El nuevo esquema nacional de subsidios a la energía eléctrica comenzó a aplicarse en Entre Ríos y ya genera preocupación entre los usuarios. Se trata de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), una política implementada por el Gobierno nacional que modifica los niveles de consumo subsidiado y repercute directamente en el bolsillo de los hogares.

Según explicó a Elonce el titular de ENERSA, Uriel Brupbacher, la provincia fue dividida en zonas de acuerdo a los registros de temperatura. Los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy fueron clasificados como “Zona Templada”, mientras que el resto quedó en “Zona Cálida”. Esta diferenciación determina el límite de consumo con subsidio y, por lo tanto, el monto final de las facturas.

En la práctica, el esquema establece que los primeros 150 kilowatts consumidos están subsidiados, mientras que el excedente se paga a tarifa plena. A modo de ejemplo, un usuario que en febrero consumió 300 kilowatts tuvo todo su consumo subsidiado, pero desde marzo deberá abonar la mitad de ese consumo sin descuento, lo que implica un incremento cercano al 70% respecto de la parte subsidiada.

Brupbacher advirtió que “el impacto se va a reflejar en las facturas” y remarcó que el cambio responde a la política nacional de focalización de subsidios. Además, aclaró que el límite de consumo subsidiado varía según la época del año: en invierno se eleva a 350 kilowatts, mientras que en primavera regresa a 150.

El nuevo esquema reemplaza la Tarifa Social previa y unifica los subsidios de luz, gas natural y garrafas. Está dirigido a hogares vulnerables con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), pero limita los descuentos a bloques de consumo definidos por estacionalidad.

La división geográfica también genera diferencias entre regiones. “En la zona templada el subsidio corta antes, mientras que otras provincias tienen condiciones distintas”, señaló el funcionario, al remarcar que los departamentos del sur entrerriano quedaron en desventaja frente a otras jurisdicciones.

Ante este panorama, desde ENERSA recomendaron el uso racional de la energía para mitigar el impacto en las boletas. “El mayor consumo hoy lo genera el aire acondicionado, por eso recomendamos utilizarlo a 24 grados”, indicó Brupbacher. También sugirió evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo para no sobrecargar el sistema.

En los últimos días de marzo, la demanda energética en Entre Ríos se acercó a los 800 megavatios, en un contexto de altas temperaturas. Aunque el nivel se ubicó por debajo del máximo histórico registrado el año anterior, el nuevo esquema de subsidios hace prever que los usuarios sentirán el aumento en sus facturas.

El cambio marca un giro en la política energética nacional y plantea un desafío para los hogares entrerrianos, que deberán ajustar sus hábitos de consumo para enfrentar boletas más elevadas en los próximos meses.

Fuentes: Elonce

Se trata de una suma que ronda los 400 millones de pesos, y está relacionada a la firma de un acta acuerdo, realizada en setiembre del 2025.

El convenio -firmado en la Escribanía Mayor de Gobierno en septiembre pasado, establece la cancelación total de la deuda reclamada, con una quita del 20% sobre los intereses y un compromiso de pago por parte del Estado provincial de $422.354.113,48, consolidando de este modo una solución definitiva a un reclamo que llevaba más de una década sin resolverse.

Este histórico acuerdo fue posible gracias al enorme esfuerzo de gestión y articulación política e institucional de las diversas partes. Fue así que fueron actores protagónicos del entendimiento el senador provincial, Jaime Benedetti; la secretaria de Energía de la Provincia, Noelia Zapata y el titular de la Cooperativa de Electricidad -en representación de los más de 45.000 usuarios de la entidad- Nahuel Otero.

Desde la Cooperativa expresaron “un especial agradecimiento al gobernador Rogelio Frigerio por la decisión política de resolver una situación que se arrastraba desde hace años y que afectaba de manera directa a una entidad prestataria de un servicio público esencial”.

Asimismo, se destaca el trabajo y el compromiso asumido durante todo el proceso de negociación por el presidente de la Cooperativa, Cr. Nahuel Otero, quien encabezó numerosas gestiones y reuniones junto al senador Jaime Benedetti; el ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco; la secretaria de Energía, Noelia Zapata y el intendente de la ciudad de Gualeguaychú, Mauricio Davico; quienes acompañaron activamente cada instancia de diálogo y búsqueda de una solución definitiva.

“El monto percibido resulta trascendental para la Cooperativa, ya que permitirá avanzar con una obra energética de vital importancia para la ciudad, que se ejecutará en la zona de los bulevares Martínez y De María, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y mejorando la calidad del servicio para los vecinos”, indicaron desde la entidad.

Desde la institución se valora especialmente la articulación entre el Estado provincial, el municipio y la Cooperativa, entendiendo que este tipo de soluciones contribuyen al ordenamiento financiero, a la previsibilidad y al desarrollo energético de Gualeguaychú.

Este viernes se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del año del Honorable Concejo Deliberante, presidida por la viceintendenta Julieta Carrazza, donde se trató y aprobó el proyecto que modifica las tasas que abonan los usuarios por el uso de energía eléctrica; específicamente entró en vigencia la modificación al Código Tributario Municipal (Ordenanza N.º 10.446/2000 y modificatorias).

Esta medida, impulsada por el Departamento Ejecutivo, presentada por el presidente municipal Mauricio Germán Davico comenzará a aplicarse en las facturas emitidas por la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda.

Los principales cambios implementados son:

-Tasa sobre Consumo de Energía Eléctrica (Artículo 30, Título X, Capítulo I): se redujeron las alícuotas al 13% sobre el consumo básico facturado para todos los usuarios residenciales y al 13% para los usuarios identificados como comerciales, oficiales e institucionales. Esta baja representa un alivio fiscal para los hogares y comercios de la ciudad, alineándose con el espíritu municipal de promover la reducción de tasas, derechos y contribuciones.

-Contribución Única del Prestador de Servicios Eléctricos (Artículo 31, Título X, Capítulo II): se fijó la alícuota en 6% como compensación por los servicios de inspección de higiene, profilaxis y seguridad de locales y establecimientos, ocupación del espacio público (aéreo, terrestre o subterráneo) y demás servicios sin tasa especial. Esta adecuación responde directamente al Decreto Provincial N.º 3578/2025 estableciendo el 6% sobre ingresos brutos (netos de impuestos percibidos por cuentas de terceros). La Cooperativa incorpora este porcentaje como cargo de distribución en sus cuadros tarifarios, sin generar cargas adicionales para los usuarios.

La vigencia de estas disposiciones comenzará con la liquidación del período enero 2026, otorgando previsibilidad y beneficios inmediatos a los contribuyentes. La Dirección de Rentas continúa como autoridad de aplicación, con plenas facultades para implementar y fiscalizar el cumplimiento de la norma.

El diputado entrerriano Carlos Damasco, del bloque La Libertad Entre Ríos, presentó este viernes en la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley que busca crear un régimen de bonificaciones impositivas, tarifarias y de transporte destinado a pacientes oncológicos que residan en la provincia.


La iniciativa apunta a aliviar el impacto económico que enfrentan las personas durante los tratamientos, en reconocimiento a su situación de vulnerabilidad social, sanitaria y económica.

“El cáncer no solo afecta la salud física y emocional, sino que además implica un elevado costo económico sostenido en el tiempo”, señala el texto del proyecto.

Entre los principales gastos se mencionan medicación, traslados, estudios, alimentación especial y cuidados domiciliarios, lo que muchas veces impide sostener un empleo formal o exige trasladarse a otras ciudades.

“Una demanda que venimos escuchando hace tiempo”

En diálogo con EL ARGENTINO, el diputado Carlos Damasco explicó que la iniciativa surgió a partir de los reclamos que escuchó durante sus recorridas por la provincia en la campaña de 2023.

“Muchas personas se hacían eco de la problemática de esta maldita enfermedad y veían que desde la provincia no tenían ningún beneficio”, expresó el legislador gualeguaychuense.

Damasco también advirtió sobre situaciones laborales injustas que atraviesan quienes deben ausentarse por tratamientos prolongados: “Incluso hay empleados que después de los seis meses que no van a trabajar les hacen una quita en sus remuneraciones”.

Además, mencionó que el tema es una preocupación constante entre jubilados y pensionados: “Casi siempre que recorro la ciudad, muchos jubilados y pensionados me recuerdan este tema, por eso decidí presentarlo en estos días”.

Los beneficios que plantea el proyecto

El régimen propuesto está destinado a personas con diagnóstico oncológico cuyos ingresos, sumados a los de su grupo conviviente, no superen cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
Entre los principales beneficios se incluyen: exención del Impuesto Inmobiliario Básico para jubilados y pensionados, y descuento del 50% para otros casos; exención o descuento del 50% del Impuesto Automotor sobre un vehículo a nombre del paciente o su tutor legal, destinado a su traslado; bonificación del 50% en la tarifa de energía eléctrica para el domicilio donde resida el paciente; transporte público gratuito para concurrir a tratamientos o controles médicos.


Implementación y control

El proyecto establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de Entre Ríos, que deberá coordinar con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y ENERSA los mecanismos de inscripción y fiscalización.
También se prevé la creación de un Registro Provincial de Pacientes Oncológicos Beneficiarios, cuya información será confidencial y utilizada con fines administrativos y estadísticos.

El Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ley. Asimismo, se invita a municipios y comunas a adherir y replicar el régimen en sus jurisdicciones.

Un pedido de acompañamiento legislativo

El proyecto, firmado por Carlos Damasco, cuenta con el acompañamiento de los diputados Liliana Salinas, Juan Rossi y Fabián Rogel. En los fundamentos, se remarca que el reconocimiento de estos derechos “no es un privilegio, sino una obligación del Estado en materia de justicia social y sanitaria”.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la reducción de las tasas municipales en las boletas de energía eléctrica, medida que comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero de 2026. El acuerdo está siendo rubricado con intendentes de distintos municipios de Entre Ríos y busca aliviar el costo de la factura de luz, considerada una de las más altas del país.

Según explicó Frigerio, el convenio de adhesión entre la Provincia y los Municipios establece un tope a la tasa de alumbrado público, que pasará del 16% al 13%, lo que representa una baja de tres puntos porcentuales. Y reducir la contribución municipal del 8,69% al 6%, incorporándola al Valor Agregado de Distribución (VAD), componente que permanece congelado.

“Seguimos trabajando para reducir el costo de la energía y darle más competitividad y bienestar a nuestra población”, indicó el mandatario.

Frigerio destacó que la reducción alcanzará especialmente a las familias que hoy enfrentaban tasas municipales de casi el 9% sobre la factura. El nuevo cuadro tarifario comenzará a devengarse en las boletas a partir de noviembre, para entrar en vigencia plena desde enero de 2026.

“Con estas acciones tomadas con los municipios seguiremos bajando en el triste ranking que hacía que Entre Ríos tuviera las boletas más caras”, remarcó el gobernador.

El mandatario sostuvo que la medida forma parte de una política integral para mejorar la competitividad provincial. “Entre Ríos es una provincia productora de energía y debemos ganar competitividad en materia energética porque es un insumo fundamental para el desarrollo”, afirmó.

Frigerio subrayó que la decisión requiere del consenso de intendentes de distintas localidades, con quienes se trabaja en la búsqueda de acuerdos para alcanzar una reducción sostenida de las cargas que pagan los usuarios.

En la presentación también participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata, quienes respaldaron la iniciativa y remarcaron la importancia de lograr un esquema tarifario más competitivo para la provincia.

Con esta reducción, la gestión provincial avanza en su compromiso de bajar el costo de la energía eléctrica en Entre Ríos y mejorar las condiciones para las familias y el sector productivo. (Fuente: Elonce)

El Gobierno de Entre Ríos completó con éxito un complejo operativo logístico que incluyó un helicóptero y una embarcación para garantizar el abastecimiento energético de la escuela flotante N° 70 Crucero Gral. Belgrano, ubicada en el arroyo Los Hornillos, departamento Gualeguay. El trabajo articulado entre el Consejo General de Educación (CGE), la Asociación de Bomberos Voluntarios y un empresario de la zona fue clave para superar las dificultades del terreno.

La escuela, de personal único, atiende a estudiantes de nivel inicial y primario y depende de un sistema de energía solar aislada. El desafío radicaba en el traslado de cinco baterías estacionarias (de 60 kilogramos cada una), esenciales para el sistema solar.

En materia de logística, el barco de carga Chana I y el helicóptero fueron cedidos desinteresadamente por un empresario local, para hacer llegar las baterías y al personal encargado de instalarlas. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Gualeguay colaboró en el traslado inicial de la carga hasta Puerto Ruiz.

La cuadrilla de servicios generales del CGE, trasladada por aire, fue la encargada de la instalación. Los técnicos lograron el montaje y la puesta a punto de las nuevas baterías, asegurando el abastecimiento completo de energía eléctrica de la escuela flotante en óptimas condiciones.

Esta acción subraya el compromiso de la provincia de mantener la infraestructura educativa activa, destacando el esfuerzo técnico para llegar a los lugares más aislados de Entre Ríos. (APFDigital)

La semana pasada, los concejales de Mas por Entre Ríos dieron a conocer un pedido de información enviada a la Cooperativa Eléctrica.

“Tenemos la información fidedigna de que en un control de los que habitualmente realiza la empresa que provee energía a la ciudad, se constató esta irregularidad en el domicilio del concejal oficialista Jorge Roko”, sostuvo Emiliano Zapata en diálogo con EL ARGENTINO.

Para el edil, la situación no puede quedar en el plano de lo privado: “Entendemos lo de preservar la identidad de las personas, pero esperamos que la Cooperativa Eléctrica nos responda porque se trata de un funcionario público que, en el caso de corroborarse esta situación, estaría cometiendo un delito como el robo de energía eléctrica”.

En tanto, desde la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda respondieron al bloque de concejales “Más para Entre Ríos”. En la misma, se advertía sobre un presunto hecho de conexión irregular de energía eléctrica en un domicilio particular de la ciudad.

En el escrito, firmado por el presidente Nahuel Otero, la cooperativa reconoció el aporte de los representantes comunitarios en la detección de maniobras que puedan afectar “los intereses de la entidad, el patrimonio de los usuarios y la seguridad de la red eléctrica”.

Asimismo, se remarcó que, de acuerdo con la normativa vigente, la institución cuenta con procedimientos técnicos y administrativos específicos para verificar, instruir y eventualmente sancionar situaciones que configuren irregularidades. También se recordó que estos procesos se realizan respetando el debido proceso administrativo y la confidencialidad de los datos personales, tal como lo establecen la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley 20.337 de Cooperativas.

“La información recibida será incorporada al circuito de control correspondiente, adoptándose, de corresponder, las medidas previstas en el marco normativo vigente”, señala la nota.

Con este texto, la Cooperativa Eléctrica da por finalizado el caso, amparándose en el principio de la confidencialidad.

Descontento de los concejales

Los ediles quisieron enviarle una nota a Jorge Roko pero no fue recibida por ninguno de los secretarios del bloque oficialista.

Por este motivo, desde el bloque del PJ se dirigieron directamente a la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante Dra. Julieta Carraza. “Por medio de la presente, solicitamos que por su intermedio se haga entrega de la nota que se encuentra adjunta a la presente, para ser entregada al Concejal Jorge Roko. Ante la negativa de ser recibida por los secretarios del bloque oficialistas”.

En la nota se solicita el consentimiento expreso al titular del medidor ubicado en Bolívar al 900, así como de otros medidores bajo la responsabilidad de Jorge Roko.

La finalidad es que la cooperativa pueda suministrar la información necesaria para avanzar en la investigación sobre la presunta conexión irregular.

En la presentación, los ediles recordaron que la protección de los datos personales impide el acceso a esa información sin autorización expresa del usuario involucrado. Por ello, apelaron a la colaboración del titular del medidor, en nombre de la transparencia y la confianza ciudadana.

La Argentina perdió un juicio en tribunales internacionales y, esta vez, la empresa eléctrica estadounidense AES obtuvo un fallo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que condenó al Estado nacional a pagar 715,9 millones de dólares.

La compañía inició el caso el 19 de diciembre de 2002, año en el que el país salió de la Convertibilidad ("1 peso = 1 dólar") y devaluó su moneda tras una de las mayores crisis de su historia. Al pesificar los contratos que estaban indexados al dólar, se produjo el virtual default y una pérdida para los concesionarios.

AES Corporation reclamó por la concesión de la represa hidroeléctrica Alicurá, sobre el río Limay, en el límite de las provincias de Neuquén y Río Negro, que se venció recientemente.

El Gobierno nacional sacará en los próximos días la convocatoria a licitación pública nacional e internacional para volver a privatizar las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, y AES es una de las interesadas en continuar al mando de Alicurá por 30 años más.

Una posibilidad de saldar la deuda sería que si AES resulta ganador, la corporación no pague el monto correspondiente y se descuente de ahí la condena del Ciadi.

El monto del fallo se redujo "a un tercio del reclamo de AES por medidas regulatorias en el sector de generación de energía eléctrica adoptadas desde 2002 en adelante", que totalizaban a diciembre de 2020 -el momento del último escrito- u$s1.814 millones más intereses; o sea, un total de u$s2.752 millones.

"Nuestros abogados se encuentran trabajando en alternativas en respuesta. Seguimos ejerciendo el derecho a legítima defensa a través de todos las opciones que haya dentro de la ley", dijeron desde el Gobierno al medio porteño.

La Argentina todavía tiene cinco casos pendientes de resolución en el Ciadi por un total de 585 millones de dólares. Ya el mes pasado, además, el Estado fue condenado a pagar u$s147,1 millones a la constructora Webuild (ex Salini Impregilo) por congelar los peajes del puente Victoria (Entre Ríos) - Rosario (Santa Fe). (Con información de Clarín)

Los incrementos afectan los costos de distribución, potencia y transporte de la energía eléctrica. Además, el aumento de los precios mayoristas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) obligó a recalcular los valores a cobrar a los usuarios finales.

En diciembre de 2024, la Secretaría Ministerial de Energía de Entre Ríos había resuelto suspender temporalmente los aumentos en uno de los componentes de la tarifa (el Valor Agregado de Distribución o VAD), manteniendo los precios vigentes desde agosto de ese año. Sin embargo, el incremento en los precios mayoristas llevó a la necesidad de actualizar las tarifas para el trimestre actual.

Subsidios: ¿Quiénes seguirán pagando menos?

A pesar del aumento, se mantendrán los subsidios para los hogares con menores ingresos, gracias a una prórroga aprobada hasta el 30 de abril de 2025. Estos subsidios se aplicarán de la siguiente manera:

-Nivel 2 (“Bajos Ingresos”): Continuarán recibiendo la mayor ayuda, con descuentos significativos en sus facturas.

-Nivel 3 (“Ingresos Medios”): También contarán con bonificaciones, aunque menores en comparación con el Nivel 2.

Impacto en los Usuarios

Los nuevos valores afectarán tanto a usuarios residenciales como comerciales en toda la provincia. Sin embargo, se mantendrán tarifas especiales para clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de aliviar el impacto económico en estos sectores.

Este ajuste tarifario estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, momento en el cual podrían revisarse nuevamente los valores según las condiciones del mercado eléctrico.

El EPRE es el organismo encargado de aprobar y regular las tarifas en Entre Ríos, en coordinación con las políticas nacionales establecidas por la Secretaría de Energía. La decisión se tomó luego de consultas con el Ministerio de Economía de la Nación y en cumplimiento del Marco Regulatorio Eléctrico Nacional y Provincial.

El impacto dependerá de la categoría de usuario y el nivel de consumo. Mientras que los hogares de bajos ingresos seguirán recibiendo subsidios, otros usuarios podrían experimentar aumentos en sus facturas durante este trimestre. (APFDigital)

El Gobierno definirá un sistema automático de actualización mensual para las boletas de luz y de gas natural que comenzaría a aplicarse en 2025, según anticipan a Infobae fuentes oficiales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que se buscó apuntalar la desaceleración de la inflación.

El nuevo esquema de ajustes surgirá de la revisión tarifaria con distribuidoras y transportistas que iniciará en febrero, con la idea de establecer un sendero para los próximos cinco años. De ese proceso surgirán además los nuevos cuadros tarifarios y las inversiones que deberán realizar las compañías para mejorar el servicio.

La intención oficial es que las boletas no se atrasen en términos reales y, por lo tanto, los ingresos de las empresas se mantengan constantes y previsibles. Los usuarios tendrán todos los meses incrementos nominales en sus facturas.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) iniciaron en los últimos días los llamados a Audiencias Públicas para iniciar la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). En el caso del Enre tendrá incidencia sobre los cuadros tarifarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la concesión de Edesur y Edenor, mientras que en otras jurisdicciones se hará cargo del proceso en cada provincia.

La instrucción del ministro de Economía, Luis Caputo, a la secretaria de Energía, María Tettamanti, es que el aumento en las remuneraciones que otorguen a las transportistas y distribuidoras deberán implicar subas por debajo del 10% para los usuarios finales en todo el año, incremento que además podría ser fraccionado en cuotas mensuales para aliviar el impacto de los consumidores. Esa será la premisa para las RQT con el sector eléctrico y también con el del gas natural.

Las empresas reconocen que los incrementos otorgados durante 2024 fueron claves para recomponer sus balances, pero solicitaron al Gobierno que se implemente un sistema de actualización mensual de sus tarifas para garantizar las inversiones necesarias para mejorar los servicios. En el Ministerio de Economía destacan que el orden macroeconómico y la baja del riesgo país también serán un driver para que las firmas sean sujetos de crédito.

El Gobierno había establecido en abril del año pasado fórmulas polinómicas de actualización mensual de tarifas en base a la evolución de la inflación minorista, de la mayorista y de los salarios. Sin embargo ese esquema no llegó a aplicarse en busca de apuntalar la desaceleración del Índice de Precios Minoristas (IPC) del Indec y desde ese momento los incrementos no contemplaron el sistema establecido pero además fueron discrecionales.

El Gobierno desreguló el mercado eléctrico

Las definiciones de nuevos cuadros tarifarios y de un sistema de ajuste mensual son pasos claves para la normalización del sistema energético que impulsa Energía, fundamentalmente para el mercado eléctrico. La intención oficial es que hacia adelante las empresas puedan celebrar libremente contratos de compra y venta de energía. Un esquema similar al de los 90′ que trae algunas diferencias dentro de la gestión libertaria y que plantea dudas sobre el futuro de los subsidios en las tarifas.

Las tarifas finales que pagan los usuarios tienen cuatro componentes: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Los subsidios del Estado se aplican únicamente al costo de la energía, mientras que el transporte y la distribución no están subsidiados. Cada hogar percibe o no descuentos en ese ítem según su categoría dentro de la segmentación de subsidios: ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

El primer año de Javier Milei terminó con más de 800.000 hogares que dejaron de recibir subvenciones en sus tarifas y una reducción equivalente a USD 3.000 millones en el gasto de subsidios. María Tettamanti también trabaja en implementar desde mediados de 2025 un nuevo esquema de subvenciones. La premisa es que existan solo dos tipos de usuarios bajo un sistema similar al de la tarifa social que se aplicó durante la gestión de Mauricio Macri: usuarios que reciben subsidio y aquellos que no.

La ola de calor que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó un salto en el consumo energético que, desde la tarde del miércoles, derivó en extensos cortes de luz. Según el último informe, al menos 60.420 usuarios de Edesur y 3.052 de Edenor seguían sin suministro eléctrico a las 6:30 de la mañana del jueves, según datos oficiales del Gobierno.

El primer incidente relevante ocurrió en Parque Avellaneda, donde un túnel de cables de media tensión sufrió un principio de incendio en medio del apagón. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar para controlar las llamas. Una vez contenida la situación, técnicos especializados comenzaron a evaluar los daños y las posibles consecuencias sobre los equipos con el objetivo de reponer el suministro lo antes posible.

La elevada demanda de energía eléctrica volvió a poner en evidencia la fragilidad de la red. Según datos de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, a las 6:25 de la mañana del jueves, el sistema registraba una demanda de 18.645 megawatts (MW). Este valor representó un incremento del 7% respecto al miércoles a la misma hora, cuando la demanda alcanzó los 17.380 MW, y un aumento del 18% en comparación con el mismo momento de la semana anterior, cuando se registraron 15.756 MW.

A pesar de este incremento, los picos registrados durante la jornada no alcanzaron las previsiones de demanda más extremas, lo que podría aliviar la tensión en el sistema eléctrico en este contexto desafiante.

A lo largo del miércoles por la noche y la madrugada del jueves, los cortes de suministro afectaron a numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Flores, Floresta, Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Vélez Sarsfield, Villa Crespo, Villa Luro, Caballito y Villa Soldati.

En la provincia de Buenos Aires, también se reportaron interrupciones en zonas como Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora y San Vicente, según el detalle proporcionado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

A las 23:05 del miércoles, Edesur informaba un total de 71.712 usuarios afectados, mientras que Edenor reportaba 958 casos. Sin embargo, durante la madrugada, las cifras disminuyeron ligeramente.

En redes sociales, múltiples usuarios manifestaron su preocupación y enojo por la falta de luz. Una residente de Villa del Parque publicó: “Ya pasaron 13 horas y seguimos sin luz”. Otro afectado compartió un video del incendio en Parque Avellaneda, donde se originó uno de los principales cortes.

Estos episodios, que se repiten cada verano, generan incertidumbre entre los habitantes del AMBA, particularmente durante las horas de mayor calor, cuando la demanda de energía para aires acondicionados y electrodomésticos alcanza su punto máximo.

Cammesa advirtió en su informe semanal que las temperaturas en el AMBA para esta jornada alcanzarían los 36°C de máxima, con mínimas cercanas a los 25°C, lo que mantendría los niveles de demanda en niveles extremos. Según el pronóstico, el consumo podría superar el récord histórico de 29.653 MW registrado en febrero de 2024, aunque los datos registrados hasta esta mañana sugieren una leve moderación.

Por otro lado, el Comité de Seguimiento de Implementación del Plan de Contingencia para meses críticos 2024-2026, compuesto por representantes de Cammesa, el ENRE, generadoras, transportistas y distribuidoras, sigue monitoreando la situación para coordinar respuestas rápidas ante posibles contingencias.

Con el 40% de la demanda eléctrica concentrada en el AMBA, las horas de mayor exigencia —entre el mediodía y las 16:00— podrían determinar si el sistema eléctrico logra resistir otro día de calor extremo. (fuente: Infobae)