¿Existe autonomía institucional para elegir herramientas digitales acordes a los contextos locales? En Entre Ríos, esta pregunta se entrelaza con una mirada crítica sobre la brecha digital, entendida no sólo como falta de acceso a dispositivos o conectividad, sino como exclusión de las comunidades educativas en las decisiones tecnológicas que afectan su cotidianidad. Pensar la soberanía educativa implica reconocer el derecho de las escuelas a participar activamente en la construcción de entornos digitales seguros, inclusivos y contextualizados.

La brecha digital excede el acceso a la tecnología: es una expresión concreta de desigualdad social, educativa, económica y territorial. En Entre Ríos, se traduce en escuelas rurales sin conectividad, estudiantes sin dispositivos propios, docentes con dificultades para integrar tecnologías, y comunidades excluidas de decisiones que afectan su vida cotidiana. EL ARGENTINO dialogó con Lorena Molina, Secretaria de Educación de la Comisión Directiva Central de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), quien denunció la falta de renovación de equipamiento. “Los equipos que hay son los que se enviaron en gestiones anteriores. No se han incorporado nuevas escuelas ni dispositivos. La conexión a Internet no está garantizada en toda la provincia, lo que genera una desigualdad profunda frente a un recurso clave para acceder al conocimiento.”

Molina remarcó que el acceso depende de la capacidad económica de cada familia, y que el Estado debe garantizar condiciones mínimas para el derecho al conocimiento. “Si la escuela no provee el recurso y las familias tampoco pueden, los estudiantes acceden de forma intermitente o directamente no acceden. La brecha se profundiza por la falta de acceso.”

Por su parte, en diálogo con EL ARGENTINO Candela San Román, profesora universitaria en Ciencias de la Educación y especialista en tecnología educativa, advirtió que la brecha digital no es sólo de acceso: “Cómo se usa la tecnología, con qué fines y qué saberes se priorizan. No se trata solo de reclamar dispositivos, sino de pensar los cambios que ya están ocurriendo, especialmente con la inteligencia artificial generativa que atraviesa nuestras vidas más allá del ámbito educativo.”

En su tesis de maestría, San Román analiza cómo los estudiantes universitarios interactúan con chatbots (programa que generan conversaciones) en sus procesos de estudio. “Necesitan acceder a estos conocimientos complejos para entender el presente, tener autonomía y perseguir horizontes de emancipación.”

Mientras la IA generativa se vuelve accesible para quienes tienen conectividad y dispositivos, muchas escuelas entrerrianas aún enfrentan dificultades básicas de infraestructura digital. El contraste entre estudiantes que usan IA en WhatsApp y docentes sin formación específica ni conectividad estable evidencia una brecha que no es solo tecnológica, sino también pedagógica y social. Ambas voces coincidieron en que el Estado tiene un rol indelegable en garantizar condiciones materiales y simbólicas para una educación inclusiva. La brecha digital es multidimensional y requiere respuestas integrales.

Tanto la representante gremial como la docente especializada coincidieron en que la formación docente no puede ser postergada ni reducida a capacitaciones técnicas. Es una inversión estructural para sostener el derecho a la educación. Lorena Molina afirmó que la inversión en formación docente es clave para achicar brechas y sostener escuelas abiertas y dignas. “La solución para achicar cualquier brecha en el sistema educativo es la inversión. Inversión en formación docente, en equipamiento, garantías de que todas las escuelas de la provincia estarán abiertas y en condiciones de recibir a las y los estudiantes como así también a las/los trabajadores.”

Candela San Roman, propuso que la formación docente debe incluir el análisis crítico de las tecnologías.

No basta con enseñar a usar herramientas, hay que formar para pensar con ellas. “No pensamos al docente como alguien funcional a un dispositivo, sino como quien reflexiona sobre sus prácticas y los cambios actuales. Sin duda eso es algo muy complejo porque para reflexionar, para pensar, para tener los espacios de formación también se necesitan ciertas condiciones de existencia de los docentes. Hay que decirlo, en la actualidad la educación pública está en un momento muy complejo como otras esferas de lo público.” La especialista mencionó la necesidad de espacios de reflexión y formación crítica sobre IA. En Entre Ríos, esta necesidad choca con las condiciones materiales precarias de muchos docentes, especialmente en zonas rurales o periféricas.

Lorena Molina, dirigente de Agmer, describió cómo la precariedad social se refleja en las instituciones educativas, especialmente en las más vulnerables. “Sin recursos, la escuela se deteriora rápidamente y los perjudicados siempre son los miembros de las comunidades que la componen.”

EL ARGENTINO dialogó con una directora de escuela rural en Gualeguaychú, quien relató el déficit de acceso a tecnología digital: “La conectividad la tenemos gracias a una estancia cercana que, por la corta distancia, puede extender señal. Las herramientas son netbooks entregadas en 2010, y su mantenimiento lo realiza únicamente la Asociación Cooperadora. Desde Provincia no recibimos ni mantenimiento ni nuevos equipos. El año pasado instalaron el piso tecnológico, pero aún esperamos que se habilite el uso: no tenemos señal.” La docente explicó que, ante la falta de conectividad estable, deben adaptar sus rutinas: “Como no es segura ni constante la conexión en el campo, llevamos todo en pendrive y bajamos la información previamente. Ya sabemos cómo manejarnos con esta dificultad.”

Candela San Román advirtió que los discursos tecnocráticos suelen invisibilizar las condiciones reales de las escuelas, y que es necesario pensar la tecnología situada en contextos concretos, con participación de las comunidades.

Sobre la situación actual de conectividad y acceso a dispositivos, EL ARGENTINO consultó a Facundo, docente de secundaria en Paraná. “Depende mucho del contexto. En escuelas vulnerables, influye la disponibilidad de máquinas o la conexión a servidores. En otras, los chicos acceden a celulares y tienen conectividad sin depender tanto de las computadoras escolares.”

Facundo trabaja en dos instituciones con realidades contrastantes: “En la escuela de contexto vulnerable, los estudiantes dependen de los servidores para tener red en sus teléfonos. Les cuesta usar computadoras porque no tienen acceso en sus casas. En la otra escuela, de clase media, hay mayor acceso a medios digitales y los estudiantes del ciclo básico tienen taller de computación. Manejan con más fluidez las herramientas digitales. La brecha entre ambas escuelas es muy marcada, aunque estén cerca geográficamente.”

“La realidad es que en el contexto de recorte actual se hace muy difícil acceder a medios de capacitación gratuitos”, afirmó Facundo. “La docencia hoy enfrenta fuertes deficiencias económicas. Muchos docentes deben trabajar a tope de horas o recurrir al pluriempleo: manejan autos o motos para aplicaciones, venden cosmética, alimentos o dan clases particulares para llegar a la canasta básica. Eso dificulta tener tiempo para capacitarse. Además, desde el Estado provincial no hubo señales de generar espacios gratuitos de formación en tecnologías o inteligencia artificial, que es lo que más se ve hoy en las aulas con acceso digital”, finalizó el docente.

La promesa de una educación digital inclusiva en Entre Ríos choca, por ahora, con un muro de desigualdad estructural. Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, muchas escuelas de la provincia libran una batalla cotidiana por la conectividad más básica. El testimonio de docentes y especialistas deja en claro que sin una inversión y una planificación estatal sostenida que garantice equipamiento, conectividad y, crucialmente, una formación docente crítica y con tiempo para realizarla, la tecnología no será un puente hacia el futuro sino un espejo que refleje y profundice las viejas desigualdades. La soberanía digital, lejos de ser un concepto abstracto, comienza por el derecho elemental de una escuela a tener internet y a participar de las decisiones que afectan su aula.