En un operativo realizado en la noche del martes pasado, media hora antes de la medianoche, personal de la Comisaría Segunda logró la aprehensión de tres hombres de 30, 31 y 33 años, que fueron sorprendidos en flagrancia luego de sustraer elementos de una obra en construcción ubicada en inmediaciones de Avenida Parque y Churruarín.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico a la Sala de Tráfico del Comando Radioeléctrico, que advertía sobre tres individuos que habrían ingresado a una obra en horas de la noche. Ante la alerta, los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar.

Al llegar, los uniformados observaron a tres sujetos caminando por calle Alberdi, entre Etchevehere y José Ingenieros. Al notar la presencia policial, los hombres intentaron deshacerse de una puerta placa que llevaban consigo, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Informado el fiscal en turno sobre lo ocurrido, dispuso el secuestro formal del elemento para establecer su propiedad y procedencia, así como el traslado de los tres aprehendidos a la sede policial.

Posteriormente, el personal se dirigió a la obra mencionada, ubicada sobre calle Churruarín, entre Goldaracena y Tala. Tras comunicarse con el propietario, se constató la faltante de la puerta placa secuestrada por la Policía y se radicó de inmediato la denuncia.

El presidente de la Sociedad Rural Distrito Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, expresó su conformidad con las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei durante la Exposición Rural de Palermo. En diálogo con Elonce, destacó que la baja definitiva de las retenciones agropecuarias responde a un reclamo sostenido del sector.

“Lo importante es que el sector fue escuchado, sobre todo lo que es el sector en la región centro. Desde Entre Ríos presentamos varios informes sobre el perjuicio que ocasionaba el aumento o la reversión de las retenciones”, indicó.

Según detalló, “esa baja provisoria afectaba casi 1.000 millones de dólares al campo en la región centro entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En ese informe graficábamos el perjuicio: era equivalente a 10.000 tractores, 1.800.000 terneros o 1.700.000 hectáreas sembradas de soja”.

En Entre Ríos, explicó, “los productores de soja estaban en quebranto. Con un rinde promedio de 24 quintales por hectárea, en un año de baja de precios y altos costos, la rentabilidad era negativa. Esta medida es positiva porque los saca de esa zona”.

Agregó que con un clima favorable, la provincia “puede expresar un potencial que es incluso superior al de Uruguay, Paraguay o Brasil. Pero para eso hacen falta medidas de aliento que generen previsibilidad y competitividad”.

Etchevehere precisó los números del anuncio: “La baja de retenciones fue del 33% al 26% para la soja; del 12,5% al 9% para el maíz, sorgo y girasol; y en el caso de la carne, del 6,75% al 5%”.

Recordó que en enero, por la sequía, hubo una baja parcial que ahora se transformó en permanente. “Esperamos que el sector responda con más siembra, más inversión. Eso se notará en la campaña gruesa, primero con el maíz y el sorgo, y luego con la soja”.

De cumplirse esas condiciones, afirmó, “eso va a redundar en más ingresos para la provincia, mayor dinamismo económico y mejores condiciones para otros sectores como el comercio, la construcción y los servicios”.

Competitividad regional y pedido por retenciones cero

El dirigente sostuvo que esta medida no generaría aumentos de precios internos. “Creemos que no va a haber una alteración marcada de los precios. Es una señal al productor y también al comercio, para que la producción argentina sea más competitiva en los mercados internacionales”.

Al comparar con otros países, señaló: “Brasil, Uruguay y Paraguay hoy son más competitivos porque no tienen retenciones. La presión tributaria en Argentina nos impide llegar a ciertos mercados”.

Etchevehere insistió en el reclamo sectorial: “El presidente se comprometió a que las retenciones debían ser cero. Es un impuesto distorsivo que solo recae sobre el agro. Ningún otro sector tiene retenciones. Eso debe eliminarse para que haya más empleo y desarrollo genuino”.

Condiciones laborales, informalidad y reformas estructurales

Consultado sobre el panorama general, el presidente de la Sociedad Rural expresó que el campo no escapa a la situación económica del país. “El presidente ha dicho que hay que avanzar en reformas tributarias y laborales que dinamicen la generación de empleo genuino”.

“La formalidad es un objetivo que nos debemos como sociedad. Pero las distorsiones económicas han empujado a muchos a la informalidad, al dólar paralelo, a la evasión. Eso se debe encauzar”, reflexionó.

Finalmente, valoró el rumbo del Gobierno nacional: “Entendemos que Milei, en muy poco tiempo, ha empezado a corregir esas distorsiones. Esperamos que pueda concluir este proceso y que las mejoras lleguen pronto”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Etchevehere contó: “Ayer a la mañana, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana y a eso de las 8 me avisó quien me cubre en el cargo, Andrea Gasparin, que había recibido un mail de Anses Nación en el que se informaba la desafectación en el cargo que había asumido el año pasado. Sin ninguna explicación”.

De todos modos, admitió que “no fue una sorpresa porque los gremios, que tienen muy aceitados sus canales, me habían comentado que venía corriendo muy fuerte esa versión y querían que lo supiera. Por eso, obviamente estábamos atentos a cómo se iba a desenvolver ese rumor en los hechos”.

En cuanto a la falta de explicaciones, afirmó: “Mi labor era totalmente técnica, a eso me abocaba, me honró, me gustó cumplir esa función y estábamos abocados día a día. Incluso el jueves pasado hablé con el jefe inmediato, que es de la Regional, que me preguntó cómo estaba, cómo iban las cosas y me dijo que esta semana vendría a visitarme, y hablamos de la organización interna”. Consideró que “veo que él tampoco tenía información de esta situación que sí tenían los gremios, pero tampoco se lo planteé”.

Ante esto, dijo que no llamó a las autoridades nacionales para pedir explicación: “Justamente espero la conducta en contrario, si me enteró por los gremios dos semanas antes de esta versión y esperaba, como es lógico, que en algún momento me llamaran y me dieran alguna explicación”. No obstante, aceptó que “esto es un nombramiento transitorio, sabíamos que esto podía pasar tarde o temprano”.

En cuanto a quién lo llamaría, Etchevehere explicó: “Lo lógico es que uno piensa que cuando pasa algo así, creía que iba a recibir alguna explicación. Estos nombramientos surgen directamente del Poder Ejecutivo y en esa área está desde Karina Milei hasta Lule Menem. Cada uno responde con su propia formación, no se puede obligar a alguien a que tome la conducta que uno tendría”.

Agregó que “la Regional comprende las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y estábamos notificados que la medida fue solamente acá” y reveló que “en forma natural, Gasparín queda en ese lugar, pero los gremios me habían dicho que venía alguien de La Paz o algo así, pero esa versión corrió hace dos semanas atrás”.

Por otra parte, dijo desconocer si los motivos tienen que ver con la interna de La Libertad Avanza en Entre Ríos con el diputado Roque Fleitas: “La verdad que no lo sé, ahora son interrogantes. La transitoriedad que tiene la función la entendemos y nos parece bien, si hay cuestiones políticas, se sabrá con el devenir de los días, veremos qué posición surge y nadie se ha comunicado conmigo. Justo en esta semana, como habíamos sido prescindentes de las internas, todo nuestro grupo habíamos decidido afiliarnos y se habían puesto en contacto con las autoridades partidarias de la provincia y se había coordinado cómo iba a ser eso, y lo íbamos a empezar a ejecutar esta semana”.

Consultado por su hacer político recorriendo la provincia, mencionó que “fue una resolución interna que tomamos los grupos que veníamos trabajando hasta ahora de cómo creíamos que sumábamos nuestro grano de arena para fortalecer no solamente la provincia, los distintos sectores sociales y económicos, y al mismo tiempo saber que era un pivote en la estructura nacional. Pero eso surgió de nuestro propio grupo interno, que se ponían su propio desafío, nos invitaban a cumplir eso y uno con ganas y gustoso de hacerlo, veníamos planificando y ejecutando en forma periódica”.

En tanto, sobre las formas en que se enteró de su desplazamiento, planteó que “esto es política, no hay que enojarse. Según como uno fue formado, uno espera una reacción de la otra persona según lo que uno cree, pero la otra persona que tiene que informar capaz cree otra cosa, y también es entendible. Cada uno es como quiere ser, y no hay que cargar el peso de los demás”.

“Yo esperaba que alguien me dijera: ‘decidimos tal cosa porque lo ustedes hacen es en vano, no sirve para la provincia, nosotros tenemos una visión más macro y vamos a acompañar a Javier en lo que sea toda la cruzada económica de superar la inflación, del superávit primario, de achicar el Estado, y esas cosas’. Creíamos que, acompañando a todos los sectores de la provincia, que son fantásticos, innumerables y con su propia identidad, podíamos empezar a ver sus problemáticas para poder proyectar y después viene el estímulo natural. Cuando uno se involucra en un desafío, no importa si arrancás con los pies llenos de barro, mientras tengas un espíritu de lucha. Y esta provincia que está postergada desde hace décadas tiene que tomar un rumbo protagónico y lo vamos a tener que hacer entre nosotros, y en esa franja nos estábamos ocupando, nos salimos de las cuestiones que tenían que ver con lo típico del armado del partido, y con este camino, aunque parezca mentira, estábamos logrando volumen no solamente de estructura sino también de llegada. Era muy interesante el proceso que estábamos viviendo hasta ahora”, describió.

Sobre su posible candidatura a diputado nacional, entre risas, afirmó que “en este panorama en no se ve nada claro. Me entusiasmó mucho la política, a pesar de que como venía de otro palo la veía siempre con mucho resquemor y pensando que estaba al principio de los males, pero si no te involucrás, las cosas no se transforman, por eso tengo la tranquilidad suficiente de saber cómo son las reglas de juego, de saber que estas cosas no son personales. Hoy no se sabe qué me pueden ofrecer, pero si me lo ofrecen obviamente diría que sí, aunque no me imagino que surja esa chance de diálogo”.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Indec entre 2006 y 2007. La decisión, adoptada por mayoría, deja a la Corte Suprema como única vía de revisión.

El fallo también alcanzó a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del Indec , mientras que fueron absueltas María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia. Moreno fue hallado culpable de “abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos”, delitos que inhabilitan su regreso a cargos oficiales si la sentencia queda firme.

La jueza Angela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci votaron por confirmar el fallo, mientras que Alejandro Slokar expresó su disidencia. Moreno había solicitado la absolución o la revisión de la pena alegando la prescripción de la causa y la inexistencia de violación del secreto estadístico, argumentos que no prosperaron.

Ledesma sostuvo que el veredicto original del Tribunal Oral Federal 2 fue “elocuente” al exponer el “marcado interés” de Moreno en controlar el funcionamiento interno del INDEC, a pesar de que el organismo no dependía de su Secretaría. Según el fallo, el exfuncionario ejerció presiones mediante “llamados, requerimientos e imposiciones” que obligaron a los técnicos del INDEC a adoptar medidas de resguardo para proteger el secreto estadístico.

El tribunal valoró como prueba que Moreno buscó conocer la identidad de los informantes y las marcas de los productos relevados, e intentó imponer cambios en la metodología del IPC, interfiriendo en la autonomía técnica del organismo. Yacobucci advirtió que “la falta de transparencia y la ausencia de fundamentación en las decisiones de gobierno generan un velo de desconfianza que erosiona la legitimidad institucional”.

Durante los fundamentos, se destacó que varios técnicos se alejaron mediante licencias por las tensiones vividas, y que las empleadas mujeres fueron quienes “con mayor frecuencia sufrieron desplantes y enojos” por parte de Moreno.

El caso, que se originó en denuncias sobre manipulación de las estadísticas oficiales durante el gobierno de Cristina Kirchner, pone fin a una larga batalla judicial, aunque la defensa ya anunció que recurrirá a la Corte Suprema para intentar revertir la condena. Mientras tanto, el fallo refuerza las críticas a la intervención política en los organismos de control y medición del Estado.

Absolvieron a Dolores Etchevehere por la usurpación de Casa Nueva. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, absolvió este lunes a Dolores Etchevehere y a su abogado, Facundo Taboada, en la causa por usurpación de la estancia Casa Nueva, ubicada en El Quebracho, Santa Elena. La resolución cierra un capítulo de una extensa disputa familiar que se arrastra desde hace más de una década.

La denuncia había sido impulsada por su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, socios de Las Margaritas SA. La acusación se centraba en los hechos ocurridos en octubre de 2020, cuando Dolores, junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por Juan Grabois, ingresó al campo exigiendo las llaves de la casa principal.

Durante el juicio, el fiscal Facundo Barbosa y el querellante Rubén Pagliotto solicitaron una condena de un año de prisión condicional para Dolores Etchevehere, y la misma pena para Taboada por el delito de usurpación. Sin embargo, el magistrado entendió que no se configuró el delito y dictó la absolución.

La causa forma parte de un largo derrotero judicial que comenzó en 2013, cuando Dolores denunció presuntas irregularidades en el manejo de la herencia familiar tras la muerte de su padre, Luis Félix Etchevehere. Desde entonces, se sucedieron múltiples denuncias cruzadas, juicios civiles y causas penales, que profundizaron la fractura entre los hermanos.

En 2022, la Fiscalía había decidido avanzar con la elevación a juicio por los delitos de usurpación y desobediencia judicial, aunque Dolores fue sobreseída de esta última acusación bajo perspectiva de género, al considerarse que no se aplicó el mismo rigor a sus hermanos, quienes desobedecieron una orden de restricción vigente sobre la estancia.

El juez Labriola valoró los argumentos de la defensa y concluyó que no hubo violencia ni clandestinidad en la ocupación, requisitos necesarios para configurar el delito de usurpación. La resolución fue celebrada por el entorno de Dolores Etchevehere, mientras que los denunciantes evaluaban los pasos a seguir.

Con esta absolución, Dolores suma un fallo favorable en su prolongada batalla judicial, aunque persisten otras causas abiertas en el ámbito civil y penal que siguen enfrentándola con su familia.

La causa Etchevehere llega a Casación tras más de una década judicial. El expediente, que se inició en 2013 por una denuncia de Dolores Etchevehere contra su madre y sus tres hermanos, lleva casi 15 años sin una resolución definitiva sobre la situación procesal de los acusados.

La causa investiga una presunta maniobra de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, y el desvío de créditos otorgados a la firma Las Margaritas S.A. con fines productivos. Entre los procesados figuran el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, su madre Leonor Barbero Marcial, los empresarios Walter y Viviana Grenón, y el pizzero Germán Buffa.

Según la imputación fiscal, en 2011 los Etchevehere, como directores de Las Margaritas S.A., tomaron créditos por U$S 250.000 a tasa subsidiada para actividades productivas, pero el dinero fue destinado a fines personales. Además, se sostiene que devolvieron esos fondos a la sociedad en pesos, generando pérdidas por la devaluación y obligando a la empresa a intentar tomar otro crédito en 2016, operación que finalmente fue frustrada.

El segundo hecho investigado involucra la venta de una serie de inmuebles pertenecientes a SAER a sociedades controladas por los mismos imputados o sus allegados, como Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A. El Ministerio Público sostiene que las operaciones fueron realizadas con el objetivo de beneficiarse patrimonialmente, dejando a SAER sin activos con los que hacer frente a sus obligaciones.

En un primer fallo, la jueza Bacaluzzo había dictado sobreseimientos en varias de las imputaciones, pero el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná –integrado por los jueces Labriola, Castagno y Mayer– revocó esas decisiones en mayo de 2024 y ordenó remitir parte del caso al fuero federal.

Frente a ese revés, las defensas presentaron un recurso de casación que fue admitido por el tribunal por considerar que hay derechos constitucionales en juego, entre ellos el derecho al "doble conforme" y a una resolución judicial en un plazo razonable. El propio abogado de la familia Etchevehere cuestionó la demora de la Justicia y afirmó que el proceso se vio afectado por la falta de recursos en el sistema judicial.

La Cámara de Casación deberá ahora definir si confirma los procesamientos o si corresponde revisar la actuación de la jueza Bacaluzzo. La causa, que generó amplio interés público por los personajes involucrados y las denuncias de corrupción empresarial, continúa sin sentencia firme tras casi tres lustros de idas y vueltas en los tribunales entrerrianos.

El Diario de Paraná tiene nuevo dueño y, por primera vez desde 1914 en que se fundó, ya no habrá un Etchevehere entre los accionistas, a partir de una decisión judicial que autorizó al empresario rosarino Gustavo Scaglione a quedarse con la totalidad del paquete de la sociedad e incluso pagar a la baja.

La decisión fue tomada por el juez Ángel Moia, en el marco del concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, luego de que Scaglione obtuviera acuerdos de pago con un grupo de acreedores que le exige la ley.

Lo que sigue en el proceso, según explicó el magistrado, es una revaluación de las acciones: “La determinación del valor a pagar a los accionistas debe someterse a un sacrificio congruente con el de los acreedores. Así, quedará reducido proporcionalmente considerando la disminución del pasivo concursal quirografario producido por el acuerdo” y “la reducción se aplica teniendo en cuenta su valor presente”.

A mediados de 2024, el evaluador determinó que SAER posee bienes por un valor de 2.481.691.663 pesos (2,481 millones de dólares tomando como referencia el MEP de aquel momento). Como contrapartida, arrastra un pasivo que ha sido calculado en 715.169.792 pesos, entre deudas por indemnizaciones, honorarios de profesionales, aportes previsionales, contribuciones sociales, impuestos y tasas.

Ahora bien, el concurso preventivo de El Diario distingue dos tipos de acreedores: quirografarios y privilegiados. Los primeros son aquellas personas o entidades que han concedido un crédito a la empresa sin obtener ningún tipo de garantía, por ejemplo, proveedores, prestadores de servicios comerciales, prestamistas o salarios atrasados de empleados. En el segundo grupo se cuentan las deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Municipalidad de Paraná, entes públicos e indemnizaciones por despido, entre otras. El acuerdo que ahora le permite a Scaglione quedarse con la totalidad de las acciones de SAER se dio con el primer grupo y fue homologado por Moia.

La propuesta para los acreedores quirografarios consiste en el pago del 70 por ciento de los créditos verificados sin intereses y en un plazo de cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas, mientras que a los acreedores privilegiados se les ofrecía el pago del 70 por ciento de los créditos verificados, computándose a tal fin el importe correspondiente a la fecha de presentación del concurso, sin ningún tipo de interés posterior.

El juez señaló que “la determinación del valor a pagar a los accionistas debe someterse a un sacrificio congruente con el de los acreedores. Así, quedará reducido proporcionalmente considerando la disminución del pasivo concursal quirografario producido por el acuerdo” y “la reducción se aplica teniendo en cuenta su valor presente”, en base a lo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras.

En virtud de esos acuerdos, “el evaluador habrá de considerar la tasa de interés contractual de los créditos, la tasa de interés vigente en el mercado argentino y en el mercado internacional si correspondiera” y determinar la proporción de la reducción que aplicará a lo que pagará por las acciones que detentan Ramiro Nieto, el socio mayoritario; y los integrantes de la familia Etchevehere, socios minoritarios.

Scaglione es dueño de los diarios Uno de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario, el vespertino El Litoral, además de una lista difícil de contabilizar de radios y señales televisivas. Recientemente se incorporó como accionista del Grupo América, convirtiéndose en socio de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt.

La empresa a través de la cual se quedaría con las acciones de SAER es Difutec, una sociedad anónima cuyo objeto social abarca desde los negocios inmobiliarios y financieros hasta la edición, publicación, distribución y comercialización de diarios, revistas, periódicos, boletines y la explotación de frecuencias de radio, telefonía, televisión, cable, satélite, internet y fibra óptica.

El nombre de Scaglione no aparece en la sociedad sino que aparecen como socios los abogados Alexis Weitemeier y Natalin Belén Martínez. El primero integra además el Estudio CMS Abogados, liderado por Leonardo Salvatierra, especialista en la resolución de conflictos societarios, reestructuración de pasivos y salvataje de compañías en crisis. Fue el buffet que preparó el terreno para que Scaglione adquiriera el Multimedio La Capital en 2019. Sin embargo, en los hechos, Salvatierra es algo más que el abogado de Scaglione en ese complejo entramado de negocios, ya que otro de los socios del estudio, Diego Feser, también integra el directorio de Televisión Litoral SA.

Hace unos años, en 2021, el abogado Weitemeier fue el encargado de tantear a los trabajadores despedidos de El Diario con la oferta que finalmente resultó homologada por Moia. En cambio, no ha habido ninguna propuesta para el pago de las indemnizaciones.

Sin embargo, nada parece indicar que El Diario vuelva a funcionar como empresa periodística, sino que detrás de la operación hay un negocio inmobiliario. El edificio de la esquina de las calles Urquiza y Buenos Aires, donde funciona El Diario, está cotizado en 885 millones de pesos; también tiene un galpón Avenida Zanni 1591; un terreno en el barrio privado Puerto Urquiza y otro en Puerto Barrancas; un estacionamiento en calle Santa Fe 322, frente a Casa de Gobierno; una propiedad en calle Los Vascos 745, ocupada la familia Etchevehere; un inmueble en Pueblo El Carmen, en General Racedo; y una fracción de campo en Mojones Norte. Suman en total 1.641.920.091 pesos (1.641 millones de pesos), con la salvedad de que han sido valuados a valor fiscal y no al precio de mercado. Página Judicial