliario Urbano está dirigido de forma exclusiva a los inmuebles donde funcionen establecimientos hoteleros debidamente habilitados. El esquema de exenciones está vinculado de manera proporcional con la nómina de personal registrado en la empresa:

Estas herramientas impositivas buscan reducir los costos operativos de las prestadoras y se articulan con las políticas de apoyo al desarrollo local promovidas por la Municipalidad de Gualeguaychú en coordinación con los organismos públicos provinciales. Las consultas normativas y el acceso a los formularios digitales correspondientes se encuentran disponibles a través de la plataforma web oficial de ATER.

El panorama del mercado de trabajo nacional evidencia una transformación estructural en la composición del empleo registrado durante los últimos cinco años. Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo creció un 22% entre 2021 y 2026, alcanzando un total de 4.148.497 contribuyentes en el esquema general. En contraste, el empleo asalariado registrado en los sectores público y privado presentó un avance de apenas 4,7% en el quinquenio, registrando además un descenso del 2,6% si se toma como referencia el período iniciado a mediados de 2023.

Esta dinámica elevó la participación del monotributo en el total de las ocupaciones formales del 26% en 2021 al 29,1% en el presente año. La tendencia se replica al examinar exclusivamente a los cuentapropistas que aportan a los sistemas de jubilación y obra social, cuyo número trepó un 29,8% desde 2021 hasta alcanzar los 2.198.335 inscriptos. Por su parte, la nómina de empleados dependientes del sector privado acumuló una baja del 3,8% desde 2023, al tiempo que el empleo público formal experimentó una reducción del 1,7% en el mismo lapso.

El comportamiento por rubros muestra heterogeneidad. El sector comercial registró un incremento del 20% en su nómina de monotributistas, sumando 114.107 contribuyentes desde 2021 para alcanzar un total de 685.065 inscriptos. No obstante, los mayores incrementos absolutos se concentraron en los servicios profesionales, científicos y técnicos —que añadieron 134.221 personas— y en el área de salud y servicios sociales, con 85.382 nuevos registros, impulsados por la demanda de atención ambulatoria. Asimismo, las actividades de mensajería crecieron un 64% y los servicios informáticos un 63%. En contraste, la cantidad de choferes de taxis y remises cayó un 27%, al tiempo que la venta de productos por internet duplicó su volumen de adheridos.

Respecto al monotributo social, destinado a sectores vulnerables, los registros oficiales contabilizan 701.586 personas a junio de 2026. Este esquema sufrió una reducción del 41,2% en comparación con 2024, cuando alcanzaba a 1.193.809 inscriptos. La baja responde al proceso de reempadronamiento llevado a cabo por la administración pública, el cual requirió verificar la emisión mínima de seis facturas por semestre para mantener la condición de beneficiario.

La expansión del régimen simplificado plantea desafíos para el financiamiento de la seguridad social. En la actualidad, el aporte previsional promedio de las categorías generales se ubica en torno a los $19.215, lo que demanda el aporte equivalente de 23 contribuyentes para cubrir el monto de un haber mínimo jubilatorio, evidenciando la disparidad contributiva respecto del sistema asalariado tradicional.

(Fuente: La Nación)

El informe, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desagrega la caída por rubro económico y muestra que, en términos absolutos, el sector más golpeado fue Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, con una pérdida de 377 empleadores en el período. Le siguió la industria manufacturera, con 148 empleadores menos, y el servicio de transporte y almacenamiento, con una caída de 143. Completaron el deterioro los sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; servicios profesionales, científicos y técnicos; construcción; y servicios de alojamiento y comida, que en conjunto sumaron una pérdida adicional de 412 empleadores.

En términos relativos, el panorama cambia de eje: el sector más afectado fue servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, con una caída del 19,5% en su cantidad de empleadores. Detrás se ubicó construcción, con una contracción del 16,4%; servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con -14,0%; y servicios profesionales, científicos y técnicos, con -12,6%. En el otro extremo, apenas tres sectores mostraron variación positiva en su cantidad de empleadores: suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (+3), actividades administrativas y servicios de apoyo (+7) y administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (+22).

Más allá de la cantidad de empleadores, el informe midió el impacto directo sobre el empleo: en el mismo período se perdieron 12.506 puestos de trabajo registrados, una caída del 4,4%, al pasar de 281.045 trabajadores en noviembre de 2023 a 268.539 en mayo de 2026.

El sector con mayor pérdida absoluta de puestos fue, paradójicamente, uno que no lideraba la caída de empleadores: la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que perdió 4.123 puestos de trabajo. Le siguió construcción, con 2.951 empleos menos, y servicio de transporte y almacenamiento, con una caída de 2.703 puestos. También registraron pérdidas significativas agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-1.284) e industria manufacturera (-935).

En términos relativos, construcción volvió a ser el sector más castigado, con un desplome del 35,2% en su cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le siguieron servicio de transporte y almacenamiento, con una retracción del 28%, y servicios inmobiliarios, con una caída del 20,4%. En el extremo opuesto, los sectores que más crecieron en empleo registrado fueron explotación de minas y canteras (+26%), intermediación financiera y servicios de seguros (+9,9%) y suministro de agua, cloacas y saneamiento (+8,8%).

Uno de los datos más contundentes del informe de CEPA es el desglose por tamaño de empleador. De los 1.202 empleadores que la provincia perdió en el período, 1.201 —es decir, el 99,9%— correspondían a firmas de hasta 500 trabajadores, mientras que entre los empleadores de más de 500 trabajadores la caída fue de apenas 1 caso. En términos relativos, los empleadores más chicos y medianos se redujeron un 6,92%, contra una caída del 1,85% entre los más grandes.

El desbalance también se refleja en la pérdida de puestos de trabajo: el 55,3% de la caída total del empleo registrado —equivalente a 6.920 puestos— se produjo en empresas de hasta 500 trabajadores, mientras que el 44,7% restante (5.586 puestos) correspondió a firmas de mayor tamaño. En términos porcentuales, sin embargo, la dotación de las pymes cayó más fuerte (-4,7%, de 145.914 a 138.994 trabajadores) que la de las grandes empresas (-4,1%, de 135.131 a 129.545).

Si bien la actividad manufacturera muestra una desaceleración general, el empleo formal dentro de la cadena forestoindustrial se está retrayendo a un ritmo mucho mayor que la producción, una situación que, según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), pone en riesgo uno de los principales activos del sector: su capital humano.

El último Informe de Empleo y Actividad elaborado por la entidad reveló que el empleo registrado en la industria maderera cayó un 8,57% interanual, una contracción que supera ampliamente el retroceso observado en la actividad productiva.

Para FAIMA, no se trata solamente de un ajuste coyuntural, sino de un proceso que podría afectar la capacidad de recuperación de la cadena cuando la economía vuelva a crecer.

“La caída del empleo supera con holgura el retroceso productivo, lo que sugiere que las empresas no están ajustando por horas o por stock, sino desprendiéndose de plantel, con la consecuente pérdida de capacidades técnicas difíciles de recomponer”, señala el informe.

Entre los segmentos más afectados aparecen las tornerías, la fabricación de viviendas prefabricadas, tableros, enchapados y aberturas, eslabones que agregan mayor valor al recurso forestal y demandan mano de obra especializada.

“Cada puesto de trabajo que se pierde en estas actividades representa mucho más que una estadística. Detrás de esos números hay conocimientos técnicos, experiencia productiva y capacidades industriales que constituyen uno de los principales activos de la cadena forestoindustrial y que luego requieren años para reconstruirse”, advirtieron desde FAIMA.

La entidad remarca que este fenómeno implica un deterioro cualitativo de la cadena productiva, ya que afecta precisamente a los sectores con mayor contenido tecnológico y capacidad de innovación.

Según el relevamiento de FAIMA, las PyMEs fabricantes de muebles registraron una caída promedio del 14% en las ventas durante el primer trimestre del año, un dato que evidencia el impacto diferencial que atraviesan las empresas del sector.

Para la entidad, esta diferencia confirma la heterogeneidad de la industria y demuestra que muchas de las firmas que sostienen el empleo en el interior del país enfrentan dificultades mucho mayores que las que reflejan las estadísticas nacionales.

Además, el informe identifica a la construcción como uno de los principales canales de transmisión de la crisis. Los rubros vinculados a viviendas prefabricadas, estructuras, aberturas y también la comercialización mayorista de muebles son los que más sufren la caída de la obra pública, la inversión privada y el consumo de bienes durables.

Frente a este panorama, FAIMA sostiene que la preservación del capital humano debe convertirse en un eje estratégico para garantizar la competitividad futura de la cadena forestoindustrial.

“La federación recuerda que, cuando mejora la demanda, las empresas pueden volver a incrementar la producción relativamente rápido, pero reconstruir equipos especializados, recuperar oficios y volver a formar trabajadores calificados demanda varios años”, admitieron los industriales.

Al mismo tiempo, destaca que la actividad cuenta con fortalezas estructurales importantes, como la disponibilidad de recursos forestales, una amplia capacidad industrial instalada, una extensa red de PyMEs distribuidas en todo el país y décadas de conocimiento acumulado.

Sin embargo, advierte que esa ventaja puede erosionarse si continúan desapareciendo empresas y empleos especializados.

Según los registros estadísticos de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, se contabilizaron un total de 339 vinculaciones laborales en el periodo comprendido entre el año 2024 y los meses transcurridos de 2026. Esta cifra engloba tanto las prácticas formativas en entornos reales de trabajo como las contrataciones efectivas por tiempo indeterminado en diversos establecimientos comerciales e industriales de la región.

El balance del área visibiliza una sólida continuidad en la articulación entre el sector público y el tejido empresarial de la ciudad. Firmas de trayectoria forman parte de la nómina de organizaciones que recurren de manera habitual a estos dispositivos para cubrir sus vacantes operativas, técnicas y administrativas, apostando al desarrollo del talento local.

Ante este nuevo escenario, la Municipalidad adoptó una estrategia de reorientación hacia empresas de mayor envergadura y con estructuras corporativas más robustas. Esta decisión técnica y comercial permitió sostener el volumen de entrenamientos en la ciudad.

Gracias a este esquema de vinculación continua, el Programa de Inserción Laboral (PIL) también consolidó su presencia en el sector corporativo local durante el presente año. En lo que va de 2026, ya se registraron 21 contrataciones formales directas bajo esta modalidad, lo que representa una aceleración notable en el ingreso de personal registrado en comparación con los periodos previos y consolida la tendencia positiva de las empresas por expandir sus plantas de trabajadores estables.

Por un lado, el Entrenamiento para el Trabajo (EPT) se estructura como un trayecto de prácticas formativas supervisadas dentro de la empresa, con una extensión temporal que oscila entre los tres y los seis meses. Esta modalidad no constituye una relación laboral formal —por lo que no genera antigüedad ni cargas sociales durante ese lapso— y los participantes perciben una ayuda económica mensual financiada por el Estado. El objetivo primordial es que los beneficiarios adquieran experiencia práctica verificable, mejoren sus condiciones de empleabilidad y desarrollen hábitos laborales en un entorno real.

Por otro lado, el Programa de Inserción Laboral (PIL) se enfoca de manera directa en la generación de empleo registrado. En este caso, el Estado cofinancia el salario del trabajador mediante un aporte económico directo durante un plazo máximo de doce meses. El empleador abona la diferencia hasta completar el sueldo establecido por el convenio colectivo de la actividad, reduciendo significativamente sus costos operativos durante el primer año de la relación laboral y facilitando la creación de nuevos puestos formales.

Las personas interesadas en mejorar su situación laboral se registren y carguen su historial educativo y laboral en la plataforma digital oficial de Fomentar Empleo, sistema que funciona como soporte para los procesos de preselección de las empresas.

Para aquellos vecinos que presenten dificultades en el uso de las herramientas digitales o requieran asistencia personalizada en el proceso de inscripción, la Oficina de Empleo de la Municipalidad dispone de atención presencial en su sede de calle Belgrano 115. El horario habilitado para la realización de estos trámites, la actualización de currículums y el asesoramiento técnico a las empresas locales que deseen conocer los perfiles disponibles es de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

El total de trabajadores con empleo registrado en la Argentina alcanzó en marzo de este año las 12,830 millones de personas, lo que representa una reducción interanual de 40.900 puestos y una caída del 0,3% que afectó en especial al sector asalariado privado.

Respecto de febrero se evidenció una disminución del 0,2%, con resultados negativos en todas las modalidades de ocupación de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En tanto, para abril, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el nivel de empleo privado registrado del total de los aglomerados urbanos relevados, en empresas de más de 10 personas ocupadas, volvió a mostrar un signo negativo del 0,1% del empleo en el total de aglomerados relevados.

Los datos oficiales marcan que en marzo se contabilizaron 9,995 millones de personas con empleo asalariado registrado, incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares, y 2,834 millones de personas con trabajo independiente, que abarca a monotributistas y autónomos.

Pese a que marzo es un mes de reinicio de las actividades luego de las vacaciones, el empleo asalariado registrado mostró una variación de signo negativo del 0,1% en comparación con el mes anterior, detallando el reporte gubernamental que “todos los segmentos que integran esta categoría mostraron una reducción de empleo en ese período: tanto el empleo asalariado privado como el público retrocedieron un 0,1% mientras que el trabajo en casas particulares se redujo un 0,2%”.

Mientras que el trabajo independiente registró una caída intermensual del 0,6% también en todas sus variantes, desagregándose en bajas en el monotributo social con un -2,1%, autónomos con un -1,3% y el monotributo con un -0,3%. En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo 1,2%, lo que equivale a 116.500 trabajadores menos, registrándose mermas en el sector asalariado privado del -1,5% con 96.600 personas menos, y en el sector público del -0,5% con 18.200 trabajadores menos, mientras que el trabajo en casas particulares registró una caída más moderada del -0,4% con 1.700 personas menos.

Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto experimentó una expansión interanual del 2,7%, sumando 75.600 personas, existiendo al interior de este grupo dinámicas diferenciadas dado que la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 3,3% con 70.000 personas más y la cantidad de monotributistas sociales subió un 3% con 7.000 personas más, mientras que por el contrario la cantidad de trabajadores autónomos cayó un 0,5% con 1.900 personas menos.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el empleo asalariado privado sumó en marzo 6,188 millones de personas, ubicándose un 0,1% por debajo del nivel alcanzado en el mes anterior y un -1,5% respecto de marzo de 2025. El informe destaca que “desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente. La caída fue particularmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año.

Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recuperar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses previos. Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 el empleo permaneció prácticamente sin variaciones y, a partir de junio de ese año, retomó una trayectoria descendente. Esta nueva fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025 (a un ritmo promedio mensual del -0,2%) y continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad algo más moderada (-0,1% promedio mensual).”.

Por sectores, el desempeño laboral fue heterogéneo en la medición mensual, ya que cuatro ramas mostraron aumentos en el empleo, cuatro se mantuvieron estables y seis sectores redujeron el número de trabajadores. Las actividades que aumentaron la ocupación respecto al mes anterior fueron Explotación de minas y canteras con un 0,5%, Pesca con un 0,3%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 0,3%, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 0,1%.

Los rubros de Servicios sociales y de salud, Hoteles y restaurantes, Enseñanza y Construcción se mantuvieron estables, mientras que las mayores caídas de empleo se concentraron en Intermediación financiera con un -0,5%, Industrias manufactureras con un -0,4%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un -0,3%, y Comercio y reparaciones con un -0,2%.

En términos interanuales, el empleo asalariado en el sector privado registró una caída del 1,5%, equivalente a 96.700 trabajadores menos, y si bien algunos sectores mostraron aumentos, entre ellos Pesca con un 5,8%, Construcción con un 1%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 0,7%, y Suministro de electricidad, gas y agua con un 0,6%, no lograron compensar las caídas observadas en otras actividades económicas, particularmente en Explotación de minas y canteras con un -5,7%, Industrias manufactureras con un -4%, Intermediación financiera con un -3,7%, y Comercio y reparaciones con un -1,9%.

Por provincias, en comparación con febrero, 5 de las veinticuatro jurisdicciones registraron un aumento del empleo, 3 se mantuvieron estables y en 16 se observó una contracción. Las provincias que experimentaron incrementos en el empleo fueron Neuquén con un 0,9%, San Juan con un 0,3%, Tucumán con un 0,3% y Río Negro con un 0,1%, mientras que en contraste el grupo de provincias que registró una disminución del empleo asalariado formal privado estuvo encabezado por La Rioja con un -2,7%, Catamarca con un -1,6%, Santiago del Estero con un -1,6%, Tierra del Fuego con un -1%, Corrientes con un -0,7%, Misiones con un -0,7% y Formosa con un -0,7%. Finalmente, en términos interanuales, cinco jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y diecinueve mostraron variaciones negativas.

Las provincias con mayores incrementos fueron Neuquén con un 3,3%, Río Negro con un 3,2%, La Rioja con un 3% y San Juan con un 2,2%, mientras que por el contrario las mayores caídas del empleo se observaron en Tierra del Fuego con un -9,0%, Chubut con un -6,8%, Corrientes con un -5,3%, Formosa con un -5,3%, Chaco con un -5,2%, Santa Cruz con un -5,1% y Catamarca con un -4,5%.

Fuente: NA

El estudio señala que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 17.405 a 16.338 entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, lo que representa una retracción del 6,1%. Estos datos contrastan con recientes informes y declaraciones oficiales que destacaron indicadores positivos vinculados al crecimiento del empleo industrial en la provincia.

El sector más afectado en términos absolutos fue el comercio mayorista y minorista, incluyendo reparación de vehículos, que perdió 314 empleadores. Le siguieron la industria manufacturera (-119) y el transporte y almacenamiento (-117).

En términos relativos, el mayor retroceso se registró en los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, con una caída del 21,1% en la cantidad de empleadores. También mostraron fuertes bajas la construcción (-14,9%), los servicios profesionales y técnicos (-11,8%) y el sector hotelero y gastronómico (-9,9%).

Respecto del empleo registrado, el informe indica que Entre Ríos pasó de 281.045 trabajadores formales en noviembre de 2023 a 271.851 en febrero de 2026, una reducción del 3,3%. Entre los sectores más golpeados aparecen la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una pérdida de 45.477 puestos; la construcción, con 3.225; y el transporte y almacenamiento, con 2.664 empleos menos.

Sin embargo, al medir el impacto en términos porcentuales, la construcción encabezó la caída del empleo registrado con una retracción del 38,4%. Detrás se ubicaron la Administración pública (-37,1%) y el transporte y almacenamiento (-27,6%).

El trabajo también advierte que el deterioro afectó principalmente a pequeñas y medianas empresas. De los 1.067 empleadores perdidos en el período, 1.068 correspondieron a firmas de hasta 500 trabajadores, mientras que las empresas de mayor tamaño incluso registraron una leve suba.

En la misma línea, el 67,5% de los puestos de trabajo perdidos se concentró en empresas de hasta 500 empleados, que destruyeron 6.203 empleos registrados. Las firmas más grandes explicaron el restante 32,5% de la caída, con 2.991 puestos menos.

Fuente: APFDigital

La estructura del mercado laboral argentino está transformando de manera silenciosa pero profunda el sistema previsional. El crecimiento de los monotributistas y la menor participación de los asalariados formales en el total de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) generan un escenario de alerta para las cuentas presentes y futuras de la Anses.

Según datos oficiales, en septiembre de 2025 había algo más de 10,3 millones de personas con aportes, de las cuales 69 de cada 100 eran asalariados, 23 monotributistas, cinco autónomos y tres trabajaban en servicio doméstico.

Veinte años atrás, la proporción era muy distinta: 82 asalariados, 11 monotributistas, seis autónomos y apenas uno en casas particulares. La tendencia muestra una caída de 13 puntos en la participación de los empleados dependientes y un incremento similar en el régimen simplificado.

El problema no es solo de cantidad, sino de calidad de los aportes. Mientras que en septiembre pasado un asalariado promedio aportó $168.635 y su empleador $191.859 —sumando $360.494—, un monotributista pagó apenas $16.270. Se necesitan 24 aportantes de este régimen para financiar una jubilación mínima, mientras que con 2,3 asalariados se cubre una prestación equivalente al doble del haber mínimo más bono.

Cuando se creó el monotributo en 1998, se pensó como un puente para que los cuentapropistas informales se incorporaran al sistema tributario general. Sin embargo, en la práctica se convirtió en un esquema permanente, con el 90% de los inscriptos en las categorías más bajas. Esto implica que la gran mayoría de quienes aportan bajo este régimen solo accederán a la jubilación mínima, independientemente de los años de contribución.

El panorama se complica aún más con los autónomos y el servicio doméstico. Los primeros, que representan cerca del 5% de los aportantes, pagan en promedio $79.113, lo que requiere casi cinco contribuyentes para financiar un haber mínimo. En el caso del personal de casas particulares, el aporte mensual es de apenas $1382, lo que obliga a sumar 282 trabajadores para cubrir una jubilación mínima más bono.

La creciente participación de ocupaciones con aportes bajos tensiona el sistema previsional, que cada vez depende más de la recaudación impositiva general para sostener las prestaciones. El desafío es doble: garantizar ingresos dignos para los futuros jubilados y mantener la sustentabilidad fiscal en un contexto de informalidad persistente y empleo registrado estancado.

Fuente: La Nación

El diagnóstico del economista Federico Pastrana describe un fenómeno que los datos de CP Consultora confirman. Las plataformas digitales funcionaron como válvula de escape frente al desempleo formal, pero esa red de seguridad informal que históricamente contenía el desempleo (Uber, Rappi, Pedidos Ya, etc) se ha saturado y ya no puede cumplir ese rol.

“La destrucción de puestos formales se está acelerando. Un proceso de reconversión productiva, que no produce empleo formal, es una economía que está estancada o cayendo”, afirmó Pastrana, durante una entrevista en el medio radial Radio 10.

El informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), publicado por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) en julio de 2025, advierte explícitamente que este tipo de empleo “no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación” y “amortigua solo transitoriamente el aumento de la desocupación”. La paradoja es que, a medida que más trabajadores expulsados del sector formal se vuelcan a las plataformas, la rentabilidad por viaje o pedido cae para todos.

El caso de Comodoro Rivadavia es ilustrativo, ya que ahí los trabajadores despedidos de la industria petrolera compraron autos para conducir Uber o Didi, pero la saturación de choferes en una ciudad cuya demanda también cae derivó en “menos viajes por menos dinero”, según testimonios de conductores con años de experiencia en el sistema. El mismo fenómeno se replica en todo el país.

La destrucción de empleo formal es sostenida y va más allá de los siete meses mencionados en el artículo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado total cayó 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos, con el sector privado concentrando 88.800 de esas bajas.

Los sectores más golpeados fueron la industria, que acumuló casi 40.000 empleos perdidos en 2025 y registró su mayor caída en el segundo semestre, y el comercio, que desde mayo de ese año resignó 22.600 puestos. También la minería, que venía impulsando el PIB, destruyó empleo durante la segunda mitad del año, al igual que la intermediación financiera y el agro.

En paralelo, la tasa de desocupación llegó al 7.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021, afectando a cerca de 1.8 millones de personas. Para el cuarto trimestre de 2025, el dato subió al 7.5% desde el 6.6% del tercer trimestre.

El dato más revelador es que el empleo registrado total cerró 2025 “sin cambios” en términos netos, pero ese número esconde una transformación profunda. El trabajo independiente creció 3.8%, sumando 104.800 trabajadores, principalmente monotributistas, compensando casi en su totalidad las bajas del sector asalariado. Es decir, los puestos de trabajo de mayor calidad (con aportes jubilatorios completos, aguinaldo y estabilidad) están siendo reemplazados por formas más precarias.

Según el CETyD de la UNSAM, el pluriempleo pasó del 8% en 2013 al 12% en 2024. Una investigación conjunta de ocho universidades nacionales encontró que el 75% de los trabajadores de plataformas los usa como segundo empleo y que la mayoría lo hace “por necesidad”, no por elección.(Fuente: APDigital)

La industria argentina atraviesa un proceso de fuerte contracción que ya se traduce en una significativa pérdida de empleo. Desde fines de 2023, el sector manufacturero destruye alrededor de 160 puestos de trabajo por día, en un contexto marcado por la caída de la producción, el menor uso de la capacidad instalada y la pérdida de peso de la actividad industrial dentro de la economía.

El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo analiza la coyuntura industrial en América Latina, con especial foco en la evolución reciente del sector manufacturero en Argentina.

Según el estudio, desde noviembre de 2023 se perdieron cerca de 100.000 puestos de trabajo industriales si se consideran tanto empleos formales como informales. El ritmo de destrucción equivale a unos 5.000 empleos menos por mes y un aproximado de 160 empleos por día, lo que refleja el impacto de la caída de la actividad sobre el mercado laboral.

Si se observa únicamente el empleo registrado, la pérdida también es significativa. El informe estima que la industria manufacturera elimina alrededor de 77 puestos formales por día, es decir más de 2.300 empleos por mes. Esto representa una porción importante de la caída del empleo privado en el período.

Los investigadores advierten que el deterioro del empleo industrial no es un fenómeno reciente ni aislado, sino que forma parte de una tendencia más prolongada. Desde el pico de empleo registrado en el sector en 2013, la industria manufacturera ya perdió más de 115.000 puestos formales, lo que implica una reducción cercana al 9% en poco más de una década.

Entre Ríos registró una fuerte contracción del empleo formal y del entramado empresarial durante los primeros dos años de la actual gestión nacional. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron más de 10.500 puestos de trabajo registrados y dejaron de operar 774 empleadores con personal declarado en la provincia.

Los datos oficiales muestran que la cantidad de empleadores pasó de 17.405 a 16.631, lo que representa una caída del 4,4 por ciento. En paralelo, el número de trabajadores y trabajadoras registrados se redujo de 281.045 a 270.470, una baja del 3,8 por ciento en menos de dos años.

La destrucción de empleo tuvo un impacto desigual entre los distintos sectores de la economía. En términos absolutos, la mayor pérdida de puestos se dio en la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 44.838 empleos, equivalente a una caída del 36,6 por ciento. Sin embargo, el sector más golpeado en términos relativos fue la construcción, que perdió el 39 por ciento de su plantel, con 3.273 trabajadores menos.

También se observaron caídas significativas en el sector de transporte y almacenamiento, que registró una merma del 25,9 por ciento, con 2.502 puestos de trabajo menos. El escenario refleja el freno de la obra pública y la retracción de la actividad económica, con efectos directos sobre el empleo registrado.

En cuanto a la cantidad de empleadores, el comercio mayorista y minorista fue el rubro que más unidades productivas perdió en términos absolutos, con 173 establecimientos menos. No obstante, las mayores caídas porcentuales se dieron en los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, con una reducción del 15,4 por ciento, y nuevamente en la construcción, con una baja del 14,1 por ciento.

El análisis por tamaño de empresa muestra que el impacto se concentró principalmente en las firmas más pequeñas. Casi la totalidad de los empleadores que dejaron de operar, el 99,9 por ciento, correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, que redujeron su número en 773 unidades. En términos de empleo, estas firmas explicaron el 55,1 por ciento de los puestos perdidos, mientras que el 44,9 por ciento restante se produjo en grandes empresas.

El panorama general da cuenta de una contracción sostenida del empleo formal y del tejido productivo entrerriano, con efectos más profundos en sectores sensibles a la inversión pública y al consumo interno, y con un fuerte impacto sobre pequeñas y medianas unidades productivas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió señales de alarma sobre la situación del sector productivo al cierre de 2025 y advirtió por la pérdida de empleos y el estancamiento de la actividad, tras una reunión de su conducción con el ministro de Economía, Luis Caputo. El diagnóstico fue plasmado en un comunicado difundido luego de la última reunión de Junta Directiva del año.

Según el documento, la industria transita el tramo final del año con una dinámica productiva débil y heterogénea entre sectores, lo que impactó de manera negativa en el empleo formal. En septiembre se perdieron 4.303 puestos de trabajo y, en los primeros nueve meses del año, la caída acumulada alcanzó los 21.190 empleos registrados.

La entidad señaló además que el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 61% en octubre, de acuerdo con datos oficiales, reflejando las dificultades para sostener niveles de producción en varios rubros. En ese contexto, los industriales alertaron por un escenario complejo que condiciona las perspectivas de corto plazo.

Antes de la reunión de Junta Directiva, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a miembros del Consejo Directivo, mantuvo un encuentro con Caputo y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Allí intercambiaron diagnósticos sobre los principales problemas del sector y analizaron posibles medidas de cara a 2026, con el compromiso de sostener una agenda de trabajo conjunta.

En su balance, la UIA valoró como avances la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, pero remarcó la necesidad de profundizar políticas que faciliten el acceso al crédito y reduzcan la elevada presión tributaria sobre la producción de bienes transables. En particular, insistió en la urgencia de una reforma tributaria con foco en las PyMEs para bajar el denominado “costo argentino” y mejorar la competitividad frente a la competencia externa.

El comunicado también destacó el inminente debate legislativo sobre la modernización laboral, para el cual la entidad presentó propuestas propias. Según la UIA, la iniciativa puede ser un paso clave para comenzar a revertir problemas estructurales en la generación de empleo registrado, que lleva más de una década sin crecimiento sostenido.

Desde la central fabril sostienen que los cambios apuntan a reducir la litigiosidad, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal, ejes que consideran centrales para reactivar el entramado productivo y su cadena de valor.

En ese marco, Rappallini volvió a expresar su preocupación por el freno de la actividad industrial y la pérdida de competitividad en un año que definió como “de transición”, y remarcó que la falta de creación de empleo registrado en los últimos 15 años refleja la profundidad de los problemas estructurales que enfrenta la economía argentina.

1. No existe reforma laboral virtuosa si la economía no crece y no genera puestos de trabajo

No hay reforma laboral por si misma que genere puestos de trabajo formales. La suba del empleo registrado se da con crecimiento económico, sustitución de importaciones e inversiones productivas. Es el punto inicial para poder discutir cualquier reforma laboral.

Un claro ejemplo fue el proceso de crecimiento en la cantidad de trabajadores registrados que se dio del año 2004 al 2011, donde la economía argentina evidenció un crecimiento de aproximadamente un 63%, según serie histórica del INDEC. Los motores del crecimiento fueron el consumo y la inversión.

En dicho periodo, y excepto por la interrupción en el año 2009 por la crisis subprime, los trabajadores aportantes al sector privado crecieron sostenidamente, totalizando un +27% al final del año 2011. En este lapso no hubo reforma laboral legal ni modificación de fondo a la ley de contratos de trabajo, pero sí un fuerte crecimiento de la economía argentina.

2. Es necesario tener en cuenta el tamaño de la empresa y la cantidad de empleados

A agosto de 2025 existen en nuestro país 522.716 empleadores, es decir, empresas (personas humanas y jurídicas) que tienen uno o más empleados registrados en el sector privado. De esos mismos números surge que la mayor cantidad de empleadores se concentra en los que registran hasta 10 empleados.

En otras palabras, hay 437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados. Ahora bien, esos empleadores tienen registrados 1.197.094 trabajadores, el 18% del total de trabajadores registrados.

Si se mira la parte inferior de la tabla, la correlación es inversa. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

3. También es necesario tener en cuenta el sueldo promedio mensual del trabajador por tamaño de empresa

Cuando el cuadro anterior se complemente con el salario promedio mensual de cada tramo, surge un dato adicional vinculado al sueldo promedio.

El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas “chicas”, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones.

Ese sueldo promedio mensual es mayor a medida que la empresa tiene más trabajadores:

• El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 1.500 empleados, y hasta 2.500, es de $ 2,4 millones.

• El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 2.500 empleados, y hasta 5.000, es de $ 2,5 millones.

• El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 5.000 empleados es de $ 3,3 millones.

4. Otro dato necesario para evaluar la reforma, el sueldo promedio mensual del trabajador por actividad económica

El sueldo promedio mensual, siempre considerando el boletín de Seguridad Social a agosto de 2025 de los empleados registrados del sector privado, es de $ 1.767.681. Así como el sueldo promedio mensual cambia cuando se lo analiza por tamaño del empleador, también surge una variación cuando se analiza la actividad económica.

Para los sectores productores de bienes, el sueldo promedio mensual es de $ 1.994.497. para los servicios, el sueldo promedio es de $ 1.656.666.

Pero corresponde analizar por tipo de actividad. En productores de bienes el salario promedio mensual es de $ 1.031.652 para el agro y de $ 5.722.678 para petróleo, gas y minería. Situaciones muy disimiles.

Lo mismo ocurre en el caso de servicios. El sueldo promedio mensual de la gastronomía es de $ 991 mil mientras que para el sector financiero es de $ 4,5 millones. El sueldo promedio más bajo se registra para la enseñanza, $ 894.171.

5. Conclusiones

Hay una fuerte concentración de empleos registrados en las grandes empresas. A agosto de 2025 existen en nuestro país 522.716 empleadores. El 84% de esos empleadores tienen registrados 1.197.094 trabajadores, el 18% del total. A la inversa, hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

El sueldo promedio mensual de los trabajadores que trabajan en empresas “chicas”, es decir de hasta 10 empleados es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones. Ese sueldo promedio mensual es mayor a medida que la empresa tiene más trabajadores.

Para los sectores productores de bienes, el sueldo promedio mensual es de $ 1.994.497. para los servicios, el sueldo promedio es de $ 1.656.666.

Pero corresponde analizar por tipo de actividad. En productores de bienes la remuneración promedio mensual es de $ 1.031.652 para el agro y de $ 5.722.678 para petróleo, gas y minería. Lo mismo ocurre en el caso de servicios. El sueldo promedio de la gastronomía es de $ 991 mil mientras que para el sector financiero es de $ 4,5 millones.

Estas diferencias en las remuneraciones promedio mensual nos llevan a concluir que hay que analizar con profundidad la estructura de costos de los empleadores, teniendo en cuenta su actividad y su tamaño.

6. Propuestas

Por estos datos, es inescindible analizar el costo tributario del empleo registrado a la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo.

En ese sentido, sin entrar en las cuestiones propias del derecho del trabajo y de la negociación colectiva, y, a su vez, considerando el nivel de informalidad existente en el mercado laboral actual, se enumeran puntos que hacen al costo tributario y que deberían acompañar una reforma laboral integral:

1. Para microempresas (hasta 7 trabajadores), un proceso de formalización laboral para que puedan incorporar hasta 2 nuevos empleos sin contribuciones sociales por los primeros 24 meses. Esto llevaría un alivio para el 75% de los empleadores.

2. Para pequeñas empresas (hasta 30 trabajadores), reducción de contribuciones para nuevos empleos (hasta 5) por los primeros 24 meses.

3. Para Pymes de hasta 100 empleados, permitir incrementar el cómputo como crédito fiscal en el IVA de las contribuciones efectivamente abonadas, duplicando los puntos porcentuales que rigen desde el 23/12/2019 por la ley 27.541, para los nuevos 10 puestos de trabajo que generen.

4. Establecer una escala progresiva de contribuciones para los salarios superiores a $ 20 millones mensuales. Son 18 mil trabajadores con altos ingresos.

5. Eliminar la posibilidad que da la Ley 24.241 para que los directores de sociedades anónimas puedan optar voluntariamente por el sistema previsional con las características propias de los trabajadores dependientes. Esto permite que muchos directores obtengan remuneraciones sin efectuar aportes y contribuciones pagando únicamente la cuota de autónomo.

6. Para evitar inequidades, un programa de regularización del empleo con eximición de sanciones para las nuevas relaciones laborales: no puede estar en distintas condiciones un empleador que incorpora un nuevo trabajador que uno que formaliza una relación laboral precaria preexistente.

Alfredo Caíno, secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), describió un panorama desesperante para el sector en Entre Ríos, señalando que la falta de un mercado interno con capacidad de consumo es el principal obstáculo para la producción y el comercio.

El dirigente enmarcó esta crisis en un contexto de sometimiento a intereses que no son los argentinos a través de mecanismos financieros.

Los datos proporcionados por informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirman la gravedad de la situación. Entre 2023 y 2025, la venta de supermercados ha bajado un 20,4%. Específicamente, los artículos de limpieza cayeron 21%, almacén 1,6% y lácteos 6,4%. Este desplome se debe al deterioro del salario real, que cayó entre 1,8% y 9,3% en el mismo período, sumado a lo que ya se arrastraba.

El impacto directo en el sector se traduce en el cierre de casi 600 empresas, con un dato de 572 cierres de pymes y mipymes en la provincia de Entre Ríos, según información sustentada en datos de INDEC y ART.

Los sectores más afectados incluyen la construcción con un 16% en el empleo registrado debido a la desaparición de la obra pública; el transporte y almacenamiento, la industria manufacturera y el comercio.

A nivel nacional, Caíno citó que las empresas metalúrgicas de Rosario perdieron 14.000 puestos de trabajo desde la asunción del actual gobierno de Javier Milei.

En promedio, la reducción de ventas en el último año está en el 35% para las empresas asociadas, un dato que considera insostenible. Para poder soportar los costos fijos (salario, energía e insumos), muchas pymes están recurriendo a la venta de activos fijos, como autos y propiedades inmobiliarias. Caíno ejemplificó con un asociado productor de miel que trabaja a pérdida hace ocho meses y vendió una camioneta para sostenerse.

Propuestas de Alivio Fiscal y Crítica al Plan Nacional

Ante la crisis, APyME presentó un proyecto de emergencia pyme a nivel provincial y nacional para mitigar la situación. Las medidas de alivio fiscal propuestas incluyen:

Una reducción del 50% en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Reducción de retenciones y de impuestos inmobiliarios y automotores.

Suspensión de casos en tratamiento judicial y reducción del costo de la energía eléctrica.

Caíno enfatizó que si bien hay que discutir los impuestos regresivos, APyME no plantea que no deban existir los impuestos, ya que éstos son la herramienta esencial de distribución y financiamiento de políticas sociales y de desarrollo tecnológico.

El dirigente criticó fuertemente la falta de visión del gobierno nacional. Aseguró que no ha escuchado al presidente Milei hablar de pyme y productividad. La actual estrategia, que incluye la entrada más fácil de productos importados, pone en jaque la competitividad de la producción nacional, agravada por el aumento del 600% en el costo de la nafta en los últimos dos años.

Y mirando hacia 2026, Caíno se mostró pesimista. Señaló que la realidad no ayuda a un pensamiento positivo y que las proyecciones indican que seguirán los cierres y aumentará la desocupación. "La supervivencia será un privilegio", calificó, publicó Debate Abierto.

El mercado laboral de Entre Ríos atraviesa un retroceso severo desde el inicio de la presidencia de Javier Milei. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la provincia perdió 572 empleadores y más de 11 mil puestos de trabajo registrados, con impactos transversales en la mayoría de los sectores.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de empleadores con personal registrado pasó de 17.405 a 16.833, lo que representa una contracción del 3,3%. El rubro más golpeado fue Comercio, que cerró 145 firmas, seguido por Transporte y almacenamiento (-77), Alojamiento y comida (-73), Servicios profesionales (-71) y Construcción (-60).

En términos relativos, el retroceso fue más agudo en Servicios artísticos y culturales (-15,4%), Construcción (-11,5%) y Alojamiento y comida (-10,3%). El informe advierte que la mayoría de los cierres se dio en pequeñas y medianas empresas: el 99,7% correspondió a firmas de hasta 500 trabajadores.

El empleo registrado también se redujo drásticamente. En 19 meses se destruyeron 11.334 puestos de trabajo formales, lo que equivale a una caída del 4%. El ajuste más severo se produjo en el sector público: Administración, defensa y seguridad social perdió 45.468 empleos, un recorte del 37,1%, el mayor en décadas.

Otros sectores con caídas notorias fueron Construcción (-3.073 empleos, -36,6%), Transporte y almacenamiento (-2.482, -25,7%) y Agricultura, ganadería y pesca (-1.441, -7,8%). La contracción alcanzó tanto a empresas pequeñas como a grandes: el 50,2% de los empleos destruidos correspondió a pymes, mientras que el 49,8% se dio en compañías con más de 500 trabajadores.

No obstante, el informe identifica algunos sectores con crecimiento. Enseñanza registró una fuerte suba con 42.228 nuevos empleos (+158,1%), mientras que Comercio, Información y comunicaciones y Energía tuvieron avances moderados.

Las conclusiones de CEPA alertan sobre un proceso de desindustrialización y achicamiento del mercado laboral entrerriano. La pérdida de empresas y puestos de trabajo en actividades productivas estratégicas, sumada al ajuste en el empleo público, configura un panorama de contracción económica que impacta de lleno en las familias trabajadoras y en el entramado social de la provincia.

En un informe que tituló “Entre Ríos: La economía cayó más del 7% en el año 2024”, el contador Álvaro Gabás, ex secretario de la producción durante una de las gestiones del ex gobernador peronista y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, expuso que “de acuerdo al Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (Isaeer), elaborado conjuntamente entre Dirección General de Estadística y Censos, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y el Consejo Empresario de Entre Ríos, la economía entrerriana cayó un 7.18% en el año 2024 respecto del año 2023”.

El informe concluyó que “el Isaeer confirma que Entre Ríos atraviesa una fase recesiva y caída considerable de la actividad económica. La caída en consumo, recaudación y empleo fueron las más afectadas”.

Gabás profundizó sus críticas al señalar que “aun así, no existen políticas públicas provinciales que morigeren o compensen dicha contracción. No se prevé un plan económico provincial que amortigüe y/o genere un crecimiento en la actividad productiva provincial”.

En el informe se consignó que “si se realiza una comparación del último trimestre del 2024 respecto del mismo período del 2023, los guarismos se agravan. Es decir, que se profundiza su caída al 7.5% interanual”.

El detalle rubro por rubro

Según se consignó, en el rubro combustibles la retracción en el consumo fue del -12,3% (indicador de menor movilidad y menor actividad productiva). En lo que tuvo que ver con la Recaudación de Ingresos Brutos, la caída fue del -10,1% (refleja retracción del consumo y la actividad comercial). En el rubro Gas, la merma fue del -5,4% (menor uso industrial).

En cuanto al Empleo registrado, se expuso que el deterioro del mercado laboral fue del -2,4%; aunque se consignó que “en contrapartida, se observaron sectores con desempeño positivo como el sector Molienda, con subas del 18,7% (fuerte impulso agroindustrial);

Faena de aves, con un incremento del 1%; Patentamiento, con una leve recuperación del 1,6% en el mercado automotor. Asimismo se precisó que en el rubro consumo de Energía eléctrica se registró una estabilidad con un leve aumento del consumo del 0,01%. (APFDigital)

La estrategia de desregulación y apertura económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei avanza a paso firme y se consolida como uno de los frentes donde más profundizó el bloque libertario. Este martes, el Ejecutivo oficializó una nueva tanda de medidas que profundizan el recorte de políticas orientadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes). A través del Boletín Oficial, se anunció la eliminación de programas creados para promover el desarrollo del sector, bajo el argumento de que constituyen un gasto ineficiente y una interferencia en el libre funcionamiento del mercado. En paralelo, estimaciones privadas advierten que, desde el inicio de la Administración, ya cerraron cerca de 12.000 empresas.

En abril, las importaciones se dispararon. Según un informe de ABECEB, las compras al exterior alcanzaron los u$s6.460 millones, lo que representa un crecimiento del 37,3% interanual, en línea con la tendencia del primer trimestre, que mostró una suba acumulada del 34,8% respecto al mismo período del año anterior. Este fuerte aumento impacta negativamente sobre la producción local, en particular en el caso de las pymes, que encuentran cada vez más difícil competir en un mercado que se comienza a inundar de productos importados. Además, el desequilibrio entre importaciones y exportaciones genera una salida sostenida de divisas, lo que ejerce presión sobre las reservas del Banco Central (BCRA). Para muchos analistas, este punto constituye el verdadero talón de Aquiles de la Fase 3 del programa económico del Gobierno.

"El avance de los productos importados sobre el mercado local explica, en parte, por qué en el primer trimestre de 2025 la producción industrial total fue un 10% inferior a la de 2023", comentó al respecto Daniel Schteingart, de Fundar, en su cuenta de "X".

Adrián Mercado, CEO y fundador de la firma homónima, aporta datos reveladores sobre la situación del sector productivo nacional en diálogo con Ámbito. Según su experiencia, en los últimos 18 meses la demanda de tasaciones de maquinaria por parte de pymes se incrementó cerca de un 50% en comparación con periodos anteriores. Mercado explica que actualmente su empresa realiza entre 10 y 12 avalúos semanales, de las cuales entre el 60% y 70% se concretan en ventas efectivas.

Mercado agrega que del total de operaciones cerradas, "entre el 70% y el 80% corresponde a empresas que cesan sus actividades". El resto "busca vender parte de su maquinaria inactiva, generalmente alrededor del 50%, como estrategia para obtener liquidez" y sostener su funcionamiento.

El empresario concluye que las empresas que más recurren a su firma "son pymes y micropymes". En promedio, cuentan con entre 20 y 30 empleados y unas 30 a 40 máquinas. "Este perfil se repite tanto en las empresas que cierran como en aquellas que venden maquinaria para resistir en un contexto complejo", concluye.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), confirmó que en los últimos 12 meses, cerraron 11.911 empresas, de las cuales "1.084 correspondieron al sector manufacturero". El empresario industrial asegura que entre febrero de 2024 y 2025, "la industria perdió 27.745 puestos de trabajo formales, exclusivamente en el sector productivo". Aunque, la construcción también sufrió una caída significativa, con una pérdida de 29.451 empleos.

Estas cifras oficiales, provenientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República (NDEC) muestran que manufactura, construcción y servicios concentran las pérdidas de empleo en partes iguales, aproximadamente un tercio cada uno.

"Aunque ambos sectores fueron los más afectados, la construcción logró recuperar el 50% de sus trabajadores en 2024, mientras que en la industria se extiende la sangría en su planta laboral", concluye Rosato.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analizan que si se compara la cantidad de empleadores que declararon trabajadores entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, "se redujo de 512.357 casos a 499.246 casos, lo que se traduce en la pérdida total 13.111 empresas".

El documento agrega que entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, el sector más afectado en términos absolutos fue Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una pérdida de 3.321 empleadores. Le siguieron Comercio, al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 1.869 empresas menos; Construcción, con una reducción de 1.804 empleadores; y Servicios profesionales, científicos y técnicos, que perdió 1.671 empleadores en el mismo período.

El impacto también muestra diferencias según el tamaño de las empresas. "De los 13.111 empleadores menos registrados en estos primeros quince meses de gestión de Javier Milei, el 99,7% corresponde a empresas con hasta 500 trabajadores, es decir, 13.066 casos. En contraste, sólo el 0,3% del total se explica por la salida de empleadores con más de 500 trabajadores, lo que equivale a apenas 45 casos", concluye CEPA.

Si bien la estrategia de desregulación y apertura comercial del Gobierno busca reordenar la economía bajo los principios del libre mercado y la eficiencia del gasto público, los efectos colaterales sobre el entramado productivo nacional son nocivos. El cierre masivo de pymes, la caída sostenida del empleo formal en sectores clave como la industria y la construcción, y el avance de las importaciones sobre la producción local evidencian una pérdida de la densidad empresarial y una creciente fragilidad del mercado interno. A esto se suma un consumo que aún no logra consolidar una recuperación sostenida, condicionado por la erosión del salario real y la incertidumbre macroeconómica. (Fuente Ámbito)

A su vez, hubo una reducción de 246.163 trabajadores formales, de acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Las áreas más castigadas en términos de empleo fueron las vinculadas a la construcción, la industria manufacturera y el sector público.

Así, el número de empleadores aportantes obligatorios al sistema que cubre los accidentes laborales se redujo de 512.898 en diciembre 2023 a 499.682 en igual mes de 2024. Y el número de trabajadores asegurados pasó 9.893.914 a 9.614.751, una pérdida de 246.163 puestos de trabajo.

El seguro de riesgos del trabajo es obligatorio para las “unidades productivas” que son personas, empresas u organizaciones que producen bienes o servicios en el sector privado o público y que emplean a uno o más trabajadores.

Con 512.898 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 que afectó en especial a la construcción por la paralización de la obra pública y privada y al empleo público.

Luego hubo una lenta recuperación que se detuvo en septiembre, cuando alcanzó los 500.426 empleadores registrados. En octubre fueron 500.143, en noviembre 499.719 y en diciembre 499.862 unidades productivas.

Lo mismo pasó con el número de trabajadores: de 9.893.914 al final de 2023, en octubre sumaron 9.652.164, en noviembre 9.614.277 y en diciembre 9.647.751.

Estos retrocesos del año pasado se explican por las desvinculaciones, retiros voluntarios y cesantías en el sector público y privado en un contexto en el que el consumo no repuntó por la suba del desempleo, caída de ingresos de las familias y reducción del dinero disponible para la compra de alimentos o vestimenta por el mayor peso que absorbieron las tarifas de los servicios, como electricidad, gas, prepagas o expensas. Clarín

Según los datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo privado formal pasó de 6.385.000 a 6.266.000 trabajadores en el período analizado. A esta reducción se suman 51.000 empleos menos en el sector público y 15.000 en el servicio doméstico, lo que refleja un contexto laboral complejo.

En contraste, el número de monotributistas creció en 25.000 trabajadores, alcanzando un total de 2.062.000 registrados. Sin embargo, el aumento en esta categoría no compensó la pérdida de empleos asalariados, lo que deja un saldo negativo en el mercado laboral.

En términos generales, el total de trabajadores registrados en el país se redujo de 13.392.000 a 13.281.000, consolidando una tendencia de baja en el empleo formal durante todo el 2024.

Sectores más afectados por la crisis laboral

El impacto de la caída del empleo no fue uniforme en todos los sectores. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la actividad económica mostró un comportamiento dispar:

El caso de la construcción es uno de los más preocupantes, ya que ha sido históricamente un motor de generación de empleo. La combinación de ajuste en la obra pública y menor inversión privada llevó a una fuerte reducción de puestos de trabajo en este sector.

Evolución de los salarios: un repunte tardío

El deterioro del empleo formal se produjo en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, los salarios crecieron por debajo de la inflación. Sin embargo, en noviembre, esta tendencia se revirtió:

Salario bruto promedio: $1.423.257, con un incremento interanual del 172,8% (frente a una inflación del 166%).

Mediana del salario bruto: $1.077.793, con un aumento del 166,5% en un año.

A pesar de esta recuperación parcial, el salario real en diciembre de 2024 aún estaba 9 puntos por debajo del nivel de diciembre de 2017 y 11 puntos por debajo del de 2015.

Menos conflictividad laboral en medio del ajuste

El informe también destacó una disminución en la cantidad de conflictos laborales. Durante el segundo semestre de 2024, se registraron en promedio 14 paros por mes, el nivel más bajo desde 2006. Esto se debe, en parte, a la incertidumbre laboral y a la precarización de las condiciones de empleo.

Perspectivas y desafíos para 2025

El mercado laboral argentino enfrenta un escenario desafiante. Si bien la desaceleración de la inflación en los últimos meses de 2024 permitió una leve recuperación de los salarios, la pérdida de empleos sigue siendo una preocupación central.

El gobierno de Javier Milei deberá enfrentar el dilema de reactivar la economía sin descuidar la estabilidad fiscal. La caída en el empleo registrado y la fragilidad de los ingresos de los trabajadores marcan un punto crítico en la evolución del mercado laboral en Argentina.