El Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, dictó sentencia en tres acciones de amparo presentadas de manera independiente por trabajadores jubilados bajo el Régimen de Trabajo Agrario. La resolución judicial dispone la suspensión inmediata de la retención del 5 por ciento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicaba mensualmente sobre los haberes previsionales bajo el concepto “Cargo Aportes Agrarios” o sus denominaciones equivalentes. La medida se mantendrá vigente hasta tanto las autoridades competentes dicten la reglamentación correspondiente al artículo 83 de la Ley N° 26.727.

Asimismo, el fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto N° 157/2018 y ordenó al organismo nacional un plazo de 60 días para confeccionar la liquidación final de la deuda por aportes omitidos. En dicho informe, la Anses deberá precisar los montos definitivos a descontar o proceder al reintegro de las sumas retenidas en caso de corresponder, imponiendo las costas del proceso al organismo demandado.

Ante la falta de dictado de las normas complementarias por parte de la autoridad de aplicación, la Anses implementó la Circular PREV-27-05. A través de esta disposición interna, el organismo procedió a descontar de forma preventiva un 5 por ciento mensual de los haberes por aquellos períodos de servicios anteriores al 1 de enero de 2012 no registrados formalmente en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Al analizar la fundamentación del fallo, el magistrado interviniente sostuvo que la prórroga indefinida de este esquema provisorio genera un estado de incertidumbre sobre el monto total adeudado y la duración del descuento, afectando la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales. En la resolución se señaló que el mecanismo derivó en la formulación de cargos preventivos sobre aportes hipotéticos que la administración presupone omitidos, configurando una situación de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en los términos de la Ley de Amparo N° 16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El acto estuvo presidido por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay, junto a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto. Asimismo, asistieron Secretarios y Subsecretarios de la cartera de Defensa, los co-presidentes del Congreso —el Decano de la FIE, Coronel Ing. David Fiorito, y el Decano de la Facultad Militar Conjunta, Coronel VGM (R) Alberto Aparicio—, autoridades militares y civiles, e integrantes de la comunidad académica y tecnológica.

El inicio formal de la jornada estuvo a cargo de los co-presidentes del encuentro, el Coronel Fiorito y el Coronel VGM Aparicio, quienes brindaron la bienvenida a las delegaciones presentes y destacaron la importancia de articular esfuerzos entre las Fuerzas Armadas, el Estado, la academia y el sector productivo ante los desafíos del dominio cibernético.

El CYBER.AR 2026 es fruto de una labor coordinada entre el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, dependiente de la Facultad Militar Conjunta, y la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), ambas instituciones integradas en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). La ejecución del congreso reúne a destacados especialistas civiles y militares, investigadores, docentes y cuadros operativos de las Fuerzas Armadas, en un trabajo conjunto con representantes de organismos públicos, el sector industrial informático y la comunidad académica nacional e internacional.

A continuación, hizo uso de la palabra el Ministro de Defensa, quien dejó inaugurado formalmente el encuentro y profundizó sobre el rol de la ciberdefensa en el escenario estratégico actual:

"Hoy debemos comprender definitivamente que el ciberespacio constituye un dominio más en el que se desarrollan los conflictos contemporáneos. Un dominio con características particulares, pero que es transversal y está estrechamente ligado a los dominios terrestres, marítimos, aéreo y espacial", afirmó.

El titular de la cartera de Defensa subrayó que la ciberdefensa integra la misma realidad operacional de las Fuerzas Armadas: "Una fuerza militar moderna depende de sus comunicaciones, de sus redes, de sus sistemas de comando y control, de sus sensores, de sus sistemas de armas y de su logística. La ciberdefensa permite que una fuerza militar pueda seguir utilizando dichos elementos aun cuando el adversario intente afectarlos".

Asimismo, remarcó el valor del trabajo coordinado e interagencial: "La soberanía no se negocia, y para defenderla se requiere mucho más que una declaración de voluntad. No alcanza con adquirir tecnología, tenemos que desarrollar conocimiento. No alcanza con reaccionar frente a los acontecimientos, tenemos que anticiparnos".

Participaciones académicas de la Armada Argentina

En el marco de los simposios técnicos del congreso, la Armada Argentina tendrá una destacada presencia con ponencias de alto nivel profesional. Por un lado, el Jefe del Departamento Ciberdefensa del Servicio de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa de la Armada (SICC), Capitán de Fragata Jorge Alejandro Ríos, disertó junto a la Licenciada Adriana Silvia Fachal sobre "El factor humano en la ciberdefensa activa: simbiosis cognitiva inteligente en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC)", un trabajo centrado en la interacción estratégica entre el personal especializado y la inteligencia artificial en la toma de decisiones dentro de los centros de control.

Por su parte, el Capitán de Fragata de Infantería de Marina Alejandro Ciri expuso sobre "Integración progresiva de la Inteligencia Artificial en Guerra Electrónica para la ciberdefensa de infraestructuras críticas militares del Estado Argentino en el horizonte 2026-2036", abordando la convergencia entre la guerra electrónica y las nuevas tecnologías proyectadas hacia la próxima década para el resguardo de las instalaciones estratégicas de la Defensa Nacional.

Esta participación reafirma el compromiso continuo de la Institución con la capacitación técnica, la investigación aplicada a la defensa y la interoperabilidad conjunta para la custodia de los intereses vitales de la Patria.

La reforma viene a reemplazar un marco normativo que había quedado desconectado de la realidad criminal de estas décadas. Establecer un tope de 15 años de prisión y prohibir la prisión perpetua para menores son intentos de ordenar un sistema que, hasta hoy, operaba muchas veces en grises jurídicos.

Para una parte de la sociedad, esta ley responde a una demanda urgente. El argumento central es que quien comprende la criminalidad de sus actos debe asumir las consecuencias, y que el Estado no podía seguir sin herramientas procesales claras frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Desde esta óptica, la nueva ley aporta un principio de responsabilidad.

Sin embargo, el análisis queda trunco si no se observa la otra cara del fenómeno. Especialistas en niñez y derechos humanos señalan, con evidencia estadística, que el endurecimiento de las penas no se traduce mecánicamente en una reducción de la criminalidad. Criminalizar a los 14 años sin un abordaje preventivo sólido corre el riesgo de convertir al sistema penal en la única respuesta del Estado ante jóvenes que, en muchos casos, ya han sido expulsados del sistema educativo y de la red de contención social.

El debate que se abre ahora no debería clausurarse con la promulgación de la ley. La verdadera discusión es si la estructura estatal —desde los juzgados hasta los institutos de menores— está capacitada para implementar las "penas alternativas" que menciona el texto, o si los adolescentes terminarán depositados en un sistema carcelario que históricamente ha fallado en su objetivo de resocialización.

Modificar la ley era quizás un paso ineludible ante el agotamiento del régimen anterior. Pero creer que el Código Penal por sí solo resolverá un problema que nace en la fractura social es, cuanto menos, una lectura incompleta del desafío que tenemos por delante.

El Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) dio a conocer el informe estadístico correspondiente al seguimiento de casos de violencia de género en el ámbito provincial. Según el reporte acumulado entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026, la provincia de Entre Ríos contabilizó un total de 73 femicidios. Este indicador representa una tasa acumulada de 0,8 casos por cada 100.000 mujeres y disidencias, situándose cercana al promedio registrado en el territorio nacional.

En lo que respecta al período transcurrido durante el año 2026, las mediciones territoriales registraron 3 hechos concretados en el ámbito provincial, en el marco de los 105 casos asentados a nivel federal durante los primeros cinco meses del año. Los datos fueron articulados por el equipo de seguimiento que coordina la referente regional Silvana Lagraña, responsable del relevamiento de indicadores para las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

La caracterización de los datos estadísticos señala que el espacio privado constituye el principal ámbito de ocurrencia de estos hechos. El 65% de los episodios relevados tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Asimismo, con relación al vínculo entre las partes, el 69% de los victimarios integraba el entorno íntimo, revistiendo la condición de parejas, exparejas o familiares directos. Por otra parte, el informe detalla que un 8% de los agresores pertenecía a fuerzas de seguridad, habiéndose utilizado el arma reglamentaria en el 52% de dichas situaciones.

Un elemento destacado en el informe del observatorio refiere a la fluctuación en el registro de denuncias previas ante las dependencias correspondientes. Mientras que la media histórica del último decenio ubicaba la presentación de denuncias formales en un 17%, en el transcurso de 2026 dicho porcentaje descendió al 9% de los casos analizados.

Frente a este escenario y el estado de la infraestructura institucional de atención, diversas organizaciones sociales sostienen el pedido para la promulgación de la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, promoviendo el sostenimiento de los programas de acompañamiento, asistencia técnica y protección integral en los distintos municipios de la provincia.

La socióloga y magíster en Políticas Públicas Carola Della Paolera desmintió los argumentos vertidos por el presidente Javier Milei sobre el descenso de la natalidad en la Argentina, al sostener que el diagnóstico presentado por el mandatario no se corresponde con la evidencia demográfica del país.

Durante su exposición en el Council of the Americas, el jefe de Estado había atribuido la baja de nacimientos a "la locura de los pañuelitos verdes". Ante esto, la investigadora precisó que "la tasa de la caída de la fecundidad en el país comenzó en 2014 y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada en 2020, e impulsada en 2021, con lo cual los abortos no explican la caída de natalidad".

En esa línea, la especialista explicó que el fenómeno responde a transformaciones de fondo en la sociedad y a que "la gente está eligiendo libremente tener menos hijos". Si bien concedió que existen factores culturales en juego, remarcó que el proceso va más allá de la movilización social: "Esto excede a 'los pañuelitos verdes' y es que a lo largo de la historia de la humanidad cambió el mandato 'la mujer sólo sirve para procrear' por otros escenarios más amplios de la vida".

Finalmente, Della Paolera descartó el mito sobre la maternidad asociada a la asistencia estatal y resaltó que en el sector de mujeres jóvenes de menores ingresos la natalidad cayó un 70%, producto de un mayor acceso a la educación y a métodos anticonceptivos.

La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 23, que conecta las localidades de Pronunciamiento, Primero de Mayo y Villa Elisa, registra un avance superior al 40 por ciento. La obra abarca cerca de 26 kilómetros e implica una inversión del Estado provincial que supera los 29 mil millones de pesos, orientada a consolidar un corredor clave entre los departamentos Uruguay y Colón.

Según informaron desde la Dirección Provincial de Vialidad, las tareas actuales se centran en la colocación de la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro seis y en la construcción de base calcárea en el kilómetro siete. El proyecto contempla además la ejecución de rotondas, colectoras, accesos a instituciones y empresas, dársenas de estacionamiento, luminarias y dos desvíos específicos para el tránsito pesado.

La obra es recibida con altas expectativas en la zona, especialmente por su impacto en la transitabilidad durante jornadas de lluvia y en el transporte de la producción local. En ese sentido, la intendenta de Primero de Mayo, Silvia Adriana Bertolyotti, remarcó la importancia estratégica del trazado: "Para los habitantes de la localidad de Primero de Mayo y zonas rurales esta obra es imprescindible", afirmó, tras remarcar que se trata de un reclamo histórico que traerá "alivio para las personas que a diario la transitan".

Asimismo, la jefa comunal enfatizó la vinculación del proyecto con el desarrollo económico de la región y la seguridad en emergencias. "Nuestras zonas rurales tienen una gran actividad económica, con muchas granjas avícolas", explicó, al tiempo que advirtió que anteriormente "debido al caudal de lluvia, nuestro pueblo quedaba aislado", una situación crítica ante urgencias sanitarias. Por ello, concluyó que la pavimentación "hace más que imprescindible contar con una vía de circulación segura".

De acuerdo con los datos presentados en la última edición del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado anualmente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la provincia de Entre Ríos se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional. Con una calificación técnica de 9,75 puntos sobre un máximo de 10, la jurisdicción entrerriana quedó ubicada únicamente por detrás de Córdoba —que encabezo la nómina con 9,90 puntos— y por delante de Santa Fe, que completó los primeros puestos con 9,70 puntos.

El indicador, desarrollado por la reconocida organización no gubernamental para monitorear el acceso a la información pública, evalúa la cantidad, el nivel de desagregación técnica y la periodicidad de actualización de los datos presupuestarios y fiscales expuestos en las plataformas oficiales de los 24 distritos del país. El análisis estructural se dividió en cuatro bloques metodológicos de evaluación: la formulación del presupuesto, el estado de ejecución y rendición de cuentas, la transparencia en la recaudación y origen de recursos, y las herramientas institucionales para la divulgación abierta hacia la ciudadanía.

Se destaca que el desempeño de Entre Ríos se ubicó casi dos puntos por encima de la media nacional, la cual promedió 7,8 puntos en esta entrega. El resto de las posiciones con calificaciones destacadas estuvo integrado por Tierra del Fuego y Neuquén. Desde el centro de investigación resaltaron que, en términos generales, la medición interanual refleja un proceso progresivo de homogeneización en las provincias argentinas, evidenciando una tendencia hacia la digitalización y sistematización de los registros económicos del sector público.

Por Tatiana Sfiligoy*

Durante más de un siglo, la narrativa oficial del Estado argentino se ha erigido sobre una premisa de “excepcionalidad blanca”, proyectando al país como un fragmento de Europa trasplantado a las orillas del Plata. Esta construcción, sostenida por el mito del “crisol de razas”, no fue un accidente demográfico sino un proyecto ideológico que operó como un velo para sepultar las raíces africanas e indígenas. Cuestionar este relato hoy no es solo un ejercicio de rigor académico, sino un imperativo estratégico: la identidad nacional contemporánea no puede comprenderse sin desmantelar ese proceso deliberado de silenciamiento que pretendió homogeneizar lo que siempre fue diverso.

La magnitud de este ocultamiento se revela en la brecha entre el dato oficial y la proyección científica. El Censo Nacional 2022 registró apenas 302 mil personas auto identificadas como afrodescendientes. Sin embargo, la investigación académica —basada en proyecciones genéticas y de campo— sugiere que la cifra real podría escalar hasta los dos millones de personas, aproximadamente el 5% de la población nacional. Esta disparidad es la prueba fehaciente de la invisibilización histórica, una herramienta de control social que diluyó el componente afro en un mestizaje fenotípico, privando a millones de argentinos del conocimiento de su propia ascendencia subsahariana.

El lenguaje, ese archivo vivo, traiciona este pasado. En Entre Ríos, testimonios contemporáneos revelan la persistencia del modismo “mi negra” o “mi negro” como un apelativo de aparente cercanía. Sin embargo, el análisis periodístico revela una carga semántica más oscura: la partícula posesiva “mi” no es un mero vocativo afectuoso, sino un resabio del poder heredado de la esclavitud. Remite a un tiempo donde el cuerpo negro era, literalmente, de alguien más; un rastro de la propiedad del terrateniente que sobrevive en el habla cotidiana, vinculando la cultura actual con las estructuras legales que sistematizaron la posesión humana.

La Asamblea del Año XIII implementó la Ley de Vientre Libre, pero lejos de una liberación inmediata, instauró la figura del “patronato”:

● Estatus de Liberto: Los hijos de madres esclavizadas nacidos a partir de 1813 no eran libres de hecho, sino “libertos” bajo la tutela del amo de su madre.

● Trabajo no remunerado: El patronato obligaba al liberto a servir gratuitamente a su “patrono” hasta los 18 o 20 años, bajo la excusa de su “educación”, funcionando como un sistema de trabajo forzoso encubierto.

● Reversibilidad de la ley: El sistema permitió que los amos vieran a estos niños como un recurso económico estable, retrasando la autonomía familiar y limitando el derecho de los padres afrodescendientes sobre sus hijos.

Existe una hipocresía fundacional en este periodo: mientras los revolucionarios de Mayo usaban la “esclavitud” como una metáfora de la opresión colonial frente a España, mantenían la esclavitud real y literal de los cuerpos negros. Frente a esta “abolición concedida”, la investigación rescata las “hazañas silenciosas” de los propios esclavizados. La libertad fue una conquista activa, lograda mediante "manumisiones negociadas" donde los individuos ahorraban durante años para comprar su propia existencia o la de sus hijos, erosionando el sistema desde sus propias grietas legales.

La construcción del Estado-Nación por la Generación del 80 llevó la premisa de Juan B. Alberdi, “gobernar es poblar”, a una conclusión racial: poblar era, necesariamente, blanquear. La migración europea fue utilizada deliberadamente como un ariete demográfico para desplazar el componente indígena y negro del imaginario nacional. Como señala Pablo Cirio, el blanqueamiento fue una política de Estado ante una población que, antes de la inmigración masiva, “no era blanca”.

La evidencia de esta manipulación surge de los propios archivos. El censo del distrito de Bergara, en el corazón de Entre Ríos, revela que, a principios del siglo XX, de 1234 personas, casi el 80% eran locales (entrerrianos, uruguayos, brasileños) y solo un 10% eran europeos. Sin embargo, la historia oficial borró esa mayoría para instalar la narrativa de una colonia exclusivamente europea. En localidades como Villa Clara o San Jorge, las comunidades afrodescendientes convivieron con inmigrantes judíos, italianos y franceses. El mestizaje resultante no fue una desaparición, sino una transformación fenotípica que alimentó la invisibilidad: el componente afro quedó sepultado bajo la piel clara, convirtiéndose en una minoría simbólica desplazada de la épica agrícola nacional.

Trayectoria e hitos Familiares:

● 1872: Manuel Gregorio (35 años) se casa con la afrouruguaya Lorenza Pintos.

● Archivística de la Raza: Tuvieron 13 hijos registrados en actas de bautismo bajo la categoría “negro”. Lo que entonces fue una etiqueta de racialización y control, es hoy reclamado por sus descendientes como un “gentilicio” de orgullo.

● Convivencia: Fotos de archivo muestran a descendientes de Manuel, como el tío “Sanso”, tocando el bandoneón junto a colonos blancos, probando una integración cultural que la historia oficial ignoró.

Ese devenir identitario de los Manecos ocurrió en paralelo con un contexto político nacional profundamente transformador. Hacia 1861, la esclavitud en la Argentina ya se había abolido, al integrarse Buenos Aires a la Confederación y ratificarse la Constitución de 1853, y se promovió activamente la inmigración europea. Eso incluía a la provincia de Entre Ríos.

Mientras Manuel Gregorio Evangelista trabajaba como jornalero y se unía a otras comunidades afroargentinas y afrouruguayas, ese proceso los rozaba muy de cerca. En las áreas rurales próximas a la entonces La Capilla, donde él y su familia vivían, fueron llegando colectividades europeas y hacia fines del siglo XIX, inmigrantes judíos. Así crecieron Villa Domínguez, San Gregorio, Villa Clara.

Las investigaciones realizadas muestran evidencias de convivencia entre los colonos migrantes y las comunidades afrodescendientes.

El mayor símbolo de esta lucha es el “Cementerio de los Negros” en Sajaroff. Durante décadas, este sitio patrimonial fue literalmente enterrado bajo un basural, un acto de violencia institucional que refleja el desprecio por la memoria no europea. Existe una ironía dolorosa y reveladora: el cementerio se encuentra dentro del “Circuito de las Colonias Judías”, permaneciendo como una capa de historia oculta bajo un producto turístico. Su reconocimiento en 2020 como sitio de valor patrimonial representa el primer paso para desenterrar una identidad que se negó a morir.

Un hito de esta espiritualidad “subterránea” ocurrió en 1953, durante una epidemia de poliomielitis. La comunidad realizó una procesión de 13 kilómetros desde La Capilla hasta Villa Clara, portando la cruz central del cementerio de Los Manecos. La marcha fue encabezada por María, la hija menor de Manuel Evangelista, quien, según la memoria oral, “tenía un santo negro”, vinculando su devoción personal con figuras como São Benedito. Este acto no fue solo un ruego por salud, sino una afirmación de cohesión identitaria en un territorio que pretendía ignorarlos.

Hoy, ese despertar es impulsado por organizaciones como “EntreAfros”, que está a cargo de Marina Crespo, que trabajan junto a la Unión de Colectividades de Entre Ríos para corregir el relato histórico.

Sus desafíos actuales incluyen: Rectificación educativa (combatir los errores en la enseñanza sobre la esclavitud en la administración pública; Justicia patrimonial (dignificar los sitios de memoria como el cementerio de Los Manecos) y Visibilización estadística (promover el autorreconocimiento para cerrar la brecha de los dos millones de afroargentinos “invisibles”).

Argentina debe reconocerse, finalmente, como un territorio de múltiples raíces, y Entre Ríos como el lugar por su cercanía al Uruguay y al Brasil, geográficamente estratégico. La negritud no es una anécdota del pasado colonial ni un rastro exótico de la inmigración reciente; es un pilar fundamental de la estructura social del país. La reconstrucción de esta huella silenciada no es solo un acto de justicia para los descendientes de Manuel Gregorio y Lorenza, sino una condición necesaria para que la Argentina pueda, por primera vez, mirarse al espejo sin velos.

En nuestro presente, sobre todo en los últimos cinco años, hubo un trabajo de reconocimiento y de poder tener conciencia de nuestros orígenes, no solo identitarios a nivel individual sino en lo colectivo, formar parte de una comunidad diversa implica la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del otro como diferente, y no por ello enemigo, sino todo lo contrario. Por ello hoy más que nunca reconocer la importancia de los lazos, vínculo, lo fraterno es lo que nos nutre. ya que nuestro poder está la lucha, teniendo dignidad por nuestra identidad, nuestra historia.

*Tatiana Sfiligoy

Perteneciente a la Asociación EntreAfros

La reciente legalización del mercado de vapeadores en Argentina, bajo la Disposición ANMAT 2543/2026 de mayo de este año, puso fin a una prohibición formal que regía desde 2011. El Gobierno nacional oficializó en el Boletín Oficial un esquema de control que prohíbe saborizantes en los líquidos, restringe la venta a menores de edad y exige un registro obligatorio para terminar con el circuito informal.

Así, el debate salió de la clandestinidad comercial para meterse de lleno en los consultorios médicos y entres los padres que muestran preocupación por la moda de los adolescentes: el hábito de “vapear”. Al aire libre, en las previas y las plazas ya se huele la frutilla, la menta o la vainilla. Es un aroma amigable, un humo espeso, que se disipa rápido, pero deja una huella profunda.

En este contexto, el "vape" o cigarrillo electrónico dejó de ser un fetiche tecnológico para adultos que buscaban dejar de fumar: hoy es la nueva adicción de diseño que coloniza a los adolescentes bajo la falsa premisa de que es "vapor de agua inofensivo".

"Bajo una estética moderna, tecnológica y falsamente inofensiva, los cigarrillos electrónicos se han convertido en la nueva epidemia silenciosa entre los jóvenes. Los datos locales son alarmantes: según la reciente encuesta de Sedronar, de noviembre de 2025, el 35% de los adolescentes en Argentina consume o ha probado el cigarrillo electrónico, superando incluso al tabaco tradicional, que se ubica en un 27%".

Para entender el daño, el especialista invita a desarmar la composición química del dispositivo: “Por un lado, la glicerina vegetal es una sustancia segura para la ingesta oral, pero que al calentarse a altas temperaturas y ser inhaladas alteran la fisiología celular del pulmón”. En tanto la nicotina, presente en la inmensa mayoría de los dispositivos, “es un potente mediador químico que altera el circuito de recompensa cerebral". Y “las sales de nicotina llegan al cerebro en menos de diez segundos, provocando una dependencia física superior a la del cigarrillo convencional”.

Otros elementos son los metales pesados y los saborizantes, al respecto el pediatra detalló que se trata de "sustancias altamente tóxicas y cancerígenas, asociadas a la bronquiolitis obliterante y son capaces de provocar fibrosis pulmonar".

“Por un lado, puede desencadenar una inflamación pulmonar repentina y muy grave que impide respirar con normalidad, con el riesgo de ser mortal en chicos que estaban completamente sanos. Por el otro, el ingreso de estas sustancias calientes provoca una lesión incurable en las vías respiratorias más pequeñas del pulmón, lo que causa tos constante, silbidos en el pecho y desmejora seriamente a quienes ya sufren de asma. Finalmente, estos dispositivos debilitan las defensas naturales del pulmón, dejando el cuerpo de los adolescentes desprotegido y propenso a sufrir infecciones severas como neumonías y bronquitis recurrentes”, advirtió Gini Cambaceres.

Por si fuera poco, la amenaza sigue mutando en quioscos y entornos escolares a través de las "bolsitas de nicotina" (pouches). Al colocarse entre el labio y la encía y no generar humo ni vapor, resultan invisibles para padres y docentes dentro de las aulas. "Entregan dosis altísimas de nicotina —donde algunas marcas exponen al organismo al equivalente de un paquete de cigarrillos en solo 30 minutos—, multiplicando el riesgo cardiovascular, de cáncer oral y la afectación neuropsiquiátrica", advirtió el especialista.

Detrás del olor a frutas y el diseño tecnológico, se esconde una industria que necesita sustituir a los viejos fumadores con una nueva generación de adictos. En esta transición, son los pulmones de nuestros adolescentes los que están pagando el costo más alto. Con el nuevo marco regulatorio de la ANMAT, el desafío del Estado, de los núcleos familiares y de las instituciones educativas es educar sobre una realidad “de moda” y llevar a la práctica un esquema de control ya regulado.

En el marco del 32° aniversario del atentado a la AMIA, el presidente de la mutual judía, Osvaldo Armoza, pronunció uno de los discursos más contundentes de los últimos años respecto a la falta de avances judiciales en la causa. Ante la mirada en primera fila del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Armoza sentenció que el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de la historia nacional.

A pesar de las duras críticas institucionales, el titular de la AMIA valoró y celebró la postura geopolítica de la actual administración, destacando su firmeza al ubicarse del lado correcto de la historia, manifestar su apoyo expreso al Estado de Israel y haber declarado a la organización Hamás como terrorista. No obstante, el elogio dio paso a firmes exigencias dirigidas tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, las cuales incluyeron un pedido de refuerzo inmediato en los controles de la Triple Frontera y de los pasos fronterizos con Bolivia y Chile, el reclamo de acelerar el nombramiento de vacantes judiciales y la solicitud de que el Congreso instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo.

Desde la Casa Rosada tomaron de buena forma los reclamos y ratificaron su apoyo sustancial a la comunidad judía, aunque fuentes inobjetables del oficialismo aclararon que por el momento no hay nuevos proyectos legislativos en materia antiterrorista dentro de la carpeta gubernamental. En los pasillos del Ejecutivo argumentan que la gestión ya sacó la Ley de Juicio en Ausencia y que, si bien comprenden la frustración social por la falta de resultados inmediatos, representa una nueva institución que no puede nacer mal y en la cual se deben tomar todos los recaudos legales pertinentes.

Respecto a la cobertura de vacantes en los tribunales, el Ministerio de Justicia prevé continuar con el envío de pliegos al Congreso tras el receso invernal de dos semanas, aunque el proceso será más dosificado debido a la magnitud política y complejidad de los cargos que restan concursar. En sintonía con la demanda de celeridad, Armoza también apuntó a los laberintos burocráticos del Poder Judicial, exigiendo a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, de la Cámara Federal de Casación Penal, que resuelvan de manera urgente la validez del juicio en ausencia.

Finalmente, el reclamo impactó en el Ministerio Público Fiscal. Si bien se valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso al frente de la UFI-AMIA, se catalogó de nulo el aporte de su cotitular, el fiscal Julio Miranda, y se cuestionó al responsable del Área de Análisis, Pablo Ouviña, exigiendo profundizar las líneas de investigación pendientes.

“Se registró un sostenido movimiento tanto en las oficinas de la Dirección de Rentas como en la plataforma digital GualeActiva, canal principal habilitado para realizar la adhesión al plan. La respuesta positiva refleja el interés de los vecinos por ponerse al día y acceder a condiciones accesibles de pago”, se informó desde el municipio.

“La moratoria está cumpliendo su objetivo: facilitar la regularización y brindar una herramienta accesible para los vecinos”, señalaron desde el Municipio, al tiempo que remarcaron que muchos contribuyentes que mantenían deudas desde hace tiempo lograron iniciar planes de pago, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para prevenir futuros inconvenientes y mantener sus obligaciones al día.

La Moratoria 2026 permanecerá vigente hasta el 31 de julio inclusive y constituye una herramienta excepcional y transitoria destinada a acompañar a los vecinos en la normalización de sus obligaciones tributarias, fortaleciendo al mismo tiempo los recursos municipales que permiten sostener servicios esenciales para toda la comunidad.

El régimen alcanza a deudas correspondientes a Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, cuyos vencimientos hayan operado hasta el 31 de diciembre de 2025. La moratoria no incluye la Tasa de Comercio.

Entre los principales beneficios se destaca la posibilidad de acceder a:

- Pago contado, con 100% de condonación de intereses y multas.

- Hasta 3 cuotas, con 90% de quita de intereses y multas, anticipo del 10% y sin intereses de financiación.

- Hasta 6 cuotas, con importantes reducciones y sin interés de financiación.

- Planes de hasta 12 y 18 cuotas, con financiación mediante sistema francés y cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Desde el Municipio recordaron que la adhesión se realiza exclusivamente a través de la plataforma GualeActiva, salvo casos debidamente justificados en los que podrá efectuarse de manera presencial.

Asimismo, para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán tener canceladas las obligaciones posteriores al 1 de febrero de 2026 de las tasas a regularizar, abonar el anticipo correspondiente y mantener al día el pago de las cuotas.

Las autoridades municipales remarcaron que esta política busca incentivar el cumplimiento voluntario y brindar alternativas concretas en un contexto económico complejo, permitiendo a los vecinos ordenar su situación tributaria con facilidades excepcionales y amplios beneficios.

La fuga de cerebros en Argentina no es un fenómeno nuevo, pero cada vez se hace más visible en áreas de alta especialización, como la ciencia y la tecnología. La discontinuidad de proyectos estratégicos, la falta de financiamiento y la ausencia de políticas de Estado sostenidas obligan a profesionales formados en universidades públicas a buscar oportunidades en el exterior.

Es el caso de Mariano Paredes, un gualeguaychuense que, tras años de trabajo en programas espaciales nacionales, hoy integra una empresa líder en España. En diálogo con EL ARGENTINO, expuso con crudeza esta realidad.

Nacido y criado en Gualeguaychú, Mariano Paredes se formó como ingeniero mecánico en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y dedicó gran parte de su carrera a proyectos estratégicos del Plan Espacial Argentino. Primero trabajó en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en el desarrollo del satélite científico SAC-D, y luego en VENG S.A., empresa bajo la órbita de la CONAE encargada del proyecto de Acceso al Espacio. También fue parte del ambicioso Proyecto Tronador, que buscaba desarrollar lanzadores capaces de poner en órbita satélites de hasta 500 kilos.

Entre 2013 y 2017 integró el equipo a cargo de los lanzamientos de los Vehículos Experimentales (VEx), fundamentales para llevar satélites argentinos hasta la órbita deseada. Además, colaboró en la puesta en marcha de plantas de fabricación de estructuras críticas, como tanques de combustible. Sin embargo, la falta de continuidad y el desfinanciamiento progresivo de estas iniciativas llevaron a que las mismas queden desarticuladas.

“Nosotros trabajamos muchísimo durante varios años, pero lamentablemente esos proyectos ya no forman parte de una política de Estado. Cuando se cortó el financiamiento no había proyección”, expresó Paredes. Esa situación lo empujó a aceptar una oferta en España, donde hoy integra PLD Space, empresa nacida en Elche, Alicante, que ya lanzó el demostrador Miura 1 y avanza hacia vehículos de mayor capacidad.

“Lo que estamos desarrollando en España es prácticamente idéntico a lo que hacíamos en Argentina. La diferencia es que acá hay continuidad, hay respaldo estatal y privado, y eso permite que el conocimiento se transforme en resultados concretos”, explicó el ingeniero mecánico.

El traslado al viejo continente no fue sencillo: implicó dejar familia, amigos y la vida en su ciudad natal. “Nunca pensamos vivir fuera del país, pero el contexto nos empujó. Si en Argentina hubiera habido continuidad, jamás hubiéramos tomado la decisión de emigrar”, confesó.

Hoy, más del 10% del plantel de PLD Space es argentino, muchos provenientes de proyectos de alta tecnología que quedaron paralizados en el país. “Actualmente somos unos 43 argentinos y siguen llegando compañeros. Creo que en los próximos meses vamos a estar cerca de 50. Somos valorados porque tenemos una formación sólida y porque sabemos resolver aún sin contar con todos los recursos. Esa impronta argentina se nota y nos abre puertas”, destacó el gualeguaychuense.

“Este tipo de proyectos necesitan sí o sí del respaldo del Estado, por el alto riesgo que tienen. En España eso está sucediendo, mientras que en Argentina se está desmantelando lo que había y por lo que se trabajó tanto tiempo”, cuestionó. Al tiempo que argumentó: “Artemis II no nace de un repollo. El satélite se llamó Atenea, es el proyecto de la NASA en el cual se subió este satélite. Ganaron cuatro países, uno de los que ganó fue Argentina, y Argentina ganó por todo lo que te conté anteriormente: porque hubo visión de personas, hubo apoyo estatal y hubo mucho trabajo durante muchísimos años. Argentina es referente en Latinoamérica por lejos respecto a la fabricación de satélites, estamos por delante de todos los países de la región, pero eso requiere inversión continua y gente que tenga visión también”.

En este sentido, profundizó: “Lo que está pasando en Argentina es un retroceso tremendo. Se está desmantelando lo construido durante años y eso genera daños que llevan mucho tiempo en recomponerse. No es levantar una cortina y volver a empezar, se necesita continuidad, experiencia y visión estratégica”.

A pesar de la distancia, el científico entrerriano mantiene la esperanza: “Argentina pasó por muchas crisis y siempre se levantó. Yo creo que esto también se puede revertir si recuperamos ciertos valores y apoyamos la ciencia y la tecnología como corresponde. Mi deseo es que algún día podamos volver y ver estos proyectos concretados en nuestro país”.

El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, se benefició con contrataciones de organismos públicos. La investigación se originó en una denuncia presentada por la diputada oficialista Marcela Pagano, quien señaló que Angeletti, socia de la consultora +Be y autodefinida como “coach ontológica”, habría recibido beneficios a través de contratos estatales.

La resolución de Lijo, solicitada por el fiscal Carlos Stornelli, incluye el pedido de copias de expedientes administrativos y documentación vinculada a distintos procesos de contratación. El objetivo es determinar si la consultora +Be mantiene vínculos con empresas que prestan servicios al Estado.

La denuncia de Pagano apunta a contratos relacionados con provisión de herramientas de comunicación directa, envío masivo de SMS, soporte técnico de plataformas Jira/Confluence, correos transaccionales y la concesión de uso del predio de Tecnópolis. Entre las firmas mencionadas figuran Area Tech S.A., ATX S.A., Movilgate S.R.L., Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática S.A.S. y Tecnosofware S.A., cuya composición societaria será analizada por la Inspección General de Justicia.

En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones deberá informar sobre vínculos con Datco S.A., National Shipping S.A. y Foggia Group S.A. La investigación busca confirmar si existe un entramado societario que vincule a Angeletti con estas empresas y con la explotación comercial de Tecnópolis.

Tras presentar la denuncia, Pagano publicó un duro mensaje en redes sociales contra sus ex compañeros de La Libertad Avanza: “Eligieron quedarse con los chorros, los obsecuentes, los aplaudidores del poder”. La diputada también apuntó contra Karina Milei, quien esta semana se mostró públicamente junto a Adorni, y aseguró: “Fuimos muchos los que creímos que iba a terminar con la casta. Pero la envidiaban, querían ser parte de ella”.

La esposa de Adorni ya figura en otra causa en la que el jefe de Gabinete está imputado por enriquecimiento ilícito. Allí se investiga la compra de propiedades durante su gestión, entre ellas una vivienda en el country Indio Cuá registrada a nombre de Angeletti. Según Página/12, Adorni no declaró esa propiedad ante la Oficina Anticorrupción y corrigió la documentación solo después de que se conociera públicamente.

La investigación judicial abre un nuevo frente de tensión política en el oficialismo y pone bajo la lupa los vínculos entre el entorno del jefe de Gabinete y contratistas del Estado.

Supervisoras de la Dirección Departamental de Escuela de Gualeguaychú describieron un panorama complejo para los establecimientos rurales, atravesados por dificultades de infraestructura, movilidad y cambios en la composición social de las comunidades.

La división institucional contempla cinco zonas: A, B, C, D y E, que abarcan todo el departamento: Gualeguaychú ciudad, Costa Uruguay Norte y Sur, Perdices, Ñancay, Nuevo Rincón, Dos Hermanas, Las Mercedes, Talitas, Cuchilla Redonda, Carbó, Irazusta, Alarcón, Larroque, Gilbert, Las Aldeas y Urdinarrain. En total, funcionan más de 50 establecimientos rurales, con realidades muy diversas.

En la zona que se extiende desde Perdices a Colonia Stauber se concentran 16 escuelas, entre ellas dos de personal único —una sola maestra a cargo de todas las tareas— y cuatro de cuarta categoría, con equipos reducidos. Otras dos zonas suman también 16 escuelas, mientras que en el área de Rincón del Gato y Las Piedras funcionan nueve, y en Urdinarrain se contabilizan once más. En promedio, cada escuela rural reúne entre 5 y 20 alumnos, con planteles docentes que oscilan entre uno y cinco integrantes.

Uno de los problemas más señalados por las supervisoras es el estado de los caminos. En algunos sectores hubo intervenciones que resultaron deficientes y terminaron generando inundaciones; en otros, las escuelas ubicadas sobre rutas principales no padecen esa dificultad. Las lluvias agravan la situación y vuelven intransitables los accesos, lo que obliga a concentrar estudiantes en establecimientos con conectividad para sostener la actividad pedagógica.

Las supervisoras también remarcaron la incidencia de las migraciones internas: familias de trabajadores golondrinas que modifican la matrícula de manera constante y traslados frecuentes de alumnos entre escuelas. A esto se suma la compra de tierras por personas de otras provincias o países, que en ocasiones no participan de la vida comunitaria, debilitando los vínculos locales.

Como contracara, se destacó el rol de las cooperadoras, que reemplazaron los tradicionales bailes de campo por actividades recreativas y ventas de comidas para recaudar fondos. Los actos escolares se transformaron en espacios de encuentro con las familias, con talleres y juegos que fortalecen la relación escuela-comunidad. Programas como la copa de leche y el refuerzo alimentario nacional garantizan la asistencia básica de los estudiantes, que permanecen cinco horas en las aulas.

Un dato relevante aportado por las supervisoras es que el 80% de las escuelas de Entre Ríos son rurales, lo que otorga a este nivel una importancia estratégica. “Es fundamental seguir fortaleciendo las escuelas rurales para que la educación llegue a todos”, subrayaron las docentes.

Desafíos históricos, epocales y geográficos

Las experiencias de Nazarena Tajes, docente en escuelas secundarias rurales de Gualeguaychú, y de Matilde Nelli, directora de la Escuela “Rivera Indarte” N°64 de Colonia El Potrero, permiten comprender la compleja trama de desafíos que atraviesan las instituciones.

“Los desafíos que tenemos en las escuelas rurales son, en parte, históricos y en parte dependen de la época y la geografía. En primer lugar, te tiene que gustar la zona, porque hay obstáculos que en otros lugares urbanos no existen. Los caminos son un problema constante: intransitables. Eso afecta no solo la educación, también la salud y la vida familiar de nuestros gurises”, señaló Tajes, que también integra la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y forma parte de la Comisión Directiva Departamental de la Seccional Gualeguaychú.

“El Estado no paga el gasto extra que se presenta, por ejemplo, cuando el auto se rompe por los caminos horribles. Los aumentos salariales, que son mínimos y en negro, son otro desafío para este 2026. Los descuentos por paros son descomunales: por dos días me sacaron 130 mil pesos. Antes se respetaba el derecho a huelga, hoy ya no”, cuestionó, por su parte, Nelli.

El transporte escolar aparece como otro cuello de botella que limita el acceso de los estudiantes. “Muchas veces los chicos no pueden llegar. Como institución sentimos impotencia, porque no podemos dar respuesta. Las autoridades hablan de los caminos de la producción, pero en realidad no están en condiciones óptimas”, cuestionó Tajes. En tanto, la directora de la “Rivera Indarte” se refirió a la incertidumbre por la matrícula, que se convierte en un factor de presión constante: “Hoy, si tenés dos o tres alumnos ya piensan en cerrarte la escuela; antes se decía que donde había un alumno había un derecho, pero ahora parece que no. Las familias golondrinas van y vienen, y como directivo vivo con esta realidad”.

La falta de conectividad tecnológica es otro desafío central. En la voz de Tajes: “En varias zonas no hay señal ni internet. Hoy todo se maneja por correo electrónico y planillas digitales, pero las escuelas no cuentan con los elementos necesarios. Eso obliga a trasladar la tarea docente a la casa para cumplir con las demandas administrativas. Durante la pandemia vimos familias con un solo celular, y los chicos enviaban tareas a las diez u once de la noche. Esa desigualdad tecnológica sigue vigente”.

Por otra parte, Nelli describió las carencias edilicias. “La situación de los edificios es complicada: pisos caídos por los movimientos de la tierra, hormigueros que generan filtraciones y falta de presupuesto para reparaciones. La respuesta inmediata siempre es que no hay plata. Entonces, las escuelas se sostienen gracias al esfuerzo de las cooperadoras, aunque en los establecimientos con pocos alumnos esa tarea se vuelve casi imposible”.

En aulas pequeñas, los vínculos se fortalecen

A pesar de las dificultades expresadas, las dos protagonistas resaltan el valor humano y pedagógico de la ruralidad. “Trabajar en una institución rural es maravilloso, tiene encantos particulares, vivencias que no se dan en el contexto urbano. Los chicos son solidarios y uno siente que el tiempo rinde más. En aulas pequeñas, con quince o veinte alumnos, los vínculos se fortalecen y se logran objetivos que en la ciudad a veces no se alcanzan”, afirmó Tajes.

En la misma línea, Nelli aportó: “Lo que nos sostiene es el aula. Más allá de todas las adversidades, llegar y dar clase es lo que me hace feliz. En la ruralidad todavía sentimos que somos muy importantes para los gurises, el nexo entre sus realidades y otras posibilidades. Les mostramos que hay otro mundo además del campo, que pueden abrirse camino hacia un futuro distinto”.

La diversidad de la enseñanza plurigrado y la llegada de estudiantes con discapacidad también fueron mencionadas como oportunidades para un trabajo más flexible y enriquecedor. “La pluralidad nos permite trabajar la diversidad, dar distintos tiempos y modos de aprendizaje. Es un ambiente más tranquilo, más humano. Eso es maravilloso, aunque no todos los docentes lo llegan a vivirlo como yo”, destacó Nelli.

Ambos testimonios marcan la tensión entre la precariedad edilicia, los caminos, el transporte, la conectividad, los salarios insuficientes, las políticas de cierre por baja matrícula y la riqueza pedagógica y comunitaria que ofrece la ruralidad. Una experiencia que, pese a las adversidades, conserva un sentido profundo de pertenencia y compromiso con la educación pública.

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una nutrida columna de vecinos, vecinas y familiares, se concentró en 25 de Mayo y Rocamora y marchó por el centro de Gualeguaychú.

La convocatoria fue impulsada por la asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú junto a organizaciones sociales. Con tambores, pancartas y carteles con los rostros de los 37 detenidos desaparecidos de la ciudad, la consigna fue unánime: “Son 30.000. Nunca Más. Ni un paso atrás”.

Al frente de la multitud, marcharon los familiares de desaparecidos y/o asesinados durante la última dictadura militar argentina.

“Hoy se cumplen 50 años del inicio de la dictadura genocida. Medio siglo de aquel 24 de marzo de 1976 que inauguró una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Argentina, como nación, fue sometida a un retroceso histórico en todos los aspectos: en sus derechos y libertades elementales, al VER sufrir la violencia, la represión y el terror estatal. En su economía, al ser entregada al poder económico para uso y despojo a través del endeudamiento externo y a la desindustrialización”, expresaron los oradores dieron lectura al documento local.

“En estos 50 años la patria ha visto al crimen, la impunidad y la mentira deambular a sus anchas por los pasillos de gobierno, del poder judicial y de los medios de comunicación. Vio al Estado en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, sometiendo a personas a las peores atrocidades posibles, asesinando y robando bebés. Vio a miles de argentinos en las cárceles injustas, mientras otros se exiliaban para salvar sus vidas y las de sus familias. No ha faltado infamia por cumplir”, agregaron.

Además, sostuvieron que “Gualeguaychú padeció en carne propia el proceso genocida, con 37 gualeguaychuenses detenidos desaparecidas o asesinados. Nuestra comunidad busca también a dos nietos robados: a Pedro, hijo de Blanquita Angerosa, nacido en cautiverio en un Centro Clandestino. Al hijo o hija de Marta Bugnone, que estaba embarazada al momento de su desaparición. Y tampoco se supo más nada de ellas”.

“Pero la patria también ha sido testigo del coraje y la dignidad de las Madres de Plaza de Mayo que, sin especular ni recular ni medir “correlaciones de fuerzas”, iniciaron su lucha, hermosa y fértil lucha, en plena dictadura, cuando más se necesitaba su luz. La patria fue también testigo de los trabajadores reorganizándose en la resistencia cotidiana, en las fábricas y lugares de trabajo. Los vio parando y marchando en pleno gobierno militar por paz, pan y trabajo. La patria ha visto también la Guerra de Malvinas, a la que debemos memoria por sus soldados, verdaderos héroes argentinos que lucharon por la soberanía argentina, no por los altos mandos que actuaron como irresponsables, aventureros y vende patria que eran”, declararon.

En otro fragmento del discurso, afirmaron “Hoy como ayer, seguimos luchando por justicia, contra la impunidad de los militares genocidas, y de los empresarios y los jerarcas de la Iglesia cómplices de los peores crímenes de lesa humanidad a quienes no supimos juzgar ni condenar”.

Y proclamaron, “El presente es de palmario retroceso en todo sentido, con paisajes y personajes repetidos, que no sólo niegan la verdad de los delitos cometidos por los genocidas, sino que incluso los reivindican. A ello se suman los “beneficios de libertad”, como la promesa de un indulto, lo cual representa un quiebre directo con el pacto democrático de 1983 y una afrenta a la Memoria de los 30.000 desaparecidos, a la par que violan la jurisprudencia argentina y los pactos internacionales”.

Asimismo, señalaron que “Esta realidad nos asfixia. Nos parece que el presente se impone para siempre y que los monigotes del poder se llevarán puesta la historia. Pero escupir odio no es gratis, la vuelta es larga y los protagonistas de esta aventura libertaria, por acción u omisión, sepan que se van a arrepentir y que tarde o temprano las van a pagar”.

Y sostuvieron, “Pero aquí estamos. Aquí estamos y seguiremos estando. Con nuestras fuerzas y nuestra rabia, con nuestras heridas y experiencias, con amor y esperanza, con nuestros hijos, nuestras madres y abuelas.

Por eso ¡Aquí seguiremos, en las calles y en las plazas, marchando! A 50 años del golpe de Estado, organizándonos, bordando memoria, y luchando por la reconstrucción de un proyecto popular, para volver a tener un gobierno que quiera, valore y cuide a su pueblo. Seguiremos aquí, haciendo flores de las penas y heridas, para sembrar de futuro nuestra tierra”, reafirmaron tras los aplausos de los presentes, y concluyeron “¡Con el amor como bandera, siempre! Por nuestros 30 mil compañeros y compañeras detenidos - desaparecidos. Presentes”.

"Son 30 mil y que nos digan dónde están", expresaron los organismos de Derechos Humanos sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas de referencias con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando", manifestaron los organizadores en la lectura.

"No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui", arengaron.

También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarruel”.

“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y consciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.

Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron.

También denunciaron que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente", aseguraron. (Fuente: N/A)

A 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina que derrocó a Isabel Perón y hundió al país en el período más sangriento de la historia, el Gobierno publicó un video denominado “Las víctimas que quisieron esconder”.

El material fue compartido a través de la cuenta de la Casa Rosada y enfatiza: "La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.

El video, que dura 1 hora y 15 minutos y contó con la participación del equipo asesor del presidente Santiago Caputo, insiste con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como a las que sufrieron los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

MIRÁ EL VIDEO ACÁ

“En el año 2003, el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”. Así comienza el material, con una voz en off que lee una especie de introducción que apunta directamente contra el gobierno kirchnerista.

“En ese proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”, agrega el texto que antecede a las imágenes.

Hoy, 20 años después de ese fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, sólo las exacerbó, este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dándole visibilidad a la Historia Completa“, agrega la misma voz en off.

Una de las protagonistas de la pieza es Miriam Fernández, la nieta recuperada 127, que en la grabación afirma que que la sociedad creyó “un relato que no fue real” y apunta: “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”.

En el video también aparece el testimonio del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure que en 1974 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP): “Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año. Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.

El gobierno libertario mantiene desde su inicio la llamada “teoría de los dos demonios”, una perspectiva que busca equiparar el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar con el de las víctimas de las organizaciones armadas de los años setenta.

En esa línea, el presidente Javier Milei ha reiterado en varias ocasiones su desacuerdo con la cifra tradicionalmente difundida de desaparecidos durante ese periodo. Según el mandatario, “no hay registros fehacientes de que hayan sido 30 mil los desaparecidos”, y sostiene como dato concreto la cifra de 8.753 víctimas, en concordancia con el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984.

“Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, expresó el jefe de Estado en un acto por el aniversario del golpe militar el año pasado. (Fuente: Infobae)

Este viernes se realizará una charla abierta en la filial Gualeguaychú del Banco Credicoop (25 de Mayo 860), con motivo de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que interrumpió el orden democrático en Argentina. La actividad está dirigida al público en general y a todas las personas interesadas en pensar colectivamente el presente y el futuro democrático del país.

La iniciativa es impulsada por instituciones de la sociedad civil, como La Lupa en la Memoria, junto a la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, que propone un espacio de reflexión sobre el rol de las organizaciones estatales, privadas y comunitarias en la construcción de una democracia sostenible. “Nunca Más debe atravesar todas las instituciones, es un desafío intergeneracional para lograr un desarrollo democrático que se sostenga en el tiempo”, expresaron desde la organización.

La exposición estará a cargo del sociólogo Roberto Baschetti, quien recorrerá las décadas previas y posteriores al golpe, con énfasis en los avances del campo nacional y popular y en los derechos conquistados por los grupos sociales históricamente postergados. Se abordará cómo la memoria, la verdad y la justicia se vinculan con la ampliación de derechos y con la participación activa de la ciudadanía.

La charla busca generar un espacio de encuentro, escucha y debate, en el que se pueda pensar el presente desde una mirada crítica y comprometida. “La democracia no es solo votar cada dos años, es construir todos los días un país más justo, más plural y más inclusivo”, señalaron los organizadores.

La cita es este viernes en la sede del Banco Credicoop, con entrada libre y gratuita a las 20:00 horas. Se invita a toda la comunidad a participar y a sumar su voz en esta jornada de reflexión colectiva.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribió un Convenio Específico de Experiencia Formativa con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Gestión e Innovación Pública y la cátedra Experiencia E-lab. El proyecto apunta a una actualización integral del Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional, con el objetivo de convertirlo en una herramienta capaz de proyectar necesidades futuras y mejorar la planificación de políticas públicas.

La propuesta surgió de agentes del propio Instituto que cursan la tecnicatura y promueven la transferencia de conocimientos académicos a la gestión estatal. De esta manera, se consolida un trabajo conjunto entre el ámbito universitario y el Estado provincial, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a la demanda habitacional.

Durante la firma del convenio, participaron el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vocal Eduardo López Segura; la decana de la FTS, Sandra Arito; además de autoridades provinciales, municipales, universitarias y trabajadores del Instituto. En ese marco, Schönhals destacó: “Estamos convencidos que una política habitacional eficiente debe basarse en información seria y actualizada. Este convenio nos permite complementar nuestras capacidades internas y avanzar en una gestión más moderna y orientada a resultados más precisos”. Publicado por APFDigital.

Casa Club abrió sus puertas en abril de 2012 con la intención de convertirse en un lugar de encuentro, socialización y producción para personas con problemáticas de salud mental. Hoy, más de una década después, el proyecto sigue en pie gracias a la fuerza de sus integrantes, la ayuda de la comunidad y la convicción de que la salud mental necesita espacios comunitarios.

En diálogo con EL ARGENTINO, su directora, la doctora Alicia Ferrer, y la presidenta de la Comisión Directiva, Ana María Papes, repasaron la historia, los logros y las dificultades de la institución, que actualmente transita la construcción de la segunda etapa de su ampliación edilicia.

“A partir de que el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) nos habilitó nos organizamos con un organigrama de Comisión Directiva, ya llevamos tres años de habilitación y gracias a eso hemos podido avanzar con Casa Club”, explicó Ferrer. Mientras que Papes recordó los inicios: “Comenzamos en 2012, en abril, abrimos por primera vez las puertas de Casa Club. Al principio estábamos abierto dos veces por semana, después tres, y de a poquito fuimos ampliando los horarios hasta llegar a lo que hoy somos”.

“Pasamos períodos muy difíciles por la falta de recursos, pero siempre agradezco a los socios fundadores que ponían una cuota mensual y eso nos permitió cubrir los gastos más importantes”, acotó Ferrer.

La institución funciona como centro de día para personas mayores de 18 años con problemas psiquiátricos o de salud mental, siempre bajo tratamiento profesional. “Buscamos que sea un espacio de socialización, donde puedan aumentar su autoestima, descubrir lo que les gusta, disfrutar de estar con los demás y crear”, apuntó su directora.

El corazón de Casa Club son los talleres diarios: musicoterapia, manualidades, artesanías, narración de cuentos, trabajo con plantas y secado de hierbas para la venta. “Aquí todos los días hay algún taller. Tenemos un horno disecador que nos permite secar orégano, albahaca, cedrón, burrito, manzanilla. Todo lo que se consigue en la zona”, detalló Alicia Ferrer.

La producción no es solo entretenimiento: “Uno de nuestros objetivos es que esto sea un centro laboral. Muchas personas hoy tienen autoempleo, otros son empleados, otros están estudiando, algunos terminaron el secundario y otros la primaria”, comentó Papes.

Este año, además, se incorporó la participación directa de los usuarios en la venta. “Muchos se llevan la producción y luego nos pasan un porcentaje de lo vendido. Eso les da autonomía y sentido de pertenencia”, explicó Ferrer a EL ARGENTINO.

El financiamiento de la institución proviene principalmente de obras sociales y programas de discapacidad como Incluir Salud. “Esto nos permite pagar a los talleristas, pero lleva mucho trabajo administrativo. Tenemos usuarios sin cobertura, y los atendemos igual. La mitad tiene obra social y la mitad no. Nunca discriminamos. La otra cuestión es que cada vez son menos los programas que nos permiten incluir a personas con discapacidad”, subrayó Ferrer.

Durante años, el trabajo voluntario fue clave, pero los profesionales necesitan de un pago. “La persona necesita una paga, aunque no sean grandes sueldos. Nosotros trabajamos todos los días hábiles del año, incluso, actualmente, participamos en la colonia de vacaciones municipales de adultos”, agregó Papes.

La presidenta también destacó la importancia del autoempleo y de los espacios que se generan para la inclusión laboral: “Hay usuarios que participan en ferias de ropa organizadas por el municipio. Los talleres de costura y bordado les sirven para mejorar sus productos. Tenemos una máquina de coser y docentes que han conquistado al grupo con el bordado. Han bordado sus nombres, carpetitas, pañuelos. Para ellos y para toda nuestra comunidad es un orgullo ver que logran autonomía”.

La institución funciona en un espacio reducido y por eso avanza en la segunda etapa de su ampliación. “La población de usuarios es cada vez mayor y el espacio con el que contamos actualmente es muy reducido. Lo que tenemos actualmente es una cocina comedor: acá desayunamos y almorzamos. Tenemos una galería muy linda, cerrada y un entrepiso que también se usa. Pero realmente es muy pequeño, nosotros hacemos malabares para poder estar todos.”

Así que está segunda etapa es bienvenida. “Agradezco a la comunidad, a las instituciones, a los corralones y a todas las personas que nos han ayudado. También al Presupuesto Participativo, que constituye un programa muy beneficioso para las instituciones”, expresó Ferrer.

La obra está a cargo de la cooperativa Construir Seguro, dirigida por Mario Muñoz, con el acompañamiento técnico del arquitecto Bruno Bocalandro y el maestro mayor de obras Daniel Korel. Actualmente, el edificio tiene el techo en un avance de obra del 60% y falta revoque, aberturas y piso.

“Necesitamos colaboración para la instalación eléctrica y trabajos de herrería. Hemos recibido hasta medio bolsón de arena, y nos sirve. Todo lo hemos hecho con la ayuda de la comunidad de Gualeguaychú, por eso apelamos de nuevo a esta solidaridad”, expresó Papes.

La ampliación permitirá contar con un gran salón para talleres y dejar el espacio actual para cocina y comedor. “No tenemos plazos fijos, depende de cómo nos vaya económicamente. Somos esperanzadores de que este año podamos terminar y habilitar la nueva parte”, dijo Ferrer.

Casa Club recibe diariamente a unos 15 usuarios. “Somos el único espacio de día en Gualeguaychú para personas con estas dificultades. Es importantísimo porque a veces no basta con el tratamiento del psiquiatra o del psicólogo. Uno necesita del grupo, de la comunidad. Aquí se tejen vínculos, amistades, apoyos mutuos”, destacó Ferrer.

El horario es flexible, de 8 a 12, adaptado a las necesidades de cada persona. “No funcionamos como una escuela. Es un espacio abierto y voluntario”, aclaró Papes.

Finalmente, ambas entrevistadas resaltaron el valor humano del equipo: “La Comisión Directiva está integrada por nueve personas y los talleristas son siete. Es un equipo bárbaro, con una disposición increíble. A pesar de que pagamos lo que se puede, el compromiso y el amor que ponen es notorio”, concluyó Papes.

El crecimiento de Casa Club no ocurre en un vacío. En los últimos años, los indicadores de salud mental han mostrado un aumento sostenido de casos, tanto a nivel nacional como internacional. La pandemia, la crisis económica y las tensiones sociales dejaron huellas profundas que se reflejan en la demanda de espacios de acompañamiento.

En ese contexto, la existencia de instituciones como Casa Club cobra un valor estratégico: no solo brindan contención y oportunidades de integración, sino que también visibilizan la urgencia de políticas públicas más sólidas. La ampliación de su sede es, entonces, mucho más que una obra edilicia: es una respuesta comunitaria frente a una problemática que crece y que requiere del compromiso conjunto de Estado y sociedad.