Exequiel es maestro de primaria y actualmente trabaja en la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Nº 8 “Eva Duarte”, que funciona dentro de la Unidad Penal de Federal en Entre Ríos, vive a seis kilómetros del establecimiento y, cuando la directora no puede llevarlo, va en bicicleta, por eso este martes, con el cielo nublado y bajo la lluvia, decidió pedalear hasta la cárcel para dar clases.

La decisión no fue voluntaria. Según relató, la supervisora de nivel, radicada en La Paz, les ordenó presentarse igual, pese al mal clima. “Nos obligan a venir como sea, en lo que sea. No tenés plata para auto, para remis -igualmente los remises ni locos entran a estos lugares-, hay que venir sí o sí. Son kilómetros de barro”, contó en un video que subió a su cuenta de Facebook.

El docente filmó parte del recorrido para mostrar las condiciones en las que debe desplazarse hasta la escuela. “No quería perder la oportunidad de que conozcan”, explicó.

En días de lluvia, la asistencia suele disminuir drásticamente. Por esa razón, los docentes suelen concentrarse en el área urbana de Federal, en la Departamental de Escuelas, donde cumplen horario. “Tardé una hora en llegar”, contó el maestro, que debió atravesar un lodazal para poder llegar a destino.

En diálogo con Radio Plaza, Exequiel reveló que las autoridades educativas les ofrecieron una alternativa que calificó como injusta. “Nos dieron una opción de hierro: ir a la escuela bajo la lluvia o pedir licencia. Pedir licencia implica perder parte del salario, por lo cual fuimos igual a cumplir con nuestra tarea”, señaló.

Consultado sobre si reciben algún tipo de adicional por trabajar dentro de una cárcel, el maestro fue contundente: “A mí salarialmente me conviene más trabajar en el área urbana. Me conviene más ir a una escuela que está a dos cuadras de mi casa que yendo a la unidad penal, que encima cobro menos. Los enfermeros y los guardiacárceles sí cobran un adicional. No se compara en nada con lo mío y no llego a 600 mil pesos con 10 años de antigüedad y no cobramos absolutamente nada”.

Explicó que es su primer año en la escuela y que nunca antes había sido obligado a ir en días de lluvia, pese a haber trabajado en zonas rurales. “He trabajado en escuelas rurales a las que iba en bicicleta 50 kilómetros y siempre nos han permitido cumplir horario en el área urbana en días de lluvia”, agregó.

El maestro aseguró que su intención al compartir el video fue visibilizar una problemática que atraviesan otros educadores rurales en la provincia. “Ojalá que el video que filmé y subí a redes sirva para que desde el Consejo de Educación se tomen medidas para resolver estos problemas. Esta situación la viven otros docentes de otras escuelas”, expresó.

El Gobierno de Entre Ríos completó con éxito un complejo operativo logístico que incluyó un helicóptero y una embarcación para garantizar el abastecimiento energético de la escuela flotante N° 70 Crucero Gral. Belgrano, ubicada en el arroyo Los Hornillos, departamento Gualeguay. El trabajo articulado entre el Consejo General de Educación (CGE), la Asociación de Bomberos Voluntarios y un empresario de la zona fue clave para superar las dificultades del terreno.

La escuela, de personal único, atiende a estudiantes de nivel inicial y primario y depende de un sistema de energía solar aislada. El desafío radicaba en el traslado de cinco baterías estacionarias (de 60 kilogramos cada una), esenciales para el sistema solar.

En materia de logística, el barco de carga Chana I y el helicóptero fueron cedidos desinteresadamente por un empresario local, para hacer llegar las baterías y al personal encargado de instalarlas. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Gualeguay colaboró en el traslado inicial de la carga hasta Puerto Ruiz.

La cuadrilla de servicios generales del CGE, trasladada por aire, fue la encargada de la instalación. Los técnicos lograron el montaje y la puesta a punto de las nuevas baterías, asegurando el abastecimiento completo de energía eléctrica de la escuela flotante en óptimas condiciones.

Esta acción subraya el compromiso de la provincia de mantener la infraestructura educativa activa, destacando el esfuerzo técnico para llegar a los lugares más aislados de Entre Ríos. (APFDigital)

El bloque de diputados peronistas de Entre Ríos presentó este martes un pedido de informes para que el Gobierno dé precisiones sobre la veracidad de notas periodísticas que dieron cuenta del posible cierre de 300 escuelas rurales de la provincia. Se pidió que se informe qué establecimientos serían alcanzados por la presunta medida y si se hizo una evaluación del impacto de la medida en desde el punto de vista educativo y de las familias de los alumnos que se verían afectados.

Los legisladores del bloque Más para Entre Ríos fundamentaron su pedido “en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los artículos 5, 11 y 122 inciso 4) de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”, y solicitaron al Poder Ejecutivo que “brinde informe preciso y fundamente la veracidad de la medida que se publicita, sus impactos y asegure que el cumplimiento de la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales no se vea vulnerado”.

De los seis puntos que se solicitó se dén precisiones, se destacan los que refirieron sobre si se realizó un análisis económico del ahorro que implicaría el cierre de las escuelas; en qué consiste el denominado Plan de Reordenamiento Educativo, sus beneficios y compatibilidad con la manda constitucional de enseñar y aprender; y si se contempló la situación del personal docente de las escuelas que serían comprendidas de ser cierta la información y que se precise en qué situación quedarían.

Fundamentos

En los fundamentos del pedido se sostuvo que “las escuelas rurales son instituciones esenciales para garantizar el derecho a la educación en comunidades alejadas de los centros urbanos. Brindan escolaridad a hijos de trabajadores del campo, fomentan la inclusión y generan oportunidades de desarrollo para niños y adolescentes que, de otro modo, verían seriamente limitadas sus posibilidades”.

Así, se destacó que “su cierre obligaría a muchas familias a trasladarse a las ciudades o dejaría a los pequeños sin acceso a la educación formal. En estas comunidades, la escuela no solo cumple una función educativa sino también social, constituyéndose en el centro de la vida comunitaria, espacio de encuentro, celebración y construcción colectiva. Las condiciones geográficas y climáticas dificultan tanto la asistencia de los estudiantes como el trabajo docente, lo que requiere de una organización escolar específica, vocación de servicio y esfuerzos extraordinarios por parte de los educadores”.

Supuesto Plan de Reordenamiento Educativo

El pedido de informes consignó que “la Provincia de Entre Ríos, con una amplia distribución de población en el ámbito rural, sufriría un impacto profundo ante la ejecución de un supuesto ‘Plan de Reordenamiento Educativo’ que, según se ha manifestado oficialmente, busca reorganizar el mapa escolar en función de la matrícula”. En este sentido se cuestionó que “tal iniciativa, de concretarse en los términos difundidos, podría implicar un ajuste encubierto en materia educativa, ejecutado sin el diálogo ni la planificación necesaria”.

Los legisladores opositores manifestaron que “resulta llamativo que, desde el propio Consejo General de Educación, se haya reconocido en el pasado la relevancia de la modalidad rural, lo que torna aún más preocupante que hoy se avance en medidas que pondrían en riesgo la continuidad de estas instituciones”. (APFDigital)

El cierre de Radio Ciudadana, la emisora pública de la Municipalidad de Concordia, generó una ola de repudios por parte de sindicatos y entidades periodísticas que consideraron la medida como un retroceso en materia de comunicación pública y derechos ciudadanos. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC) se expresaron enérgicamente en contra de la decisión oficial.

“Nos solidarizamos con todas y todos sus trabajadores”, señalaron desde Fatpren al sumarse a la postura del gremio entrerriano. Desde el SETPyC, el comunicado fue contundente: “Cerrar un medio de comunicación en momentos de crisis es quitar un derecho, no sólo a los trabajadores sino también al pueblo en su conjunto. Es quitar la posibilidad de informarse por un medio oficial”.

El repudio se multiplicó tras la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, mediante el cual se dispuso la disolución de la Comisión de Administración de la Radio Pública. A partir de esta decisión, se informó que el personal será reubicado, reasignado o prescindido, dependiendo de las necesidades que defina la administración local.

La radio, que funcionaba como medio institucional desde hace años, fue sostenida con esfuerzo por trabajadores de prensa y técnicos, y cumplía un rol informativo y cultural en la comunidad. La eliminación de su estructura fue interpretada como parte del ajuste general impulsado por el gobierno de Francisco Azcué, que semanas atrás ya había anticipado recortes en distintas áreas municipales.

“Lamentamos profundamente que se haya silenciado la voz de Radio Ciudadana, que con tanto esfuerzo había logrado instalarse y sostener en el ámbito local”, expresó Fatpren en su declaración pública, y advirtió sobre el impacto que esto tendrá en el acceso a la información y la pluralidad de voces.

Desde el ámbito político, referentes de distintos espacios también hicieron conocer su desacuerdo con el cierre. Sectores de la oposición y agrupaciones sociales alertaron que se trata de una política que privilegia la lógica del ajuste por sobre el derecho a la comunicación, una herramienta fundamental en contextos de crisis económica y deterioro institucional.

Organizaciones vinculadas a la comunicación popular coincidieron en que desmantelar un medio público en una ciudad con altos niveles de pobreza y exclusión como Concordia constituye una señal negativa. En ese marco, destacaron que la emisora no solo era una fuente laboral para comunicadores y técnicas/os, sino también un canal de expresión para múltiples sectores de la sociedad civil.

Mientras se espera una eventual reacción del Ejecutivo local frente a la creciente presión social y gremial, los trabajadores afectados por la medida no han recibido definiciones concretas sobre su futuro laboral. Por lo pronto, los gremios anunciaron que continuarán con las gestiones ante las autoridades y no descartan movilizaciones si no se da marcha atrás con la decisión.

En un contexto donde crece la preocupación por el vaciamiento de medios estatales a nivel nacional y provincial, el caso de Concordia se convierte en un nuevo episodio de conflicto entre las políticas de ajuste y el derecho a la comunicación democrática.

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) volvió a exigir al gobierno provincial una respuesta concreta a los reiterados pedidos de audiencia por la crítica situación salarial que atraviesan los médicos del sector público. En una nota enviada al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, la entidad advirtió sobre las “graves consecuencias” que podría acarrear el desinterés oficial y pidió medidas urgentes para evitar renuncias masivas, como ya ocurre en otros puntos del país.

Firmada por el presidente de Femer, Fernando Vázquez Vuelta, y el secretario Lautaro Torriani, la carta ingresó el jueves 24 de julio a la cartera sanitaria. Es el tercer pedido formal desde marzo, sin que hasta el momento se haya logrado una instancia de diálogo. En el texto, la entidad reclama una reparación del “histórico atraso” en las remuneraciones de los profesionales y advierte que el sistema de salud pública está en riesgo si no se reconoce la “central e insustituible función del médico”.

“Desde Femer seguimos insistiendo en la necesidad de una reunión urgente con el ministro Blanzaco para tratar el reclamo salarial. La situación no admite más dilaciones”, expresaron desde la entidad a través de sus redes sociales. En la misma línea, señalaron que el deterioro salarial no solo afecta la calidad de vida de los profesionales, sino también la sostenibilidad del sistema sanitario provincial.

La advertencia llega en un momento delicado, con un contexto nacional de ajustes y desfinanciamiento que ya provocó la salida de médicos en hospitales de varias provincias. Femer considera que Entre Ríos debe anticiparse a un escenario de crisis y evitar la deserción de profesionales en áreas críticas del sistema público, especialmente en zonas alejadas o vulnerables.

En su misiva, los dirigentes gremiales subrayan que el reclamo no es aislado: “Refleja el sentimiento y las manifestaciones de numerosas entidades y profesionales que han hecho llegar su preocupación a nuestros cuerpos colegiados”. También recalcan que el atraso salarial se arrastra desde hace años, sin que haya habido una política sostenida de recomposición.

La Federación propone la apertura de una mesa de diálogo en la que se evalúe la situación salarial de los médicos públicos y se establezca una hoja de ruta para su recomposición progresiva. De lo contrario —sostienen— las condiciones laborales seguirán deteriorándose, con el consecuente impacto en la atención, la formación de nuevos profesionales y la equidad en el acceso a la salud.

Por ahora, el Ministerio de Salud no emitió respuesta pública ni anunció fecha para una posible reunión. Mientras tanto, crece el malestar en hospitales y centros de salud, donde muchos médicos denuncian sueldos por debajo de la línea de pobreza, falta de insumos y sobrecarga de tareas.

Desde Femer aseguraron que continuarán visibilizando el conflicto hasta lograr ser escuchados. Y advirtieron: “El que avisa no traiciona. Estamos pidiendo respuestas para evitar una crisis mayor”.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado difundió que en 19 meses fueron dados de baja 52.309 puestos estatales. Celebran el ahorro fiscal pero alertan por el impacto social.

El gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanzó en un ajuste profundo sobre el empleo público: desde diciembre de 2023 a junio de 2025 se dieron de baja más de 52 mil cargos estatales, lo que representa una reducción del 10,4% de la planta total. Así lo informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien celebró el recorte como un “ahorro de más de 2.000 millones de dólares anuales”.

A través de un informe oficial y publicaciones en redes sociales, el funcionario destacó: “Sigue la motosierra. A junio nos permite ahorrar 2.100 millones de dólares en impuestos. Como mucho del gasto público es molestar al sector privado, menos gasto es más libertad”. El propio presidente Javier Milei replicó y avaló esas palabras, sumando su respaldo a la medida.

Los datos precisan que a fines de 2023 la administración pública contaba con 205.550 trabajadores y que en junio de 2025 esa cifra se redujo a 175.146. En las empresas del Estado la caída fue similar: se pasó de 91.166 a 74.933 empleados. En tanto, las fuerzas militares y de seguridad también fueron alcanzadas por la poda, con una reducción de 5.672 puestos.

El ajuste forma parte de la política de “shock fiscal” que el oficialismo impulsa como eje del modelo libertario. El Ministerio de Desregulación fue creado en julio de 2024 y ya cuenta con 441 empleados, según el mismo parte oficial.

Desde los gremios estatales volvieron a denunciar la “brutalidad” del ajuste y el “desmantelamiento” de áreas sensibles del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que detrás de los números “hay miles de familias expulsadas del sistema” y que se trata de “una ofensiva ideológica para debilitar la presencia estatal en áreas clave como salud, educación, ciencia y cultura”.

En paralelo, organismos de derechos humanos y centros académicos expresaron su preocupación por el vaciamiento de dependencias ligadas al archivo, la memoria y la defensa de los derechos fundamentales, como también por el impacto en provincias que dependen de la articulación con programas nacionales que hoy están siendo desmantelados.

A pesar de las críticas, el oficialismo ratificó que continuará por este camino. Sturzenegger sostiene que los recortes “no son un fin en sí mismo”, sino una condición necesaria para “liberar al sector privado de cargas innecesarias” y fomentar un Estado “ágil, eficiente y sin estructuras parasitarias”.

El gobierno no precisó cuántos de esos 52.309 despidos fueron desvinculaciones definitivas y cuántos contratos simplemente no fueron renovados. Tampoco informó qué áreas fueron más afectadas, aunque distintas fuentes sindicales apuntan a los ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Trabajo y organismos descentralizados como el INCAA, el INTI, el SENASA y el CONICET.

El debate sobre el rol del Estado y la magnitud del ajuste continúa siendo uno de los temas más álgidos del escenario político argentino. Con estas cifras, el oficialismo apuesta a mostrar resultados concretos de su plan de recorte, aún frente al creciente descontento social.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) manifestó su rechazo al anuncio de reorganización del sistema educativo provincial que implicaría el cierre de unas 300 escuelas, en su mayoría rurales, y calificó la medida como parte de un “plan de ajuste” impulsado por el Gobierno de Rogelio Frigerio.

La alerta surgió tras la difusión pública de los lineamientos que se abordaron en una reciente reunión encabezada por el gobernador junto a autoridades educativas, donde se planteó como “inviable” sostener establecimientos con baja matrícula. Según el coordinador de las Direcciones Departamentales de Escuelas, Sebastián Benedetti, en la provincia hay “casi 300 escuelas con entre uno y tres alumnos”, situación que consideró insostenible desde lo social y lo pedagógico.

La vocal gremial en el Consejo General de Educación (CGE), Susana Cogno, cuestionó duramente la falta de consultas previas: “Es muy fuerte que el Gobierno diga tan libremente que va a cerrar 300 escuelas, más aún teniendo en cuenta que más del 60 por ciento de los establecimientos en la provincia son rurales”. Según la dirigente, la medida atenta directamente contra el derecho a la educación de niñas y niños en zonas alejadas, a quienes se les estaría negando la posibilidad de estudiar cerca de su comunidad.

Desde Agmer, además, se advirtió que este posible cierre masivo forma parte de un recorte estructural que el gremio viene denunciando desde hace meses. “Es parte de un gran ajuste. El lugar elegido para recortar son las escuelas, porque los números del Gobierno no cierran”, sostuvo Cogno. También indicó que las autoridades aún no informaron con claridad qué escuelas estarían en la mira, ni qué pasará con los trabajadores que hoy cumplen funciones en ellas. “Hablamos de 300 puestos de trabajo como mínimo, y también de cientos de estudiantes que quedarían sin contención”, alertó.

El gremio espera una respuesta oficial del CGE que incluya la nómina de establecimientos afectados y detalles del posible reordenamiento. Mientras tanto, continúa en estado de alerta y movilización.

Cogno también criticó la postura de las direcciones departamentales que avalaron la propuesta sin cuestionamientos, y señaló que muchos de esos cargos no pasaron por concursos como lo establece la Constitución reformada en 2008. “No conocen el territorio, y eso se nota. La educación rural no puede pensarse desde una planilla de Excel”, remarcó.

La falta de planificación participativa y la ausencia de diálogo genuino con los sectores involucrados profundiza el conflicto educativo en la provincia, que ya viene acumulando tensiones por la falta de presupuesto, la caída del salario docente y la creciente precarización de las condiciones de enseñanza.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó, mediante la Resolución N.º 1109/25, el “Protocolo de actuación ante casos de aplicaciones con productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales”. El documento establece zonas de exclusión, amortiguamiento y libre aplicación según la distancia a los establecimientos educativos y el tipo de equipo utilizado.

“Este protocolo pone en el centro la salud de niñas, niños y adolescentes del ámbito rural, sin desatender la producción”, declaró la secretaria del área, María Inés Farías.

El protocolo define tres zonas:

Además, en la zona intermedia se deberá notificar con al menos 48 horas de anticipación, ajustar las aplicaciones a contraturno escolar, y garantizar la presencia de un asesor fitosanitario habilitado.

Desde el sector rural, surgieron críticas. Carlos Luján, referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, sostuvo que “si bien coincidimos en la necesidad de regulación, los límites establecidos son desmedidos para la escala de muchos pequeños productores. Pedimos diálogo para evitar parálisis productiva”.

El protocolo también establece cómo actuar en caso de denuncias de aplicaciones indebidas, señalando como vía principal la exposición policial con documentación detallada y pruebas complementarias.

Con esta resolución, Entre Ríos busca marcar una hoja de ruta que equilibre la actividad agropecuaria con el derecho a un ambiente sano para los entornos escolares. Ahora resta ver cómo se instrumentará en el territorio y si se abrirá la mesa de diálogo con el sector productivo para lograr consensos. (Fuente: Federación del Citrus de Entre Ríos)

El año pasado se cerraron transitoriamente 55 escuelas rurales en Entre Ríos por falta de alumnos y también otros factores como el estado de los caminos, falta de servicio y escasez de oportunidades laborales. En aquel entonces, Colón y La Paz fueron los departamentos más golpeados. Enfrentaron entre seis y tres cierre de escuelas rurales debido a la falta de matrícula.

En el departamento de Gualeguaychú, según indicaron desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) mencionan que en Gchú hay 59 establecimientos rurales primarios, sin contar Carbó, Irazusta y las dos Aldeas.

Gisela Russo quien trabajó en la ruralidad, en la escuela de islas, mencionó a EL ARGENTINO que “dentro de los desafíos está el transporte, el no poder llegar o no poder volver. En las islas, tenés que llegar en botes o lanchas. En Paranacito está la lancha escolar que a veces no funciona”.

En este caso, la ex docente rural, describió el estado de las escuelas desde la infraestructura, “las escuelas tienen muchas carencias. El frío y el calor, que son parte del problema, nos enfrenta a aulas que no tienen ventiladores o estufitas. Puede pasar que por falta de mantenimiento, la escuela se llueva”, afirmó Russo.

Las inundaciones en las islas son otro tema conflictivo. “Suspender las clases porque el agua te rodea o, muchas veces se mete en el establecimiento, son situaciones cotidianas. Y luego, cuando el agua se retira, hay que acondicionar el establecimiento. Por suerte, tenemos una comunidad de padres, vecinos y maestros que siempre están para dar una mano”.

Gisela, se refirió a su experiencia como “maravillosa” pero también cargada de sacrificios. “Al principio, como tenía mucho miedo, empecé a ir en colectivo, pero llegó un momento que no se podía. Tuve que ir a dedo, me largué y me fue muy bien. Hice muchos años dedo, pasé mucho frío y tremendo calor. Me levantaba muy temprano, salía en plena noche, cargada con mis cositas didácticas y mi bolso lleno de cosas para los gurises. Mucho cansancio y mucho esfuerzo con mi guardapolvo”, finalizó Russo.

Vanesa Bossio, directivo docente de la Escuela Nº 21 General San Martín en Aldea San Juan, en diálogo con EL ARGENTINO, puso énfasis en lo humano, habló de los propósitos para este año y mencionó que “el trabajo en equipo” es el motor para superar los desafíos.

“Nos proponemos tener la escuela más linda, - describe el directivo - cumplir con más desafíos pedagógicos y con más proyectos. Desde el año pasado hasta ahora se subió la matrícula, en nivel inicial pasamos de 6 a 15 chiquitos. En la primaria, de 36 a 42 chicos, esto es también otro gran desafío. Estamos muy comprometidos con el trabajo, los docentes, yo como directora, la ordenanza, la supervisora y la directora Natalia Báez. No quiero dejar de nombrar a Vanessa Galopp que todo el tiempo nos da una mano en todo lo que necesitamos. Nos ayuda con la copa de leche, pero si necesitamos cualquier cosa, ella está presente. Pero, como siempre digo, el trabajo es en equipo, nuestra escuela se caracteriza por eso para superar los desafíos que son diarios” afirmó la directora.

En la Escuela “Rivera Indarte” N° 64, ubicada en Colonia el Potrero, se encuentra la directora Matilde Nelli, en comunicación con EL ARGENTINO, hizo referencias al estado del establecimiento, “en la actualidad la escuela presenta ciertos aspectos edilicios. Las familias y los docentes trabajamos desde la Asociación Cooperadora. A comienzo de este ciclo, un gran temporal arrasó en la zona, por las piedras se rompieron vidrios y el tanque de agua. Nos pusimos a trabajar de manera cooperativa y se logró comprar el tanque de agua. Además, vecinos de la zona colaboraron con los vidrios”.

En relación al contexto de la ruralidad, el directivo, mencionó que, “las escuelas rurales en su mayoría, funcionan de esta manera. Mayormente es esfuerzo y compromiso tanto de la persona que se encuentra a cargo de la institución, como de las familias que forman parte. Párrafo aparte - afirmó Matilde Nelli - merecen los caminos rurales. Históricamente han sido descuidados, y en épocas de lluvias, pasan hasta semanas en las que no podemos entrar. Arriesgamos nuestra única movilidad para llegar al lugar de trabajo. Cuando llueve cumplimos, enviamos actividades a las familias por whatsaap, siempre que puedan acceder a la conexión, porque aunque estemos en tiempos de avances tecnológicos, hay familias que no tienen conectividad”.

Sobre las satisfacciones que ofrece la docencia rural, el directivo, aseguró que, “a nivel personal debo destacar las caritas de los alumnos, verlos trabajar en grupo de manera cooperativa, sus primeras palabras escritas y las primeras lecturas. A nuestra escuela la tomamos de la mano, trabajamos y aprendemos con ella, de esta manera es maravilloso ver lo que se puede lograr, más allá de lo pedagógico. El amor que te ofrece la docencia se lo deseo a cualquier persona”, concluyó Nelli.

Los docentes rurales, quienes a menudo trabajan en condiciones de aislamiento y con escasos recursos, superan grandes desafíos para ofrecer educación en áreas rurales. Se enfrentan a problemáticas históricas que están lejos de resolverse. ¿Sería una utopía pensar en facilitar el traslados de los docentes rurales a sus lugares de trabajo? ¿Es posible desnaturalizar que el docente rural tenga la obligación de atender otros aspectos que no son pedagógicos? ¿Puede la implementación de políticas educativas más reales con el contexto rural mejorar la situación de estos procesos educativos?

Éstos son algunos interrogantes que surgen y que abren líneas a futuras indagaciones.