En un contexto socioeconómico exigente, la formación técnica y la capacitación en oficios se consolidan como respuestas concretas para la generación de empleo y el desarrollo personal en Gualeguaychú. A través de la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), cientos de vecinos encuentran diariamente una vía directa para ingresar al mercado de trabajo o impulsar sus propios emprendimientos.

En este sentido, la coordinadora del área, Patricia López, destacó la relevancia de los procesos de formación: “Considero que la capacitación laboral es fundamental para generar nuevas oportunidades en Gualeguaychú, tanto para los jóvenes que buscan su primer empleo como para los adultos que necesitan reinventarse laboralmente o mejorar sus ingresos”.

Asimismo, la funcionaria detalló la amplitud de las alternativas vigentes para la comunidad: “Hoy veo mucho interés por aprender oficios. La coordinación cuenta con una oferta importante de perfiles como gasistas, auxiliares en instalaciones eléctricas, carpintería, instalador sanitarista y albañilería, además de informática, diseño, administración contable, servicios turísticos, fotografía, organización de eventos, belleza integral, peluquería, pastelería y confección textil”.

En la actualidad, el área dispone de más de 20 oficios orientados a responder a las demandas específicas del mercado local: “Solo en la localidad de Gualeguaychú, contando con los alumnos del Penal N°9, son aproximadamente 940 estudiantes que se están formando”.

Brian tiene 30 años y su prioridad es sostener a su familia y a su madre. “Veo una posibilidad de generar mi propio trabajo, para lograr mis ingresos y que sea el sustento de mi casa. Para mí es fundamental agarrar toda herramienta que esté a la mano”, relató.

Asimismo, el estudiante ponderó el valor pedagógico del docente Jesús Valenzuela y la dinámica del trabajo de campo: “Una cosa es ir y dar teoría, pero para mí lo fundamental es que haya prácticas para que uno vea en vivo cómo se resuelve. Ayer le pregunté sobre cómo destapar una cañería obstruida y nos explicó el uso de la cinta y cómo se presupuesta ese trabajo. Ese conocimiento y el saber hacer son la mejor herramienta”.

La postura del alumno coincide con la visión de la gestión educativa. Al respecto, Patricia López remarcó que el objetivo no se agota en el dictado de clases: “No alcanza solamente con ofrecer cursos, también es necesario acompañar a las personas en la búsqueda laboral, ayudarlas a preparar un currículum y afrontar una entrevista. Además de generar vínculos con empresas y comercios que les permitan acceder a oportunidades concretas”.

“El Pasif representa una oportunidad muy importante para acercar la formación profesional al sector productivo. Mi intención es trabajar de manera articulada con empresas, cooperativas e instituciones para conocer qué perfiles necesitan”, sostuvo la coordinadora de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.

El proyecto busca impactar en áreas estratégicas como la industria, la construcción, el mantenimiento, las nuevas tecnologías, el comercio y el turismo. “Creo que la formación no debe quedar solamente en un certificado, sino convertirse en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar emprendimientos, porque aprender un oficio también es una manera de generar ingresos propios”, enfatizó López.

La continuidad de estos espacios públicos y gratuitos resulta prioritaria para quienes asisten. “Para mí es fundamental que estos cursos sigan existiendo y se expandan, que sigan teniendo presupuesto porque le dan chances a la gente. Para el que esté dudando, le pido que se anote. Aprender un oficio es muy lindo, te da maña, confianza y el conocimiento que te abre puertas para trabajar por cuenta propia o darles trabajo a otros”, concluyó Brian Fernández.

La actividad de la industria metalúrgica en la Argentina registró una contracción del 3,3 por ciento interanual durante el mes de septiembre, acumulando de este modo un retroceso del 5,3 por ciento en los primeros nueve meses de 2026. De acuerdo con el relevamiento mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector mostró una ligera mejora del 2,5 por ciento en la comparación mensual con respecto a agosto, aunque dicho incremento no resultó suficiente para revertir la tendencia contractiva del período.

Uno de los indicadores salientes del informe sectorial refiere al uso de la capacidad instalada, el cual se ubicó en un 40,2 por ciento durante septiembre, experimentando una reducción de 4,3 puntos porcentuales frente a idéntico mes del año anterior. Este guarismo representa el nivel de utilización productiva más bajo registrado para un mes de septiembre desde el inicio de la serie estadística disponible en el año 2016, traduciéndose en que aproximadamente seis de cada diez maquinarias pertenecientes al entramado industrial se mantuvieron inactivas durante el período evaluado.

En la distribución geográfica, todas las jurisdicciones con presencia metalúrgica evidenciaron variaciones interanuales negativas. La provincia de Entre Ríos encabezó la nómina de caídas con un descenso del 5,5 por ciento, seguida por Córdoba con una baja del 4,6 por ciento, Buenos Aires con un retroceso del 3,7 por ciento, Santa Fe con un -2,3 por ciento y Mendoza con un -1,1 por ciento.

Por último, en lo concerniente a las variables laborales y de proyección, el nivel de empleo en el sector registró un retroceso del 1,9 por ciento en la comparación interanual, manteniéndose sin modificaciones respecto al mes de agosto. Respecto a las previsiones operativas para el próximo trimestre, el 45,2 por ciento de las empresas encuestadas por la entidad fabril manifestó que no proyecta incrementos en sus volúmenes de producción.

El presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado, destacó la etapa de transformación que atraviesa el puerto entrerriano, con avances en la recuperación de infraestructura, nuevas inversiones privadas y una política provincial orientada a consolidar el sistema portuario como una herramienta estratégica para el desarrollo económico y logístico.

“Estamos empezando a transitar una etapa diferente. Durante muchos años hablamos del potencial de Puerto Ibicuy, pero hoy empezamos a transformar ese potencial en hechos concretos”, sostuvo Regalado, al referirse al proceso de recuperación y fortalecimiento de la actividad portuaria.

En ese sentido, señaló que uno de los ejes centrales de la gestión fue el ordenamiento administrativo, institucional y operativo del Ente, con el objetivo de generar confianza y previsibilidad. Según explicó, el propósito es que las empresas encuentren un puerto serio, organizado y con reglas claras, al tiempo que se avance en mejores condiciones de trabajo y en una mayor integración con la comunidad.

El titular del organismo también remarcó la necesidad de adecuar la infraestructura, la seguridad, las operaciones y las habilitaciones a los estándares nacionales e internacionales que exige la actividad portuaria.

Regalado consideró que la inversión de PTP Group para recuperar ese espacio, junto con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos a través del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), representa una señal importante para el futuro del puerto.

“La inversión de PTP demuestra que, cuando el Estado genera condiciones y previsibilidad, el sector privado responde con inversión”, expresó.

Asimismo, subrayó que la recuperación del muelle no implica únicamente poner nuevamente en condiciones una estructura portuaria, sino también recuperar un activo estratégico para ampliar las posibilidades operativas y logísticas de Puerto Ibicuy, poniéndolo al servicio de la producción.

“Queremos que otras empresas también miren a Puerto Ibicuy como una alternativa para invertir. Tenemos que generar confianza, previsibilidad y condiciones para que el privado encuentre acá un lugar donde pueda desarrollar sus proyectos”, afirmó.

En esa línea, explicó que el objetivo es avanzar hacia un puerto multipropósito, moderno y con mayor actividad, capaz de operar con diferentes tipos de cargas y consolidarse como un nodo logístico para Entre Ríos y la región.

Entre las oportunidades identificadas, mencionó las vinculadas a los sectores agroindustrial, minero e industrial, además de otras actividades productivas que requieren alternativas logísticas eficientes.

Para Regalado, la diversificación será fundamental para garantizar el crecimiento sostenido del puerto y evitar la dependencia de una sola actividad económica.

No obstante, advirtió que el aprovechamiento de esa ventaja requiere inversiones complementarias y una planificación integral.

“La Hidrovía por sí sola no alcanza. Tenemos que acompañarla con infraestructura portuaria, accesos, conectividad y servicios”, sostuvo.

En ese marco, indicó que el trabajo del Ente está orientado a aprovechar la ubicación estratégica de Puerto Ibicuy y sus condiciones naturales para fortalecer su competitividad y ampliar su vinculación con los principales circuitos productivos y comerciales.

Según señaló, esa orientación se traduce en la recuperación de infraestructura, el acompañamiento a las inversiones, la mejora de la conectividad y la búsqueda de alternativas que permitan reducir costos logísticos y facilitar el acceso de la producción entrerriana a nuevos mercados.

En ese proceso, remarcó la responsabilidad del Ente de acompañar la política provincial mediante la gestión, la planificación y la presencia permanente en el puerto.

“Tenemos una ubicación estratégica, profundidad natural y una infraestructura que estamos recuperando. Ahora tenemos que transformar esas ventajas en inversión, trabajo y desarrollo”, manifestó.

Y concluyó: “El desafío es pasar definitivamente del potencial a la realidad”.

En ese sentido, destacó los pasos que se vienen dando en materia de ordenamiento institucional, recuperación de infraestructura y generación de confianza para la inversión privada, con el objetivo de consolidar un puerto a la altura de las exigencias de la actividad nacional e internacional.

La meta, sostuvo, es construir un Puerto Ibicuy que genere oportunidades para las empresas, garantice mejores condiciones para los trabajadores y contribuya al desarrollo de toda la comunidad.

El deterioro del crédito corporativo se consolidó como una de las principales señales de alerta dentro del mapa económico nacional.

Según reveló un informe de la consultora Fidelitas, durante el mes de septiembre unas 1.937 nuevas empresas ingresaron en situación de mora dentro del sistema bancario, lo que representó un incremento del 3,5 por ciento respecto a los registros del mes anterior y evidenció las crecientes dificultades que afronta el sector privado.

La tendencia cobra mayor gravedad al evaluar la evolución de mediano plazo del entramado productivo. En la actualidad, la cantidad total de firmas que presentan una situación irregular con sus obligaciones financieras escaló a 58.982 entidades, cifra que implica un preocupante salto interanual del 53 por ciento.

Esta acumulación de morosidad e insolvencia impactó de forma directa en los índices de riesgo privado, manteniendo la calificación general de la actividad dentro de la categoría de riesgo elevado.

Especialistas del sector explicaron que el panorama actual expone un escenario de marcada heterogeneidad, donde leves alivios financieros en rubros vinculados al comercio exterior o la minería conviven con la persistente debilidad del consumo interno, la industria manufacturera y la construcción.

Si bien las tasas de interés reales positivas cumplen un rol clave para la estabilidad monetaria y la contención cambiaria, su permanencia en niveles elevados encarece de forma considerable el acceso al financiamiento, restringe la inversión productiva y posterga la reactivación general.

Entre Ríos se posicionó al frente del indicador de préstamos sobre coparticipación contemplado en el informe mensual de financiamiento productivo confeccionado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) correspondiente al mes de octubre. De acuerdo con las cifras consolidadas en el relevamiento institucional, la jurisdicción provincial alcanzó un índice de colocación del 105,3 por ciento, valor que supera el promedio registrado a nivel federal entre las distintas provincias argentinas, situado en el 45,7 por ciento.

Las herramientas crediticias gestionadas a través de la articulación con el organismo federal están orientadas a la incorporación de equipamiento de tecnología avanzada, la renovación de parque de maquinaria industrial, la adecuación y ampliación de infraestructuras edilicias y la expansión de las líneas de procesamiento en establecimientos agropecuarios, comerciales e industriales de la región. El propósito de las líneas crediticias radica en elevar los niveles de competitividad del entramado productivo local, incentivar el agregado de valor en origen e impulsar la creación de puestos de empleo en el ámbito privado.

Dentro de la nómina de líneas de financiamiento vigentes entre el Estado provincial y el Consejo Federal de Inversiones se incluyen programas dirigidos a proyectos de inversión productiva general, esquemas de optimización energética, infraestructura para la gestión sustentable y uso eficiente del agua, adecuaciones ambientales para procesos industriales y partidas específicas destinadas al respaldo de proyectos liderados por mujeres emprendedoras.

El desarrollo de este programa de asistencia crediticia forma parte del conjunto de medidas orientadas a la consolidación de la actividad económica provincial, facilitando el acceso a financiamiento a tasas fomentadas y plazos adaptados a los ciclos productivos para pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en los diferentes departamentos de Entre Ríos.

En el marco de la agenda institucional que se despliega en Francia por la Argentina Week, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de trabajo en la ciudad de París orientada a promocionar el perfil productivo y las oportunidades de inversión de la provincia de Entre Ríos. De la actividad participaron autoridades nacionales, provinciales y representantes de destacadas empresas e inversores del continente europeo.

Durante la exposición principal del encuentro, la presentación del mandatario provincial estuvo centrada en detallar las condiciones económicas y normativas que se vienen instrumentando en el territorio entrerriano con el propósito de convocar capitales privados, expandir la capacidad productiva regional y dinamizar la creación de empleo.

En su intervención ante el auditorio corporativo, Frigerio subrayó el posicionamiento geográfico y la infraestructura de la provincia en la nueva etapa de inversión que atraviesa el país. En ese sentido, puntualizó que el trabajo gubernamental se orienta al ordenamiento del Estado, la revisión de la estructura impositiva y la simplificación de trámites administrativos, factores orientados a facilitar la radicación de proyectos productivos e industriales.

La comitiva oficial estuvo integrada por el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, junto a los secretarios nacionales de Hacienda, Carlos Guberman, y de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quienes acompañaron el intercambio técnico y comercial con el sector empresarial internacional.

Por parte del empresariado europeo, asistieron representantes y directivos de firmas de diversos rubros. Entre los presentes estuvieron Jacques-Antoine Granjon (Veepee), Jonathan Cherki (Contentsquare), Steve Anavi (Qonto), Philippe Corrot (Mirakl), Pascal Gauthier (Ledger), Charles y Nicolas Ruggeri (Batipart), Jean-David Benichou (ViaDialog), Jacques Essebag (Arthur), Jérôme Bersay (Bersay), Marcos Juejati y Daniel Masallera (NorthBaires), Bernabé Botte (Longtable), Markus Keller (Accor) y Philippe Cahen (Winscott).

La actividad formó parte de la programación oficial de la Argentina Week en la capital francesa, un ámbito de difusión internacional donde la delegación entrerriana continuará sosteniendo reuniones institucionales con inversores y autoridades para consolidar el posicionamiento de la provincia como destino de nuevos proyectos económicos.

El consultor político Jaime Durán Barba advirtió sobre la estrepitosa caída de la inversión extranjera directa que sufrió la Argentina y reclamó acuerdos políticos y sociales que aporten previsibilidad ante el avance de la automatización.

El asesor resaltó que según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la inversión extranjera directa en Argentina cayó 73% en 2025 respecto al año anterior, lo que ubicó al país en el noveno lugar, muy lejos de Brasil y México y superado incluso por países como Guyana, Costa Rica y República Dominicana.

En una columna de opinión publicada en el diario Perfil, el consultor cuestionó la expectativa de que determinadas reformas legislativas y el alineamiento internacional del Gobierno fueran suficientes para atraer capitales y crear puestos de trabajo. A su criterio, los inversores priorizan marcos estables y cumplimiento de las normas por encima de las afinidades ideológicas.

“Las inversiones no tienen ideología, pero buscan estabilidad”, planteó Durán Barba. En esa línea, atribuyó parte de la dificultad para captar fondos a la polarización política y al tono confrontativo que, afirmó, profundizó el presidente Javier Milei.

También señaló que países gobernados por fuerzas de izquierda lograron mayores niveles de inversión privada que Argentina. Para el autor, esa diferencia está relacionada con políticas públicas menos conflictivas y condiciones más previsibles para las compañías.

De acuerdo con el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2026 de la CEPAL, la región recibió US$194.233 millones en IED en 2025, un 1,7% más que en 2024. No obstante, el desempeño regional ocultó fuertes contrastes: mientras Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay mostraron avances, Argentina registró uno de los mayores retrocesos de la región.

La IED recibida por Argentina cayó 73,1% interanual, desde US$11.644 millones en 2024 a US$3.134 millones en 2025. El resultado no solo implicó una pérdida significativa de dinamismo, sino que relegó al país al noveno lugar entre los receptores regionales de inversión extranjera, por detrás de Brasil, México, Chile (bajo el gobierno de Boric), Perú, Colombia (con Petro como presidente), Guyana, Costa Rica y República Dominicana.

El retroceso de 2025 se produjo luego de un repunte considerable en los dos años previos. Argentina había recibido US$24.757 millones de IED en 2023 y US$11.644 millones en 2024, cifras que reflejaban, entre otros elementos, las restricciones existentes para la salida de divisas y la consecuente acumulación de utilidades dentro del país.

La columna menciona experiencias de automatización en puertos, sistemas ferroviarios y fábricas de automóviles para describir un proceso que, según el consultor, ya modifica la organización del trabajo en distintas economías.

Durán Barba citó el caso de Volkswagen, que anunció una reducción de 100.000 empleos, y sostuvo que el fenómeno alcanza actividades que hasta ahora parecían menos expuestas, como la atención al cliente, la banca, la contabilidad y la producción gráfica.

Al respecto, el autor acaba de publicar un nuevo libro junto a Santiago Nieto titulado “¿Qué nos pasó?”, un ensayo que propone un viaje que va desde los mitos fundacionales y la aparición de la escritura hasta TikTok, el scroll infinito y la inteligencia artificial. A través de ese recorrido histórico, buscan explicar por qué las estructuras políticas tradicionales dejaron de funcionar.

En el último capítulo de la obra, titulado “Repensarnos a nosotros mismos”, Durán Barba y Nieto sitúan a la inteligencia artificial como el elemento que más atención concentra dentro de la revolución tecnológica actual, en particular por el temor a un desempleo masivo. Los autores recuerdan que ese rechazo se repitió en cada salto tecnológico de la historia: la máquina de vapor pareció desafiar el orden natural y el ferrocarril llegó a asociarse con un demonio.

La inteligencia artificial, sin embargo, es apenas uno de los componentes de un cambio que también incluye la impresión 4D, la robótica y el internet de las cosas, y que —advierten— avanza sin freno mientras se retroalimenta a sí mismo. Esa combinación, sostienen, obliga a la humanidad a repensarse y a repensar el mundo que construyó.

Los autores comparan la magnitud de esta transformación con la Revolución Industrial, que consideran mil veces menos potente que el cambio actual: procesos que se proyectaban para 2050 llegarían antes de 2030. Frente a ese ritmo, Durán Barba y Nieto llaman a dejar de lado las disputas ideológicas obsoletas y a enfrentar el cambio para que la tecnología esté al servicio de las personas.

El libro plantea también una brecha generacional de fondo: quienes nacieron en el siglo pasado no logran adaptarse a las nuevas herramientas con la misma naturalidad que quienes crecieron frente a una pantalla desde la primera infancia. A partir de ese diagnóstico, los autores reclaman incorporar a jóvenes a la política y avanzar en una legislación preventiva que evite que la región quede rezagada frente al resto del mundo.

“Es indispensable que los sindicatos, los empresarios, los partidos y otros actores dialoguen”, escribió. Hacia el final de su texto, insistió en la necesidad de un liderazgo “que convoque a un diálogo amplio” y deje atrás las disputas políticas mientras avanza el cambio tecnológico.

(Fuente: Infobae)

La plataforma digital Mi Entre Ríos incorporó cinco nuevos trámites orientados al transporte público de pasajeros, desarrollados en conjunto por la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos provincial. La iniciativa busca simplificar las gestiones administrativas para los ciudadanos y optimizar los procesos operativos de las empresas prestadoras del servicio en todo el territorio de Entre Ríos.

Entre las principales novedades para la comunidad, la herramienta habilita un canal totalmente digital para que las y los usuarios de las líneas interurbanas y metropolitanas puedan formalizar denuncias o reclamos ante eventuales irregularidades en los recorridos, frecuencias o condiciones del servicio. Este sistema permitirá contar con registros en tiempo real para mejorar la fiscalización y el control en zonas donde el monitoreo presencial resulta complejo.

Por su parte, los prestadores del servicio de transporte público contarán con la posibilidad de gestionar de forma remota tanto las altas como las bajas del parque móvil de colectivos y la nómina de choferes. La digitalización de estos procedimientos elimina la necesidad de presentar planillas en formato físico y reduce la carga presencial en las mesas de entrada administrativas, garantizando mayor celeridad en la actualización de los datos operativos.

El acceso a estos nuevos servicios se realiza ingresando a la plataforma web oficial o mediante la aplicación móvil disponible para sistemas Android e iOS, requiriendo el inicio de sesión con el CUIT del usuario. Estas funciones se suman a los servicios previamente integrados en el portal, entre los que se destacan la verificación técnica vehicular y la tramitación de franquicias de la tarjeta SUBE. En ese sentido, las autoridades proyectan que para el próximo ciclo lectivo los estudiantes de todos los niveles educativos y los docentes del área metropolitana puedan gestionar sus beneficios tarifarios íntegramente a través de este sistema digital.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.

Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.

Según su denuncia, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.

La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

(Fuente: Agencia NA)

La Unión Industrial Argentina (UIA) eligió este año una planta farmacéutica para celebrar el Día de la Industria. En el auditorio de Laboratorio Elea no hubo funcionarios del Gobierno, y el discurso de su presidente, Martín Rappallini, giró alrededor de una palabra: puente.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, dijo el titular de la central fabril, que enumeró siete puntos para acompañar la transición hacia una economía abierta y estabilizada.

Rappallini empezó por explicar la elección del lugar. La industria farmacéutica invierte más de US$300 millones anuales, emplea a más de 48.000 personas de manera directa y a 120.000 de forma indirecta, produce medicamentos por unos US$19.000 millones y exporta más de US$1500 millones al año, según los datos que aportó.

El diagnóstico sobre el presente fue menos amable. La producción se ubica un 10% por debajo de los niveles de 2022, con sectores que registran caídas de entre 25% y 30%. Desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. Rappallini describió el momento como un “triple desafío”: recuperar actividad, adaptarse a una competencia internacional más agresiva y reducir los costos internos.

También reclamó que se reconozca el aporte del sector al programa de desinflación. En los últimos dos años, mientras los servicios aumentaron alrededor de 400% y el nivel general de precios cerca de 190%, los precios industriales crecieron 140%. “La industria le está poniendo el hombro en la estabilización”, afirmó.

Los siete puntos

El primer eje es la actividad y el crédito. “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación”, planteó, y pidió instrumentos que sostengan la actividad sin comprometer el orden fiscal, con eje en la reconstrucción del crédito para capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo.

El segundo es el costo argentino. Allí la UIA propone un Pacto Fiscal Industrial Federal que comprometa a la Nación, las provincias y los municipios a reducir de manera gradual y coordinada la carga sobre la producción, como Ingresos Brutos, sellos, tasas municipales, el impuesto al cheque y la carga sobre la renta empresarial. Un informe que citó ubica a la Argentina al tope del ranking mundial de presión fiscal sobre el sector formal, con una carga del 56%.

Rappallini respaldó el RIGI y el Súper RIGI —“generan condiciones competitivas para que las grandes inversiones puedan desarrollarse”— y pidió extender ese principio al resto del entramado fabril. “No debe ser el Estado quien determine qué sectores tienen futuro en la Argentina y cuáles no”, agregó.

El tercer punto es la competencia desleal. En algunos sectores, los productos que ingresan por circuitos irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado, sostuvo, y sumó la subfacturación, la informalidad y las diferencias en las exigencias de calidad entre importados y nacionales. “Esto lejos está de ser libre mercado”, dijo.

El cuarto es la energía. Rappallini pidió que Vaca Muerta funcione también como plataforma para exportar producción industrial y no solo energía, y describió el impacto de las tarifas: muchas empresas, en particular pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron por tres y hasta por cinco. Lo atribuyó a la decisión oficial de trasladar a la industria el diferencial del costo de importación y reclamó un mecanismo de acompañamiento. “Seguimos aguardando una respuesta”, indicó.

Los tres ejes restantes son la morosidad —con pedidos de reprogramación de deudas bancarias y fiscales, suspensión de embargos y devolución acelerada de saldos a favor—, la infraestructura y la modernización laboral. Sobre este último eje, valoró la nueva legislación como “un punto de partida” y puso el foco en la actualización de convenios colectivos y en la reducción de la litigiosidad.

El cierre tuvo una referencia al clima político. “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo, antes de recordar que la industria representa cerca del 18% del PBI, el 20% del empleo y el 30% de la recaudación.

“La discusión industrial no es una discusión sectorial. Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”, concluyó.

Fuente: La Nación

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate lanzó este martes un comunicado denunciando lo que consideran “una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral”. Según aseguran desde el gremio, tras despedir a más de 120 trabajadores, las empresas Unionbat y Laboratorios Pyam “no pagaron las indemnizaciones que por ley les corresponden y a los pocos días presentaron concurso de acreedores”.

Ante este escenario, desde el sindicato exigen, entre otras cosas, “que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones a todos los trabajadores despedidos"; “que se investigue a los dueños de ambas empresas por vaciamiento y fraude laboral”; y “que el Estado provincial y municipal intervenga para proteger a las familias que hoy no tienen trabajo ni ingresos”.

En el comunicado expresaron lo siguiente:

Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate queremos informar a la comunidad sobre una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral que está dejando a más de 120 familias de Gualeguaychú en la calle, sin trabajo y sin cobrar un peso.

Las empresas UniónBat y Laboratorios PYAM despidieron a sus trabajadores. Hasta ahí, una situación ya dolorosa. Pero lo más grave es lo que hicieron después NO PAGARON las indemnizaciones que por ley les corresponden y a los pocos días presentaron concurso de acreedores.

Con esta maniobra buscan “planchar” las deudas, entre ellas las laborales, para no hacerse cargo de las indemnizaciones. El objetivo es claro: dejar a más de 120 trabajadores sin fuente de ingreso y sin la plata que les corresponde por años de trabajo.

Esto no es una crisis. Es una estafa planificada.

Usan la figura del concurso para vaciar las empresas, quedarse con los bienes y dejar a los trabajadores con la mano vacía.

Desde nuestro sindicato repudiamos enérgicamente esta práctica antisocial y exigimos:

Basta de estafas. Basta de dejar trabajadores en la calle.

Por comisión directiva

Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate

PERSONERIA GREMIAL N° 270

Sede Social: Félix Pagola 1712 (CP:2800) –

Zárate – Pcia. Bs.As.

(03487) 422102

quimizar@gmail.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de modificaciones relacionadas con los préstamos a empresas en moneda extranjera, con el objetivo de reactivar la demanda y conseguir un mayor dinamismo de los mismos.

En concreto, Caputo explicó que se realizará una "flexibilización parcial" de los créditos en dólares para las personas jurídicas (empresas), en la que los bancos tendrán la posibilidad de prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares.

"Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad", sostuvo junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El funcionario afirmó que un mayor dinamismo permitirá que la economía "se reactive" y consideró que era "lo más razonable" en sentido "macroprudencial".

Señaló que es "el timing apropiado" dados dos factores: por un lado, que las tasas en pesos siguen siendo elevadas, y por el otro, la ley de Insolencia Fiscal II que se enviará al Congreso.

"El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los 'dólares del colchón".

También adelantó que, ante una mayor demanda de créditos en dólares, "es probable que haga que las tasas en pesos sean más bajas".

"Va a ser muy bien recibido. Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía", indicó. Agregó, además, que la medida saldrá mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el Banco Central (BCRA) explicará los términos de las condiciones macroprudenciales.

"La implementación de la medida estará acompañada por un esquema prudencial destinado a que la expansión del financiamiento se desarrolle de manera sostenible, resguardando la solvencia y la liquidez del sistema financiero y limitando los riesgos asociados al potencial descalce de moneda de los tomadores de crédito", detalló la autoridad que conduce Santiago Basuili.

La flexibilización tiene como objetivo "reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras" y "establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen".

A su vez, detalló los principales lineamientos de la nueva normativa:

En materia de capital, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.

A los efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico.

Las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

Caputo habló sobre la mora

También se refirió a la situación de la morosidad y pidió que se separe la "empatía" de las "políticas públicas".

"Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando", explicó.

El ministro económico buscó desligar así algún tipo de intervención estatal para solucionar el problema en los atrasos de pago.

"No implica que se refleje en los números inmediatamente. Pasar de deudor moroso a no moroso no es inmediato: tenés que pagar por más de tres meses y, dependiendo de qué lugar de la mora estás (sea nivel 3, 4 o 5), este traspaso de moroso a no moroso tarda entre 6 y 12 meses."

Y agregó: "Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando".

Caputo contó que, durante una cena, distintas entidades bancarias les anunciaron que están refinanciando las moras a tres años a tasas de entre 20% y 25%, en las cuales la mayoría "ya estaba pagando".

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración de la ampliación de la metalúrgica Itasa, la primera firma adherida al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). La obra implicó un desembolso de tres millones de dólares e incorporó el Sistema No-Bake para la fabricación de piezas especiales de acero al carbono, inoxidables y dúplex.

Esta actualización tecnológica potenciará la capacidad operativa de la firma para abastecer proyectos estratégicos como Vaca Muerta, desarrollos mineros cordilleranos y el mercado energético de los Estados Unidos. Durante el acto, Frigerio remarcó que el Estado debe actuar como un aliado del sector privado mediante alivios fiscales y desregulación. Asimismo, señaló que el esquema RINI ya alcanza las 156 empresas adheridas, acumulando compromisos por 400.000 millones de pesos e impulsando la creación de 3.000 empleos.

A su turno, el gerente general de Itasa, Marcelo Conesa, destacó que la inversión representa la decisión de la empresa de seguir evolucionando con mayor eficiencia, calidad y precisión productiva. El marco del RINI otorga exenciones del 100% en tributos provinciales por plazos de hasta 20 años y brinda facilidades en materia energética y de liquidez para el desarrollo industrial.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, dijo que, "en un escenario donde el consumo de combustibles retrocedió a nivel nacional, que Entre Ríos haya registrado un crecimiento del 1,3 por ciento es una señal positiva. Es un indicador que refleja movimiento, producción y una economía que mantiene dinamismo", afirmó.

Según los datos difundidos por el sector, mientras el consumo de combustibles cayó un 2,9 por ciento en todo el país, Entre Ríos se ubicó entre las únicas cuatro provincias con crecimiento, junto con Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza.

Bernaudo señaló que este indicador está estrechamente vinculado con la actividad económica, ya que refleja la circulación de personas, el transporte de cargas y el nivel de producción.

"Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero estos datos muestran que Entre Ríos está transitando un camino distinto al promedio nacional. Detrás de estos números hay productores, transportistas, comerciantes y empresas que siguen apostando e invirtiendo en la provincia", sostuvo.

Finalmente, el ministro remarcó que "el desafío es consolidar esta tendencia, seguir generando condiciones para el desarrollo del sector privado y acompañar a quienes producen y generan empleo. Cada indicador positivo fortalece la confianza para continuar creciendo".

Una nueva etapa de formación en entornos reales de trabajo comenzó a implementarse en la ciudad a partir de la firma de convenios articulados por la Secretaría de Desarrollo Humano. En esta ocasión, un grupo de 26 personas iniciará prácticas profesionales y entrenamientos capacitantes en empresas locales representativas de diversos rubros productivos y de servicios. La jornada institucional contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y del responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, Gustavo Costanzo, quienes acompañaron a los beneficiarios durante la rúbrica de los acuerdos correspondientes junto al equipo técnico encargado del seguimiento continuo de cada proceso.

Estas instancias de aprendizaje práctico forman parte de las políticas impulsadas mediante el programa Fomentar Empleo, el cual facilita una herramienta clave para la vinculación directa entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo. A través de este esquema de cooperación entre el sector público y la comunidad empresarial, los participantes tienen la oportunidad de incorporarse a entornos reales, adquirir saberes técnicos específicos, desplegar competencias prácticas y construir antecedentes profesionales que mejoren de forma sustancial sus posibilidades de conseguir un empleo formal sostenido en el tiempo.

Desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad se sostienen tareas permanentes de enlace con el tejido comercial e industrial local, cruzando las búsquedas laborales operativas con los perfiles registrados en su base de datos unificada. Además, el equipo técnico brinda asesoramiento integral sobre los beneficios administrativos y las herramientas disponibles para las pequeñas y medianas empresas que deciden apostar por la incorporación y formación de personal en el marco de estas políticas públicas.

A partir de un trabajo de fiscalización e intimaciones, llevado adelante por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las empresas nacionales que suben y descienden pasajeros en localidades entrerrianas comenzaron a aplicar la tarifa regulada por la provincia en los tramos interurbanos y adecuaron el precio de los pasajes.

Los controles se realizaron en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Colón y otras localidades, con el objetivo de garantizar que las empresas respetaran la tarifa máxima fijada para los recorridos que se desarrollan dentro de la provincia.

La adecuación se produjo luego de que el gobierno de Entre Ríos advirtiera a las empresas que el incumplimiento de la normativa podría derivar en la suspensión de los subsidios provinciales que perciben por los servicios de jurisdicción. Tras las intimaciones, las firmas comenzaron a ajustar el valor de los boletos.

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, explicó que una resolución dictada en mayo de este año estableció una tarifa máxima de 147 pesos por kilómetro para los servicios de jurisdicción provincial.

La medida ya genera un impacto concreto en el bolsillo de los usuarios. Por ejemplo, el pasaje entre Basavilbaso y Concepción del Uruguay, de aproximadamente 60 kilómetros, pasó de costar entre 12.000 y 14.000 pesos a 8.500 pesos. En otro caso, el tramo Villa Elisa-Colón redujo su valor de alrededor de 9.000 pesos a 5.000 pesos.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que la decisión "busca proteger a los pasajeros entrerrianos y garantizar condiciones equitativas en la prestación del servicio, evitando que las empresas aplicaran tarifas nacionales en recorridos que se desarrollan íntegramente dentro del territorio provincial".

Finalmente, destacaron que la Provincia "continuará con las tareas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y sostener una política de transporte que priorice el acceso de los usuarios a tarifas justas y acordes con los servicios que se prestan en Entre Ríos".

Si seguís la economía, es probable que en algún momento te hayas preguntado: ¿Cómo puede ser que los datos mejoren y la vida no? Equilibrio fiscal, baja del riesgo país, inflación en descenso, reservas que se acumulan… Todo parece ir en la dirección correcta y, sin embargo, en la calle el panorama es distinto: locales que cierran, sueldos que no alcanzan, gente que pierde su empleo formal y pasa a trabajar por su cuenta en condiciones mucho más precarias.

La respuesta no es que los datos mienten, ni que la percepción de la gente está equivocada, sino que estamos mirando dos cosas distintas sin darnos cuenta: la macroeconomía y la microeconomía.

La macroeconomía estudia la economía como un todo. Mira variables agregadas como la inflación, el déficit o el superávit del Estado, el nivel de reservas del Banco Central y el tipo de cambio, entre otras. Es la fotografía del sistema completo. Y lo que aparece en esa fotografía no ocurre solo: es el resultado de decisiones que alguien toma, sabiendo de antemano cómo van a repercutir. Ampliar o reducir el presupuesto en educación y salud, o reducir subsidios o subir impuestos, modificar la cobertura de medicamentos para jubilados, redirigir recursos hacia el pago de deuda o hacia la inversión pública, restringir o liberar las importaciones, dejar que se mueva el tipo de cambio: todas son decisiones políticas y sus efectos pueden medirse y anticiparse.

Lo que los indicadores macro no muestran es quién ganó y quién perdió en el camino. Un superávit fiscal puede construirse recortando el presupuesto de los hospitales públicos o subiendo impuestos. El resultado contable es el mismo. Pero detrás de ese número hay personas concretas: unas van a ver recortado sus servicios esenciales y otros deberán afrontar costos tributarios más altos.

La microeconomía, en cambio, es como hacer zoom en una foto. Estudia las decisiones concretas de las personas, las familias y las empresas. Qué puede comprar una familia con su sueldo. Si un comerciante puede sostener su negocio. Si un empleado conserva su trabajo o lo pierde. Estas variables tienen una dinámica propia: son decisiones individuales o en cabeza de familias o empresas que responden a cómo esas decisiones políticas repercuten en la vida de cada uno. Son decisiones que se toman con cautela, con incertidumbre y con tiempo.

Lo que nos muestra la macro y lo que vivimos en la micro difieren. Pero ambas son reales. Ambas son importantes. Pero no siempre se mueven juntas, ni en la misma dirección.

Veámoslo con el empleo. Si los empresarios argentinos no pueden competir con los productos importados, la economía se contrae. Un empresario no despide al día siguiente que le abrieron la importación. Espera. Piensa que el mal momento puede ser pasajero, que quizás el mes que viene mejora. La incertidumbre de despedir y después volver a contratar tiene costos concretos: indemnizaciones, pérdida de experiencia acumulada, tiempo de capacitación. Así que aguanta. Hasta que pasan meses, la situación no remonta, y entonces sí: llega la reducción de horas o el despido.

Cuando la economía se reactiva, el proceso es el mismo al revés. Antes de tomar un empleado nuevo, el empresario espera. Quiere asegurarse de que la mejora no es una ilusión, que el costo de incorporar a alguien —y eventualmente tener que soltarlo de nuevo— vale la pena. Esa cautela es racional. Y hace que la recuperación del empleo suele llegar después de que los indicadores macroeconómicos ya mejoraron. Las familias hacen lo mismo con el consumo: esperan, observan, ajustan despacio.

Con el salario pasa algo similar, aunque con una capa adicional de complejidad. La caída de la inflación debería, en teoría, mejorar el poder adquisitivo. Y en parte lo hace: si el salario se mantiene y los precios suben menos, cada peso puede que rinda algo más que antes. Pero hay un problema de punto de partida. Los salarios en Argentina vienen perdiendo poder adquisitivo. Esa pérdida acumulada no se borra automáticamente cuando la inflación baja. Para recuperarla, los salarios tendrían que subir por encima de la inflación actual durante un período sostenido. Y eso, en un contexto de ajuste y contracción del consumo, rara vez ocurre. Entonces puede pasar —y pasa— que la inflación baje, que el salario nominal se mantenga o suba levemente, y que aun así la persona en la calle sienta que le alcanza menos que hace dos o tres años. No es una contradicción.

El verdadero desafío, y creo que este es uno de los grandes problemas estructurales de la Argentina, es lograr que funcionen bien las dos al mismo tiempo. Históricamente, los distintos gobiernos se han enfocado más en una que en la otra: algunos priorizaron el ordenamiento macroeconómico a cualquier costo, otros apostaron a sostener el consumo y el empleo sin resolver los desequilibrios de fondo. Los resultados, en ambos casos, fueron parciales y poco duraderos, en buena medida porque hay una deuda estructural que atraviesa a las dos economías y que pocas veces se nombra con la fuerza que merece: la informalidad.

Cuando una parte grande de la actividad económica y del empleo funciona fuera del circuito formal, la carga tributaria termina concentrada sobre quienes sí están registrados. No es que el Estado necesite menos recursos: es que los recauda sobre una base mucho más chica de lo que debería, y esa base sostiene a todo el resto.

Bajar la informalidad no es solo una cuestión de justicia —que también lo es—, sino una palanca concreta para aliviar la presión impositiva que hoy ahoga a buena parte del sector formal. Una base más amplia de contribuyentes permitiría bajar la carga por actividad sin resignar recaudación, y al mismo tiempo daría cobertura social y previsional a millones de argentinos que hoy quedan afuera del sistema. Formalizar la economía no resuelve todo, pero es una de esas pocas reformas que empuja en la dirección correcta desde los dos frentes a la vez.

Para que la Argentina vuelva a un circuito de crecimiento sostenible —uno que incluya a todos los argentinos— necesita de las dos. Una macro ordenada que genere las condiciones para invertir y producir, y una micro que se traduzca en empleos formales, salarios que alcancen y que permitan que los argentinos vuelvan a creer que un futuro mejor todavía es posible. No es una meta sencilla. Pero es la única que vale la pena perseguir.

*Milagros Martínez Garbino

Economista - Especialista en finanzas personales

La irrupción de la pandemia de Covid-19 en 2020 forzó la instalación el home office como una necesidad sanitaria que, con el tiempo, devino en un derecho y una opción de conveniencia corporativa. En Argentina, este fenómeno encontró un marco legal con la sanción de la Ley de Teletrabajo (Ley Nº 27.555), reglamentada a principios de 2021, que buscó regular aspectos clave como el derecho a la desconexión digital y la provisión de equipamiento.

Hoy, a varios años de aquel quiebre, los datos oficiales del Ministerio de Capital Humano (ex Ministerio de Trabajo) y del INDEC reflejan que la modalidad 100% remota ha cedido terreno frente a la consolidación definitiva del modelo híbrido que combina días de presencialidad con jornadas de tareas hogareñas.

A nivel estrictamente local, en Gualeguaychú, no existen estadísticas públicas ni censos que midan de forma exacta cuántos comercios tradicionales o instituciones se han volcado al trabajo remoto. Lo que sí se consolidó es la digitalización de procesos y el modelo híbrido en oficinas contables, organismos del Estado, estudios jurídicos, agencias de seguros, medios de comunicación y empresas de salud y obras sociales, que descentralizaron el trabajo.

A la par, la ciudad asiste a un crecimiento masivo de la "exportación de servicios": profesionales independientes de la economía del conocimiento (desarrolladores de software, diseñadores UX, analistas de QA) y agentes de ventas digitales que residen en Gualeguaychú, pero prestan servicios remotos para empresas de Buenos Aires, Córdoba o el exterior.

Mónica trabaja en una empresa nacional que brinda servicios en todo el país y ha logrado construir una rutina sumamente estructurada. Su horario es de 8:00 a 16:15 horas, con un corte de 45 minutos para almorzar. Para ella, la clave de la salud mental en el home office radica en la delimitación física del entorno.

"Donde vivo, cuento con una habitación que la transformamos en oficina, ya que mi novio también trabaja desde casa. Por lo tanto, en los momentos que corto para comer o cuando ya termino de trabajar, cierro esa habitación y sigo con mi vida", relató la administrativa.

Respecto a la fatiga virtual y el derecho a la desconexión, Mónica señaló que en su empleo son tajantes con la prohibición de hacer horas extras, salvo urgencias puntuales. "Encontré un equilibrio de mi vida laboral con mi vida personal. También hablo desde un lugar en el que todavía no tengo hijos, por lo tanto, no tengo 'distracciones' en mi casa y las horas de estar sentada frente a la computadora las cumplo correctamente. Cuento con compañeras que tienen hijos y quizás es más complicada esa coordinación, pero no imposible".

En la otra vereda de la experiencia se encuentra Vanesa, quien forma parte de una empresa cooperativa con asociados distribuidos en Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Para ella, los límites son difusos y el día a día se vuelve una marea difícil de surfear. "La verdad no es fácil. Se mezcla la rutina doméstica con la laboral, y con la rutina relacionada a la familia (la escuela, etcétera). Es separar y usualmente en el medio de una tarea de trabajo tengo que levantarme a resolver alguna cuestión doméstica", confesó la profesional.

A diferencia de Mónica, Vanesa sufre el impacto de la fatiga virtual: "En mi caso no logro hacer respetar el derecho a la desconexión digital. No tengo límites claros de inicio y fin de jornada". Además, su rutina modificó por completo sus hábitos comerciales. Al no tener que trasladarse a una oficina céntrica en Gualeguaychú, sus consumos se volcaron en su totalidad a los comercios de cercanía de su barrio, algo que, según describe, "afecta negativamente" a su economía familiar debido a la dispersión de precios en los negocios del barrio.

Al analizar el mercado laboral de la región y evaluar si las organizaciones locales deberían migrar definitivamente a esquemas híbridos o mantener la presencialidad, Vanesa aportó una mirada analítica basada en la escala de las organizaciones: "Depende de la situación. En empresas chicas, opino que la presencialidad es clave para sostenerse, porque se pierde enseguida el sentido de pertenencia al trabajar siempre solo. Pero quizás en empresas más grandes, donde se puede garantizar la conexión con otros trabajadores, armar equipos y tener roles bien definidos, podría funcionar".

El panorama actual demuestra que el teletrabajo ya no es una emergencia del 2020: pasó de menos del 2% de adopción regulada antes de la pandemia a un universo actual de cerca de 2 millones de personas operando bajo plataformas digitales o formatos remotos e híbridos.

No obstante, este avance convive con otros relevamientos (Randstad) que indican que el 83% de los argentinos trabaja hoy de forma 100% presencial, la mitad de ellos preferiría un formato híbrido si pudiera elegirlo. Este deseo choca con la matriz productiva del país, donde estudios del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) demostraron que el potencial máximo de teletrabajo es de apenas un 26%. La realidad explica qué el empleo remoto real y registrado terminó estabilizándose alrededor del 17% o 18% del total de asalariados, delineando un techo físico para el sistema mixto, pero consolidando una transformación cultural irreversible en la forma de habitar el trabajo.

Según los registros estadísticos de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, se contabilizaron un total de 339 vinculaciones laborales en el periodo comprendido entre el año 2024 y los meses transcurridos de 2026. Esta cifra engloba tanto las prácticas formativas en entornos reales de trabajo como las contrataciones efectivas por tiempo indeterminado en diversos establecimientos comerciales e industriales de la región.

El balance del área visibiliza una sólida continuidad en la articulación entre el sector público y el tejido empresarial de la ciudad. Firmas de trayectoria forman parte de la nómina de organizaciones que recurren de manera habitual a estos dispositivos para cubrir sus vacantes operativas, técnicas y administrativas, apostando al desarrollo del talento local.

Ante este nuevo escenario, la Municipalidad adoptó una estrategia de reorientación hacia empresas de mayor envergadura y con estructuras corporativas más robustas. Esta decisión técnica y comercial permitió sostener el volumen de entrenamientos en la ciudad.

Gracias a este esquema de vinculación continua, el Programa de Inserción Laboral (PIL) también consolidó su presencia en el sector corporativo local durante el presente año. En lo que va de 2026, ya se registraron 21 contrataciones formales directas bajo esta modalidad, lo que representa una aceleración notable en el ingreso de personal registrado en comparación con los periodos previos y consolida la tendencia positiva de las empresas por expandir sus plantas de trabajadores estables.

Por un lado, el Entrenamiento para el Trabajo (EPT) se estructura como un trayecto de prácticas formativas supervisadas dentro de la empresa, con una extensión temporal que oscila entre los tres y los seis meses. Esta modalidad no constituye una relación laboral formal —por lo que no genera antigüedad ni cargas sociales durante ese lapso— y los participantes perciben una ayuda económica mensual financiada por el Estado. El objetivo primordial es que los beneficiarios adquieran experiencia práctica verificable, mejoren sus condiciones de empleabilidad y desarrollen hábitos laborales en un entorno real.

Por otro lado, el Programa de Inserción Laboral (PIL) se enfoca de manera directa en la generación de empleo registrado. En este caso, el Estado cofinancia el salario del trabajador mediante un aporte económico directo durante un plazo máximo de doce meses. El empleador abona la diferencia hasta completar el sueldo establecido por el convenio colectivo de la actividad, reduciendo significativamente sus costos operativos durante el primer año de la relación laboral y facilitando la creación de nuevos puestos formales.

Las personas interesadas en mejorar su situación laboral se registren y carguen su historial educativo y laboral en la plataforma digital oficial de Fomentar Empleo, sistema que funciona como soporte para los procesos de preselección de las empresas.

Para aquellos vecinos que presenten dificultades en el uso de las herramientas digitales o requieran asistencia personalizada en el proceso de inscripción, la Oficina de Empleo de la Municipalidad dispone de atención presencial en su sede de calle Belgrano 115. El horario habilitado para la realización de estos trámites, la actualización de currículums y el asesoramiento técnico a las empresas locales que deseen conocer los perfiles disponibles es de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

Una jornada de tensión y reclamo se vivió este miércoles a la vera de la Autovía 14, donde cientos de trabajadores despedidos de diversas empresas de la región confluyeron en una jornada de protesta y visibilización. La manifestación, que incluyó volanteadas y acampes, busca nacionalizar el conflicto ante lo que califican como un "industricidio" que golpea fuerte al empleo local.

El epicentro de la protesta se dividió en tres puntos estratégicos. Uno de los focos principales se encontró en el kilómetro 56, un lugar emblemático para la protesta social en la provincia. Desde allí, el humo de las cubiertas quemadas se divisó a lo lejos, conectando visualmente con el segundo punto de reclamo ubicado un par de kilómetros más adelante, a la altura del Acceso Sur a Gualeguaychú.

En estos sectores de la 14 se concentraron los despedidos de las firmas Unionbat y Laboratorios Pyam —acompañados por el sindicato de petroquímicos— junto a trabajadores de Fademi. El tercer nodo de conflicto se localizó en el kilómetro 124, en el acceso a Concepción del Uruguay, donde se solidificó el apoyo al masivo reclamo de los 950 despedidos de la planta La China de Granja Tres Arroyos, cuyos operarios denuncian que llevan más de dos meses sin cobrar sus haberes en medio de un cierre patronal sin miras de reanudación.

El clima que se respiró en la ruta fue de creciente incertidumbre pero también de fuerte unidad. El paso de los vehículos particulares y camiones estuvo acompañado por un constante bocinazo en señal de apoyo a los manifestantes, las fuerzas de seguridad custodiaron el lugar, asegurando el bienestar de quienes protestaban. Carteles con leyendas como "Trabajadores en lucha", "Sin justicia no hay paz" y reclamos directos como "Fademi cumplí con la justicia" y "Fademi pagá lo que debés" vistieron el paisaje de la autovía.

Otros sectores acompañaron a los trabajadores, es el caso de la Multisectorial, el gremio de los Canillitas y la Asamblea de Adultos Mayores. Los mismos expresaron de manera contundente: “Apoyamos a los trabajadores y las familias de los trabajadores despedidos; pedimos la unidad de todos los sectores trabajadores y que la lucha no se termine en la ruta”.

La situación judicial y la falta de respuestas empresariales profundizaron el malestar. Al respecto, Ignacio Gervasoni, delegado de Fademi, expuso la gravedad de su sector: “Fademi está con una sentencia firme dictada el 10 de enero de 2025, donde la empresa no acata y prefiere pagar una multa antes que reincorporar a los despedidos. Son 40 despedidos. Es un desastre lo que está sucediendo: despidos inventados y sin pagar una indemnización”.

Con este escenario de fondo, la movilización multisectorial buscó mantener el conflicto en la agenda pública, sumar el respaldo de otros sectores damnificados por la crisis laboral en Entre Ríos y forzar una respuesta urgente que garantice el pago de las deudas salariales y devuelvan la certeza sobre las fuentes de trabajo destruidas.