La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.

Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.

Se espera un largo debate, de más de 16 horas.

Javier Milei participó este lunes de la Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén, y volvió a apuntar contra los medios que, según él, solo difunden mentiras, a pesar de que los datos lo contrarrestan. En su discurso, el Presidente negó que una parte de los argentinos no llegue a fin de mes, como revelan las encuestas, y hasta se animó a mofarse de quienes viven esa realidad. “Es una pelotudez del tamaño de una casa”, aseguró.

Ante los principales empresarios y referentes del sector energético, Milei defendió la marcha del programa económico, ratificó el superávit fiscal y arremetió contra “los medios corruptos”, que exponen la realidad de la caída en el poder adquisitivo de millones de argentinos.

En uno de los pasajes más polémicos de su disertación, el jefe de Estado expresó: “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país”, agregó e invitó a los argentinos a “reflexionar”.

No es la primera vez que Milei hace declaraciones de este estilo. Hace un tiempo, había asegurado que si la gente no llegaba a fin de mes “las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”.

Sin embargo, pese a la negativa del Presidente, los datos hablan por sí solos, tal como lo reflejó la nota de tapa de este diario. Según datos recogidos por un estudio del Monitor de Opinión Pública, dos de cada tres argentinos no llegan al 20 de cada mes.

Ese porcentaje sube entre los jóvenes, un 72%, y en la clase baja, el 83,3%. Esto explica la crisis de endeudamiento: el 56,2% de la población tomó crédito en los últimos 6 meses, sobre todo para adquirir alimentos o pagar servicios.

El diagnóstico oficial tiene un problema: no explica por qué la mora de los hogares no dejó de crecer en casi dos años, ni por qué ese deterioro no se distribuye al azar, sino que golpea de manera sistemática a los mismos sectores. Las dos mediciones disponibles, con metodologías distintas, coinciden en la dirección. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora bancaria de las familias se mantuvo en junio en 12,8%, tras 19 meses consecutivos de alza, más del doble que el 5,2% de junio de 2025. El Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por Eco Go y la Universidad Austral, muestra un deterioro todavía mayor: la morosidad llegó a 18% del total de créditos en julio, el vigésimo primer aumento mensual consecutivo, con un alza interanual de 10,3%. Este relevamiento encontró que el 26,6% de los titulares de crédito estaba en mora en julio. La lectura de responsabilidad individual puede explicar casos aislados, pero no explica un fenómeno agregado, sostenido en el tiempo y confirmado por dos fuentes con universos distintos.

Las causas que explican cómo llegamos a esta situación son varias, pero comparten una misma raíz: son consecuencia de decisiones de política económica concretas que derivaron en caída del empleo formal, un cambio drástico en la estructura de precios relativos y encarecimiento real del crédito. Estos efectos golpearon al mismo tiempo sobre un mismo bolsillo. Y si bien no pone en riesgo al sistema financiero, es una realidad que afecta a los sectores medios bajos de la población y que merece atención desde la autoridad política.

No todas las familias que hoy están en mora se endeudaron por el mismo motivo. Hay un primer grupo que tomó crédito porque, al momento de asumirlo, la cuota entraba cómodamente en su presupuesto. En estos casos no es la tasa de interés sino el monto de la cuota la que define si tomar o no el crédito. Por otra parte, están quienes usaron la tarjeta para sostener consumos que antes pagaban de contado apostando a que la pérdida de poder de compra era transitoria. Ambos grupos terminaron en el mismo lugar: sin poder afrontar sus deudas. Pero llegaron por caminos distintos, y esa distinción desarma el argumento de que la mora es simplemente el resultado de malas decisiones individuales.

Los datos respaldan esa lectura. Según el BCRA, en abril de 2026, la carga mensual de servicios de deuda de las familias representó 24,1% de la masa salarial, y cerca del 80% de esa carga correspondió a préstamos personales y tarjetas de crédito. En la misma línea, el relevamiento de Eco Go y la Universidad Austral encontró que más de la mitad de los encuestados considera que las tasas de interés son tan altas que el crédito termina siendo una trampa, y que casi la mitad de quienes se endeudaron tiene dificultades para cumplir con los pagos.

¿Qué pasa en nuestra provincia?

Según el informe de la Universidad Austral, Entre Ríos es una de las provincias con menor porcentaje de mora sobre el monto de los créditos, 14%, detrás de La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro mensual de este indicador para julio es igual al promedio nacional (+0,5%), pero el acumulado interanual es menor (+7,8% vs. +10,3%), lo que sugiere que la provincia viene deteriorándose a un ritmo más lento que el país en general, aunque no está exenta del fenómeno. Si miramos por tipo de deuda, mientras la mora del sistema financiero entrerriano es de 10,5%, la de los proveedores no financieros casi la triplica, con 30,8%.

En cuanto a la cantidad de deudores cada mil habitantes y el promedio del monto de deuda en mora, la provincia tiene indicadores por debajo del promedio nacional: 399 deudores cada 1.000 habitantes, contra 445 a nivel país; y una deuda promedio por deudor de $4,3 millones, contra $4,8 millones a nivel país. Pero esto que parece una buena foto no significa algo bueno per se: la variación interanual muestra un deterioro similar al promedio nacional. La provincia está atravesada por el mismo proceso, pero con menos intensidad y un mejor punto de arranque. Al mirar la serie histórica, la mora casi se cuadriplicó entre diciembre de 2023 y julio de 2026: pasó de 4,1% a 14,0%, mientras el crédito real (en billones de pesos, a precios de junio de 2026) creció de $1,1 a $2,5.

¿Qué pasa si miramos el fenómeno desde el lado de los ingresos? El primer factor es la pérdida de empleo formal. El trabajo registrado total, excluyendo el Monotributo Social, pasó de 12.730.782 puestos en noviembre de 2023 a 12.546.139 en junio de 2026, una caída neta de 184.643 puestos, concentrada especialmente en el empleo asalariado privado. En el primer trimestre de 2026 la destrucción de empleo formal se extendió a 19 de las 23 provincias del país.

Por su parte el salario real de quienes conservaron su empleo en el sector privado registrado prácticamente no se movió. Según los datos provisorios del SIPA, en julio de 2026 se ubicó apenas 0,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023, luego de acumular tres meses consecutivos de caída (-3,6%). En términos de poder de compra agregado, el salario volvió casi al punto exacto de partida, casi tres años después.

Esto cambia el eje del argumento. El ingreso de quienes tienen trabajo registrado no colapsó: lo que cayó fue la cantidad de gente con ese tipo de trabajo, y lo que cambió drásticamente para quienes sí lo conservaron no fue cuánto ganan, sino en qué se les va ese ingreso. La estructura del gasto se modificó tanto en estos años que el mismo salario real de 2023 hoy compra menos educación, menos salud y menos servicios esenciales que entonces. El ingreso llegó casi intacto; lo que se redujo, y drásticamente, fue lo que ese ingreso alcanza a comprar.

La segunda compresión del ingreso disponible: lo que subió más que los ingresos. Dos mecanismos concretos explican esta compresión: la desregulación de precios de bienes como colegios privados y prepagas, y la recomposición de tarifas de servicios públicos.

Durante 2025 los servicios aumentaron 43,1% interanual, muy por encima de los bienes, que subieron 26,5%. Dentro de esa división, la salud subió 28,2% en el año, impulsada por prepagas que treparon entre 29,8% y 45,3% según la región. El resultado es una porción cada vez menor de ingreso disponible: no porque las familias ganen menos ni porque gasten distinto por elección, sino porque lo que antes era ingreso disponible para consumo corriente hoy está absorbido por educación, salud y tarifas.

Hay un tercer elemento que explica por qué la mora, además de aparecer, se sostuvo: la suba de tasas de interés activa desde 2024. El financiamiento con tarjeta nunca fue barato en Argentina; cuando además se encareció en términos reales, la cuota de la deuda contraída para sostener el nivel de vida se volvió, con el tiempo, tan difícil de pagar como el gasto que buscaba cubrir. La cuota del crédito compite por esa misma porción de ingreso disponible: cuando se encarece, no solo hay que dejar de consumir para pagarla, hay que dejar de pagarla, y ahí aparece la mora.

Los tres factores no son fenómenos aislados: son resultado de decisiones de política económica que impactaron simultáneamente sobre el mismo ingreso disponible de los hogares. A la pregunta de si alguien les puso una pistola en la cabeza para endeudarse, los datos responden que no hizo falta: bastó con que menos gente tuviera trabajo registrado, con que lo que ese trabajo paga alcanzara cada vez para menos, y con que el crédito se encareciera, al mismo tiempo, durante casi dos años seguidos.

*Economista - Especialista en finanzas personales

El endeudamiento y la morosidad siguen creciendo entre los hogares argentinos y ya alcanzan niveles históricos. Según un informe elaborado por el Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico (CEDMA) en base a datos del Banco Central y otras instituciones, 5,91 millones de personas se encuentran actualmente en situación irregular con sus deudas.

El trabajo señala que la mora del sector privado con el sistema bancario comercial se ubica en el 7,6% y acumula 19 meses consecutivos de aumento, una secuencia que, de acuerdo con el estudio, no se registraba desde la salida de la crisis de 2001. Cuando se incorporan proveedores no financieros de crédito, como billeteras virtuales y empresas fintech, la estimación asciende al 15,5%.

Otro de los datos que refleja el deterioro de la capacidad de pago es el crecimiento de los deudores considerados “irrecuperables”. El informe calcula que son 3,6 millones de argentinos, lo que representa un incremento interanual de 2,3 millones de personas.

Deudas cada vez más difíciles de afrontar

El relevamiento muestra además que buena parte de las obligaciones que terminaron en morosidad no corresponden a grandes préstamos. La mitad de los créditos clasificados como irrecuperables tiene un saldo de $309.000 o menos, un dato que CEDMA utiliza para analizar qué tipo de gastos estarían detrás del crecimiento del endeudamiento.

En ese sentido, el centro de estudios plantea que numerosos hogares estarían recurriendo al crédito para afrontar alimentos, servicios públicos, transporte y otros gastos cotidianos. Para el organismo, el financiamiento comenzó así a funcionar como complemento de los ingresos corrientes ante las dificultades para cubrir el consumo básico.

La evolución de los préstamos personales y las tarjetas de crédito muestra con claridad ese proceso. Entre fines de 2024 y mediados de 2026, la morosidad de los créditos personales pasó del 3,3% al 15,9%, mientras que en las tarjetas aumentó del 1,6% al 13,1%, según los datos incluidos en el documento.

Los jóvenes aparecen entre los más afectados

El informe también pone el foco sobre la situación de los menores de 34 años. Dentro de ese grupo, casi cuatro de cada diez personas, el 38,7%, aparecen como deudores irregulares. Entre quienes tienen entre 15 y 29 años, en tanto, la cantidad de morosos considerados irrecuperables aumentó un 87% respecto del año anterior.

Las billeteras virtuales tienen un peso especialmente importante entre los jóvenes: el 72,6% mantiene deudas mediante este tipo de herramientas. CEDMA señala que la expansión de estos mecanismos está vinculada, entre otros factores, con las dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

Para el centro de estudios, el crecimiento del endeudamiento deja de estar asociado solamente a compras o inversiones de mayor valor y pasa a reflejar problemas para sostener gastos corrientes. En ese marco, considera que el aumento de la mora funciona también como un indicador del deterioro del ingreso disponible de una parte de los hogares.

Entre Ríos registra una morosidad del 12,6%

El fenómeno presenta diferencias según la región. De acuerdo con el mapa de la Central de Deudores utilizado en el informe, Cuyo registra los niveles más elevados, cercanos al 20%. Entre Ríos aparece con una tasa del 12,6%, mientras que Santa Fe alcanza el 12,7%, Córdoba el 12,9% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10%.

El estudio advierte que el aumento de la morosidad puede tener consecuencias que exceden la situación financiera individual. Una menor capacidad de pago de las familias puede traducirse en caída del consumo, menores ventas en los comercios y dificultades en la cadena de pagos, con efectos posteriores sobre la actividad económica de provincias y municipios.

El documento fue elaborado por CEDMA con información atribuida al Banco Central de la República Argentina, el Centro de Economía Política Argentina y el Instituto Argentina Grande. El análisis concluye que “la combinación entre endeudamiento creciente y dificultades para cumplir con las obligaciones constituye uno de los principales indicadores del deterioro financiero que atraviesa una parte de los hogares argentinos”.

Las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Cámara de Senadores de Entre Ríos reanudarán las reuniones de trabajo para debatir el proyecto de ley que propone la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública provincial. El encuentro fue fijado para este miércoles a partir de las 9:00 horas, marcando el reinicio del tratamiento legislativo de una norma que ya cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

La iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo Provincial establece como objetivo principal la realización de estudios detallados sobre el desenvolvimiento, origen y estado del endeudamiento público entrerriano, tanto interno como externo, directo e indirecto. El período de análisis estipulado abarca desde el 10 de diciembre de 1991 hasta la actualidad, comprendiendo las operaciones de renegociación, refinanciación, canjes, pagos de comisiones, reestructuraciones y eventuales situaciones de incumplimiento registradas en las cuentas provinciales.

Durante el trámite realizado en la Cámara Baja se introdujeron modificaciones al texto original presentados por el Ejecutivo. La principal reforma consistió en transformar la naturaleza del organismo: de una comisión investigadora especial de carácter temporal con plazo de un año, se optó por definir una estructura de carácter permanente. Este esquema dispone la obligación de elaborar y difundir dictámenes anuales que reflejen la situación financiera del Estado provincial al 10 de diciembre de cada ejercicio presupuestario.

De acuerdo con el articulado que cuenta con media sanción, los informes resultantes deberán ser publicados en el portal web oficial de la provincia. La normativa especifica que el material remitido deberá utilizar un lenguaje accesible e incluir recursos gráficos para facilitar la comprensión ciudadana respecto a la sostenibilidad de las finanzas y la diferenciación entre los fondos destinados a gastos corrientes y aquellos aplicados a inversiones estratégicas o infraestructura productiva a largo plazo.

Respecto a la conformación de la comisión, el texto legal dispone una representación interdisciplinaria integrada por dos senadores y dos diputados —garantizando la presencia de los bloques de la mayoría y de la minoría—, tres representantes del Poder Ejecutivo provincial, un profesional designado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y un delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

Más de 40.000 jóvenes entrerrianos de hasta 25 años tienen deudas registradas en el sistema financiero formal y el 32,25% presenta atrasos superiores a los 90 días. En este escenario, Gualeguaychú registra un índice de morosidad significativo con respecto al resto de los departamentos.

Los datos surgen de un informe elaborado a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, procesada por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), y desagregada para Entre Ríos por la consultora EJE. El relevamiento tomó como referencia los departamentos más populosos, con información correspondiente a junio de 2026.

En Gualeguaychú, la tasa de morosidad juvenil alcanza el 30,02%, mientras que en Concepción del Uruguay llega al 30,53%. Ambos departamentos presentan los indicadores más bajos del grupo relevado, aunque se mantienen cerca de tres de cada diez jóvenes deudores con atrasos superiores a los 90 días.

La situación es considerablemente más compleja en otros puntos de la provincia. Concordia encabeza el ranking con una mora del 41,07%, casi nueve puntos porcentuales por encima del promedio entrerriano. Paraná, en tanto, registra un 34,02% y concentra el 27,93% del total de jóvenes morosos de la provincia.

El peso de los créditos digitales

Uno de los aspectos destacados del relevamiento es el crecimiento de las deudas contraídas a través de plataformas financieras digitales. De los 40.613 jóvenes entrerrianos con deudas registradas, 27.867 mantienen obligaciones con neobancos, lo que representa el 69% del total.

Entre estas plataformas se encuentran aplicaciones y entidades digitales que ofrecen préstamos y otros servicios financieros con pocos requisitos y acceso inmediato. La mora en este segmento alcanza el 31,1%, mientras que las tarjetas no bancarias llegan al 43,5% y los proveedores no financieros de crédito, al 48,6%.

El informe también advierte sobre la llamada “deuda cruzada”: al menos tres de cada diez jóvenes con crédito registrado mantienen obligaciones simultáneas con más de un tipo de entidad. En total, se contabilizaron 52.724 obligaciones financieras frente a 40.613 deudores únicos.

Una problemática que excede las cifras

El estudio señala que buena parte de los jóvenes endeudados no cuenta con empleos formales y recurre a plataformas digitales para acceder a créditos de manera rápida. Desde la consultora EJE anticiparon que la investigación continuará con una etapa cualitativa, mediante grupos focales que buscarán profundizar en las causas sociales y culturales del endeudamiento juvenil.

El relevamiento también plantea la necesidad de analizar la relación entre el endeudamiento, el acceso al crédito digital, la ludopatía y otros problemas que afectan a los jóvenes, especialmente en un contexto de ingresos inestables y creciente facilidad para acceder a préstamos y apuestas online. Con información de UNO

Canal 9 Litoral recorrió locales del barrio San Agustín, uno de los más populares de Paraná. Allí los comerciantes contaron cómo viven el presente, entre la falta de ventas y la poca capacidad de compra por parte de los clientes, que recurren al endeudamiento con tarjetas para poder comer.

“Es poco lo que se vende, es mucho lo que bajó. Siempre esperamos que el mes arranque, pero no arranca nunca”, indicó una comerciante. Y agregó: “En un finde veníamos siete cajones de pollo, en este salieron dos”. Dijo además que muchos compran con tarjeta de crédito y otros con libreta: “Hay veces que se van, se retiran y me pagan cuando pueden”.

El dueño de una verdulería, por su lado, apuntó: “La gente se queja mucho, algunos compran por kilo y otros por unidad. Hay gente que compra papa con tarjeta de crédito”.

“La gente busca ofertas de pollo y cerdo. Pero además hay clientes que quieren comprar 30 mil pesos en cuotas. Y como son conocidos, hasta en seis cuotas podemos”, resaltó a su turno, el titular de una carnicería.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que la cantidad de casos de suicidio dentro de las Fuerzas aumentó y reconoció que uno de los motivos es el endeudamiento.

En declaraciones radiales, la funcionaria dijo que se "ocupa" del tema, pero que también la "preocupa", y señaló que los suicidios aumentaron en todo el país y que, por ese motivo, las Fuerzas "no le escapan a esa realidad".

"Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes", explicó la ministra.

En la misma línea, sostuvo que, 10 años atrás, cuando comandaba la Dirección Nacional de Estadística Criminal, ocurrían 2.300 suicidios por año "y hoy estamos en 5.300": "Es decir, que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y se incrementaron los suicidios en la sociedad", añadió.

"Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. En el marco de las políticas de bienestar de las Fuerzas, es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa", agregó.

Cerca del cierre, manifestó que "hace mucho tiempo" trabajan en medidas con las que puedan explicar "cuestiones de ayudas financieras" porque existen "niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas".

"Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces (la persona que trabaja en la Fuerza) es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar", aclaró.

Con respecto a los bajos salarios que reciben actualmente los efectivos, remarcó que tanto ella como el ministro de Defensa, Carlos Presti, trabajan "fuertemente con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico" pero no es fácil.

"Explicamos lo que estamos haciendo porque queremos que nuestros efectivos lo sepan. Estamos pronto a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio. Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico", concluyó.

El riesgo país perforó los 450 puntos básicos y tocó su nivel más bajo en ocho años, después de que la calificadora S&P mejorara la nota de la deuda argentina. Para dimensionarlo: cuando empezó la actual gestión en diciembre de 2023, ese mismo indicador superaba los 1900 puntos. Ahora bien, ¿eso que anuncian como una buena noticia impacta en nuestra vida? Para responderlo, veamos de qué se trata y cómo impacta en la economía del país.

El riesgo país mide cuánto más caro le resulta a un país acceder al crédito en los mercados internacionales con respecto de Estados Unidos, considerado un país libre de riesgo. Es el costo de la mala fama.

Argentina defaulteó nueve veces su deuda a lo largo de su historia. Esa reputación tiene un costo y se refleja en puntos básicos. Con el riesgo país en 1900 puntos, el costo de acceder al crédito para la Argentina rondaba niveles cercanos al 23% anual. Es difícil imaginar que alguien estuviera dispuesto a tomar deuda a esos niveles. Con un riesgo país en 450 puntos, la situación es cualitativamente distinta, aunque todavía estamos lejos de la normalidad. Uruguay y Paraguay suelen moverse en una zona cercana a los 100-200 puntos básicos de riesgo país, mientras que Brasil ronda actualmente los 250 puntos. Perforar los 450 puntos es una mejora importante, pero todavía estamos lejos de los niveles de riesgo de nuestros vecinos.

El riesgo país también funciona como una referencia importante para las empresas argentinas que buscan obtener fondos en el exterior o financiar la compra de maquinaria, productos e insumos importados. Porque una empresa argentina nunca puede endeudarse en el exterior a una tasa mucho mejor que la de su propio país. Por eso, cuando baja el riesgo soberano, también suele bajar el costo de financiamiento del sector privado.

Ahora bien, hay una condición que determina si este mecanismo es sostenible o problemático para el país: la relación entre la tasa de interés a la que se refinancia la deuda y el ritmo de crecimiento de la economía. Si la economía crece más rápido que la tasa de interés que paga por su deuda, el peso relativo de esa deuda tiende a reducirse con el tiempo. Si ocurre lo inverso —tasas altas y crecimiento bajo— la deuda se vuelve cada vez más pesada, aunque se siga pagando. Argentina históricamente ha enfrentado ese segundo escenario, y es uno de los motivos por los que los ciclos de endeudamiento terminaron mal más de una vez.

Hoy Argentina tiene restringido el acceso a los mercados internacionales de crédito. Por eso, cuando vencen obligaciones importantes, muchas veces debe afrontarlas con recursos propios, reservas internacionales o financiamiento de organismos multilaterales. Recuperar la posibilidad de “rollear” parte de esos vencimientos en condiciones razonables sería un cambio significativo.

Cuando el Estado debe afrontar pagos de deuda en moneda extranjera, esos dólares pueden provenir de nuevo endeudamiento, de las reservas internacionales o de la compra de divisas en el mercado cambiario.

En una economía con escasez de divisas como la nuestra, cuando el sector público necesita dólares para pagar deuda o recomponer reservas, esos dólares no están disponibles para otros usos. Esto genera una competencia permanente por las divisas entre el Estado, las empresas que necesitan importar, quienes quieren invertir y quienes buscan ahorrar en moneda extranjera. Buena parte de las restricciones cambiarias —el famoso cepo— que marcaron los últimos años tienen su origen en esa tensión.

Cuando el riesgo país baja, aumenta la probabilidad de que ingresen capitales al país, ya sea por inversión directa, financiera o una mayor demanda de activos argentinos. Eso incrementa la oferta de dólares y reduce la presión sobre el tipo de cambio, al menos en el corto plazo.

Menos presión cambiaria significa menos traslado a precios de bienes importados, menor incentivo a la dolarización preventiva y, en un contexto de desinflación como el actual, un canal adicional que refuerza la baja de la inflación. Es el efecto más rápido y tangible para cualquier persona, independientemente de si opera o no en los mercados financieros.

Si una parte creciente de los vencimientos puede refinanciarse, disminuye la necesidad de destinar cada dólar disponible al pago inmediato de deuda. Eso mejora la capacidad de administrar reservas y reduce algunas restricciones financieras que afectan al conjunto de la economía. El cepo se ha flexibilizado, pero todavía subsisten restricciones vinculadas a la escasez de divisas.

Una mayor disponibilidad de divisas mejora la previsibilidad para las empresas extranjeras respecto de la posibilidad de girar utilidades al exterior. Esto es un factor clave para atraer inversiones. Ninguna empresa quiere invertir en un país del que luego no puede disponer libremente de sus ganancias.

Una baja del riesgo país reduce el costo al que las empresas argentinas pueden financiarse en el exterior. Como el riesgo soberano funciona como referencia para el sector privado, cuando baja el costo de financiamiento del Estado también suelen mejorar las condiciones para las empresas. Eso facilita inversiones, como la compra de insumos, maquinaria, la incorporación de tecnología y proyectos de expansión.

Una baja sostenida del riesgo país puede terminar impactando en el crédito local. Cuando el país logra endeudarse a tasas más bajas en el exterior, eso contribuye a reducir el costo del dinero en la economía en general y ayuda a que bajen las tasas de referencia. A través de ese mecanismo, empresas y personas pueden acceder gradualmente a crédito más barato para invertir, producir o consumir.

Sin embargo, el riesgo país no es un factor que determina las tasas de interés en Argentina. Influyen la inflación, la política monetaria, la profundidad del sistema financiero y las expectativas económicas. Una baja del riesgo soberano ayuda a crear mejores condiciones, pero por sí sola no alcanza para resolver los problemas estructurales del sistema financiero argentino.

Por otra parte, muchos fondos internacionales tienen restricciones para invertir en países con calificaciones crediticias muy bajas. A medida que Argentina mejora su perfil financiero, parte de esos capitales vuelve a considerar al país dentro de sus posibilidades de inversión.

Posibilita también que la Argentina financie inversiones estratégicas para el desarrollo del país en mercados internacionales, y no solamente cubrir vencimientos de deuda, que es lo que ocurrió durante gran parte de nuestra historia reciente.

Ahora bien, nada de esto implica que endeudarse sea bueno por definición. Volver a los mercados internacionales no es un objetivo en sí mismo. El acceso al crédito es una herramienta, no una garantía de desarrollo. La historia argentina muestra ejemplos de períodos en los que el financiamiento externo ayudó a impulsar inversiones y otros en los que terminó generando vulnerabilidades que desembocaron en crisis.

Por otra parte, el pago de los vencimientos de deuda no deja de ser gasto público. En la medida en que ese gasto se reduce —porque una parte creciente de los vencimientos se puede refinanciar— pueden liberarse recursos para otras áreas como infraestructura, educación u otras prioridades estratégicas. La diferencia no está solamente en si salimos a los mercados, sino en para qué se utiliza ese financiamiento y si la economía genera capacidad futura para repagar esas obligaciones.

Pero el riesgo país no mide si los salarios alcanzan para llegar a fin de mes. No mide si hay más empleo. No mide si los jóvenes encuentran oportunidades. No mide si disminuye la pobreza ni si mejora la calidad de vida de la población. Mide otra cosa: cuánto más caro le resulta a la Argentina acceder al crédito en los mercados internacionales.

El riesgo país es un termómetro, no una cura. Los desafíos de fondo siguen siendo los mismos: crecer, generar empleo, reducir la pobreza y construir una economía que ofrezca oportunidades para la mayoría de los argentinos. El número bajó. Ahora hay que ver para qué lo aprovechamos.

(*) Milagros Martínez Garbino - Economista - Especialista en finanzas personales

La deuda de las familias argentinas atraviesa un momento crítico. Abril marcó un nuevo récord en los niveles de morosidad. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la consultora 1816, más de 5,3 millones de personas tienen hoy al menos un crédito irregular. Esto significa que una porción significativa de los hogares enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, en un escenario que se agrava mes a mes.

La morosidad de los préstamos bancarios a las familias trepó al 12%, medio punto por encima de marzo. Es el nivel más alto en más de dos décadas y contrasta con la situación de octubre de 2024. En un año y medio, el índice se multiplicó casi por cinco. La aceleración preocupa a los analistas, que advierten que muchas personas dejarán de ser consideradas sujetos de crédito, limitando su acceso a nuevos préstamos en un contexto en el que la inflación y el costo de vida siguen presionando sobre los hogares.

Este panorama nacional permite dimensionar la magnitud del problema y sirve de marco para comprender cómo se replica y profundiza en ciudades como Gualeguaychú, donde las familias enfrentan sus propias dinámicas de endeudamiento.

En las ciudades más pequeñas del país, el acceso al crédito se configura en un entramado fragmentado. Las familias suelen recurrir a distintas fuentes de financiamiento de manera simultánea, en un intento por cubrir necesidades inmediatas que el sistema formal no alcanza a resolver.

“Los bancos ofrecen productos financieros que no siempre resultan accesibles para sectores de ingresos bajos o informales. Frente a esa restricción, las mutuales y cooperativas brindan préstamos más flexibles y cercanos”, describieron desde una financiera de Gualeguaychú. Sin embargo, el mapa se completa con un tercer actor que expone la cara más vulnerable del endeudamiento: los prestamistas informales. Su presencia responde a la demanda de quienes quedan fuera del circuito formal.

El relato de una familia endeudada de la ciudad es ejemplo de cómo la crisis financiera se traduce en un drama cotidiano. “Mi esposo y yo estamos pasando por un problema bastante grave. Nos endeudamos pidiendo plata a varios prestamistas, y hoy en día estamos en una situación de depresión total. ¿Por qué? Porque no podemos devolver la plata que pedimos prestada”, expuso una vecina, quien pidió la reserva de su identidad.

La mujer contó que todos los créditos fueron tomados en el circuito informal, sin recibos ni garantías, lo que agudiza la incertidumbre. “Así que andamos todos preocupados, sobre todo por la salud mental de mi marido”, aseguró. La angustia se profundizó cuando él desapareció hace dos meses, tras perder su empleo en una empresa metalúrgica. “Hicimos la denuncia y lo encontraron, pero estaba ido, en otro mundo. Y ahora es como que no puede salir de ese pozo”, relató, con la voz quebrada, la mujer.

La falta de ingresos estables terminó de complicar el panorama. “Nuestro problema comenzó cuando él se quedó sin trabajo, de un día para otro y luego de 14 años en la empresa. Acá en casa yo trato de hacer algo de venta de comida o ropa que me van pasando, pero no alcanza para devolver la plata”. La precariedad laboral y la ausencia de respaldo económico empujaron a la familia a un callejón sin salida. “Estamos muy complicados, no sé cómo vamos a salir”, dijo la vecina.

La historia de esta familia representa a muchas de nuestra ciudad y expone la vulnerabilidad extrema de los hogares endeudados. Una situación gravísima que afecta también la salud mental y la estabilidad emocional de toda la familia.

El testimonio de un prestamista informal permite asomarse al oficio y conocer su forma de trabajar. En diálogo con este medio, Cristián explicó con naturalidad: “Me dedico a prestar dinero a particulares, quiero aclarar que es una actividad permitida. Yo me manejo con mis propios fondos, fijo la tasa de común acuerdo con el cliente y documento cada operación. Si lo hacés de forma habitual, tenés que inscribirte y declarar los intereses como ganancia”.

Cristián, además, describió los riesgos de su práctica cotidiana. “El principal riesgo no es legal, es no cobrar. Por eso evalúo a quién le presto. El cliente puede tener deudas ocultas y si no hay contrato firmado, reclamar en la Justicia es muy difícil. Siempre uso pagarés o contratos para protegerme”. En este sentido, el negocio depende de la confianza y, muchas veces, de la capacidad de presión para recuperar el capital.

Finalmente, el entrevistado reflexionó sobre la conveniencia de dedicarse a esta actividad. “Vale la pena si tenés fondos ociosos y disciplina para gestionar el cobro. El retorno puede ser mayor que un plazo fijo, pero también existe el riesgo de perder capital”. En este sentido, advirtió que el escenario se ha vuelto más complejo en los últimos tiempos: “Cada vez resulta más difícil recuperar lo que las familias adeudan”.

Una mutual con sede en Gualeguaychú, que brinda servicios financieros, sociales y de salud a sus asociados —principalmente familias entrerrianas— compartió su mirada sobre el escenario actual. “Hoy en día desde nuestra mutual estamos cumpliendo un rol de acompañamiento. Más que para grandes inversiones, las familias buscan resolver necesidades cotidianas o afrontar imprevistos. Principalmente otorgamos créditos a empleados de la provincia y jubilados”, señalaron.

El diagnóstico interno refleja la magnitud del problema: “el nivel de endeudamiento es elevado y cada vez más frecuente que una persona acumule dos o más compromisos simultáneos, llegando incluso a refinanciar deudas para sostener el equilibrio de la economía familiar”.

Desde la financiera mencionaron las causas de la toma del crédito: “Las más habituales son la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la dificultad de que los salarios acompañen ese incremento. El crédito ya dejó de ser una herramienta para crecer y pasó a ser una herramienta para llegar a fin de mes”.

“Años anteriores predominaban los préstamos para refaccionar viviendas, hoy gran parte de las consultas se vinculan con la cancelación de otras deudas, el pago de servicios, gastos de salud y necesidades básicas. Esto obliga a planificar cuidadosamente cada gasto”, sintetizaron.

El panorama de endeudamiento que atraviesan las familias de Gualeguaychú y de toda la provincia llevó al Estado entrerriano a poner en marcha una herramienta concreta de alivio. El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos aparece como una respuesta institucional frente a la presión creciente sobre los ingresos.

La iniciativa ofrece tasas más bajas, plazos más extensos y descuentos directos en los haberes, lo que permite que empleados público, privados y jubilados liberen parte de su salario y recuperen capacidad de consumo. La clave está en que no genera costo fiscal para la provincia, ya que se articula con el Banco Entre Ríos como agente financiero, reforzando su sustentabilidad.

La propuesta busca ordenar las finanzas personales en un contexto donde el endeudamiento dejó de ser excepcional para convertirse en un problema estructural. Al mismo tiempo, especialistas sugieren que el esquema oficial debería complementarse con el fortalecimiento de las mutuales y cooperativas locales, que ya cumplen un rol de asistencia crediticia en ciudades chicas. Integrar estos actores permitiría ampliar la cobertura, reducir la dependencia de prestamistas informales y generar un circuito de crédito más justo.

En un contexto de fuerte presión sobre los ingresos y caída del consumo, el economista Pablo Gobbi advirtió que cada vez más familias argentinas recurren al endeudamiento para sostener gastos esenciales y alertó sobre un proceso de “autofagia económica”, que afecta tanto a hogares como a pequeñas y medianas empresas.

En diálogo con Elonce, el especialista analizó la situación macroeconómica y el impacto en la vida cotidiana de las familias entrerrianas. “Pareciera que los números están bien a través de un sistema internacional que nos califica como que vamos a crecer. En realidad, son tres sectores los que van a crecer, que son minería, petróleo y campo, que no derraman para nada en la economía real”, sostuvo.

El economista describió un escenario en el que los ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos. “Absolutamente todos los argentinos estamos con un flujo de fondos negativo. Una persona que gana 100 pesos necesita 150 pesos para vivir”, explicó.

Según indicó, esta diferencia obliga a las familias a recurrir a distintas estrategias para sostenerse. “¿Cómo se paga eso? Con un proceso que en física se llama autofagia. Es cuando vos consumís, te consumís a vos mismo para seguir viviendo”, señaló.

En esa línea, detalló que muchas personas apelan a sus ahorros, venden bienes o toman créditos para afrontar gastos corrientes. “Algunos recurren a ahorros, otros venden la camioneta, otros venden máquinas, otros sacan préstamos para pagar sueldos en las pymes y la gente se endeuda”, afirmó.

Mencionó que el endeudamiento promedio de las familias argentinas alcanza actualmente “3,46 sueldos”, una situación que, advirtió, genera un círculo de deterioro económico. “Cada vez consumimos menos. Cuando se consume menos, el país recauda menos, la provincia recauda menos y somos más pobres”, resumió.

El especialista también puso el foco sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. Según explicó, muchas compañías trabajan con apenas el 54% de su capacidad operativa y enfrentan serias dificultades financieras. “Cuando una pyme empieza a pedir préstamos para pagar sueldos, claramente tiene un problema sin solución. Ese es el comienzo del fin, es el comienzo de autofagia”, advirtió.

Asimismo, describió prácticas cada vez más frecuentes en el sector empresario para conseguir liquidez. “Empiezan a vender cheques para comprar dinero. Cuando las financieras ya no les compran sus propios cheques, empiezan a vender cheques de sus amigos”, señaló.

Frente a este panorama, Gobbi consideró que no habrá soluciones inmediatas desde la macroeconomía nacional, aunque planteó alternativas a nivel local mediante sistemas de compensación entre municipios, empresas y provincias. “Hay solución, pero con herramientas modernas. Lo que se trata es de compensar pasivos y aliviar la presión financiera”, explicó.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que empresas con capacidad ociosa puedan cancelar obligaciones impositivas mediante servicios o utilización de recursos disponibles, sin necesidad de efectivo.

Finalmente, el economista cuestionó los festejos oficiales por la desaceleración inflacionaria. “El primer cuatrimestre del año pasado la inflación fue de 11,6% y este año fue de 12,2%. Estamos teniendo más inflación que el año pasado”, afirmó.

Y concluyó: “Argentina sigue entre los cinco países del mundo con más inflación. Decir que le ganamos a la inflación es, por lo menos, un punto a revisar”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de una disertación en el Atlantic Council donde detalló la estrategia del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda. A pocas horas de cerrar un acuerdo con el Banco Mundial, el funcionario explicó que la operatoria permitirá garantizar el pago de compromisos privados en julio sin recurrir a nueva deuda.

Caputo precisó que la garantía de hasta USD 2.000 millones otorgada por el organismo multilateral será utilizada para refinanciar vencimientos de capital. “Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos. Venimos trabajando en financiamientos alternativos más accesibles en tasa, más baratos que el mercado”, señaló. Según el ministro, la tasa de interés se ubicaría entre 5,5% y 6,5% anual, a un plazo de seis años, aunque las negociaciones continúan abiertas.

El esquema, explicó, permitirá acceder a instituciones financieras globales a través de la intermediación del Banco Mundial. “Ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, dijo. Además, adelantó que se negocian mecanismos similares con la CAF y el BID, que podrían aportar garantías adicionales.

Respecto al cronograma de vencimientos, Caputo detalló que en julio vencen USD 4.300 millones, de los cuales USD 3.000 millones corresponden a capital y USD 1.300 millones a intereses. “Los intereses los pagamos con el superávit primario. Para el capital buscamos refinanciar con este esquema”, explicó. A esto se suma un programa de licitaciones locales por USD 4.000 millones en bonos 2027 y 2028, lo que permitiría cubrir los compromisos de julio y enero, y aún disponer de un excedente de USD 2.000 millones.

El ministro subrayó que la estrategia busca evitar acudir al mercado internacional en condiciones desfavorables. “Es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado”, afirmó.

Caputo también destacó el reconocimiento internacional al programa económico argentino. “En las reuniones del G20 y el Fondo, Argentina pasó a ser el ejemplo. Todo el mundo valora el esfuerzo que está haciendo el país”, aseguró. Según el ministro, la disciplina fiscal y el superávit primario colocan a la Argentina en una posición favorable frente a la crisis global. “Nos ponen como ejemplo de un país que, por tener la macroeconomía ordenada y no ser importador de energía, está en el mejor cuadrante”, agregó.

El titular del Palacio de Hacienda cerrará su gira en Washington con encuentros clave: una reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y otra con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, para solicitar una garantía de USD 500 millones destinada a cubrir parte de los vencimientos de deuda privada en julio.

Con traje oscuro y corbata roja, Caputo se mostró confiado en que el esquema de financiamiento internacional permitirá sostener el rumbo económico sin incrementar el endeudamiento. “Un shock en otro momento hubiera tenido al Banco Central en problemas. Hoy, en cambio, el presidente del BCRA defiende el valor del dólar en lugar del peso”, concluyó.

En una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados en el Congreso de la Nación, especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos alertaron que 1 de cada 4 personas tienen mora con billeteras virtuales y con tarjetas de créditos. Desde el bloque oficialista solicitaron la convocatoria a otra reunión informativa para que todos puedan presentar una lista de invitados a exponer.

El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.

“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.

Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino en manifestaciones que reprodujo el portal parlamentario.com.

Fuente: APFDigital

La política industrial volvió a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo de la mayoría de los países. Subsidios, aranceles selectivos y planes de apoyo a sectores estratégicos son utilizados en todo el mundo para sostener la competitividad y la resiliencia de las economías. Sin embargo, en Argentina las decisiones oficiales avanzan en sentido contrario, con recortes y cierres que profundizan la vulnerabilidad del entramado productivo.

El Banco Mundial publicó el informe Industrial Policy for Development: Approaches in the 21st Century, donde se destaca que casi todos los países mantienen políticas industriales activas. La revisión de planes nacionales de 183 economías muestra que ninguna renuncia a intervenir: los países de bajos ingresos apuntan en promedio a 13 sectores estratégicos, mientras que los de altos ingresos a 6. El uso de subsidios a empresas privadas alcanzó niveles históricos, llegando al 4,2% del PIB en países de ingreso medio-alto.

El documento reconoce además el error de diagnóstico de 1993, cuando el propio Banco Mundial desalentaba la política industrial tras analizar el “Milagro del Este Asiático”. Tres décadas después, la institución admite que aquellas conclusiones “no envejecieron bien” y que las condiciones actuales —automatización, proteccionismo y crecimiento lento— hacen imprescindible la intervención estatal.

Ejemplos recientes ilustran esta tendencia: Rumania impulsó su industria de software con exenciones impositivas; Brasil reorientó su investigación agropecuaria hacia condiciones locales; Corea del Sur apostó en los años 70 a la industria pesada con subsidios que explican un crecimiento sostenido de su PIB. Ninguno de estos países optó por retirarse del mercado ni desmantelar organismos de apoyo.

En Argentina, en cambio, se recortaron programas de crédito, se debilitó el INTI y se abandonó la política de compre nacional. Organismos como la CONAE y otros instrumentos de fomento quedaron sin financiamiento. El tipo de cambio atrasado se convirtió en ancla antiinflacionaria a costa de la competitividad exportadora.

El informe cita incluso el régimen de Tierra del Fuego como ejemplo de política industrial mal diseñada, pero aclara que la solución no es eliminarla, sino mejorarla con incentivos más claros y mecanismos de salida. La reflexión es evidente: frente a una política industrial deficiente, la respuesta debe ser rediseñarla, no desindustrializar.

La historia económica argentina muestra un patrón: cada vez que el mundo avanza hacia nuevas formas de organización productiva, las alianzas conservadoras locales apuestan por apertura indiscriminada y retiro del Estado. El resultado es endeudamiento, fuga de cerebros y destrucción de capacidades. Hoy, mientras la mayoría de los países construye su política industrial del siglo XXI, Argentina repite viejos errores que la dejan más vulnerable y dependiente. Fuente: El Destape

El diputado provincial Juan José Bahillo presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo provincial impulse un plan de desendeudamiento destinado a los empleados públicos, a través del agente financiero del Estado.

La iniciativa plantea que, mediante el Ministerio de Economía, se gestione la elaboración e implementación de un programa que permita cancelar o refinanciar deudas que actualmente se descuentan de los salarios mediante códigos de descuento, ofreciendo líneas de crédito con tasas más bajas, plazos más extensos y condiciones financieras más favorables.

“El objetivo es que miles de trabajadores del Estado puedan reordenar su situación financiera y aliviar la carga de los descuentos sobre sus salarios, que en muchos casos terminan reduciendo de manera significativa el ingreso disponible de las familias”, explicó Bahillo.

En los fundamentos del proyecto, el legislador señala que el contexto económico de los últimos años, caracterizado por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo y tasas de interés elevadas, llevó a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad del sistema financiero alcanzó niveles cercanos al 9,3% hacia fines de 2025, con cifras aún más elevadas en entidades no bancarias como financieras, mutuales o cooperativas.

“Muchos empleados públicos mantienen compromisos financieros que se descuentan directamente de sus haberes, lo que reduce significativamente su ingreso disponible mensual”, advirtió el diputado.

Y agregó: “Cuando gran parte del salario termina absorbido por deudas tomadas en condiciones desfavorables, los aumentos pierden impacto real en el bolsillo. Detrás de ese endeudamiento hay miles de familias que hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, y el Estado tiene que generar herramientas que ayuden a aliviar esa situación”.

El proyecto propone que el Estado provincial promueva instrumentos que permitan reordenar la situación crediticia de los trabajadores, con el objetivo de mejorar su ingreso disponible y aliviar la economía de miles de familias entrerrianas.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó el nuevo endeudamiento del gobierno provincial y destacó que: “Entre Ríos colocó US$300 millones a una tasa del 9,875%, extendiendo los vencimientos hacia 2031–2033. Lo que busca es hacerse de caja ahora y dejarle la deuda al gobierno que venga cuando él y su grupo de ayudantes se vuelvan a Capital Federal”.

“La provincia convalidó una tasa cercana al 10% anual en dólares, una tasa muy cara. De hecho, el nuevo cupón es de 9,55%, significativamente más alto que el 8,3% del bono 2028 de la provincia”, señaló Michel.

“Traducido a números simples: pagar un cupón de 9,5% anual en lugar del 8,3% implica aproximadamente US$35 millones adicionales en intereses a lo largo de la vida del bono. Además, supone comprometer pagos anuales cercanos a US$48 millones solo en concepto de intereses que totalizarían entre hoy y 2033 USD 263 millones. Es decir, se paga más para mover los vencimientos de capital a la próxima administración, sin reducir la deuda ni mejorar el costo promedio de esta”, concluyó el diputado nacional.

En esa línea, Michel agregó que: “En los mercados financieros, una tasa del 10% en moneda dura no es una señal de fortaleza: es el precio que el mercado cobra por el riesgo que percibe. Un retorno de 10% es una mala señal, sobre todo porque otras provincias emitieron recientemente a tasas inferiores: CABA al 7,8%, Santa Fe al 8,1% y Córdoba al 8,6%, incluso con plazos más largos”.

“Entre Ríos necesita orden fiscal, previsibilidad y financiamiento sostenible. Lo mejor es que estas operaciones no se repitan. Que Frigerio se haga cargo del fracaso de su gestión y ordene sus cuentas para hacer frente a los vencimientos de capital e intereses, hasta que el costo de financiarse realmente no implique seguir recortando salarios de enfermeros, docentes, médicos y policías”, finalizó el diputado.

Mientras el Gobierno proyecta un fuerte rebote de la actividad económica en 2026, los principales indicadores del sector industrial muestran un escenario mucho más cauteloso. Los datos de cierre de 2025 reflejan un desempeño negativo de la producción fabril y alimentan dudas sobre la solidez del crecimiento que anticipa la Casa Rosada.

La actividad industrial registró una caída interanual cercana al 6% en noviembre y se mantiene alrededor de un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. Lejos de un fenómeno puntual, el retroceso consolida un estancamiento que preocupa a las empresas, especialmente por el deterioro de la cadena de pagos. Más de la mitad de las pymes reportan demoras en los cobros y más de un tercio admite dificultades para afrontar compromisos financieros.

El contraste entre el optimismo oficial y la realidad fabril se explica, en parte, por el llamado “arrastre estadístico”. El crecimiento promedio de 2025 responde en gran medida al rebote de fines de 2024, mientras que durante la mayor parte del año la actividad avanzó de manera marginal. Así, la economía llega a 2026 con un impulso mucho más débil que el registrado un año antes.

En el plano microeconómico, la apertura comercial y el atraso cambiario aparecen como factores críticos. Sectores como el metalúrgico advierten un fuerte aumento de las importaciones, especialmente de origen asiático, que erosiona la participación de la producción local en el mercado interno. La competencia externa, sumada al aumento de costos y a precios que no logran acompañar la inflación, afecta la rentabilidad y el empleo: en los últimos dos años se perdieron miles de puestos de trabajo industriales.

El consumo tampoco ofrece señales claras de recuperación. Aunque la desaceleración inflacionaria alivió algunos rubros, el salario real sigue sin traccionar y el crédito es limitado. Las ventas minoristas no mostraron el repunte estacional esperado y se observa una reorientación del gasto hacia plataformas de comercio internacional, en detrimento de los comercios locales.

A esto se suma un dato sensible: el crecimiento del endeudamiento de las familias. La morosidad bancaria alcanzó niveles máximos en más de una década, lo que sugiere que el consumo se sostiene cada vez más con crédito y menos con ingresos genuinos.

De cara a 2026, el panorama que delinean los datos privados es el de una economía a dos velocidades. Mientras sectores como la minería y las finanzas exhiben dinamismo, la industria y el comercio continúan buscando un piso firme que, por ahora, no aparece.

Por Milagros Martínez Garbino*

Según datos del Banco Central, la mora en familias prácticamente se triplicó en un año, al tiempo que el financiamiento vía tarjetas de crédito mostró un crecimiento sostenido. Este fenómeno dejó de ser un problema individual para convertirse en una señal de alerta a nivel macroeconómico.

Las deudas más caras son las que más crecen

Dentro del universo de deuda familiar, las formas más caras de financiación son las de corto plazo: tarjetas de crédito, préstamos personales o créditos a sola firma, incluidos los que se gestionan a través de billeteras virtuales. Fueron, además, las líneas que más crecieron en los últimos meses y las que mayor presión ejercen sobre ingresos que no logran acompañar la suba de precios.

El error más frecuente: pagar sólo el mínimo

A esto se suma uno de los errores más frecuentes y costosos: pagar sólo el mínimo de la tarjeta. Aunque para muchas familias representa una forma de “ganar tiempo”, en la práctica implica refinanciar el saldo a tasas muy superiores al promedio del sistema financiero. Lo que hoy parece un alivio transitorio puede convertirse rápidamente en una bola de intereses difícil de revertir.

Refinanciar sin estrategia también puede agravar el problema

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el uso de refinanciaciones o consolidaciones sin una estrategia clara. En muchos casos, estas herramientas no reducen la deuda sino que la encarecen, extendiendo plazos a costos financieros elevados. Refinanciar sin un plan puede aliviar el corto plazo, pero agravar el problema en el mediano.

Dos estrategias probadas para ordenar la deuda

Existen dos enfoques ampliamente utilizados para ordenar deudas de consumo: el método “bola de nieve” (snowball method) y el método “avalancha” (debt avalanche). Ambos persiguen el mismo objetivo —reducir pasivos—, pero parten de lógicas distintas.

Bola de nieve: cuando la motivación es la clave

El método bola de nieve propone ordenar las deudas desde la de menor saldo a la de mayor y concentrar los pagos extraordinarios en la más pequeña. A medida que se cancelan, se avanza hacia las siguientes. Su principal fortaleza es psicológica: ver resultados rápidos mejora la motivación y facilita sostener el plan en el tiempo. Suele ser especialmente útil para hogares con alto nivel de estrés financiero o dificultad para mantener compromisos de largo plazo.

Avalancha: pagar menos intereses en el largo plazo

El método avalancha, en cambio, prioriza las deudas según su costo financiero total. Se comienza por aquella que tiene la tasa de interés más alta, independientemente del monto adeudado. Desde el punto de vista económico, es el enfoque más eficiente, ya que reduce el “arrastre” de intereses y evita que la deuda siga creciendo.

Combinar métodos también es una opción válida

En la práctica, muchas familias combinan ambos métodos: primero buscan un alivio rápido cancelando una deuda pequeña y luego concentran esfuerzos en las obligaciones más caras. El resultado suele ser un equilibrio entre motivación emocional y eficiencia financiera.

No todas las deudas pesan igual

Además del monto y la tasa, existen otros criterios relevantes al momento de ordenar el pago. El tipo de acreedor importa: no es lo mismo deberle a un banco que a una tarjeta de crédito, a una billetera virtual o a un familiar. Algunas deudas pueden derivar rápidamente en acciones legales o afectar el historial crediticio, mientras que otras generan mayor carga emocional que riesgo financiero.

La moneda también importa

En un país con ingresos mayoritariamente en pesos, las deudas en dólares o ajustadas por inflación implican un riesgo adicional ante movimientos del tipo de cambio. Este factor debe incorporarse al momento de priorizar pagos y definir estrategias de salida.

Un punto atraviesa todas las estrategias: no hay salida posible si se continúa tomando deuda para gastos corrientes. Ordenar pasivos requiere, al mismo tiempo, cerrar la “canilla” del endeudamiento diario, especialmente el uso de la tarjeta para consumo habitual.

Un escalón más: cambiar deuda cara por deuda más barata

Una vez realizado el trabajo de base —ordenar las deudas por monto, tasa de interés y acreedor, y frenar el endeudamiento cotidiano—, existe un paso adicional que puede mejorar el resultado final: analizar el costo financiero total de cada deuda y evaluar si conviene reemplazar una deuda cara por otra más barata.

Un ejemplo habitual es el de las tarjetas de crédito, que suelen tener un costo financiero total significativamente más alto que el de los préstamos personales. En contextos de baja reciente de tasas, comparar costos y reorganizar pasivos puede abrir una ventana de oportunidad para reducir intereses y facilitar la salida del endeudamiento.

¿Conviene usar ahorros para cancelar deudas?

El mismo criterio aplica a los ahorros. Si una persona tiene un plazo fijo que rinde una tasa inferior a la que paga por sus deudas, desde el punto de vista financiero puede ser conveniente cancelar ese ahorro y utilizarlo para saldar obligaciones de alto costo. Lo mismo ocurre con el dinero guardado “bajo el colchón”: cuando los intereses de la deuda superan ampliamente cualquier rendimiento posible, mantener ese efectivo mientras se pagan intereses elevados suele ser una decisión ineficiente.

Ordenar deudas no es magia, es método

Ordenar las deudas no resuelve por sí solo el deterioro del poder adquisitivo, pero sí permite bajar la ansiedad y evitar decisiones que profundizan el problema. Más que un ejercicio financiero, es una forma de recuperar margen de maniobra.

Salir de deudas no es inmediato: es un proceso progresivo, que exige constancia y disciplina. Sin embargo, cuando existe un plan claro y se toman decisiones informadas, cada paso suma. En un país donde la deuda se volvió parte del paisaje cotidiano, ordenar no es resignarse: es empezar a construir futuro.

Ocho pasos concretos para empezar hoy

Listar todas las deudas con monto, tasa, moneda y acreedor

Identificar cuál es la deuda más cara y cuál la más pequeña

Evaluar riesgos legales y emocionales según el acreedor

Cerrar la toma de deuda para gastos corrientes

Elegir estrategia: bola de nieve, avalancha o combinación

Analizar si conviene cambiar deuda cara por deuda más barata

Usar ahorros o instrumentos de bajo rendimiento para cancelar deuda costosa

Revisar el avance cada 60 días

*Economista – Especialista en finanzas personales

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, fue el encargado de argumentar a favor de la iniciativa. En primer lugar, destacó la estabilidad que alcanzaron los índices macroeconómicos: el orden fiscal, monetario y cambiario y sostuvo que “los ajustes que realizó el Gobierno nacional fueron los correctos”.

Luego di cuenta de los “condicionantes” que tiene el presupuesto provincial, fruto de decisiones que se han tomado en otras gestiones y que implican grandes gastos presupuestarios.

Luego tomó la palabra el senador Víctor Sanzberro (PJ), quien cuestionó la decisión del Gobierno provincial de desfinanciar a las provincias y sostuvo que los montos destinados a obras públicas son menores a los que anunció el gobernador Rogelio Frigerio.

“Este presupuesto tiene licuadora, ajuste y endeudamiento. Y, además, un superávit dibujado”, enfatizó luego.

Tras cuestionar que el oficialismo no permitió “cambiar ni una coma” del proyecto, sostuvo que “si los márgenes presupuestarios son estrechos el desafío de la política es definir rumbos y, en este sentido, pidió cuidar a los laburantes”.

“Nos preocupa esta dependencia creciente del endeudamiento, que no aparezca un plan de crecimiento y que el proyecto del gobierno sea sobrevivir”, afirmó.

“Por conducta democrática” anunció que su bloque votará de manera afirmativa, aunque planteó consideraciones en particular.

Uno de los artículos que no acompaño fue el 6º, que faculta al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito de 300 millones de dólares.

Enseguida tomó la palabra Rubén Dal Molín (JxER) y sostuvo que el déficit de la Caja de Jubilaciones “tiene un peso significativo en las cuentas públicas” y adelantó que a la brevedad se viene un debate en torno la necesidad de revertir esta situación.

Luego resaltó que el proyecto de presupuesto “es una norma sensata ajustada a las proyecciones macroeconómicas”.

La senadora Patricia Díaz (PJ) no se hizo presente en la sesión.

En medio de fuertes cruces y reclamos mutuos, el presidente Javier Milei tiene ahora en sus manos la potestad de decidir si autoriza o no al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tomar la deuda que logró aprobar en la Legislatura local gracias al apoyo de diferentes sectores, pero con el rechazo de La Libertad Avanza.

La semana pasada, durante una sesión que comenzó recién justo antes de la medianoche, el dirigente peronista y referente de la oposición consiguió el respaldo necesario para sancionar el pedido de crédito.

Lo obtuvo a partir de los votos afirmativos de varios bloques, entre ellos incluso el del PRO, habitual aliado del oficialismo nacional, pero que en esta oportunidad actuaron de manera diferenciada, lo cual generó polémica.

Tras lo ocurrido, el presidente del partido a nivel bonaerense, Cristian Ritondo, defendió la postura al remarcar que su espacio solamente acompañó “la parte que permite refinanciar deuda anterior a mejores tasas, es decir, hacer el rollover que es lo que beneficia a la provincia”.

“Pero rechazó el resto del articulado, ya que no explicaron el destino de los fondos que deberían haber ido a inversión, que es donde el distrito está con mayores problemas”, agregó.

La senadora libertaria Florencia Arietto fue una de las que cuestionó esa decisión y públicamente acusó a Ritondo y a Néstor Grindetti de haber recibido a cambio “los cargos en el Banco Provincia, porque ellos pusieron a Matías Ranzani y Adrián Urelli”.

“Son cosas distintas. Esos lugares los elige el cuerpo y tiene que ser representativo de las distintas fuerzas políticas, como fue históricamente. De hecho, los reemplazos son por dos directores del PRO. Bruno Scrensi, de Diego Santilli, y Santiago Nardelli, del equipo de Patricia Bullrich”, respondió el diputado del PRO.

Lo cierto es que, en las primeras horas del jueves, la Legislatura aprobó la solicitud de deuda de hasta 3.685 millones, que incluyen emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos: uno para la administración central, otro para el ejecutivo, un tercero para la empresa AUBASA y una solicitud para Buenos Aires Energía.

“La ley salió adelante contra la voluntad explícita del presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la provincia colapsara para sacar ventaja política”, sostuvo Kicillof en su cuenta de X.

No obstante, para que esta medida se termine de concretar, su administración necesita los avales de la Nación, que recientemente les permitió a la Ciudad de Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe acceder al mercado internacional.

Sin embargo, la relación con el mandatario bonaerense es distinta, ya que es el principal opositor a la gestión libertaria y uno de los pocos que, por ejemplo, no firmó el Pacto de Mayo el año pasado.

Por este motivo, hasta el momento ni el dirigente peronista ni ninguno de sus funcionarios fue recibido en la Casa Rosada por el ministro del Interior, Diego Santilli, a pesar de que pidieron reuniones para tratar otros asuntos.

A mediados de noviembre, Carlos “Carli” Bianco, ministro de Gobierno del referente de la oposición, solicitó formalmente un encuentro con “El Colo” para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas”.

Lo hizo a través de una carta oficial explicando en profundidad los temas que reclama su distrito, pero Santilli le contestó de manera tajante y con cierta ironía: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”.

En posteriores apariciones, el titular de la cartera de Interior explicó que no tenía previsto recibir a Kicillof en el marco de su rueda de conversaciones con gobernadores, porque se trata de alguien que no acompaña las políticas nacionales.

A pesar de esto, en el entorno del mandatario bonaerense aseguran que ya comenzaron las tratativas para discutir la toma de deuda y se muestran esperanzados de que en esta ocasión las negociaciones traerán resultados.

“Todas las provincias necesitan aval de Nación, pero es un trámite técnico. Solicitamos un encuentro (para conversar sobre el asunto) y ya está avanzado”, aseguraron a Infobae fuentes cercanas al justicialista.

“Se cumplen todos los parámetros técnicos para la aprobación”, apuntaron desde la administración bonaerense, y advirtieron que en caso de no permitirles avanzar, “la provincia de Buenos Aires podría caer en default, algo que también sería negativo para Nación”.

Por su parte, en el entorno del “Colo” señalan que todavía no tiene definida una agenda de actividades para esta semana, pero aclaran que “las reuniones se realizaron en un contexto y en un marco en el que había que volver a reconstruir la confianza” entre la Casa Rosada y las provincias, pero que “no se buscaba que apareciera un titular sobre si se otorgó un peso más o uno menos”.

“Se realizaron para construir entendimientos en las agendas y en las demandas mutuas, y a partir de ahí comenzar un sendero de confianza y construcción, para lograr un entendimiento en el Presupuesto 2026 y en las reformas que se necesitan sacar, de ambas partes”, remarcaron.

En este sentido, recordaron que también hay gobernadores que plantean “que se les debe” dinero, mientras que la Nación responde que “son ellas las que deben”, por lo que la misión era iniciar un proceso de diálogo para tratar de llegar a acuerdos.

“Desde acá, el Gobierno arranca a partir del 10 de diciembre un sendero de construcción de la agenda parlamentaria, entendiendo las solicitudes de los gobernadores, pero los gobernadores también las del Gobierno. Allí estuvo puesto el foco”, se indicó.