En el marco de la 14º Sesión Ordinaria, el Senado de la Provincia de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un esquema de medidas tributarias para aliviar la carga fiscal del sector comercial, con especial énfasis en los pequeños contribuyentes y comercios de cercanía. La iniciativa se convirtió en ley pese al rechazo del Bloque Más por Entre Ríos, que cuestionó el alcance limitado del texto.

Durante la sesión, el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) defendió la propuesta oficial argumentando que, si bien las medidas "seguramente no son las que todos deseamos", responden de forma responsable a las posibilidades financieras de la provincia en el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal. El proyecto beneficia de manera directa a los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus categorías A, B y C con la exención en Ingresos Brutos, e incluye la exención del pago del anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con las 11 cuotas anteriores. Asimismo, faculta al Ejecutivo a implementar exenciones transitorias ante emergencias sectoriales.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro argumentó la negativa de la bancada del Partido Justicialista sosteniendo que la norma resulta insuficiente frente a la crisis. La oposición propuso sin éxito incorporar a los prestadores de servicios —como plomeros, gasistas o peluqueras— y extender los beneficios a las categorías D, E, F y G en casos de sobreendeudamiento. Además, objetaron la exigencia de no registrar deudas con la ATER para acceder a los beneficios, proponiendo en su lugar moratorias con quita de intereses y la suspensión de embargos.

Por un lado, se aprobó la equiparación de la actividad del matarife con la actividad industrial. La medida busca evitar el desbalance fiscal con provincias vecinas como Santa Fe y garantizar que el procesamiento de hacienda se mantenga dentro de Entre Ríos. Por otro lado, se dio respaldo a la iniciativa que reencuadra la incubación de huevos para producción avícola, pasando de ser considerada actividad primaria a un proceso estrictamente industrial. Ambos proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados para su revisión.

Pese a que falta más de un año para las elecciones, en el Gobierno nacional están cada vez más convencidos que el presidente Javier Milei será elegido nuevamente en las urnas. "Nos imaginamos reelectos en primera vuelta", declaró este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario, además, ratificó la política económica del Gobierno y aseguró que seguirán achicando el Estado. En ese sentido, señaló que por medio del recorte de gastos lograron "equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación, de más del 200% al 30% actual, y seguirá en descenso, comprar equipamiento para los hospitales públicos, el orden público", y enfatizó: "Javier Milei fue enfático, la motosierra no se apaga nunca, mientras él sea el Presidente, la motosierra va a seguir".

"Esto es interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante mucho tiempo asesoró a muchos países que a la hora de lograr el equilibrio fiscal aumenten impuestos, y nunca bajen el gasto público. A partir del gobierno de gobierno de Milei el mundo mira con atención, porque la reducción del gasto público permite que tengamos una expansión de la economía", añadió en conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Ravier dijo que hay "récord de exportaciones, de consumo, a partir de la motosierra", y consideró que esa es "la solución, que la motosierra le va a dar soluciones a la gente". Adenmás agregó: "Redujimos la pobreza, la indigencia, no vemos razones para cambiar este modelo".

(Fuente: APFDigital)

La Fundación Libertad y Progreso analizó el desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026, el cual registró una suba del 2,1%. Desde el centro de estudios explicaron que el incremento observado responde a un rebote de carácter transitorio motivado por factores estacionales y estimaron que la dinámica desinflacionaria se retomará a partir de agosto, con registros mensuales previstos por debajo del 2%.

El economista Julián Neufeld detalló que el salto de julio estuvo impulsado principalmente por el aumento en el rubro de bienes y servicios vinculados al turismo y el esparcimiento durante el receso invernal. En ese sentido, los productos estacionales mostraron una suba del 4,5% con un impacto de 0,41 puntos porcentuales en el índice general, mientras que la inflación núcleo experimentó una variación más acotada, pasando del 1,6% en junio al 1,8% en julio.

Por su parte, el economista jefe de la entidad, Diego Piccardo, precisó que los rubros Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura aportaron de manera conjunta 0,64 puntos porcentuales al índice de julio, frente a los 0,44 puntos registrados en junio. Esa brecha de dos décimas explica de manera directa la diferencia observada entre ambos meses, descartando un cambio estructural en la tendencia de fondo de los precios.

Desde la institución destacaron que las mediciones de alta frecuencia de las primeras semanas de agosto muestran una desaceleración en el ritmo de aumentos, estimando un IPC cercano al 1,8% para el mes en curso. La proyección de desaceleración para el segundo semestre se fundamenta en la contención de la base monetaria, el equilibrio fiscal y la menor incidencia esperada en la categoría de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

Si seguís la economía, es probable que en algún momento te hayas preguntado: ¿Cómo puede ser que los datos mejoren y la vida no? Equilibrio fiscal, baja del riesgo país, inflación en descenso, reservas que se acumulan… Todo parece ir en la dirección correcta y, sin embargo, en la calle el panorama es distinto: locales que cierran, sueldos que no alcanzan, gente que pierde su empleo formal y pasa a trabajar por su cuenta en condiciones mucho más precarias.

La respuesta no es que los datos mienten, ni que la percepción de la gente está equivocada, sino que estamos mirando dos cosas distintas sin darnos cuenta: la macroeconomía y la microeconomía.

La macroeconomía estudia la economía como un todo. Mira variables agregadas como la inflación, el déficit o el superávit del Estado, el nivel de reservas del Banco Central y el tipo de cambio, entre otras. Es la fotografía del sistema completo. Y lo que aparece en esa fotografía no ocurre solo: es el resultado de decisiones que alguien toma, sabiendo de antemano cómo van a repercutir. Ampliar o reducir el presupuesto en educación y salud, o reducir subsidios o subir impuestos, modificar la cobertura de medicamentos para jubilados, redirigir recursos hacia el pago de deuda o hacia la inversión pública, restringir o liberar las importaciones, dejar que se mueva el tipo de cambio: todas son decisiones políticas y sus efectos pueden medirse y anticiparse.

Lo que los indicadores macro no muestran es quién ganó y quién perdió en el camino. Un superávit fiscal puede construirse recortando el presupuesto de los hospitales públicos o subiendo impuestos. El resultado contable es el mismo. Pero detrás de ese número hay personas concretas: unas van a ver recortado sus servicios esenciales y otros deberán afrontar costos tributarios más altos.

La microeconomía, en cambio, es como hacer zoom en una foto. Estudia las decisiones concretas de las personas, las familias y las empresas. Qué puede comprar una familia con su sueldo. Si un comerciante puede sostener su negocio. Si un empleado conserva su trabajo o lo pierde. Estas variables tienen una dinámica propia: son decisiones individuales o en cabeza de familias o empresas que responden a cómo esas decisiones políticas repercuten en la vida de cada uno. Son decisiones que se toman con cautela, con incertidumbre y con tiempo.

Lo que nos muestra la macro y lo que vivimos en la micro difieren. Pero ambas son reales. Ambas son importantes. Pero no siempre se mueven juntas, ni en la misma dirección.

Veámoslo con el empleo. Si los empresarios argentinos no pueden competir con los productos importados, la economía se contrae. Un empresario no despide al día siguiente que le abrieron la importación. Espera. Piensa que el mal momento puede ser pasajero, que quizás el mes que viene mejora. La incertidumbre de despedir y después volver a contratar tiene costos concretos: indemnizaciones, pérdida de experiencia acumulada, tiempo de capacitación. Así que aguanta. Hasta que pasan meses, la situación no remonta, y entonces sí: llega la reducción de horas o el despido.

Cuando la economía se reactiva, el proceso es el mismo al revés. Antes de tomar un empleado nuevo, el empresario espera. Quiere asegurarse de que la mejora no es una ilusión, que el costo de incorporar a alguien —y eventualmente tener que soltarlo de nuevo— vale la pena. Esa cautela es racional. Y hace que la recuperación del empleo suele llegar después de que los indicadores macroeconómicos ya mejoraron. Las familias hacen lo mismo con el consumo: esperan, observan, ajustan despacio.

Con el salario pasa algo similar, aunque con una capa adicional de complejidad. La caída de la inflación debería, en teoría, mejorar el poder adquisitivo. Y en parte lo hace: si el salario se mantiene y los precios suben menos, cada peso puede que rinda algo más que antes. Pero hay un problema de punto de partida. Los salarios en Argentina vienen perdiendo poder adquisitivo. Esa pérdida acumulada no se borra automáticamente cuando la inflación baja. Para recuperarla, los salarios tendrían que subir por encima de la inflación actual durante un período sostenido. Y eso, en un contexto de ajuste y contracción del consumo, rara vez ocurre. Entonces puede pasar —y pasa— que la inflación baje, que el salario nominal se mantenga o suba levemente, y que aun así la persona en la calle sienta que le alcanza menos que hace dos o tres años. No es una contradicción.

El verdadero desafío, y creo que este es uno de los grandes problemas estructurales de la Argentina, es lograr que funcionen bien las dos al mismo tiempo. Históricamente, los distintos gobiernos se han enfocado más en una que en la otra: algunos priorizaron el ordenamiento macroeconómico a cualquier costo, otros apostaron a sostener el consumo y el empleo sin resolver los desequilibrios de fondo. Los resultados, en ambos casos, fueron parciales y poco duraderos, en buena medida porque hay una deuda estructural que atraviesa a las dos economías y que pocas veces se nombra con la fuerza que merece: la informalidad.

Cuando una parte grande de la actividad económica y del empleo funciona fuera del circuito formal, la carga tributaria termina concentrada sobre quienes sí están registrados. No es que el Estado necesite menos recursos: es que los recauda sobre una base mucho más chica de lo que debería, y esa base sostiene a todo el resto.

Bajar la informalidad no es solo una cuestión de justicia —que también lo es—, sino una palanca concreta para aliviar la presión impositiva que hoy ahoga a buena parte del sector formal. Una base más amplia de contribuyentes permitiría bajar la carga por actividad sin resignar recaudación, y al mismo tiempo daría cobertura social y previsional a millones de argentinos que hoy quedan afuera del sistema. Formalizar la economía no resuelve todo, pero es una de esas pocas reformas que empuja en la dirección correcta desde los dos frentes a la vez.

Para que la Argentina vuelva a un circuito de crecimiento sostenible —uno que incluya a todos los argentinos— necesita de las dos. Una macro ordenada que genere las condiciones para invertir y producir, y una micro que se traduzca en empleos formales, salarios que alcancen y que permitan que los argentinos vuelvan a creer que un futuro mejor todavía es posible. No es una meta sencilla. Pero es la única que vale la pena perseguir.

*Milagros Martínez Garbino

Economista - Especialista en finanzas personales

El riesgo país perforó los 450 puntos básicos y tocó su nivel más bajo en ocho años, después de que la calificadora S&P mejorara la nota de la deuda argentina. Para dimensionarlo: cuando empezó la actual gestión en diciembre de 2023, ese mismo indicador superaba los 1900 puntos. Ahora bien, ¿eso que anuncian como una buena noticia impacta en nuestra vida? Para responderlo, veamos de qué se trata y cómo impacta en la economía del país.

El riesgo país mide cuánto más caro le resulta a un país acceder al crédito en los mercados internacionales con respecto de Estados Unidos, considerado un país libre de riesgo. Es el costo de la mala fama.

Argentina defaulteó nueve veces su deuda a lo largo de su historia. Esa reputación tiene un costo y se refleja en puntos básicos. Con el riesgo país en 1900 puntos, el costo de acceder al crédito para la Argentina rondaba niveles cercanos al 23% anual. Es difícil imaginar que alguien estuviera dispuesto a tomar deuda a esos niveles. Con un riesgo país en 450 puntos, la situación es cualitativamente distinta, aunque todavía estamos lejos de la normalidad. Uruguay y Paraguay suelen moverse en una zona cercana a los 100-200 puntos básicos de riesgo país, mientras que Brasil ronda actualmente los 250 puntos. Perforar los 450 puntos es una mejora importante, pero todavía estamos lejos de los niveles de riesgo de nuestros vecinos.

El riesgo país también funciona como una referencia importante para las empresas argentinas que buscan obtener fondos en el exterior o financiar la compra de maquinaria, productos e insumos importados. Porque una empresa argentina nunca puede endeudarse en el exterior a una tasa mucho mejor que la de su propio país. Por eso, cuando baja el riesgo soberano, también suele bajar el costo de financiamiento del sector privado.

Ahora bien, hay una condición que determina si este mecanismo es sostenible o problemático para el país: la relación entre la tasa de interés a la que se refinancia la deuda y el ritmo de crecimiento de la economía. Si la economía crece más rápido que la tasa de interés que paga por su deuda, el peso relativo de esa deuda tiende a reducirse con el tiempo. Si ocurre lo inverso —tasas altas y crecimiento bajo— la deuda se vuelve cada vez más pesada, aunque se siga pagando. Argentina históricamente ha enfrentado ese segundo escenario, y es uno de los motivos por los que los ciclos de endeudamiento terminaron mal más de una vez.

Hoy Argentina tiene restringido el acceso a los mercados internacionales de crédito. Por eso, cuando vencen obligaciones importantes, muchas veces debe afrontarlas con recursos propios, reservas internacionales o financiamiento de organismos multilaterales. Recuperar la posibilidad de “rollear” parte de esos vencimientos en condiciones razonables sería un cambio significativo.

Cuando el Estado debe afrontar pagos de deuda en moneda extranjera, esos dólares pueden provenir de nuevo endeudamiento, de las reservas internacionales o de la compra de divisas en el mercado cambiario.

En una economía con escasez de divisas como la nuestra, cuando el sector público necesita dólares para pagar deuda o recomponer reservas, esos dólares no están disponibles para otros usos. Esto genera una competencia permanente por las divisas entre el Estado, las empresas que necesitan importar, quienes quieren invertir y quienes buscan ahorrar en moneda extranjera. Buena parte de las restricciones cambiarias —el famoso cepo— que marcaron los últimos años tienen su origen en esa tensión.

Cuando el riesgo país baja, aumenta la probabilidad de que ingresen capitales al país, ya sea por inversión directa, financiera o una mayor demanda de activos argentinos. Eso incrementa la oferta de dólares y reduce la presión sobre el tipo de cambio, al menos en el corto plazo.

Menos presión cambiaria significa menos traslado a precios de bienes importados, menor incentivo a la dolarización preventiva y, en un contexto de desinflación como el actual, un canal adicional que refuerza la baja de la inflación. Es el efecto más rápido y tangible para cualquier persona, independientemente de si opera o no en los mercados financieros.

Si una parte creciente de los vencimientos puede refinanciarse, disminuye la necesidad de destinar cada dólar disponible al pago inmediato de deuda. Eso mejora la capacidad de administrar reservas y reduce algunas restricciones financieras que afectan al conjunto de la economía. El cepo se ha flexibilizado, pero todavía subsisten restricciones vinculadas a la escasez de divisas.

Una mayor disponibilidad de divisas mejora la previsibilidad para las empresas extranjeras respecto de la posibilidad de girar utilidades al exterior. Esto es un factor clave para atraer inversiones. Ninguna empresa quiere invertir en un país del que luego no puede disponer libremente de sus ganancias.

Una baja del riesgo país reduce el costo al que las empresas argentinas pueden financiarse en el exterior. Como el riesgo soberano funciona como referencia para el sector privado, cuando baja el costo de financiamiento del Estado también suelen mejorar las condiciones para las empresas. Eso facilita inversiones, como la compra de insumos, maquinaria, la incorporación de tecnología y proyectos de expansión.

Una baja sostenida del riesgo país puede terminar impactando en el crédito local. Cuando el país logra endeudarse a tasas más bajas en el exterior, eso contribuye a reducir el costo del dinero en la economía en general y ayuda a que bajen las tasas de referencia. A través de ese mecanismo, empresas y personas pueden acceder gradualmente a crédito más barato para invertir, producir o consumir.

Sin embargo, el riesgo país no es un factor que determina las tasas de interés en Argentina. Influyen la inflación, la política monetaria, la profundidad del sistema financiero y las expectativas económicas. Una baja del riesgo soberano ayuda a crear mejores condiciones, pero por sí sola no alcanza para resolver los problemas estructurales del sistema financiero argentino.

Por otra parte, muchos fondos internacionales tienen restricciones para invertir en países con calificaciones crediticias muy bajas. A medida que Argentina mejora su perfil financiero, parte de esos capitales vuelve a considerar al país dentro de sus posibilidades de inversión.

Posibilita también que la Argentina financie inversiones estratégicas para el desarrollo del país en mercados internacionales, y no solamente cubrir vencimientos de deuda, que es lo que ocurrió durante gran parte de nuestra historia reciente.

Ahora bien, nada de esto implica que endeudarse sea bueno por definición. Volver a los mercados internacionales no es un objetivo en sí mismo. El acceso al crédito es una herramienta, no una garantía de desarrollo. La historia argentina muestra ejemplos de períodos en los que el financiamiento externo ayudó a impulsar inversiones y otros en los que terminó generando vulnerabilidades que desembocaron en crisis.

Por otra parte, el pago de los vencimientos de deuda no deja de ser gasto público. En la medida en que ese gasto se reduce —porque una parte creciente de los vencimientos se puede refinanciar— pueden liberarse recursos para otras áreas como infraestructura, educación u otras prioridades estratégicas. La diferencia no está solamente en si salimos a los mercados, sino en para qué se utiliza ese financiamiento y si la economía genera capacidad futura para repagar esas obligaciones.

Pero el riesgo país no mide si los salarios alcanzan para llegar a fin de mes. No mide si hay más empleo. No mide si los jóvenes encuentran oportunidades. No mide si disminuye la pobreza ni si mejora la calidad de vida de la población. Mide otra cosa: cuánto más caro le resulta a la Argentina acceder al crédito en los mercados internacionales.

El riesgo país es un termómetro, no una cura. Los desafíos de fondo siguen siendo los mismos: crecer, generar empleo, reducir la pobreza y construir una economía que ofrezca oportunidades para la mayoría de los argentinos. El número bajó. Ahora hay que ver para qué lo aprovechamos.

(*) Milagros Martínez Garbino - Economista - Especialista en finanzas personales

El Gobierno nacional presentó un nuevo recurso judicial para intentar suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, interpuso un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar la medida cautelar que ordena la transferencia de fondos a las casas de estudio.

La presentación cuestiona la sentencia que confirmó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, vinculados al financiamiento y recomposición salarial universitaria. El recurso fue presentado con efecto suspensivo, buscando evitar el inicio de las transferencias.

El Poder Ejecutivo argumenta que la intervención de la Corte Suprema es necesaria por tratarse de una cuestión federal y porque la cautelar concedida es “equiparable a una sentencia definitiva”. Según el escrito, la orden de girar fondos sin financiamiento específico genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, comprometiendo el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones públicas.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada y posteriormente ratificada por el Congreso, incluso tras el veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno insiste en que su aplicación resulta “imposible” porque no establece fuentes claras de financiamiento.

Mientras tanto, docentes y no docentes de las universidades nacionales denuncian que ya perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo durante la gestión de Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero confirma la continuidad del proceso de desaceleración en la inflación. Según el funcionario, la suba registrada en bienes y servicios regulados alcanzó 4,3%, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 3,1% y los precios estacionales mostraron una reducción de 1,3%.

Caputo explicó que la economía argentina “todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”. En ese sentido, sostuvo que esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones necesarias para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido.

El ministro recordó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, lo que refleja la normalización de las principales variables. “La economía está mostrando señales claras de recuperación en línea con el reordenamiento de los precios relativos”, afirmó.

✅ El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%. ✅ La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

Desde el Palacio de Hacienda se destacó que el programa económico actual prioriza tres pilares: el equilibrio fiscal, el estricto control de los agregados monetarios y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según Caputo, estas políticas permitirán que la inflación converja, por primera vez en décadas, a niveles comparables con los estándares internacionales.

El funcionario también vinculó el comportamiento de los valores regulados con la política de recomposición tarifaria, señalando que se trata de un paso necesario para corregir distorsiones acumuladas y garantizar un esquema más transparente y sostenible.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el reordenamiento de los precios relativos es considerado un paso central para restablecer el equilibrio macroeconómico y sentar las bases para un crecimiento sostenido. En ese marco, Caputo insistió en que las medidas adoptadas buscan consolidar un proceso de estabilización que permita a la Argentina dejar atrás décadas de inflación crónica y recuperar la confianza en su moneda.

Por la interrelación entre la política y la economía, no puede evitarse esta cuestión. El año pasado la ayuda de Trump fue fundamental para superar la crisis previa a la elección de medio término. Continúa la buena relación y el apoyo anímico. No el aporte real, económico; se ha detenido por los límites que impusiera el Congreso americano. Por otra parte, en nuestro Congreso - con cautela - ha crecido la posibilidad de llegar a consensos políticos. No obstante, disminuye el poder oficial que se asentara en el adversario (del nunca más al pasado, nunca más a la oposición). El rival se muestra débil, en reconstrucción; y por el momento ese asiento es una incógnita.

El riesgo país sigue alto, incide en el acceso al crédito y lo encarece. Cercano a los 500 puntos, más que duplica el costo efectivo del crédito de base. El último vencimiento en dólares no se logró pagar con recursos del mercado voluntario, se recurrió a acuerdo de Bancos. La renovación de la deuda en pesos se la resolvió con préstamos a tasas positivas, de hasta el 3,4 % con una inflación del 2,8% medida en el último mes. Las reservas netas siguen negativas, en U$S 14.100 millones según el FMI. No haber preparado a la empresa local para la apertura económica la afectará, y a la ocupación.

El equilibrio fiscal, que no requiere financiar déficit, es frágil. Se lo ha logrado al eliminar, reducir o postergar gastos. En ejemplo, no se apoya la ciencia de base y se apreciará en futuro. Los gastos disminuidos han perdido elasticidad para su continuidad. No se observa igual acompañamiento en gastos de la política. Se elevan recursos para parlamentarios, funcionarios, inteligencia, reservados y parecidos.

El superávit fiscal no requiere de emisión. Ausente el déficit, si se mantiene la producción de bienes y de medios de pagos - en dichos del presidente - no debería existir inflación; sí reacomodamiento de precios. Mas la realidad es que la inflación sigue elevada. O no es correcta la información o no es correcto el concepto. Se la institucionaliza, porque todo está indexado excepto quebrantos impositivos. La reciente legislación sobre multas tributarias prevé la actualización anual de las mismas, de igual modo sucede con las tasas e impuestos determinados de oficio; ello retroalimenta el proceso. La paz cambiaria se asienta en la sobre posición en dólares en período previo a las últimas elecciones.

Demorada la promoción de la inversión privada en infraestructura, comienza a mostrar sus efectos limitantes. Del servicio o del beneficio de la propia obra y de la actividad económica directa e indirecta que genera. La economía real aún no ha logrado componer el recurso genuino que necesita el circuito o movimiento macroeconómico. Lo ha suplido al inicio con un blanqueo (recurso existente), luego con ayuda financiera (recurso externo); y ahora - nuevamente - en la búsqueda de la riqueza ahorrada; no con nueva generada. Stock no flujo, salvo en el sector de hidrocarburos.

En síntesis, la situación no está consolidada. El rumbo aún carece de certeza como se la difunde, aunque sería un abuso exigirlo; porque el inicio era complicado y todo es cambiante. No obstante, también todo se puede hacer mejor para elevar la definición del devenir. La conducción económica - como todas - presenta un discurso de ilusión, de aliento, optimista, esperanzador. Así debe ser. Es deber de nosotros acercar visiones que puedan marcar observaciones, en procura de mejora o de ayuda. En conocimiento que no es igual opinar desde la comodidad de la platea, que desde el teatro de la ejecución; en la realización, en el lugar del hecho y de la acción.

Ello no invalida la libertad de expresar una opinión que no arroga verdad y que no todos conformaran.

"Nos han contactado trabajadores de varios Ministerios debido a los fuertes trascendidos respecto a un nuevo, importante e indiscriminado recorte de horas extras. Ante esto nos preguntamos: Milei ¿llegó a Entre Ríos?", expresó la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo.

Aclaró que hasta el momento el Sindicato no ha logrado confirmar que exista una directiva oficial en este sentido, por lo cual exige respuestas.

"La falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores. Algunos sectores se ven más perjudicados frente a la posibilidad de un nuevo recorte de ingresos en un concepto, que son las horas extras, que ya consideran parte de sus salarios", explicó.

Afirmó que "esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como es el caso de los contables, o bien para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos".

"Esta situación amerita una urgente aclaración y que conozcamos de primera mano cuál es el plan que está pensando el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los compañeros, que viene deteriorándose sucesivamente. Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores", subrayó.

"A la eficacia la garantizan los trabajadores"

La Secretaria Gremial de UPCN se preguntó "cuáles son las variables para mantener el equilibrio fiscal o para que den las cuentas" y al respecto remarcó: "Queremos saber los esfuerzos de todos los sectores".

"Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores", resaltó Melgarejo.

"Aunque estamos pendientes de la paritaria, ante la problemática de las horas extras necesitamos una pronta reunión para discutir qué pasa y cómo sigue este tema", señaló y reprochó que "con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad".

"Desde UPCN planteamos, como gesto urgente, que el gobierno nos convoque para tener la información correcta y transmitirla seria y responsablemente a los trabajadores. Y, por supuesto, determinemos conjuntamente con los compañeros la posición que vamos a tomar", apuntó la dirigente sindical.

Luego manifestó: "En caso de que se confirme un recorte de horas extras, la pregunta es si será transitorio o permanente. Y, en este último caso, qué compensaciones tendría previstas el gobierno".

"En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes", remarcó.

"Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos, sea solo una confusión administrativa", finalizó Melgarejo. (APFDigital)

La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) manifestó, a través de su presidente, Cristian Fiereder, una seria inquietud respecto a la viabilidad de un modelo económico que, según advierten, privilegia los números financieros por encima de la actividad productiva.

Desde la UISF sostienen que el desarrollo de un país no puede medirse únicamente por el equilibrio fiscal. En ese sentido, Fiereder alertó sobre una “ambigüedad profunda” en el discurso oficial, al remarcar la contradicción que implica hablar de crecimiento mientras se debilitan los pilares que sostienen el entramado productivo y social de la provincia de Santa Fe.

Uno de los ejes centrales del análisis industrial es la reaparición del carry trade como herramienta dominante. La entidad observa con preocupación cómo las ganancias financieras vuelven a resultar más atractivas que la inversión en la economía real.

“Un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es un país que está hipotecando su futuro”, afirmó Fiereder. Para la UISF, avanzar hacia un esquema donde la especulación rinde más que la producción de valor agregado representa un riesgo crítico para la supervivencia de la industria local.

Ante el proceso de apertura económica y la competencia internacional, el sector fabril aclaró que no reclama proteccionismo ni beneficios especiales, sino “igualdad de condiciones”. El planteo se centra en una serie de factores que hoy condicionan seriamente al productor santafesino:

Presión impositiva: la urgencia de reducir la presión fiscal.

Costos logísticos y energéticos: falencias en infraestructura y servicios que elevan los precios finales.

Impacto social: la posibilidad de un proceso de reducción industrial que derive en mayor precarización laboral y en el crecimiento del multitrabajo, producto de la pérdida del poder adquisitivo.

Educación, tecnología y desarrollo

Además, la UISF propuso fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo. La apuesta está puesta en la educación técnica y la incorporación tecnológica como herramientas para potenciar a las PyMEs y evitar que la innovación se transforme en una amenaza.

Para cerrar, Fiereder dejó una definición de fuerte contenido social sobre el modelo de país que se está construyendo: “El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media”. Con esa frase, la industria santafesina llamó a reflexionar sobre si el camino elegido conduce a un país concentrado en pocos sectores o a una nación federal, integrada y sostenida por el trabajo genuino. (APFDigital)

En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, volvió a hacer una ferviente defensa del programa económico de la Argentina y confirmó una misión de los técnicos del organismo en febrero para concretar la segunda revisión del acuerdo que tiene el organismo con el país. Además, la funcionaria destacó que el Banco Central comenzó el año con acumulación de reservas “a un ritmo acelerado”, y subrayó el impacto positivo de este proceso en la perspectiva financiera del país.

Durante su intervención, Kozack señaló que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas”, y resaltó los avances en los esfuerzos de estabilización económica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, dijo, además de recordar que el país experimentó una contracción en 2024 pero que ya en 2025 mostrará un crecimiento de 4,5 por ciento.

Por otra parte, subrayó que la inflación descendió de cifras de tres dígitos en 2024 a “alrededor del 30% a fines de 2025”, el menor nivel en ocho años. Pero evitó referirse -a pesar de que se le preguntó- a la aceleración que el índice tuvo en los últimos meses, con un nivel en diciembre de 2,8%.

En lo que sí fue contundente la portavoz del organismo fue en su mirada respecto del cambio en el esquema de bandas cambiarias y la firme convicción de comenzar a acumular reservas por parte del BCRA. “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”, enfatizó Kozack, en una semana en la que el organismo monetario lleva ocho ruedas seguidas de compras netas de divisas (USD 515 millones).

También destacó la introducción de un programa anunciado de compra de divisas por parte del Banco Central, lo que permitió que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”. Según la portavoz, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. “El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, destacó la funcionaria.

Kozack también valoró la aprobación parlamentaria del presupuesto 2026, “el primero en dos años y consistente con un ancla de equilibrio fiscal general cero para Argentina”. Este dato se suma a los “esfuerzos que el Gobierno desplegó para reducir la informalidad y aumentar la flexibilidad en el mercado laboral”, añadió.

La misión y la revisión de las metas

La portavoz del organismo confirmó que la segunda revisión técnica del programa que tiene el FMI con la Argentina se realizará en algún momento de febrero y que, en ese marco, se discutirán tanto las metas como la posibilidad de otorgar exenciones. “Las discusiones sobre objetivos y exenciones tendrán lugar como parte de esa misión de revisión”, señaló Kozack. Además, la portavoz del organismo multilateral confirmó que la agenda técnica se encuentra en preparación y que se informarán los detalles cuando estén definidos.

Según repasó el economista Claudio Caprarulo ante la consulta de Infobae, “lo central de la revisión del FMI es el desembolso que queda pendiente de la segunda revisión, por aproximadamente USD1.090 millones”. “Para eso, el gobierno debería haber cumplido con las metas de los cuatro criterios de ejecución: resultado primario, acumulación de reservas netas, financiamiento del BCRA al Tesoro y deuda flotante. De las 4, la única que estuvo lejos de cumplir fue la referida a acumulación de reservas netas. De todas formas, descontamos que se hará el desembolso”, consideró el director de la consultora Analytica.

El analista justificó su afirmación al plantear que “más allá de los criterios de ejecución del programa, el Gobierno avanzo con la agenda de políticas a las que se había comprometido, como por ejemplo una mayor desregulación del mercado eléctrico y la eliminación en el presupuesto de la actualización automática de la AUH”. “A su vez, informó que cambió la política cambiaria y monetaria con el objetivo de acumular reservas. Resta ver como cumple con ese compromiso en un contexto de aceleración de la inflación”, agregó.

En cuanto a la meta fiscal, lo acordado entre el Gobierno y el FMI para el 2025 era que el superávit primario alcance al 1,3% del PBI. Se espera para este viernes el resultado de diciembre, por lo que recién mañana podrá saberse cómo quedó finalmente ese número, pero nadie duda de que esa meta se habrá cumplido.

La que seguro no se cumplió, y por mucho, fue la de acumulación de reservas. Y en este punto es donde el país pedirá un waiver (perdón), que seguramente el FMI le otorgará. En la última revisión, realizada en julio del año pasado, el FMI ya había flexibilizado su objetivo de acumulación de reservas para el Banco Central en el marco del programa por US$20.000 millones firmado en abril. El target pasó a ser de US$2600 millones negativos para finales de este año, unos US$5000 millones por debajo de la meta anterior. Sin embargo, aún así, quedó muy lejos.

¿Se verá Milei con Georgieva en Davos?

Durante la conferencia, también se le preguntó a Kozack sobre la posibilidad de una reunión entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei, en el Foro Económico de Davos la semana próxima. Pero la funcionaria respondió que la agenda todavía se encuentra en proceso de definición y que cualquier información relevante será comunicada oportunamente.

En otro tramo de la rueda de prensa, la vocera del FMI fue consultada sobre la agenda de reformas de la Argentina, en particular sobre el inicio de los trabajos para modificar el sistema previsional. La pregunta apuntó a conocer la evaluación del organismo sobre el cronograma del gobierno y la capacidad política para lograr la aprobación de estas reformas. Kozack respondió que los esfuerzos tanto en el frente macroeconómico como en el de reformas alientan al organismo, pero no amplió detalles específicos sobre la reforma previsional.

Con el dólar oficial en $1.475, el mercado abre este último viernes de 2025 con la mirada puesta más allá del corto plazo y pone el foco en 2026. Las proyecciones de consultoras privadas, bancos y organismos oficiales muestran un amplio abanico de escenarios: desde una suba moderada, en torno al 20%, hasta estimaciones que anticipan un tipo de cambio por encima de los $2.200, en un contexto marcado por el nuevo esquema de bandas y la desaceleración inflacionaria.

El promedio de las proyecciones privadas sigue apuntando a un sendero de depreciación controlada. Por caso, según el último relevamiento de LatinFocus, el tipo de cambio oficial mayorista cerraría 2026 en $1.746, lo que implica una suba anual del 20,3% tomando como referencia el nivel actual de $1.451.

El informe destaca que el peso se fortaleció tras el triunfo electoral de Javier Milei, aunque advierte que la continuidad de esa dinámica dependerá del avance del programa económico y, en particular, de la implementación de las reformas estructurales. Un eventual retroceso en ese frente podría volver a tensionar las expectativas cambiarias.

En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina ubicó el tipo de cambio esperado para diciembre de 2026 en $1.720, apenas por debajo del consenso privado y consistente con un esquema de crawling peg moderado.

Más allá del promedio, el relevamiento deja en evidencia una fuerte dispersión de expectativas. En el extremo superior se ubican Oxford Economics, MAPRE Economics, Invecq Consulting y Fitch Ratings, que proyectan un dólar de entre $2.020 y $2.215 para fines de 2026, lo que implica una suba acumulada de entre 40% y 50%.

Un escalón más abajo aparecen las proyecciones de Empiria Consultores, Ecolatina y EIU, con estimaciones que oscilan entre $1.792 y $1.825, mientras que Abeceb ($1.705) y Santander ($1.700) se mantienen cerca del consenso.

En el extremo más optimista se encuentran Allianz, EcoGo, Banco Galicia y Credicorp Capital, que estiman una cotización de entre $1.590 y $1.650. Aún más benignas son las proyecciones de Prezco Economics ($1.414) y Barclays Capital ($1.335), que incluso contemplan un tipo de cambio real estable o apreciado.

En paralelo, LatinFocus proyectó una inflación anual de 23,9% para 2026, con una leve corrección a la baja respecto del relevamiento anterior. Sin embargo, el informe advirtió que tras los anuncios de cambios en el esquema cambiario se observó una mayor demanda de bonos ajustados por CER, una señal de que parte del mercado comienza a cubrirse ante un posible freno en el proceso de desinflación.

Desde enero, las bandas cambiarias dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a indexarse por inflación. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema busca evitar atrasos del tipo de cambio sin convalidar saltos discrecionales, aunque los analistas coinciden en que su efectividad dependerá de la consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria.

Por ahora, con el dólar oficial en $1.475, el mercado sigue apostando a un escenario de corrección gradual, pero mantiene abiertas coberturas ante la posibilidad de que 2026 vuelva a poner a prueba la estabilidad cambiaria.

Otro de los datos seguidos muy de cerca por el mercado es el crecimiento de la economía que se proyecta para el año próximo. En ese sentido, el informe Situación Argentina, los economistas de BBVA Research destaca la continuidad del equilibrio fiscal y monetario como ancla del escenario macroeconómico, mantiene la previsión de crecimiento del PIB en 4,5% en 2025 y estima un crecimiento del 3% en 2026, con avances en el proceso de desinflación, cambios en la política cambiaria y persistencia de heterogeneidad sectorial.

Respecto al ajuste del esquema cambiario que definió el BCRA, ajustando desde enero próximo las bandas por inflación y el anuncio del programa de acumulación de reservas (BCRA comprará divisas en función del crecimiento de la demanda de dinero), "BBVA Research sostuvo que "es un paso en la dirección adecuada para fortalecer la posición financiera del país, aunque insuficiente para garantizar solidez del balance del BCRA ante episodios de volatilidad".

Finalmente, desde la consultora PUENTE hicieron un análisis contemplando las próximas decisiones que puede tomar la FED en el futuro próximo y estimaron que la perspectiva "a corto plazo es que el dólar continúe perdiendo valor en forma momentánea frente a otras monedas desarrolladas, ante la expectativa de un nuevo recorte en la tasa de interés de referencia en 2026, el impacto de la política comercial y las preocupaciones en el frente fiscal”.

Durante el encuentro, ambos dirigentes trazaron un diagnóstico crítico de la situación económica y social, y llamaron a reorganizar el peronismo de cara a los próximos desafíos electorales y políticos.

Guillermo Michel advirtió que “la Argentina va derecho a una explosión social”, al señalar que la sociedad “está aceptando un ajuste fenomenal” que derivó en “endeudamiento de las familias que no pueden pagar las tarjetas y se endeudan para seguir comiendo”.

El ex funcionario sostuvo que el país atraviesa “una pérdida sostenida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo”, y pidió “defender la industria nacional y el empleo argentino”. En esa línea, propuso tres ejes de acción: “reconstruir la unidad del peronismo, presentar propuestas ante la crisis económica y consolidar una estrategia política común después del 26 de octubre”.

“Vamos a ir como bloque político, con unidad e identidad, a defender lo que creemos mejor para nuestra provincia y el país”, expresó Michel, y remarcó que “no habrá una oposición falsa que facilite las leyes del Gobierno; vamos a discutir de cara a la sociedad”.

Por su parte, Adán Bahl destacó que el 85% de las familias argentinas “están sobreendeudadas” y planteó la necesidad de impulsar un proyecto “para desendeudar a las familias sin romper el equilibrio fiscal”.

“El peronismo nació para cuidar a los más necesitados, y los pueblos se miden por cómo tratan a los que menos tienen. Ese es el mayor fracaso del Gobierno de Milei y de Frigerio”, aseguró el ex intendente de Paraná.

Bahl convocó además a “recuperar el orgullo de ser peronista” y subrayó que “resistir no es aguantar, sino decir las cosas como son, en las plazas, las fábricas y los barrios”.

En el cierre, el dirigente entrerriano afirmó que el peronismo debe “reconstruirse como fuerza competitiva hacia 2027” y “defender la salud y la educación públicas, los jubilados y los trabajadores”.

“Tenemos que poner alegría y compromiso en esta lucha. Si lo hacemos con unidad y convicción, vamos a poder construir una mejor Argentina”, concluyó Bahl.

En la tarde de ayer, en la ciudad de Paraná el diputado provincial Carlos Damasco junto al concejal Dario Baez, expresaron su adhesión al espacio federal Provincias Unidas, en el marco de un encuentro que reunió a concejales de otras localidades, dirigentes de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Villaguay, Chajarí, Gualeguaychú y Concordia, además de representantes de partidos vecinalistas y del Partido Socialista.

“Las provincias que producimos debemos unirnos para defender la Argentina desde el interior. Provincias Unidas es una expresión de federalismo real, de gestión y de sentido común”, señaló Báez para abrir la reunión.

Por su parte, Damasco subrayó que el espacio “representa la experiencia y la vocación de quienes queremos una Argentina normal, sin privilegios ni extremos, con equilibrio fiscal y desarrollo sustentable”.

Provincias Unidas continúa ampliando su presencia territorial, con gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes de distintas provincias que impulsan un modelo federal, productivo y soberano, capaz de dar respuestas concretas a los desafíos del país desde las economías regionales y el trabajo genuino.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un pronunciamiento favorable sobre el swap financiero ofrecido por Estados Unidos a Argentina, destacando su impacto positivo en la estabilidad económica del país. “Son excelentes noticias”, afirmó la directora del organismo, Kristalina Georgieva, durante una conferencia de prensa realizada el 15 de mayo de 2025. En ese marco, también expresó su “apoyo pleno al sólido programa económico” que lleva adelante el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El acuerdo con Estados Unidos permite a Argentina acceder a liquidez en dólares, lo que representa un respaldo clave para la política fiscal del gobierno. En un escenario marcado por años de crisis e inflación persistente, el swap es interpretado como una señal de confianza internacional hacia la gestión actual. Este avance se suma a otras medidas que buscan recuperar la credibilidad financiera y atraer inversiones extranjeras.

La administración de Milei ha puesto el foco en la disciplina fiscal como eje central de su estrategia económica. El respaldo del FMI refuerza ese enfoque y podría facilitar nuevas instancias de financiamiento y cooperación internacional. Las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo también generan expectativas sobre un posible efecto multiplicador en la inversión directa, especialmente en sectores productivos.

En perspectiva histórica, Argentina ha atravesado múltiples intentos de estabilización económica con resultados dispares. El acuerdo firmado en 2018 entre el FMI y el gobierno de Mauricio Macri fue objeto de críticas por su falta de efectividad ante la crisis que siguió. En contraste, el actual programa busca consolidar un modelo de crecimiento sostenido, con énfasis en el orden fiscal y la apertura de mercados.

Sin embargo, los desafíos persisten. La inflación continúa siendo uno de los principales problemas estructurales, y la ciudadanía observa con atención el impacto de las reformas en su vida cotidiana. El gobierno enfrenta el reto de mantener el control económico mientras avanza con cambios profundos que requieren consenso político y social.

Además, el contexto geopolítico global agrega complejidad al escenario. El respaldo de Estados Unidos, en medio de tensiones internacionales, podría influir en la política exterior argentina y en sus vínculos con otros países de la región. Esta dinámica exige un monitoreo constante, tanto de los indicadores económicos como de las reacciones políticas que puedan surgir ante el nuevo rumbo económico.