Sostuvo que los elementos no estarían en condiciones de espiar y pidió que el Gobierno “lleve tranquilidad a la población”.

El presidente del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, José Cáceres, volvió a pronunciarse sobre la denuncia realizada por el Gobierno provincial tras el hallazgo de presuntos dispositivos de espionaje en despachos oficiales de la Casa Gris y la calificó como una “fallida denuncia”. Además, reclamó una disculpa pública y una comunicación oficial que aclare la situación.

La investigación, iniciada a partir de la presentación del Ejecutivo, se encuentra en manos del fiscal Santiago Alfieri. Cáceres se expresó a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó la veracidad de la denuncia a partir de información periodística que pondría en duda la funcionalidad de los artefactos hallados.

Sin embargo, menos de un día después, el dirigente peronista volvió a manifestarse tras la difusión de versiones que indicarían que los dispositivos encontrados no estaban en condiciones de cumplir tareas de espionaje, lo que, a su entender, echaría por tierra la denuncia oficial.

También ironizó sobre los procedimientos de control anunciados al inicio de la gestión: “Sobre todo si tenemos en cuenta que al inicio de la gestión anunciaron que estaban revisando las oficinas con perros entrenados, detectores de metal, registrando paredes, alfombras, etc., y luego aparecieron con la denuncia orientando las declaraciones hacia la gestión del peronismo”.

Y concluyó: “Eso debe hacerse exhibiendo toda la documentación oficial; de lo contrario, habrá sido una estafa a la credibilidad de las instituciones”.

“No se descarta ninguna hipótesis, pero el fiscal (Santiago) Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”, afirmó Rodríguez Signes.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al trabajo que deberá realizar el organismo para esclarecer la aparición de dispositivos de audio y video ocultos en oficinas de Casa de Gobierno.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes comentó que “ayer estaba listo para ir a una reunión en el Ministerio de Economía por el tema de la toma del crédito internacional y recibí la llamada del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, que muy preocupado me transmite esta situación y me pregunta qué le aconsejaba hacer para esclarecer la cuestión desde el punto de vista de la administración, de la regularidad del funcionamiento de la administración. Y por supuesto, en una situación como ésta, lo que se hace es una información sumaria”.

Al respecto, explicó que “la Fiscalía de Estado tiene dos grandes funciones que son la defensa en juicio y el control de legalidad a requerimiento de los organismos de la administración. En este caso, el secretario tiene que mandar a la Fiscalía de Estado un requerimiento de información sumaria que se sustancia a través de la Dirección Provincial de Sumarios, y hay un reglamento, que es el decreto 70, que se pone en marcha para este tipo de situaciones. Se designa un instructor sumariante y ahí empieza la información sumaria, que no llega a ser un sumario en sí porque un sumario se dirige contra un supuesto responsable, y en este caso hay que configurar la irregularidad, es decir, establecer en qué consiste la irregularidad y quiénes podrían ser los responsables, que puede coincidir o no con la investigación penal, porque la investigación penal apunta al autor de un delito y a su sanción. Aquí es la irregularidad administrativa, puede haber por acción, por omisión, en fin, la investigación es bastante amplia”.

Confirmó que “ya han sucedido estas cosas antes” y recordó que “en la década de los ‘80, cuando se produjeron los acontecimientos de Semana Santa, yo encontré unas granadas adentro de la Casa de Gobierno, en la Dirección de Prensa, que estaban dispuestas en el ingreso a una oficina, o sea que alguien vino y las puso, no es que aparecieron de la nada o que estuvieron ahí siempre. Y este tipo de situaciones, a veces, lamentablemente suceden. Después tuvimos el caso de Kueider, que también se sometió a información sumaria, pero no por las cámaras que el propio Kueider había decidido colocar, sino por el manejo de fondos o la administración de gastos reservados. Esto ya es otra cosa y es una situación muy grave porque estamos hablando del despacho del gobernador de la provincia y del secretario General de la Gobernación”.

Consultado por la colocación de las cámaras en el caso del exsenador nacional, Edgardo Kueider, quien fue secretario General de la Gobernación en la gestión de Gustavo Bordet, reiteró que “no se investigó el hecho de las cámaras sino el hecho de la administración de gastos reservados, pero aquí hay oficinas específicas –está la Dirección de Informática, la Dirección de Comunicaciones-, es decir que, intervenir en el cableado de teléfonos y dispositivos de internet, cámaras y demás dentro de la Casa Gobierno, está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse adentro de una oficina y poner cámaras. Eso no es posible, es inconcebible, se hace a través de los organismos. Por eso la información sumaria, para saber que pasó acá, si esos dispositivos estaban colocados por organismos públicos o no, o fue absolutamente clandestino, y entonces sí, ahí estamos hablando de un delito penal gravísimo”.

Mencionó también que la investigación judicial y la instrucción sumaria “son muy parecidas, sólo que una procura determinar la violación de normas del Código Penal y la otra de estatutos de la administración, del funcionamiento regular de la administración. Esto afecta el funcionamiento regular de la administración. Pero la investigación en sí, son parecidas. De hecho, normalmente hay una colaboración cuando se da este tipo de situaciones entre el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Sumarios”.

En este marco, Rodríguez Signes admitió que “normalmente los funcionarios de ese rango lo que hacen es, cada tanto, hacer revisar sus oficinas. Eso es bastante usual, pero no hay un reglamento que diga cada tanto o demás, eso queda un poco a criterio de cada funcionario. Y normalmente lo hace la Policía de la Provincia de Entre Ríos, o a veces la Policía Federal, a requerimiento de las autoridades provinciales”.

Describió que se trata del mismo despacho donde en su momento se vieron las imágenes de Kueider: “No la del gobernador, que está en la planta, en el primer piso de la Casa de Gobierno, pero contiguo a esa, estaba la oficina del secretario General. Si uno se pone de frente a la oficina del gobernador, está a la derecha. Ahora Mauricio Colello cambió la disposición y se fue a otra oficina que está, mirando de frente, a la izquierda de la oficina del gobernador. Pero en este caso los dispositivos se encontraron en las antiguas oficinas del secretario general de la Gobernación”.

En tal sentido, planteó que “podría ser” que Kueider no retirara los dispositivos que había colocar: “Es una hipótesis, por supuesto. Yo por lo que escuché, no tengo constancia de eso, estos dispositivos eran por cable, es decir, que la transmisión de la señal era por cable, por un cableado y no se sabe hasta dónde llega el cableado y si al final del cableado había algún dispositivo para retirar o almacenar la información. Si no había, podrían haber estado inactivas o fue retirado el dispositivo de almacenamiento. Podría datar de aquella época, pero no se investigó ese hecho en el caso de Kueider, sino que se investigó la parte económica, la administración financiera de la Secretaría”.

Consultado por los plazos para la realización de la información sumaria, afirmó que “hay un reglamento que establece los plazos y demás, pero no son plazos absolutamente perentorios, son plazos ordenatorios a los efectos de la primera parte, que es la información sumaria. Es decir, configurar si hay una irregularidad, cuál es el alcance de la irregularidad y a qué oficinas involucra esa irregularidad”.

En cuanto a la hipótesis de que los dispositivos los colocara alguien externo a Casa de Gobierno, Rodríguez Signes fue categórico: “En la oficina del gobernador lo veo imposible directamente. Es la oficina del gobernador de la provincia que está custodiada en forma permanente las 24 horas del día, y no se puede ingresar por ningún otro lugar que no sea observado. Hay cámaras también afuera de las galerías de esas oficinas. Es decir, que todo ese movimiento en el ala donde está el despacho del gobernador está fiscalizado, está observado. De manera que es muy difícil que alguien que no sea de la administración ingrese y por su cuenta haga alguna actividad de este tipo. Puede ser que hayan contratado alguna línea de internet, algún servicio de internet y que entonces el personal haya ingresado, pero es muy difícil, ya requiere una logística”.

Aclaró de todos modos que “no se descarta ninguna hipótesis, pero en ese sentido el fiscal (Santiago) Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones que hace y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”. (Análisis)

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, calificó como un hecho de “extrema gravedad institucional” el hallazgo de cámaras ocultas en oficinas oficiales, entre ellas el despacho del gobernador y la Secretaría General. “A nadie le gusta que lo espíen, y cuando se trata del gobernador de una provincia la connotación es doblemente negativa”, sostuvo.

Este miércoles, el Gobierno de Entre Ríos presentó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras descubrir dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales.

Según precisó, detrás de esos supuestos sensores “había cámaras en condiciones de grabar tanto video como sonido”. “Es una situación muy desagradable para nosotros, pero sobre todo de una gravedad institucional muy grande, porque estaban en las oficinas del gobernador y de la Secretaría General de la Gobernación”, afirmó. También remarcó que aún se desconoce desde cuándo estaban instaladas.

Además, calificó el hecho como una interferencia en un ámbito privado, aun tratándose de oficinas públicas, con una gravedad mayor por involucrar al despacho del gobernador.

Consultado sobre su funcionamiento, indicó que, según los especialistas que intervinieron, “eran cámaras conectadas a corrientes, por lo que tenían la capacidad de transmitir, grabar y enviar información a alguna computadora o a un núcleo”.

Pedido a la Justicia y contexto político

El secretario General reclamó una rápida intervención judicial. “Pedimos que la Justicia actúe lo antes posible. Son prácticas que tenemos que dejar atrás y que nos remiten a épocas oscuras que nadie quiere volver”, expresó.

En la misma línea, consideró que los cambios impulsados por la actual gestión pueden generar resistencias. “Evidentemente a alguien le molesta todo lo que estamos haciendo, las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia”, manifestó.

Finalmente, fue categórico al remarcar la falta de consentimiento. “Se trata de cámaras ocultas detrás de sensores de movimiento, en condiciones de grabar audio, ubicadas en oficinas donde ni el gobernador ni yo, como secretario general, dimos autorización”, concluyó.

Alpine transita un cierre de año traumático por un flojo rendimiento colectivo debido a las escasas mejoras en los monoplazas de Pierre Gasly y Franco Colapinto. En más de una oportunidad, la escudería se excusó con que apuntaba todas sus fichas a lo que sucederá el próximo año bajo un reglamento con muchas modificaciones, pero ahora vuelve a ser noticia por una violación a la seguridad de sus oficinas que pone en jaque la preservación de información sensible.

El diario francés Le Parisien alertó sobre la intrusión de dos personas en las instalaciones del equipo en la región francesa de Viry-Châtillon a las 22 del lunes pasado, horas después de que Gasly arañara un punto en el GP de Brasil con su décimo lugar.

En una nota firmada por Candice Doussot, Flavien Gagnepain, Victor Cousin, Nolwenn Cosson y Pascale De Souza, se afirma que los hallazgos iniciales indican que los individuos no se robaron nada. Esto incrementa las dudas en torno al ilícito y se comienzan a estudiar todas las demás hipótesis, que alcanzan hasta la posibilidad de un “espionaje industrial”.

Según una fuente policial, dos personas habrían entrado al lugar por uno de los laterales y rompieron una ventana en la entrada de la fábrica para ingresar al vestíbulo del edificio. Ambos dejaron la planta baja y subieron al primer piso, donde están ubicadas las oficinas de los directivos y la dirección del team. De hecho, hay varias puertas que fueron forzadas: “Es evidente que los intrusos registraron y revisaron el lugar”.

La fiscalía de Evry confirmó el comienzo de una investigación, que ya fue remitida a la división de delincuencia territorial (DCT) y, por el momento, no se han registrado detenciones. Todo indica que la visita duró pocos segundos. “Quizás cinco minutos”, le informaron a Le Parisien.

En este sentido, una voz cercana a Alpine descartó la ausencia de objetos de valor: “No se ha robado nada. Todo está bien. No había empleados en ese momento”. Esa versión fue acompañada por una fuente cercana al caso este miércoles: “No ha habido ningún robo”.

La intervención policial no logró constatar ningún daño material y, a pesar del allanamiento al lugar, afirman que “no se sustrajo ningún objeto, documento o material”. La Policía técnica y científica trabaja en el lugar con la meta de identificar cuál era el objetivo de los intrusos. Hasta el momento, Alpine evitó hacer declaraciones en sus redes oficiales.

Actualmente, la escudería francesa, que tiene como principal cara visible desde el lado dirigencial a Flavio Briatore, ocupa el último lugar del campeonato de constructores en la Fórmula 1 con solo 22 puntos, todos logrados por Pierre Gasly. El compañero de Franco Colapinto rompió una racha de siete Grandes Premios sin sumar unidades gracias a los dos puntos acumulados por el octavo puesto en la Sprint y el 10° lugar en la carrera principal de Interlagos.

Tendrán tres oportunidades más para descontar la distancia con Sauber (62), Haas (70), y Aston Martin (72) en la lista de constructores. A partir del anteúltimo fin de semana de noviembre, se vendrán tres eventos seguidos con presentaciones en Las Vegas (23/11), Qatar (Sprint - sábado 29 y carrera - domingo 30) y el último del curso en Abu Dhabi (7/12).

De esta manera, el 2026 cobra otra relevancia con la obligación de dejar atrás la irregular producción de 2025. Colapinto se había mostrado optimista sobre las mejoras del monoplaza con vistas al cambio de motores Renault por los de Mercedes. “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”, contó después de ser ratificado por el team para la siguiente temporada.

Incluso, las especulaciones en el paddock marcan que el equipo galo, que además contó con mayor tiempo en el túnel de viento, contaría con un monoplaza capaz de pelear en el lote de arriba. De ahí las sospechas que hablan de espionaje.

El Ministerio de Exteriores de Rusia citó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que vinculaban a ciudadanos rusos con la filtración de audios que comprometen a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Bullrich denunció la existencia de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino”, y aseguró que estas maniobras buscarían desestabilizar al gobierno y afectar la economía, incluyendo la cotización del dólar.

En respuesta, la Cancillería rusa emitió un comunicado en el que rechazó “categóricamente” las acusaciones, calificándolas de “infundadas y falsas” y señalando que no se aportaron pruebas. Asimismo, advirtieron sobre el carácter irracional y destructivo de atribuir espionaje a su país y destacaron su compromiso con una cooperación equitativa y respetuosa con Argentina, recordando la cercanía histórica entre ambos Estados.

La controversia surge en el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini sobre la filtración de los audios que involucran a Karina Milei en el caso de presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La ministra Bullrich afirmó que los responsables actuaron “como en una tortura psicológica”, liberando las grabaciones “en pedacitos” y comparando la maniobra con una operación de inteligencia. Además, mencionó posibles implicancias de Venezuela en el episodio.

Para prevenir nuevas filtraciones, el gobierno implementó estrictas medidas de seguridad, incluyendo la prohibición del ingreso de teléfonos a reuniones de gabinete. Bullrich aseguró que la administración responderá con firmeza a lo que definió como un ataque de “la mafia” y se comprometió a “defender la verdad a muerte”.

La embajada rusa en Buenos Aires, dirigida por Dmitry Feoktistov, subrayó que la mención de agentes rusos en un escándalo político interno argentino es “negativa” y reiteró su postura de cooperación pacífica y estratégica con Argentina. Además, anticipó que las celebraciones del 140º aniversario de las relaciones diplomáticas se llevarán a cabo en un clima de amistad, desvinculado de acusaciones de espionaje.

El episodio ha tensado la relación diplomática y generado un debate político interno sobre la credibilidad de las acusaciones y la gestión de la seguridad en el gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar el origen y la manipulación de los audios, en un clima de creciente polémica y repercusión mediática.

El caso refleja la compleja interacción entre política interna, seguridad estatal y relaciones internacionales en medio de un escándalo que involucra a la familia presidencial.